El panorama económico se ve complicado para nuestro país en materia de política exterior, en particular por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con las encuestas que levantan varias corporaciones estadunidenses y extranjeras, el candidato demócrata Joe Biden lleva ventaja de 10 puntos sobre el actual presidente Donald Trump.

Ambos candidatos sobrepasan los 70 años, pero la diferencia es que el primero inició su incursión en la política siendo relativamente joven, en 1970, y acompañó a Barack Obama durante 8 años (2008-2016) como vicepresidente de la nación de la bandera de las barras y estrellas; de ninguna manera es un improvisado en el “arte” de la política, su ideología y agenda de trabajo se orientan al centro, dentro de la geometría política heredada de la democracia francesa de hace varios siglos, acotada por izquierda y derecha. A pesar de su edad, comulga con cambios estructurales en materia de energías y medio ambiente.

No obstante, hasta donde se puede saber explícitamente de sus mensajes a sus seguidores y prospectos a serlos, sin dejar de lado lo que se puede leer entrelíneas, Biden es un hombre que no difiere mucho del actual Mandatario, los dos coinciden en priorizar la inversión y el comercio interno, dejando en segundo plano acuerdos comerciales con el resto del mundo. En ese sentido, los dos -aspirante y Presidente- tienen una visión del mundo muy conservadora, hasta nostálgica de cuando la economía norteamericana participaba con más de 25% del PIB mundial y su balanza comercial era superavitaria, esto es, exportaba más bienes y servicios de los que compraba del extranjero. Con ese paradigma económico transitaron en su niñez y juventud, por ello, considero que las diferencias entre ambos son más de forma que de fondo.

Escenarios probables del proceso electoral “yanqui”. Para que los sondeos que publican las casas encuestadoras anticipen con certeza los resultados de las votaciones de noviembre, y que estos devuelvan la credibilidad que habían perdido en los sufragios de 2016, a raíz de la derrota de la señora Clinton, la metodología y estructura del cuestionario que aplican actualmente han sufrido algunos ajustes y correcciones, incorporando nuevas variables que al parecer las hacen más confiables.

De ser así, Biden sería el probable ganador por la ventaja que tiene a menos de 50 días del día de los comicios, aunque el proceso electoral estadunidense culmina en el colegio electoral, en donde se decide el triunfador con 538 votos, provenientes de manera asimétrica de los más de 50 estados de la Unión Americana; el que obtenga 270 votos o más, es declarado victorioso en la contienda, sin importar que haya obtenido menos votos directos que su contrincante.

El pulso electoral que toman los sondeos debe considerar un patrón que ha prevalecido desde hace varias décadas en la mayoría de los estados de la Unión: tienen sus preferencias electorales muy bien definidas por un partido político, con excepción de 14 estados, cuyas preferencias varían en cada elección, y que además en algunos de ellos tienen más votos representativos en el consejo que los que corresponderían con el tamaño de su población en edad de votar. Finalmente han sido los que hacen ganar al candidato que haya satisfecho sus expectativas. Para México, la llegada de Biden a la Casa Blanca representaría cambios en su política comercial, pues se le exigiría que sus exportaciones cumplan con estándares más elevados.

Uno de los efectos más nocivos para la economía mundial han sido las restricciones que impone la contingencia sanitaria por el Covid-19 al trabajo presencial. Lamentablemente los países con menores ingresos per cápita están siendo los más perjudicados, pues sus condiciones socioeconómicas no permiten la migración al teletrabajo o la reducen a determinados sectores económicos con personal calificado.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tiene varias investigaciones sobre el trabajo desde casa, afirma que alrededor de 40% de la fuerza laboral en Estados Unidos y Europa puede hacerlo, pero aun así se presentan limitaciones. Si se analiza el teletrabajo por sectores, los que tienen una mayor probabilidad de llevarlo a cabo son los cuadros que laboran en agencias de seguros, finanzas, educación y aquellos que desempeñan algunos servicios profesionales, así como el personal que trabaja en ciertos proyectos de investigación que no requieren de laboratorios para contrastar hipótesis y realizar sus pruebas, sobre todo las áreas sociales y humanistas de la ciencia. Mientras tanto, en África y América Latina la cifra es menor que la estadunidense y la europea. Para el continente negro, roza el 15%, y para el subcontinente americano se acerca al 21% de la población ocupada.

Enseguida se esbozan dos factores que pueden obstaculizar el trabajo remoto en México. A principios de 1970 se acentuaba la migración del campo a la ciudad, se iniciaba el crecimiento paulatino, pero constante de trabajadores que fueron campesinos y ahora se incorporaban a las ciudades prestando sus servicios sin recibir ninguna prestación social, y también, por supuesto fuera del alcance del fisco Las crisis económicas de 1983 y 1995 aceleraron la propagación de las actividades informales, legales y no legales (narcotráfico, trata de personas, etc.).

El perfil del trabajador informal generalmente es de baja escolaridad y participa en tareas poco productivas por su escasa capacitación (comercio ambulante, albañilería, jardinería, etc.). Más de 45% de la población en edad de trabajar depende de la informalidad, y para realizar sus labores, por el tipo de actividad, es necesaria su presencia física e interacción social, por ello, es complicado que se incorporen al teletrabajo.

México es uno de los países a nivel mundial con mayor número de trabajadores informales. Ese gran sector de la población, desprotegido de asistencia social, es mucho más propenso a experimentar recortes en su ingreso o despidos. Si está empleado en el sector servicios o si se autoemplea es probable que su oferta de trabajo se reduzca por la semiparalización de las actividades productivas.

Economía formal. De acuerdo con la misma Cepal, se estima que en la economía mexicana del total de ocupados en el sector formal, aproximadamente 16% pueden realizar sus tareas desde casa.

Para el resto es obligatoria su asistencia a la actividad laboral, por supuesto si pretenden seguir ocupados, lo que representa un gran desafío para el Gobierno y la sociedad civil, especialmente por el riesgo al contagio del Covid-19 a que se exponen. Por esto, la Cepal recomienda a los gobiernos de la región que consideren, en la reapertura de la economía, como prioritarias las ocupaciones de salarios más bajos, las cuales demandan la presencia física del trabajador.                           

Considero que una explicación que puede ser útil por su pragmatismo, para entender la tecnología 5G (Quinta generación de red móvil), es revisar el desarrollo de los teléfonos celulares, hace años esos “aparatitos”, operaban con tecnología llamada 1G, (Primera generación), y sólo podían comunicar a los interlocutores por medio del audio, pero a medida que las innovaciones tecnológicas fueron surgiendo, sus funciones se diversificaban, y se añadían al chip telefónico capacidades como compartir videos, fotografías, y toda clase de amenidades que, ahora ofrecen las redes sociales.

Gracias a la 5G, la capacidad de las comunicaciones, se ha ampliado y sofisticado, será utilizada en intervenciones quirúrgicas remotas, teleasistidas, donde el paciente puede estar en un quirófano de hospital localizado en la Ciudad de México, y el cirujano en Houston, o que una bomba hidráulica o la válvula de un oleoducto, se pueda controlar vía satelital, a muchos kilómetros de la misma. Inclusive la Real Academia de la Lengua Española, en un futuro cercano incorporará a su acervo varias palabras surgidas de la revolución tecnológica, como latencia (tiempo de respuesta de la WEB ante cambios en la cantidad de información).

No obstante, sus beneficios a un sector muy focalizado de la población mundial, no han convencido a un grupo de escépticos, que sin evidencias científicas causales, asocian la 5G, con efectos negativos sanitarios y ecológicos, entre ellos, la susceptibilidad a la exposición de radiaciones electromagnéticas, y que pueden incrementar los riesgos en contraer cáncer, u otro tipo de padecimientos en la salud del usuario internauta. Inclusive han acuñado la frase: teoría de la conspiración, que aventura hipótesis sobre las causas no naturales de Covid-19, el virus durante su manipulación “in-vitro” se salió de control, y rápidamente se trasmitió entre los seres humanos  trascendiendo fronteras y culturas, semiparalizando las actividades económica a escala planetaria.

Por otra parte, también son protagonistas y dan su versión sobre el advenimiento del coronavirus, los fobia-capitalistas, aseguran sin pruebas fehacientes, que el sistema económico dominante y depredador es el culpable de la deforestación, la caza furtiva de animales exóticos, contaminación ambiental, y otras actividades legales o proscritas, que atentan contra la sobrevivencia del hombre, atribuyendo el origen de Covid-19, a este tipo de acciones; para ellos (sectores), el incentivo principal es obtener poder político y económico, aunque el ecosistema tierra se desmorone. Todo parece indicar que cada grupo da su opinión, en función de sus beneficios, en ocasiones anteponiendo la ideología sobre la racionalidad; y en otras los intereses de carácter económico y político antes que los aspectos técnicos y sociales. Quizá las opiniones de ambos grupos sean valiosas, y en el futuro ayuden a controlar oportunamente este tipo de propagaciones de virus o bacterias.

No obstante, para los científicos especializados en virología, debe resultar relevante investigar el origen del virus, pero para la mayoría de los seres humanos, lo más trascendente es tener la vacuna al alcance, contra Covid-19, y así poder volver a las actividades cotidianas que restablezcan la dinámica económica y social.

Desde el pensamiento económico los escenarios que se contemplan en la lucha económica para patentar la vacuna contra el terrible virus son sumamente despiadados. Para los “lobbys” farmacéuticos, oligopólicos desde que surgió la mundialización de la economía, representan una fuente abundante de recursos el sacar la vacuna el mercado y que tenga éxito entre la población.

Algunos mal pensados aplican la lógica “tridente” del filósofo Hegel, para ejemplificar la voracidad de los laboratorios: “solución-problema-reacción”. “Explotar” un problema (la letalidad del virus), generar pánico entre los ciudadanos, y ofrecerles una probable solución (vacunas) que alivie o mitigue su enfermedad. Negocio sin desperdicio.     
               
Federico Muller
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Uno de los temas más controvertidos en la política nacional, históricamente ha sido el del financiamiento público a los institutos políticos, pero ahora la discusión adquiere dimensiones más dramáticas, por la debacle que atraviesa la economía mexicana, incluido el sector Gobierno, cuyo gasto no logra cubrir las necesidades más sentidas de la población, entre ellas las escasas  oportunidades de empleo digno para los jóvenes recién egresados de las universidades públicas, las licenciaturas o posgrados al parecer no son el vehículo, más digno, para la movilidad social, particularmente para aquellos estudiantes graduados, que logran estudios gracias a su cultura del esfuerzo.

Si se contrasta el gasto público que se destina al financiamiento de la política con el educativo, y los cálculos se hacen per cápita, es decir la cantidad de recursos que corresponden a cada uno de los beneficiados “políticamente” (integrantes de los comités y números de proveedores) con el número de alumnos inscritos, el monto que resulta es menos asimétrico, que cuando se hace comparando el presupuesto en educación pública con el financiamiento para mantener la democracia en este país. Los objetivos de ambos sectores han sido loables, y hasta pueden llegar a ser complementarios, pero la realidad muestra que no ha sido así. Argumentos que se han utilizado para tratar de justificar lo oneroso de los procesos electorales.

El INE imparcial e insensible

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2020 el monto asignado para el financiamiento partidista ascendió a 5 239 millones de pesos que cubría el presupuesto de los partidos políticos y las candidaturas independientes, y oh sorpresa, para el próximo año (2021), subirá a 7,200 millones de pesos, un nada despreciable aumento de 37 por ciento. El INE, se defiende sobre la magnitud del monto, diciendo que no pueden oponerse a un mandato constitucional (artículo 41), el ente electoral, solamente aplica el artificio matemático (fórmula), y lo distribuye como corresponde; las prerrogativas electorales están por encima de las paupérrimas condiciones económicas que vive la población agudizadas por la pandemia de Covid-19.

El árbitro electoral, no es sensible solamente aplica la ley, quizá el espíritu de la misma,  es incorrecto políticamente analizarlo, y en base a ello, elaborar propuestas para enviarlas al Congreso de la Unión, para que replantee esa “formulita”, o al menos los criterios que se utilizaron para su creación.

El costo del sufragio y la ‘narco-política’

El costo que tiene el voto electoral en México, es oneroso, si se compara con el de otros países económicamente similares al nuestro. De acuerdo con la incipiente cultura que se tiene sobre la democracia, que históricamente ha sido manipulada, y orientada a intereses de clase o grupo, sigue privando la desconfianza y/o apatía entre la población en edad de votar en los procesos electorales, lo que se refleja en los altos índices de abstención que aparecen en cada elección para elegir algún candidato a un puesto político, lo que desluce y encarece todavía más los sufragios; es común escuchar comentarios de algunos grupos de la política, con determinados intereses, que se oponen a rebajas en el costo de la democracia, arguyendo que la limitante de recursos de los partidos políticos puede orillarlos a recurrir a fuentes de financiamiento proscritas por la ley, grupos que exigirán canonjías, al candidato electo, una vez que asuma el poder.

Sin embargo, este argumento es muy endeble, por las experiencias tenidas, pues, aunque las campañas políticas hayan sido sin patrocinio de dinero “sucio”, el control del crimen organizado sigue creciendo en más regiones del país.                 

El sector turismo a escala planetaria ha sido estudiado por diferentes organismos internacionales para conocer el impacto económico y social de la contingencia sanitaria en sus actividades formales e informales que lleva a cabo con regularidad. En un informe, la Cepal describe los efectos que está causando la pandemia en las economías de América Latina y el Caribe, y cómo están actuando los gobiernos para paliar la crisis en el empleo y la baja demanda de servicios.

De acuerdo con ese estudio, el perfil del trabajador del sector turístico es muy diverso: va desde el vendedor ambulante analfabeta, inmerso en la economía informal, hasta el gerente de hotel con estudios de licenciatura, el cual contrata a personas que reciben prestaciones sociales y contribuyen a las arcas del Gobierno al pagar sus impuestos. Otra característica es la flexibilidad en el empleo, pues puede ser de medio tiempo, estacional o por cuenta propia.

En el contexto de la región, las islas del Caribe han sido las más afectadas, pues sus economías dependen de las divisas que generan los turistas. En el otro extremo está Brasil, su dependencia de este sector es marginal en relación con el resto de sus sectores económicos.

El riesgo de contagio del Covid-19 ha hecho que el turista potencial posponga o cancele sus viajes a diferentes destinos del país o del extranjero. Para tratar de proteger a los negocios prestadores de servicios y a las personas más vulnerables económicamente que viven del turismo, los países del área han formulado diferentes políticas públicas: subsidios, incentivos y créditos fiscales es una de las más recurrentes, que generalmente consiste en apoyos directos a los ingresos de los trabajadores y dueños de las empresas; a estos últimos también se les extienden periodos de gracia para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con lo que se pretende evitar el despido y el cierre de negocios.

Sin embargo, la desventaja es que los destinatarios de tales beneficios son aquellos que trabajan en la economía formal, y se descuida al trabajador autónomo e independiente, quien está fuera del control del sistema fiscal y social.

Por su tamaño y capacidad, la economía brasileña es la única de la región que extiende este tipo de apoyos a los empleados informales, de los cuales lleva un registro de sus actividades. Economías más pequeñas como Bahamas, Belice y Jamaica han diseñado un seguro de desempleo temporal, mientras pasa la pandemia, para la población que se encuentra en paro; las transferencias monetarias las están implementando exclusivamente para los prestadores de servicios turísticos (microempresarios), en su mayoría son mujeres.

A diferencia del resto de las economías iberoamericanas y caribeñas, la mexicana presenta particularidades que pueden considerarse como ventajosas, si el Gobierno actúa con racionalidad, sin dogmas ideológicos, para dinamizar el sector turístico. De acuerdo con datos del Inegi, en 2019, el 83% de los ingresos que recibió el sector turístico en México, fue generado por residentes nacionales, visitando playas, ciudades coloniales o pueblos mágicos, entre otros destinos, así como el de negocios, particularmente en el centro y norte del país.

Es relativamente más sencillo y económico persuadir a los residentes del país, que al foráneo. La prioridad es que el viajero sienta confianza en el lugar al que pretende acudir, para ello la seguridad del viaje es fundamental y se deben guardar los protocolos dictados por la Secretaría de Salubridad, cuya responsabilidad recae en cada entidad federativa, en especial en aquellas con vocación turística.                   

Entorno Económico
Federico Muller
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La pandemia producida por Covid-19, está dejando lecciones bastante pedagógicas para los agentes económicos, incluidos los gobiernos, mostró la fragilidad del sistema económico mundial, ante situaciones sanitarias, que se consideraba que habían sido erradicadas, o al menos se podían controlar sin trascender las fronteras de los países. Lo que resultó fue todo lo contrario, la vulnerabilidad de los sistemas de salud, contaminó al resto actividades económicas; y usando una metáfora de carácter costumbrista; “puso de rodillas” a las economías, independientemente de su grado de desarrollo. No obstante, también resurgieron algunas formas de trabajo, que un grupo pequeño de empresas desarrollaban con cierta regularidad, antes de la contingencia de salud, sus trabajadores pasaban jornadas enteras laborando en sus hogares, asentados en naciones industrializadas.

En este artículo se pretende revisar las ventajas, así como inconvenientes de laborar en la vivienda. La descripción se hará desde dos ópticas, la primera tiene que ver con el trabajador y su entorno inmediato, mientras la otra es más amplia e incluye, el impacto que podría tener en la economía local, el asumir este tipo de roles laborales “extra-oficina”. La flexibilidad en el horario de trabajo, podría considerarse como una recompensa aceptable, pero que exige disciplina y autocontrol del empleado, para no descuidar sus tareas asignadas, si se está acostumbrado a la supervisión férrea de un jefe, existen posibilidades de no ser apto para el home-office; otra sería los ahorros en tiempo y costos de transporte, que se generarían al no tener que trasladarse a la oficina, aunque es probable que se compense, la reducción en costos, por el pago de Internet con más capacidad o por el incremento en los servicios, particularmente el consumo de electricidad por los aparatos de enfriamiento y calefacción, al tener que usarlos por más horas en la vivienda, especialmente para los residentes de las grandes urbes del país, cuyos climas son extremos, y por último, por citar alguna más, el aislamiento y la ausencia frecuente de relaciones laborales con los compañeros de trabajo, influyen negativamente en el comportamiento social del trabajador.

Para una valoración cuantitativa y cualitativa, cada empleado, si dispone de la libertad de elegir la forma de trabajo, debería sopesar sus costos y beneficios del trabajo en casa, y tomar una decisión en base a ello, actuando racionalmente: cuando los beneficios superen a los costos. Los efectos del home-office, en la economía, todavía no se conocen con certeza, simplemente porque en el país no era una forma muy común de trabajar, se restringía generalmente a un pequeño sector de la economía dedicado a los servicios y comercio de productos para el hogar, que particularmente lo llevan a cabo mujeres en sus domicilios.

Lo que sí se ha elaborado, son estudios de cómo afectaría a los negocios de bienes raíces y al transporte público, y la dependencia que tiene este con el sector energético y mecánico de la economía. Las conclusiones no han sido alentadoras, pues bajaría la demanda de locales para oficinas y comercios, y frenaría la tasa de construcción, sector del que dependen otras ramas de la economía, como cementaras, acereras, mercado laboral, etc.

En cuanto al transporte público (metro, metro-bus, etc.) su demanda disminuiría, en el mediano plazo, requerirá de más subsidios gubernamentales, distrayendo recursos públicos que pudieran ser usados en otros sectores, como salud o educación. Una de las probables ventajas, es que mejorarían las condiciones climáticas de las principales ciudades del país, al bajar el uso del automóvil y transporte en general con motores de combustión interna.

No tuvieron desperdicio las declaraciones que hizo a los medios de comunicación, hace algunos meses, el ministro de finanzas  de Japón, que a pesar de rebasar los 70 años de edad, señaló que los ancianos japoneses deben darse prisa para abandonar esta tierra, pues representan una carga onerosa para el estado del sol naciente.

La noticia cayó como un balde de agua helada para la población de adultos mayores, que pasaron varias décadas de su vida incorporados en las actividades productivas, y ahora reciben una pensión, así como seguridad social; que se presupuesta como recompensa a su trayectoria laboral.

La población japonesa se acerca a los 130 millones de habitantes, superior a la de México. Solo que, las mejores condiciones de vida del ciudadano nipón, en relación con el mexicano, le han permitido tener una mayor esperanza de vida.

En 2018, la edad promedio de vida de las mujeres japonesas fue superior a los 86 años, mientras los varones alcanzaron una cifra cercana a los 82, de las más elevadas del mundo.

Lo anterior se ha visto reflejado en el cambio paulatino de la pirámide población, su base se ha reducido; del total de la población japonesa, se calcula que los adultos mayores de 60 años y más se aproximan rápidamente a ser parte del 25% de la misma. Esto es, por cada 4 japoneses, uno de ellos lo consideran viejo.

Cuando hay decrecimiento o bajo crecimiento en la economía, como es el caso de la economía japonesa, casi siempre los primeros afectados han sido los adultos mayores que fueron asalariados, y que en el ocaso de su vida dependen de la atención hospitalaria pública.

Los principios y valores de la ancestral cultura japonesa, centrados en el respeto y admiración por la gente mayor, se ven vulnerados por intereses económicos de corto alcance, profiriéndoles un insulto, que socava tradiciones milenarias de su cosmovisión.

