Para algunos sectores de la población, el presupuesto federal de 2020, presentado recientemente por el secretario de Hacienda, es considerado mesurado y realista porque mantiene la proyección de las principales variables macroeconómicas, sin grandes cambios, apegado a las condiciones económicas mundiales y especialmente a la escasa capacidad que tiene el Gobierno de generar crecimiento económico. Entre ellos lo aprueban, claro, con algunos matices, líderes gremiales, principalmente de las cámaras patronales, aunque critican la escasa participación de la inversión pública y el desmesurado apoyo a Petróleos Mexicanos.

Desde la perspectiva de otros grupos y organizaciones, sin bandera política que defender, solamente apoyados en la experiencia profesional y en las evaluaciones de las políticas públicas que ha formulado el Mandatario federal hasta ahora, lo catalogan como un conjunto de partidas y asignaciones que no corresponden a un análisis reflexivo de la economía nacional, y mucho menos a lo que sugieren las teorías de crecimiento, así como en los ejemplos de otros países que han salido del subdesarrollo en el mediano y largo plazo, como es el caso de Corea del Sur y Singapur. Además, es desequilibrado, con un gran porcentaje del total de los egresos destinado a programas sociales. Es engañoso porque, si se revisa con detenimiento, es un hecho que sí se contemplan incrementos de tasas impositivas y nuevos impuestos, algo que se niega en las apariciones cotidianas que tiene el Presidente de la República ante los medios de comunicación.

Los programas sociales. Se tiene la peregrina idea de que, mediante dádivas a los mexicanos más desfavorecidos, sin intermediarios, entregándoles el recurso monetario directamente a través de tarjetas bancarias, las familias mejorarán su calidad de vida, o al menos intentarán hacerlo. Con ese tipo de políticas públicas se muestra una concepción muy sui generis de desarrollo, que se puede calificar como simplona e ingenua. Desde el punto de vista económico, y revisándolo desde el individuo, las cantidades que reciben son raquíticas, pues generalmente se gastan en consumo de bienes perecederos, quedando fuera del presupuesto del beneficiario la compra de enseres domésticos, e impensable la adquisición de una vivienda o terreno.

En la historia económica del país esas políticas no son nuevas, pues por varias décadas el PRI hizo lo mismo, aunque con una estructura partidista bien consolidada, la cual el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aún no posee. El repetir la historia es de necios, es ignorar la cultura nacional popular, que ha hecho suyo el pedir sin dar nada a cambio. Se fomenta la irresponsabilidad y coadyuva a la creación de jóvenes sin compromiso con el trabajo productivo. Hay formas de generar riqueza en una economía tan sencillas como que el Gobierno asegure la paz social, respete el derecho de los agentes económicos y regrese con equipamiento e infraestructura pública los impuestos de cada contribuyente.

Nuevos impuestos. Hay que señalar que los aumentos en los precios de las bebidas edulcorantes, alcohólicas y cigarrillos, serán absorbidos por el consumidor final; la medida es loable, sin embargo, lo perverso es que lo recaudado por esas tributaciones no se ha empleado en el sector salud desde el sexenio pasado, y ahora menos lo hará el Gobierno actual, que no completa para cumplir las promesas que hizo en campaña. Los servicios y bienes que se ofrecen mediante plataformas digitales para entretenimiento, transporte y comercio, serán gravados, así como las ventas de las amas de casa que se dedican desde su hogar al comercio de artículos por medio de catálogos. El Congreso de la Unión tendrá la última palabra, y esperamos que asuma una actitud racional y responsable frente al país, fuera de vanaglorias políticas.              

Entorno Económico
Federico Muller
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Desde que se formaron las primeras civilizaciones en el mundo, después de un largo periodo en que el ser humano fue nómada y se dedicaba a la recolección de frutos y a la caza de animales, en las ciudades muchas de sus transacciones se realizaban con monedas que tenían un valor intrínseco, que en ocasiones se igualaba con su valor numeral. Pero también hubo épocas en la historia que determinados objetos cumplían la función de dinero, como plumas de aves, cigarrillos, etcétera. Esto, por supuesto, en comunidades pequeñas y aisladas de las poblaciones con mayor densidad demográfica.

En el último cuarto del siglo 19 y a principios del 20, predominó el patrón oro, sistema en que el circulante monetario era respaldado por oro que se guardaba en las bóvedas de los bancos centrales, es decir, el billete se podía cambiar por determinada cantidad de oro. En nuestros días, las monedas y billetes son respaldados por la confianza que tiene el consumidor en la moneda de cada país, que el Gobierno le llama de curso legal. Y por lo general el material con que están hechos los billetes y monedas es mucho más económico que su valor nominal.

Conviene comentar que cuando se pierde la confianza en el dinero nacional, la sociedad lo rechaza, como está sucediendo en Argentina: su moneda, el peso, pierde interés y es cambiado por el dólar estadunidense. Los argentinos se dan la habilidad de burlar el control de cambios impuesto por las autoridades financieras, y un caso parecido, pero extremo, se tiene en Venezuela. Estas acciones sin duda aceleran la depreciación de las monedas frente a la divisa estadunidense. En los países mencionados, los billetes de alta denominación han sido comunes por la larga historia de inflación que han tenido. De acuerdo con la teoría económica convencional, y que también lo ha mostrado la evidencia empírica, cuando el número de monedas y billetes es considerablemente mayor al valor de la producción de la economía, se provocan aumentos generalizados de precios que debilitan el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de escasos recursos.

En México, la gente se resiste a realizar transacciones monetarias con billetes de 1,000 pesos y monedas de 20 pesos. Las razones económicas de ese comportamiento popular no han sido claras. y menos contundentes, se esbozan algunos motivos, por ejemplo que han sido más susceptibles a falsificarse, pero el resto de billetes tiene la misma probabilidad de sufrirlo, por tanto ese argumento es muy raquítico. Se considera que la no aceptación del público obedece más a gustos y preferencias, simplemente no les agradó la denominación. Las razones psicológicas en esta ocasión están por encima de las financieras que podrá esgrimir el Banco de México.

El citar el breve contexto histórico del dinero se debe a los avisos que recientemente dio Banxico acerca de la familia de billetes que imprime y que circula en todo el país.
Anunció la pronta desaparición del billete de 20 pesos y en su lugar reaparecería la moneda del mismo valor. La decisión de su cancelación, la argumenta en el costo-beneficio, De acuerdo con sus criterios, es más oneroso elaborarlo que los beneficios que genera. La institución autónoma se reserva mencionar qué beneficios considera. Además, en un futuro cercano tiene la intención de sacar a la circulación el billete de 2,000 pesos. Sin lugar a dudas son decisiones unilaterales, que no están considerando la opinión de los consumidores, que más temprano que tarde la darán de una manera muy sencilla: aceptándolos o rechazándolos. La interrogante queda en el aire, aunque parece que las experiencias obtenidas no las está tomando en cuenta la institución que tiene el monopolio de la producción del dinero.

La regulación o control que pueda tener el Gobierno en ciertos productos que se venden en el mercado, es un tema que siempre suscita controversias entre políticos, fabricantes, comerciantes y consumidores. En un régimen democrático y desarrollado, la frontera es difusa entre lo permitido por la autoridad y la libertad que tiene el ciudadano de ejercer sus derechos. La evidencia muestra que los criterios de los gobernantes cambian, y casi siempre se modifican en función de intereses económicos. Los grupos de poder económico o político influyen en las decisiones del funcionario en turno. Las restricciones que se imponen dependen de varios factores, desde culturales hasta ideológicos, pasando por los económicos. Los bienes más susceptibles de regularse han sido las armas de fuego, bebidas alcohólicas, medicamentos, cigarrillos y estupefacientes, entre otros, con horarios de venta de productos o de apertura y cierre de establecimientos comerciales.

Llama la atención, por ejemplo, que en Barcelona, en la cafetería de una universidad pública se venda cerveza a la comunidad académica. Aunque por lo general los estudiantes acompañan sus alimentos con agua, la ética se impone para abstenerse de tomar alcohol antes de entrar a clase. En México sería impensable que eso se diera en las instituciones de educación superior; o que en Estados Unidos, en algunos de sus estados la legislación permita la adquisición de pistolas y rifles con trámites menos burocráticos que los que se piden para la compra de un medicamento controlado. O también causa sorpresa que en Coahuila esté prohibida la apertura de casinos.

En el caso de Saltillo, en administraciones pasadas hubo un presidente municipal que restringió la venta de vino y cerveza a seis días de la semana, el domingo permanecían cerradas las cantinas y expendios, y los establecimientos como tiendas de conveniencia con permisos, no podían expender esos productos al público consumidor. No obstante, los ediles que le sucedieron cambiaron las reglas del juego. Los intereses políticos sucumbieron ante los económicos.

Recientemente se publicó en la prensa local la queja de uno de los representantes de la Cámara de Comercio de Saltillo, de la competencia desleal que representan algunos negocios dedicados a la venta de cerveza, que manejan promociones (dos bebidas por el pago de una, etcétera) y precios por debajo de los que ofrecen otros lugares, como restaurantes de más tradición en la ciudad. Los argumentos que maneja el restaurantero son que el abaratamiento de las bebidas influía en que particularmente los jóvenes se embriagaran con más facilidad.

Las prohibiciones o limitaciones para comercializar determinados productos, es uno de los temas sensibles en la sociedad, y para su análisis se requiere considerar varios elementos de carácter económico, sanitario y político. Se pueden citar, a grosso modo, algunos que muchas veces no aparecen en la agenda del político, por ignorancia o porque deliberadamente se evaden. La experiencia dice que lo que se prohíbe, sobre todo el alcohol y ciertos tipos de drogas, incentiva el mercado negro, es decir, la venta clandestina, la cual propicia corruptelas entre autoridades y comerciantes, e indirectamente incrementa la economía informal. Por otro lado, el libre mercado en un país como el nuestro, con muchas carencias económicas y afectivas, puede incrementar el número de accidentes viales, la pérdida de vidas y elevar los costos de la salud pública. La argumentación a favor o en contra dependerá de la voluntad política, pero esta debe sustentarse en investigaciones que correlacionen causalmente las variables anteriores con la apertura o restricción del amplio espectro que se tiene para comercializar alcohol en sus diversas presentaciones.  

En la colaboración de la semana pasada se mencionaban las políticas que están formulando el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para cubrir más transacciones económicas con medios alternativos al dinero en efectivo, en particular las que frecuentemente se efectúan entre las clases menos favorecidas del país. La primera institución en pro de la “desmonetización” ha sido el propio Banxico, que ha diseñado la plataforma Cobro Digital (CoDi), una aplicación que se puede descargar en el teléfono celular y con la que el usuario tiene la posibilidad de realizar pagos y cobros en establecimientos comerciales, y también en puestos callejeros siempre y cuando estén conectadas al sistema.

Una de las restricciones que tiene la plataforma es el monto de las transacciones, las cuales no deben sobrepasar los 8 mil pesos, y otra es que el consumidor debe ser cuentahabiente de alguna institución bancaria, que le permita tener una cuenta de depósito con la cual cubrir sus operaciones de compraventa. Mientras, por parte del negocio, todos los productos que expenda deben identificarse con un código de barras, o bien contar con un dispositivo móvil que sustituya al código, pero ambos conectados al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Según el Banco de México, el sistema de pagos CoDi es más seguro que las tarjetas bancarias por la tecnología que maneja, de vanguardia, difícil de copiar para usos al margen de la ley. Aunque la plataforma, además de disminuir el uso de dinero en efectivo, seguramente va a dinamizar el crecimiento del comercio electrónico en México. Sin duda este tipo de transacciones es un perfeccionamiento tecnológico de lo que antaño fueron las compras por catálogo, que en nuestro país no tuvieron éxito, simplemente porque la cultura nacional no lo asimiló, a diferencia de la estadounidense, en donde generó una fuerte derrama económica.

Sin embargo, las nuevas tecnologías están cambiando gradualmente las conductas del consumidor mexicano. Si bien es cierto se calcula, grosso modo, que el comercio vía internet apenas ocupa 4% del total del comercio tradicional (presencial), las compras y ventas que se lleven a cabo de manera virtual tienen un futuro promisorio, ya que pueden llegar a cambiar las tendencias en la manera de ejercer el comercio de bienes y servicios. Los sectores más susceptibles de utilizar el esquema son los jóvenes profesionistas de ingresos medios y altos, que representan un grupo con elevado poder adquisitivo, acostumbrado a adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias.

Una de las ventajas de internet es que desde la comodidad del hogar o del centro de trabajo, con un sencillo clic en la computadora o el teléfono celular, se pueden hacer compras, a través de plataformas especializadas, de productos que son llevados a donde el comprador lo solicite. Y la cobertura trasciende las fronteras nacionales, para abrir el mercado a productos extranjeros. Con el comercio electrónico el sector financiero se consolidará porque cualquier transacción, a menos que la operación se realice en efectivo, implica la participación bancaria. En cambio, el comercio convencional que no asuma la dualidad presencial-virtual, quedará en franca desventaja en el mediano plazo. Desde la perspectiva del empleo, es probable que se destruyan fuentes de trabajo para dar paso a nuevos perfiles laborales, más especializados, que vayan proveyendo los requerimientos que demande el mercado digital.


Federico Muller
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Una de las políticas que quieren llevar a cabo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México es ampliar la cobertura de pagos con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento digital en los consumos cotidianos de la población, como pueden ser el pago de gasolina o la adquisición de pasajes del transporte público, por citar algunos ejemplos. Se trata de paulatinamente ir sustituyendo el efectivo por “dinero plástico”. La intención es prácticamente obligar al consumidor a que disponga de una cuenta bancaria de ahorro o tramite un crédito como tarjetahabiente, es decir, una línea de préstamo.

Se pretende bancarizar a la ciudadanía porque la penetración de las instituciones bancarias en la economía de las familias es muy baja en relación con otros países. A pesar de que en México se calcula que se realizan 16.4 millones de operaciones por día con tarjetas bancarias, también se estima que las transacciones con efectivo son todavía superiores a esa cifra, y lo más interesante: de mayor cuantía, aunque no se sabe con exactitud el valor real de los montos que se manejan, simplemente porque trasciende los límites de le economía formal; además, muchas transacciones de bienes y servicios provienen de actividades ilícitas, como extorsiones, narcotráfico, etc.

Uno de los principales objetivos del uso frecuente de tarjetas entre la población es seguir los circuitos financieros que se producen para identificar y rastrear el lavado de dinero, y todo lo concerniente a la evasión al fisco. Lo anterior no se lograría con pagos en efectivo. La política de ampliar el sector financiero es plausible teóricamente, pero su implementación es compleja en una sociedad como la mexicana, particularmente por el tamaño de su economía informal y la penetración del tráfico de drogas; y que millones de mexicanos están inmersos en la informalidad, sin seguridad social y acceso muy limitado al sistema de pagos.

La experiencia internacional más cercana que se tiene es el caso de India, una nación con una población muy superior a la de México, la mayor del mundo, sólo superada por la china. En 2016, el Gobierno indio repentinamente retiró de la circulación los billetes  de 1,000 y 500 rupias, los de mayor denominación. Se pretendía inhibir las actividades ilegales, contrabando, corrupción pública, etc. Los asesores económicos del Gobierno sospechaban que existían grandes fortunas en efectivo, en billetes de esas denominaciones, que no eran susceptibles del pago de impuestos por proceder de transacciones al margen de la ley; así, al retirarlos del mercado monetario, sus propietarios quedarían en la inopia.

Tal vez sea muy prematuro realizar una evaluación de los resultados de la desmonetización, pero después de más de dos años, la mayoría de las evaluaciones señala que los propósitos que pretendía la administración gubernamental se cumplieron parcialmente, al menos en el corto plazo, pues el crecimiento económico cayó y el dinero recaudado por el Gobierno mediante el pago de impuestos se incrementó. Aunque se debe mencionar que meses después del retiro de esos billetes el Gobierno emitió el de 2,000 rupias, como una salida al problema que se había suscitado, al paralizar una parte de la economía, especialmente al sector agrícola tradicional y comercial.

Aunque la economía mexicana es muy diferente a la india, los analistas del Banco de México deben tomar ese ejemplo. Si se quiere tener un sistema financiero incluyente, lo mejor es iniciar con la formalización del empleo, esto es, que los trabajadores dejen la informalidad mediante incentivos fiscales temporales.

Entorno Económico
Federico Muller
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El Banco de México ante la disyuntiva de ampliar sus funciones técnicas

Desde que el Banco de México consiguió su autonomía técnica, que fue en la administración del presidente Carlos Salinas, la cual le ha permitido formular sus propias políticas monetarias, independientemente de la anuencia o no de la Secretaría de Hacienda o del propio Presidente de la República en turno, la inflación ha disminuido considerablemente porque la prioridad del banco central ha sido mantener la estabilidad de precios para poder sostener, sin grandes oscilaciones, el poder de compra de la moneda mexicana. En 1995, la inflación nacional fue cercana a 35%, mientras que se estima cerrar 2019 con una tasa menor a 4 por ciento.

Otra ventaja de la autonomía bancaria ha sido el resguardo de las reservas internacionales, generalmente denominadas en dólares. Anteriormente el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, las podía utilizar para cubrir compromisos adquiridos en la solicitud de préstamos del exterior. En cambio, ahora cumplen otras funciones, una de ellas, fungir como recurso emergente para tratar de estabilizar en el corto plazo las inesperadas y abruptas depreciaciones del peso frente al dólar.

También se responsabiliza de fijar la tasa de interés de referencia y determinar el monto del circulante monetario, que lo establece en función de la demanda de dinero de la sociedad. La tasa de interés de depósito actual es superior a 8%, que si bien es cierto ha influido en el sector privado en la limitación de créditos bancarios, es innegable que ha contribuido a que los capitales del exterior sigan en el sector financiero del país por el elevado rendimiento que reciben, superior al que ofrecen los instrumentos financieros en Estados Unidos.

Gracias a esa política monetaria, la divisa mexicana es de las que menos se han depreciado de los países emergentes. No obstante, a casi 25 años de su autonomía, en que su objetivo principal ha sido la estabilidad de precios, es probable que las funciones del banco central se modifiquen, es decir, se amplíen. En la Administración que preside Andrés Manuel López Obrador se comienzan a escuchar algunas voces, particularmente en el Congreso de la Unión, que argumentan que el Banco de México también debe manejar políticas que apoyen el crecimiento de la economía, es decir, mediante políticas monetarias expansivas, como bajas tasas de interés o aumento del circulante monetario, entre otras, que logren que los préstamos bancarios sean atractivos para los inversionistas al resultar menos costosos y que las familias dispongan de más efectivo.

Todo ello, teóricamente, llevaría a propiciar una mayor inversión privada e incrementar el consumo de la población, pero existe un riesgo: tales acciones podrían elevar los precios de los bienes y servicios. Entonces, el Banco de México se vería ante la disyuntiva de atacar frontalmente la inflación o alentar el crecimiento económico. Es complejo manejar en forma simultánea políticas fiscales y monetarias expansivas. La Reserva Federal estadunidense es de las pocas instituciones en el mundo que manejan crecimiento económico y niveles de precios, pero por las asimetrías que prevalecen entre ambas economías (mexicana y estadounidense), no es un buen punto de referencia.

Lo que se puede observar entre líneas es que las secretarías de Hacienda y Economía están siendo incapaces de detonar las actividades económicas en el país, que prácticamente se encuentran estancadas, y ahora pretenden, por medio de varios legisladores de Morena, compartir la responsabilidad del crecimiento económico con el Banco de México. Es una propuesta arriesgada que puede trastocar lo que se ha logrado durante varias décadas, con un elevado costo social: la estabilidad paulatina de precios. 

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Es un hecho que la población en México está envejeciendo paulatinamente, de manera simplista se puede mostrar, mediante la lectura de los avisos de ocasión que aparecen en los periódicos diariamente, particularmente para determinado tipo de empleos del sector comercio o servicios, en los cuales se señala, que los empleadores pueden contratar hasta personas de 40 años; otra forma más técnica de visualizarlo es mediante las proyecciones estadísticas demográficas, que indican que a partir de 2020, la población mexicana cuyo rango de edad fluctúe entre los 15 y 64 años, comenzará a crecer menos que la de rango superior a los 65 años y aquella menor a los 15 años. En otros términos la población en edad de trabajar (15 a 64 años) disminuirá, lo que representará que el número de dependientes (jubilados y pensionados) aumente por cada trabajador. Se estima que por cada persona igual o mayor a los 65 años, existen siete individuos que potencialmente forman parte de la fuerza de trabajo. Esa relación a través del tiempo irá decreciendo. Otro factor que propicia esa desaceleración demográfica, ha sido la baja en la tasa de fecundidad de la mujer, que es inferior a la de 1970 –actualmente promedia dos hijos por mujer– y la edad promedio para embarazarse y concebir es de 27 años. Ello, sin duda influirá negativamente en el sostenimiento de los sistemas de pensiones y seguridad social, a menos que se disponga de mano de obra joven centroamericana, que esté dispuesta a sujetarse a las condiciones laborales del mercado nacional, que contrataría individuos con escasa preparación académica y salarios relativamente bajos en referencia a los del mercado estadunidense. Pero, México todavía tiene la oportunidad de aprovechar el bono demográfico (mayor población joven que adultos mayores), a través de formular políticas fiscales que coadyuven a la expansión de la economía y redistribución del ingreso. Es imprescindible generar desarrollo en este país, y una forma de llevarlo a cabo es mediante el pago de impuestos progresivos, además de la detección de aquellos sectores que sean susceptibles a una mayor tasación impositiva. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), que ya tiene varios años estudiando ese tema, recomienda a los países de la región, incrementar el espacio fiscal. No obstante lo anterior, romper los acotamientos impositivos en este país es una tarea difícil, especialmente por dos razones: la primera tiene que ver con la desconfianza de la sociedad en el uso indicado de los recursos provenientes de la recaudación fiscal, que de acuerdo con la evidencia, muchos de ellos se han desviado, destinándolos para fines personales o familiares de los políticos en el poder, y la otra se asocia con la proyección que busca el servidor público o el partido del mismo, para continuar en el poder en los próximos comicios electorales, cuya imagen se puede ver deteriorada al permitir un alza en los impuestos. Volviendo a la Cepal, esta argumenta gravar a las actividades económicas dedicadas al comercio o servicios electrónicos; en el área de salud y ambiental explorar que productos comerciales propician daños en el organismo humano, o que empresas con su producción contaminan el ambiente, y partiendo de ese diagnóstico considerar formular nuevos impuestos, o elevar los ya establecidos. Con el adelgazamiento burocrático y presupuestal del sector Gobierno implementado por la presente Administración federal (2018-2024), aun así sigue siendo débil, financieramente, incapaz de atender los requerimientos más sentidos del país. Es relevante pensar en nuevos esquemas fiscales, no solo con el propósito recaudatorio, sino que puedan promover la inversión.

Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

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Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

Uno de los factores fundamentales que influyen en la creación de riqueza, y desde luego en el crecimiento de la economía, es la inversión en capital fijo, es decir, la que se destina a la adquisición de equipo, obra pública y construcción de empresas, entre otros usos; y esta puede ser de carácter gubernamental o del sector privado (nacional y/o extranjero).

Hay que recordar que este tipo de inversión incrementa la tasa de empleo y dinamiza la demanda de bienes y servicios de la población. Por otro lado, si se consultan los datos del comportamiento de la economía mexicana y la inversión, de enero a abril del presente año los resultados obtenidos fueron raquíticos, muy distantes de las necesidades de la sociedad, en la que anualmente más de un millón de jóvenes trata de incorporarse a la fuerza laboral, y muchos de ellos no lo consiguen por la falta de oportunidades de trabajo.

En los primeros cuatro meses del año, el PIB apenas creció 0.5%, y lo que gasta el Gobierno en obra pública cayó en forma estrepitosa, pues tuvo un decrecimiento estimado de 13 por ciento. Mientras, la inversión privada fue positiva, pero su tasa de crecimiento fue muy pequeña. La expansión que se tenía en los primeros cinco años y meses del  sexenio anterior tuvo su punto de inflexión en octubre de 2018, cuando al revertirse, hizo prever una desaceleración de la actividad económica, lo que se está cumpliendo. Lo anterior también explica la disminución de la tasa de inflación, que suele darse con la atonía económica.

A seis meses de haber llegado al poder la presente Administración federal (2018-2024), está valorando, quizá antes de lo anunciado (a mitad del sexenio), una reforma hacendaria que amplíe el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda. Los recortes presupuestales a las dependencias y organismos autónomos, así como los ahorros provenientes del combate a la corrupción han sido insuficientes para sustentar los programas sociales y el gasto en obra pública. De tal manera, la construcción de carreteras, libramientos, embalses, etcétera, es probable que la inicien a finales del mandato del presidente López Obrador, si se quiere crecer de manera “sana” y, mediante la formulación de políticas públicas, mejorar la muy asimétrica distribución del ingreso entre la población.

La reforma fiscal lleva aparejada otra, la de los fondos de pensiones, los cuales representan una carga onerosa para el Gobierno. El número de trabajadores activos formales ha decrecido en términos relativos por el aumento de la economía informal, lo que provocó, para cálculos estadísticos, que más pensionados o jubilados dependan de un trabajador adscrito al IMSS.

Es casi un hecho que se aumente la edad para jubilarse, que supere los 65 años, aunado al incremento en los años de servicio en la empresa o dependencia, medidas que se apoyarían con la elevación de las cuotas obreropatronales para el retiro. Otro de los probables componentes de la reforma a los ingresos públicos sea subir los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como gravar con una mayor tasa impositiva las transacciones en el mercado bursátil.

Federico Muller
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No cabe duda que después de la Guerra Fría, la cual terminó debido a la desintegración de la URSS, las fricciones entre las potencias mundiales han prevalecido, y un terreno fértil para dirimir las disputas, en tiempos de paz, ha sido el económico. Desde luego nada nuevo en la historia de la humanidad, la faceta de los negocios siempre ha estado presente con diferentes matices e intensidades entre los pueblos.

Hace algunas semanas la estructura en el poder en Estados Unidos, públicamente representada por el presidente Donald Trump, estableció el cobro de aranceles a las importaciones provenientes de China, argumentando que los precios de los productos que entraban a su país eran subsidiados por el Gobierno chino, por lo tanto no reflejaban los costos reales de producirlos. La respuesta del gigante asiático no se hizo esperar y diseñó políticas comerciales similares. Considero que lo novedoso de esa guerra comercial es el desarrollo tecnológico con respecto a otros enfrentamientos comerciales del pasado. De manera especial las patentes y licencias de las empresas transnacionales, que juegan un papel clave, nulificando, o poniendo en jaque a las políticas proteccionistas de los gobiernos.

A pesar del tamaño de la economía estadunidense, y su estructura científica y tecnológica, para sorpresa de propios y extraños, una sola empresa china la desafía. La líder mundial en telecomunicaciones Huawei recurre a acelerar el cobro de sus derechos y regalías a las compañías americanas del ramo que los manejan, tratando de presionar al Gobierno para que sus productos se sigan vendiendo en el mercado estadunidense. También cabe señalar que, como proveedor de insumos a empresas norteamericanas, su participación es estratégica, pues sin ella dejarían de salir a la venta un número considerable de productos y servicios.

Según algunos analistas, la empresa tiene alrededor de 56 mil 500 patentes en varios países del mundo. Sin embargo, sus directivos reconocen que sus ventas de teléfonos celulares han disminuido 40% fuera del mercado chino, lo que indiscutiblemente está afectando sus ingresos, inclusive la compañía ya planea dejar de producir un número considerable de celulares en los próximos meses. Otro factor que ha influido en la caída de las ventas tiene que ver con el desprestigio, muy probablemente orquestado por sus competidores, que ha hecho que los productos de ese fabricante estén siendo estigmatizados: un sector de potenciales compradores ha desistido de hacerlo por los rumores que se escuchan, y entre los más frecuentes están la descontinuación inminente de la marca y el rápido agotamiento de su stock de accesorios.

En conclusión, se puede decir que en la era de la globalización no hay ganadores en una guerra comercial como la que enfrentan Estados Unidos y China. Lamentablemente el consumidor es el más perjudicado por las acciones de los gobiernos. Cuando se mezclan intereses políticos electorales con aspectos económicos como la compraventa de productos comerciales, la historia ha enseñado que no hay un buen fin, y en algunos casos anteriores se ha terminando en una guerra armada.

Si se hace un balance general del desempeño de la actual Administración federal en sus primeros seis meses de trabajo, lo primero que podría decirse es que todavía es poco tiempo para realizar una evaluación más robusta, pues no se cuenta con más información dada por variables socioeconómicas de mediano plazo; sin embargo, se pueden revisar las políticas públicas hasta ahora formuladas, considerando el entorno económico internacional, que juega un papel relevante en la economía mexicana.

Política migratoria. Un manejo que, desde mi parecer, no se le dio la preeminencia que requería, se mantuvo la propuesta de campaña de AMLO, de permitir libremente el paso de los migrantes por territorio nacional porque de lo contrario era coartar la libertad de tránsito, que atenta contra los derechos humanos universales que indefectiblemente tiene cada persona, independientemente de su nacionalidad. Fue una idea que prevaleció hasta hace poco tiempo, y que la responsable de la política interna del país avaló, sin ningún cuestionamiento. Para la funcionaria, la propuesta no ameritaba una investigación que involucrara un análisis de los factores tanto nacionales como externos que podían estar detrás de los movimientos migratorios, por supuesto adicionales, al más obvio, el clima de inseguridad y precaria economía que prevalece en los países expulsores de población.

