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Lourdes de Koster
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19 Diciembre 2018 04:03:00
Contralores municipales
Más de una veintena de alcaldes en Coahuila fueron reelectos a mediados de este 2018, en el reciente proceso comicial y por lo tanto, continuarán en funciones a partir del 1 de enero.

Una de las áreas torales en las administraciones locales, principalmente cuando se habla de observar y sancionar la aplicación del presupuesto y el cumplimiento de las leyes en materia fiscal y de combate a la corrupción, son las
contralorías.

Los órganos internos de control tienen una función específica y concreta, una actividad difícil cuando se habla de la generación de un cambio, cuando se trata de incidir en la trasparencia del gasto y evitar dispendios o erogaciones fuera de lo presupuestado.

De ahí que las designaciones de contralores, debería pasar por un proceso de competencias, de análisis y evaluación de habilidades técnicas, a través de mecanismos que involucren, incluso, al ciudadano. Tal como este año lo propuso el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila junto con organizaciones de la sociedad civil, para decidir los nombres de quienes estarían a cargo de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado. Desafortunadamente en el Congreso del Estado la propuesta no avanzó como se esperaba, no al menos como fue planteada por el CPC y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta iba más allá. Porque el Consejo Anticorrupción había planteado la incidencia de los y las ciudadanas, las cámaras empresariales, académicos y grupos interesados, para establecer un esquema de designación abierta y por competencias de los 38 contralores municipales. Esto, en mucho le abonaría a la vigilancia real, estricta, con apego a la ley y sin conflicto de interés, desde los órganos internos de control en las presidencias municipales, sobre todo en medio de un cambio de administración como el previsto el próximo 1 de enero en Coahuila.

Y este tema, el de la profesionalización de las y los servidores públicos, es parte de los resultados de la Consulta Ciudadana desplegada desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y cuyos resultados fueron presentados el martes 18 de diciembre en la Ciudad de México. Estos números en buena medida definieron los alcances de la Política Nacional Anticorrupción.


En uno de los apartados de la Política Nacional, se habla de la preocupación generalizada en el país y en Coahuila por el problema grave de la corrupción y del grado de impunidad que prevalece no sólo en el sector público, sino que igualmente permea en el sector privado. Mucho falta por hacer y lo ideal sería comenzar por la designación de contralores municipales, que no sean amigos del alcalde en turno, que no tengan “negocios” o conflictos de interés con quien dirige la Presidencia Municipal, que sean más bien autónomos, independientes y que lleguen al cargo dispuestos a señalar y sancionar los gastos ilegales y las malas prácticas en los ayuntamientos.


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