La austeridad en el gasto gubernamental japonés se daba antes de la pandemia por el Covid-19, es lógico pensar que la situación económica a raíz de la contingencia sanitaria ha empeorado.

Por otro lado, en México la esperanza de vida de la población en 2018, para las mujeres fue de 77 años y en los hombres 72 años. Aún inferior a la japonesa. En el caso nacional, también el trato para la población de adultos mayores  ha cambiado con el transcurrir del tiempo, particularmente desde la visión de la gente joven, que no reconocen ni valoran las capacidades que aún tiene la gente mayor.

La presión social se ha magnificado para este tipo de población, derivada de las medidas para prevenir los contagios del coronavirus, restringiéndoles el acceso a determinados lugares públicos de esparcimiento y recreación social; el argumento que se maneja y que trata de justificar las medidas preventivas oficiales, es su alta vulnerabilidad a contraer o ser portadora del virus, que surgió en China el año pasado.

En algunos círculos de gente adulta mayor con poder adquisitivo, las reacciones no se han hecho esperar, y han protestado, logrando el acceso a clubs privados de distracción, que anteriormente se les quería negar, aunque son personas jubiladas o empresarios,  pero que tienen asegurada su manutención a través de una pensión, o su  sostenimiento económico depende de negocios.

Lamentablemente, este tipo de casos, son excepciones en el contexto nacional. Las consecuencias que están sufriendo en el mercado laboral son graves, los despidos están a la orden del día. Amerita una investigación, si el liquidarlos o finiquitarlos, obedece a la oportunidad de deshacerse de ellos por los derechos creados, independientemente de si su salida, es productivamente justificada o no.

Una de las propuestas para la inminente reforma al sistema de pensiones mexicano, que cada vez se insiste más en ella, es el incremento en la edad de jubilarse, que aumente de los 60 a 70 años. Quizá una oportunidad preciada para los adultos, que todavía estén en condiciones saludables, para continuar en la faena laboral, y se sientan todavía útiles en el rol que cumplen en la sociedad. Sin duda una propuesta polémica, que requiere un análisis profundo y consensuado.

Al hablar del Sector Salud desde una perspectiva histórica cercana, se debe reconocer que el sistema sanitario público ha logrado que millones de mexicanos hayan utilizado una clínica u hospital gubernamental para atenderse, y volver a reincorporarse a la vida productiva. La esperanza de vida se ha incrementado paulatinamente y mediante programas masivos de vacunación se ha logrado erradicar epidemias que generalmente cuya población más afectada eran los niños.

Durante la etapa del modelo económico de sustitución de importaciones, y en dos o tres sexenios posteriores, los presupuestos públicos a ese sensible sector no se escatimaban. Las finanzas del erario eran suficientes y lograban una amplia cobertura, a pesar de que se tenía una tasa de crecimiento demográfico superior a 3%, aunque con una población más joven en relación con la del 2019. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, y debido en gran parte a la ausencia de una reforma hacendaria seria y bien pensada, aparejada de una reestructuración en el sistema de pensiones para operar en el corto y mediano plazo, los recursos públicos orientados a tal sector comenzaron a reducirse dramáticamente, resintiéndolo con mayor rigor las personas más vulnerables (niños y adultos mayores).

Una de las políticas públicas sanitarias exitosas ha sido la creación, en el 2001, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), un órgano de la Secretaría de Salud que, aunque descentralizado, goza de relativa autonomía técnica y operativa. Dicha Comisión se ha encargado de regular la entrada de medicamentos al mercado, los cuales deben pasar por su autorización, pero independientemente de la calidad de estos, que corresponde revisar a la Cofepris, en este artículo se pretende revisar en forma general las características del mercado farmacéutico a nivel mundial y nacional, así como conocer los principales factores que influyen en su encarecimiento.

Una primera razón es que no es un mercado competitivo a escala planetaria, pues 14 farmacéuticas controlan 43% de los productos (Fuente: Canifarma) en ese lucrativo negocio. Ellas concentran la mayoría de las patentes y licencias que les permiten asegurar sus productos, libres de competencia, por un periodo determinado, en el cual recuperan lo invertido en la investigación para la creación de los medicamentos patentados, además de obtener ganancias extraordinarias y para seguirse posicionando como líderes del mercado. La mayoría de las empresas anteriores tiene filiales en territorio nacional, que indudablemente han influido en la estructura del mercado de medicamentos en el país, en donde 74.7% de los fármacos es de patente y el resto corresponde a genéricos y a medicamentos sin prescripción (Fuente: Canifarma).

Una vez que vence el derecho a la exclusividad de fabricación del producto, se pueden producir medicamentos genéricos, que tienen precios más competitivos respecto a los de patente. Desde el punto de vista económico, la diferencia en precios entre un medicamento y otro es significativa; no obstante, desde el punto de vista químico, el gremio de los médicos se encuentra dividido, pues una parte descalifica los productos genéricos por afirmar que las sales que contienen son de menor calidad, mientras que otro sector no ve diferencias representativas.

Valdría la pena realizar una investigación universitaria que dé seguimiento a dos grupos de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. El primero seguiría un tratamiento con productos de patente, y el otro lo haría con medicamentos genéricos. Los resultados de esas pruebas podrían definir la relación precio-calidad con mayor certeza, es decir, cuál tiene mayor impacto en la salud de los enfermos sometidos al experimento: ¿la calidad o el precio? Estudios similares de largo alcance los llevan a cabo algunas universidades estadunidenses.

El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió hace algunos años un texto poema sobre la soledad. Un fragmento del mismo dice así: “Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna… hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días…”. En forma idílica, el laureado autor hace alusión al sentimiento que puede experimentar un hombre cuando sobrepasa el umbral de los 60 años, y que la sociedad lo considera un adulto mayor y se encuentra solo, confinado en su hogar, o si mejor le va, dependiendo de terceros para su sobrevivencia. Aprovecho la expresión poética anterior para elaborar un breve diagnóstico sobre las características sociales y económicas de los hombres y mujeres de la tercera edad en México.

Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la tasa de crecimiento de la población mayor ha sido superior a la de los países desarrollados, particularmente los europeos, y las causas han sido multifactoriales. Una de ellas, es que el subcontinente americano se incorporó tardíamente a la transición demográfica de las naciones industrializadas, es decir, el cambio de la población joven al envejecimiento fue más lento durante varias décadas; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, y gracias a los avances de la medicina, la tasa de crecimiento de los ciudadanos mayores ha sido mayor a la europea. La anterior situación acrecienta la vulnerabilidad de los viejos y aumenta el sentido de urgencia de los gobiernos latinoamericanos en la formulación de políticas públicas orientadas a la atención de este tipo de grupo etario.

México fue una de las primeras economías de la región que disminuyeron su dinámica poblacional, pues la tasa de fecundidad cayó y en cambio la de mortalidad bajó. En 2017, de acuerdo con datos del Conapo, en el país se contabilizaban 8.8 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales alrededor de 54% eran mujeres, y el resto (46%) varones. Esta diferencia por género tiene varias lecturas, si se parte de símbolos y representaciones culturales de este país. En las generaciones que nos precedieron, la mayoría de las mujeres se dedicaba a atender el hogar y su expectativa de vida era mayor a la de los hombres, por ello es probable que un porcentaje elevado de mujeres dependa económicamente de una pensión por viudez, o de familiares (hijos), y en el mejor de los casos sean económicamente independientes gracias a un trabajo en el mercado formal o informal.

Los programas gubernamentales. Aunque para evitar actos de corrupción el programa 68 y Más entrega subsidios por igual a todas las personas que cumplan con la edad requerida, debería considerar este tipo de diferencias si en verdad se quiere ayudar a las familias más vulnerables económicamente. Quizá ya en el ocaso de la vida, el grado de escolaridad haya influido para tener una vejez digna; infortunadamente, de los 8.8 millones de personas, 57.5%, más de la mitad, no terminó la educación primaria, lo que seguramente determinó su posición laboral, el monto salarial y pensionario, mientras estuv en el mercado productivo.

Los retos de los gobiernos son enormes para mantener las pensiones a la vejez, si se considera que la población adulta mayor llegará a más de 24 millones en 2050. (Fuente: Conapo)

La pandemia causada por el Covid-19 ha tenido consecuencias perversas en la salud de la humanidad y, desde luego, en el sector económico. Día tras día aparecen noticias que hablan del incremento del desempleo y la caída de ingresos en amplios sectores de la población, ante la incapacidad y falta de recursos de los gobiernos para hacer frente a este contagio viral, que sorprendió a propios y extraños.

No obstante, no todas las noticias son negativas; en la historia de la población planetaria, en etapas cercanas o remotas, cuando se han presentado situaciones difíciles como luchas armadas, desastres naturales, hambrunas, epidemias u otras, un factor que ha ayudado a salir adelante y vencer los obstáculos naturales o aquellos provocados por el hombre, era el desarrollo tecnológico, comandado, en su momento, por hombres visionarios que, aprovechando el amplio acervo científico heredado, han sabido crear o descubrir los antídotos apropiados para lograr una existencia de mayor bienestar social. Por supuesto que se presentaban asimetrías entre los países ricos y pobres, estos últimos, casi siempre esperaban que las patentes o licencias vencieran, o un gesto de solidaridad de los laboratorios y farmacéuticas que comercializaban los medicamentos, para disponer del producto a precios razonablemente accesibles.

Un caso triste, pero real, ha sido el de algunos países del continente africano y su lucha en contra del VIH, pues no disponían de los recursos monetarios suficientes para la compra de medicamentos, indispensables en el control de esa enfermedad, porque los proveedores internacionales no reaccionaban de una manera filantrópica, o mejor dicho, menos lucrativa ante la emergencia sanitaria.

Actualmente hay proyectos en fase de experimentación, que de concretarse sin ninguna duda aumentarán las probabilidades de calidad y cantidad de vida de las personas. Uno de ellos es el que lleva a cabo la empresa Neuralink, cuyo accionista es el físico y economista Elon Musk, empresario que ha diversificado el giro de sus negocios, que se ocupa con el mismo entusiasmo en el transporte comercial mediante cohetes espaciales, que en investigaciones de carácter neurotecnológico.

Neuralink, compañía de vanguardia, trabaja en fase de experimentación, la relación entre inteligencia artificial y el cerebro humano. En una primera fase, su objetivo es rehabilitar a las personas que han padecido alguna lesión cerebral, que les impide volver a la vida productiva. La parte entendible o simple de la tecnología que ha estado implementando consiste en colocar una serie de sensores en la cabeza del candidato a este tipo de “implantes”, que son manejados desde el exterior por una aplicación electrónica.

Desde la óptica económica, este tipo de avances contribuyen a elevar los niveles de productividad de los trabajadores, y la generación de empleos especializados en robótica y nanotecnología. El sector de la electrónica, que participa en forma dinámica en la economía de Jalisco, será uno de los más beneficiados por la demanda de dispositivos que se requerirán para suministrarlos a hospitales y centros de investigación de alta especialidad. La economía mexicana probablemente se integre de manera rápida a la ola de innovaciones en la medicina digitalizada, lamentablemente pasará tiempo para que estos beneficios para la salud de los trabajadores se incorporen a los satsfactores de las clases menos favorecidas económicamente.

Una propuesta que está causando controversia en los medios políticos y académicos fue la que anunció el senador Ricardo Monreal, hace algunos días, la cual pretende eliminar los entes reguladores: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con la desaparición de estos, se crearía el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), en aras de maximizar el p

Presupuesto de Egresos federal, al fusionar tres comisiones en un solo Instituto. Se calcula, a grosso modo, un ahorro anual para el Gobierno de 400 millones de pesos, que se lograría por la reducción de personal y el recorte al gasto administrativo y técnico. La palabra bienestar ha sido muy socorrida por el régimen que nos gobierna, y para no ser disonante con la narrativa política, también se le coloca en organismos ajenos a programas sociales.

En la primera lectura de ese intento de iniciativa del senador de Morena, se pueden identificar las motivaciones o causas de fondo que la estructuraron, que indudablemente son de carácter político, más que técnico: el control del Ejecutivo en esas instancias, que tienen autonomía del Gobierno; aunque todos los presidentes de la República han tenido consejeros afines, y desde sus puestos no han desestimado los intereses del mandatario en turno. Lo que llama la atención, es el empecinamiento de esta Administración federal por tener una intervención contundente en todas las áreas de Gobierno y del Estado.

Ya lograron, gracias a la votación de los ciudadanos, que la división de poderes, al menos el Poder Legislativo, es decir el Congreso de la Unión, represente un marginal contrapeso, pues está casi controlado por el partido del propio Presidente, lo cual facilitaría la elección de candidatos “oficiales” a ocupar las consejerías del nuevo organismo. Pero, si se trata de realizar una evaluación objetiva y seria del rol que han jugado el IFT, Cofece y CRE en la economía, la métrica y los parámetros cambian, los indicadores de desempeño serían los más efectivos para medir su competitividad.

Algunas de las críticas que ha hecho el presidente Andrés López Obrador sobre el funcionamiento de estos organismos susceptibles de desaparecer, conviene rescatarlas y analizarlas sin ningún trasfondo ideológico. Algunas de ellas han sido en el sentido del excesivo número de burócratas que laboran en ellas y su precario rendimiento, pues los resultados obtenidos no han sido los óptimos; en la práctica, las observaciones del Mandatario ha sido certeras. Por ejemplo, en el caso de la Cofece, las políticas antimonopolios que ha implementado se han caracterizado por ser selectivas y discrecionales, pues siguen existiendo empresas que controlan casi todo el mercado en el que en teoría compiten.

Un sector que sigue manteniendo el monopolio en muchas ciudades del país ha sido el servicio de gas natural domiciliario, con tarifas poco competitivas, superiores a las de otros países con economías similares a la nacional. Los grandes corporativos han aprovechado su poder económico, que los ha blindado de lidiar con competidores con menos peso político y escala de producción, lo que repercute en el consumidor, al pagar precios más elevados por determinados productos y servicios. Por otra parte, el CRE y la propia Cofece siguen privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no permitir que otras compañías ofrezcan el servicio del fluido eléctrico a los hogares en México.

Finalmente, el senador Monreal desistió de su propuesta de desaparecer a los reguladores. No obstante, es conveniente auditar su trabajo y no confundir el término autonomía con independencia monetaria y no rendición de cuentas.

Antes de la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra, en el mundo de aquel entonces, particularmente en los países europeos, las “profesiones” de los hijos de familias con recursos económicos -que no eran muchas- eran bien vistas si se inclinaban por la milicia o el ministerio sacerdotal. Los recién egresados gozaban de respeto entre las tradicionales sociedades aristocráticas tachonadas de títulos nobiliarios. El empleo casi estaba asegurado al concluir con la carrera o cristalizar la vocación.

En ese mundo, que paulatinamente entraba en la Ilustración y se preparaba para el advenimiento del sistema capitalista en su primera fase, la actividad comercial no era muy aceptada, sobre todo por la Iglesia. Al comerciante se le calificaba como una persona ambiciosa, que anteponía su interés personal por el colectivo, en el sentido de comprar mercancías a un precio bajo, o muy castigado, y venderlas muy por arriba de su precio de adquisición; el margen de ganancia era muy superior al que obtenía el productor agrícola o el artesano. La principal crítica de la clase intelectual, poco escuchada por cierto, era que generaban un valor marginal en las transacciones que hacían como intermediarios entre los productores y consumidores.

Sin embargo, después de los descubrimientos y las innovaciones que trajo la Revolución Industrial, la actividad comercial se revaloró y hasta el propio Carlos Marx la citaba en los textos que escribía sobre el capitalismo. El rol que juega el comercio en el sistema capitalista es uno de sus principales soportes. El comercio adquirió un estatus, guardando las correspondientes distancias, parecido al que tuvo siglos atrás, cuando los árabes y judíos transportaban conocimiento y mercancías a los pueblos y ciudades de Asia y África.

Con el devenir de los años, han surgido teorías que hablan de los beneficios del comercio internacional, dependiendo de circunstancias políticas y económicas en el concierto de las naciones desarrolladas. Antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) prevalecía la apertura de fronteras a la economía, las mercancías y los flujos de capital traspasaban países; después, el modelo económico cambiaba y las exportaciones e importaciones eran muy selectivas entre países, surgían restricciones al comercio exterior y los gobiernos trataban de proteger a su industria de la competencia internacional.

Pero a finales del siglo 20, con los avances tecnológicos, aparece de forma súbita el comercio electrónico, que se ha convertido en un contrincante potencialmente poderoso para el comercio presencial o tradicional. El llamado e-commerce se caracteriza porque las transacciones se pueden llevar a cabo desde el hogar o la oficina, vía internet. Aunque tiene algunos inconvenientes, como el riesgo de que las plataformas sean clonadas y el cliente sea defraudado. Y en el contexto económico más general, al desplazar paulatinamente al comercio presencial, al menos en el corto y mediano plazo, genera destrucción de empleos en el sector formal.

Perspectiva ecológica. Las organizaciones ecologistas que apelan por un consumo sustentable, han presentado algunas propuestas para hacerlo más amigable con la naturaleza. Algunas de ellas son sustituir el embalaje de los productos por materiales menos contaminantes, biodegradables, que disminuyan la emisión de gases tóxicos al ambiente. No obstante, debido a la globalización comercial, un problema que plantea el comercio digital, y que aún es complejo de solucionar, es la contaminación que genera por el uso de diferentes tipos de transporte que usa, desde aviones, barcos y camiones, hasta automóviles y motocicletas, para llevar los pedidos al sitio deseado por el consumidor.

Los efectos adversos que está causando la pandemia en la economía del país son lamentablemente superiores a los que habían pronosticado los economistas más escépticos y contrarios al régimen actual. Según información que dio a conocer el Inegi recientemente, mediante la nueva forma de conocer los datos sobre ocupación y empleo de la población, a raíz de la pandemia las tradicionales entrevistas presenciales que llevaba a cabo el personal de esa institución se cambiaron por telefónicas. Se diseñó una nueva muestra representativa de la sociedad, pero los resultados que arrojó la encuesta fueron inesperados: más de 12 millones de personas han perdido su empleo. Esa enorme cantidad incluye trabajadores tanto del sector formal como de aquellos que realizan actividades que no son reguladas por las autoridades fiscales y de seguridad social. Y si se añaden los recortes en los sueldos que están llevando a cabo las empresas entre su personal no sindicalizado, decremento que sin duda afecta el poder de compra de un sector de la sociedad y una debacle que aún no se dimensiona, el panorama económico se ensombrece. La disminución de las fuentes de trabajo fue mucho mayor de lo que estimaba el Primer Mandatario del país.

Antídoto económico. Por otro lado, la Cepal recomienda a los gobiernos de América Latina y el Caribe que adopten en la medida de lo posible las siguientes estrategias: 1) Generar un ingreso básico de emergencia, que corresponda a una línea de pobreza; 2) Fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, empleos y Mipymes; 3) En el área impositiva, sugiere incrementar los impuestos de carácter directo a los ciudadanos, cuyos ingresos se encuentren entre los últimos deciles del ingreso, inclusive sugiere gravar con ese nuevo tributo al 1% más rico de la población, entre otras. El organismo propone además un nuevo pacto social, fiscal y productivo, que propicie una nueva geografía económica, que se sustente en una reactivación verde, amigable con el planeta.

Los sindicatos de empresarios del país también elaboran una serie de propuestas al Gobierno, una de ellas, que tiene cierta similitud con la que recomienda la Cepal, es lo que ellos llaman salario solidario, que compense las probables rebajas a los sueldos o despidos de los trabajadores por parte de los empleadores, a raíz de la caída de ventas y/o producción por la pandemia. La respuesta que ha dado la Secretaría de Hacienda, a través de su titular, fue clara y categórica: las arcas nacionales no tienen la capacidad financiera para emprender políticas y acciones fiscales semejantes a las de la Unión Europea o Estados Unidos para reactivar sus economías. Por ello, el plan económico antiCovid-19 propuesto por el Gobierno, es insuficiente, pues la mayoría de las medidas se centra en el sector consumo, paliativos que quizá ayuden a subir marginalmente el consumo de la población más vulnerable, pero dejan a la inversión productiva desprotegida, que es la que genera empleo, demanda y riqueza.

En cuanto a infraestructura pública, las obras icónicas del Gobierno, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, son proyectos muy acotados para determinadas regiones y sus efectos en compra de materiales y generación de empleo, por ejemplo, no llegan al resto del territorio nacional. Esa es una de las grandes diferencias con el plan que formuló el presidente Roosevelt en Estados Unidos, el legendario New Deal, que logró reactivar la economía estadunidense después de la Gran Depresión.

Una añeja discusión que vuelve a salir al escenario político y empresarial a raíz de la pandemia del Covid-19 es aquella que cuestionaba la asignación de recursos públicos que recibían de la Secretaría de Hacienda las entidades federativas, la cual era muy asimétrica para varios estados de la República, en el sentido de que lo que les enviaba la Federación era muy inferior a lo que generaban vía impuestos en su territorio. Los casos más extremos han sido Colima y Nuevo León, que por cada peso que recogían, obtenían menos de 30 centavos; en cambio, otros salían favorecidos pues sus partidas presupuestales eran apoyadas por recursos federales, con montos superiores a sus ingresos tributarios. Lo anterior es un reflejo más del mosaico de desigualdades que prevalecen en este país.