PasÓ desapercibido, no se sabe si por ignorancia o demagogia, que existen organizaciones internacionales criminales que se dedican a la organización de caravanas de migrantes, que lucran con la situación socioeconómica de los habitantes de las regiones más pobres y atrasadas de Centroamérica y del Caribe, así como de algunos países africanos. Los aparatos de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad, como de las Fuerzas Armadas y de la propia Secretaría de Gobernación, no participaron, o quizá no fueron tomados en cuenta, porque contradecían la voluntad del Presidente de la República.

Los costos económicos que se pudieron evitar o al menos disminuir en la regulación de la migración, se tienen ahora que adicionar al presupuesto con cargo a los impuestos que paga la sociedad mexicana, por desestimarla y no considerarla que podía poner en riesgo la seguridad nacional, particularmente por las represalias que podía tomar Estados Unidos contra la economía del país.

Desde la perspectiva extranjera no se consideraron las estadísticas que presentaba el Departamento de Migración de Estados Unidos, las cifras eran muy elevadas, totalmente atípicas respecto del promedio histórico de cruces fronterizos de indocumentados. El reactivar las economías centroamericanas mediante programas de desarrollo es lo deseable, mediante políticas económicas de largo aliento, pero México no tiene la capacidad económica para hacerlo, y para Estados Unidos, en particular para su Presidente, esos proyectos no son rentables electoralmente.

Política industrial. Los regímenes anteriores al encabezado por Morena siguieron tomando en cuenta la frase que se le atribuye a un funcionario de la Administración del presidente Carlos Salinas de Gortari: la mejor política industrial es no formularla o en la práctica no disponer de ella. Sorpresivamente, la presente Administración sigue la misma línea, a pesar de las críticas que ha hecho al modelo neoliberal. La Secretaría de Economía no ha presentado un plan de inversión sectorial que incentive la participación de los capitales nacionales y transnacionales. Y sin inversión, dicen los economistas clásicos, no hay crecimiento económico acorde con las necesidades de empleo de la población.

Política social. En esta se atisban claroscuros, programas que han sido bien aprovechados, por ejemplo el de los adultos mayores (68 y Más), recursos que se destinan a la población de trabajadores jubilados o aquellos que no disponen de ninguna prestación social, que marginalmente complementan los precarios salarios que recibe la mayoría de ellos. Pero otros, que fueron diseñados para los jóvenes que no trabajan ni estudian, no han tenido el interés de la población objetivo, la cual ha mostrado resistencia a formar parte de la fuerza productiva de la economía. El entorno internacional es adverso, las estimaciones del PIB mundial en 2019 han venido siendo recortadas por los bancos de inversión y organismos supranacionales, lo que abona para que la economía nacional crezca menos o se contraiga este año con respecto a 2018.  

De acuerdo con el documento Principales Elementos del Plan de Negocios 2015-2019, desde hace algunos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de tener el monopolio en la producción y venta de energía eléctrica, pues ahora el sector privado puede participar en la generación y suministro de electricidad. En otros términos, con la apertura del mercado a la competencia, teóricamente los consumidores deberán beneficiarse al pagar precios más competitivos por kilowatt, particularmente los hogares y comercios.

El citado documento también menciona las principales debilidades de la CFE y entre las que más llaman la atención están las pérdidas que se presentan en la distribución del fluido, que si se comparan con las de otros países, como los escandinavos, son elevadas, y desde el ámbito financiero, las perspectivas no son nada halagüeñas: los déficits contables agobian el “sano” crecimiento de la empresa, pues en los últimos cinco años alcanzaron un acumulado de 163 mil millones de pesos, que se atribuyen a factores como subsidios a las tarifas (que distorsionan los precios reales), baja productividad laboral y las depreciaciones del peso. Aunque, el documento no lo contempla explícitamente, a la descapitalización de la empresa abona la añeja deuda que tienen los consumidores de Tabasco, o mejor dicho que tenían, porque recientemente fue condonada por el Ejecutivo federal. Un factor adicional es el pasivo laboral, que se estima en 48% del total de sus activos.

Con esta breve y sencilla descripción de la CFE se puede intuir que los problemas que tiene la ahora empresa productiva del Estado no se pueden atribuir solamente a gobiernos anteriores, sino que son de carácter estructural, presentes desde tiempo atrás, ocasionados porque en administraciones precedentes prevalecieron los criterios políticos sobre los técnicos y de rentabilidad económica, que paulatinamente fueron llevándola a la bancarrota.

Por lo anterior, la llegada de inversión extranjera y nacional al sector eléctrico se hizo no necesariamente pensando en mejorar la economía del consumidor o el entorno ecológico, sino que fue una salida desesperada para atenuar la inminente quiebra técnica de la CFE, pues la crisis financiera ha influido para limitar la cobertura del servicio de electrificidad en el país.

Los cortes de energía eléctrica han empezado a causar alarma entre la población y la Península de Yucatán ha sido una de las regiones más afectadas por el desabasto, que se atribuye al descuido que se tuvo en el mantenimiento y la construcción de nuevas líneas de transmisión.

El establecimiento de un plan nacional del sector eléctrico transexenal, que planificara las inversiones a mediano y largo plazo en las zonas del país con mayor demanda de electricidad estimada por su potencial de crecimiento económico y sus características climáticas, habría marcado la hoja de ruta y hubiera evitado las obras de emergencia para llevar más electricidad a Yucatán, que se realizan como medidas correctivas después de haber generado altos costos entre la población por la suspensión del servicio.

En el primer trimestre del año, los egresos de la CFE superaron a sus ingresos, con lo que el déficit ascendió a 13 mil 940 millones de pesos, cifra superior en alrededor de 18% a la del primer trimestre de 2018, desequilibrio que no se puede imputar a su nuevo director, Manuel Bartlett, porque su gestión administrativa es aún corta y todavía no define públicamente lo que hará en la empresa para rescatarla de la precaria situación económica en que se encuentra, aunque sus primeros pronunciamientos fueron detener los concursos para proyectos financiados con inversión privada y volver a la organización centralista del pasado, una concepción similar a la que se tiene para Pemex.

Sin caer en la tentación de afirmar que todo lo público es deficiente y oneroso, mientras que lo privado es eficiente y mejor, no se puede ocultar que los gobiernos mexicanos han sido malos administradores en el manejo de las empresas y los ejemplos más ilustrativos han sido Pemex y CFE.    

A pesar de que la Región Sureste de Coahuila depende económicamente de la producción industrial y comercial, actividades que han venido incrementando la urbanización del territorio en detrimento del entorno ambiental y de los quehaceres agropecuarios, todavía aparecen esparcidas áreas rurales rentables, como es el caso de las dedicadas a la producción de manzana. Hace ya varios decenios que la región de Arteaga, Coahuila, cambió su producción agrícola: el cultivo de la manzana sustituyó a las grandes cosechas de maíz y otros productos que abastecían al mercado regional; en aquel lejano pasado, el transporte de los productos era a través de carretas, y más adelante se llevó a cabo en rústicos camiones de combustión interna, los que con dificultad sorteaban las escarpadas pendientes del camino.

Los niveles de productividad agrícola laboral de antaño eran similares a los de otros estados de la República con actividades parecidas. En aquel entonces, la economía mexicana era casi cerrada, y no hay que olvidar que la reconversión agrícola obedecía a una iniciativa gubernamental que fue acertada, si se considera el microclima que prevalece en la sierra, apto para el desarrollo de huertas manzaneras y que ha permitido que se compita, en calidad, con las manzanas producidas en Chihuahua y California.

Generalmente el mercado se ha configurado con pequeños y medianos productores, y han sido excepcionales los grandes oferentes. La mayoría vende su producción manzanera a intermediarios que posteriormente la distribuyen en almacenes comerciales, los que a su vez hacen llegar el producto al consumidor final mediante los canales de distribución conocidos: tiendas y supermercados. Las compañías refresqueras y de jugos, antes de la concentración y colusión de empresas que se ha dado en ese mercado, compraban las manzanas que no cumplían con los estándares de calidad al público simplemente porque las adquirían como un bien intermedio, para su industrialización.

Para fijar los precios de la tonelada de manzana han intervenido diferentes factores que inciden en la oferta y demanda: desde los fenómenos ambientales extraordinarios, como granizadas, heladas tardías, plagas, etc., hasta el crecimiento de la economía regional y del país; el número y capacidad de compra de los intermediarios; los subsidios gubernamentales a los productores, los aranceles a los productos importados y el acceso a créditos comerciales. En este amplio abanico de posibilidades, la participación del intermediario ha tenido una repercusión importante en la formación del precio del producto.

Según dijo uno de los productores de la región, se estima que este año la producción de manzana ascienda a 2 millones de cajas, de las que 70% se distribuirá en el mercado nacional y el resto se colocará en Coahuila. La comercialización no contempla la exportación del fruto, que en un futuro podría ser un desafío y una ventana de oportunidad explorar mercados europeos o asiáticos, lo que sin duda requiere crear sinergias entre la banca, los agricultores y el Gobierno.

A raíz de las nuevas políticas públicas del campo que lleva a cabo la Administración federal, de fijar precios de garantía para ciertos granos de consumo básico en la dieta de los mexicanos, el citado fruticultor especulaba al decir que ellos (los productores) también requieren de un precio de garantía, lo que desincentivaría la intervención de los intermediarios, que según su opinión son los que se llevan la mayor utilidad en los ciclos de producción. No obstante, cuando existía Conasupo, los precios de garantía se prestaban para fomentar la corrupción, pues se establecían acuerdos tácitos -desde luego ilegales- entre funcionarios e intermediarios, y al final el productor no tenía más opción y vendía al intermediario. Eso evidencia que una estrategia que fracasó en el pasado, es poco probable que ahora logre su cometido.

Existe una frase que se repite frecuentemente entre la ciudadanía estadunidense acerca de un par de acontecimientos que sucederán irremediablemente en el transcurrir del tiempo: el primero tiene que ver con la muerte del individuo, y el otro con el pago de impuestos al Gobierno.

Este último ilustra el alto grado de fiscalización que se tiene hacia los consumidores, aunque como en todos los países del mundo se presentan excepciones, particularmente en aquellos que tienen poder económico.

En México, el control impositivo es relativamente más relajado que el de los vecinos del norte, aunque con la utilización de sistemas tecnológicos modernos, cada día la evasión y elusión del cobro de impuestos disminuye, pero todavía sigue siendo insuficiente para los requerimientos del país. El monto de la recaudación por ingresos tributarios en 2017 representó menos de 18% del PIB, mientras en Brasil alcanzaba 32.2% de su PIB.

Ese bajo índice de recaudación se puede explicar por la desconfianza hacia el buen uso y destino de los impuestos y la informalidad económica, que se puede presentar de dos maneras; una de ellas es la precaria cultura impositiva y ética que se da en las transacciones comerciales y de servicios, que comprende desde los honorarios generados por las consultas médicas -que no expiden recibo fiscal-, hasta los negocios que presentan como opción la facturación, que generalmente el consumidor declina para evitar la tasa impositiva y pagar menos por el producto o servicio recibido.

Y la otra engloba las actividades de comercio ambulante o en mercadillos, además de todos los oficios como plomería, carpintería, etc., que ni siquiera tienen un registro fiscal ante la Secretaría de Hacienda, y mucho menos seguridad social.

Además de los factores mencionados, han influido las tasas impositivas cero y exentas del IVA, que se mantienen en varios productos y servicios.

Aunado a ello, con la nueva disposición de disminuir la carga fiscal en las poblaciones localizadas en la frontera norte, el monto del erario no ha crecido como se esperaba, y es difícil que se cumplan las metas trazadas, de ahí que el Gobierno federal, a través del Ejecutivo, haya cancelado las condonaciones fiscales, que según la oficina del SAT, de 2007 a 2018 ascendieron a 400 mil millones de pesos, en donde los más beneficiados fueron 108 contribuyentes, recibiendo alrededor de 50% de la cifra citada.

No obstante, si se condonan los adeudos a CFE que tiene un sector de la población de Tabasco, las políticas deberían aplicarse para todos y de ninguna manera tener carácter discrecional.

Aunque la cancelación de la condonación fiscal es una medida “justa”, con respecto a la Ley de Ingresos anual no representa un gran porcentaje, y como las expectativas de crecimiento de la economía para 2019 son inferiores al PIB del año anterior, entonces es improbable que haya relevantes aumentos en la recaudación fiscal.

En conclusión, lo que se tiene es un Gobierno acorralado, rehén de sus propias promesas electorales, como la de mantener sin cambios el sistema fiscal.

La política fiscal que se está siguiendo carece de una planificación sexenal, los recortes en sueldos y presupuestos en la Administración Pública Federal, añadiendo los recursos que antes no se cobraban al condonarse, no equilibran las finanzas públicas. Son superiores los recursos que se destinan al gasto público que los ingresos recabados.

Si lo que se busca es redistribuir la riqueza, el camino a seguir es la creación de ambientes propicios para la inversión privada e indudablemente llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, en el corto plazo, que aumente la base gravable y combata la economía informal.

Según cifras publicadas por el Inegi, al finalizar 2018 el ahorro bruto en México representó 23% del PIB nacional, cifra que ha variado muy poco desde que se inició con la contabilidad de este indicador, lo que se puede atribuir a la escasa cultura financiera que existe entre la población.

Se define ahorro bruto a la parte del ingreso que no se utiliza para el consumo de productos y servicios, pero que se puede gastar en el futuro.

La cifra no deja de ser del todo inexacta, en el sentido de que no registra lo que algunos estudiosos llaman el ahorro informal, es decir aquel que no forma parte del circuito financiero formal conformado por instituciones bancarias y ahorradores, sino que depende de la confianza que se tiene entre amigos y familiares al organizarse en pequeños grupos de ahorradores.

Un ejemplo clásico ha sido la formación de tandas en que los participantes se comprometen a aportar dinero periódicamente.

Este tipo de organización frecuentemente es utilizada por las familias que no disponen de una tarjeta de crédito y perciben ingresos bajos. Lo anterior es parte de la economía informal, que ha tenido un acelerado crecimiento desde los años 80 en el país.

Las galopantes inflaciones, que han influido en la pérdida del poder adquisitivo, que ha tenido incrementos nominales marginales, han sido de los principales factores que abundantemente nutren a la informalidad económica, cuyo aumento puede también explicarse por la idiosincrasia del mexicano, el cual se adapta fácilmente a ella.

Las cifras del ahorro nacional son bajas en relación con las de otros países con economías similares a la nuestra, y aun más pequeñas en relación con los países asiáticos como China, Singapur y Corea del Sur.

¿El ahorro depende de la cultura? Es una pregunta difícil de responder porque lleva implícita la percepción que se tenga sobre el futuro, es decir, qué tanto están orientadas las familias a consumir en el presente o si sus expectativas se centran en el porvenir.

Si los individuos mantienen proyectos a mediano y largo plazo y consideran las probables contingencias que se puedan presentar a lo largo de su vida productiva -por el quebranto en la salud o desempleo transitorio-, y además quieren mantener un consumo sin muchos cambios en el ocaso de su existencia, independientemente de las percepciones monetarias que tengan, destinarán una parte al ahorro. En otros términos prevalecerá la visión de futuro sobre el monto del ingreso.

Por el contrario, si lo que importa es vivir el presente y se considera el futuro como incierto, el ahorro ocupará un lugar irrelevante en el quehacer productivo de las personas. Infortunadamente esta última posición es la que mantienen por lo general las familias de ingresos medios y bajos en México, desde luego alentada por los sectores comercio y de servicios, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

El ahorro (formal) agregado, es decir, el que incluye a todos los entes privados, por supuesto sin considerar al Gobierno, es relevante desde el punto de vista de las teorías económicas porque se puede canalizar hacia la inversión productiva, que es una palanca para el crecimiento y desarrollo económico, que además hace a las economías menos vulnerables a las oscilaciones que frecuentemente se presentan en las inversiones que llegan del extranjero.

Fomentar el ahorro es un tipo de nacionalismo sin demagogias, pero lamentablemente aparece muy poco en las plataformas electorales de los políticos, simplemente porque no es rentable para la obtención de votos.

En las economías de mercado generalmente surgen empresas que, mediante diferentes estrategias, logran engrosar su poder hasta convertirse en dominantes de las actividades que manejan y pasan a configurar una competencia monopolísticas, en donde solamente un “reducido número de jugadores participan”, o también se presentan casos extremos de monopolios. En el modelo económico de sustitución de importaciones del país se tenían varias compañías privadas monopólicas, además de paraestatales como Teléfonos de México, Pemex y CFE, las cuales suministraban insumos y productos a los monopolios públicos en forma casi exclusiva, y una de ellas era la que se encargaba de abastecer los medidores de energía eléctrica para las viviendas y comercios.

Con la apertura de la economía mexicana, muchas pequeñas y medianas factorías desaparecieron y surgieron otras de capital extranjero que las desplazaron y se apropiaron de grandes segmentos de mercado en el sector comercio, servicios, esparcimiento o manufactura, entre otros. Otra peculiaridad ha sido que en México ha habido empresarios que han preferido vender sus empresas al capital extranjero, a seguir manejándolas ellos; con el producto de las ventas, les resultaba más cómodo invertir en el sistema financiero que lidiar con sindicatos, trabajadores y Gobierno; los casos más icónicos han sido los bancos comerciales y la producción de cerveza.

Esa tendencia de ganar espacios mediante colusiones o compras de empresas es una característica inherente del sistema capitalista que aparece en todos los países desarrollados o en desarrollo. La diferencia consiste en la forma en cómo los gobiernos responden para evitar la concentración del poder económico, que es perniciosa porque tergiversa el nivel de precios e inhibe la libre competencia que facilita el “juego” de oferta y demanda de los bienes y servicios.

En Estados Unidos, las leyes antimonopolios han sido relativamente rígidas, pero aun así prevalecen nichos de mercado controlados por pocas participantes, entre ellos el sector de aeronáutica. En México se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que oficialmente se encarga, entre otras funciones, de impedir y sancionar los acuerdos que se puedan presentar entre fabricantes para fijar precios y tarifas al público. En teoría, tal comisión reguladora debe deslindarse de cualquier compromiso político y llevar a cabo las investigaciones desde un punto de vista eminentemente técnico.

Uno de los propósitos de los reguladores que existen en el país, es representar un contrapeso a las decisiones políticas unilaterales del Ejecutivo en turno. En el caso de la Cofece, actualmente investiga a los laboratorios farmacéuticos que venden sus productos en el mercado nacional. Son empresas transnacionales que manejan medicamentos de alta especialización, como por ejemplo los indicados para controlar el VIH y algunos cancerígenos. El objeto de la investigación se fundamenta en la denuncia que hizo un productor nacional, quien argumentó que tales firmas muestran conductas anticompetitivas al acordar los precios entre ellas; desde luego que es un tema delicado que ha llevado a uno de los indiciados a solicitar un amparo ante la justicia mexicana.

El problema tiene dimensiones significativas porque han sido proveedores de los hospitales y clínicas del IMSS e ISSSTE, y el veto que propone el Presidente de la República puede provocar desabastecimiento de medicamentos, al menos mientras se encuentran otros proveedores. Lo anterior refleja un problema estructural de la economía nacional, independientemente de los manejos poco transparentes entre proveedores y compradores de medicinas: la falta de inversión y tecnología de vanguardia en el sector farmacéutico del país, que lo hace dependiente de los grandes laboratorios transnacionales, cuyo poder de mercado es muy superior al de todos los laboratorios mexicanos.

Hace unas semanas, dos investigadores de la universidad publicaron en la introducción del libro Agua, el Futuro Ineludible, una frase que me llamó la atención por lo pertinente para el caso de ciudades y regiones con carencia del vital líquido, entre las cuales, infortunadamente, se debe incluir a Saltillo.

La cita referida decía: “El agua dulce en la Tierra es la misma que en la época del Imperio Romano, pero la población ha pasado de 200 millones a más de 7 mil 200, y la economía mundial ha crecido aún más…”.

De ser verídica esa aseveración, la demografía mundial se encuentra frente a un reto difícil de superar, que requerirá de una nueva cultura para tratar el agua e implementar la tecnología de frontera para racionalizar su uso doméstico, industrial y agropecuario.

Tanto en el contexto local como mundial, si no se procede con diligencia, los habitantes del planeta sufrirán las consecuencias, particularmente los sectores más vulnerables económicamente. Como es un problema de sobrevivencia de la humanidad, quizá sea necesaria la creación de instituciones supranacionales que formulen y apoyen propuestas públicas que se acompañen con la voluntad política de cada Gobierno.

En Coahuila, como en otras entidades de la República, la situación hídrica es crítica porque las unidades de producción (pozos freáticos) la tasa de explotación que mantienen es superior a la de recarga por las escasas lluvias en la región. Además, en el país, alrededor de 80% del agua extraída se destina a las actividades agrícolas y ganaderas.

Aunque sus dimensiones geográficas, idiosincrasia y población son completamente diferentes a las de México, Israel puede ser un buen referente a seguir con las adecuaciones pertinentes en las políticas públicas que puedan llevar a cabo las autoridades gubernamentales mexicanas. Se sabe que del agua que consume el país judío, solamente 28% proviene del subsuelo y el resto de las fuentes está diversificado, pues van desde la marítima hasta la de reutilización de las llamadas aguas negras.

No hay que olvidar que Israel está asentado en una superficie desértica, con lluvias poco frecuentes, condición natural, que se ha agravado por los fenómenos naturales propiciados por el proceso de industrialización, que por supuesto incluye los medios de transporte de combustión interna (Graizbord y Arroyo: 2019).

La paradoja del agua. Si partimos del supuesto económico de que los precios de los productos se elevan en la medida que escasean, parece que esta hipótesis no es consistente con el agua, viéndolo desde una perspectiva a escala planetaria, que comprende también fuentes lacustres y fluviales. Se estima que 450 mil millones de toneladas de agua se utilizan para cubrir los requerimientos de los habitantes de las ciudades del mundo, mientras que alrededor de 3 mil millones las absorbe la agricultura de riego, y más de 20 mil millones se destinan a la generación de energía eléctrica. Esto cobra sentido al compararlo con el consumo mundial de petróleo o trigo, cuyos volúmenes anuales son inferiores al del agua (Graizbord y Arroyo: 2019).

De acuerdo con lo anterior, el problema del suministro del agua no consiste en su escasez, sino que existen otros factores que intervienen para hacerla un bien casi prohibitivo para muchas familias, que dependen de la contratación de camiones cisterna para poder abastecerse.

Algunos de esos factores son las añejas tuberías que distribuyen el agua potable a las viviendas, que son porosas y ocasionan pérdidas del vital líquido, así como la contaminación de los cuerpos de agua.

Uno de los quehaceres ineludibles del Gobierno mexicano es impulsar el crecimiento económico en las regiones marginadas del país.

Existen diferentes instrumentos que puede utilizar, como la formulación de políticas regionales, las cuales tratan de mejorar las condiciones económicas de las familias afincadas en esos espacios territoriales y disminuir las disparidades entre regiones.

Los especialistas en economía regional han planteado la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales reciben un tratamiento diferenciado por parte del Gobierno con respecto a otras áreas.

En el caso de México, el Congreso aprobó la ley que delimita qué áreas geográficas del país pueden considerarse como ZEE, entre las que se pueden mencionar aquellas que se localicen en uno de los 10 estados del país con más alta marginación; se desarrollen en un espacio estratégico, que permita su intercomunicación con los mercados del resto del país o internacionales; reciban inversiones que traten de aprovechar sus potenciales ventajas comparativas y se asienten en municipios que tengan una población de entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Cabe decir que las condiciones establecidas corresponden y han sido congruentes con lo que señalan las diversas teorías de desarrollo regional.

Para detonar el desarrollo de las actividades económicas, es requisito la inversión pública o privada, sin la cual es imposible sacar de la pobreza a millones de mexicanos; la generación de empleos y el aumento de la demanda se logran con la llegada de capitales.

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, apoyaría ofreciendo la disminución de impuestos, en particular el de la renta -durante los  primeros 10 años las empresas estarían exentas de pagarlo-, además de rebajas en las cuotas patronales al IMSS por un tiempo perentorio, así como la condonación, o mejor dicho tasa cero, del Impuesto al Valor Agregado a los bienes y servicios que adquieran las compañías residentes en las zonas constituidas.

Un argumento más que puede utilizarse, al menos académicamente, para respaldar el establecimiento de ZEE lo da el Banco de México en un estudio que realizó, en el cual encontró una relación negativa entre pobreza y complejidad económica, la cual se representa por el número y la magnitud de las interacciones económicas que se dan: es decir, en las regiones con más pobreza, se observa un raquítico crecimiento económico, algo que puede ser obvio para el lector, pero los especialistas de Banxico lo muestran mediante un modelo econométrico.

En la Administración federal anterior se propusieron siete ZEE, entre ellas Dos Bocas y Coatzacoalcos.

Se quiere pensar que las propuestas surgieron de estudios serios sobre su factibilidad y potencial disponibilidad económica, no fueron ocurrencias o puntadas de los funcionarios federales anteriores.

No obstante, en el Gobierno federal actual se quiere echar abajo esa iniciativa. Las razones que se esgrimen son contrarias, al menos desde mi punto de vista, a las teorías económicas que han sido usadas en otras partes del mundo para la creación de ZEE exitosas.

Un funcionario de la SHCP dijo a la prensa que las ZEE, como están proyectadas, impiden el desarrollo económico porque compiten entre sí las entidades federativas y no hay ingresos suficientes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Afirmó que el desarrollo se debe concentrar en una o dos zonas, y citó el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, proyecto que concentra las inversiones en una franja del país.

Quizá el trasfondo de los argumentos técnicos que presenta el funcionario de Hacienda encubra los verdaderos motivos de la cancelación del proyecto de las siete ZEE, y se deban a cuestiones de orden presupuestal y político.

Los ingresos que está recabando el Gobierno no eran lo que se esperaba, y muy probablemente en el corto plazo haya un recorte presupuestal.

Hasta ahora se están dando cuenta de que los ahorros logrados en recorte de plazas federales, reducción de sueldos a los funcionarios y los recursos que se obtienen de combatir la corrupción no están siendo suficientes para impulsar la inversión pública.

Y mientras la prioridad sea repartir dinero en programas a fondos perdidos y malgastar los recursos públicos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los mexicanos seguiremos esperando la realización de obra pública.

Es interesante revisar la política social que está llevando la Administración federal, al menos desde el punto de vista económico. En todas las políticas sociales se parte de la premisa de que el individuo inscrito en el padrón es quien debe recibir directamente el subsidio gubernamental, con lo que se pretende eliminar el uso de intermediarios que pudieran desviar parte de los recursos monetarios. En algunos de ellos, el único agente que aparece entre el Banco del Bienestar (institución del Gobierno) y el beneficiario es una institución bancaria privada que, a través de una tarjeta o plástico, distribuye los recursos.

Así, desde hace algunas semanas inició el programa para adultos mayores de 68 años, quienes reciben alrededor de 2 mil 600 pesos por bimestre, cantidad que puede paliar las necesidades más elementales de los jubilados o pensionados, quienes reciben cantidades precarias para su sobrevivencia. Enhorabuena para aquellos individuos que requerían de un complemento pensionario; en estos casos sí se cumplen los objetivos sociales del Gobierno en favor de las clases más vulnerables económicamente, aunque quizá convenga revisar periódicamente los censos de los beneficiarios para dar certeza de su veracidad y así evitar los errores y dispendios de otras administraciones con proyectos sociales semejantes.

Hay otro tipo de transferencias sociales que es difícil que cumplan con el objetivo para el que fueron diseñadas. Entre ellas están las tandas que pretenden apoyar a pequeños negocios de casi cualquier tipo, desde un taller de costura hasta un despacho de contadores; la gama es tan amplia que ha multiplicado el número de solicitudes para recibir el subsidio. Según datos oficiales, han llegado 4 millones de personas interesadas en recibir las tandas, rebasando por mucho lo que se tenía contemplado para este año: 500 mil candidatos.

Desde luego que no todos serán elegibles, habrá que conocer las características y condiciones de cada prospecto para otorgarle el beneficio, pero el recibir 500 pesos mensuales durante un año tiene varias lecturas, que si se examinan desde la óptica productiva, revelan que es muy difícil que el programa deje de ser eminentemente asistencialista para convertirse en un incentivo para fomentar los negocios.

La primera observación vendría de los montos que maneja tal programa, que son insuficientes: 6 mil pesos anuales, cantidad que ni siquiera compite con las tandas que se realizan de manera informal entre familiares y amigos. Los costos de los materiales, equipos de trabajo y mantenimiento de los pequeños negocios superan esa raquítica financiación gubernamental. Lo más probable es que el subsidio se utilice en consumo, ajeno a los gastos de la microempresa. Desde el punto de vista fiscal, el interesado puede acceder al programa aunque no esté registrado en la Secretaría de Hacienda, puede mantenerse en la economía informal.

Aunque es prematuro hacer una evaluación de los resultados de las tandas, sí debe pensarse en un futuro cercano en su reconfiguración, particularmente en ampliar su financiación y realizar una selección más rigurosa de los candidatos. Además, debe existir una mayor coordinación entre la Secretaría de Economía, la SHCP y el Banco del Bienestar para el tratamiento de la afiliación al fisco de los negocios provenientes de esa peculiar manera de repartir recursos.

Parece ser que la idea de un “banco de los pobres” se está copiando de un modelo de un país oriental que ha tenido éxito; sin embargo, llama la atención cómo se financia el Banco del Bienestar: al parecer no depende totalmente de los recursos que le provee el Gobierno, sino que puede solicitar créditos a instituciones privadas, pero si se limita solo a otorgar “préstamos” a fondo perdido, pronto será solo un apéndice más de la Secretaría de Hacienda, que financieramente no justifique su existencia, en el marco de la austeridad franciscana.

La atención a la salud de la población desde la perspectiva económica, en cualquier parte del mundo, tiene un costo muy elevado, aunque con diferentes matices y grados. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido motivo de acaloradas discusiones en el Congreso dejar la salud de los ciudadanos en manos de las aseguradoras mediante la compra de seguros médicos o que sea exclusivamente responsabilidad del Estado.

En cambio, en países con menos población y más desarrollo económico, se brinda a sus habitantes una mayor calidad en la prestación de los servicios médicos (el caso de los nórdicos), lo que se logra mediante el cobro de impuestos relativamente más elevados.

Aun así, los oligopolios farmacéuticos a escala mundial hacen de la medicina de calidad un bien inalcanzable para la mayoría de la población.

En México, fue un gran acierto político y social la creación de instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE. Su estructura fue de vanguardia en su momento, con la participación económica de trabajadores, empleadores y Estado.

Lamentablemente, su descapitalización paulatina las ha convertido en hospitales con servicios clínicos poco eficientes en la atención a sus pacientes. Se pueden mencionar tres factores, además del ya mencionado, que han influido en su decadencia financiera y técnica.

El primero, corresponde al sorpresivo aumento de la esperanza de vida de los mexicanos. En las reformas administrativas emprendidas por tales dependencias no se consideró debidamente el aumento de la longevidad de los asegurados.

Si consideramos el promedio de vida que tenían los ciudadanos en 1960 (no llegaba a los 60 años), en la actualidad sobrepasa los 75 años, lo que hace que los planes de pensiones estén al borde del colapso financiero.

El segundo factor tiene que ver con la aparición de enfermedades crónico degenerativas, de las que algunas eran poco frecuentes entre los mexicanos; no obstante, se han multiplicado con el envejecimiento de la población y su tratamiento médico es oneroso y largo.

Como último factor a comentar, aparece la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la diversificación de funciones que se fueron añadiendo, a través del tiempo, a los institutos de seguridad social.

En México, la mayoría de las dependencias públicas ha sido susceptible al despilfarro y malversación de fondos públicos, y el sector salud no es la excepción.

Desde los robos hormiga de los trabajadores de los nosocomios hasta la desviación de recursos por los altos directivos para financiar campañas políticas o para satisfacer intereses personales, contribuyeron a la decadencia hospitalaria que enfrentamos los mexicanos, que carecemos de los recursos monetarios para recibir atención médica privada.

Con la intención, muy loable por cierto, de cubrir otros satisfactores, además de la salud, se crearon centros turísticos, deportivos, hoteles, agencias de viajes, tiendas de autoservicio y financieras para la construcción de vivienda, entre otros. En términos menos coloquiales, se puede decir que eran logros que alcanzaban los trabajadores y que formaban parte del estado de bienestar de antaño.

Lo negativo fue que no se contó con un plan nacional de largo alcance que priorizara el ejercicio de los recursos, descuidando el elemento esencial de la seguridad social: la salud. Para muestra de lo anterior, recientemente se publicó, en forma sucinta, el estado en que se encuentran las finanzas del ISSSTE.

Según su Dirección Nacional, uno de los pasivos que tiene la institución asciende a 31 mil millones de pesos y corresponde a las aportaciones que no han hecho las dependencias públicas a las arcas del Instituto, pero lo más lamentable es que de esa cifra, 27 mil millones pertenecen a las pensiones de los trabajadores, por lo que su retiro, después de más de 30 años de servicio, está en riesgo.

Durante varios años, o quizá lustros, el modelo económico de sustitución de importaciones que siguió el Gobierno se apoyó en el sector agrícola para subsidiar la industrialización del país, que iniciaba con el presidente Miguel Alemán. Esto se podía apreciar con el bajo precio que tenían los productos agrícolas de aquel lejano pasado, que paulatinamente fueron descapitalizando a los productores. El éxito político que tuvo la reforma agraria, con la creación del ejido, fue aprovechado por las centrales campesinas adheridas al partido oficial (PRI), que controlaban electoralmente a los campesinos. Sin duda que los presupuestos públicos destinados al campo aumentaban año tras año, pero la productividad agrícola no lo hacía en la misma proporción, simplemente porque el sector rural se manejaba con una óptica que no era la económica.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la forma de financiar las actividades agrícolas cambió radicalmente. Surgió una recomposición que, en términos técnicos, significó la privatización y desaparición del ejido, haciendo más grande la brecha socioeconómica entre la agricultura social y la privada, que generalmente se especializaba en productos susceptibles de exportarse al resto del mundo. La desatención económica a este sector se vio reflejada en el incremento de las migraciones de mexicanos a las ciudades de Estados Unidos.

Lo anterior se menciona para entender un poco la política pública que pretende llevar a cabo la presente Administración federal, que se puede resumir en dos objetivos: racionalizar los recursos públicos, que se despilfarraron en gran manera en las anteriores administraciones, y (con los ingresos que se dejen de invertir en el campo) incrementar la transferencia a los programas sociales elegidos por el Presidente de la República como prioritarios, como 68 y más o becas a los jóvenes, entre otros.

Las políticas y estrategias que se están formulando por las dependencias de Gobierno han causado sorpresa y disgusto en un sector de los pequeños y grandes productores del territorio nacional. La agricultura es la parte de la economía más vulnerable ante los cambios climáticos, por ello, debe ser un factor a considerar en la política, y con los adelantos tecnológicos, la rentabilidad del campo ya no está en función de las grandes extensiones territoriales. Estos factores parece ser que no se están considerando en las decisiones de política del Gobierno, y en las protestas de los empresarios agrícolas ante el recorte de apoyos.

Una de las medidas desatinadas para los agricultores fue acotar la extensión de la superficie sembrada, es decir menos hectáreas tendrán subsidio, que influye en el incumplimiento en los pagos de los créditos bancarios solicitados por los productores. Por otro lado, bajo la premisa ya muy socorrida de “primero los pobres”, el Gobierno está arriesgando una porción de los recursos del erario federal al adelantarlos a los campesinos del sureste del país para que lleven a cabo la siembra de frijol y maíz en sus parcelas. Si bien es cierto es uno de los estratos sociales más desvalidos de la nación, eso de ninguna manera justifica que no se tenga que llevar a cabo una adecuada supervisión del debido uso de los recursos, que se utilicen, para lo que fueron planeados.

Independientemente del trasfondo ideológico, que incide para quitar o añadir beneficiarios agrícolas al padrón federal, las estadísticas señalan que México es un importador de granos básicos, y paradójicamente de un tipo de maíz, a pesar de ser un producto de origen nacional. Lo importante es subsidiar, al menos en este sector, a los agricultores que contribuyan con su trabajo al aumento de la producción nacional; y buscar otro tipo de apoyos para los que viven de la agricultura de autoconsumo.

Durante varios años, o quizá lustros, el modelo económico de sustitución de importaciones que siguió el Gobierno se apoyó en el sector agrícola para subsidiar la industrialización del país, que iniciaba con el presidente Miguel Alemán. Esto se podía apreciar con el bajo precio que tenían los productos agrícolas de aquel lejano pasado, que paulatinamente fueron descapitalizando a los productores. El éxito político que tuvo la reforma agraria, con la creación del ejido, fue aprovechado por las centrales campesinas adheridas al partido oficial (PRI), que controlaban electoralmente a los campesinos. Sin duda que los presupuestos públicos destinados al campo aumentaban año tras año, pero la productividad agrícola no lo hacía en la misma proporción, simplemente porque el sector rural se manejaba con una óptica que no era la económica.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la forma de financiar las actividades agrícolas cambió radicalmente. Surgió una recomposición que, en términos técnicos, significó la privatización y desaparición del ejido, haciendo más grande la brecha socioeconómica entre la agricultura social y la privada, que generalmente se especializaba en productos susceptibles de exportarse al resto del mundo. La desatención económica a este sector se vio reflejada en el incremento de las migraciones de mexicanos a las ciudades de Estados Unidos.

Lo anterior se menciona para entender un poco la política pública que pretende llevar a cabo la presente Administración federal, que se puede resumir en dos objetivos: racionalizar los recursos públicos, que se despilfarraron en gran manera en las anteriores administraciones, y (con los ingresos que se dejen de invertir en el campo) incrementar la transferencia a los programas sociales elegidos por el Presidente de la República como prioritarios, como 68 y más o becas a los jóvenes, entre otros.

Las políticas y estrategias que se están formulando por las dependencias de Gobierno han causado sorpresa y disgusto en un sector de los pequeños y grandes productores del territorio nacional. La agricultura es la parte de la economía más vulnerable ante los cambios climáticos, por ello, debe ser un factor a considerar en la política, y con los adelantos tecnológicos, la rentabilidad del campo ya no está en función de las grandes extensiones territoriales. Estos factores parece ser que no se están considerando en las decisiones de política del Gobierno, y en las protestas de los empresarios agrícolas ante el recorte de apoyos.

Una de las medidas desatinadas para los agricultores fue acotar la extensión de la superficie sembrada, es decir menos hectáreas tendrán subsidio, que influye en el incumplimiento en los pagos de los créditos bancarios solicitados por los productores. Por otro lado, bajo la premisa ya muy socorrida de “primero los pobres”, el Gobierno está arriesgando una porción de los recursos del erario federal al adelantarlos a los campesinos del sureste del país para que lleven a cabo la siembra de frijol y maíz en sus parcelas. Si bien es cierto es uno de los estratos sociales más desvalidos de la nación, eso de ninguna manera justifica que no se tenga que llevar a cabo una adecuada supervisión del debido uso de los recursos, que se utilicen, para lo que fueron planeados.

Independientemente del trasfondo ideológico, que incide para quitar o añadir beneficiarios agrícolas al padrón federal, las estadísticas señalan que México es un importador de granos básicos, y paradójicamente de un tipo de maíz, a pesar de ser un producto de origen nacional. Lo importante es subsidiar, al menos en este sector, a los agricultores que contribuyan con su trabajo al aumento de la producción nacional; y buscar otro tipo de apoyos para los que viven de la agricultura de autoconsumo.

Es una tradición en muchos países -desconozco cuál es su origen- el realizar una evaluación del desempeño de los gobiernos durante los primeros 100 días de su gestión. Desde luego que es un periodo muy corto para formular un diagnóstico certero, pero al menos puede contribuir para conocer el tipo de políticas que están formulando, el desempeño incipiente de los funcionarios que conforman el gabinete presidencial y la visión que desean tener del país, al menos durante el tiempo que les corresponde gobernar. Dadas las limitantes mencionadas, se puede decir que el desenvolvimiento del Gobierno del presidente López Obrador ha sido de claroscuros.

Una parte loable de su política la ha centrado en combatir la corrupción y la más llamativa ha sido la lucha contra el robo de combustibles de Pemex. Aunque se ignora si se está (o ya se tiene) elaborando una estrategia de mediano y largo plazo para combatirlo, las acciones que se han visto hasta la fecha no responden a un plan estructurado de mediano y largo plazo. Otro elemento positivo, y que también le ha acarreado popularidad entre la población, es el recorte de sueldos de los altos funcionarios públicos y la cancelación de las pensiones a los expresidentes de la República. No obstante, su impacto ha sido más sicológico que de ahorros significativos en el presupuesto.

En resumen, se puede decir que tiene una aprobación aceptable entre los votantes que sufragaron por él. Es decir, la parte política la ha sabido administrar a través del manejo con astucia de los medios de comunicación, señalando reiterativamente los errores del pasado, en especial del modelo neoliberal, y magnificando los pírricos logros de su cuarta transformación, como la subasta de parte del equipo de transporte del Gobierno federal o el cambio de sede de las dependencias públicas.

En cambio, en el aspecto económico, sus políticas han sido de opinión muy reservada. Una muestra palpable de ello se dio en la gira que efectuó la semana pasada por Sonora y Chihuahua, cuando un periodista le preguntó al Primer Mandatario sobre cómo iba la economía del país. La respuesta que dio dejó atónitos a más de una decena de especialistas en Economía: simplemente se limitó a decir que se desempeñaba muy bien, que como México no había dos. A primera vista parece que estaba bromeando y que tomaba a manera de chunga lo que decía. Pero lamentablemente no fue así, lo dijo con toda seriedad, lo que implica que sigue creyendo que sus presentaciones en público mantienen el sello de la campaña por la Presidencia, llenas de promesas y demagogia, por lo que no corresponden a la investidura de un presidente de la República, informado y con alta responsabilidad ante la nación.

La desconfianza que priva en los sectores que manejan la inversión en este país y en el extranjero ya no se limita a esperar que las cosas puedan mejorar con algunas rectificaciones en el diseño de la política económica que salgan del jefe del gabinete, Alfonso Romo, sino que los grandes capitales empiezan a abandonar el país y la inversión privada nacional y extranjera no llega. La cancelación del aeropuerto en Texcoco y las descalificaciones que se han hecho a las calificadoras internacionales no abonan en absoluto a mejorar la imagen de México ante el mundo. Una característica de la personalidad del Presidente es la obstinación en sus creencias, que las mantiene, a pesar de lo que le aconsejan sus asesores económicos. De no cambiar la informal manera de expresarse y recentrar su discurso económico, pronto estaremos al borde de una recesión.

Uno de los graves problemas que enfrenta el mundo subdesarrollado, particularmente algunos países de Medio Oriente,  África y Latinoamérica, es su capacidad de producción agrícola, que además de los estragos que sufre por el cambio climático, ahora enfrenta otro fenómeno relativamente nuevo, que tiene que ver con grupos armados que tienen como objetivo destruir los campos agrícolas, o apoderarse de ellos, para explotarlos. Lamentablemente, los países que fueron colonias europeas en siglos pasados han sido los más afectados por esa nueva guerra silenciosa por la disputa de materias primas y recursos naturales.

Aunque en México ya se tuvo un caso de conflicto por el control de la distribución del agua potable en una ciudad del estado de Morelos (en donde los recursos monetarios que generaba llamaron la atención de un grupo armado), por la información que se ha publicado hasta ahora, sucesos similares no se han repetido, lo que de ninguna manera asegura que no existan otros casos en la República parecidos al mencionado. Más al sur del continente, en Colombia, grupos paramilitares se apoderaban de la explotación de la palma africana, contratados por terratenientes de la región para custodiar la producción de esa planta (Eco portal Net).

En donde han llegado a la barbarie es en países como Yemen y Palestina. Hace algún tiempo, el informe Estrategias de la Coalición en la Guerra de Yemen reportaba que los campos agrícolas eran los objetivos de bombardeos y ataques con misiles. La perversa estrategia por la lucha en el poder era destruir las fuentes de alimentación de la población (se calcula que 75% de ella es víctima de hambre y desnutrición) y para aislarla del resto del mundo se tiene militarmente bloqueado el puerto marítimo por donde ingresan las importaciones al país. Con ello, el éxodo de migrantes se multiplica hacia ciudades del viejo continente: los países europeos han mantenido una política de asilo al migrante, muy estricta y selectiva, a pesar de que históricamente ellos son corresponsables de las revueltas y guerras internas que suceden en sus excolonias.

Esos ejemplos traen a la memoria la célebre frase de un político mexicano de antaño: lograr la soberanía alimentaria de México, mediante la intervención del Gobierno en la producción agrícola. Durante la década de los 70, y principios de la siguiente, se estructuró un programa que permitía a los agricultores que usufructuaban el ejido -es decir, la llamada, tiempo después, agricultura social, que no dependía del riego de pozos hídricos, sino de la temporalidad de las lluvias- acceder con sus productos a una especie de sui generis mercado que era regulado por Conasupo, dependencia estatal que fijaba los precios (compra) de garantía de los principales productos del campo, que generalmente eran diferentes a los precios del mercado.

Durante algunos años el sistema funcionó, particularmente en incrementar los niveles de producción, porque la derrama económica no fue suficiente para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, no hay que perder de vista que todavía no se firmaba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. La economía mexicana permanecía en muchos sectores aislada del comercio exterior. Con la firma del mencionado acuerdo,  las condiciones para la agricultura nacional han cambiado diametralmente, el campo requiere de nuevos esquemas que consideren las nuevas formas de producir, en donde la tecnología juega un papel preponderante en la mejora de la productividad rural.   

Desde que inició la Administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, ha estado en la palestra por las críticas y señalamientos de periodistas y expertos en materia de energía.

Desde hace varios decenios, la exportación de petróleo fue una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno federal (estimaciones conservadoras calculaban que más de 40% de lo recaudado por la administración hacendaria provenía de Pemex). Las coyunturas que se presentaron como el descubrimiento de grandes mantos petrolíferos (Cantarell) y el aumento en los precios internacionales del crudo permitieron encubrir los problemas estructurales que padecía la empresa.

Si bien es cierto Pemex fue desatendida en el pasado, con severos recortes presupuestales, descuidando la financiación de nuevos proyectos para exploración, mantenimiento y modernización de las refinerías, ello, de ninguna manera, justificó que nunca se pensara en su reestructuración. Siempre se dejó de lado el poder desmedido de su sindicato, su desproporcional endeudamiento, sus pasivos laborales y baja productividad de sus trabajadores. Infortunadamente, siempre se consideró como un alfil político del Gobierno, que acomodaba a sus dirigentes sindicales y directores de acuerdo con su beneficio político, sin importar en lo más mínimo su rentabilidad económica.

En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se trató de paliar la situación financiera de la empresa mediante la reforma energética, utilizando a la inversión privada (compañías internacionales) para sustituir algunas funciones que en el pasado hacía. Ya en los círculos del poder se sabía de su deplorable situación financiera y se quiso tirar un salvavidas a la otrora paraestatal para su supervivencia, lo que se acompañó con la creación de un esquema de gobierno en donde asesores independientes intervinieran, a través de un consejo, en las decisiones que tomara la empresa. En otros términos, se buscó la descentralización del poder. Es probable que la propuesta que se tenía fuera factible económicamente, pero desde mi punto de vista fue tardía y no alcanzó a madurar bajo el régimen del PRI.

El problema de los malos manejos de los recursos públicos ha estado presente desde su creación. Se comenta que el único director que ha tenido Pemex, y que sabía sobre petróleo, fue Jorge Serrano, quien irónicamente terminó en prisión.

Fuera de ese personaje, el resto de los nombramientos han sido por amistad o intereses con el Presidente del país en turno. Históricamente y por desgracia, en esta nación la mayoría de las empresas públicas no ha sido bien administrada; culturalmente se asocia lo público con dispendio e ineficiencia económica. El sentido social que se pudiera tener rápidamente se diluye en malos servicios y bancarrotas.

Actualmente, la evolución tecnológica que se presenta con la utilización de energías alternas que sustituyan a las fósiles hace del petróleo un bien que, tal vez en el mediano plazo, empezará a perder relevancia en la industria. La globalización económica y financiera ha borrado en el mundo los proyectos nacionalistas, que estuvieron de “moda” a principios del siglo pasado. Los dos factores mencionados son realidades ineludibles que debe enfrentar la presente Administración federal, que diametralmente se oponen a las políticas que se están formulando para sacar de la crisis a Pemex. Recortarle impuestos y aumentar subsidios no resuelve el problema. Se requieren estrategias que la hagan competitiva en un contexto económico global cada día más complejo.

El término “nini” es un acrónimo castellanizado, relativamente nuevo en nuestro idioma. Apareció por primera vez en el siglo pasado, ya casi a finales del mismo, en Inglaterra. Se denotaba como “Not in Employment  Education or Training” (NEET) para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Como el apreciado lector identificará, no es sólo un problema exclusivo de México, sino de la mayoría de los países, lo que varía es la proporción de jóvenes que pasan por esta situación con respecto a la población total de cada país. De los grupos etarios de 15 a 24 años del mundo, de estos la cifra más alta de ninis se encuentra en los países ubicados en Oriente Medio y norte de África. Para 2010, en América Latina y el Caribe la cifra fue de 20.3%, por debajo de la media mundial.

Hay una correlación positiva entre oportunidades de estudio y trabajo con el dinamismo y crecimiento de la economía: a mayor ingreso per cápita del país, menor cantidad de ninis. No obstante, desde ya hace varios años los gobiernos de estos países han formulado programas para atender a esa población vulnerable. Sobresalen Alemania y Estados Unidos, que según la evidencia empírica, lo que han hecho para atender a este tipo de jóvenes ha funcionado bien, no han sido en balde los recursos públicos empleados, pues los resultados se han reflejado en un aumento de los cuadros con capacitación y estudio. En el vecino país del norte en particular, el objetivo es que los jóvenes no abandonen sus estudios por razones económicas.

En México, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es administrado por el Gobierno para capacitar laboralmente a los jóvenes, o también a aquellos interesados en seguir estudiando en alguna institución educativa pública. Lo que se ha implementado en el país es una adaptación y aculturación de los programas del extranjero sobre los ninis, de tal suerte que es uno de los programas sociales que más recursos absorben del erario: se estima que obtiene una bolsa de más de 100 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

La estructura operativa del programa será manejada por las secretarías del Trabajo y Educación Pública: la primera capacitará en aspectos laborales a 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, remunerándolos con una beca mensual de 3 mil 600 pesos, mientras que la otra dependencia solamente apoyará a 300 mil jóvenes con 2 mil 400 pesos por mes para que se incorporen a vida académica. La contraparte empresarial y educativa estará a cargo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Concamin, Canacintra y Coparmex, así como del Instituto Politécnico Nacional, Conalep y el Colegio de México. Como entes supranacionales participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unicef.

Las intenciones del Gobierno son aceptables, pues se trata de impulsar el desarrollo de los jóvenes, sin embargo, parece un programa todavía susceptible de mejorarse porque no dice mucho sobre el tiempo que durará la beca, en el caso de los estudiantes, y qué requisitos se les pedirán que cumplan al estar subsidiada su manutención. Otro aspecto importante es el estudio socioeconómico que guardan los ninis en México, al parecer no pertenecen a las clases sociales más desprotegidas, sino que se mantienen en un estatus económico medio y bajo, en donde logran sobrevivir gracias al apoyo de sus padres o de algún familiar. Las clases más populares, generalmente, se encuentran laborando en la economía informal, muchas veces en actividades ilícitas que lamentablemente nutren a las organizaciones del crimen organizado.      

Antes de 1970, el modelo económico que seguía el país, que era similar al que llevaban otros estados latinoamericanos, funcionaba aceptablemente porque el contexto mundial también lo favorecía, los avances tecnológicos no eran tan vertiginosos como en la actualidad, lo que permitía una mayor “independencia” de los países con respecto al comercio y flujo de capitales con el resto del mundo. En ese lejano entonces, el Gobierno emanado del PRI tenía una gran injerencia en el crecimiento económico y una de sus mayores intervenciones era a través de la inversión pública, que contribuía a que la tasa del PIB fuera en promedio mayor a 5% anual.

Para la clase media alta y alta mexicana fue una época dorada, particularmente por el amplio poder de compra que tenía el salario o ingreso personal; la moneda mexicana incluso se utilizaba en los contratos de préstamos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y España. La rectoría del Estado llegaba hasta los extremos de poseer salas de cine que administraba, y subsidiaba, aunque nunca representaron una competencia fuerte para los cinemas privados porque estaban destinadas a un sector muy específico de la población. La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trata de retomar algunas de aquellas políticas públicas exitosas a pesar de las grandes diferencias económicas mundiales que existen entre aquel nostálgico pasado (para algunos adultos mayores) y el contexto presente.

En relación con ello está el subsidio al que se comprometió otorgar el Gobierno (anterior) de la Ciudad de México para que el Gran Premio de México de Fórmula 1 se lleve a cabo anualmente; el contrato estipulado tiene una vigencia de 5 años, de 2015 a 2019 y la aportación pública anual para la carrera es de alrededor de 400 millones de pesos. No obstante, la actual Administración de la ciudad parece ser no está dispuesta a renovarlo en 2020. Para la nueva jefa de gobierno es un gasto oneroso y prefiere canalizar esos recursos a otros fines, aunque no necesariamente se apliquen en la capital. Se habla de que esos recursos podrían encauzarse en apoyo de la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, el efecto multiplicador que ha tenido la “inversión pública” en la competencia automovilística también debe tomarse en cuenta en la decisión gubernamental. Según algunas agencias especializadas en administración y mercadotecnia, los beneficios económicos en cuanto a consumo de bienes y servicios turísticos fue mucho mayor que el subsidio estatal. En otras palabras, el evento ha sido rentable para el sector comercio, e indirectamente también incrementa la recaudación pública. Este caso nos recuerda el de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, particularmente por el trasfondo político que tiene.

En las políticas públicas que ha formulado el actual Gobierno federal se aprecia una separación grave entre lo político, técnico y económico cuando se proyecta alguna obra o evento. Tal parece que los criterios que privan en el Gobierno son presidencialistas, se forjan en ideologías y creencias muy particulares, desfasadas de la realidad nacional y que desatienden las opiniones de los especialistas. Los secretarios de Turismo y Economía hasta la fecha no han externado su opinión sobre el tema de la Fórmula 1. Tal parece que regresamos a los tiempos del viejo PRI, cuando la figura del Presidente era intocable y no tenía contrapesos en su forma de gobernar.

Reunido ya desde hace varias décadas en Davos, Suiza, cada año un grupo de políticos, empresarios y líderes de organizaciones mundiales y regionales (como la ONU, el FMI y la Cepal) y algunas de carácter civil discuten los problemas más apremiantes que enfrenta la economía mundial; en esta ocasión la delegación mexicana no estuvo encabezada por el Presidente de la República. A este tipo de encuentros les han llamado pomposamente Foro Económico Mundial (FEM).

Para los economistas de corte más liberal, las conclusiones a que se llegan en los foros aportan poco al crecimiento de la economía mundial. Han sido más los protagonismos y las recomendaciones que quedan sin compromisos ineludibles que involucren a las potencias mundiales en la solución o mejora de los grandes problemas económicos. Buenas intenciones y muchas tomas fotográficas de todos los participantes porque, sin duda, Davos es un gran escaparate que cubre la prensa internacional. Pero dejando de lado los comentarios de esos respetables editorialistas y analistas económicos, mencionaremos brevemente el panorama económico que esbozaron para los dos próximos años los asistentes a la reunión 49 del FEM.

Desaceleración de la economía mundial. Previo a la citada reunión se estimaba una tasa del PIB mundial cercana a 4%, impulsada por el crecimiento de los intercambios comerciales entre los países. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un ajuste a la baja estableciéndola en 3.5%, particularmente por el proteccionismo comercial que ha empezado a surgir en Estados Unidos y China, que ha ocasionado la determinación unilateral de aranceles a las importaciones que realizan entre ambos. Desde mi punto de vista, se trata de cubrir las deficiencias en los niveles de productividad laboral atribuidas a la baja especialidad tecnológica de los trabajadores estadunidenses, mediante las restricciones a los flujos comerciales procedentes de China; sin embargo, el comercio internacional es el culpable del desempleo y la desigualdad en ese país hegemónico.

Desde la asunción del presidente Donald Trump, y siguiendo sus promesas de campaña, las políticas comerciales que ha formulado han erosionado, o mejor dicho ralentizado, el crecimiento de varias economías del planeta, entre ellas la china, que en 2018 no rebasó el 7%, nivel que es excelente para cualquier nación del mundo excepto para la asiática por el volumen de su población, niveles de pobreza y desigualdad. Esa desaceleración de sus exportaciones ha ocasionado un replanteamiento de su modelo de crecimiento, dándole ahora una orientación hacia el mercado interno para incrementar el consumo, sobre todo de las poblaciones alejadas de las costas y de la capital.

En el caso de México, la autorización del Congreso de EU al Tratado México, Estados Unidos y Canadá sigue en riesgo, y junto con las migraciones desde Centroamérica tensa aún más la relación política y económica con el vecino del norte, que seguramente se reflejará en un menor crecimiento de la economía mexicana en 2019, probablemente inferior a 2 por ciento.

Cambio climático. Es un fenómeno natural que al parecer ya se está tomando en cuenta por las naciones industrializadas. La capacidad de la Tierra en producción de recursos naturales y absorción de los gases tóxicos generados por el crecimiento económico está ya superada. No obstante, no se definieron políticas ambientales que fortalezcan los acuerdos que se tienen sobre este urgente tema. Para 2020, las perspectivas económicas mundiales son mucho más desfavorables, inclusive se llegó a aventurar una nada remota posible recesión económica, lo que complicaría todavía más el entorno para la economía de México y su novel Gobierno.                          

La pobreza en el mundo sigue siendo un oneroso lastre que los gobiernos no han podido disminuir aceleradamente; su tasa continúa siendo elevada en relación con el resto de las clases sociales que conforman las economías. En Latinoamérica, según reporta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza ha crecido si se compara con la que existía en 2015, particularmente la pobreza extrema. Se estima, según esa fuente, que 62 millones de personas se encontraban en esa lamentable situación en 2017, y si se consideran otros factores que vayan más allá de la alimentación, la cifra llegó a 184 millones de pobres, que representaron 30.2% de la población del subcontinente americano. Cantidad nada despreciable, pues de cada 100 ciudadanos, alrededor de 30 tenían algún tipo de carestía elemental, lo que muestra el fracaso de las políticas públicas para tratar de erradicarla.