Parece ser que la fórmula que utiliza la Federación para distribuir el presupuesto a los estados, que considera, entre otras variables, la población e indicadores socioeconómicos, está quedando obsoleta, pues la convergencia económica y social que se pretendía lograr entre las economías del Centro y Norte del territorio nacional con el Sureste, no ha resultado; al contrario, las brechas en índices de pobreza y marginación se han venido ampliando. Es una ecuación que ya tiene varios años operando y que es necesario que se revise, o al menos que se evalúe su desempeño.

Por otra parte, la situación financiera de las entidades federativas se debilita con la disminución de la partida del ramo 23 llevada a cabo por la presente Administración federal. Y para los estados del norte, la baja en la tasa impositiva en los municipios fronterizos representa otra caída en la recaudación fiscal.

Hasta antes de la pandemia sanitaria, el Congreso de la Unión no ha tenido el voto mayoritario exigido para convocar a un nuevo pacto federal, que vaya más allá de una reforma fiscal, y probablemente la situación cambie ante la debacle económica que se está viviendo en el país. Los primeros indicios los dio el Mandatario federal hace algunos días, al declarar públicamente que estaba de acuerdo con revisar el pacto de coordinación fiscal entre el centro (Federación) y los 32 estados de la república. La población informada y productiva de este país espera que no haya sido una frase con carácter político para salir del paso y que la intención se convierta en solo eso, intención.

Según la historia, las posiciones ideológicas de algunos políticos en el poder en el mundo se han reorientado ante el cambio precipitado de las condiciones sociales y económicas que no existían cuando llegaban al poder. Esperemos que este sea el caso del presidente López Obrador. Al menos en el sentido de aminorar la crisis de las finanzas estatales, ya existe una promesa de liberar el fondo de contingencia que se creó para apoyarlas. Según la SHCP, lo ahorrado asciende a 60 mil millones de pesos, que deben asignarse de manera racional, pues si prevalecen los criterios políticos sobre los económicos, la situación cambiaría poco.

No hay que perder de vista que de preferencia los recursos se dirijan a la inversión productiva (no al consumo); se enfatice la protección de las fuentes de empleo; que las pequeñas y medianas empresas sean consideradas unidades económicas prioritarias, incluyendo al sector de la construcción, por los efectos multiplicadores que tiene en el resto de las ramas económicas.                                

Con las recientes declaraciones del dirigente del partido en el poder (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, que con cierto desparpajo decía que es menester investigar la riqueza de las personas en el país, su intervención dejó un mal sabor de boca entre la clase empresarial, inclusive también en el contexto político, por lo que hasta el mismo Primer Mandatario las desestimó. Inmediatamente vino a la memoria de muchos la trayectoria no muy profesional y poco ética del también exdirigente del movimiento barzonista.

El presidente interino de Morena justificaba su propuesta al decir que si existía una dependencia en México (Coneval), que mide los indicadores de pobreza y a la vez evalúa el impacto que tienen los programas sociales dirigidos a las capas económicas menos favorecidas, en congruencia con ello debería hacerse algo similar con la población ubicada en los estratos más altos en percepción de ingresos. El citado personaje, además, señalaba que el Inegi debe ser el responsable de llevar adelante esta tarea, a través del acceso a las cuentas del SAT, y así obtener información, que es confidencial, y con ella turnarla a la Secretaría de Hacienda, para que elabore políticas públicas; además de que se podría construir un nuevo padrón de ricos, que entre otras cosas permita gravar impuestos progresivos, es decir, tener un cobro equitativo de las tributaciones o que el que perciba más ingresos, que pague más impuestos.

Aclaraba que al indagar el patrimonio de los mexicanos, de ninguna manera se atentaba contra la secrecía de la información, ni se vulneraba la identidad de las personas favorecidas con mayores recursos económicos, y mucho menos el Estado se convertiría en un gendarme de las posesiones de los ciudadanos. Las opiniones vertidas reflejan sin duda alguna el sentir de un grupo de diputados y senadores de ese partido (Morena), que pretenden una mayor intervención del Gobierno en las actividades económicas que llevan a cabo los ciudadanos, como sucedía hace varias décadas en este país.

Y las últimas frases, en esa entrevista, de Alfonso Ramírez, afirman lo anterior. Después de la debacle económica a causa del Covid-19, se pretende que no suceda lo de antaño, sino que pase lo que vivieron Estados Unidos y Europa después de la Gran Depresión, con la creación del estado de bienestar, administrado por los gobiernos en turno. Se sigue pensando en experiencias del pasado, en cómo revivirlas y ponerlas a funcionar en este sexenio, que se nutre de recuerdos, pero que no vislumbra políticas estratégicas contemporáneas. La multicitada propuesta no está fuera del microcosmos del Presidente y algunos miembros de su gabinete, que en palabras menos técnicas, se puede expresar coloquialmente así: quitar al que tiene riqueza, no importa si lo obtuvo por trabajo, herencia o ilegalmente, y repartirla entre los pobres. Estandarizar la pobreza.

La vía pacífica, casi la única, para llevar a cabo una redistribución del ingreso y la riqueza, es a través de la formulación de políticas fiscales con impuestos que lleven como objetivo la equidad y la eficiencia. De ninguna manera se genera riqueza con medidas draconianas de austeridad, despojando a los burócratas con puestos de alta jerarquía, de sus aguinaldos o congelándoles sueldos, o con frenos al gasto público, disfrazándolos de subejercicios. Esas medidas desde luego tienen un impacto sicológico en la población poco informada, y son rentables políticamente, electoreras, pero no es suficiente la honradez de los gobernantes, sino que deben tener otras habilidades que les permitan crear las condiciones para el crecimiento económico.

Una reforma fiscal es urgente, y adquiere mucho más relevancia ante la debacle económica que se avecina, que parece no importar a los que manejan las finanzas nacionales, que no tienen la capacidad para analizar la magnitud de la recesión o son serviles, al someterse incondicionalmente a la voluntad de su jefe, el Primer Mandatario de la nación. Usted dirá.

Las perspectivas para la recuperación de la economía planetaria ante la debacle causada por el Covid-19 presentan varias aristas, una de ellas es que los gobiernos compensen los desequilibrios en las finanzas de las empresas, negocios y familias a través de programas de incentivos y créditos fiscales, así como subsidios a las familias, mientras logran estabilizarse y adecuarse a una nueva realidad social y económica; políticas que han dado buenos resultados en la mayoría de los países desarrollados desde la posguerra.

No obstante, hay otra forma de entender las causas estructurales de la actual crisis sanitaria y económica, y en función de ello, plantear soluciones no ortodoxas. Aunque todavía no hay evidencias científicas fehacientes de qué fue lo que causó el primer contagio del coronavirus en un ser humano, no se descarta la hipótesis de que haya sido un efecto indirecto del cambio climático, de ahí que un grupo de políticos y académicos europeos y estadunidenses proponga, como medidas económicas paralelas a las sanitarias, salir de lo convencional y financiar proyectos ecológicos, aprovechando la disruptiva económica forzada. Aspiran a que se dé un punto de inflexión en el uso de los recursos naturales: antes y después de la pandemia.

La primera ministra de Alemania y la directora del FMI, Angela Merkel y Kristalina Georgieva, respectivamente, han mostrado interés en esa propuesta de carácter ecológico.

En el léxico económico empiezan a introducirse términos como eficiencia energética, proyectos verdes y ciudades inteligentes, entre otros. Un obstáculo que se ve en el horizonte es la probable resistencia de los gobiernos estadunidense y chino, por los intereses económicos que representan para los grupos de poder, interesados en que se sigan utilizando combustibles de procedencia fósil.

En el caso de nuestro país, la migración a energías limpias considero que sería lenta y tortuosa; impensable en este Gobierno, por los proyectos insignia que maneja (refinería y aeropuerto), y el apoyo financiero incondicional a Petróleos Mexicanos. Por supuesto que propiciará pérdidas a diversos sectores, entre ellos el automotor y el de extracción de carbón. Una etapa sin duda difícil, pero que si se formulan las políticas económicas adecuadas, se podría amortiguar la caída en el ingreso y empleo.

La magnitud del cambio se puede comparar con la de la Revolución Industrial, que inició en Inglaterra en el siglo 18. La migración de los automóviles de combustión interna a eléctricos significa un enorme reto para la economía saltillense, pues las armadoras de autos de la región no están preparadas para una modificación tan radical, y en caso de concretarse, es probable que las grandes transnacionales repiensen la localización de sus nuevas inversiones. Lo grave es que no se  están formulando las políticas gubernamentales estatales y federales adecuadas para afrontar la casi inminente llegada de la guerra de terciopelo al carbono.

El Gobierno estatal está maniatado porque tiene las finanzas comprometidas en el pago de la deuda dejada por administraciones pasadas, y el federal sigue construyendo un "futuro" en función de un supuesto glorioso pasado, enarbolado por la rectoría del Estado en las decisiones económicas. Brillan por su ausencia los estadistas.

Uno de los cambios que sin duda se dará es en el concepto de optimización de actividades, que tradicionalmente usan los economistas, con el que se reorientará el concepto para incluir un tipo de axioma: todo proyecto, al ejecutarse, debe generar más energía que la que consume, desde la construcción de vivienda hasta la siembra y cosecha de frutas y hortalizas.

Una pregunta que se escucha con cierta frecuencia, particularmente externada por aquellos que manejan una empresa familiar o un pequeño comercio, cuyos ingresos se vieron seriamente afectos por la pandemia que vive la sociedad mexicana y el mundo: ¿Qué pasará con la economía familiar después de la cuarentena? El futuro no es muy esperanzador, no obstante, se debe estar consciente de que los escenarios económicos y sociales van a cambiar.

Y un cambio originado por una crisis de la magnitud de la actual, casi siempre trae aparejadas nuevas oportunidades que se pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida y el entorno familiar, aunque no se cristalicen en el futuro cercano, y repercutan de manera inmediata en la economía de las personas.
Un primer cambio es el que ya promueve la ONU, apoyado por las principales economías de Europa (Alemania, Reino Unido…), y que a raíz de la pandemia adquiere probabilidades de pasar del aspecto teórico al práctico, tan solo en el mediano plazo se considera que será adoptado por las economías más contaminantes del mundo. En esencia se trata de enfocar las inversiones de carácter estatal y privado a proyectos que contribuyan con la economía verde; se descarta cualquier subsidio a empresas que dependan de la energía fósil, desde la construcción de aviones, subsidios a los combustibles de origen fósil, hasta termoeléctricas que funcionen con la quema de gas o carbón mineral, o cualquier empresa intensiva en ese mineral; todo ello, generará empleos “verdes”, aunque el primer escollo para las Mipymes será buscar su reconversión a la nueva demanda que surja.

Otro de los cambios, aunque ya reflejaba una tendencia al alza, es la manera de llevar a cabo las transacciones económicas y financieras; el comercio electrónico tomará nuevos derroteros y, paulatinamente, irá quitándole mercado al comercio tradicional o presencial. Aunque se destruirán fuentes de trabajo, ese nicho de mercado “virtual”, que se ampliará a través del tiempo, ocasionará la creación de empleos, pues se demandaran trabajadores con diferentes habilidades, desde especialistas en marketing digital, hasta programadores de software. Es probable que las grandes cadenas comerciales aprovechen las dos modalidades de comercio (electrónico y presencial), pero con diferentes estrategias, más agresivas, lo que, indudablemente, generará una disputa más agresiva por el mercado de proveedores y clientes.

Y en el ramo de la salud, se llevarán a cabo nuevas investigaciones que traten de conocer el amplio y desconcertante mundo de los virus, que pongan a disposición de los gobiernos y grandes laboratorios vacunas para prevenir y combatir los efectos de los virus. Paralelamente, eso exigirá inspecciones sanitarias más completas entre los viajeros interfronterizos, pero más tardadas.
Esto abrirá un amplio abanico de posibilidades de estudio y trabajo para los jóvenes interesados en las áreas de salud y biología.

Desde la perspectiva de las cadenas de suministros interempresa, los centros proveedores de insumos y bienes intermedios de los sectores aeroespacial localizados en diferentes continentes, se relocalizarán más cerca de sus armadoras de productos finales. En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es de esperarse que se efectúen migraciones de empresas del Lejano Oriente hacia esos tres países.    

Entorno Económico
Federico Muller
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La historia siempre nos refresca la memoria, y más la colectiva, siempre y cuando se tenga una sociedad organizada, informada e interesada en el bien social. Los ejemplos más emblemáticos, y cercanos que se tienen, han sido la de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, particularmente los que no paladearon las mieles de la victoria, y aquellos que estuvieron a punto de ser sometidos por el régimen fascista alemán. A pesar de no disponer del capital industrial e infraestructura, destruidos por la guerra, sus economías se recuperaron debido a varios factores, entre los que sobresalen tres: el elevado nivel de escolaridad de su población; la capacidad de gestión de sus gobernantes, y sin lugar a dudas la ayuda financiera que recibieron del exterior.

Un personaje clave para la economía inglesa, y para el capitalismo internacional, que buscaba reacomodar la economía mundial, fue Winston Churchill, quien a pesar de no comulgar con las teorías keynesianas, se supo imponer a pesar del desánimo y desesperanza de su pueblo ante la inminente invasión nazi; la historia lo ha juzgado como un relevante estadista. Una extraña combinación que se ve muy poco en el mundo contemporáneo: un político, y además un intelectual, en 1953, que recibió el Premio Nobel de Literatura. Los casos anteriores solo son algunos ejemplos que se pudieran tropicalizar y tomar como referencia histórica para conocer qué hicieron otros pueblos para salir de la encrucijada económica causada por la conflagración mundial.

La economía mexicana requiere urgentemente del apoyo financiero nacional e internacional, adicional al que ha ofrecido Banxico, créditos que para la magnitud de la recesión que se avecina, parecen limitados. Una línea de crédito convenida entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector privado del país hace algún tiempo, que por cierto fue malinterpretada, quizá por desconocimiento, por el Presidente de la República, puede ser una “bocanada de oxígeno” para las Mipymes, que se encuentran al borde del colapso económico.

Lo interesante de ese esquema crediticio es que el Gobierno no interviene ni siquiera como aval. Se trata de un préstamo, en una segunda etapa, que otorga el BID, hasta por 12 mil millones de dólares. El instrumento que se usará en el proceso crediticio es el llamado factoraje inverso, que consiste en adelantarle recursos monetarios al empresario, pagándole un porcentaje de las facturas que tiene por cobrar en el corto plazo (60 o 90 días) o parte de sus deudas; el intermediario puede ser un banco comercial. Con ello, la empresa puede financiar su capital de trabajo y seguir operando mientras se reactiva la demanda agregada.

De acuerdo con cifras del Inegi, en México se tienen registradas 4.1 millones de Mipymes, que juegan un papel importante en la generación del PIB; a grosso modo se estima que contribuyen con 42% de este indicador, y emplean a cerca de 75% de la fuerza laboral, de ahí la importancia de apoyar a ese segmento productivo, además de que muchos pequeños empresarios no tienen acceso al crédito bancario por ser muy alta la tasa de interés, o no cumplir con los requisitos que exigen dichas instituciones.

La solidaridad, o mejor dicho el interés de los organismos internacionales de desarrollo por colaborar a paliar la crisis  económica, de ninguna manera es gratuito, no es regalar dinero, o que vaya a fondos perdidos, sino son créditos con garantía y tasas de interés accesibles al empresario.

En la era moderna, al menos en el Continente Americano, después de la consolidación del territorio estadunidense sucedió un hecho histórico que aceleró el crecimiento económico de ese país. Se redescubría en las entrañas de la tierra el petróleo, y una vez en la superficie se industrializaba, que fue la gran diferencia con el mismo combustible usado por los romanos para fines artesanales o caseros. A mediados del siglo 19, y por cierto en Estados Unidos, el hallazgo estuvo a cargo de un personaje que la historia señala como responsable de poner en marcha el primer pozo petrolero en el mundo contemporáneo, encontró el oro negro a menos de 30 metros de profundidad, pero como casi siempre sucede, ha permanecido en la oscuridad, sin brillar monetariamente, pues fueron otros los que aprovecharon ese inusual y rentable redescubrimiento.

Desde la formación del mercado petrolero mundial no se había visto un crecimiento negativo en los precios del petróleo. Hace algunos días, en el mercado de futuros, un contrato que terminaba en mayo arrojaba una caída por debajo de cero en el precio del barril del petróleo texano (WTI). Aunque los analistas señalan que fue un caso excepcional, difícil de repetirse en el futuro, este hecho no se puede considerar como tendencia, pero sí refleja las condiciones tan adversas por las que está pasando la economía a escala planetaria.

Debido a la contingencia sanitaria mundial por el Covid-19, la demanda de hidrocarburos en todos sus tipos de refinados ha caído drásticamente, lo que se ha unido al afán desmedido de Arabia y Rusia de incrementar su producción petrolera para obtener más recursos. Los líderes de estos países consideran que la ampliación de volúmenes de ventas compensa lo que dejan de percibir por la baja en los precios, lo que ocasiona su agresiva política expansiva. Esa salvaje disputa por acaparar el mercado está siendo un factor disruptivo adicional al equilibrio macroeconómico mundial, que se venía consolidando desde la crisis inmobiliaria de 2007.

En el escenario mundial se tienen tres flancos que hay que atajar, o cuando menos mitigar: la crisis en el sector salud; la debacle económica y la sobreproducción petrolera. Un tóxico coctel nada agradable hasta para el más capaz y experimentado político de cualquier potencia económica. El precio negativo del petróleo se puede traducir de manera coloquial como el pagar a determinadas compañías por llevarse el combustible de los campos productivos y así reducir los costos de almacenamiento. El estrago ha sido el colapso, y varias medianas empresas productoras de gas y petróleo han dejado de producir simplemente porque su costo de producción es mayor al del precio de mercado.

En el caso de Pemex, de acuerdo con información que da su director, el costo de extraer un barril del crudo promedia los 14 dólares. Sin lugar a dudas, los márgenes de ganancia para la paraestatal son muy reducidos. La política racional sería disminuir la producción hasta, al menos, el nivel en que el costo marginal por unidad producida esté por abajo del precio de mercado, que se espera sea muy volátil en el corto plazo. La crisis petrolera mundial dificulta el rescate de la petrolera nacional, aunado a las políticas internas que no calibran el costo que tiene que absorber el Gobierno para oxigenar a Pemex.

Desde que llegó el Covid-19 a México -al cual el Presidente de los Estados Unidos le llama chino, en una clara denostación al Gobierno del gigante asiático-, cualquier pronóstico de las actividades económicas que se quiera llevar a cabo por las entidades nacionales o extranjeras mejor informadas, puede ser engañoso, al subestimar o sobrestimar la magnitud que tendrá en el empleo y consumo de la población mexicana. El panorama que se vislumbra no es nada halagador, y más lo ennegrece el que la causa del problema recesivo no es económico, sino de salud pública a escala planetaria, lo que dificulta la formulación de políticas públicas.

Quizá una de las excepciones al avance moderado del crecimiento económico que experimentaban las economías desarrolladas antes de la pandemia, sea nuestro propio país, que ya en 2019 presentaba indicadores macroeconómicos negativos, o en el mejor de los casos, estancados. Se levantan algunas voces que piden, con justa razón, la intervención más amplia del Gobierno. Todos coinciden en que la debacle económica por venir no puede ser resuelta por el mercado.

El programa que puso en marcha el Gobierno estadunidense después de la Gran Depresión (1929-34) se enfocó en reactivar la demanda agregada; no obstante, sería un error querer seguir la misma receta para tratar de neutralizar las consecuencias económicas del coronavirus, pues simplemente el contexto económico y mundial es muy diferente al de los años 20. A partir de esto se probaba, por cierto con éxito, una nueva teoría: la keynesiana.

Sin embargo, para la debacle que se avecina en el segundo decenio del siglo 21 no hay nada escrito en el sentido de configuraciones teóricas, los países siguen aplicando políticas de corte keynesiano, y poco se sabe de sus resultados. En el caso de la economía nacional, al secretario de Hacienda y al propio Presidente de la República se les han presentado propuestas económicas para enfrentar la crisis, una de ellas la que elaboró la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el
Retiro (Amafore), que debe analizarse detenidamente porque están en juego los ahorros de muchos trabajadores mexicanos para su retiro en el mediano y largo plazo. Aunque el planteamiento que hace dicha administradora, según su presidente, ya fue “probado” en otros países miembros de la OCDE y fue efectivo, pues produjo los resultados que esperaban.

La Amafore administraba, antes de la explosión de la pandemia, recursos por un monto de 4.03 billones de pesos, de los cuales se pretende sustraer 700 mil millones de pesos para invertir en obra pública, que tenga un efecto multiplicador en la economía. Hay que recordar que la construcción es uno de los sectores que más fuentes de empleo generan, de manera directa e indirecta.

Desde el punto netamente económico, podría ser un buen dinamo para acelerar el crecimiento de las actividades económicas del país. La estrategia es interesante, porque a través del mercado bursátil se invertiría en activos públicos que generan ingresos por su explotación, es decir, se haría un intercambio de ingresos futuros por recursos actuales, en el entendido de que el dinero que salga de las Afores se recuperaría en el largo plazo, porque los proyectos del Gobierno son rentables, lo que permitiría saldar la deuda que se tenga con los trabajadores, con relativa certeza, siempre y cuando haya demanda por esos bienes y servicios, que se supone repuntarán con el gasto en infraestructura.

Como se puede apreciar, existen soluciones creativas para rescatar a la economía nacional. La última palabra la tiene el Presidente de la República.      

Entorno Económico
Federico Muller
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Independientemente de si la pandemia ocasionada por el Covid-19, que está colapsando a la economía mundial, se pudo haber prevenido, la discusión resulta bizantina ahora simplemente por su destiempo. El hubiera en la teoría económica no tiene cabida, lo eminente para la economía nacional es afrontar de manera urgente los estragos económicos y sociales del contagioso virus. Dos de los principales actores son el Gobierno y el Banco de México. Por la información que ha trascendido en los medios de comunicación, la próxima semana el presidente López Obrador dará a conocer a la ciudadanía el plan para reactivar la economía, devastada por el coronavirus.

Esperemos que en los objetivos de dicho plan y en las decisiones que se han de tomar prevalezcan los criterios económicos contemporáneos sobre los políticos de rentabilidad electorera, considerando de vital importancia, además de los apoyos al sector salud, la generación de empleos e incentivos fiscales y créditos al sector empresarial.

Para que las políticas económicas temporales sean exitosas deben partir del binomio empleador-empleado, fórmula que permite aumentar la producción y estimular la demanda de la población. Por otro lado, un fenómeno que comienza a llamar la atención entre los estudiosos de la economía y a notarse en los bolsillos de las familias, es el incremento de los precios en los productos que conforman la canasta básica, lo que técnicamente se le llama estanflación, que no es otra cosa que inflación combinada con decrecimiento económico, fenómeno relativamente nuevo que apareció en los países industrializados en la década de los 70 del siglo pasado (20).

Antes de la contingencia sanitaria en el país, en febrero el Índice Nacional de Precios fue superior a 3%, cifra que al parecer empezará a marcar una tendencia alcista. Todavía es muy precipitado saber si el encarecimiento de las mercancías fue coyuntural, por la especulación comercial provocada por las compras de pánico de la población, o si fue producto de incrementos en los costos de producción, o si se fueron ambas. Cuando pase la emergencia sanitaria, se conocerá.

Lo preocupante para los mexicanos, particularmente para los que forman la economía informal, es el aumento de precios con un consumo reprimido por la pérdida de las fuentes de empleo, lo que complica el panorama, pues el año pasado (2019) la economía permaneció prácticamente estancada, lo que posiblemente hará que los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, en sus próximas reuniones, repiensen como salidas a la recesión nuevas bajas en la tasa de interés y expansiones en el flujo monetario.

Se pronostica que en el 2020 el PIB se reducirá entre 3 y 7%, así lo han estimado algunos bancos y agencias calificadoras, no obstante todos coinciden en que se dará un crecimiento negativo, las diferencias solo son en la profundidad de la recesión. La estanflación es un problema bastante serio que la economía del país no experimentaba desde hace varios sexenios. La 4T está ante un panorama inédito y complejo en el sentido del pernicioso coctel que se compone de una recesión mundial y la local arrastrada desde el año pasado. La capacidad de nuestros gobernantes y funcionarios se pondrá a prueba. Por el bien de México, todos debemos sumarnos para salir adelante de esta doble crisis.


Federico Muller
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La recesión económica que se vislumbra, cuyo origen aparentemente es por un virus biológico, quizá no tenga paralelo con ninguna otra vista en este siglo 21. Al menos los resultados que se han observado en las bolsas de valores del mundo, muestran un nerviosismo exagerado que atenta contra el razonamiento y frialdad que deben tener los hombres del dinero ante tales acontecimientos. Guardando ciertas distancias, las reacciones son parecidas a las de la Gran Depresión de 1929, particularmente en el sector bursátil y financiero, pues ante la incertidumbre, es decir el temor a lo desconocido, los tenedores de bonos y acciones tratan de proteger su patrimonio buscando activos más seguros para invertir, sin considerar los efectos perniciosos que tienen sus sentimientos y emociones en las actividades económicas productivas de una sociedad universal que, por su interconexión global, dejó atrás las fronteras entre países.

Al inicio de esta semana, y tomando como ejemplo a la economía estadunidense, que por su participación en el PIB mundial juega un papel determinante en la ralentización o aceleración de la dinámica económica. las políticas monetarias instrumentadas por la Reserva Federal (Fed), que no tienen que pasar por el Congreso estadunidense para su aprobación, no han convencido a los inversionistas de Wall Street. Los índices bursátiles (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) han venido bajando, y la tendencia que se puede observar no es nada alentadora para el resto de las bolsas del mundo.

Si las bolsas siguen con comportamientos erráticos, es probable que las políticas monetarias expansionistas de la Fed queden neutralizadas, sin el efecto deseado, lo que seguramente presionará al Congreso estadunidense a destrabar las propuestas fiscales del presidente Trump para reactivar la economía de EU. Pero el problema parece ser que no se resuelve implementando políticas de corte keynesiano, esto es gastando recursos públicos para apoyar a sectores que más han resentido la baja demanda en el consumo; sencillamente porque la causa no es económica, ni financiera, sino sanitaria, la salud pública se ha visto quebrantada por epidemias o quizá pandemias en países y regiones, pero en el pasado reciente ninguna había tenido las magnitudes del coronavirus (Covid-19), que paradójicamente puso a prueba los sistemas de salud pública de los países más ricos de la Tierra.

Cualquier cantidad de recurso público no es suficiente para mitigar el miedo que siente la población a contagiarse, y por ende su consumo habitual de bienes y servicios disminuye drásticamente. Va a costar tiempo y recursos devolver la seguridad y confianza a la gente para salir a la calle. Ante este fenómeno sanitario, virulento y desconocido por las mutaciones tan aceleradas que ha adquirido en el tiempo, se requiere mantener las campañas de prevención y subsidiar temporalmente a los trabajadores, que por razones forzadas entran en paro. Y al micro, pequeño y mediano empresario del país, apoyarlos con estímulos fiscales y créditos con intereses blandos. Además, implementar un programa agresivo de inversión pública, en infraestructura y equipo.

El sector salud público, por las deplorables condiciones en que se encuentran clínicas y hospitales, requiere de más inversión, aunque para ello se tengan que llevar reformas a la ley del IMSS y del Trabajo. Y paralelamente, tomar en serio el cambio climático, que -aunque todavía no hay una certeza científica- se considera como uno de los factores que desencadenaron la pandemia actual, que no ha respetado ni fronteras ni clases sociales.

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Ante la sorpresa mundial por la aparición del Covid-19, que ha semiparalizado la economía a escala planetaria, y probablemente desencadene una recesión en las actividades económicas, definitivamente los gobiernos no están preparados para enfrentar el problema de salud pública. Cualquier política pública convencional que se quiera formular para reactivar la economía, sin duda resultará insuficiente porque los orígenes de la crisis no son de índole estrictamente económica, sino solo son consecuencia de la pandemia.

Al ser la causa sanitaria la culpable del nerviosismo que priva en los mercados financieros, y que obliga a las familias a modificar sus agendas cotidianas de trabajo, educación, recreación y a restringir los bienes de consumo que no son indispensables para la sobrevivencia, plantea un escenario que, probablemente en México, no se veía desde la gripe española, ocurrida a principios del siglo pasado (20), de la cual lamentablemente no se tiene información, o quizá, si se corre con suerte, se disponga de pocos datos estadísticos de carácter económico porque eran épocas de mucha turbulencia política. Aquellos gobiernos tenían un estrecho margen de intervención en la economía postrevolucionaria, que apenas comenzaba a transitar de lo rural a lo urbano y era habitual la economía de autoconsumo, con las haciendas como unidades de producción. El país apenas se consolidaba como nación con la elaboración de la Constitución de 1917.

De esta manera, las políticas públicas, que deben implementarse de manera rápida, no son las que sugieren los manuales de macroeconomía tradicionales, que hablan de cómo corregir los desequilibrios en la demanda y oferta agregada, causados por factores especulativos o económicos. Probablemente alguien señalaría como algo pedagógico la crisis que sufrió el país con la propagación de la influenza en la primera década del siglo 21, pero sus consecuencias y políticas sanitarias que se implementaron, serían insuficientes ante la magnitud del fenómeno del coronavirus.
Lo que se requiere es de la creatividad y sensibilidad de los funcionarios de Hacienda, Economía y del Banco de México para el diseño de políticas inéditas que apoyen escenarios sociales y económicos no vistos en el mundo contemporáneo. En economía se habla de que las políticas públicas en casos críticos como el que atraviesa la humanidad, deben tener una esencia, más arte que técnica, para cumplir a cabalidad con su cometido de mejorar la calidad de vida de las familias, en particular las menos favorecidas económicamente.

En este artículo se plantean, desde la perspectiva de divulgación, dos propuestas que se aventuran sin contar con la información socioeconómica a la cual tiene acceso el Gobierno en el contexto nacional e internacional: tropicalizar las políticas, estrategias y programas que lleven a cabo otras naciones, como Estados Unidos, Francia o la misma China, entre otras. En el caso de Francia, aunque aún es prematuro hablar de logros, parece que su programa en contra de la pandemia está dando los primeros resultados positivos. Partir de implementar políticas de prevención entre la población, racionales, para evitar los contagios del virus citado, sin provocar la fatiga social. Las restricciones a centros de trabajo, escolares y lugares públicos deben ser en función del incremento fundamentado estadísticamente de la tasa de infección por el virus. Lo anterior no es nada fácil para el Gobierno, pues se requiere de una estrecha coordinación entre las autoridades económicas y financieras y la Secretaría de Salud.

La otra propuesta es recurrir a la línea de crédito que tiene este país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprovechando el desplome de las tasas de interés internacionales, para apoyar los programas de salud y subsidiar a las familias mediante transferencias que les permitan mantener un ingreso para poder sobrevivir y solventar los gastos elementales. Es un desafío para el presidente López Obrador.

Entorno Económico
Federico Muller
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Es lamentable que surjan fracturas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se estableció desde 1960, siendo una de las cinco naciones fundadores Venezuela, así como Arabia Saudita. Paulatinamente ha venido creciendo, se ha multiplicado el número de sus miembros, en cuyas economías predominan las rentas petroleras. Actualmente 14 países conforman la OPEP. Entre ellos acuerdan cuotas y precios, tratando de influir en el mercado petrolero mundial.

La aparición de esa organización en el contexto económico y político fue para disminuir el poder que tenían las empresas estadunidenses e inglesas en ese nicho de actividades energéticas. Hace algunas décadas, su poder oligopólico era determinante en el precio del barril de petróleo, inclusive llegó a provocar una debacle económica a escala planetaria, en 1973, al subir el precio del crudo, sorprendiendo a los gobiernos y empresarios del mundo industrializado, quienes se vieron forzados a racionalizar el consumo de los combustibles en el mediano plazo, particularmente el sector automotor innovó y diseñó motores más pequeños y ahorradores de energía. Otra de las consecuencias del alza petrolera fue el incremento de la inflación en naciones con una larga estabilidad en los precios.

La decisión política del aumento de los precios del oro negro, también se acompañó del recorte de su oferta. Las reservas probadas de petróleo de los países miembros de la OPEP representan cerca de 80% del resto del mundo; para ampliar su poderío consiguió algunos aliados, que aunque no son miembros, acuden a las reuniones y toman acuerdos juntos; un país invitado fue Rusia.

Recientemente se presentó una situación contraria a los acuerdos que se daban entre ellos, porque Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo en el mundo, no resistió la tentación de ampliar su producción, a raíz de las discrepancias que tuvo con Rusia, y a diferencia de la crisis de 1973 por recorte de oferta y aumento de precio, la debacle que se avecina en la economía mundial es por una sobreproducción de crudo, pues el país árabe está ampliando su producción diaria por arriba de los 10 millones de barriles.

Los efectos no se hicieron esperar y el precio de los combustibles ha comenzado a descender en las economías importadoras, con excepción de México, que sigue una política contraria a los cambios en el mercado mundial de petróleo. Las principales bolsas de valores del mundo también han resentido estos efectos, pues el precio de las acciones ha caído estrepitosamente. Si se añade la pandemia del coronavirus, que también sorprendió, definitivamente las expectativas del PIB mundial que se tenían habrán de disminuir, aunque los analistas de los organismos internacionales todavía no contabilizan el monto de las pérdidas, para emitir un pronóstico certero del crecimiento de la economía en el mundo.

Por lo que respecta a México, el riesgo que se corre con la baja de los precios del petróleo, es que las calificadoras degraden la calificación de Pemex, que traería consecuencias muy lamentables al resto de las actividades de la industria nacional, particularmente los pequeños y medianos empresarios, cuyos financiamientos se encarecerían al detonarse una crisis económica en el país.

Es conveniente recordar que la Reserva Federal (Fed) estadunidense hace las funciones de banco central en ese país, pero desde una perspectiva más amplia que la que cumple por mandato constitucional el Banco de México, pues tiene a su cargo además de la estabilización de precios, formular políticas para el crecimiento económico, que sin duda hace más compleja su administración, a pesar de la organizada estructura administrativa y técnica que tiene la Fed, a lo largo del territorio americano.

Es debido a lo anterior que los funcionarios de Banxico mantienen una actitud prudente ante algunas discusiones y propuestas no formales que han surgido en el Congreso de la Unión para asignarle una doble responsabilidad a esa institución financiera: el control de la inflación y el diseño de políticas económicas, tal como lo hace el banco estadunidense. Aparentemente, la actitud de algunos legisladores mexicanos que se inclinan por esa postura es motivada por la ausencia de políticas y programas en pro de la expansión de las actividades económicas, entre ellas la política industrial y de inversión pública, que deberían formular e implementar las dependencias encargadas de reactivar la alicaída economía mexicana, como son la Secretaría de Hacienda y de Economía, entre otras, que sí dependen del Ejecutivo federal, y que no son técnicamente autónomas como el Banco de México.

Vale la pena mencionar que en lo que va de la presente Administración federal aún no aparecen políticas fiscales anticíclicas, expansivas y de largo alcance, o al menos acotadas por el horizonte de tiempo del sexenio, que influyan para lograr un crecimiento económico acorde con los requerimientos del país, la cuales desde el sexenio pasado deberían haber iniciado ante los primeros signos de desaceleración de la economía.

Es más conveniente considerar las opiniones de los senadores y diputados de oposición y del partido del Presidente de la República, que comulgan con una doble función del Banxico, desde un ámbito partidista y popular, lo que implica leerlas entre líneas: una de ellas, la orientación de las propuestas no es realmente ocuparse del aspecto económico del país, sino política: se trata de paulatinamente ir minando la autonomía del banco central, para posteriormente modificar las leyes y estatutos legislativos que lo rigen para regresar nuevamente a que dicha institución financiera sea una dependencia más del Gobierno, cuyo gobernador simplemente obedezca las órdenes del Presidente del país. Al eliminar la autonomía del banco, la centralización del Gobierno se fortalecería, y serían ya muy pocos los contrapesos que enfrentaría el propio Mandatario federal. Un poder que rayaría en los linderos del absolutismo, cuya experiencia nada grata ya se tuvo cuando gobernaba el PRI.

Por otra parte, desde mi punto de vista, sería muy conveniente la coordinación de las políticas fiscales y monetarias -las primeras corresponde formularlas a la SHCP y las otras a Banxico-, aunque en la práctica resulte difícil, pues los intereses que se persiguen han sido diferentes entre las autoridades monetarias y fiscales, no solo en México, sino en otras naciones con regímenes similares al de Banco de México. Valdría la pena al menos intentarlo, aunque hay una interesante discusión teórica entre crecimiento y estabilidad de precios y tasa de desempleo.

Se considera que al inducir el crecimiento económico, particularmente con gasto público, se rompe con los equilibrios en las tasas de inflación y de desempleo, disparándolas, pero las experiencias recientes en varios países desarrollados han mostrado que la teoría señalada no se ha cumplido. Si a los políticos y funcionarios encargados de manejar las variables financieras verdaderamente les interesa el bienestar de las familias mexicanas, no pondrán resistencia en conciliar criterios y trabajar unidos, por el bien de México.   

De acuerdo con cifras del Inegi, en 2017 la población llegó a un total de 123.6 millones de personas, de las cuales 48.7% lo integran hombres y 51.3%, mujeres; así, la brecha entre hombres y mujeres, al menos por el número de habitantes, no es muy asimétrica. Las razones de que existan más mujeres se pueden atribuir a varios factores, uno de ellos la mayor esperanza de vida, pues las damas viven en promedio 4 años más.

Las mayores brechas entre hombres y mujeres se encuentran en los mercados laborales, que influyen en la desigualdad económica y pobreza del mal llamado sexo débil. Independientemente de que se presente discriminación o no hacia la mujer, el contexto económico o la construcción social del país no responden íntegramente a los requerimientos de las mujeres, y por ello se obstaculiza su incursión completa en el mercado de trabajo remunerado. Se pueden citar tres elementos que frenan su participación productiva.

El primero tiene que ver con el rol de género que juegan en la sociedad. La aportación en trabajo no pagado que hace la mujer en el hogar o en cualquier otro sitio, es mayor al de los varones; según estadísticas de la OCDE, ellas laboran 4 horas más que los hombres por día, particularmente atendiendo a la familia.

El segundo elemento, que agudiza al primero, es la ausencia de políticas públicas formuladas para concatenar la vida productiva y la familia. Todavía es limitado el número de instituciones de capacitación laboral y de atención a los hijos. Y el último elemento es la rigidez del mercado laboral, que demanda al menos 8 horas de faena continua diariamente.

Lo anterior se ve reflejado en varios aspectos en las estructuras laborales, por ejemplo, en los puestos gerenciales, cuya mayoría es ocupada por varones, y solamente 31% corresponde a mujeres, y a medida que se sigue avanzando en el organigrama de las empresas hacia la dirección y consejos administrativos, la participación femenina disminuye drásticamente, y seguramente no es por falta de capacidad, sino por las condiciones laborales más demandantes; 7% de ellas forma parte de los consejos directivos, y en propietarias de empresas la cantidad baja a 2 por ciento. Todos los datos son en relación con el total de mujeres que componen la fuerza laboral nacional.

Al encontrar resistencia para acceder al mercado de trabajo formal, la mujer incursiona en la informalidad, en donde 51% del total de este mercado es acaparado por ellas, observándose una muy cercana paridad entre ambos sexos. Lo negativo de esta situación es que tal sector es poco productivo y no les ofrece ningún tipo de seguridad social; y además quedan fuera del control fiscal, que influye en frenar el incremento de la base gravable del SAT. Quizá olvidando, o desconociendo el contexto económico, los colectivos feministas están convocando a un paro nacional de labores para el 9 de marzo, un día después que se conmemore el Día Internacional de la Mujer.

El motivo que las une para protestar, y suspender cualquier actividad productiva y/o social a lo largo del territorio nacional, es el aumento significativo de los homicidios de mujeres. Están retomando lo que se hizo hace varias décadas en Islandia, una pequeña isla desarrollada, cuya convocatoria fue todo un éxito y las condiciones de vida de la mujer islandés han venido mejorando, pero no es comparable con México, pues su población no rebasa los 400 mil habitantes, que puede ser como la de una ciudad intermedia de nuestro país. La convocatoria al paro nacional femenino es válida; no obstante, se están enfocando en los efectos de la discriminación cultural y ancestral hacia la mujer, olvidando las causas estructurales del problema.

Las estimaciones sobre el crecimiento de la economía mundial para 2020 apuntaban a tasas de entre 3 y 3.7%, de acuerdo con pronósticos que se hacían a finales del año pasado. Los bancos de inversión y las calificadoras veían con cierto optimismo la marcha de la economía a escala planetaria, a tal grado que las expectativas de crecimiento eran superiores a las de los últimos años, al considerar que las economías emergentes, entre ellas China e India, marcarían el liderazgo mundial y su participación en el PIB global estimularía la demanda agregada, teniendo en cuenta que uno de los obstáculos al comercio exterior se había disipado al concluir la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y con la probabilidad de firmar un acuerdo comercial en el corto plazo entre ambas economías.

Sin embargo, a raíz del brote del coronavirus (COVID-19) en China, y con la posibilidad de que la enfermedad se extienda rápidamente a otros países, han empezado a cambiar las perspectivas sobre el crecimiento de la economía planetaria. Por lo sorpresivo del virus, aún no se han publicado cifras oficiales del efecto probable que tendrá en la economía esta pandemia. La interdependencia de las cadenas de insumos y productos seguramente se ralentizará con la probable desaceleración de la economía del gigante asiático, la cual suministra exportaciones e importa materias primas a muchas economías de los países industrializados.