Algo paradójico es que lo que destinaron los gobiernos en América Latina a programas sociales fue 51.4% de su gasto público en 2016, y el gasto social “invertido” en promedio en cada ciudadano de la región pasó de aproximadamente 447 dólares, a alrededor de 894 dólares, en un periodo que se considera como mediano plazo de 2002 a 2016. Y si se mide la participación social del gobierno en el PIB, alcanzó más de 10% de ese indicador, el más alto desde 2002. (Fuente CEPAL).

Según los datos que reportan los países, el problema anterior tiene varias lecturas, pero revisemos solamente dos. La primera puede indicar que la cantidad de recursos invertida sea insuficiente, o que no llegue completa a los grupos marginados; si se dan malos manejos en la administración de los fondos, amerita una mejor fiscalización de los recursos públicos, en caso contrario el problema se agudiza porque el estado no tiene la capacidad de hacerlo, a menos que lleve una profunda reforma fiscal que no contemple sólo la recaudación, sino que tenga un carácter redistributivo de recursos entre la población.

La otra lectura, que parece la más asertiva, de acuerdo con la idiosincrasia del latinoamericano, es que la forma en que el Estado combate la pobreza no es la indicada. Subsidios, transferencias, becas a fondos perdidos y un extenso etcétera sólo fomentan la dependencia paternalista del Gobierno y el potencial creativo y técnico del ciudadano se minimiza, lo que no resuelve el problema, o en el mejor de los casos lo aplaza.

A pesar de que América Latina ha sido un gran laboratorio que ha probado casi todo tipo de regímenes, desde populistas hasta dictaduras militares, pasando por incipientes democracias, ninguno ha logrado crear y mantener una economía competitiva que se distinga por atacar frontalmente la marginación y la pobreza de la población. Quizá con excepción de Brasil y México, el resto de naciones ha mantenido un modelo económico sustentado en la extracción depredadora de recursos naturales y materias primas que venden a los países industrializados, siendo marginal el valor agregado que generan sus exportaciones.

Con los adelantos tecnológicos el panorama parece complicarse aún más para el territorio que fue conquistado por españoles y portugueses hace varios siglos. Los avances han llevado a que prive la economía del conocimiento sobre los modelos tradicionales sustentados en la manufactura y en la Inversión Extranjera Directa (IED). El desplazamiento paulatino, pero sin receso, de desplazados o migrantes que abandonan su terruño por condiciones de violencia y/o falta de oportunidades de empleo y superación personal, es otra evidencia de lo urgente que es encontrar el modelo económico que exige la tercera década del tercer milenio, que estamos por vislumbrar en un futuro muy cercano.           

Es extraña la forma de entender del actual Presidente de la República de cómo lograr detonar el desarrollo económico y social del país. No se sabe qué modelo quiere seguir o simplemente se trata de satisfacer las necesidades más sentidas del pueblo, en función de políticas populares sin un sustento económico sólido, porque las experiencias exitosas que se han tenido en el ámbito internacional se han respaldado en tres pilares: productividad laboral e innovación; inversión nacional y extranjera, y la participación responsable del Gobierno como garante de la democracia y el derecho de la propiedad privada, así como regulador y proveedor de infraestructura y equipo, variables económicas que no parecen apoyarse en el paquete económico 2019 aprobado por el Congreso de la Unión.

Los casos más destacados y que ya se han convertido en ejemplos clásicos que casi siempre mencionan los estudiosos del crecimiento económico son los países del sureste asiático, especialmente Corea del Sur y Hong Kong, que a pasar de manejarse con modelos económicos diferentes, han utilizado los mismos instrumentos de política económica, aunque por supuesto con distintos matices y estrategias. Con excepción de la democracia y sus implicaciones, China también ha utilizado el mismo bagaje, que adecuó a su gobierno no capitalista.

Es totalmente inviable sostener las actividades económicas en territorio nacional mediante un proyecto que no considere la participación de las economías industrializadas, particularmente la intervención de los capitales financieros en los sectores productivos nacionales. Esto viene a propósito de la incertidumbre que está originando en los inversionistas la falta de claridad y congruencia en la cartera de proyectos que quiere llevar a cabo el Primer Mandatario en el sureste del país.

Una muestra es el siguiente caso: al menos para muchos expertos en el tema de planificación regional causó sorpresa cómo configuró el Gobierno el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Si bien es cierto las obras que se proponen para unir los dos océanos no sólo son necesarias sino estratégicas (aunque desde hace mucho tiempo se habían planeado, y algunas de ellas ya existían, aunque faltaría modernizarlas), la forma en que se quieren financiar, es lo que se cuestiona.

El aumento de la capacidad de carga de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la adecuación de las vías ferroviarias y terrestres, representan inversiones en la que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo podrán participar empresas nacionales, justificando su decisión en el aseguramiento de la soberanía nacional, que se pondría en riesgo con la intervención de capital extranjero. Lamentablemente, el ahorro de las familias mexicanas es insuficiente para financiar proyectos de gran envergadura, asumiendo, teóricamente que lo que se ahorra en la banca comercial, esta lo preste a las compañías constructoras. Además, habría que preguntarse si los proyectos que se plantean para esa zona serán rentables para el sector privado nacional. Por lo pronto, el Gobierno destinará 8 mil millones de pesos este año para el arranque de las obras.

La visión tan sui generis que se tiene del desarrollo del país, no solamente es idílica, sino utópica. Mezclar políticas del pasado, que por el contexto nacional e internacional de aquella época fueron exitosas, con instrumentos contemporáneos de subsidios y transferencias, que transfieren recursos provenientes de recortes a programas sociales y de empleos públicos a obras que se plantearon en la plataforma electoral, es un juego peligroso, de suma cero, que lo que sí pone en riesgo es el crecimiento económico del país, que quizá no llegue al 2% estimado en 2019, y por otra parte se dilapidan millones de dólares por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, a través del pago anticipado de los bonos a los inversionistas extranjeros, que se cubrirían con los propios recursos que generaría esa magna obra. Los caprichos y ocurrencias se están convirtiendo en la política pública de este Gobierno.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acaba de publicar un estudio que revela el poder monopólico que todavía se da en la economía nacional: la carencia o poca competencia en los mercados hace que los consumidores paguen un sobreprecio por los artículos que adquieren. Se confirma así uno de los postulados de la economía clásica: entre menos competidores se encuentren ofertando productos, los márgenes de ganancia para los productores y distribuidores serán superiores a los que se fijan en otras economías más competitivas, pero similares en volumen a la mexicana, manejos que desde antaño han sido criticados por los economistas ortodoxos.

Para algunos, los desequilibrios en los mercados no son otra cosa que fallas que el Gobierno debe combatir en su papel exclusivamente de regulador. La mundialización del comercio, mediante la importación de artículos similares a los que se producen en México, no ha sido suficiente para abandonar estas viejas prácticas; tal parece que han venido en aumento por el encarecimiento de varias divisas sobre el peso, en particular, la depreciación frente al dólar estadunidense.

Los datos que da a conocer la Cofece sobre el poder de mercado son significativos especialmente porque afectan a las clases económicas más populares. Los más pobres, ubicados en los primeros deciles del ranking estadístico de ingreso, llegan a pagar hasta 31 pesos de sobreprecio por cada 100 pesos de percepciones salariales que genera la familia por el trabajo. En cambio, en las posiciones económicas más holgadas la cantidad de sobrepago disminuye drásticamente hasta alrededor de 6 pesos, simplemente por el hecho de vivir en zonas mejor equipadas y por la facilidad de transportarse a otros sectores geográficos con mejores servicios y productos sustitutos.

Entre los postulados que maneja la teoría económica sobre precios y tarifas habla de que estos deben determinarse por los costos que tienen los servicios energéticos, materias primas, insumos, trabajo, entre otros, utilizados en el proceso de fabricación o prestación de bienes y servicios, pero no habla de ganancias extraordinarias que se dan al elevar los precios por la escasez de competidores o su plena inexistencia.

Una de las desventajas que han tenido las economías subdesarrolladas, y en menor escala las desarrolladas, ante la globalización, o mejor dicho como consecuencia de la misma, ha sido la compra de empresas por inversionistas extranjeros o la fusión de las mismas por empresarios nacionales o internacionales. En ese sentido, la concentración ha sido a escala planetaria, pero se agudiza en países como México por la composición de su estructura económica porque el poder de mercado es inmune a que las empresas monopólicas pierdan consumidores, ya que estos no tienen más opciones de compra, es decir otros establecimientos en donde satisfacer sus demandas primarias.

Además, se presentan otros factores que favorecen tales prácticas monopólicas, entre ellos, la integración vertical, aunque paulatina, de las empresas cuasimonopólicas, que tratan de cubrir todos los requerimientos de los bienes y servicios que les demanda la población. Uno de los mercados más concentrados en este país es el farmacéutico, que es dominado por firmas extranjeras que aprovechan en gran manera la rentabilidad que obtienen por las patentes y  licencias logradas por sus descubrimientos e innovaciones en el terreno de la investigación y desarrollo en la mejora de la salud.

Han causado sorpresa y desconfianza entre un sector de la población mexicana las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, que han pernoctado en México para tratar de llegar a Estados Unidos. Los más escépticos dudan de la espontaneidad del movimiento migrante, pues consideran que fueron organizados por grupos políticos que tratan de lucrar con la pobreza y desigualdad de la población de aquella región. Sin embargo, un elemento contrario a la tesis anterior, históricamente, ha sido el diferencial en el PIB per cápita entre el conjunto de naciones expulsoras de población centroamericana y la economía mexicana, que hasta nuestros días sigue siendo significativo. Y, por supuesto, si se compara ese indicador regional con el de Estados Unidos, las asimetrías aumentan enormemente.

Desde la perspectiva puramente económica, los éxodos de población encuentran una explicación que no necesariamente obedece a intereses ajenos al de los grupos, sino a la mejora de la calidad de vida; no obstante, se presentan otros factores de índole política y social que obstaculizan el anhelado sueño americano y que nos llevan a reflexionar sobre este controvertido tema. Cada época tuvo sus propias características, algunas poblaciones abandonaron sus lugares de origen por prolongadas sequías y grandes hambrunas que las obligaron a buscar nuevos horizontes, pero en casi todas ellas estuvo de por medio la sobrevivencia del hombre, así que, desde luego, no es un fenómeno socioeconómico reciente.

El factor político generalmente se subordina al económico. La política del Presidente de Estados Unidos ha sido de rechazo a todos los extranjeros que pretenden aportar su fuerza de trabajo mediante su estancia temporal o definitiva en el país que gobierna, sin embargo, esa actitud xenofóbica casi siempre se modula por los requerimientos de mano de obra. Mientras la economía tenga la capacidad de absorber a los migrantes, las tensiones étnicas y raciales disminuirán, pero, lamentablemente, las condiciones actuales de la economía estadunidense no son las ideales. Fue precisamente el elevado índice de desempleo de la población blanca, que trabajó en el sector industrial, lo que ayudó al triunfo electoral de Donald Trump; el otrora candidato, hábilmente atribuyó a la población latina, independientemente de su estatus legal de residencia, el que el anglosajón estuviera fuera de la economía productiva, es decir, sin trabajo. Si se realiza un análisis racional del desempleo americano, aparecen otros factores que también están influyendo, como la automatización y la escasez de perfiles de trabajo que demanda la nueva economía.

La ideología dominante. Quizá este elemento condicione a la política en su proceder, pero es también muy antigua la tendencia del ciudadano estadunidense de ascendencia anglosajona a subestimar y marginar a sus conciudadanos con tez y cultura diferentes a las de él. Prevalecen agazapados prejuicios que se manifestaban abiertamente en la segregación racial de hace varios siglos, que se adicionan, o mejor dicho, que son independientes de la bonanza o debacle económica por la cual esté pasando la sociedad estadunidense.

La preparación académica e intelectual de las migraciones. Hace varias décadas el Gobierno mexicano recibió a los llamados refugiados españoles, que sólo se menciona como ilustración anecdótica de la diferencia de perfiles de los flujos migratorios, ya que los motivos que obligaron a salir a los españoles de su país son totalmente distintos a los de los hondureños y demás habitantes de Centroamérica que, teóricamente, están de paso por México, pues su pretendido destino final es Estados Unidos.

Características de las migraciones: el caso centroamericano. Los medios masivos de comunicación han reportado las tensiones sociales que se están generando por la llegada de los migrantes al país. Es muy complejo, o casi imposible, que las naciones receptoras de migrantes indocumentados manejen un censo que registre los antecedentes de los mismos, y con ello formular políticas de aceptación o rechazo.

Todavía faltan algunas semanas para que el presidente electo de la República tome posesión como mandatario constitucional, y las decisiones y acciones que ha tomado, aún antes de que llegue al poder, han causado volatilidad en los mercados bursátil y cambiario. La desconfianza de los hombres del dinero en la marcha de su Administración inició desde la consulta popular que se llevó a cabo para que “el pueblo” decidiera sobre la factibilidad o no de la construcción del aeropuerto en la antigua zona lacustre de Texcoco.

Al decidir una minoría de votantes -en relación con la población en edad de votar del país- la cancelación de la obra aeroportuaria, el nerviosismo se reflejó en los mercados financieros y de pensiones, y uno de los ejemplos más palpables fue el de las Afores, específicamente aquellas que participaban en la financiación de la magna obra: los trabajadores adscritos a esos fondos pensionarios presentaron minusvalías en sus cuentas de ahorro para el retiro, y también indirectamente, eso influyó para que la moneda nacional acelerara su depreciación frente al dólar.

La otra propuesta que cimbró a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una caída de alrededor de 5%, ya no provino de la sociedad, sino del Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores fue la encargada, a través de un senador del partido que postuló al Lic. Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa pretende eliminar las comisiones que cobran las instituciones bancarias a los usuarios por considerarlas elevadas en relación con las que se aplican en países donde se localizan las matrices de las filiales extranjeras ubicadas en México.

Aunque la propuesta no carece de razón, desde una perspectiva eminentemente social, se realizó en forma intempestiva y sin consultar a las instituciones reguladoras del sistema financiero nacional: Banco de México; Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras. Lo extraño fue que el propio presidente electo dio marcha atrás a la pretensión que apoyaban los senadores de su propio partido, a pesar de que favorecería a un sector de la población que maneja algún tipo de producto bancario. Esa actitud, sin duda, es una manifestación más de las inconsistencias que infortunadamente se han dado, y que seguramente se verán durante el próximo sexenio.

La fugaz ruptura entre el presidente electo y su partido político en la toma de decisiones ocasionó que salieran del país inversiones extranjeras cuantificadas en varias decenas de millones de dólares, pero lo más grave es la desconfianza que comienza a generar su probable forma de gobernar. Los economistas ortodoxos empiezan a especular sobre el regreso de las políticas de control de precios que se dieron durante los años 70 en el país y que causaron graves desequilibrios económicos y sociales.

A la luz de la fracasada reforma bancaria, han surgido varios argumentos a favor y en contra de la prohibición de las comisiones: para algunos el impuesto que generan afectaría las finanzas gubernamentales; en cambio, para otros, los ahorros que podrían conseguir los consumidores bancarios, particularmente inversionistas, los podrían utilizar en la compra de otros productos que relativamente compensen lo que dejaría de percibir el fisco.

Por otro lado, el índice de crédito bancario en México es relativamente bajo, por ejemplo, si se compara con el de los países europeos, y eso limita los ingresos bancarios. Hay que recordar que el negocio de cualquier banco comercial es prestar dinero, al acotarse los beneficios por la vía del crédito, buscan generar más ganancias mediante el cobro de comisiones. Sin embargo, es explicable que las tasas de crédito en México crezcan muy por debajo de la media europea, simplemente por lo elevado de los réditos que fija la banca a sus clientes. Lo lamentable fue que por errores de manejo, o quizá de ignorancia, se haya perdido la oportunidad de moderar las lucrativas ganancias de los bancos en el país.   

Nadie en su justo sentido de razón puede negar que el consumo del agua potable sea fundamental para que la humanidad pueda sobrevivir, y alcanzar mejores niveles de salud y bienestar. De ahí la importancia del tipo de administración (pública o privada) con que se maneje el vital líquido. Durante muchos años los servicios hídricos fueron atendidos por los gobiernos municipales del país, y a pesar de que sigue prevaleciendo la administración pública del agua, han surgido algunos casos de ciudades en donde este servicio a ha sido concesionado a compañías privadas por determinado tiempo. Desde luego se presentan diferentes formas de operar y una de ellas es la que se dio entre el municipio de Saltillo y Aguas de Barcelona, desde hace ya varios años: el alcalde en turno preside el consejo que autoriza las políticas a seguir para que llegue con regularidad el agua a las viviendas de los saltillenses.

Para tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible sobre cuál régimen de suministro conviene más a la ciudadanía, es indudable que se requiere una investigación a nivel macro, que refleje el grado de satisfacción de los usuarios con el que valoran el servicio que reciben. Y ese estudio escapa a los alcances de este artículo. No obstante, conviene hacer algunas matizaciones sobre el uso del agua, sobre todo desde la perspectiva económica.

Si bien es cierto que el agua es un derecho social dado su valor intrínseco trascendental, por lo que todo ciudadano debería tener acceso a ella, por las condiciones imperantes en la economía nacional, y en casi todo el subcontinente latinoamericano, es muy difícil que eso se cumpla, particularmente si se le entrega en forma gratuita. Por ello, se debe considerar un precio por metro cúbico consumido. Otro factor que hay que considerar es el uso del suelo en que se clasifica cada asentamiento y espacio no comercial e industrial, lo que determina las tarifas a cobrar; esas diferencias, si son bien manejadas, influyen para lograr la rentabilidad social o económica de la empresa encargada de proveer el valorado fluido.

El costo de oportunidad. Es innegable que el agua potable, desde un punto de vista comercial o de servicios, sin dejar de lado el uso industrial, representa un costo de oportunidad muy elevado porque es parte de los insumos requeridos para elaborar productos o servicios para la venta al público. El ejemplo más palpable se está viviendo en la Ciudad de México, independientemente del valor incalculable que causó en los espacios habitacionales el corte de agua por las reparaciones y mantenimiento en el sistema Cutzamala.

En el sector productivo, que se conforma por un gran número de comercios y locales de servicio, sí se pueden hacer estimaciones económicas por las pérdidas sufridas al restringir sus ventas o simplemente dejar de operar. Alrededor de 135 mil negocios se fueron al descanso involuntario. Según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), lo que dejaron de percibir los comerciantes afectados por la falta de agua fueron 207 millones de pesos, considerando exclusivamente los pequeños comercios y puestos de fritangas. De ahí se desprende una propuesta que nada tiene de popular, pero que puede ayudar financieramente a mejorar la distribución del agua en las casas habitación: valorar el agua en función de su costo de oportunidad, particularmente cuando se trate del sector productivo.

La zona conurbada Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Hace algunas semanas se dio a conocer que la compañía, responsable del suministro de agua potable a Ramos Arizpe tiene desequilibrios en sus finanzas, los que, particularmente, según se dijo, se deben a la morosidad en los pagos de los clientes. La eficiencia comercial es relativamente baja, lo que debería influir para que los alcaldes de los tres municipios conurbados planteen un sistema integral de agua potable que mejore la eficiencia en la distribución del agua, y disminuya los costos de producción, distribución y comercialización.

La sociedad mexicana está ávida de políticas y acciones de crecimiento económico que redunden en mejores niveles de bienestar, que vengan a paliar los niveles de pobreza y desigualdad que históricamente han existido en el país. Son ya varias décadas en que la capacidad del sector productivo para absorber a los jóvenes que tratan de incorporarse al mercado de  trabajo ha sido insuficiente. La sentencia es lapidaria: mientras no haya un crecimiento más allá de 4% del PIB, la situación socioeconómica de la mayoría de los mexicanos seguirá sin cambio.

De acuerdo con cifras publicadas, en forma adelantada, por el Inegi, la economía nacional creció 0.9% en el tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Lo que influyó para lograr esa cifra fue el desempeño de las actividades terciarias, cuya alza neutralizó el crecimiento negativo de los sectores primario e industrial. Si se amplía la perspectiva de crecimiento a un año de tal indicador, con relación a 2017, se alcanza 2.7%, sin lugar a dudas también una expansión precaria.

Durante el sexenio que está por finalizar, vale la pena señalarlo, la inversión privada y pública no fue el detonante para impulsar las actividades productivas, pues su crecimiento fue muy débil en el país. Y el futuro de la inversión directa del sector empresarial extranjero no se ve esperanzador, particularmente la proveniente de Estados Unidos, debido a las políticas proteccionistas implementadas por el presidente Trump, que regulan y hasta obstaculizan la salida de capitales americanos.

Además, a medida que la economía estadunidense se recupera paulatinamente de la recesión de 2008, las tasas de interés comienzan a subir buscando atraer a los capitales que ahora se van a mercados financieros emergentes como el de México. Sin olvidar las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China, que tensan aún más el ambiente de los negocios.

Por todo lo anterior, la próxima Administración federal no tendrá un panorama muy alentador, especialmente por el entorno económico regional y mundial que se está presentando de poco crecimiento y que podría continuar en el corto y mediano plazo, según estiman el FMI, la OCDE y el Banco Mundial.

Si a lo anterior se añaden las malas decisiones que está tomando el presidente electo sobre política económica, las expectativas de crecimiento, por las vías recomendadas de inversión y productividad, se ven muy lejanas de cumplirse.

Una de esas malas decisiones, que ha empezado a circular en los medios de comunicación, es la incipiente propuesta de modificación a la ley que da autonomía al Banco de México.

Si el Congreso de la Unión aprueba la citada iniciativa, se perdería la independencia que existe en la actualidad entre el banco central y la Secretaría de Hacienda, y el gobernador de Banxico quedaría como un simple empleado del presidente de la República, como sucedía con los regímenes de antaño.

Para algunos políticos y economistas, particularmente de corte no ortodoxo, las reservas internacionales que maneja el Banco de México son una constante tentación para utilizarlas para financiar el desarrollo o al menos para paliar la pobreza a través del consumo, es decir, del diseño de programas sociales.

Aunque ya ninguna moneda o billete en el mundo tiene su respaldo en metales preciosos, como acontecía con el patrón oro -sistema monetario que dejó de utilizarse desde ya hace muchos años-, lo que prevalece ahora es nada más la confianza de los agentes económicos en el dinero como medio de pago, de cuenta y de depósito de valor, por ello se le denomina moneda de curso legal.

No obstante, las reservas tienen una función específica que cumplir: representan un acervo que puede utilizarse en casos de contingencias financieras y, por otra parte -y quizá lo más importante y justificable de la autonomía-, ha sido el mejor método de control de la inflación en las economías desarrolladas durante largos años, entre otros factores.

Como cualquier tópico que se discute en las mesas de café, sin mayor trascendencia, aparece el de la corrupción. Nos hemos acostumbrado tanto a ella, que se ha perdido la capacidad de sorpresa, particularmente cuando se dan a conocer en los medios de comunicación los enriquecimientos inexplicables de los políticos que llegan a ocupar cargos de elección popular en el país. Infortunadamente no es un tema banal, por el alcance que ha tenido y porque no se limita al sector público. Algunos estudiosos del comportamiento social nacional ya la consideran como parte del bagaje cultural del mexicano, que se empieza a “transmitir” e “incubar” desde los primeros años de vida. Se ha vuelto tan común porque es una consecuencia del relajamiento de los principios y valores en las familias, y en muchos casos los factores socioeconómicos han influido para su propagación, como aquel que se propicia por la ausencia de las madres en el hogar, ocupadas atendiendo actividades productivas remuneradas en el mercado laboral.

Si realmente la corrupción es un elemento cultural, entonces es difícil comprender el trasfondo de la frase “el pueblo es sabio y no se equivoca”, muy utilizada por el presidente electo cuando trata de legitimar algunas de sus futuras acciones, que intentará llevar a cabo a partir del 1 de diciembre. A pesar de la confianza que dice tener el Lic. Andrés Manuel López Obrador en la gente, nada ingenuo, ha encargado a un grupo de sus colaboradores que busque especialistas que realicen un estudio sobre el control de los egresos públicos destinados a programas sociales y obra pública, que incorpore tecnologías empleadas en el manejo de los activos virtuales.

La tecnología blockchain es la más utilizada en la compra y venta de criptomonedas, transfiere información simultánea a varios nodos (ordenadores) y tiene la característica de ser difícil de plagiar o robar por los ciberdelincuentes, en virtud de su codificación compleja. Una de sus fortalezas la da la misma difusión de la información, ya que al estar en la red respectiva que forman los nodos, hace muy poco probable que pueda perderse por la inhabilitación de alguno de ellos. Para su funcionamiento no requiere de ningún intermediario, además no puede ser eliminada o corregida. Los analistas la describen como un libro contable, pero digital, en donde se registran los ingresos y egresos. Lo que se pretende es transparentar todas las operaciones que involucren recursos públicos, es decir, que los fondos monetarios lleguen a su destino para los cuales fueron etiquetados, sin ningún tipo de recortes o mermas durante el proceso. Es como una especie de gran fiscal digital, que está al pendiente del flujo impoluto de los dineros públicos.

Otra organización nacional, pero independiente del Gobierno, ha propuesto el uso de una aplicación digital que cumpla con los mismos objetivos que la anterior, haciendo hincapié en que la mayoría de los subsidios que recibe la gente desprotegida económicamente, o los pagos a los contratistas, le llegue a través de una tarjeta de débito. Las transacciones a través de medios de pago electrónicos son mucho más fáciles de rastrear cuando están interconectadas a los bancos comerciales y al SAT. Aunque este medio, tal vez menos sofisticado, no funcionó con los damnificados del sismo de año pasado en los municipios afectados del sureste del país. Las conductas deshonestas aparecieron con la clonación de las tarjetas que legítimamente pertenecían a las víctimas del siniestro.

Quizá los candados y regulaciones más estrictas restrinjan los manejos fraudulentos en el corto plazo, pero siempre estará latente el riesgo de los malos manejos. Por ello, se aprecia como una utopía tropical la propuesta de la próxima administración de “rescatar” una gran cantidad de millones de pesos que se usan en México para comprar voluntades y pagar favores, si generalmente en los acuerdos fuera de la ley están involucrados servidores públicos y sociedad.

Un referente casi obligado para la buena administración pública de la economía de este país, y uso ese adjetivo por la estrecha vinculación que existe, es sin duda el comportamiento de la economía estadunidense, no solamente por ser el principal comprador de las exportaciones de México, sino también por la influencia que ejerce la Reserva Federal en las decisiones que toma el Banco de México (Banxico) en materia de política monetaria, y lamentablemente por ser el mayor proveedor de remesas.

Desde luego, no se olvidan los efectos que puedan producir las recientes políticas fiscales propuestas por el presidente Trump y aprobadas por el Congreso, y una de ellas es que puede llegar a reducir los márgenes de maniobra que tenga el gobierno electo en México en la formulación de la política hacendaria nacional. Además, el caso americano, sin lugar a dudas tiene un carácter pedagógico digno de analizarse, sobre cómo ha reaccionado la economía ante las decisiones fiscales de su Presidente.

La incertidumbre surge porque los próximos funcionarios que estarán manejando las finanzas públicas, o al menos tendrán influencia sobre ellas, han externado opiniones contradictorias sobre el proyecto de egresos que van a presentar a la Cámara de Diputados próximamente. Han dicho que sorprenderá a propios y extraños por el nivel de austeridad que lo caracterizará, y en cambio, otros han comentado que la bolsa presupuestada alcanzará para llevar a cabo todos los proyectos sociales y de infraestructura propuestos. Si se cumple con las promesas de campaña que hizo el candidato electo, estas requieren más recursos, en términos reales, para su ejecución, que lo que han venido manejando históricamente administraciones anteriores, especialmente en programas de subsidios federales a jóvenes y adultos mayores.

El sentido común dice que, entonces, los ingresos recaudados, es decir, la capacidad de cobro, también deberán aumentarse para mantener el equilibrio financiero. Pero al contrario, no se incrementarán, sino se reducirán con la disminución de las tasas recaudatorias en los municipios colindantes con Estados Unidos. Es difícil saber si esta rebaja fiscal fue copiada de lo que hizo el Departamento del Tesoro del país vecino, de bajar los impuestos. Lo que es cierto, por las estadísticas publicadas por esa dependencia, es que a pesar de que la economía yanqui ha crecido en los últimos meses, su déficit fiscal en 2018 ascendió a 779 mil millones de dólares, el mayor desde 2012.

La hipótesis que manejan algunos economistas de que el crecimiento económico que se genera con la disminución impositiva compensará lo que se deja de percibir fiscalmente, no resultó, de ahí que, desde mi punto de vista, deberá reconsiderarse esa propuesta porque de otra manera se tendrá que recurrir al endeudamiento externo, ya que el monto de los ahorros que se tienen estimados al reducir los sueldos de los funcionarios gubernamentales y evitar, o al menos paliar, los malos manejos de los recursos públicos, no equivale a la oquedad fiscal que se originará por la “sui generis” política económica destinada a los estados de la frontera norte.

La economía de Coahuila, como la del resto de entidades fronterizas, se verá afectada. Pero la histórica deuda del Gobierno de Coahuila, que absorbe una gran cantidad de recursos por el solo pago de intereses a los acreedores bancarios, tendrá un mayor peso relativo en el presupuesto estatal cuando se reduzca el IVA y el ISR en localidades como Piedras Negras y Acuña. Habrá menos recursos disponibles para destinarlos al fortalecimiento de los fondos de pensiones, programas sociales, presupuestos universitarios y obra pública, fondos necesarios para mejorar el bienestar de la población. El próximo secretario de Hacienda del gobierno que presidirá López Obrador deberá revisar con cuidado lo que está pasando en Estados Unidos, situación que puede ser didáctica para su incursión en los complicados terrenos de la hacienda pública nacional.    

Hace algunos días se publicó en un artículo periodístico la situación de 10 universidades públicas del país que desde hace años arrastraban pasivos, los cuales fueron incrementándose hasta llegar a un punto insostenible. Actualmente la astringencia de recursos es tan crítica que pone en riesgo la precaria estabilidad financiera, inclusive batallan para conseguir fondos para cubrir los salarios de los trabajadores activos, pensionados y jubilados. Entre ellas se encuentran las de Michoacán, Morelos y Zacatecas.

Infortunadamente, el problema del endeble sostenimiento de la educación pública superior en México no es nuevo ni se limita a esa decena de centros educativos, que muy probablemente sean los primeros en declararse en bancarrota del resto de los que conforman el sistema nacional de universidades, que en el mediano plazo también podrían hacerlo si en este sexenio no se formulan políticas públicas dirigidas a resarcir los déficit financieros, o bien se crea un nuevo modelo universitario en el cual participen otras fuentes de financiamiento, acompañado de nuevos esquemas de pago, respetando en términos generales la gratuidad de la educación, pero con la implementación de tarifas diferenciadas en el pago de los servicios educativos.

Desde la óptica de la macroeconomía, uno de los grandes desafíos que enfrentará el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre serán los desequilibrios financieros por los que atraviesan los sistemas de pensiones y las universidades públicas. Los subsidios federales que han recibido han sido insuficientes para cubrir el cúmulo de necesidades que les permitan cumplir con el objetivo de formar jóvenes competentes para el mercado laboral, académico o de investigación.

Ahora bien, por los cambios hacendarios que ha anunciado el presidente electo, que seguramente pondrá en marcha al llegar al poder, el panorama universitario que se vislumbra no es nada alentador, pues los recursos fiscales recaudados experimentarán una considerable disminución por las rebajas impositivas que se llevarán a cabo en los estados fronterizos del norte del país, lo que sin duda afectará los ingresos gubernamentales, que además de estar muy acotados, no podrán crecer más por la vía del aumento de impuestos ni por la creación de otras tasas de tributación, según el compromiso político asumido en campaña por el otrora candidato a la Presidencia de la República. Desde luego que el Gobierno tiene otras formas de allegarse recursos, mediante la deuda pública y la impresión de dinero a través del Banco de México, pero las cuales irremediablemente, en el mediano plazo, provocarán problemas económicos de dimensiones superiores a los que se tenían antes de optar por ese tipo de políticas monetarias.

El deterioro financiero universitario que se puede avecinar se podría acelerar por varios factores de carácter político y económico que son susceptibles de darse y son más señalados cuando los recursos públicos escasean. Entre otros, se pueden mencionar el incumplimiento de los subsidios de los gobiernos de las entidades federativas a las universidades, que se distribuyen de manera muy irregular y recortada; el ilegal manejo de los recursos públicos, que se hace de manera discrecional, con objetivos totalmente contrarios a la mejora académica; la escasa capacidad de las universidades de obtener recursos por medio de la prestación de servicios al mercado; esquemas de pago de matrículas y exámenes extraordinarios -que se presentan por no acreditar la asignatura correspondiente- obsoletos, planos y desarticulados, que no distinguen entre un estudiante con recursos de otro vulnerable económicamente; la excesiva carga burocrática, que provoca duplicidad de funciones y una estructura funcional anquilosada en el quehacer administrativo.

Hablar de democracia, como modo o forma de elegir gobernantes para ocupar puestos en la administración pública, es un asunto controversial que abre espacios para que la población exprese diferentes puntos de vista sobre los gobiernos que han emanado de ella y de aquellos de procedencia autoritaria. Las opiniones se dividen dando lugar a disensos que no unifican criterios, particularmente en países con democracias recientes.

No obstante, en América Latina la ciudadanía ha mostrado cierta desilusión por los regímenes democráticos: el interés ha venido decreciendo en los últimos años, al menos es lo que reflejan los indicadores que publica Latinobarómetro, que opera bajo los auspicios de una ONG sin fines de lucro cuya sede se localiza en Santiago de Chile. Uno de sus objetivos es registrar las percepciones de la población de 18 países del subcontinente sobre política y economía. Por supuesto, este instrumento toma el parecer de un grupo de habitantes de cada nación, representados en una muestra estadística, a los cuales se les invita a participar en una entrevista independiente del Gobierno y que no tiene vínculos con partidos políticos.

En 2017, Latinobarómetro aplicó 20 mil 200 entrevistas cara a cara a la ciudadanía afincada en 18 países, entre el 22 de junio y el 28 de agosto de ese año. El promedio de la población entrevistada osciló entre mil y mil 200 personas por país. Los resultados obtenidos por este “observador ciudadano” no son nada halagüeños para la consolidación de la democracia en Latinoamérica, pues el desencanto se evidencia y se expresa de varias maneras. En 2016, sólo 34% de la población estuvo de acuerdo o satisfecho con esa forma de gobierno, y para 2017 la cifra disminuyó a 30 por ciento. Y si el referente de comparación se amplía, en 2010 los indicadores alcanzados superaban por varios puntos esos números más recientes. Cabe señalar también que 75% de los ciudadanos considera que los gobiernos no defienden los intereses de la mayoría, por lo general responden a beneficios que recibieron durante sus campañas políticas o son influenciados en sus decisiones por grupos con poder económico o político, por ello desconfían de ellos y no aprueban su gestión.

Se pueden aventurar algunas hipótesis sobre las causas del descontento social. La primera tiene que ver con los adelantos tecnológicos, que han permitido que la sociedad esté más informada y tenga acceso a fuentes de información que dan seguimiento al uso de los recursos públicos. Los ciudadanos son cada día más demandantes con sus gobernantes y las expectativas que se formaron de las democracias no han correspondido con la realidad que están viviendo. Otra podría ser la escasez de cuadros idóneos para gobernar, que se ha presentado durante las dos últimas décadas. La mayoría de los candidatos que han llegado al poder, por la vía del sufragio, no ha sobresalido por tener las suficientes habilidades políticas y adiestramiento técnico que el puesto exige. Además han caído en prácticas poco transparentes que no satisfacen las demandas ciudadanas.

Es común observar en países como Chile y Brasil que expresidentes contiendan nuevamente para ocupar la presidencia, lo que indica el agotamiento que tienen los institutos políticos en la nominación de cuadros con nuevas ideas que oxigenen la vida política. Infortunadamente no hay universidades que formen políticos y que garanticen, mediante la expedición de un título, su buen desempeño profesional. Por las cifras publicadas por entes internacionales (BM, FMI, ONU, OCDE), después de 1990 la economía de la región ha crecido los índices de pobreza han disminuido, incorporándose a la clase media más familias. Tal parece que la trayectoria de la democracia en América Latina se mueve en una dirección contraria a la economía de la región. Esa disociación deriva en varias líneas de investigación que van más allá del análisis económico y de las teorías de política pública.

Argentina tiene menos de 45 millones de habitantes y una baja densidad poblacional por ser un país con una amplia superficie territorial, características sociodemográficas que se pueden atribuir a la decreciente tasa demográfica que ha tenido a lo largo del tiempo: en 1952 fue de 2.07% y para 2018 disminuyó a 1.04 por ciento. Dispone de los factores naturales e históricos para volver a ser una economía de primer mundo. Además, históricamente las familias han mantenido una firme conciencia sobre la maternidad y paternidad responsables, que irremediablemente en el mediano y largo plazos acelerará el envejecimiento de la población, poniendo en riesgo su sistema de pensiones. La escasa población nativa y los grandes flujos de inmigrantes europeos formaron una cosmovisión sobre la demografía que se distingue desde hace varias décadas de la cultura poblacional del resto de las naciones latinoamericanas, las cuales hasta mediados de los años 70 comenzaron a formular políticas de planificación familiar.

Sin embargo, su economía depende en gran medida de la producción agropecuaria. Las exportaciones agrícolas tienen como destino varios países y entre los productos que más vende están la soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz. Hay que recordar que, a principios del siglo 20, la economía argentina ocupaba uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a generación de riqueza, incluso su ingreso per cápita no está muy distante de los de Canadá y Estados Unidos. No obstante, la clase política argentina fue incapaz de mantener esa bonanza económica a través del tiempo.

La sociedad ha pasado por dictaduras militares y gobiernos populistas que han descuidado la industrialización de la economía porque el ingreso nacional sigue dependiendo, en gran medida, de la explotación de los recursos naturales y materias primas, que además de generar escaso valor agregado, sus precios son muy sensibles al de los mercados internacionales y a las condiciones climatológicas. La escasa diversificación de la economía, las sequías prolongadas y las equivocadas políticas económicas formuladas por las últimas administraciones públicas han desencadenado una nueva crisis en la economía del país sudamericano.

Desequilibrios en los indicadores macroeconómicos. Hace aproximadamente un par de meses el Gobierno argentino negociaba un acuerdo crediticio con el FMI por 50 mil millones de dólares para cubrir sus compromisos financieros de corto y mediano plazos. La autorización de tal préstamo, que se ministrará paulatinamente según acuerden las partes, implica un severo ajuste en los gastos gubernamentales. Los incrementos en los precios de los servicios, como transporte, luz o gas, han provocado el descontento de la población. El proyecto de ley, que se discutirá en la Cámara de Diputados, busca eliminar el déficit fiscal mediante el recorte de gastos e incrementos en los impuestos durante 2019. Uno de los sectores que tributarán al Estado será el de los exportadores de productos del campo: aunque parezca paradójico, se gravará con impuestos a los empresarios agrícolas más productivos del país, generadores de divisas.

Desde luego, las acciones exigidas por el FMI las resentirá en mayor medida la población más vulnerable económicamente, la cual ha visto cómo la inflación se acelera, situándose en dos dígitos, y la moneda argentina se ha depreciado frente al dólar en alrededor de 50%, desde enero de 2018. Las reacciones sociales no se han hecho esperar. Las protestas han sido desde huelgas generales de los trabajadores hasta manifestaciones callejeras. En México ese tipo de situaciones ya las hemos experimentado; parece ser que la lección ya se aprendió, y en el cambio de sexenio gubernamental las bases macroeconómicas están sólidas.  

Los incrementos a los combustibles que llevó a cabo el Gobierno federal en enero del año pasado fueron factores claves para aumentar los índices de inflación y estropearon la solidez de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento de los precios que tenía previsto el Banco de México al cierre de 2017 no se cumplió, pues la inflación superó 4%, que según la institución era la máxima tasa de inflación esperada. Los efectos de la política energética implementada fueron múltiples, pero se pueden resumir diciendo que la cadena productiva de la economía se vio afectada al subir los costos del transporte y, por ende, los precios de otros bienes que no contemplaba la canasta básica de consumo que considera el Inegi para construir el indicador de precios.

En las recientes modificaciones que realizó el Inegi al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), una de ellas fue aumentar el ponderador, que registra la participación del consumo que hacen las familias en la compra de combustibles con respecto a su gasto total, es decir, del ingreso que se percibe, qué porcentaje se destina a estos. La ponderación en 2010 fue de 8.78% y para 2018 se elevó a 9.97 por ciento, que en términos más simples significa que por el aumento de precios en las gasolinas se deja de consumir otros productos, o menos de ellos.Tal parece que las autoridades hacendarias no dimensionaron las consecuencias económicas y políticas de esa medida. La política que siguió la Administración federal pasada, de marginales aumentos mensuales a los precios de las gasolinas, se descartó sin un previo estudio de factibilidad, y el aumento súbito de los mismos generalizó el descontento popular, que culminó con la derrota electoral del candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Y a pesar de que se haya liberado el mercado de los energéticos, en el sentido de permitir la competencia con nuevos jugadores en el mercado y manejar precios y tarifas distintos entre competidores, la Secretaría de Hacienda sigue interviniendo, de una manera sui generis, a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que paga el consumidor al abastecerse de combustible, que la dependencia federal manipula según los movimientos del precio internacional del petróleo y las oscilaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar. Lo que pretende con ello es amortiguar, hasta donde sea posible, las alzas súbitas de los precios, es decir, no deja de haber subsidios, lo que impide el pleno desarrollo de un mercado competitivo energético. Al tener Pemex competidores después de más de 50 años de ejercer un poder monopólico en el mercado, el novel mercado nacional enfrenta novedosas prácticas monopólicas que los reguladores del mercado nunca hubieran imaginado que se dieran en la economía nacional.

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es quien investiga el comportamiento de las empresas ante sus contrincantes, algunas de ellas están siendo vigiladas por esta comisión porque hay indicios de que en las transacciones que manejan aparecen prácticas no competitivas, que técnicamente -para el caso que nos ocupa- se definen como ventas atadas y discriminación en los tratos de mercado, que van desde transporte de los combustibles hasta su comercialización, pasando por el almacenamiento de los mismos -venta atada: cuando la venta de algún producto depende de la compra de otra mercancía; este condicionamiento entorpece el libre mercado, y por ende es penalizado por el regulador (Cofece) porque puede ocasionar incremento en el precio de ese bien-, que deben ser elementos a considerar porque, de probarse su práctica, pondrían el precio de la gasolina por encima del del mercado. 

Desde hace años he escuchado comentarios acerca del encarecimiento de los productos básicos requeridos para el sostenimiento de una familia en México. La pérdida del valor adquisitivo de los ingresos que perciben los trabajadores ha sido evidente a lo largo de varias décadas. Históricamente, la mejor época en mayor poder de compra de los salarios fue en los años 70 del siglo pasado (20), de allí en adelante ha disminuido en términos reales, aunque hubo una recuperación del salario real en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según su Sexto Informe de Gobierno; aun así, las percepciones monetarias continúan siendo insuficientes para que las familias económicamente más vulnerables vivan por encima del umbral de la pobreza.

Lo anterior se puede explicar mediante la medición del comportamiento de los precios, los cuales han aumentado más que los salarios, es decir, la inflación (aumento promedio de los precios de una canasta básica de productos) es la causante de la erosión del poder adquisitivo. En septiembre de 2016 se tuvo una inflación de 2.97%, y en agosto de 2018 llegó a 4.90 por ciento. Tal indicador, que quincenalmente publica el Inegi, recientemente ha sido actualizado con el objetivo de brindar una cifra más real de lo que está pasando en México con los precios. Esos cambios en la metodología del cálculo del indicador ya eran pertinentes, pues en algunos círculos académicos comenzaba a cuestionarse su veracidad, ya que se subvaloraba el crecimiento de los precios, los cuales se movían a diferente ritmo en los diversos sesgos considerados para la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los cambios se centraron en aumentar el número de productos de la canasta básica; modificar los ponderadores de consumo, esto es, cuánto se destina del gasto de una familia promedio a cada bien y servicio que habitualmente consume; cambiar el año base de referencia, y en función de este medir la inflación, y finalmente se incorporaron a la estadística más ciudades, entre ellas Saltillo y Cancún. Empíricamente se trata de conocer los nuevos gustos de los consumidores que señalen las evoluciones en sus patrones de consumo, que inciden a su vez en las variaciones de los precios relativos que asigna el mercado. Los bienes y servicios de la canasta básica se incrementaron, pasando de 283 a 299, y se incorporaron productos como leche de soya, té, servicios de mascota, lámparas, alfombras, y otros.

La inflación tiene dos componentes: subyacente y no subyacente, y este último mide el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios y energéticos, como gasolinas y otros hidrocarburos, que por su naturaleza son más volátiles ante cambios climáticos y de los precios internacionales del petróleo, así como del peso frente al dólar. El ponderador no subyacente fue en 2010 de 22.56%, y en 2018 aumentó a 24.45 por ciento, con ello, su participación en la inflación general, será mayor. Por su parte, el año base que se consideraba para la medición era la segunda quincena de diciembre de 2010, y ahora pasó a la segunda quincena de julio de 2018, mientras que las áreas geográficas o localidades que forman parte de la muestra se incrementaron de 46 a 55.

Las críticas a la medición de la inflación no son exclusivas de las economías emergentes. En Estados Unidos, en la década de los 90, se formó una comisión de especialistas, independiente del Gobierno, para que estudiara la veracidad del índice de precios de ese país, que publica mensualmente la Oficina de Estadística Laboral. Los resultados que dio la comisión causaron una controversia política entre las autoridades y los jubilados y veteranos de guerra. El dictamen fue que el índice de precios estaba sobrevaluado. Las pensiones y jubilaciones se incrementan conforme se mueve ese indicador, de ahí la inconformidad de ese sector porque al disminuirlo se iban a ver perjudicados en sus ingresos. Finalmente, el informe de la comisión sólo fue eso, y se archivó.

Vincular el crecimiento económico de un país con el bienestar de sus habitantes ha sido difícil de lograr, según los estudiosos del desarrollo, porque calidad de vida conlleva elementos subjetivos que, para su estudio, demandan de análisis cualitativos, los cuales generalmente han sido aplicados en trabajos realizados por sociólogos y antropólogos con un enfoque diferente al económico. Aun así, los economistas han construido algunos indicadores que tratan de medir esta correlación, aunque no siempre describen fielmente la realidad social en que vive la población.

Uno de ellos, es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide, además del crecimiento de las actividades económicas (PIB), la esperanza de vida y el grado de escolaridad alcanzado. Este indicador fue creado por el economista indio Amartya Sen y es utilizado con frecuencia en trabajos realizados por la ONU sobre desarrollo urbano y rural. Si se clasifican los países del mundo por su ingreso per cápita, no necesariamente los más ricos tienen los IDH más elevados; por ejemplo, en Irak, el ingreso por habitante es mayor al de Armenia, no obstante, la población de esa pequeña nación caucásica tiene una mejor educación y un más alto promedio de vida. Luxemburgo es otro caso: con uno de los ingresos per cápita más elevados del mundo, sin embargo, su IDH es inferior al de los países del norte de Europa.

Las divergencias que se presentan entre estos dos indicadores (IDH y PIB/H) muestran las desigualdades que genera el crecimiento económico: la formación de riqueza no siempre se distribuye de manera razonablemente equitativa entre la población; desde luego que se dan grados en la redistribución del ingreso en los países. Se presentan muchos casos en que, además de la desigualdad en el ingreso, la economía no brinda oportunidades para que los habitantes de un país abandonen la pobreza.

Reporte de felicidad en el mundo. Dejando a un lado registros de carácter económico, los especialistas en la materia han diseñado un indicador que trata de medir la felicidad entre la población. No obstante, las naciones que ocupan los primeros lugares del mundo por ser las más felices, han sido aquellas con mayor grado de escolaridad y mayor promedio de vida, junto con un elevado ingreso per cápita y una demografía relativamente pequeña. Estas han sido históricamente Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia, que se caracterizan porque la población joven tiene prácticamente resuelto su porvenir, en el sentido de contar con sistemas de salud y educación accesibles (gratuitos) y de calidad, así como oportunidades de encontrar empleos bien retribuidos al concluir su carrera profesional. Asimismo, tienen prestaciones sociales como permisos laborales pagados por paternidad, seguro de desempleo y remuneraciones gubernamentales para el cuidado de adultos de la tercera edad. Ante ese panorama halagador, las expectativas de la juventud para ser felices se incrementan.

Aunque no todo es color de rosa: la aspiración a la felicidad se puede ver empañada por el elevado monto de impuestos que hay que pagar al fisco y la fuerte presión laboral que enfrentan los trabajadores. Por otra parte, las enfermedades mentales han aumentado, particularmente la depresión. Por el ritmo de vida que llevan los jóvenes nórdicos, las redes sociales y las condiciones climáticas han contribuido a propiciar su soledad.

Hasta aquí el concepto de felicidad que se ha manejado depende, o está sustentado, en gran manera de condiciones económicas decorosas. En cambio, existen otras formas de medir la felicidad, como la que experimentan los habitantes del reino de Bután: diminuta economía asentada en las cordilleras del Himalaya, que económicamente depende de la economía india, los principios y valores sustentados en el budismo hacen que la población haya formado una cultura de autocontentamiento, distante de la competencia y del mercado. La contemplación, el medio ambiente y el desarrollo espiritual, han sido elementos que han ayudado a que la gente se centre menos en la “materialización” de la vida. Sin embargo, a pesar del credo religioso y la cultura que profesan, no deja de haber conflictos de carácter étnico y racial. Una de las etnias fue expulsada del país y actualmente se refugia en Nepal.                                

En tiempos pasados, particularmente en los sexenios de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, cuando el país dejaba gradualmente el modelo económico de sustitución de importaciones, aunque se trataba por todos los medios de sostenerlo políticamente, la realidad económica era muy distinta a los discursos presidenciales, que sonaban como arengas huecas y sin sentido: los sectores claves que lo soportaban eran “sobreexplotados” y estaban muy próximos a colapsar, como era el caso del sector agrícola, descapitalizado y con una productividad descendente, pues el mantener sus precios por debajo de sus costos ocasionaba grandes pérdidas al Gobierno, cuyos subsidios que transfería al sector social, es decir, a los consumidores, eran ya insuficientes para cubrir la creciente demanda de productos del campo, lo que acrecentaba la deuda pública y ponía las finanzas gubernamentales en una situación muy crítica, cercana a la bancarrota.

Uno de los primeros incrementos de precios que se dieron con el régimen del presidente Echeverría fue el del kilo de azúcar, así como la devaluación del peso frente al dólar estadunidense. La moneda mexicana se desvaloraba después de varios lustros de estabilidad cambiaria, y con ello se iniciaba silenciosamente el proceso de una vertiginosa inflación que el Gobierno y el Banco de México tardaron varios años en poder controlar.

Una de las desatinadas medidas económicas que surgió de aquellos años, fue el manejar tarifas y/o precios diferenciados de los bienes y servicios públicos, esto es, cobrar precios diferentes de acuerdo con el tipo de consumidor. Uno de ellos fue la paridad peso-dólar: al importador/exportador de mercancías se le vendían/compraban dólares a un precio, mientras que para el resto del público demandante de la divisa regía otra cotización. El control de cambios daba lugar al mercado negro de divisas, es decir, compraventa de monedas extranjeras al margen de la supervisión del Gobierno, en donde los especuladores fijaban los precios y obtenían jugosas ganancias.

Han sido raras las ocasiones en que en una economía de mercado los precios diferenciados o controlados operan con éxito, generalmente son medidas que en apariencia benefician a las clases más desprotegidas económicamente, pero en realidad ese noble objetivo no se cumple. Por el contrario, grupos con niveles de ingreso más altos aprovechan mejor los precios subsidiados. Implementados desde el sexenio anterior, y reforzados en la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, los criterios discrecionales para cobrar la tenencia de automóviles en las entidades federativas han propiciado que las entidades colindantes tengan distintos montos por el citado concepto.

Ahora se está presentando un fenómeno económico similar, pero desde la óptica de los impuestos vehiculares. Algunos medios de comunicación han señalado las grandes diferencias que existen en los pagos de tenencia entre la Ciudad de México y el estado de Morelos, que tiene tarifas más bajas, especialmente en los automóviles de lujo y aquellos que rebasan determinado valor, mientras que en la capital los precios son mayores y sólo se eximen del pago o se subsidian los vehículos compactos, cuyo precio no sobrepase los 250 mil pesos por unidad. Como geográficamente la distancia entre la capital del país y Cuernavaca es relativamente corta, los capitalinos con capacidad económica adquieren sus vehículos en las distribuidoras afincadas en la Ciudad de México y “plaquean” en la capital de Morelos.

Desde la perspectiva económica, el problema surge porque los autos con placas de Morelos circulan en la capital y consumen servicios urbanos que les brinda la ciudad y no aportan lo que les corresponde para su mantenimiento y pago; impuesto que evaden y que contribuye al salario que devengan desde el agente de crucero hasta el juez calificador, responsable de fijar las infracciones de tránsito, pasando por el encargado del bacheo y recarpeteo de la cinta asfáltica. Los gobiernos mexicanos han tenido la insana costumbre de subsidiar a la demanda, subsidio que, según la evidencia empírica, no cumple con los objetivos para los que fue creado. Esperemos que con la cuarta transformación del país anunciada por AMLO no se repitan esas ineficientes prácticas de antaño.

El comportamiento de los políticos mexicanos cuando llegan al poder presidencial suele ser impredecible, pues en reiteradas ocasiones sus promesas de campaña no pueden llevarse a cabo porque el contexto en el que fueron pensadas es totalmente diferente a la realidad nacional, sin importar que las intenciones de las propuestas hayan sido nobles y pretendan un mejor futuro para la población, de todas maneras fracasan por inviables.

Y una vez que sucede lo anterior, sus reacciones desde el poder se vuelven difíciles de predecir. Entonces, por la evidencia histórica, la formulación y ejecución de políticas públicas queda sujeta a lo que permita el complejo entramado político-económico nacional e internacional, que muchas veces ha sido contrario o simplemente omiso a los planteamientos asentados en el Plan Nacional de Desarrollo en turno, en el cual se plasman los objetivos que se pretenden alcanzar.

En el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por lo que ha dado a conocer a los medios de comunicación, se pueden apreciar claroscuros en las propuestas de trabajo que orientarán su próxima administración. Obviamente que al explicarse en un documento oficial requerirán de afinarlas hasta convertirlas en programas de obra pública y desarrollo social.

En este cúmulo de pretensiones aparecen algunas que tienen un impacto más psicológico en el ideario del mexicano que en la magnitud económica de los beneficios que generan; por ejemplo, sembrar arbolitos en una entidad del sureste del país, o la reducción de los sueldos a los funcionarios públicos que ocupan cargos relevantes en la Administración federal, aunque las rebajas no son significativas si se ponen en perspectiva y se analiza qué porcentaje representan en el Presupuesto de Egresos del Gobierno federal.

Los ahorros que se lograrían serían mínimos en relación con el gasto total, sin embargo, la medida es emocionalmente bien recibida por la sociedad y se aplaude en virtud de los excesos en que ha caído la burocracia “dorada” del Gobierno.

Otra propuesta, de corte keynesiano, del virtual Presidente y que ya ha sido probada con éxito en otras economías, es la construcción de vías de comunicación terrestres y líneas ferroviarias, que en mi opinión son planteamientos aceptables. Con ello, el crecimiento del sector de la construcción se incrementa, se generan empleos propiciados por la inversión privada y pública, siempre y cuando esta última no sea financiada por deuda pública.

Pero hay una promesa de campaña que, por lo visto, sí va a cumplir el candidato ganador cuando llegue al poder: condonar la deuda de miles de familias afincadas en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y el Estado de México que contrajeron con la CFE por el consumo de energía eléctrica de 1995 hasta el 1 de julio de 2018. La frase popular de borrón y cuenta nueva se aplica bien para este caso, quizá único en Latinoamérica.

El monto de la deuda de los morosos alcanza los 43 mil 320 millones de pesos, cifra significativa que aparece en los pasivos de la compañía de luz. Además, las finanzas de la CFE presentan un déficit de magnitud relevante, de acuerdo con su próximo director, deuda que asciende a 40 mil millones de pesos. También, la ahora empresa productiva del Estado durante varios años ha sufrido recortes presupuestales que han frenado la construcción de obras de infraestructura.

Aunque la medida propuesta por AMLO es muy popular, él la sintetiza así: “El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora”. Desde mi punto de vista ese tipo de expresiones son muy temerarias porque no se conoce a fondo el mercado de electricidad monopólico y su transición a uno de competencia; y para variar fomentan el asistencialismo del Gobierno y la cultura del no pago.

Y lo más grave, el endeudamiento con la CFE de los hogares morosos no podrá borrarse en forma mágica: este se socializará y el resto de familias mexicanas que sí pagan su consumo de electricidad terminarán financiándolo o dejando de percibir servicios públicos a causa de los recortes que se suscitarán en el gasto público por las cifras negativas de la CFE.

Trayendo a la memoria la nada bien recordada administración del presidente José López Portillo (1976-1982), sexenio en que la banca comercial mexicana fue nacionalizada por decreto, en aquel lejano periodo los dueños o accionistas bancarios por ley debían ser mexicanos porque el capital internacional no podía participar en el jugoso mercado bancario. Durante varias décadas operó en el país una banca privada muy regulada, bajo la conducción del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. Las transacciones bancarias y financieras de las instituciones cubrían por lo general los requerimientos regionales, con excepción de dos o tres bancos cuya cobertura fue nacional. El acceso al crédito era sumamente restringido, solamente las clases económicas más pudientes de la sociedad podían convertirse en clientes prestatarios del sistema bancario.

Con el transcurrir del tiempo, el modelo económico del país se modificó: la economía se abrió al comercio y al flujo de capitales del exterior. El cambio de paradigma implicó varias modificaciones, por ejemplo, en el aspecto legislativo se  derogaron y modificaron varios artículos de la Constitución, y precisamente uno de ellos fue el que consideraba la prohibición de la inversión extranjera en el sector de la banca, por clasificarlo como estratégico para el desarrollo nacional.

De la estatización a la extranjerización. Después de algunos años de administración estatal de la banca, nuevamente fue vendida a la iniciativa privada, pero no a sus antiguos propietarios; los nuevos dueños no tenían experiencia en el sector, lo que se reflejó en una mala administración de los activos bancarios, y eso trajo como consecuencia que de nuevo se pusieran a la venta los bancos comerciales nacionales, lo que permitió que capitales de varios países industrializados participaran en el proceso de extranjerización de la banca.