En ese panorama mundial tan complicado surgen preguntas como ¿qué rol jugará la economía nacional? ¿Se puede abrir una ventana de oportunidad para el comercio mexicano? Desde mi punto de vista todo depende de las políticas económicas que formule el Gobierno federal ante esta emergencia sanitaria, mediante la creación de incentivos a los sectores que pueden participar, entre ellos el alimentario y el de salud. Si se capitalizan de una manera racional las ventajas que tiene México, aprovechando las demandas y ofertas de bienes y servicios que involuntariamente deja la economía china, se puede reactivar nuestra economía, que en 2019 tuvo su peor desempeño en varios años. La recesión económica (-0.1%) debe revertirse a través del mercado interno como externo.

En las últimas declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a un medio informativo extranjero sobre el futuro de la economía del país, fue moderadamente optimista, pero siguió repitiendo los mismos argumentos que esgrime el
Presidente de la República en sus conferencias de prensa matutinas cuando habla del estado que guarden las finanzas federales, la economía y los estratos sociales económicamente más desfavorecidos del país.

Ambos personajes -uno que conoce bien la política mercadológica y desconoce, o mejor dicho no reconoce, lo complejo de las economías del siglo 21; y el otro que es lo contrario, pero que cuida su empleo y se alinea con lo que diga su jefe- siguen apostando al tratado con Estados Unidos y Canadá y a la baja paulatina de la tasa de interés como estímulos para reactivar la alicaída economía azteca.

En la conferencia de prensa mencionada, el doctor Herrera tocó marginalmente el tema del coronavirus, quizá por lo reciente del fenómeno de salud pública, sin embargo, no definió la postura que tomará la SHCP ante ello. Su participación en cuanto al sector externo se concretó al T-MEC. Lamentable que no se hable de lo que está pasando más allá de las fronteras de México, se sigue manteniendo una política económica desfasada de la realidad internacional, fundamentada en los recuerdos de cuando el país vivió el milagro mexicano, con el modelo de sustitución de importaciones.                          

Entorno Económico
Federico Muller
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Según estadísticas internacionales, México es el mayor consumidor de refrescos a nivel planetario y de las naciones con mayores índices de sobrepeso y obesidad, un dato nada halagador. Ocupar el primer lugar mundial en obesidad infantil ha conllevado a la aparición de enfermedades cronicodegenerativas que aparecen a temprana edad y minan la productividad, además de que elevan el costo por persona de la atención médica que brindan las instituciones públicas. Esta situación se encarece y se vuelve compleja por la sobrepoblación de derechohabientes que medianamente atienden el IMSS y el ISSSTE, entre otros organismos.

Entre los factores que han influido en el aumento de la obesidad se pueden señalar varios, entre los que sobresalen la influencia del mercado estadunidense, la exportación de franquicias de comida rápida, el encarecimiento del costo de la vida, que obliga a la incorporación de la mujer al mercado laboral, y la facilidad de obtener los productos de manera rápida en las puertas de los hogares, lo que ha ocasionado un cambio paulatino en la cultura, particularmente en las entidades del norte y centro del territorio nacional, al menos en lo referente a los hábitos alimenticios que tenían las familias mexicanas, de comida casera y menos abundante en cuanto a grasas, azúcares y almidones.

Ya se ha evidenciado que el encarecer, por la vía de mayores impuestos, las bebidas azucaradas y golosinas no ha logrado detener el consumo, en parte porque las transnacionales refresqueras han respondido con estrategias mercadológicas y técnicas al diversificar sus productos, y por la otra porque está muy arraigado entre la población su consumo cotidiano. Infortunadamente los intentos que ha hecho el Gobierno mediante la formulación de políticas fiscales no han resuelto la problemática; quizá ha faltado promoción y un horizonte más amplio para empezar a notar las modificaciones en la ingesta de ese tipo de alimentos.

Nuevo etiquetado en productos tipo golosinas. Una nueva presentación en las envolturas de productos “chatarra” está por aparecer en los mercados, principalmente en tiendas de conveniencia, centros comerciales y pequeñas tiendas de barrio. Es conveniente decir que el nuevo etiquetado se presentó hace algún tiempo en los mercados chilenos y al parecer ha tenido un razonable éxito, de ahí que el Gobierno mexicano lo copie y adecúe a la idiosincrasia nacional.

Por ley, se pretende obligar a las empresas a insertarlos en las envolturas de sus mercancías un código de colores y formas geométricas que llame la atención a la pupila de los compradores. Lo que se quiere resaltar, mediante figuras octagonales en los empaquetados, es la cantidad de azúcares, sodio, edulcorantes, cafeína y
grasas transgénicas que contienen los productos.

De acuerdo con estudios de mercadotecnia realizados por agencias que estudian el comportamiento del consumidor, las nuevas reglas harán que más empresas se incorporen al mercado, propiciando más competencia y aprovechando nuevos nichos. Puntos de vista discutibles, y poco probables que se den en este país, sencillamente por el tamaño de las compañías líderes, transnacionales con capacidad para sacar del mercado a empresas que intenten hacerles competencia. Además, conociendo los gustos y preferencias de los niños y jóvenes, es difícil que se abstengan del consumo de “chatarra”, a pesar de las llamativas advertencias.

Federico Muller
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La reducción en el gasto público que reciben los partidos políticos en México es una añeja propuesta que cobra vigencia a medida que la economía deja de crecer o lo hace a tasas minúsculas. Los recursos económicos que recibe el Gobierno por la vía impositiva no alcanzan para financiar las necesidades más apremiantes de la sociedad. Las políticas públicas, aunque bien intencionadas, no pueden disminuir las asimetrías en el ingreso de las familias mexicanas mientras no haya los suficientes apoyos en su implementación, de ahí la urgencia de recurrir a recortes presupuestales para poder cumplir los ineludibles compromisos del Estado, como deuda, pensiones, programas sociales, entre otros.

Desde esa perspectiva, resulta que las partidas destinadas a los institutos políticos ocupan un lugar no preponderante en las prioridades gubernamentales. En 2019 se programó un gasto de 4 mil 965 millones de pesos para apoyar a siete partidos (Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano), que relativamente es poco significativo si se compara con los presupuestos de programas sociales o educativos, que sobrepasan holgadamente esa cifra. No obstante, lo que se busca es racionalizar el gasto, sin erosionar la democracia y la transparencia de las elecciones.

Si se analizan las últimas campañas políticas, desde las presidenciales hasta las de diputados locales y alcaldes, las propuestas que de ellas emanaron fueron más producto de la demagogia y la ficción, que de un ejercicio serio y asequible a la realidad nacional. La calidad de los discursos políticos dejó mucho que desear. Por ello, se quiere frenar el dispendio de recursos públicos y disminuir el costo del proselitismo electoral.

Sin embargo, para algunos analistas y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), el bajar el presupuesto de una manera drástica a los partidos compromete a la incipiente democracia nacional, o simplemente la puede exponer a intereses oscuros. Tal vez lo que más convenga es acompañar la “contracción” de los recursos para el sostenimiento de los partidos, con tres elementos que podrían compensar, o al menos paliar la caída en los presupuestos partidistas, sin menguar sus actividades.

Participación de recursos privados en las campañas políticas. Es un tema que ha causado polémica entre los actores políticos y gubernamentales. El financiamiento privado lo rechazan los sectores más conservadores del Gobierno y del INE, porque puede prestarse a contubernios entre candidatos electorales y grupos con capacidad económica, pero de dudosa solvencia moral, cuyo resultado sea condicionar a sus intereses la agenda política del candidato ganador de la contienda.

Pero en México esto ha sucedido desde hace varias décadas: de manera velada e informal, los apoyos se reciben y se disfrazan de diversas maneras para burlar al INE y a la Secretaría de Hacienda. Hay formas de transparentar los recursos que provienen del sector privado, inclusive hasta se puede legislar en favor de que puedan ser sujetos a condonación de impuestos, con tal que se conozca la fuente y la procedencia de los mismos. El riesgo que se corre de solamente apoyar a determinados estratos de la sociedad que cooperaron con el candidato ganador se neutraliza con el retiro de los votos en las próximas elecciones al partido que postuló a dicho político en el poder.

Acortar los días de las campañas políticas. Esta política electoral puede ayudar a disminuir el gasto de campaña: entre más breves sean, obligan a los candidatos a maximizar su agenda proselitista y por ende a bajar su costo.

Topes a los gastos de campaña. Al acotar los gastos en las campañas políticas, se limita la participación económica de los particulares y se coadyuva a que los ganadores de los puestos públicos minimicen sus compromisos con empresas y/o personas físicas.

Entorno Económico
Federico Muller
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El hábito de la lectura en la sociedad, para muchos especialistas en la enseñanza, es un indicador fiable del desarrollo educativo nacional que se tiene, a pesar de las plataformas digitales, que ofrecen libros electrónicos, los textos impresos siguen circulando y mientras haya un mercado su existencia se prolongará.

Los sondeos más recientes que se han hecho a escala planetaria para conocer el interés de los ciudadanos en la lectura, se basan en libros impresos o tradicionales. Hay diferentes formas de medir la lectura de una población, las dos más recurrentes han sido: libros promedio leídos per cápita-mente en un año, y las horas por semana que dedica la persona a la lectura; algunas organizaciones supranacionales también consideran el tiraje anual de libros producidos por un país, como otro factor que contribuye a indagar sobre el consumo de libros.

El apetito por la lectura, en muchas ocasiones, se asocia a mejor calidad de vida y más desarrollo económico.

En ese sentido, en 2013, los países que más tiempo dedicaron a la lectura semanal fueron India, Tailandia y China; con 10.7, 9.4 horas y 8 horas respectivamente.

Además China, quizá por el tamaño de su población, es la nación que lleva el liderato en la producción de libros. Con excepción de Tailandia, las otras dos naciones son economías emergentes, con un gran potencial para el futuro cercano. Los mexicanos leen en promedio 5.5 horas por semana, por debajo de la media mundial, que en ese año fue de 6.5 horas a la semana.

El otro indicador, considera en promedio, los libros leídos anualmente por los habitantes de un país. Según un estudio que realizó la UNESCO y la OCDE, en 108 países del mundo, nuestro país ocupó el lugar 107, en promedio se leen 2.8 libros por persona, por debajo de Chile, Venezuela y Argentina. Una de las razones, puede ser el porcentaje de la población mexicana que se mantiene rezagada, y todavía es analfabeta, otra se puede atribuir a los programas educativos, que no priorizan e incentivan a la lectura como un elemento insustituible para la formación de un alumno.

Sin pasar por alto, los distractores que se presentan, particularmente entre los jóvenes, que obstaculizan el hábito de la lectura, entre ellos, las redes sociales. Debido a la precaria lectura, se presenta una situación nada atractiva para fomentar esta actividad. En el territorio nacional existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes, e incluyendo las universitarias y de educación media superior, una librería por cada 200 mil habitantes.

Saltillo ha sido testigo del desinterés de la población por hacer rentable el negocio de la venta de libros. De las librerías que se encontraban en el primer cuadro de la ciudad, todas han desaparecido, con excepción, de la librería Carlos Monsiváis, aunque es relativamente reciente en la ciudad, y tiene vínculos con el Fondo de Cultura Económico.

Pero fuera de ella, las pocas que sobreviven se localizan al norte de la ciudad. Se puede pensar que la desaparición obedeció a la digitalización de los libros, sin embargo, el “bajar las cortinas” fue anterior a la era electrónica. Una manera de formar mejores ciudadanos es fomentando en ellos, desde el parvulario, el hábito de la lectura.

Derivado de la globalización de la economía y las tecnologías digitales, las faenas laborales empiezan a modificarse en las actividades económicas del planeta y, por ende, las leyes que rigen el mercado laboral son susceptibles también de cambios.

Desde finales del siglo 19 las horas de trabajo han disminuido paulatinamente, hasta llegar a la semana de 40 horas -algunos la han llamado “semana inglesa”-, que ha permanecido durante décadas, la cual respondía a los requerimientos de un mercado laboral rígido, de una economía con nulas o pocas interacciones con el resto del mundo.

El anterior era el caso de México, hasta principios de la década de los 80, cuya Ley Federal del Trabajo (LFT) favorecía al trabajador, siempre y cuando este se empleara en el sector formal, sus prestaciones sociales estaban aseguradas, y para poder despedirlo, el empleador tenía que cubrir su liquidación o finiquito. Los horarios de trabajo por horas eran sumamente raros, y más todavía el manejar jornadas menores a 40 horas por semana. A pesar de ello, la economía nacional alcanzaba tasas de crecimiento por arriba de 4% anualmente. En parte, este elevado desarrollo se debía a que se aprovechaba bien la coyuntura mundial, en los países industrializados sus modelos económicos no dependían de las exportaciones para lograr crecimientos, sino del consumo e inversión pública y privada, sectores que se generaban y regulaban domésticamente.

Con las reformas “salinistas” a la Constitución, se abrió la posibilidad de también modificar la LFT, la cual años después se llevaría a cabo. Otro cambio importante que se dio fue la privatización de las pensiones, cuyos fondos ahora administran las Afores. Si bien es cierto las modificaciones a las leyes fueron estructurales, la semana laboral de 40 horas se respetaba, permanecía inmune a los cambios. Sin embargo, la evolución que se está dando en los mercados de trabajo de las naciones con mayor desarrollo económico en el mundo, es probable que influya para su modificación y de 40 horas se pase a horarios semanales más reducidos.

Uno de los proyectos para disminuir la faena de trabajo -por cierto todavía a manera de experimentación-, que implementó una empresa líder en sistemas computacionales en Japón, fue suspender sus actividades productivas durante cinco viernes consecutivos y los resultados no se hicieron esperar: la productividad laboral se incrementó, mejoró la satisfacción de los empleados por las tareas desempeñadas en de la compañía y los insumos (copias, tintas, papel, etc.) consumidos en el trabajo también decrecieron, lo que se acompañó de una reducción en el consumo de energía. Y se pueden ennumerar más ejemplos, pero aún no se ha oficializado su puesta en marcha, tal vez es cuestión de esperar un poco.

También es conveniente mencionar que hay voces discordantes que no están de acuerdo con ese tipo de medidas, argumentando que el nivel de trabajo y de estrés laboral sube entre los trabajadores porque las mismas cuotas de trabajo se tienen que sacar, pero ahora en menor tiempo. Lo que puede ocurrir es que solo a determinadas empresas, dependiendo de su giro, les convenga reducir la semana laboral.

Es un tema que sigue causando controversia, que probablemente se tenga que resolver en el mediano plazo, pasando de un mercado laboral rígido a uno flexible, que incorpora subcontratación, horarios parciales y menos prestaciones para los trabajadores.

Entorno Económico
Federico Muller
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La violencia no cede en este país y los homicidios rompen récord cada año. Mucho se ha dicho sobre las causas de la muerte de miles de ciudadanos: algunas apuntan a la baja escolaridad de la población, que no vislumbra un futuro mejor y prefiere enrolarse en algún grupo del crimen organizado, que se han multiplicado en México a raíz de la desarticulación de los principales cárteles, que dominaban un vasto territorio.

Otros la atribuyen al grado de pobreza y desigualdad prevaleciente, que prácticamente “atrae” a cientos de jóvenes a delinquir, al optar por obtener dinero en forma relativamente fácil y rápida, a costo del riesgo que implica dedicarse a esa actividad, que tiene como consecuencia el ser aprehendidos o perder la vida.

Unos cuantos opinan que las razones de la violencia se multiplican porque obedecen a las prohibiciones que se dan en el consumo de la mariguana para uso lúdico; en cambio, no faltan los que dicen que es un reflejo de la pérdida de principios y valores en los niños y jóvenes, que en generaciones pasadas se aprendían de papá y mamá, en el hogar y se afianzaban en la escuela, y finalmente hay personas que consideran al contrabando de armas, y la cercanía con el mercado estadunidense como detonantes de la violencia.

La apuesta de la Administración federal actual es atacar a los grupos de narcotraficantes de manera más inteligente, investigando sus circuitos financieros y bloqueando sus cuentas de procedencia ilícita, y paralelamente, mitigar la pobreza con programas sociales que facilitan la incorporación de los jóvenes al mercado productivo. Asimismo creó la Guardia Nacional, que enfrentaría a los criminales con acciones policiacas que pueden propiciar violencia y muerte.

En México, el diagnóstico de la violencia es alarmante y patético. Si se ve desde la perspectiva de la muerte violenta de periodistas, el país ocupa junto con Siria el primer lugar a escala mundial, al menos en al año que recién concluyó (2019). Asimismo en la muerte de sicarios, fuerzas del orden público y ciudadanos que no estaban involucrados con el narcotráfico, y murieron simplemente por encontrarse en el lugar equivocado, a la hora de un enfrentamiento armado.

En el 2017, según datos de la ONU, México ocupó el 12 lugar en el ranking mundial de violencia, desde luego descartando los países en guerra. El Salvador se llevó el deshonroso primer lugar, con 61.8 crímenes por cada 100 mil habitantes, y le siguieron otros países centroamericanos, Colombia, así como México, cuya cifra fue de 24.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Quizá todos los puntos de vista mencionados tengan razón, según el cariz político que se quiera ver; no obstante, el fenómeno del narcotráfico es muy complejo y trasciende las fronteras nacionales, se requiere de políticas coordinadas por un ente superior a los gobiernos locales.

En el caso nacional, las entidades federativas más violentas no son los estados más atrasados económicamente del disparejo mosaico mexicano, con la excepción de Guerrero, sino por el contrario, estados como Jalisco y Guanajuato presentan altos índices delictivos, lo que podría demostrar que los municipios más pobres del país, de ninguna manera han sido los más violentos. Y otro dato preocupante es que la demanda de estupefacientes en el país también se ha incrementado.                 

Entorno Económico
Federico Muller
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Por segunda ocasión el Gobierno de la 4T, a través de la Secretaría de Hacienda, sale al mercado internacional a colocar deuda. En su corta gestión, el presidente López Obrador ha seguido los preceptos del modelo neoliberal, el cual considera utilizar instrumentos financieros para refinanciar la deuda externa de un país. Hace menos de una semana se ofrecieron bonos mexicanos por un valor de 2 mil 103 millones de dólares, la venta fue exitosa, pues la demanda por los “papeles” superó por más de seis veces el monto ofertado. La propuesta de Hacienda incluyó, además de los bonos que vencen en 2030, la compra de notas en poder de los inversionistas institucionales que expiraban en el corto plazo, e intercambiarlas por otras que se rediman en 2050.

Según declaraciones de la propia Secretaría, con el monto obtenido el Gobierno federal podrá amortizar los compromisos contraídos con los acreedores internacionales para saldarse en 2020. Desde un punto de vista técnico, lo que está haciendo esta Administración es abonar a capital, a través de la contratación de nueva deuda, aunque políticamente puede ser rentable, porque las administraciones por venir tendrán que asumir esos compromisos, lo pernicioso es que se hipoteca el futuro de las siguientes generaciones de mexicanos.

En la narrativa se habla del rompimiento con el paradigma neoliberal, sin embargo, se sigue con la tendencia de las administraciones pasadas de extender el plazo de pago de la deuda externa: heredando deuda. Las explicaciones que se pueden dar sobre el comportamiento de Hacienda en cuanto a la formulación de políticas de pago de la deuda, giran en torno al crecimiento económico y a la recaudación de impuestos durante 2019.

Comportamiento del PIB. Aunque aún no se dispone del dato oficial, publicado por el Inegi, todos los pronósticos señalan que durante 2019 la actividad económica no creció. Con tasa cero, es muy complicado mantener la deuda externa sin incrementos, como se había prometido en la campaña política de AMLO. Y como consecuencia de ello, los tributos al Gobierno disminuyen, una correlación causal y perjudicial: bajo crecimiento económico conlleva a menos recursos para la Administración Pública.

Impuestos en 2019: IEPS, IVA, ISR. De estos tres impuestos solamente se incrementó la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que de enero a noviembre de 2019, aumentó casi 30 por ciento. La subida del IEPS se debió a los incrementos graduales que tuvieron los precios de los combustibles y otros productos. Por otra parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que paga el consumidor al efectuar alguna compra de un bien o servicio, con excepción de los medicamentos y artículos de primera necesidad, como se paga al consumir, tiene la ventaja de que es difícil de eludir. Su caída fue de 3.7%, también de enero a noviembre de 2019, con respecto al mismo lapso de 2018. La disminución es un claro indicador de la pérdida del poder adquisitivo de gruesos sectores de la sociedad mexicana, quienes disminuyen su consumo y reorientan sus precarios ingresos hacia productos necesarios para sobrevivir. A su vez, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) siguió la misma tendencia que el IVA, pues decreció 1.6%, también en el mismo periodo.

Como se puede apreciar, al reducirse las fuentes de recursos del erario, se trata de compensar la caída de los ingresos haciendo recortes en el gasto e inversión pública. No obstante, en aras de mantener un superávit primario, se sacrificaron empleos, medicamentos, becas para estudiantes de posgrado y misteriosamente aparecieron subejercicios en los presupuestos de varias dependencias federales.                   

La economía del estado de Coahuila, medida a través del PIB, en 2017 tuvo un crecimiento de 5%, mientras que para el período siguiente (2018) descendió a 3.8%, según dio a conocer el Inegi, pero se estima que cierre 2019 con una tasa inferior a la del año anterior. No obstante, en los últimos años su crecimiento económico lo sitúa entre las 10 primeras economías estatales del país.