Los principales bancos fueron adquiridos por  grupos españoles, estadunidenses, ingleses y chinos. La configuración geográfica del mercado pasó de la atomización (más de 30 instituciones) a la concentración de la banca (alrededor de 18 bancos). Las sucursales bancarias de origen internacional asentadas en México cubrieron la mayor parte del mercado nacional, los escasos grupos nacionales que quedaron fueron desplazados y atendieron a segmentos marginales de mercado. No obstante, un grupo bancario de capital regiomontano ha venido escalando posiciones dentro del mercado bancario, a través de la compra y fusiones con otras instituciones bancarias. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2017, ese grupo alcanzó el segundo lugar del ranking nacional, sólo por debajo del grupo español que lidera el mercado, que clasifica a las instituciones de acuerdo con el valor de los activos que poseen.

Diferencias entre las tasas de interés activas (créditos) y de depósito. El banco de capital español más grande, por el valor de sus activos en el territorio nacional, obtuvo utilidades por mil 408 millones de dólares en el primer semestre de este año; la institución aportó más de 40% del total de los beneficios que ganó el grupo, incluyendo todas sus filiales en el mundo. El crecimiento de las ganancias en México se mantuvo en dos dígitos, fue de 21% con respecto al mismo periodo de 2017. Sin duda fueron ganancias extraordinarias, muy por encima de las que percibieron las empresas en el sector industrial de la economía.

Una de las razones de las elevadas ganancias de la banca en el país es la diferencia tan acrecentada que se da entre las tasas de interés pasivas y activas que maneja; pagan al ahorrador tasas de interés muy bajas con respecto a las que cobran a los prestatarios. En ningún país desarrollado el diferencial es tan grande como en México. Llama la atención que los reguladores (Banco de México, etcétera) del sector no hayan intervenido, cuando menos para evaluar la validez de la batería de costos que asumen las instituciones al otorgar créditos y que se cargan a través de la tasa de interés al solicitante del préstamo. 

La aún propuesta de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cambiar de domicilio a las secretarías federales que actualmente se localizan en la Ciudad de México tiene la honrosa excepción de la Semar, Sedena, Gobernación y Relaciones Exteriores, cuya inamovilidad se debe a que el futuro mandatario las considera políticamente estratégicas y por tanto deben permanecer en el lugar en donde se encuentran, que las vinculará geográficamente con la vivienda del nuevo Presidente de la República. Sin embargo, el resto de las dependencias prestará sus servicios al público, en el corto y mediano plazo, fuera de la capital del país, al asentarse en diferentes estados.

A pesar de ser un proyecto no acabado, que requiere de más estudios para conocer sus costos y beneficios, la probable salida de burócratas ha generado expectación, crítica e incertidumbre en varios sectores, principalmente dos: los trabajadores federales que se verían inmersos en esos “obligados” cambios de residencia, así como los analistas políticos nacionales, quienes en su mayoría califican tal medida como una acción caricaturesca y de plena ocurrencia, que surgió de la percepción muy particular de algún asesor o amigo de AMLO que desconoce la historia de la administración pública en México.

Para los analistas consultados, la propuesta es muy costosa y poco efectiva para lo que pretende cumplir: la descentralización de la administración pública federal. La descentralización implica delegar presupuesto y funciones a las entidades federativas, particularmente en los sectores de salud, educación, vivienda, recursos naturales, entre otros, lo que se reflejaría en mejores servicios de hospitales, universidades, ecosistemas, que directa o indirectamente inciden en un mayor bienestar de la población.

Tal parece que la estrategia de mover las oficinas federales se vincula más a la desconcentración administrativa, para “liberar” a la Ciudad de México de miles de familias de burócratas que se trasladarían a la provincia y lograr un desahogo en la agitada vida urbana de la metrópoli. Se estima que el número de trabajadores federales asciende a 1.7 millones, de los cuales más de 70% tendría que abandonar la capital por razones de trabajo. Si a los desplazamientos de los trabajadores se le suman los familiares que los acompañarían, la cantidad rebasaría los 3 millones de personas, lo cual probablemente sí incida, al menos en el mediano plazo, en el descongestionamiento de las vías de comunicación capitalinas.

Por otro lado, durante su campaña política, López Obrador habló de la descentralización de la Administración federal, al afirmar que “los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas; aumento salarial; permuta de plazas y otras garantías”. Pero para llevar a cabo lo anterior, ¿alcanzará el presupuesto de egresos, sin incrementar impuestos ni aumentar la deuda pública? Otro de los objetivos que tiene el próximo Gobierno federal, es que los cambios administrativos detonarán el crecimiento económico en las nuevas sedes con la llegada de las dependencias federales.

Las buenas intenciones anteriores, al calor de la efervescencia política de las campañas, pueden endulzar los oídos de los militantes y simpatizantes del partido. No obstante, la realidad puede resultar muy diferente a lo que se esperaba del discurso político. La economía de las ciudades puede depender de varios factores, entre ellos, el administrativo. Existen ejemplos de pequeñas economías urbanas que se sostienen por las universidades y tecnológicos que albergan, o por las oficinas gubernamentales que asientan, pero en sí la inversión privada y/o pública juega un papel preponderante en la multiplicación de las actividades productivas urbanas, lo que acelera su crecimiento.

Las fuentes bibliográficas más reconocidas y serias del mundo en materia de historia económica afirman que los primeros bancos comerciales surgieron en el siglo 15 en Europa. Hasta nuestros días, todavía sobrevive uno de estos bancos, asentado en Italia. Después de más de cinco siglos de existencia, las operaciones bancarias siguen soportadas por dinero, representado por monedas y billetes, porque hasta los activos virtuales tienen su contrapartida en papel moneda, particularmente de las naciones industrializadas, y como en el pasado, se sigue premiando al ahorrador y cobrando intereses al prestatario. El dinero continúa siendo el activo financiero más líquido, atributo que lo ha hecho prácticamente irremplazable. La economía monetaria, que sustituyó a la del trueque, parece que aún tiene un largo camino por recorrer.

Cabe señalar que en el mercado la banca surgió para que cumpliera la función de intermediario entre prestamistas y prestatarios, rol que generalmente asume el empresario, que requiere de recursos “frescos” para emprender proyectos productivos, los que puede obtener de los bancos comerciales. Lo anterior de ninguna manera quiere decir que la banca haya sido ajena a los avances tecnológicos, estos han influido para que los servicios bancarios se extiendan paulatinamente fuera de los centros bancarios. Esto es, el usuario podrá realizar sus movimientos bancarios sin acudir o al menos limitar la frecuencia de sus visitas a las sucursales bancarias.

Enseguida se comentan algunos de los principales cambios que se han dado. Sobre todo, conviene distinguir las diferentes formas que han adoptado las transacciones bancarias a lo largo de su extensa historia en la economía de los países. Los depósitos se han modificado en forma acelerada, que van desde la tradicional letra de cambio que otorgaba el banquero en ciernes al propietario del lingote de metal precioso que lo dejaba bajo su resguardo, hasta los movimientos ordenados al banco por el ahorrador desde un teléfono celular o a través de una computadora para hacer transferencias entre sus cuentas bancarias.

Otra modalidad relativamente reciente en el caso de los créditos al consumo, ha sido el uso de las tarjetas bancarias, “dinero plástico”, que no son otra cosa que la extensión del crédito bancario. A partir de los años 60 del siglo 20 comenzó a generalizarse el uso de los plásticos, hasta convertirse en parte de la cotidianidad de la mayoría de las personas con determinada solvencia económica. Al efectuar compras con las tarjetas de crédito, sólo hay una sustitución de dinero en la compraventa del bien o servicio, y sin duda el monto del crédito otorgado se reflejará en pasivos expresados en monedas y billetes en la cuenta del tenedor de la tarjeta.

Indicadores biométricos. La sofisticación en las operaciones bancarias sigue avanzando a pasos agigantados y el desarrollo tecnológico ha permitido el reconocimiento de la voz del usuario y la identificación de su rostro, características personales irremplazables que forman parte de sus indicadores biométricos, los cuales mediante una aplicación que se instala en un teléfono inteligente, se remiten a las oficinas del correspondiente banco comercial, y una vez comprobada la identificación del emisor, la institución autoriza la operación o servicio que desee realizar el propietario de la cuenta bancaria. En este tipo de operaciones no se requiere de ningún tipo de tarjetas, las cuales son reemplazadas por datos biométricos del usuario de la banca, los cuales parece ser que son más seguros. ¿El dinero plástico pronto pasará de moda?.

Entorno Económico
Federico Muller
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Las intensas lluvias que han caído en Saltillo en los últimos meses han colapsado colectores, alcantarillas y ductos debido a la falta de capacidad que tienen para contener y transportar el agua, y si a eso se añade la gran cantidad de basura que la población vierte en las calles y que bloquea el flujo del agua a las escasas fuentes de recolección, la magnitud del problema pluvial se incrementa. Los resultados no se hacen esperar: encharcamientos en vialidades e inundaciones en viviendas ubicadas en diferentes puntos de la mancha urbana. Es válido decir que, desde hace décadas, la capital de Coahuila requiere de un sistema integral de drenaje pluvial que incorpore a Ramos Arizpe y Arteaga.

Por la topografía de la ciudad, con una pendiente que va descendiendo a medida que el observador se aleja del sur y enfila hacia el norte de la mancha de concreto y asfalto, los desbordamientos se dan hacia la parte más baja. El sector norte se había caracterizado por ser el más afectado por los torrenciales aguaceros, sin embargo, para sorpresa de algunos que desconocen la historia de Saltillo en cuanto a descargas naturales (arroyos y acequias) que antaño se tenían y que ayudaban a desfogar las crecientes avenidas que se formaban cuando llovía, la creciente y desordenada urbanización (que no respetó siquiera los cauces naturales) ha afectado también a algunas zonas de la parte sur de la ciudad, que sufren inundaciones cuando llueve a pesar de ser áreas asentadas en la parte más alta, topográficamente hablando.

Con ello, el diseño y construcción de una red de descargas que funcione para atender las necesidades pluviales de la ciudad en el mediano y largo plazo, se hace más complejo y costoso y supera la capacidad financiera del municipio, por lo que su implementación necesita el apoyo financiero de los gobiernos estatal y federal, y quizá también del financiamiento de organismos internacionales. No se trata de construir proyectos parciales que ofrezcan solucionen temporales al añejo problema de las anegaciones. Infortunadamente, las obras de infraestructura de drenaje pluvial no dan relumbrón político a los alcaldes y gobernadores porque no son visibles, aparecen a varios metros de profundidad de la carpeta asfáltica, lo que las hace poco atractivas como divisa de popularidad, que se refleje en el currículo político de los gobernantes. Inclusive, en los planes municipales de desarrollo urbano que se han elaborado, no aparecen como propuestas de primer orden de importancia.

También es relevante comentar que los proyectos de drenaje pluvial deben acompañarse de reglamentos de construcción y reservas territoriales más estrictos, que respeten las áreas de amortización de la reserva ecológica de la sierra de Zapalinamé y las descargas naturales de la ciudad. Hace unos cuantos días, el ejemplo más patético de la voracidad urbana lo evidenció la inundación de una clínica del IMSS localizada al sur de la ciudad, que ameritó suspender algunos servicios médicos a los derechohabientes. Según testimonios de algunos trabajadores que radican en esa zona, las fuertes lluvias que cayeron no encontraron su desfogue natural, un arroyo que había sido bloqueado por placas de concreto, con lo que el curso del agua tuvo que cambiar de dirección y su destino final fue la planta baja de la citada instalación de salud.

Las cambiantes condiciones atmosféricas en la región, atribuidas al calentamiento global, hacen de los proyectos de infraestructura una necesidad urgente de atenderse en el corto plazo por las autoridades municipales.      

Una de las características que muestra la mancha urbana de Saltillo, particularmente el primer cuadro de la ciudad y sus áreas colindantes, es el gran número de casas intestadas, deshabitadas y en ruinas; su situación legal impide que sean demolidas y se construyan nuevos asentamientos, lo que ha influido, casi como una constante, para tener fachadas y banquetas altamente deterioradas. Aunado a eso, aparecen con bastante frecuencia lotes baldíos, también localizados en las zonas mencionadas.

Se estima que el área urbana de la ciudad ocupa una superficie aproximada de 17 mil hectáreas, y de ellas, 5 mil no son aprovechadas, es decir, son predios sin ningún tipo de construcción, ni siquiera prestan el servicio de estacionamiento público. En otros términos, la superficie no utilizada ocupa casi 30% del total de la mancha urbana, cantidad nada despreciable que habla de las condiciones poco atractivas del paisaje urbano.

La gran expansión horizontal de la ciudad se debió, en parte, a los fraccionamientos populares que fueron surgiendo en la periferia, alentados por la falta de políticas formuladas para la densificación urbana, que pretende construir espacios habitacionales, comercios y áreas de servicios en los lugares disponibles en pleno Centro Histórico de la ciudad y áreas circunvecinas. El tener más áreas con mayor número de población asentada logra ahorros urbanos en cuanto a más eficiencia y beneficio de los servicios primarios, tanto del gobierno municipal como de las compañías privadas que ofrecen ese tipo de servicios y del propio usuario.

Otros de los problemas urbanos que se denotan son el empobrecimiento del Centro Histórico; la desaparición o migración de comercios tradicionales que antaño daban un aire colonial y estético al paisaje; la llegada de cadenas de supermercados nacionales e internacionales, que fueron tiendas anclas para el establecimiento de plazas comerciales, así como el congestionamiento vehicular para llegar al comercio establecido, debido a la escasez de estacionamientos públicos acondicionados y ubicados estratégicamente.

Edificios abandonados. Lo que se aprecia ahora es el surgimiento de taquerías y cantinas disfrazadas de restaurantes populares. Uno de los mayores problemas urbanos que tiene Saltillo, es la integración de la zona industrial Derramadero a las vías de comunicación -como libramientos, puentes y transporte colectivo-, porque al desplazarse a sus fuentes de trabajo 17 mil personas diariamente por la única vía de acceso, la carretera Saltillo-Zacatecas, que cuenta con sólo dos carriles relativamente angostos, es insuficiente para soportar el gran flujo vehicular que se genera. En promedio, el recorrido de ida y vuelta a la zona industrial es de tres horas, en especial para quienes viajan en transporte colectivo.

El problema de desarrollo urbano puede incrementarse por los proyectos que se tienen a futuro en esa zona. La construcción de más de 3 mil viviendas de interés social, en promedio, multiplicaría por cuatro la aglomeración en la zona, suponiendo que cada familia esté conformada por cuatro miembros. Derramadero es el caso urbano más grave, pero los desequilibrios urbanos se han acentuado a partir de la industrialización de la ciudad en los años 80 del siglo 20. Se construyeron parques industriales en forma indiscriminada como si fueran asentamientos aislados, sin considerar todos los servicios urbanos que esto implicaba y sin vinculación con los límites de crecimiento de la ciudad. 

Uno de los sectores que han sido descuidados presupuestalmente en la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) es el de salud, que muestra signos de agotamiento en su desempeño ante una sociedad mexicana que envejece paulatinamente, y que en el corto y mediano plazo requerirá ser atendida de padecimientos crónico-degenerativos cuyos tratamientos son costosos y sus cuidados de larga duración. Estos generalmente se presentan por el aumento en la esperanza de vida y, aunque parezca una contradicción, esto se debe a los adelantos en la medicina social que han ofrecido instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Sin embargo, actualmente, no es raro encontrar clínicas y hospitales públicos a lo largo y ancho de la República con insuficiencias en medicamentos y en hospitalización. La precariedad en la atención curativa (consulta externa) y hospitalaria no respeta si los nosocomios o centros de salud son federales, estatales o magisteriales, en todos prevalece una fuerte limitación en los recursos públicos dedicados. Y revisando las estadísticas de salud en México, se encuentra un punto de quiebre sexenal, debido a que la Secretaría de Salud redujo su presupuesto, en términos reales, en alrededor de 20% con respecto al que manejaba en el sexenio anterior. Una caída muy fuerte que deja a millones de mexicanos a expensas de su suerte en el cuidado de su salud; se estima que más de 16 millones de habitantes no tienen ningún tipo de protección sanitaria, ni pública ni mucho menos privada. (Fuente: IMCO).

Es contradictorio que mientras el Gobierno anunciaba en 2017 un superávit fiscal primario que debe entenderse como un ahorro gubernamental, pero que se lograba recortando recursos a diferentes dependencias y que lamentablemente se obtenía a costa de sacrificar sectores importantes responsables de fomentar la calidad de vida de la población, entre ellos, el de salud. Lo ideal hubiera sido que los ingresos excedentarios provinieran de una mayor recaudación fiscal y no de la modificación a la baja del gasto público.

Se calcula que el ingreso promedio anual que recibe una familia en México asciende a 127 mil pesos, del cual gasta en atención a la salud una suma considerable, cercana a 41% de sus percepciones salariales, superior al promedio de los países miembros de la OCDE, que no rebasa 21 por ciento. En ese sentido, nuestro país es el segundo que más consume medicamentos, atención hospitalaria y consulta externa, sólo por debajo de Lituania. del conjunto de naciones que forman esa organización de cooperación y desarrollo económico.

El problema de salud se agudiza porque, de las 10 principales causas de muerte en el país, siete se atribuyen a enfermedades crónicas, entre ellas -por ser las más recurrentes-, la diabetes y cardiopatías; por ello, es necesario formular políticas de prevención, desde clínicas hasta alimentarias, entre la población infantil y joven adulta. Otro de los problemas que enfrenta la salud pública es el desabasto de los medicamentos que requieren los enfermos para atenderse la hipertensión, el colesterol y la diabetes. De cada 100 recetas que pretenden surtirse, las cuales indican los fármacos para controlar las enfermedades mencionadas, sólo 61 son cubiertas en su totalidad. (Fuentes: INEGI, IMCO).

En el comercio internacional (CI), como es bien sabido en los círculos académicos del área económica, hay sectores ganadores, particularmente aquellos cuyos productos se pueden comercializar en el resto del mundo, sus ventas producen entrada de divisas y en gran manera dependen de la demanda internacional, que busca oferentes que sean competitivos en precio y calidad.

Lamentablemente no todos ganan cuando un país se abre a la competencia internacional y se convierte en exportador, ya que por los acuerdos o convenios firmados, tiene la obligación de comprar o importar mercancías que pueden competir “deslealmente” con productos nacionales, cuyos productores se ven seriamente afectados porque generalmente sus costos son superiores a los del exterior, lo que indudablemente lleva al cierre de empresas y al despido de trabajadores.

Este tipo de industrias no exportadoras, su mercado natural es el doméstico, que pueden atender sin ningún problema, fijando precios que les produzcan ganancias, pero siempre y cuando no se vendan en los anaqueles o góndolas de los supermercados artículos importados y que los consumidores nacionales los prefieran por diferentes razones sobre aquellos de manufactura local.

Por ello, y otras razones, surge la antítesis del comercio internacional: el proteccionismo para salvaguardar a industrias vulnerables a la competencia internacional, a través del “cierre de las fronteras” a los movimientos de mercancías más allá de los límites geográficos del país.

Para medio disfrazar de alguna manera las políticas comerciales proteccionistas, los gobiernos han formulado “obstáculos” transitorios o permanentes al libre comercio que implementan cuando problemas estructurales o coyunturales de carácter económico o político los exijan, como han sido aranceles (impuestos al CI), cuotas, salvaguardas, barreras fitosanitarias y administrativas, entre otros. En el comercio internacional, la trillada frase ganar, ganar no se puede dar en una dimensión amplia.

Algunos gobiernos, para tratar de minimizar el proteccionismo económico, llevan a cabo acciones para ayudar a los sectores que pierden con el CI: si las empresas afectadas optan por la reconversión industrial para mantenerse en el mercado competitivo, durante ese proceso reciben de las autoridades subsidios o créditos fiscales, entre otros, mientras maduran y puedan enfrentar la competencia mundial.

Guerra comercial. Fue precisamente en una reunión de la OCDE, que llevaban a cabo funcionarios de los países afiliados a este “club” y en la que hablaban de fortalecer el multilateralismo comercial, cuando inesperadamente se dio a conocer la noticia de que el Presidente de Estados Unidos establecía tarifas arancelarias, a partir del 1 de junio, de 25% al acero y 10% al aluminio, particularmente para las importaciones que provengan de Canadá, la Unión Europea y México.

Para algunos analistas económicos cercanos al secretario de Comercio estadunidense, la decisión del presidente Trump se debió a la demora que se ha tenido en la renegociación y, por supuesto, la firma del TLCAN, y a los compromisos que adquirió con sus votantes durante su campaña política.

México exportó en 2017 alrededor de 2 mil 500 millones de dólares de aluminio y cerca de 300 millones de dólares de acero. En cambio, la capacidad exportadora de Canadá es superior a la mexicana, en ese mismo periodo le vendió a Estados Unidos aluminio por un monto de 5.1 mil millones de dólares, y 6.9 mil millones en acero.

La decisión del presidente Donald Trump fue unilateral, pues no consideró la opinión de las cámaras empresariales de su país, que se oponían a tales medidas. Para México, según la Cámara Nacional del Acero, las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos tendrán un costo de 2 mil millones de dólares anuales.

Mientras que Oxxo sigue creciendo y abriendo tiendas en Saltillo y en toda la Región Sureste, así como remodelando algunas que ya eran Oxxo Gas con nuevos logotipos e imagen, su competencia 7-Eleven está pasando por un periodo de contracción muy serio.

En los periodos de acelerado crecimiento económico del país, que se pueden considerar como postrevolucionarios, dirigidos por un partido político monolítico y único en los hechos, el PRI. De 1954 a 1970, la generación de jóvenes que nacían en ese lapso de tiempo, y muy probablemente también sus hijos alcanzaban, en un gran porcentaje, la movilidad social en la pirámide que en México delimita las clases socioeconómicas por el nivel de ingreso que perciben.

Como docente de la universidad pública ya por varios años, me ha tocado escuchar de muchos estudiantes, externar con entusiasmo que eran los primeros de su familia que llegaban a la universidad a estudiar una carrera profesional; sin lugar a dudas, también se presentaban muchas posibilidades de que concluyeran su formación, y su estatus económico sería mejor que el de sus padres por las oportunidades que había de colocarse en el campo laboral, con mejores percepciones salariales, que sus progenitores, que generalmente eran hombres y mujeres trabajadores con escasa preparación académica.

La clase media mexicana se ensanchaba, nutriéndose de un buen número de nuevas familias que abandonaban las clases económicas más precarias de la sociedad. Los expertos en la materia no se ponen de acuerdo si el ascenso social, por la vía legal y del esfuerzo, se terminaba o al menos se limitaba, en gran manera, en el país a partir de los años 90 del siglo pasado (20). Que se puede atribuir al cambio de modelo económico que adoptaba el país, el de promoción de exportaciones, que si bien es cierto ha favorecido a ciertos sectores de la economía, los de “vocación” exportadora ha desplazado a muchos trabajadores a la economía informal e improductiva. Que forman parte de los 53 millones de pobres que viven en el país, alrededor del 42% del total de la población nacional. La pobreza como herencia. Las evidencias estadísticas acerca de la movilidad social son recientes, antaño no se registraban este tipo de movimientos, ahora, también lo llevan a cabo organizaciones privadas, como es el caso del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Quien recientemente publicaba un estudio sobre la movilidad social en México, la cual presentaba un considerable freno en el escalamiento social; según el CEEY, de cada 10 mexicanos que nacen en el país en el seno de una familia pobre, solamente tres podrán salir de la pobreza y ascender a mejores posiciones socioeconómicas, el resto están destinados a morir pobres.

Así de lapidaria es la estadística, que maneja esa organización. Por otra parte, la movilidad social en Estados Unidos es mayor a la de México, 4 de cada 10 estadunidenses no avanzan en mayores logros económicos durante su vida productiva, mantienen el estatus de pobre. Ingreso y remuneraciones salariales. Existen varios indicadores económicos que pueden explicar la concentración del ingreso y la desigualdad en las percepciones económicas en el país, uno de ellos es el PIB por el pago a los factores de la producción; es decir, del ingreso nacional, cuanto absorbe el trabajo, lo que se paga por salarios, en ese sentido las estadísticas muestran que la participación de la mano de obra ha venido descendiendo después de los años 70. Por ejemplo, en 1989 las remuneraciones de asalariados ocupaban el 28.8% del ingreso, mientras que en 2016 eran de 26.6%. En cambio, las ganancias al capital han aumentado considerablemente en ese mismo lapso. Se ha presentado una especie de transferencia perversa de remuneraciones salariales a capital.

La deuda pública se puede analizar desde una perspectiva histórica, con diferentes ópticas y puntos de vista que permiten conocer sus efectos positivos o negativos en la economía de un país. Uno de ellos puede ser el destino que se da a los empréstitos del exterior. La experiencia de México en ese sentido ha sido muy perniciosa, con gobiernos que han endeudado al país al grado de agotar las reservas internacionales del Banco de México y enseguida salir a declarar la moratoria en las obligaciones contraídas por no poder cubrir los pagos a los acreedores internacionales. Los préstamos recibidos en dólares del extranjero se malgastaban en gasto corriente (consumo), inversiones improductivas y otra parte de la deuda se “esfumaba”, provocando el enriquecimiento ilegal de políticos y empresarios afines al sistema, o mejor dicho por los compadrazgos entretejidos con los gobernantes en turno.

Los resultados que se tuvieron de los elevados déficits fiscales eran una galopante inflación y un alto déficit en la cuenta corriente, entre otros, y posteriormente, como si lo anterior no fuera poco, la sociedad mexicana se sometía a los ajustes draconianos que imponía el Fondo Monetario Internacional (FMI), que los gobiernos mexicanos sumisamente aceptaban a través de las firmas de las cartas de intención, con tal de obtener recursos frescos. El control de los salarios, el recorte del gasto público y las elevadas tasas de interés eran las medidas que se aplicaban para tratar de saldar las deudas públicas. Así, el bienestar de las familias se veía menoscabado y los índices de pobreza se elevaban, acompañados del crecimiento de la economía informal y el aumento de la desigualdad en el ingreso. Otro caso muy diferente era lo que hacía Estados Unidos con la deuda pública a finales del siglo 19: con ella logró construir la estructura industrial que lo llevaría a desbancar al Reino Unido del liderazgo mundial.

El ciclo político-electoral. Los déficits fiscales se incrementan en vísperas de las elecciones, cuando se avecinan cambios en los principales puestos públicos, y eso no sucede solamente en México sino en la mayoría de las democracias del planeta. Generalmente se trata de favorecer a los candidatos postulados por el partido político en el poder, aumentando la deuda a través de la construcción de obra pública, y con ello formar una imagen positiva del Gobierno en el potencial elector. Guardando las debidas proporciones, los saltillenses han visto cómo las principales áreas verdes y camellones de las avenidas más transitadas de la ciudad han sido acicalados, tratando de mostrar al automovilista una localidad limpia y ordenada; quizá las obras de embellecimiento se deban a las próximas elecciones municipales. Aunque los ajustes impositivos aparecen después de los sufragios, los gobiernos responsables tratan de compensar el incremento en el gasto público por las elecciones con la subida de impuestos, tratando de equilibrar el presupuesto.

La deuda pública en Coahuila. Hace unos cuantos días, la organización México ¿Cómo Vamos? hizo del dominio público el estado que guarda la deuda pública del país y de las entidades federativas, y entre ellas obviamente sobresale Coahuila por sus elevados pasivos. Su deuda pasó de 0.5% del PIB estatal en 2009, a 5.6% en 2017; esta última tasa está por encima de la tasa de la deuda nacional, que en el último trimestre de 2017 cerró en 4.1% del PIB nacional. Aquí el problema radica en el escaso margen financiero que tiene el Gobierno estatal en turno para cumplir con las obligaciones monetarias heredadas y realizar obra pública, pues los pasivos irresponsablemente adquiridos, según cálculos conservadores, se podrán cubrir en una o dos generaciones más de coahuilenses. Y habrá que esperar varios años más para conocer los documentos que muestren el monto real y destino de la deuda del Gobierno de Coahuila.

Las principales economías del planeta, las que se agrupan en el G-7, han venido disminuyendo su productividad laboral. Al menos en el periodo de 1971 a 2015 se ha observado una caída en sus indicadores de rendimiento, según lo constatan las estadísticas que publica la OCDE en 2016.

Los avances recientes que ha tenido la ciencia y la tecnología, que se han materializado en la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial, entre otros, parece ser que han sido rápidamente absorbidos por una parte del sector productivo, pero sus efectos multiplicadores no han trascendido en el mediano y largo plazo, no se ha tenido una gran influencia en el repunte de la productividad; al contrario, esta ha disminuido por motivos que aún no se tienen claros, aunque líneas abajo se comentan algunos, que han sido de los más relevantes, pero sin olvidar que no hay consenso entre los especialistas sobre su incidencia directa en la caída de la productividad.

Algunos historiadores económicos que han revisado la evolución de la economía mundial, después de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad, han mostrado que el advenimiento de la Revolución Industrial tuvo un impacto sustantivo en el desarrollo de los pueblos: la invención de la máquina de vapor, la electricidad y el motor de combustión interna han sido la piedra angular del avance tecnológico y no se ha encontrado punto de comparación con ella, por el cúmulo de beneficios que ha prodigado a la sociedad en general, ni siquiera la digitalización de la tecnología la ha superado.

Primera barrera a la productividad laboral: fallas de mercado. Infortunadamente la competencia de mercado que se tenía en la segunda mitad del siglo 20 en los países industrializados, en donde los agentes económicos configuraban una estructura relativamente perfecta en el sentido de una mayor libertad para las transacciones económicas, ha desaparecido en forma paulatina, dando lugar a la formación de oligopolios y monopolios, que aprovechan su poder de mercado para fijar precios y “absorber” las innovaciones tecnológicas, entorpeciendo su difusión y penetración intrasectorial y sectorial; con ello, desincentivan la participación del minorista en el caso del comercio o del pequeño y mediano empresario. En México, solamente por citar algunos ejemplos: el establecimiento de sólo dos cadenas de cine; menos de 10 laboratorios, que elaboran y distribuyen los medicamentos de patente; dos cadenas que dominan el mercado minorista del comercio, menos de cuatro cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, etcétera.

Segunda barrera a la productividad laboral: la falta de calificación de la mano de obra. La oferta de trabajo actual, al menos en los países del G-7, no ha cubierto los requerimientos que exigen los empleadores; generalmente los trabajadores con mayor cualificación (mayor nivel técnico y directivo) se colocan en las empresas de frontera tecnológica, logrando mejores salarios en relación con el resto de empleados que prestan sus servicios en empresas no líderes del mercado. Las marcadas diferencias en las percepciones monetarias han aumentado las desigualdades en el ingreso. El índice de Gini, que mide la distribución del ingreso, ha aumentado. Si este indicador se mide después de impuestos y transferencias gubernamentales da como resultado que en los países mencionados, en promedio, el índice de Gini ha pasado de 0.26 a 0.36, lo que puede explicar la llegada al poder de candidatos populistas que buscan con demagogia restablecer órdenes mundiales de antaño.

Una de las herencias financieras, nada envidiable, que dejó el actual canciller Luis Videgaray cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda fue la creciente deuda pública del país. Al término del sexenio del presidente Felipe Calderón (2012), los pasivos ascendían a 5.4 billones de pesos, mientras al final de 2017 llegaban a 10.8 billones de pesos, cuyo monto generaba un pago de 533 mil 351 millones de pesos tan sólo por el servicio de la deuda o pago de intereses (Fuente: SHCP). Desde la perspectiva del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda pública en 2012 representaba alrededor de 33% del PIB; en cambio, para 2017 se incrementaba a 48% con respecto a ese indicador económico.

El gasto y la inversión pública. Si se revisan las cifras de la inversión gubernamental en obra pública de enero a noviembre de 2017, esta alcanzaba los 518 mil 859 millones de pesos, y todo apunta para que al final del año las variaciones que tenga sean mínimas y se convierta en la más precaria desde 2010. Se evidencia porque el Gobierno bajó drásticamente su tasa de participación en la economía, a través de la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, presas, hidroeléctricas y un largo etcétera. El costo de la deuda pública pagado en 2017 fue superior a la inversión. Luego, entonces, pueden surgir algunas preguntas del perspicaz lector de este artículo: ¿qué partidas del presupuesto se financiaban con los recursos provenientes de los préstamos? Y de los más de 4.8 billones de pesos que conformaban el gasto gubernamental aprobado por la Cámara de Diputados para 2017, ¿qué porcentaje representaban los fondos destinados a la infraestructura y equipamiento público?

Es muy probable que la mayoría de los recursos fiscales recaudados y aquellos solicitados vía préstamos (externos y domésticos) que manejaba el Gobierno hayan sido absorbidos por el gasto corriente y el pago de la deuda, incluyendo la banca de desarrollo y los pasivos de las paraestatales (Pemex y CFE). Aunque, también vale la pena decirlo, en 2017 se logró un superávit primario (ingresos menos gastos, sin incluir el monto de los intereses) equivalente a 1.4% del PIB, superávit financiero que pudiera explicar la caída de la inversión pública en el país.

El Consejo Fiscal Independiente. A pesar de la existencia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determina el uso que se le debe dar a los recursos que el Gobierno obtiene por los créditos obtenidos y de los organismos de auditoría y de estudios financieros dependientes de la Congreso de la Unión, que de alguna forma intervienen en el cumplimiento de la disciplina fiscal, desde hace algún tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno que instituya el Consejo Fiscal Independiente, que entre otras funciones tendría la de consolidar la estructura fiscal del país, de la que derivan las políticas que formula la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tal Consejo estaría conformado por personajes que no pertenezcan a ningún partido político, expertos en el tema, que tengan las capacidades técnicas para evaluar las políticas fiscales y supervisar el apego y cumplimiento de las partidas de egresos presupuestadas; no obstante, algunos funcionarios de la propia SHCP se han opuesto a la propuesta del FMI porque la consideran como una proposición que coarta la autonomía del propio Gobierno en materia fiscal. En otros términos, sería como privatizar una parte de las funciones de la SHCP. No obstante, convendría repensar esa propuesta dados los cambios que se pueden presentar en política fiscal con el cambio de sexenio ya en puerta, y que se caiga de manera irresponsable en el déficit fiscal.

Las declaraciones públicas de políticos, particularmente aquellos que contienden por la Presidencia de la República, no parecen apegarse a la realidad que se vive en el país y el mundo; muchas de ellas, sobre todo aquellas de carácter económico, rayan en los linderos de la utopía y la desfachatez. Ya en plena campaña electoral, infortunadamente ninguno de los candidatos ha presentado un programa de propuestas económicas serio, creíble y completo, que pueda llevarse a cabo en el sexenio que les tocaría gobernar a la nación.

Hemos escuchado propuestas que van desde el establecimiento de la renta básica universal hasta el congelamiento de precios de las gasolinas, pasando por el incremento de los salarios mínimos y el recorte de impuestos. Pero revisemos a grosso modo la propuesta de congelar el precio de los hidrocarburos, es decir, mantenerlo sin cambio durante al menos un periodo sexenal; es algo que endulza los oídos de quienes lo escuchan, suena muy atractivo, pero definitivamente se considera demagógico porque es inviable para el mercado competitivo en el que estamos inmersos como país.

A menos que se quieran manejar precios artificiales por debajo de los costos de producción, con el Gobierno subsidiando las diferencias entre los precios reales y los costos de producirlos o importarlos, como ha sucedido en el pasado reciente en México, pero esa aparente estabilidad de precios contribuyó a acelerar el crecimiento de la deuda pública, hasta que la hizo insostenible y surgió la liberalización de los precios de los combustibles, que se dio de manera abrupta, al grado que la picardía y el buen humor del mexicano le llamó el “gasolinazo” de enero de 2017, que indudablemente trajo consecuencias perniciosas que se vieron reflejadas en el incremento de los índices inflacionarios en los meses subsiguientes al cambio de precios porque aumentaron los costos de transporte de las mercancías. Aunque en 2018 todavía se presenta un incentivo fiscal a los precios de los combustibles, pero de menor monto que los subsidios de antaño.

No hay que olvidar que mientras el Gobierno controlaba los precios de las gasolinas, a través de subsidios, descuidaba presupuestalmente a la empresa que extraía y refinaba el petróleo: Pemex, lo que ocasionaba, entre otras cosas, la falta de mantenimiento y modernización de las plantas refinadoras de petróleo instaladas en diferentes puntos del país. Actualmente, la mayoría de ellas representa pérdidas para la paraestatal: de las seis que se tienen, tres ameritan una reconversión que implica una fuerte inversión para acondicionarlas a los requerimientos de la industrialización de los diferentes tipos de crudo. Por ello, el argumento político de construir dos refinerías más debe acompañarse de sacar de la obsolescencia a las ya existentes, para que México pueda ser autosuficiente en la producción de gasolinas.

Para su construcción, ese megaproyecto petrolero nacionalista necesitaría de millonarios recursos que si bien es cierto podrían obtenerse de créditos del exterior y de recortes presupuestales a programas sociales y de infraestructura del Gobierno, pero el lado oscuro de ese planteamiento, que más bien suena a ocurrencia populachera trasnochada, estaría en el gran sacrificio que significaría para la población de escasos recursos del país quedarse sin recibir transferencias de ingresos públicos, con las cuales se sustentan las políticas sociales. Ese segmento poblacional difícilmente posee un automóvil, y aunque habitualmente utiliza el transporte público para desplazarse, su consumo “indirecto” de gasolina es inferior al de la población mejor posesionada económicamente del país, que paradójicamente sería la más beneficiada de una política de corte aparentemente social.

Durante la XV Semana de Economía, organizada en marzo pasado por los alumnos de la Facultad de Economía de la UAdeC, se llevaron a cabo varias conferencias magistrales dictadas por miembros de prestigiados centros de investigación del país. Una de ellas examinó los factores que influyeron para lograr un crecimiento de más de 6% anual del PIB en el periodo de 1952 a 1970, mientras que el PIB por habitante lo hacía en alrededor de 3.7% anualmente, cifras que resultan muy elevadas en comparación con los crecimientos que ha tenido la economía nacional en los últimos 35 años, que en promedio no han rebasado 2.6% anual.

Aunque, según el autor de tal conferencia, a pesar de la bonanza económica, las desigualdades en el ingreso de las familias ya representaban una señal de advertencia para los futuros gobiernos; no obstante, las políticas públicas responsables de disminuir las inequidades no fueron suficientes ni sostenidas, y los resultados adversos no se hicieron esperar.

La investigación que da pie a la conferencia mencionada realizó varios hallazgos: uno de ellos fue la diferencia que existió en la productividad total de los factores (PTF) -entendida como un indicador que refleja las modificaciones que se dan en los niveles de producción, que son atribuibles al capital, a la mano de obra y a otros factores- entre aquella dorada época económica y la actual, la del modelo económico de promoción de exportaciones.

La PTF de antaño fue mayor que la alcanzada en la era de la globalización financiera y económica en la que el país está inserto. Otro dato que marcó la diferencia, por supuesto entre otros, fue que en aquel lejano pasado la tasa de informalidad con respecto a la población total era mucho menor a la que se tiene actualmente.

En 2018 tenemos una economía polarizada con muchos millones de mexicanos viviendo en la pobreza, y la mayoría desarrollando actividades poco productivas bajo el paraguas de la economía informal.

Las propuestas que se derivaron de la citada disertación fueron varias, pero citaremos algunas sólo a manera de ilustración. Dado que ha sido costoso y complicado eliminar paulatinamente los mercados informales, o mejor dicho transferirlos a la economía formal con empleos registrados en el Seguro Social y fiscalizados por el SAT, se propone elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que no distingue entre trabajadores formales o informarles, y resulta más difícil evadirlo.

En cambio, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es relativamente más fácil burlarlo en los servicios que se presten entre proveedor y cliente. El IVA, aunque se considera un impuesto regresivo al consumo, se prefiere al ISR por el porcentaje tan bajo que tiene el país en recaudación fiscal, en relación con otras naciones con tamaños de economías similares.

También se propone eliminar los más de 6 mil programas sociales que tienen los diferentes gobiernos del país que no han salido bien evaluados cuando se contabiliza el número de pobres que han dejado de serlo por las transferencias de ingresos que reciben de los gobiernos.

Los aumentos impositivos y recorte de programas sociales financiarían un programa de salud universal en donde cualquier mexicano tendría el derecho a la previsión y asistencia médica; además, con los recursos obtenidos se incrementarían los presupuestos a los programas de educación, vivienda, desarrollo urbano e infraestructura carretera. Una propuesta radical, sin duda, pero poco viable políticamente, que difícilmente aparecerá en los programas de los candidatos a la Presidencia de la República.

Pensionissste es un organismo descentralizado del ISSSTE, responsable de administrar las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores del Instituto. En 2008 se incorporó al mercado privado de las Afores, aunque las utilidades que llega a percibir, por su misma naturaleza estatal, se reinvierten en las cuentas de sus afiliados. En su portal digital se lee que su misión es “Administrar con eficiencia el patrimonio para el retiro de nuestros cuentahabientes, maximizando su ahorro a través de la mayor seguridad en la inversión de sus recursos…”.

A la fecha, Pensionissste es la única Afore en México de procedencia estatal (pública), quizá por ello cobra la comisión más baja a los cuentahabientes en relación con el resto de administradoras de fondos.

El capital monetario que administra proviene de las cuotas de sus afiliados, así como de la rentabilidad de sus activos, que en 2017 eran cercanos a los 169 mil millones de pesos. Se estima que tiene una población afiliada superior a los 2 millones de trabajadores, los cuales reciben uno de los rendimientos más elevados por sus ahorros para la vejez, en comparación con los que ofrecen los demás jugadores del mercado pensionario mexicano.

No obstante lo anterior, en 2016 pasó al escrutinio del Congreso de la Unión una propuesta de reforma a Pensionissste en la cual se solicitaba su desregulación para darle autonomía financiera, al separarla (técnicamente) del ISSSTE y darle más libertad en la toma de decisiones de inversión.

Con ello se pretendía hacerla más competitiva en el mercado, porque era preocupante el elevado número de migraciones que tenía, trabajadores que preferían otra opción para la administración de sus recursos, lo cual se evidenció en la información que dio a conocer a los medios de opinión un diputado del Congreso de la Unión. Según él, entre 2012 y 2014 la Afore disminuyó su cartera de clientes al perder 39 mil 718 cuentas individuales, que representaban alrededor de 51 mil 232 millones de pesos. Es conveniente hacer mención que el mercado pensionario no es la excepción a la regla de los mercados en México, que se distinguen por la concentración. El mercado que nos ocupa es dominado solamente por tres empresas, que acaparan más de 60% de las cuentas individuales de los trabajadores.

La breve descripción de Pensionissste se utiliza en este artículo como coartada para comentar la inversión que recientemente hizo tal administradora en la compra de acciones de una compañía constructora. Presuntamente de-sembolsó alrededor de 400 millones de pesos en papeles bursátiles que se convirtieron en humo o se fueron por el drenaje porque la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió del mercado accionario a esa empresa, quedando prácticamente sin valor alguno.

El despropósito de tal acción tiene varias aristas desde donde se pueden realizar algunas críticas de carácter técnico y hasta éticas.

Llama la atención la opinión del presidente de la Consar, comisión que se encarga de la supervisión de las Afores, quien externo que no se quebrantó ninguna norma con la fallida operación llevada a cabo por Pensionissste, debido a que se ajustó a los parámetros que marcaba la normatividad para el tamaño de las inversión (el monto de la transacción representó 0.2% del capital de Pensionissste, lo que no rebasaba el tope establecido).

El punto de vista del dirigente de Consar es respetado porque se basa en la ley, pero fuera de ahí, no deja de ser limitado desde el punto de vista ético, particularmente porque trata de ignorar lo que ya era de dominio público: una empresa constructora con altos pasivos que la orillaban a la quiebra técnica; no obstante, entre los tomadores de decisiones de dicha Afore no hubo una racionalización en la compra de acciones y lamentablemente se despilfarró el ahorro de los trabajadores, su seguro para la vejez.

Uno de los primeros suicidios que registra la historia del Nuevo Testamento, y que precisamente se dio cuando el movimiento cristiano iniciaba en la lejana Palestina, fue el de Judas Iscariote, quien probablemente abatido por la frustración y la culpa de haber traicionado a su Maestro, prefirió poner fin a su existencia, evitando con ello el desprecio y la vergüenza del resto de los apóstoles. Si bien es cierto las causas de los suicidios en el mundo han sido multifactoriales, una de las que no han perdido vigencia es la frustración, o poca tolerancia al fracaso.

Llama la atención el alto índice de suicidios en México en relación con el resto del mundo, por ejemplo con Japón y Canadá, naciones con un elevado Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide la escolaridad de la población, el crecimiento económico y la esperanza de vida al nacer, factores que no han desincentivado la decisión de privarse de la vida. A priori parece ser que no se presenta una correlación estadística entre el número de suicidios y la pobreza y desigualdad de las sociedades.

En el caso de la población nipona, es su código de valores humanos, y sobre todo el gran respeto que se tiene por ellos, lo que la hace poco tolerante al incumplimiento de algún principio ético, como pudiera ser la honestidad, que cuando se llega a quebrantar, y ante la deshonra familiar, frecuentemente orilla a optar por la senda del suicidio. En ese sentido, los mexicanos tenemos la epidermis más gruesa, particularmente la clase política.

El suicidio en México. Sobre este tema conversamos con la especialista en enfermedades mentales Ana Luisa Martínez, quien labora en el Centro de Salud Mental (Cesame) y es autora del libro Electromedicina en Salud Mental: Compilación de Evidencia Terapéutica (ISBN 978 960 796 24906). La siquiatra menciona el suicidio por impulso, que generalmente ocurre entre jóvenes con carencias en sus relaciones afectivas interpersonales, que tienen el umbral de la frustración muy abajo, que muestran reacciones extremas hasta la muerte ante la negativa de compra o prohibición en el uso de algún producto por parte de sus padres o tutores. Otro motivo que no debe descartarse pudiera ser el fracaso en las relaciones sentimentales.

En la población adulta mayor, el de-sempleo, la soledad y la desesperanza en el porvenir han sido factores que han contribuido a la privación de la vida. En cambio, en personas con algún padecimiento mental como la depresión, el suicidio se lleva a cabo de manera más estructurada, se planea la forma y fecha de realizarlo. En el suicidio todavía no se presenta la equidad de género, pues la mayor incidencia se presenta en la población varonil, sobre todo en aquella mayor de 60 años, que recurre más este medio.

El suicidio desde la óptica económica. La doctora Martínez prioriza las desgracias que pueden surgir ante un suicidio: en primer lugar, si se trata de un joven, es la pérdida de una vida humana que representaba potencialmente un proyecto de vida, que pudo aportar conocimientos, energía e innovación a la economía del país; en el seno del hogar, vienen los costos económicos y emocionales que representan los cuidados hospitalarios y familiares cuando el suicidio no fue letal, pero la persona quedó con serios problemas de salud que le impiden llevar una vida autosuficiente; tampoco son irrelevantes los costos que representan para la salud pública extender una incapacidad permanente que cubra la pensión del fallido suicida. Y por último, las afectaciones siquiátricas y sicológicas que pueden sufrir los familiares y amistades. El proceso de duelo puede ser tortuoso y caro, y más si se extiende por un largo tiempo.

Con más de 400 años de fundación, se puede decir que en los últimos 50 la ciudad de Saltillo ha experimentado cambios importantes en sus vialidades e infraestructura urbana. Uno de ellos, y que detonó el crecimiento de la parte norte y noroeste de la ciudad, fue la construcción de la avenida Francisco Coss. Algunos de sus tramos atravesaban parte de los terrenos de la antigua estación del ferrocarril: para su trazo, se hizo necesario levantar las vías que durante muchos años bloquearon el flujo rápido de vehículos privados y del transporte público que tenían como destino u origen el norte o el sur de la ciudad, pues en aquellos años esa interconexión vial se hacía solamente a través de un paso a desnivel que unía la calle Allende con el entonces bulevar Constitución, ahora Venustiano Carranza.

Tiempo después, también se retiraron de la cinta asfáltica las vías y espuelas que permitían que el ferrocarril abasteciera de cereales y otros insumos a las compañías harineras ubicadas en la calzada Emilio Carranza. Sin duda, el aparcamiento de los vagones en plena calle detenía por largos minutos la circulación de vehículos motorizados que circulaban de la parte poniente al oriente o viceversa de la mancha urbana.

Las modificaciones en el trazo urbano respondían a los requerimientos de espacios por parte de la incipiente industrialización de la región, acrecentando los intereses de desarrolladoras e inmobiliarias de bienes raíces, que aprovechaban el suelo de la periferia de la ciudad para multiplicar el número de colonias y fraccionamientos. La plancha de asfalto y concreto comenzó a extenderse, alimentada por la especulación y plusvalía urbanas, en detrimento del primer cuadro de la ciudad. La urbanización acabó con las pocas áreas arboladas y fuentes superficiales de agua de la ciudad, en lo que los amigos del medio ambiente tal vez le llamarían ecocidio.

Los puentes de la gente. Décadas después se hicieron algunas ampliaciones y adecuaciones al periférico Luis Echeverría mediante la construcción de puentes y pares viales. Las obras se llevaron a cabo particularmente en la parte norte-oriente, y simultáneamente se construyeron pasos a desnivel sobre la carretera Saltillo-Ramos Arizpe. El proyecto vial consistía en lograr una comunicación expedita para facilitar la entrada del autotransporte y automóviles a los parques industriales afincados al norte. En palabras más técnicas, tratar de minimizar los costos de logística de las empresas de capital extranjero.

Quizá la intención de aquellos gobernantes responsables de los cambios en la estructura urbana de la provinciana Saltillo haya sido buena, pero limitada, como nos tienen acostumbrados nuestros políticos; lamentablemente careció de una perspectiva de largo aliento en donde se debían haber considerado otras formas de movilidad urbana, como un transporte público eficiente, con un metrobús y hasta trenes interurbanos que cubrieran las rutas de la capital del estado con las cabeceras municipales de la Región Sureste del estado; la descarbonización del transporte; los modos alternativos al transporte motorizado, y principalmente la construcción de vías seguras para el peatón, que parece que es lo que menos interesa en los planes de desarrollo urbano del país.

Irremediablemente, Saltillo, a pesar de catalogarse como una ciudad intermedia de México por el número de habitantes y densidad poblacional, se ha convertido, como muchas otras de la República, en una pequeña urbe con un “crecimiento desordenado y disperso acompañado de una insuficiente planeación territorial… que demerita la calidad de vida de sus habitantes…”. (Fuente: ITDP, 2016).

Los estudiosos de la ciencia económica saben bien que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el comportamiento promedio de los precios de bienes y servicios de consumo cotidiano durante un periodo determinado, por su misma estructura no distingue entre el aumento o disminución de precios de los productos individualmente, de ahí que se puedan tener alzas considerables en algunos y decrementos en otros, y desde esa perspectiva llegan a modificar el poder de compra de los hogares.

Uno de los productos casi imprescindible en el consumo de las familias es el gas LP doméstico, que se utiliza para la cocción de alimentos y funcionamiento de calentadores de agua y ambiente. Este ha experimentado incrementos muy pronunciados en su precio en un periodo relativamente corto, pues en menos de un año ha pasado de 13 a más de 20 pesos por kilogramo. La carrera alcista de este bien básico no se refleja directamente en la tasa anual de inflación del país porque su incremento puede compensarse con la disminución de precios de otras mercancías. La variación tan abrupta de precios del gas LP ha obligado al Gobierno a investigar cuáles han sido las causas de esos aumentos, que parecen contradictorios con las expectativas que se tenían de bajos costos con la reforma energética.

Si la memoria no nos juega una mala pasada, vale la pena recordar que a finales de 2015 un grupo de diputados federales solicitaba al Gobierno la importación de gas LP de Estados Unidos sin ninguna restricción arancelaria para 2016. La sencilla aritmética que presentaban era provocativa y parecía la solución al encarecimiento de dicho producto: proponían importarlo del vecino del norte porque tenía un precio que no rebasaba los 5 pesos por kilogramo, incluyendo el flete, cuando en ese tiempo se vendía en las gaseras mexicanas a más del doble.

De acuerdo con esas voces camerales de antaño, Pemex no tenía la capacidad para abastecer el mercado nacional, ya que cubría solamente 70% y sus costos de operación eran superiores a los que generaban las procesadoras estadunidenses. No obstante, a pesar de la liberación del precio del gas y la llegada de barcos de los puertos americanos al mercado mexicano, las condiciones económicas han cambiado, lo que por supuesto no contemplaron los diputados en su propuesta y ha perjudicado a los consumidores nacionales, pues los precios de ese fluido no han bajado, por el contrario, han ido en constante aumento.

Uno de los factores que han encarecido el precio del hidrocarburo y que ha detectado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), auxiliada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha sido la probable colusión que se da entre las principales compañías distribuidoras y comercializadoras de gas; esto es, llegan a acuerdos ilegales en la determinación de los precios, por encima de los que genera la libre competencia, la cual pasa a segundo plano, surgiendo así prácticas monopólicas entre los agentes que participan en el mercado.

Quizá al final la investigación muestre que la CRE tenía razón en sus apreciaciones. Pero el problema estructural no radica allí, sino en la política energética que siguió el país desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas, pues bajo el modelo económico de sustitución de importaciones y de desarrollo compartido, la explotación de petróleo y gas se derrochó, utilizándose los petrodólares para cubrir los excesivos gastos del Gobierno; mientras, con el modelo económico actual, ya en declive la producción de los principales yacimientos someros petroleros, lo que queda del llamado oro negro en aguas profundas se entrega a compañías transnacionales.

Hace algunas semanas, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a despotricar en contra de México al señalarlo como el país más violento del mundo, afirmaciones meramente impulsivas y alimentadas por un fuerte rencor hacia los mexicanos. Tales aseveraciones, desde la perspectiva racional más elemental, denotan el desconocimiento palmario de los índices de homicidios de las naciones del mundo, y por supuesto nuestro país no ocupa el deshonroso primer lugar que le adjudica en muertes violentas por la delincuencia; sin ser consuelo, pero naciones iberoamericanas como Honduras, Brasil y Colombia tienen estadísticas superiores en ese nefasto tema.

Cabe señalar que la reacción que tuvieron las autoridades encargadas de la seguridad nacional casi pasó inadvertida, no se inmutaron y mucho menos intentan cambiar la estrategia seguida durante el actual sexenio en el combate al crimen organizado. Pero independientemente de las declaraciones del Primer Mandatario estadunidense, lo que sí es preocupante es el clima de inseguridad que priva en el país.

Por los hechos delictivos y la percepción que se aprecia de ellos, el temor que siente el ciudadano común y corriente de que al salir a la calle sea víctima de un atraco, o todavía más grave, de que en su propio domicilio lo ultrajen y roben, de ninguna manera son temores infundados.

Las cifras dadas a conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que tienen como fuente primaria los registros administrativos de los ministerios públicos de las entidades federativas, hacen que la ficción supere a la realidad en cuanto a la violencia, que nos convierte en un país que raya en lo absurdo y sin sentido. Según la ONC, en 2017, cada 18 minutos se cometió un crimen.

Las entidades federativas más violentas en ese periodo fueron Colima, Baja California Sur y Guerrero. Así, 2017 se consideró como el año más violento en la historia reciente del país. Hay que recordar que el índice de homicidios se construye por el número de muertes por cada 100 mil habitantes. Lo que llama la atención es la elevada criminalidad en Colima, que hasta hace algunos años era de los menos violentos en el país, a pesar de su cercanía con Jalisco y Sinaloa.

El arsenal de armas de fuego. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de armas de fuego para México y otras naciones de Ia región. Si se consideran únicamente las armas confiscadas por las autoridades encargadas de la seguridad nacional, con las que se cometió algún delito, la suma es muy elevada. De 2014 a 2016 la cifra alcanzó alrededor de 50 mil armas, y muchas de ellas, fueron las llamadas largas (AK y AR).

Según investigadores que colaboraron en el informe Beyond Our Borders, la frontera entre México y Estados Unidos tradicionalmente ha sido muy porosa, pues a diario pasan de contrabando miles de armas que tienen como destinatarios los grupos del crimen organizado. El mercado estadunidense se abastece de importaciones de drogas y a cambio exporta armas que complementan un círculo perverso que deja una estela de violencia y muerte en nuestro país.

En muchos países desarrollados se sigue discutiendo sobre las horas de trabajo que debe devengar un empleado. En Suecia, recientemente se hizo un ensayo sobre un grupo de personas que estuvo frente a sus obligaciones laborales seis horas diarias, es decir, 30 horas de lunes a viernes, y descansando los fines de semana; después de un periodo de estudio, se llegó a la conclusión de que el recorte en el horario de trabajo había traído elevados costos a la empresa que se usó para realizar la prueba. Lo que sí, y se ha mostrado estadísticamente, es que la productividad del trabajador no está relacionada con las horas que pasa fuera de su hogar, en la oficina o empresa, porque los países más productivos tienen jornadas laborales más cortas que el resto de naciones con estadios de desarrollo económico inferiores.

En México se han realizado diferentes estudios sobre el trabajo y el comportamiento del trabajador. Sociólogos, economistas y estudiosos de la salud han hecho interesantes aportaciones que han servido para echar abajo leyendas y mitos sobre la mano de obra nacional. Uno de los hallazgos más importantes habla de las asimetrías que se presentan en los diferentes sectores de la economía en cuanto al rendimiento del trabajador: por ejemplo, los trabajadores del sector automotor compiten en productividad con aquellos de cualquier país avanzado; en cambio, los del sector agrícola temporal tienen una productividad muy precaria, que en ocasiones puede llegar a ser negativa.

La más reciente publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el trabajo habla de que en nuestro país se labora en promedio 8.5 horas diarias, que lo coloca como líder de todas las naciones de esa organización, las cuales laboran menos horas por semana. También, los mexicanos se retiran de la actividad productiva en promedio a los 73 años, que es una cifra elevada, al menos para la OCDE.

El estrés laboral. Ser un adicto al trabajo trae consecuencias a la salud. Por ejemplo, se estima que en 2015 murieron en Japón 2 mil 300 personas por estrés laboral, ante lo cual las autoridades y las empresas involucradas remuneraron económicamente a las familias de las víctimas del exceso laboral. Según un experto de la Facultad de Medicina de la UNAM, la consecuencia que trae la sobrecarga laboral se manifiesta en la salud del trabajador, quien es propenso a padecer depresión, infartos y enfermedades digestivas, etcétera. (El Financiero del 10-02-18).