En 2017, la economía coahuilense aportó alrededor de 3.7% al PIB nacional, aunque es una cifra lejana a la de la Ciudad de México, que ese mismo año contribuyó con 16.4 por ciento; aún así, ocupó el séptimo lugar entre las 32 entidades federativas del país.

Sin embargo, si se lleva a cabo, a grosso modo, una revisión del desempeño del Gobierno en 2017 en algunas variables, como deuda pública, gasto público per cápita en seguridad, y gasto público en comunicación social y publicidad, se puede observar que cambia radicalmente su posición en el ranking de las administraciones estatales.

En deuda pública, Coahuila se encuentra entre las seis entidades más endeudadas, solamente superado por Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz. El gasto por persona en seguridad fue de 478 pesos, que contrasta con el de Yucatán que llegó a mil 463 pesos, lo que ha influido para que esa entidad sea la más segura del territorio nacional. En donde sí se llevó el primer lugar de todo el país fue en el gasto de propaganda gubernamental, pues la cantidad se ubicó en mil 428.8 millones de pesos.

Un futuro hipotecado. Según fuentes oficiales (SHCP), en 2018 la deuda pública fue de 37 mil 399 millones de pesos, y de acuerdo con información que presentó recientemente la Auditoría Superior del Estado (ASE), la suma por pago de intereses fue superior a 21 mil millones de pesos, en un periodo relativamente corto (2012-2018), y una cantidad muy pequeña, en relación con el costo de la deuda, se canalizó a pago de capital (5 mil 994 millones de pesos), lo que lleva a la conclusión de que la deuda en lugar de disminuir se ha incrementado, considerando que en 2011 era de alrededor de 35 mil millones de pesos.

Lo anterior se puede analizar de varias formas (técnicas y políticas), sin embargo, lo que no se puede eludir es que las reestructuraciones que se han realizado en las administraciones en turno, no han sido las mejores, no se consideraron “quitas” que amortigüen las desmedidas ganancias de los acreedores, que indudablemente fueron muy laxos en sus normativas para ofrecer créditos, sin una investigación previa que asegurara la legalidad y legitimidad de los préstamos. Definitivamente, los únicos ganadores han sido los bancos e instituciones financieras.

Sin desconocer que la Administración estatal actual heredó esos enormes pasivos, se debe buscar una solución viable que permita al Gobierno dirigir recursos a la inversión pública porque lo que está en juego es el desarrollo de la sociedad, no se debe dejar todo a la inversión privada nacional e internacional. Hay sectores que, por su naturaleza, requieren del gasto e inversión pública. No es políticamente sano hipotecar el futuro de las generaciones coahuilenses por venir.

Entorno Económico
Federico Muller
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Por décadas, alrededor de 10% de la energía total que consume México ha procedido del carbón mineral, combustión que ha sido fuertemente criticada por expertos que estudian los efectos en la atmósfera de la emisión de gases tóxicos. Muchas plantas carboeléctricas en Europa y Estados Unidos han cerrado por presiones de los gobiernos y de las organizaciones en pro de un mejor medio ambiente.  Inclusive hasta China, que había permanecido reacia a realizar cambios en sus fuentes energéticas, ha disminuido la cantidad de energía eléctrica producida por ese mineral.

La situación ha sido tal que el propio senador de la República Armando Guadiana, oriundo de la Región Carbonífera y presidente de la Comisión de Energía del Senado, recientemente intervino en la Cumbre del Clima COP 25, que se llevó a cabo en Madrid, España. Dueño de varias minas de carbón, sorpresivamente el legislador propuso la creación de un fondo para la creación de una planta piloto que trabaje con roca seca caliente para generar electricidad.

Aunque no dio más pormenores sobre su iniciativa, o al menos no a la opinión pública, es probable que Guadiana se refiera a la energía geotérmica en una de sus variantes, la cual consiste en aprovechar las placas subterráneas ubicadas en rocas a una profundidad promedio de 3 kilómetros y cuya temperatura oscila entre los 600 y 650 grados centígrados. Se le llama roca seca porque carece de agua u otro tipo de líquidos que sirvan como transporte del calor. Para el manejo de este, se fractura la roca y se inyectan fluidos provenientes del exterior. Con el calor extraído se pueden generar energías limpias. De consolidarse la viabilidad económica y técnica de tal proyecto, causaría una transformación dolorosa en las regiones productoras de carbón del país y se impondría sobre las políticas tradicionales que maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sustentadas en la combustión de elementos fosilizados.

También como alternativa a las energías contaminantes, hace algunos días el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, dio una noticia que, de ser verificable, puede generar un mercado rentable para la economía nacional. De lo contrario se convertiría en una puntada sin sustento que solo servirá para justificar su puesto y las funciones que desempeña la propia Semarnat. El señor secretario declaró que se encontraron yacimientos de litio en Sonora, y comentó que el “litio va a ser el nuevo petróleo”, con el cual se pueden fabricar computadoras y acumuladores que se pueden utilizar en los automóviles eléctricos.

No cabe duda que el calificativo dado a México de cuerno de la abundancia, se ha cumplido cabalmente, pero infortunadamente por factores culturales, educativos, políticos y administrativos, los recursos naturales se han dilapidado y su aprovechamiento se ha concentrado en pocas familias, pues no ha permeado a las capas sociales más desprotegidas y el ejemplo más lamentable ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex).
 
Entorno Económico
Federico Muller
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En 1997 se reunieron en Japón representantes de diversos países, particularmente industrializados, para tratar de formular políticas supranacionales enfocadas a disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) ante la evidencia empírica de que han propiciado el cambio climático y causado severos daños a la naturaleza en cualquiera de sus dimensiones, desde la fauna hasta la agricultura, sin olvidar la contaminación urbana que afecta a las metrópolis del planeta y, obviamente, a sus habitantes, de ahí que la reunión fuera imprescindible.

Por otro lado, al marco en que englobaron los acuerdos alcanzados y por ser la sede una ciudad japonesa, se le llamó el Protocolo de Kyoto. Una de las metas fue disminuir las emisiones de CO2, en particular las que arroja a la atmósfera la industria en todas sus modalidades (aeronáutica, automotriz, manufacturera, eléctrica, etc.). En otros términos, todas las factorías que para llevar a cabo su proceso de producción, consumen energía proveniente de recursos fosilizados, como el carbón mineral, petróleo y gas, entre otros. Para cuantificar la cantidad de emisiones de CO2, uno de los instrumentos que retomaron fue el de los bonos de carbono, diseñados años atrás por una economista argentina. Cada bono equivale a una tonelada de carbono.

El mercado de los bonos de carbono. Este pretende regular las emisiones a través de la comercialización de bonos que se venden y compran de acuerdo con la demanda, lo que determina sus precios en el mercado. Su funcionamiento consiste en que las empresas adquieren este tipo de instrumentos en función de los gases que producen. Por ejemplo, si sus partículas tóxicas ascienden a 100 mil toneladas de carbono en un lapso de un año, compran una cantidad equivalente de bonos. Pero si logran reducir su contaminación, podrán deshacerse de una parte de los mismos y venderlos en el mercado a otras empresas más contaminantes. Se trata de un mecanismo de compensación. Los beneficiarios de la aportación monetaria de las compañías, es decir, aquellas que lanzan al mercado los bonos que compran las empresas, son los proyectos de diversa índole y no necesariamente localizados en el país en donde se localizan las industrias. Entre ellos destacan los forestales y agrícolas, y los de reciclaje de productos y de energías limpias.

Cabe señalar que el instrumento per se contribuye a un planeta menos contaminado, de dos formas: incentivando a los que afectan el desarrollo ecológico, a reducir los GEI, mediante el uso de tecnologías de vanguardia en sus procesos productivos, y con ello, el costo de contaminar baja, pues al comercializar los bonos verdes obtienen recursos adicionales a los generados por sus actividades ordinarias. Y el segundo es el financiamiento mediante la venta de bonos, del mantenimiento de las regiones selváticas y boscosas, generalmente ubicadas en países en vías de desarrollo, que representan grandes reservas que absorben CO2. En economías como la estadunidense se ha establecido la bolsa del clima, que maneja proyectos determinados de todo el mundo y el inversionista tiene la facilidad de escoger el que más le convenga.

La organización de la Fórmula 1 es una de varias que cubren los servicios de algunas zonas boscosas. También en México se tienen experiencias de ese tipo en entidades federativas como Baja California y el Estado de México. No obstante, el haber “bursatilizado” los fenómenos climáticos es apenas el principio, los retos son enormes y requieren una colaboración más amplia de países como Estados Unidos y China, si no, los esfuerzos serán insuficientes para abatir uno de los “jinetes del Apocalipsis” modernos: el cambio climático.

Entorno Económico
Federico Muller
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Aunque hay una frase que manejan los escépticos que no dan crédito a lo que registra la estadística, particularmente en economía y demografía, sectores más vulnerables a presentar información desfasada de la realidad -el “estribillo” coloquial dice “Existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas”-, en la Administración federal actual tal parece que se “comulga” con dicha frase, al deslegitimar cotidianamente las cifras que publican los organismos públicos, pero teóricamente autónomos del Gobierno. No obstante, son las fuentes que se tienen y se consideran oficiales y administradas por profesionales, por ello deben descartarse el maquillaje y la manipulación de cifras, que algunas de ellas padecieron hace algunos años.

Lo anterior se coloca como prefacio para considerar como válidos y confiables los datos que recientemente publicó el Inegi sobre establecimientos comerciales y de servicios que se asientan en el país. El “mosaico” que se presenta sirve de coartada para hilvanar algunas hipótesis que pueden configurar el perfil cultural y de gustos y preferencias del mexicano del siglo 21. La primera conjetura se puede estructurar diciendo que el “consumo de cultura” se subordina al del esparcimiento, comercio y servicios. Se aventura la proposición partiendo exclusivamente del número de establecimientos que aparecen censados, sin considerar otras variables que pueden influir en el comportamiento de los individuos.

En 2019 se contabilizaron en toda la República Mexicana mil 822 asentamientos dedicados a preservar la memoria histórica del país mediante museos y casas de la cultura, entre otros, y para sorpresa, ese número también incluye los zoológicos. En cambio, los negocios como discotecas, centros nocturnos, bares y otros lugares que expenden bebidas alcohólicas mediante el copeo, suman 31 mil 161 establecimientos. Es correcto decir que en muchos países capitalistas prevalecen estos últimos sobre los lugares que ofrecen “cultura”, sin embargo, en México la asimetría es muy pronunciada, tomando en cuenta la extensión geográfica y el número de habitantes.

Una probable explicación de lo anterior puede ser la deserción escolar y la baja calidad de la educación, aunado a los precarios salarios, además de la inmediatez del consumo, que momentáneamente evade la realidad del país. Las consecuencias de ello pueden analizarse desde dos aristas: la de los políticos, que se ven favorecidos por contar con ciudadanos de bajo perfil educativo y crítico, que se convierten en catervas manipulables a las que les es difícil separar del discurso político la demagogia de la cruda realidad, y por supuesto las organizaciones criminales, que se abastecen de jóvenes analfabetas funcionales e insensibles al arte, y ávidos de obtener ingresos lo más fácil posible.

La segunda arista es perniciosa para la sociedad, pues tiene un costo y un destino: al incrementarse la delincuencia, de los impuestos que aporta la población contribuyente, una parte tiene que destinarse a financiar la burocracia judicial y la operación de los penales. En esa oscura realidad, la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que más oportunidades ofrecen para encontrar lugares de esparcimiento cultural y conocimiento. El número de visitantes a los museos ascendió en 2018 a 67.7 millones, cifra que fue menor 10% en relación con la del año anterior (2017). Habrá que esperar para conocer la información del año actual: si prevalece la tendencia descendiente o aparece un punto de inflexión.    

Hace ya varias décadas que surgió la advertencia a las economías del planeta en relación con los límites del crecimiento económico. En 1960, el Club de Roma hizo algunas premoniciones sobre las consecuencias para el medio ambiente que trae aparejado el incremento en la producción de bienes y servicios. Ya los expertos de aquella época vislumbraban el deterioro en la naturaleza de seguir con la tendencia de acelerado crecimiento, y partían de una sencilla hipótesis: la economía, para su expansión, requiere de la extracción de recursos naturales, que son limitados y muchos de ellos no renovables, de ahí que se deba considerar restricciones en la demanda y el consumo global. La mayoría de los líderes políticos ha ignorado ese llamado.

En aquel lejano pasado, a los científicos participantes del Club de Roma se les etiquetó de alarmistas y profetas del desastre ecológico. No hicieron caso a sus propuestas y, en consecuencia, las políticas públicas ambientales brillaron por su ausencia; no obstante, después de más de 55 años, la realidad que se vive les da la razón a aquellos hombres de ciencia. Ahora lo que se requiere es formular estrategias y acciones correctivas destinadas a paliar los desequilibrios ambientales, aunque sigue prevaleciendo el concepto de progreso económico sobre el de economía sustentable.

Los primeros intentos aparecieron después de 1970 con el paradigma económico llamado Economía Circular (EC), que actualmente ha resurgido de entre las cenizas y ha tomado fuerza entre algunos sectores de la población mundial, particularmente en un pequeño grupo de empresarios y estudiosos de los fenómenos ambientales. Teóricamente, la EC la definen de una manera sencilla, como el proceso de gestionar eficientemente los escasos recursos naturales y económicos, así como el acompañamiento de principio a fin del ciclo de vida de los productos, de tal manera que vulneren lo menos posible al medio ambiente.

Se hace énfasis en el destino final de los productos, especialmente de aquellos susceptibles de reutilizarse o reciclarse. Para ello, se han acuñado nuevos términos económicos, como el consumo colaborativo, que se refiere a la participación de las familias en actividades de servicio que han sido por muchos años monopolio de las empresas. Un ejemplo de lo anterior es la competencia que las viviendas u hogares están dando a los servicios tradicionales de hotelería: mediante una plataforma digital, las familias ofertan habitaciones que rentan a turistas nacionales o extranjeros. Si bien es cierto es una práctica ya muy antigua, tomó un nuevo auge con el advenimiento del nternet.

Al incorporar un nuevo agente en los servicios de hotelería, teóricamente debe disminuir el consumo de recursos generados en el desempeño de esa actividad. Otra forma ha sido la política que ha implementado un fabricante de muebles sueco, el cual recompra los muebles que adquirieron sus clientes y los pone de nuevo a la venta, para así aprovechar un segundo uso. Se trata de paulatinamente ir eliminando el concepto de úsese y deséchese, muy arraigado en las economías de mercado.

Varias empresas en México están utilizando en la manufactura y distribución de sus productos energías renovables, las cuales aplican en la obtención de materias primas y en el transporte. Sin embargo, si se hace una revisión a fondo de las aportaciones de este tipo de empresas para mejorar la calidad del aire, se denota que su contribución es marginal, han sido esfuerzos aislados. Mientras los gobiernos de las economías industrializadas no asuman su responsabilidad, regulando a sus empresas más contaminantes, lamentablemente todo quedará en buenas intenciones.

Entorno Económico
Federico Muller
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En casi todos los países de América Latina los presidentes, al llegar al poder por el triunfo electoral, pueden optar por buscar la reelección, sus leyes les permiten volver a competir por la Presidencia de la República. México es una de las excepciones por el antecedente que se tiene del gobierno de Porfirio Díaz, la Constitución del 17 lo prohíbe. También es cierto que de Guatemala hacia el sur del continente, en varios países los militares han dado golpes de Estado a los gobiernos civiles con cierta frecuencia.

Las dictaduras que han surgido se han caracterizado por reprimir la libertad de expresión y atentar contra los derechos civiles. Quizá el que más atrajo la atención de la prensa internacional fue el de Chile en 1973, con el presidente Salvador Allende y el militar golpista Augusto Pinochet.

Lo anterior viene a cuenta por lo que sucedió en Bolivia recientemente, con la separación del poder de Evo Morales, a sugerencia de las fuerzas militares y policiacas bolivianas. Queda la duda sobre si ese suceso se puede considerar como un golpe de Estado. Hay argumentos que deben analizarse antes de emitir un veredicto o juicio lo más racional posible. En 2016, el presidente Morales fue sometido a una consulta popular o plebiscito en donde se preguntaba a la población si quería que continuara en la Presidencia. Los resultados obtenidos fueron muy divididos: 51% de los votantes rechazaba que se reeligiera por cuarta ocasión.

Otro fue la caída que sufrió el sistema digital, que suspendió por varias horas la contabilidad de la última contienda electoral. Añadiendo la negativa del propio candidato oficial a organizar una segunda vuelta, como opción para legitimar su victoria, acciones que levantaron suspicacias sobre su triunfo en las urnas. Por otro lado, al quitarle el apoyo las autoridades castrenses, veladamente lo obligaron a dejar el poder y buscar el exilio, que se puede considerar como una forma sutil de golpe de Estado.

Pero independientemente de los acontecimientos políticos, revisemos a grosso modo el desempeño que tuvo el “depuesto” Presidente boliviano en la economía durante los 14 años (2006-2019) que gobernó. Hay que recordar que fue el primer Presidente que procedía de las etnias bolivianas, no tenía estudios universitarios ni estirpe militar.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en su gestión la economía creció en promedio 4%, las coyunturas mundiales fueron bien aprovechadas, especialmente la alta demanda de materias primas de las naciones industrializadas, lo que permitió esas relevantes tasas del PIB; la inflación disminuyó, la tasa de desempleo no tuvo cambios importantes, y la esperanza de vida aumentó, indicadores que se evalúan en el periodo que nos ocupa. Lo que no se logró fue disminuir los índices de corrupción, la desigualdad en el ingreso y la extrema pobreza. Los aborígenes de ese país continúan viviendo al margen del progreso económico que se tuvo.

Hay otra interpretación de la realidad boliviana esgrimida por los más escépticos académicos y políticos con orientación hacia la izquierda: las causas verdaderas de la crisis están siendo provocadas por las empresas transnacionales y algunos gobiernos desarrollados para apoderarse del litio, el metal que tiene un futuro promisorio por el avance de la tecnología en comunicaciones, desde los teléfonos celulares hasta los automóviles eléctricos. Y las “entrañas” bolivianas son ricas en ese elemento natural. La mejor opinión la tiene usted, estimado lector.   

Entorno Económico
Federico Muller
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Desde el siglo pasado (20) se han hecho esfuerzos por limitar los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. En 1997 se propuso el Protocolo de Kioto, cuando las economías desarrolladas y en vías de industrializarse, reunidas en Japón, acordaron disminuir sus gases tóxicos, con lo que se pretendía a nivel global 5% menos emisiones, dejando a cada nación determinar sus propias metas anticontaminantes. No obstante, fue hasta 2005 que entró en vigor y para su cumplimiento se daba un plazo que finiquitaba en 2012. En este año se haría un corte, para comparar lo alcanzado con la contaminación que se registraba a escala planetaria en 1990.

Sin embargo, en 2010, reunidos en México representantes de 190 naciones, acordaron ampliar su vigencia hasta 2020. Lo lamentable es que la industria estadunidense y la de China son las que más contaminan el planeta, pero sus gobiernos no participaron de los acuerdo de Kioto, en particular el presidente Bush, dejando así el acuerdo sin validez. Aunque años después, Barak Obama lo retomó.

Sin embargo, al terminar su periodo presidencial en 2016, las estrategias contra el cambio climático quedaron en suspenso.

Tras el alarmante aumento del calentamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una nueva convocatoria para paliar los efectos perniciosos de los gases contaminantes; y así llegó el advenimiento del Acuerdo de París, en el cual se establecen, entre los países que lo suscriben, metas más factibles y beneficiosas para la conservación del medio ambiente mundial.

En un principio, Estados Unidos, bajo la dirección política del presidente Obama, se mostró interesado en contribuir a la mejora climática, sin embargo, con el triunfo presidencial del Partido Republicano, su candidato era reacio a los acuerdos que limiten el crecimiento de aquellas empresas que utilizan aún las energías fósiles.

Ya como presidente, Donald Trump se pronunció en contra del mencionado acuerdo. Le tiene sin cuidado que su país emita más de 20% del total de los contaminantes mundiales. Cuáles son las razones que hay detrás de la negativa del Mandatario estadounidense. Se pueden mencionar, entre otras, las de carácter político, técnico y económico.

La primera de ellas, porque en 2020 habrá elecciones en Estados Unidos y él está buscando la reelección, y un porcentaje considerable de potenciales votantes radica en estados que explotan y comercializan carbón, gas y petróleo. Según su criterio, sería incorrecto políticamente regular a las empresas para que cumplan con los compromisos suscritos en el Acuerdo de París, porque estaría en juego su posible triunfo electoral.

Técnicamente, cumplir con las metas ecológicas implica una reingeniería y reconversión de la industria nacional, que consume recursos y tiempo, pero que incrementa su productividad en el mediano y largo plazo. Desde la perspectiva económica, en un inicio la reconversión industrial genera costos, que se verían reflejados en el incremento de precios de los productos. Los motivos son similares a los que maneja China (la economía más contaminante del planeta, solo que los chinos lo manejan muy sigilosamente).