Se consideran dos factores que inciden en que el trabajador mexicano esté más horas laborando: el primero puede estar asociado a la precariedad del salario real, por lo que se tiene que recurrir a las horas extras para conseguir una remuneración adicional. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que las percepciones salariales contractuales reales cayeron 0.8% en el primer mes del año, baja en el poder adquisitivo que se acumula a la que se viene arrastrando desde 2009, cuando la economía decreció abruptamente. El otro factor tiene que ver con la falta de escolaridad del mexicano, el promedio no sobrepasa los ocho años, cantidad inferior al promedio de la OCDE.

En la ciencia económica se estudia al menos teóricamente la disyuntiva que tiene el trabajador sobre dedicar más tiempo al ocio, o laborar más horas en la empresa, por citar algún ejemplo, en las compañías automotrices o simplemente al devengar el salario en cualquier otro sector de la economía. Si opta por la segunda opción, sus ingresos se verán incrementados, en cambio si renuncia a las horas extras, tendrá menos remuneración, pero aumentará su tiempo con su familia, disfrutar de esparcimiento personal, o también como alternativa viable está la de ejercer diversas actividades para el desarrollo personal, que únicamente se pueden lograr fuera del confinamiento que representa trabajar en cualquier ramo.

La respuesta que dan los manuales de macroeconomía a esa interrogante se centra en la posición económica en que se encuentren los trabajadores, tanto de cuello blanco como azul. Si las percepciones monetarias o sueldos son adecuados a los requerimientos básicos del empleado, este preferirá menos ingresos a cambio de disfrutar más horas libres; sin embargo, especialistas en el tema hacen la aclaración de que generalmente en las economías priva la propensión a obtener más ingresos, sacrificando la presencia fuera del entorno de trabajo.

Según los autores consultados, la preferencia monetaria mencionada es igual de válida para países desarrollados como en vías de desarrollo. Pero si se hace mención a los nuevos estudios que se han hecho sobre el comportamiento laboral de los jóvenes que nacieron en 1984 y después, particularmente aquellos con estudios universitarios, se encuentran conductas que valoran más la satisfacción personal en el trabajo, que la demanda salarial, inclusive por encima de la lealtad o el agradecimiento; el desapego a la fuente de empleo, que de ninguna manera significa irresponsabilidad en las funciones demandadas o disminución en la productividad, sino la conciencia de temporalidad en las tareas que se realizan, y sobre todo ausencia de compromiso a mediano y largo plazo de los noveles profesionistas que se contratan.

Las actitudes de los jóvenes frente al trabajo pueden ser un factor a considerar en las explicaciones que se den sobre la rotación de personal en las empresas. En Saltillo y su área conurbada, según el presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (Arhcos), la rotación de personal alcanza los 6 mil trabajadores, los cuales en promedio cada tres meses cambian de trabajo, lo que implica un costo para la empresa por los recursos que destina para la capacitación.

Si bien es cierto la mayor rotación en Saltillo es de personal operario con estudios máximos de técnico y en restaurantes y hoteles, que puede escapar al comportamiento de los millennials con carreras profesionales, llama la atención que la demanda de trabajadores de los empleadores de la región no haya generado incrementos salariales para retener al personal que se capacitó. Tal parece que la oferta de trabajo en constante transición representa una masa de trabajadores excedentarios “flotantes”, que coadyuva a mantener la estabilidad en las percepciones salariales.

Y es probable que estos se mantengan sin modificación por la desaceleración económica que experimentará la región en el mediano plazo, y sin duda la tasa de rotación también disminuirá.

Cuando el modelo de sustitución de importaciones regía la economía del país, que desde luego no era privativo de México, pues muchas naciones iberoamericanas lo habían adoptado, aunque con ciertos matices en lo referente a la apertura al mercado externo, el intercambio comercial con el exterior presentaba cifras relativamente bajas, ya que se importaban bienes de capital y lo exportado tenía un escaso valor agregado. Se pudiera hablar de una economía semicerrada, pues su crecimiento estuvo en función del campo hasta que este se descapitalizó y dejó de proveer los recursos para la incipiente industrialización en el régimen del presidente Miguel Alemán Valdés.

Posterior a ese paradigma se formuló otro, que dependió en gran manera de la explotación del petróleo, que por varias décadas fue la principal fuente de financiamiento del Gobierno federal y de las entidades federativas. La debacle del mismo se dio a principios de 1980, cuando se inició una reconversión de las actividades productivas y el país se incorporó a lo que es actualmente la Organización Mundial del Comercio (OMC). La orientación ahora fue hacia afuera, a través del modelo de promoción de las exportaciones. Este tuvo un gran apoyo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), que vino a fortalecer varios sectores de la economía, como el automotor, el químico y el electrónico, entre otros. Su funcionamiento ha traído claroscuros al proceso productivo, con el acuerdo de las empresas más afectadas, que han sido aquellas cuya orientación ha sido el mercado nacional, que no han dado el “salto” para competir en el extranjero.

En la víspera de la probable renovación del TLC, el INEGI y el Banco de México dieron a conocer las estadísticas sobre el comportamiento de la balanza comercial en México en 2017, que históricamente ha sido deficitaria. A pesar de la apertura comercial, se siguen importando materias primas, insumos y bienes intermedios, de los que muchos se utilizan en los productos que se exportan.

No obstante, en 2017, el déficit de la cuenta de comercio internacional disminuyó con respecto al año inmediato anterior, alcanzando una cifra de 10 mil 875 millones de dólares, menor a la de 13 mil 125 millones de 2016. También los números que recién se publicaron señalan un sector exportador dinámico, que creció 9.5% entre 2016 y 2017 y cuyo monto ascendió a 409 mil 494 millones de dólares, una cantidad récord nada despreciable que representa una fuerte participación en el PIB. Entre las ramas económicas que lideran las exportaciones están la automotriz; maquinaria, equipo y productos metálicos diversos; y equipos, aparatos eléctricos y electrónicos.

Al hacer un análisis sobre el comportamiento de la balanza comercial es menester considerar la depreciación del peso frente al dólar como un factor determinante del auge comercial, debido a que abarata las exportaciones del país. La competitividad del sector externo lamentablemente no se basa en el incremento de la productividad laboral y de capital, que permanecen todavía muy distantes de las que tienen Estados Unidos y Canadá, y nos coloca como una economía en vías de desarrollo.

Las precampañas de los candidatos a la Presidencia de la República lamentablemente no han presentado a la opinión pública un programa creíble a seguir para lograr un mayor crecimiento de la economía nacional. En el caso de que alguno de ellos gane la elección que se llevará a cabo el próximo mes de julio, quizá obedezca a que se estén reservando el mismo para las campañas políticas. ¿Quién sabe?

Sin embargo, el que tiene una plataforma más acabada es el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con un diagnóstico socioeconómico que hace mucho hincapié en que la principal causa de los males que azotan a México es la corrupción de los gobernantes, inclusive hace estimaciones, a grosso modo, sobre lo que le cuesta al país cargar con ese desvío de recursos públicos, y según él, si terminara, con ese dinero podría ser suficiente para becar a jóvenes en las universidades del país, que actualmente no estudian ni tampoco trabajan.

Es probable que tenga razón, pero el peso que le asigna me parece desmedido, y particularmente por lo complicado que es erradicarla del quehacer cotidiano gubernamental, que desempeña el burócrata más encumbrado hasta el funcionario menor. Fuera de allí, sus propuestas económicas requieren de más estudio y conocimiento del entorno nacional e internacional para que pudieran considerarse como tangibles, para formular con ellas políticas económicas de largo aliento, que rebasen los sexenios presidenciales y que pasen de las buenas intenciones a la aplicación real.

OtrA propuesta económica y social que ha circulado en los medios de comunicación es la que ha hecho el candidato de la alianza PAN-PRD, Ricardo Anaya, sobre el ingreso básico universal, que cubre monetariamente a la mayoría de los mexicanos, que por el solo hecho de serlo tienen derecho a ella. No obstante, también tiene la gran desventaja de cómo se financiaría. El novel candidato se ha limitado a mencionar sus bondades, pero no ha dicho nada más, lo cual la hace inviable económicamente por la precaria recaudación fiscal y la insuficiente capacidad financiera del Gobierno, por ello muy lejana para el contexto nacional.

Por su parte, el precandidato del PRI, José Antonio Meade, fuera de los mensajes de buenos deseos y felicitaciones por Año Nuevo que ha externado en radio y televisión, no ha hablado de un programa económico serio para disminuir la desigualdad y la pobreza, así como incrementar el crecimiento económico del país. Aunque es casi seguro que pronto lo hará, y entonces los analistas lo podrán revisar y emitir sus comentarios. De los candidatos independientes nada se puede decir, pues están fijando toda su atención en la recolección de firmas de los ciudadanos para su postulación.

Por el gris panorama electoral que se ve, y las expectativas que se esperan de cada candidato, al emitir el voto el ciudadano debe ser muy consciente de por quién lo hace, particularmente no creerse de que la grave situación que priva en México se soluciona con la llegada de un nuevo presidente. Si se sufraga por impulso o emoción, y no se razona el voto, puede acarrear consecuencias negativas en el corto y mediano plazo para la sociedad, particularmente para las clases medias y las menos remuneradas económicamente.

Generalmente los mercados accionarios han estado fuera del alcance de las clases económicamente medias y bajas; en ese sentido, han sido elitistas porque su función es apoyar a medianas y grandes empresas con determinado capital social, y también a accionistas con capacidad económica razonablemente elevada. Han sido un instrumento para financiar compañías que salen al mercado bursátil y emiten acciones.

En México, durante varias décadas operó una sola bolsa de valores, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, con un número reducido de empresas en relación con el tamaño del país. Al hacerse pública, una empresa debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, informar periódicamente de sus estados financieros y contar con cierto nivel de capital social, lo cual provoca que muchas veces se desincentive el ingreso a ese tipo de mercados. Y si además se considera la incipiente cultura bursátil de los empresarios mexicanos, el panorama se complica todavía más.

Pero a pesar de ello, se acaba de publicar en los medios de comunicación que la Secretaría de Hacienda autorizó la operación de la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Después de varios meses de gestiones administrativas, el proyecto bursátil por fin consiguió la concesión del Gobierno al cumplir con los requisitos establecidos, y se espera que inicie actividades en el primer trimestre de 2018. Su apertura le hará competencia a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que tiene más de 40 años de servicio, agrupa a alrededor de 15 empresas y que tuvo ingresos en el primer semestre de 2017 de mil 507 millones de pesos.

El potencial del mercado bursátil. La pregunta que puede surgir en el sector económico y los estudiosos de los mercados es la siguiente: ¿por la escasa participación de las empresas en bolsa, se puede “justificar” una nueva bolsa de valores en México? La respuesta sería que sí, siempre y cuando se considere el tamaño del potencial bursátil del país y se emprenda una campaña de culturización entre los hombres con los recursos suficientes para invertir en la bolsa.

Se estima que en la economía nacional existen cerca de 6 millones de empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, las cuales cumplen con sus obligaciones fiscales y generan empleos formales. De ese universo, se calcula conservadoramente que más de 50 mil tienen la capacidad para ser listadas en bolsa. Si nos acogemos a esas cifras, se podría lograr que el financiamiento empresarial se diversifique, y no solamente se base en los préstamos de la banca comercial, la reinversión de utilidades y el apoyo de proveedores.

La Bolsa de Valores y la clase trabajadora. Aparentemente el mercado bursátil se ve muy lejano para la clase trabajadora del país por considerarse un mercado para ricos, que invierten en ella y esperan rendimientos o ganancias en el mediano y largo plazo. No obstante, su posición en el complejo entramado económico hace de la Bolsa un intermediario financiero que puede aprovecharse para apoyar a las empresas en sus proyectos de expansión, que a la vez generan crecimiento económico y más empleo.

Se han escrito muchos artículos periodísticos sobre la reforma fiscal promovida por el Gobierno estadunidense. En esta ocasión, este artículo habla sobre el carácter temporal de las mermas impositivas a las familias. Casi siempre las propuestas presidenciales sobre rebajas de impuestos a la población son bien acogidas, particularmente por los sectores que se verán beneficiados.

El caso más reciente que recuerdo es el de Estados Unidos, país que acaba de aprobar reformas estructurales en su sistema fiscal. Las cámaras de Representantes y de Senadores, en una votación cerrada, dijeron que sí a las propuestas de Donald Trump, las cuales representarán en 2018 alrededor de 1.5 billones de dólares que dejará de percibir el fisco de los contribuyentes, y que muy probablemente será financiado con deuda. Los asesores económicos del presidente Trump han concebido la reforma impositiva como el detonante para generar más empleos y crecimiento económico, que compensarán en el mediano plazo la pérdida de recursos fiscales.

Aunque para la mayoría de los críticos y analistas económicos ha pasado inadvertido el carácter temporal de los recortes de impuestos a las familias e individuos estadunidenses, es necesario mencionar que su limitado horizonte de tiempo puede truncar los propósitos más nobles de los creadores de los cambios fiscales. En materia económica es muy importante revisar la reacción de los consumidores ante los cambios en el régimen impositivo.

La evidencia empírica señala que, en décadas pasadas, en la economía estadunidense hubo modificaciones en impuestos, deducciones e incentivos fiscales, y lo que esperaba el Gobierno no se cumplió: el comportamiento de las personas no correspondió con las expectativas que tenían los responsables del erario. Un ejemplo de ello, que ilustra la mayoría de los manuales de macroeconomía: en 1968, el presidente de EU, Lyndon B. Johnson, incrementó la tasa impositiva para desalentar la demanda agregada de la sociedad americana; con los recursos fiscales obtenidos, el Gobierno financiaría la guerra en Vietnam. Pero los consumidores, al darse cuenta de la temporalidad del tributo, siguieron gastando lo mismo en consumo. Para seguir con los ejemplos, en 2001 y 2008 se llevaron a cabo sendas rebajas impositivas temporales en Estados Unidos, cuando las actividades económicas estaban sin crecimiento. Se pensaba que con el mayor ingreso disponible de las familias, su consumo iba a aumentar, sin embargo no sucedió así, en lugar de gastarlo, el excedente monetario se ahorró.

El caso de Japón. Durante las últimas décadas, la economía japonesa ha caído en recesiones que le han impedido tener el crecimiento de los años 70 y 80 del siglo 20. En 1996, el Gobierno nipón formuló una rebaja impositiva también de carácter temporal, para alentar el consumo, pero la terca realidad se impuso sobre los planes gubernamentales: el consumo no aumentó, o si lo hizo, fue marginal.

Así, para ver los efectos de las reformas fiscales propuestas por el presidente Donald Trump, se debe recurrir a la historia económica y esperar un periodo razonablemente largo para conocer el verdadero comportamiento del consumidor estadunidense.

Diferentes épocas han sido fieles testigos de cambios tecnológicos. Por ejemplo, con el advenimiento de la Revolución Industrial llegaron innovaciones como la máquina de vapor, que causó gran revuelo entre los trabajadores de la industria textil al sustituir los telares manuales por los mecanizados, trayendo como consecuencia que muchos obreros perdieran sus puestos y que los que se quedaron tuvieran que capacitarse para manejar los nuevos equipos, procesos que exigían diferentes habilidades a los operarios, pero que irremediablemente superaban los índices de productividad de antaño; inclusive, se llegó a hablar de la sustitución de la mano de obra por la máquina.

Otro caso es la era digital, que surgió a finales del siglo 20 con sus algoritmos y circuitos electrónicos que propiciaron la aparición en el mercado internacional de la computadora y la telepática. Estos avances tecnológicos tuvieron diferentes consecuencias en la vida productiva del hombre; en el caso de los servicios, los concentró en sitios estratégicos y muchas compañías comenzaron a formar los llamados call center y contact center,  para atender los requerimientos de sus clientes y proveedores, dando por resultado la desaparición de fuentes de empleo regionales o locales. Y así se pueden mencionar diferentes sucesos en la historia económica de las sociedades que suprimieron empleos.

La historia se repite. Recientemente, una consultora internacional publicó un informe sobre las perspectivas del empleo mundial en el mediano plazo con tintes catastrofistas, el cual, según mi opinión, debe de analizarse con cierta reserva por los resultados que arroja. El estudio estima que durante no menos de 15 años, alrededor de 2030, se destruirán 800 millones de empleos en todo el planeta, pero con diferentes grados de impacto en las economías, debido a la multiplicación y perfeccionamiento de los robots, que se encargarán de sustituir muchas tareas productivas que actualmente realiza el hombre. En los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Alemania la pérdida laboral será mayor que en las naciones emergentes y subdesarrolladas, en virtud de que estas últimas tienen costos salariales per cápita más competitivos que lo que costaría la compra y mantenimiento de un robot.

La muestra estadística empleada recogió información de 46 países y analizó 800 tipos de empleo, desde actividades de servicio hasta el comercio y labores agropecuarias. Los empleos en la industria serían los más vulnerables ante estos cambios tecnológicos. Tal publicación también hace alusión a que la disminución de la demanda de empleo traerá aparejada una reconversión en todos los sectores de la economía, es decir, la oferta de trabajo deberá corresponder a las exigencias del mercado mediante el aprendizaje de nuevas técnicas, tareas y oficios indispensables para mantener en activo al trabajador, en un entorno más competitivo. La evidencia histórica ha mostrado que así ha sido siempre en cada período de transición tecnológica.

La capacitación del ser humano es lo que le permite desempeñar nuevas tareas y funciones laborales. No obstante las conclusiones del estudio mencionado, es conveniente decir que las nuevas oportunidades de empleo que se presentan con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robotización podrán compensar las fuentes de trabajo que son destruidas por obsoletas.

La economía nacional ha mostrado signos de desaceleración desde hace algunos meses, particularmente el consumo interno ha perdido dinamismo, ha decrecido su ritmo, lo que puede ser una razón para cerrar 2017 con un crecimiento del PIB menor a 2 por ciento. Las ventas de automóviles y de las tiendas departamentales y supermercados también han caído con respecto al año pasado; parece ser que la inercia económica que se traía ha llegado a su límite. Ahora, si se revisan las cifras de las exportaciones del país, las perspectivas no son muy halagüeñas, especialmente porque las mayores entradas en dólares ya no provienen de las actividades productivas que genera la economía doméstica, sino que proceden de los migrantes que abandonan México en busca de mejores horizontes; al menos es la información que da a conocer el Banco de México, lo que indica la vulnerabilidad del país, que aumenta su dependencia de Estados Unidos.

Los flujos de remesas. Aunque hay mexicanos esparcidos por todo el mundo, sus aportaciones a la economía familiar han sido marginales, pues la mayoría se concentra en la Unión Americana. De enero a octubre de 2017, las remesas que llegaron de esa nación superaron los 22 mil millones de dólares, y según estimaciones optimistas podrían cerrar el año por encima de los 29 mil millones. La fuerza laboral mexicana, que incluye a numerosos jóvenes, está siendo utilizada en labores de construcción, agricultura, servicios y comercio. Algún periodista bien intencionado llamó a las migraciones de jóvenes la eterna primavera porque ocupan los espacios productivos que los adultos mayores de cualquier país ya no pueden ejercer por la edad, de ahí que un efecto indirecto de los que llegan es la aportación de mano de obra e impuestos para el fortalecimiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones del país que los recibe.

Si se comparan los datos anteriores con las aportaciones en dólares que hacen al PIB nacional los sectores turismo, petróleo e Inversión Extranjera Directa, resulta que ya han sido superados por las remesas, que se sitúan como la principal fuente externa de ingresos. Al tercer trimestre de 2017 las actividades turísticas generaron una derrama de 15 mil 954 millones de dólares, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de 21 mil 755 millones de dólares, y las exportaciones petroleras hasta octubre (2017) ascendieron a 18 mil 500 millones. Lamentablemente, los flujos monetarios de los migrantes no contribuyen a aumentar las actividades productivas del país, en su mayoría se dirigen a actividades de consumo y a la autoconstrucción de viviendas.

La propuesta de reforma fiscal de Estados Unidos. Aunque la propuesta del presidente Donald Trump fue aprobada en lo general, aún se encuentran en revisión algunas partes de ella en el Congreso norteamericano; sigue una lógica económica que algún sector de especialista apoya: disminuir impuestos para reactivar la economía, que finalmente compensaría la caída de ingresos de las arcas públicas. De acuerdo con expertos en el tema, la reforma es muy agresiva por el tamaño de las rebajas impositivas. Por ejemplo, pretende disminuir el Impuesto sobre la Renta que pagan las empresas de 35 a 20 por ciento, así como derogar el impuesto sobre las herencias y eliminar el impuesto que se les cobra a las empresas por sus utilidades en el extranjero, entre otras. Así, dicha reforma detendría los flujos de inversión americana a México y probablemente también habría una salida de empresas del territorio nacional.  

Tuve la oportunidad de ver el documental La Verdad Incómoda 2, en el cual se muestra el deterioro que está sufriendo el planeta por la contaminación de gases tóxicos arrojados indiscriminadamente a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Las consecuencias de ello han sido dramáticas para el ecosistema: sequías, inundaciones y altas temperaturas que ocasionan el deshielo de los casquetes polares, entre otros fenómenos naturales cada vez más recurrentes y visibles, los cuales deberían convencer a empresas y gobiernos que todavía siguen negando que las emisiones de dióxido de carbono contribuyen o, mejor dicho, son responsables del cambio climático que experimenta la Tierra.

El documental señalado también reseña la actividad política de concientización que realiza entre la población Al Gore, excandidato a la Presidencia de Estados Unidos, mediante la impartición de conferencias en diferentes partes del mundo para sumar voluntarios que luchen a favor de sustituir las energías no renovables por limpias (solar, eólica, etcétera). En la época en que se filmaba La Verdad Incómoda 2, India era un fuerte opositor de dejar el carbón mineral para producir electricidad, pues argumentaba que Estados Unidos lo había hecho por muchos años y que la economía india no tenía los recursos suficientes para la reconversión energética o instalación de paneles solares que produjeran electricidad. Ante esa postura inflexible destaca la labor conciliadora de Al Gore, quien logró que uno de los proveedores estadunidenses de paneles solares pusiera a disposición del Gobierno indio la tecnología sustentable para llevar a cabo el anhelado cambio energético.

El Acuerdo de París. Es un documento protocolario en donde los países participantes asumen el compromiso de limitar las emisiones de gases tóxicos, fijándose metas a cumplir en el mediano plazo. En los primeros encuentros que se tuvieron, Estados Unidos lideraba el grupo, siendo uno de los principales emisores de partículas contaminantes. Pero con la llegada a la Presidencia de Donald Trump, EU abandona abiertamente el citado acuerdo. Una de las razones que dio el empresario y ahora político, que no tiene desperdicio y muestra su estulticia a rajatabla, fue: “Me eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París”.

Ahora se mencionan algunos países para tomar el liderazgo acéfalo que dejó EU en el Acuerdo de París, entre ellos Alemania, China, Francia y Canadá, aunque este último, bajo la conducción del primer ministro Justin Trudeau, no parece preocupado por la construcción del oleoducto Keystone XL, que ha causado una pugna entre los ambientalistas estadunidenses que se oponen a que cruce por Estados Unidos. El proyecto tiene una longitud de mil 700 kilómetros, nace en Alberta y transportará alrededor de 830 mil barriles de petróleo crudo diariamente, pasando por algunos estados norteamericanos hasta llegar a las refinerías que se localizan cerca del Golfo de México.

En el periodo del presidente Barack Obama, la autorización del oleoducto fue denegada, en virtud de que aumentaba la dependencia de combustibles fósiles en la industria y por ende su construcción era perniciosa para el entorno ecológico. Pero esos argumentos no han sido lo suficientemente sólidos para el nuevo Mandatario (Donald Trump), quien ha dado marcha atrás a la prohibición del ambicioso proyecto y ha autorizado su edificación.

Para algunos articulistas con cierto grado de suspicacia y mordacidad, el Buen Fin es la versión tropicalizada del Viernes Negro estadunidense, pero haciendo caso omiso de ese tipo de apreciaciones, el programa comercial cumplió 7 años de haberse establecido en el país. Con él se ha pretendido reactivar el consumo entre la población por medio de descuentos “atractivos” en artículos y servicios. Los productos que más demanda tuvieron en 2016 fueron artículos electrónicos como computadoras y televisores (pantallas), además de ropa, calzado, enseres domésticos, joyería y viajes, entre otros.

Según estimaciones de la Concanaco, en 2017 las ventas se incrementaran alrededor de 12% con respecto a las de 2016, al representar una derrama económica de alrededor de 100 mil millones de pesos. Se calcula que participaron en tal programa 94 mil establecimientos comerciales diseminados en toda la República, lo que significó un aumento de 6% con relación a los de 2016. Los descuentos a los productos y servicios oscilaron entre 30 y 70% de su precio normal. No obstante, es un sector minoritario de la sociedad el que participa en tal programa, y los grandes beneficiados han sido los bancos y las cadenas de supermercados, que aprovechan el consumismo de un sector de la población, particularmente de la clase media, que tiene acceso a tarjetas de crédito.

Aunque el índice de morosidad de las tarjetas de crédito, según el Banco de México, ha llegado a 5.3% en el primer semestre del año y representa uno de los más altos de los créditos que se otorgan al consumo, parece ser que ese dato no cambia la mercadotecnia de los principales bancos del país sobre el Buen Fin: incrementar a toda costa el crédito a través de promociones provocativas para tratar de “seducir” a los consumidores para que usen el dinero plástico en sus compras. Estas van desde promociones a 6, 12 y 18 meses sin pago de intereses, pasando por rebajas en las tasas de interés en el financiamiento a los créditos personales, automotrices e hipotecarios, hasta la generación de puntos dobles por cada adquisición hecha entre el 17 y 20 de noviembre.

Los bancos comerciales, los grandes ganadores del programa. Quizá sea el sector económico más rentable en México con una carrera vertiginosa y ascendente desde que se dio la privatización bancaria, por supuesto, sin considerar las actividades ilegales que suman cantidades mayores, pero de ingresos mal habidos. En el primer semestre de 2017, las utilidades netas de los 48 bancos comerciales que operan en México ascendieron a 67 mil 682 millones de pesos, de los cuales sólo 7 controlan más de 70% del mercado nacional.

Algunos de los factores que ayudan a lograr los beneficios monetarios bancarios han sido las jugosas comisiones que cobran por los préstamos, los grandes diferenciales porcentuales entre las tasas de interés de depósito y las que cobran por los créditos, y el retardo en las actualizaciones de las tasas de interés pasivas que casi siempre van desfasadas de las que fija el Banco de México, entre otros.

Según algunos artículos periodísticos que hablan de la actividad comercial en Estados Unidos, numerosos supermercados y grandes cadenas departamentales están recortando personal y cerrando sucursales a lo largo y ancho de ese país. Al parecer han sido dos factores los que han propiciado esta debacle: el primero se puede atribuir a las nuevas tendencias de consumo, que están dejando fuera los modelos tradicionales de comercio; el otro tiene que ver con el comercio electrónico.

El poder adquisitivo de las clases media y adinerada -adultos con niveles de escolaridad universitarios- se ha centrado en la compra de productos asociados a la salud y belleza, les importa sobremanera conservar una imagen joven, independientemente de que rebasen los 50 años. Los artículos orgánicos, con procesos naturales de producción, y aquellos que prometen vigor y antienvejecimiento son muy demandados por este tipo de clases sociales. Se inclinan por productos de marca, que sean auténticos, particularmente en las prendas de vestir.

El adulto mayor prefiere consumir un producto menos homogéneo y más personalizado, o al menos diferente al masivo. Sus gustos se han vuelto refinados, que generalmente no son satisfechos por el comercio minorista. Los grandes descubrimientos de la medicina han influido para que el papel de la población mayor, que antes se consideraba relegada de las modas, cambie a un consumidor ávido de novedades. Desde luego que este fenómeno, aunque es mundial, se observa con más claridad en los países industrializados. Otra de las cosas que dan a conocer las investigaciones de mercado, es que la clase adulta también se interesa por el manejo de internet y lo usa como un vehículo para realizar sus compras.

El comercio electrónico. Las compras por internet se han multiplicado sobre todo en aquellos países con una cultura de compra muy arraigada, que antaño lo hacían por medio de catálogos (a través del servicio postal se recibían los artículos seleccionados en los muestrarios); ahora en la era digital, ese tipo de comercio se ha perfeccionado, abreviando los tiempos de entrega y la variedad de los productos. A tal grado ha llegado el volumen de las transacciones comerciales, que los almacenes y supermercados se han visto en la necesidad de ajustar sus políticas comerciales.

Un ejemplo es la mercadotecnia que ha desplegado un establecimiento comercial chino, cuyos productos los ofrece por medio del comercio electrónico. Los estrategas de esa compañía tuvieron la idea de “inventar” el día de los solteros, que los consumidores acogieron y lo celebran con “bombo y platillo”, demandando miles de artículos por la vía electrónica. Según estimaciones, las ventas han superado las que se generan en Estados Unidos, como el Viernes Negro y el lunes cibernético que se hacen por los canales tradicionales, es decir, comercio presencial. En 2016, el monto vendido por el comerciante chino ascendió a 18 mil millones de dólares.

El perfil del consumidor chino moderno también está cambiando, se asemeja al occidental: busca productos novedosos, que pueda adquirir en el menor tiempo posible y que los distinga del resto de consumidores. Pero un inconveniente del comercio digital es el riesgo de ser intervenido por “piratas cibernéticos”, que pueden controlar los flujos monetarios y cometer fraudes, los cuales pudieran desalentar esa forma de compras.