Entorno Económico
Federico Muller
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Hablar sobre la Región Carbonífera de Coahuila es interesante desde el punto de vista económico porque ilustra de manera sencilla y peculiar lo que dice una de las teorías económicas, la cual habla de los mercados en que se presenta un solo comprador y varios productores, quienes dependen de la demanda de este. Esto es, el poder de mercado se centraliza en el único comprador, el cual puede modificar los precios de los productos de acuerdo con sus intereses.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiere el carbón para generar electricidad mediante dos carboeléctricas localizadas en Nava, Coahuila, a un grupo de pequeños productores afiliados a una dependencia que creó el Gobierno del Estado hace algunos años, la cual hace las funciones de intermediaria con la paraestatal. No obstante, los resultados no han sido fructíferos, particularmente desde que comenzó a ser desplazada paulatinamente la energía fósil por las energías renovables o limpias, aunado a la obsolescencia de las plantas(inclusive antes de la llegada de la presente Administración federal, la CFE tenía contemplado en sus planes de mediano y largo plazo la desarticulación de las mismas, por ser el carbón una materia prima muy contaminante).

Debido a lo anterior, la región ha sido muy vulnerable y dependiente de los precios y los intereses de los políticos y grandes empresarios que manejan el carbón. Además, la región mantiene en las entrañas del subsuelo otro tipo de carbón que es aprovechado por la industria siderúrgica para fabricar acero, que tiene diferentes usos en sectores como la construcción y la industria automotriz, entre otros; sin embargo, la mayoría de las minas que lo producen pertenece a una empresa privada que maneja la cadena productiva desde la materia prima hasta el producto final, con la que satisfacen sus requerimientos productivos.

En términos más técnicos, dos monopolios manejan las transacciones del carbón, dejando poco espacio para buscar otros mercados, por ejemplo el de exportación, en el cual se ven en desventaja los productores regionales frente a los extranjeros, que tienen mayor calidad y menor precio que el producido en Coahuila. Independientemente de ello y de la poca transparencia en los procesos de compraventa del mineral, y a pesar de su riqueza natural, la Región Carbonífera es una de las más pobres de la entidad, pues ha quedado olvidada de las políticas públicas estatales y federales. La situación económica en que se encuentra no debe causar sorpresa, sino malestar entre la población por los gobiernos que ha tenido, carentes de visión para reconvertir a la industria minera en otra que detone el crecimiento económico.

La economía mexicana, y en particular la de la Región Carbonífera fuertemente relacionada con el sector energético, está dando tumbos, sin una definición clara, sin una política energética seria y acorde con las demandas mundiales. No se sabe con certeza qué sucederá con las carboeléctricas, sin van a seguir abasteciéndose del mineral coahuilense, o a importarlo, o sencillamente van a dejar de operar. Por otra parte, también ha quedado en suspenso si el proceso para extraer petróleo y gas natural mediante el fracking continuará en la cuenca de Burgos. Una serie de interrogantes que hacen que México se rezague y pierda competitividad frente a otros países, que ya con éxito manejan energías sustentadas en medios menos agresivos con el ambiente.

Entorno Económico
Federico Muller
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No cabe duda de que el uso de las redes sociales, que auspician las nuevas empresas tecnológicas casi en forma monopólica y que tienen menos de 15 años en el mercado, ha crecido exponencialmente, forjando una nueva cultura en las comunicaciones entre la población. Su uso es muy variado, desde informativo hasta la simple recreación de los usuarios.

Han sido muy aceptadas entre la comunidad, en particular los jóvenes, por las ventajas que presentan como el acceso gratuito, la relativa libertad que se tiene en su utilización, la facilidad para entablar comunicación y conocer nuevas amistades, y un largo etcétera. Los políticos también las han manejado para hacer proselitismo por lo barato que resulta su manejo y la alta penetración que tienen entre potenciales votantes.

En los países desarrollados, y después de varios años en el mercado, han aparecido críticas y probables restricciones a las mismas, siendo los primeros en tratar de regular su uso. Los gobiernos de varios estados de EU revisan sus prácticas, especialmente de Facebook, para conocer si la cuasi monopolización de la información de la tecnológica afecta algún grado a la competencia.

Las autoridades estadunidenses, en tanto, dirigen sus investigaciones en tres áreas: el acervo de datos personales que tiene tal empresa, que se reflejan en los contactos que se establecen y los clics que se realicen, lo que permite definir perfiles de cada individuo según sus preferencias y que de no guardarse la debida secrecía de esa información, puede ser vendida a empresas de acuerdo con el nicho de mercado que manejen, y no solo influye en una mercadotecnia inducida a la persona, sino que puede alcanzar otras áreas de la vida del ser humano, como la política o la religión. Lo más grave de ello es que los usuarios, en su mayoría, no perciben que pueden ser utilizados para otros fines distintos a los de la simple recreación o informativo.

Otra investigación está íntimamente vinculada con la primera, pero vista desde la perspectiva de las reacciones de los usuarios a esa red social ante la publicidad que aparece al conectarse a través del celular o computadora. Se considera que es tal el bombardeo de anuncios que reducen el abanico de posibilidades de elección del probable consumidor, lo que puede demeritar la calidad de los productos adquiridos.

Y finalmente, dado ese mercado que tiende a ser cautivo, Facebook puede aprovecharlo para cobrar tarifas elevadas a las firmas publicitarias, que conviene comentar que son sus principales proveedores de ingresos. Y por si no bastara el gran monopolio de la compañía de Mark Zuckerberg, ahora quiere incursionar en el mercado de los activos electrónicos o criptomonedas, creando la moneda digital “libra”.

La última palabra la tendrán los políticos en el poder estadunidense, pues si no es rechazado este proyecto, se constituirá un poderoso duopolio financiero y de comunicación, que por los ingresos que generará será muy superior a los recursos que producen muchas economías del planeta.

Entorno Económico
Federico Muller
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No fue temerario decir categóricamente que la era digital, particularmente el internet, traería al mercado del papel una contracción, especialmente una disminución en el consumo de la pulpa de árbol, que al industrializarla produce hojas de papel, cartón y otros productos. Una predicción con lógica y sentido común, pues por ejemplo se han sustituido las cartas de papel y otros documentos por el correo electrónico, o los billetes de avión, ferroviarios y de otros tipos de transporte por hologramas electrónicos que surgen de las aplicaciones que se insertan en los teléfonos celulares y que permiten el acceso mostrando solamente el código correspondiente, sin necesidad de imprimir boletos.

Los anteriores cambios y otros apoyados por la incorporación de la tecnología, efectivamente en un inicio debilitaron a la industria papelera a nivel mundial y, por supuesto, a la mexicana, pero sorpresivamente ha vuelto a incrementar sus niveles de producción. Aunque parezca paradójico, los mismos adelantos digitales, como el comercio electrónico, y la presión de una parte de la sociedad que pugna por la sustentabilidad ambiental han sido los factores fundamentales para tal despunte. Las transacciones online han venido incrementándose en los últimos años en detrimento del comercio convencional, pero acompañadas de una mayor demanda de cartón y papel para envolver los artículos solicitados vía computadora o smartphones.

Si a esa “moda digital”, que tal vez llegó para quedarse, se añaden las proscripciones que recientemente surgieron en las economías desarrolladas, y que cada día más países aceptan como propias y acatan, en contra del uso de bolsas y envases de plástico, por considerarlos contaminantes -por el abuso que se ha hecho de su consumo-, por su muy lenta degradación en el medio ambiente cuando se desechan, sin duda han robustecido al mercado del papel. En México, según datos de la industria del papel, en 2016 generó más de 42 mil puestos de trabajo, sin incluir los empleos indirectos, que sobrepasaron los 200 mil. De 2006 a 2015 la producción de papel y cartón que se utilizan en el empaquetado de mercancías creció 30 por ciento.

Ventajas del papel sobre el plástico. Aunque ambos requieren de un proceso de industrialización para formar los productos, la materia prima que da origen al papel es un recurso natural renovable, los árboles talados pueden ser reemplazados por la siembra de otros, y el papel es susceptible de reciclarse hasta siete veces. Otra ventaja adicional sobre los derivados del petróleo, es que en el proceso de reciclado del papel el consumo de energía y agua es inferior al que se requiere cuando la materia prima es directamente la madera. La evidencia empírica muestra que reciclar una tonelada de papel representa reducción en los costos de producción y ambientales, pues se reduce la demanda de agua en alrededor de 25 mil litros, así como la de energía eléctrica, equivalente a la que consume una familia durante seis meses. En cambio, el plástico, aunque con costos de producción inferiores al del papel, los ecológicos son muy superiores a los de la fabricación de papel y cartón.            

Federico Muller
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Tal parece que es una acción que se quedará por largo tiempo en favor del medio ambiente. Me refiero a la campaña de concientización en pro de eliminar las bolsas de plástico de los supermercados, que el consumidor utiliza para guardar las mercancías que adquiere. No obstante, en la ciudad una cadena comercial tomó la decisión unilateral de eliminar las bolsas, sin realizar ningún sondeo entre el público, y muy probablemente, debido a ello, sus ventas disminuyeron, lo que se intuye porque a las pocas semanas volvieron al embolsado tradicional, lo que muestra que la sociedad todavía no dimensiona su participación, aunque marginal, en el cuidado de la naturaleza, absteniéndose del uso de plástico en la compra de la canasta básica, material que al sustituirlo por otro que sea susceptible de reciclarse o de mayor durabilidad, ayuda a la supervivencia del medio natural.

Sin duda, si cambian las costumbres en todas las sociedades urbanas del planeta en la utilización de plásticos, el consumo de petróleo a escala planetaria disminuirá; de no ser así, y aunque lo prohíba la ley, su aportación o externalidades positivas a la madre natura será nimia. Sin embargo, desde la perspectiva menos política y comercial, algunos especialistas argumentan que ese tipo de campañas no conduce a ninguna mejora real del entorno porque no enfrenta el problema de fondo, que se localiza en otros factores como la contaminación de las empresas y los automóviles de combustión interna.

Es probable que la contaminación por plástico se
atenúe con la aplicación de tecnologías que permitan el reciclado a bajo costo.

Un ejemplo similar se tiene con las botellas de plástico, que envasan desde sueros hasta bebidas, siendo las más demandadas las de agua y refrescos. Su comercialización alcanza niveles insospechados: en 2018, el promedio de venta mundial de ese tipo de envases llegó a un millón de botellas por minuto, lo que supera por mucho a la producción de bolsas del mismo material, y solamente se reciclaban 14% de los botellines.

Recientemente, o mejor dicho en 2016, un grupo de investigadores japoneses descubrió una especie de bacteria que produce una enzima capaz de destruir las vinculaciones moleculares del PET, la cual al modificarse artificialmente en el laboratorio, se considera capaz de, en una colonia de la misma, absorber desechos plásticos en grandes proporciones, lo que hace viable el reciclado a mayor escala.

Sin embargo, mientras los componentes químicos para fabricar una botella sigan siendo relativamente económicos para las empresas embotelladoras, el nivel de producción aumentará conforme a la demanda, amortiguando los costos de producción debido a lo estable y accesible de los precios de las materias primas. Se puede decir que al manejar la tecnología de vanguardia para la limpieza de plásticos suspendidos en lagos, ríos y litorales mexicanos, tal estrategia ecológica se deberá acompañar de políticas económicas de carácter impositivo que incrementen el gravamen a los insumos y materiales que conforman una botella de plástico.

Entorno Económico
Federico Muller
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Una de las vías que conducen a mejorar las condiciones de vida de las familias es indudablemente la educación de sus hijos, especialmente de aquellas que no pueden financiar el costo que implica educarlos en instituciones particulares de calidad. En México, desde hace varias décadas se crearon las universidades públicas, que ofrecen oportunidades de estudio a los jóvenes sin que tenga un costo directo para los bolsillos de los padres o del alumno mismo en cuanto al pago de colegiaturas semestrales o mensuales.

La gratuidad en la educación superior es un beneficio que ofrece el Estado, sufragado por la sociedad, a quien se interese en cursar una carrera universitaria, pero, ¿a cambio de qué? Existen diferentes respuestas a esta interrogante, lamentablemente la mayoría con un alto contenido ideológico, popular o conservador. El político demagogo ofrecerá oportunidades de estudiar para todos los jóvenes, independientemente de las capacidades del aspirante o del presupuesto universitario, y menos de los requerimientos del mercado. En cambio, se dan casos opuestos, voces que opinan que solamente los mejores alumnos académicamente serán los indicados para cursar la educación en las aulas de la universidad; también afirman que la segunda selección la hará el mercado, al brindar oportunidades de trabajo al que reúna determinado perfil.

Técnicamente, siempre es conveniente considerar la demanda de trabajo, pues son los empleadores los que juegan un rol imprescindible en la contratación de los egresados universitarios, sin dejar al margen el crecimiento de la economía, que hace factible el ejercicio de las profesiones de manera independiente, o bien que permite el desarrollo de emprendedores que organizan su propia empresa. Todo lo anterior se puede resumir en el binomio universidad-mercado.

Mantener un relativo equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo es necesario en el engranaje económico; cuando este se quebranta surge el desempleo o el exceso de vacantes en la economía. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Cuba, con personas que terminaron la licenciatura y no encuentran empleo formal. La economía isleña tiene elevados índices de capital humano, pero sin empresas que permitan la “absorción” de cuadros técnicos y sociales, lo que tiene consecuencias sociales perniciosas que orillan a los jóvenes a emigrar o a dedicarse a actividades al margen de la ley.

Las recientes declaraciones del Presidente de la República, acerca de eliminar el examen de admisión de las universidades públicas, para que todos los aspirantes tengan acceso directo a la educación superior, se puede considerar como loable porque tiene un trasfondo de igualdad (que las condiciones de acceso se den sin ninguna condición que deba cumplir el aspirante, solo el haber concluido la preparatoria). No obstante, lamentablemente no corresponde a la realidad mexicana ni a ninguna de los países capitalistas desarrollados del planeta: por naturaleza el ser humano tiene capacidades distintas a los demás y no todos son “aptos”  para cursar estudios superiores, simplemente por la desigualdad innata que existe en habilidades, aptitudes, preferencias, etcétera. Lo anterior, sin considerar los aspectos financieros y de infraestructura que demandará la universidad al incrementar su matrícula.

El planteamiento de AMLO también es paradójico cuando se revisa el presupuesto destinado a educación media y superior, que para el próximo año plantea recortes. Se avizora un futuro nada halagüeño para las universidades públicas del país. Por ello, es mejor considerar la anterior aseveración presidencial como otra “puntada” de mal gusto.

Entorno Económico
Federico Muller
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Los temas monetarios siempre despiertan interés entre los académicos y funcionarios de las dependencias hacendarias y financieras públicas. Particularmente las políticas monetarias fueron muy utilizadas por los gobiernos cuando el economista J M Keynes dio a conocer su modelo, después de la Gran Depresión. Posteriormente, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las economías occidentales siguió los postulados keynesianos.

El sector público, a través de políticas fiscales y monetarias, manejaba la economía, manteniendo el crecimiento y procurando el bienestar de la población. Cuando se presentaban caídas en la producción o decrecimientos en las actividades económicas, los gobiernos, en coordinación con los bancos centrales, formulaban políticas anticíclicas para volver a retomar la ruta del crecimiento del PIB.

El paradigma del mencionado economista inglés se dejó de usar por varias razones que escapan a los propósitos de esta columna, pero una de ellas fue la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Muchos años después, el Banco de México retoma este antiguo instrumento y trata de contribuir a paliar la alicaída economía mexicana mediante bajas en la tasa de interés de referencia, lo que abarata el costo del dinero. Es muy probable que Banxico la disminuya en 25 puntos base, para pasar de 8 a 7.75 por ciento.

De acuerdo con el contexto externo y nacional, esa decisión monetaria tiene ventajas e inconvenientes. Desde la perspectiva de los prestatarios (empresas, familias, etc.), que manejan deudas con tasas de interés variables, desde hipotecarias hasta créditos de avío, la bajadde la tasa de interés les permite un menor costo financiero en los préstamos adquiridos. Aunque si el endeudamiento es en tarjetas de crédito, los beneficios son marginales, por las altas tarifas y comisiones que cobran las instituciones financieras.

Desde la óptica de la teoría económica, se espera que cuando los costos del dinero bajan, los empresarios comparen la tasa de retorno que obtendrían al emprender un negocio, con los réditos que les ofrecería una inversión en el sector bancario, y teóricamente, ante políticas monetarias expansivas, es más rentable endeudarse y con los recursos obtenidos emprender proyectos de inversión productivos que generen empleo y crecimiento.

De acuerdo con la ortodoxia económica, si la inflación está controlada o decrece, las probabilidades de incrementos de precios en los bienes y servicios son remotas ante rebajas en la tasa de interés. No obstante, las anteriores bondades económicas pueden no darse en nuestro país por las condiciones imperantes en la economía, que casi permanece estancada, con escasas posibilidades de un repunte para el próximo año (2020).

La atonía económica, que obedece en gran manera a las decisiones del Gobierno en materia económica, como el apoyo monetario a Pemex y la raquítica inversión pública, y el sigiloso rechazo a la participación de grupos extranjeros en los contratos para proyectos energéticos, esfuman las intenciones del Banco de México de reactivar la economía, además de que pueden traer una salida de capitales del país -de propios y extranjeros-, al disminuir sus ganancias al caer la tasa de interés, lo que indefectiblemente provocaría una depreciación del peso frente al dólar.

Entorno Económico
Federico Muller
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En días pasados trascendió, particularmente en la prensa estadunidense, la noticia de un percance naval que averió totalmente a cientos de automóviles nuevos fabricados en Corea del Sur, los cuales eran trasladados en un par de barcos con destino a Norteamérica. El accidente se presentó en las aguas del Océano Pacífico que ya son jurisdicción  de Estados Unidos. Al parecer, la capacidad de carga de los buques fue sobradamente rebasada e hizo que se fueran a pique con la carga automotriz a bordo. Un error de cálculo que ha traído serios problemas de abastecimiento de autos e insumos a agencias distribuidoras y plantas localizadas en Norteamérica y América de Sur, que manejan y consumen esas marcas.

Al romperse un eslabón en la cadena: producción-distribución-venta, las pérdidas son elevadas, independientemente de que los vehículos vinieran asegurados y que las compañías respectivas respondan por los daños; hay costos colaterales como las repercusiones que se tienen, que van desde las ecológicas, por la contaminación que provocaron en las aguas marítimas y que se podrá evaluar en el mediano plazo, hasta las multas e infracciones que se les impondrán por algunas dependencias del Gobierno estadunidense.

En el caso de México, una de esas plantas que se vio afectada fue la que se ubica en Nuevo León, que dada su capacidad y tipos de vehículos que fabrica, no ha podido ser utilizada para reemplazar la producción perdida durante el hundimiento naval. Los anteriores sucesos pueden considerarse como argumentos robustos a favor de la antigua teoría de localización de los costos de transporte, que influyen en la la modificación de las ventajas comparativas de una región, que surgen cuando los mercados de consumidores se encuentran relativamente cercanos a los de producción.

Desde una perspectiva análisis costo-beneficio, se presentan casos en que los ahorros que se logran en la producción por la alta productividad de los trabajadores, se ven menguados por las distancias (costos de transporte) a donde se exportan los productos. Sin embargo, las teorías de localización no consideran relevantes aspectos que llegan a suceder en la compleja realidad económica regional. Decisiones políticas, sindicales y fenómenos climáticos impredecibles, pueden llegar a contradecir los resultados de modelos econométricos y también las explicaciones de las teorías económicas sobre ubicaciones y ventajas competitivas de las empresas.

Como ilustración es suficiente mencionar el caso de los trabajadores empleados en las más de 30 plantas que tiene GM en el vecino país del norte. Su sindicato no llegó a un acuerdo con la administración de esa empresa sobre el monto de los incrementos salariales contractuales, y de otras prestaciones que demanda el gremio sindical. Las pláticas se rompieron y estalló la huelga, que ya empezó a afectar a las empresas de autopartes de Saltillo, responsables de fabricar accesorios para algunas de esas plantas en huelga.

Los encadenamientos surgen de las ventajas geográficas que se logran por la cercanía de los mercados americano y mexicano, pero se ven dislocados por elementos ajenos a los acuerdos comerciales entre ambos países. Las reacciones de los políticos en el poder, las asimetrías entre economías y la influencia  sindical, hacen de la economía del sureste del estado vulnerable, pues por más de tres décadas ha mantenido la naturaleza de su crecimiento en un solo sector: el automotor de exportación.

Entorno Económico
Federico Muller
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Para algunos sectores de la población, el presupuesto federal de 2020, presentado recientemente por el secretario de Hacienda, es considerado mesurado y realista porque mantiene la proyección de las principales variables macroeconómicas, sin grandes cambios, apegado a las condiciones económicas mundiales y especialmente a la escasa capacidad que tiene el Gobierno de generar crecimiento económico. Entre ellos lo aprueban, claro, con algunos matices, líderes gremiales, principalmente de las cámaras patronales, aunque critican la escasa participación de la inversión pública y el desmesurado apoyo a Petróleos Mexicanos.

Desde la perspectiva de otros grupos y organizaciones, sin bandera política que defender, solamente apoyados en la experiencia profesional y en las evaluaciones de las políticas públicas que ha formulado el Mandatario federal hasta ahora, lo catalogan como un conjunto de partidas y asignaciones que no corresponden a un análisis reflexivo de la economía nacional, y mucho menos a lo que sugieren las teorías de crecimiento, así como en los ejemplos de otros países que han salido del subdesarrollo en el mediano y largo plazo, como es el caso de Corea del Sur y Singapur. Además, es desequilibrado, con un gran porcentaje del total de los egresos destinado a programas sociales. Es engañoso porque, si se revisa con detenimiento, es un hecho que sí se contemplan incrementos de tasas impositivas y nuevos impuestos, algo que se niega en las apariciones cotidianas que tiene el Presidente de la República ante los medios de comunicación.

Los programas sociales. Se tiene la peregrina idea de que, mediante dádivas a los mexicanos más desfavorecidos, sin intermediarios, entregándoles el recurso monetario directamente a través de tarjetas bancarias, las familias mejorarán su calidad de vida, o al menos intentarán hacerlo. Con ese tipo de políticas públicas se muestra una concepción muy sui generis de desarrollo, que se puede calificar como simplona e ingenua. Desde el punto de vista económico, y revisándolo desde el individuo, las cantidades que reciben son raquíticas, pues generalmente se gastan en consumo de bienes perecederos, quedando fuera del presupuesto del beneficiario la compra de enseres domésticos, e impensable la adquisición de una vivienda o terreno.

En la historia económica del país esas políticas no son nuevas, pues por varias décadas el PRI hizo lo mismo, aunque con una estructura partidista bien consolidada, la cual el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aún no posee. El repetir la historia es de necios, es ignorar la cultura nacional popular, que ha hecho suyo el pedir sin dar nada a cambio. Se fomenta la irresponsabilidad y coadyuva a la creación de jóvenes sin compromiso con el trabajo productivo. Hay formas de generar riqueza en una economía tan sencillas como que el Gobierno asegure la paz social, respete el derecho de los agentes económicos y regrese con equipamiento e infraestructura pública los impuestos de cada contribuyente.

Nuevos impuestos. Hay que señalar que los aumentos en los precios de las bebidas edulcorantes, alcohólicas y cigarrillos, serán absorbidos por el consumidor final; la medida es loable, sin embargo, lo perverso es que lo recaudado por esas tributaciones no se ha empleado en el sector salud desde el sexenio pasado, y ahora menos lo hará el Gobierno actual, que no completa para cumplir las promesas que hizo en campaña. Los servicios y bienes que se ofrecen mediante plataformas digitales para entretenimiento, transporte y comercio, serán gravados, así como las ventas de las amas de casa que se dedican desde su hogar al comercio de artículos por medio de catálogos. El Congreso de la Unión tendrá la última palabra, y esperamos que asuma una actitud racional y responsable frente al país, fuera de vanaglorias políticas.              

Entorno Económico
Federico Muller
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Desde que se formaron las primeras civilizaciones en el mundo, después de un largo periodo en que el ser humano fue nómada y se dedicaba a la recolección de frutos y a la caza de animales, en las ciudades muchas de sus transacciones se realizaban con monedas que tenían un valor intrínseco, que en ocasiones se igualaba con su valor numeral. Pero también hubo épocas en la historia que determinados objetos cumplían la función de dinero, como plumas de aves, cigarrillos, etcétera. Esto, por supuesto, en comunidades pequeñas y aisladas de las poblaciones con mayor densidad demográfica.

En el último cuarto del siglo 19 y a principios del 20, predominó el patrón oro, sistema en que el circulante monetario era respaldado por oro que se guardaba en las bóvedas de los bancos centrales, es decir, el billete se podía cambiar por determinada cantidad de oro. En nuestros días, las monedas y billetes son respaldados por la confianza que tiene el consumidor en la moneda de cada país, que el Gobierno le llama de curso legal. Y por lo general el material con que están hechos los billetes y monedas es mucho más económico que su valor nominal.

Conviene comentar que cuando se pierde la confianza en el dinero nacional, la sociedad lo rechaza, como está sucediendo en Argentina: su moneda, el peso, pierde interés y es cambiado por el dólar estadunidense. Los argentinos se dan la habilidad de burlar el control de cambios impuesto por las autoridades financieras, y un caso parecido, pero extremo, se tiene en Venezuela. Estas acciones sin duda aceleran la depreciación de las monedas frente a la divisa estadunidense. En los países mencionados, los billetes de alta denominación han sido comunes por la larga historia de inflación que han tenido. De acuerdo con la teoría económica convencional, y que también lo ha mostrado la evidencia empírica, cuando el número de monedas y billetes es considerablemente mayor al valor de la producción de la economía, se provocan aumentos generalizados de precios que debilitan el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de escasos recursos.

En México, la gente se resiste a realizar transacciones monetarias con billetes de 1,000 pesos y monedas de 20 pesos. Las razones económicas de ese comportamiento popular no han sido claras. y menos contundentes, se esbozan algunos motivos, por ejemplo que han sido más susceptibles a falsificarse, pero el resto de billetes tiene la misma probabilidad de sufrirlo, por tanto ese argumento es muy raquítico. Se considera que la no aceptación del público obedece más a gustos y preferencias, simplemente no les agradó la denominación. Las razones psicológicas en esta ocasión están por encima de las financieras que podrá esgrimir el Banco de México.

El citar el breve contexto histórico del dinero se debe a los avisos que recientemente dio Banxico acerca de la familia de billetes que imprime y que circula en todo el país.
Anunció la pronta desaparición del billete de 20 pesos y en su lugar reaparecería la moneda del mismo valor. La decisión de su cancelación, la argumenta en el costo-beneficio, De acuerdo con sus criterios, es más oneroso elaborarlo que los beneficios que genera. La institución autónoma se reserva mencionar qué beneficios considera. Además, en un futuro cercano tiene la intención de sacar a la circulación el billete de 2,000 pesos. Sin lugar a dudas son decisiones unilaterales, que no están considerando la opinión de los consumidores, que más temprano que tarde la darán de una manera muy sencilla: aceptándolos o rechazándolos. La interrogante queda en el aire, aunque parece que las experiencias obtenidas no las está tomando en cuenta la institución que tiene el monopolio de la producción del dinero.

La regulación o control que pueda tener el Gobierno en ciertos productos que se venden en el mercado, es un tema que siempre suscita controversias entre políticos, fabricantes, comerciantes y consumidores. En un régimen democrático y desarrollado, la frontera es difusa entre lo permitido por la autoridad y la libertad que tiene el ciudadano de ejercer sus derechos. La evidencia muestra que los criterios de los gobernantes cambian, y casi siempre se modifican en función de intereses económicos. Los grupos de poder económico o político influyen en las decisiones del funcionario en turno. Las restricciones que se imponen dependen de varios factores, desde culturales hasta ideológicos, pasando por los económicos. Los bienes más susceptibles de regularse han sido las armas de fuego, bebidas alcohólicas, medicamentos, cigarrillos y estupefacientes, entre otros, con horarios de venta de productos o de apertura y cierre de establecimientos comerciales.

Llama la atención, por ejemplo, que en Barcelona, en la cafetería de una universidad pública se venda cerveza a la comunidad académica. Aunque por lo general los estudiantes acompañan sus alimentos con agua, la ética se impone para abstenerse de tomar alcohol antes de entrar a clase. En México sería impensable que eso se diera en las instituciones de educación superior; o que en Estados Unidos, en algunos de sus estados la legislación permita la adquisición de pistolas y rifles con trámites menos burocráticos que los que se piden para la compra de un medicamento controlado. O también causa sorpresa que en Coahuila esté prohibida la apertura de casinos.

En el caso de Saltillo, en administraciones pasadas hubo un presidente municipal que restringió la venta de vino y cerveza a seis días de la semana, el domingo permanecían cerradas las cantinas y expendios, y los establecimientos como tiendas de conveniencia con permisos, no podían expender esos productos al público consumidor. No obstante, los ediles que le sucedieron cambiaron las reglas del juego. Los intereses políticos sucumbieron ante los económicos.

Recientemente se publicó en la prensa local la queja de uno de los representantes de la Cámara de Comercio de Saltillo, de la competencia desleal que representan algunos negocios dedicados a la venta de cerveza, que manejan promociones (dos bebidas por el pago de una, etcétera) y precios por debajo de los que ofrecen otros lugares, como restaurantes de más tradición en la ciudad. Los argumentos que maneja el restaurantero son que el abaratamiento de las bebidas influía en que particularmente los jóvenes se embriagaran con más facilidad.

Las prohibiciones o limitaciones para comercializar determinados productos, es uno de los temas sensibles en la sociedad, y para su análisis se requiere considerar varios elementos de carácter económico, sanitario y político. Se pueden citar, a grosso modo, algunos que muchas veces no aparecen en la agenda del político, por ignorancia o porque deliberadamente se evaden. La experiencia dice que lo que se prohíbe, sobre todo el alcohol y ciertos tipos de drogas, incentiva el mercado negro, es decir, la venta clandestina, la cual propicia corruptelas entre autoridades y comerciantes, e indirectamente incrementa la economía informal. Por otro lado, el libre mercado en un país como el nuestro, con muchas carencias económicas y afectivas, puede incrementar el número de accidentes viales, la pérdida de vidas y elevar los costos de la salud pública. La argumentación a favor o en contra dependerá de la voluntad política, pero esta debe sustentarse en investigaciones que correlacionen causalmente las variables anteriores con la apertura o restricción del amplio espectro que se tiene para comercializar alcohol en sus diversas presentaciones.  

En la colaboración de la semana pasada se mencionaban las políticas que están formulando el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para cubrir más transacciones económicas con medios alternativos al dinero en efectivo, en particular las que frecuentemente se efectúan entre las clases menos favorecidas del país. La primera institución en pro de la “desmonetización” ha sido el propio Banxico, que ha diseñado la plataforma Cobro Digital (CoDi), una aplicación que se puede descargar en el teléfono celular y con la que el usuario tiene la posibilidad de realizar pagos y cobros en establecimientos comerciales, y también en puestos callejeros siempre y cuando estén conectadas al sistema.

Una de las restricciones que tiene la plataforma es el monto de las transacciones, las cuales no deben sobrepasar los 8 mil pesos, y otra es que el consumidor debe ser cuentahabiente de alguna institución bancaria, que le permita tener una cuenta de depósito con la cual cubrir sus operaciones de compraventa. Mientras, por parte del negocio, todos los productos que expenda deben identificarse con un código de barras, o bien contar con un dispositivo móvil que sustituya al código, pero ambos conectados al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Según el Banco de México, el sistema de pagos CoDi es más seguro que las tarjetas bancarias por la tecnología que maneja, de vanguardia, difícil de copiar para usos al margen de la ley. Aunque la plataforma, además de disminuir el uso de dinero en efectivo, seguramente va a dinamizar el crecimiento del comercio electrónico en México. Sin duda este tipo de transacciones es un perfeccionamiento tecnológico de lo que antaño fueron las compras por catálogo, que en nuestro país no tuvieron éxito, simplemente porque la cultura nacional no lo asimiló, a diferencia de la estadounidense, en donde generó una fuerte derrama económica.

Sin embargo, las nuevas tecnologías están cambiando gradualmente las conductas del consumidor mexicano. Si bien es cierto se calcula, grosso modo, que el comercio vía internet apenas ocupa 4% del total del comercio tradicional (presencial), las compras y ventas que se lleven a cabo de manera virtual tienen un futuro promisorio, ya que pueden llegar a cambiar las tendencias en la manera de ejercer el comercio de bienes y servicios. Los sectores más susceptibles de utilizar el esquema son los jóvenes profesionistas de ingresos medios y altos, que representan un grupo con elevado poder adquisitivo, acostumbrado a adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias.

Una de las ventajas de internet es que desde la comodidad del hogar o del centro de trabajo, con un sencillo clic en la computadora o el teléfono celular, se pueden hacer compras, a través de plataformas especializadas, de productos que son llevados a donde el comprador lo solicite. Y la cobertura trasciende las fronteras nacionales, para abrir el mercado a productos extranjeros. Con el comercio electrónico el sector financiero se consolidará porque cualquier transacción, a menos que la operación se realice en efectivo, implica la participación bancaria. En cambio, el comercio convencional que no asuma la dualidad presencial-virtual, quedará en franca desventaja en el mediano plazo. Desde la perspectiva del empleo, es probable que se destruyan fuentes de trabajo para dar paso a nuevos perfiles laborales, más especializados, que vayan proveyendo los requerimientos que demande el mercado digital.


Federico Muller
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Una de las políticas que quieren llevar a cabo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México es ampliar la cobertura de pagos con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento digital en los consumos cotidianos de la población, como pueden ser el pago de gasolina o la adquisición de pasajes del transporte público, por citar algunos ejemplos. Se trata de paulatinamente ir sustituyendo el efectivo por “dinero plástico”. La intención es prácticamente obligar al consumidor a que disponga de una cuenta bancaria de ahorro o tramite un crédito como tarjetahabiente, es decir, una línea de préstamo.

Se pretende bancarizar a la ciudadanía porque la penetración de las instituciones bancarias en la economía de las familias es muy baja en relación con otros países. A pesar de que en México se calcula que se realizan 16.4 millones de operaciones por día con tarjetas bancarias, también se estima que las transacciones con efectivo son todavía superiores a esa cifra, y lo más interesante: de mayor cuantía, aunque no se sabe con exactitud el valor real de los montos que se manejan, simplemente porque trasciende los límites de le economía formal; además, muchas transacciones de bienes y servicios provienen de actividades ilícitas, como extorsiones, narcotráfico, etc.

Uno de los principales objetivos del uso frecuente de tarjetas entre la población es seguir los circuitos financieros que se producen para identificar y rastrear el lavado de dinero, y todo lo concerniente a la evasión al fisco. Lo anterior no se lograría con pagos en efectivo. La política de ampliar el sector financiero es plausible teóricamente, pero su implementación es compleja en una sociedad como la mexicana, particularmente por el tamaño de su economía informal y la penetración del tráfico de drogas; y que millones de mexicanos están inmersos en la informalidad, sin seguridad social y acceso muy limitado al sistema de pagos.

La experiencia internacional más cercana que se tiene es el caso de India, una nación con una población muy superior a la de México, la mayor del mundo, sólo superada por la china. En 2016, el Gobierno indio repentinamente retiró de la circulación los billetes  de 1,000 y 500 rupias, los de mayor denominación. Se pretendía inhibir las actividades ilegales, contrabando, corrupción pública, etc. Los asesores económicos del Gobierno sospechaban que existían grandes fortunas en efectivo, en billetes de esas denominaciones, que no eran susceptibles del pago de impuestos por proceder de transacciones al margen de la ley; así, al retirarlos del mercado monetario, sus propietarios quedarían en la inopia.

Tal vez sea muy prematuro realizar una evaluación de los resultados de la desmonetización, pero después de más de dos años, la mayoría de las evaluaciones señala que los propósitos que pretendía la administración gubernamental se cumplieron parcialmente, al menos en el corto plazo, pues el crecimiento económico cayó y el dinero recaudado por el Gobierno mediante el pago de impuestos se incrementó. Aunque se debe mencionar que meses después del retiro de esos billetes el Gobierno emitió el de 2,000 rupias, como una salida al problema que se había suscitado, al paralizar una parte de la economía, especialmente al sector agrícola tradicional y comercial.

Aunque la economía mexicana es muy diferente a la india, los analistas del Banco de México deben tomar ese ejemplo. Si se quiere tener un sistema financiero incluyente, lo mejor es iniciar con la formalización del empleo, esto es, que los trabajadores dejen la informalidad mediante incentivos fiscales temporales.

Entorno Económico
Federico Muller
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El Banco de México ante la disyuntiva de ampliar sus funciones técnicas

Desde que el Banco de México consiguió su autonomía técnica, que fue en la administración del presidente Carlos Salinas, la cual le ha permitido formular sus propias políticas monetarias, independientemente de la anuencia o no de la Secretaría de Hacienda o del propio Presidente de la República en turno, la inflación ha disminuido considerablemente porque la prioridad del banco central ha sido mantener la estabilidad de precios para poder sostener, sin grandes oscilaciones, el poder de compra de la moneda mexicana. En 1995, la inflación nacional fue cercana a 35%, mientras que se estima cerrar 2019 con una tasa menor a 4 por ciento.

Otra ventaja de la autonomía bancaria ha sido el resguardo de las reservas internacionales, generalmente denominadas en dólares. Anteriormente el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, las podía utilizar para cubrir compromisos adquiridos en la solicitud de préstamos del exterior. En cambio, ahora cumplen otras funciones, una de ellas, fungir como recurso emergente para tratar de estabilizar en el corto plazo las inesperadas y abruptas depreciaciones del peso frente al dólar.

También se responsabiliza de fijar la tasa de interés de referencia y determinar el monto del circulante monetario, que lo establece en función de la demanda de dinero de la sociedad. La tasa de interés de depósito actual es superior a 8%, que si bien es cierto ha influido en el sector privado en la limitación de créditos bancarios, es innegable que ha contribuido a que los capitales del exterior sigan en el sector financiero del país por el elevado rendimiento que reciben, superior al que ofrecen los instrumentos financieros en Estados Unidos.

Gracias a esa política monetaria, la divisa mexicana es de las que menos se han depreciado de los países emergentes. No obstante, a casi 25 años de su autonomía, en que su objetivo principal ha sido la estabilidad de precios, es probable que las funciones del banco central se modifiquen, es decir, se amplíen. En la Administración que preside Andrés Manuel López Obrador se comienzan a escuchar algunas voces, particularmente en el Congreso de la Unión, que argumentan que el Banco de México también debe manejar políticas que apoyen el crecimiento de la economía, es decir, mediante políticas monetarias expansivas, como bajas tasas de interés o aumento del circulante monetario, entre otras, que logren que los préstamos bancarios sean atractivos para los inversionistas al resultar menos costosos y que las familias dispongan de más efectivo.

Todo ello, teóricamente, llevaría a propiciar una mayor inversión privada e incrementar el consumo de la población, pero existe un riesgo: tales acciones podrían elevar los precios de los bienes y servicios. Entonces, el Banco de México se vería ante la disyuntiva de atacar frontalmente la inflación o alentar el crecimiento económico. Es complejo manejar en forma simultánea políticas fiscales y monetarias expansivas. La Reserva Federal estadunidense es de las pocas instituciones en el mundo que manejan crecimiento económico y niveles de precios, pero por las asimetrías que prevalecen entre ambas economías (mexicana y estadounidense), no es un buen punto de referencia.

Lo que se puede observar entre líneas es que las secretarías de Hacienda y Economía están siendo incapaces de detonar las actividades económicas en el país, que prácticamente se encuentran estancadas, y ahora pretenden, por medio de varios legisladores de Morena, compartir la responsabilidad del crecimiento económico con el Banco de México. Es una propuesta arriesgada que puede trastocar lo que se ha logrado durante varias décadas, con un elevado costo social: la estabilidad paulatina de precios. 

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Es un hecho que la población en México está envejeciendo paulatinamente, de manera simplista se puede mostrar, mediante la lectura de los avisos de ocasión que aparecen en los periódicos diariamente, particularmente para determinado tipo de empleos del sector comercio o servicios, en los cuales se señala, que los empleadores pueden contratar hasta personas de 40 años; otra forma más técnica de visualizarlo es mediante las proyecciones estadísticas demográficas, que indican que a partir de 2020, la población mexicana cuyo rango de edad fluctúe entre los 15 y 64 años, comenzará a crecer menos que la de rango superior a los 65 años y aquella menor a los 15 años. En otros términos la población en edad de trabajar (15 a 64 años) disminuirá, lo que representará que el número de dependientes (jubilados y pensionados) aumente por cada trabajador. Se estima que por cada persona igual o mayor a los 65 años, existen siete individuos que potencialmente forman parte de la fuerza de trabajo. Esa relación a través del tiempo irá decreciendo. Otro factor que propicia esa desaceleración demográfica, ha sido la baja en la tasa de fecundidad de la mujer, que es inferior a la de 1970 –actualmente promedia dos hijos por mujer– y la edad promedio para embarazarse y concebir es de 27 años. Ello, sin duda influirá negativamente en el sostenimiento de los sistemas de pensiones y seguridad social, a menos que se disponga de mano de obra joven centroamericana, que esté dispuesta a sujetarse a las condiciones laborales del mercado nacional, que contrataría individuos con escasa preparación académica y salarios relativamente bajos en referencia a los del mercado estadunidense. Pero, México todavía tiene la oportunidad de aprovechar el bono demográfico (mayor población joven que adultos mayores), a través de formular políticas fiscales que coadyuven a la expansión de la economía y redistribución del ingreso. Es imprescindible generar desarrollo en este país, y una forma de llevarlo a cabo es mediante el pago de impuestos progresivos, además de la detección de aquellos sectores que sean susceptibles a una mayor tasación impositiva. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), que ya tiene varios años estudiando ese tema, recomienda a los países de la región, incrementar el espacio fiscal. No obstante lo anterior, romper los acotamientos impositivos en este país es una tarea difícil, especialmente por dos razones: la primera tiene que ver con la desconfianza de la sociedad en el uso indicado de los recursos provenientes de la recaudación fiscal, que de acuerdo con la evidencia, muchos de ellos se han desviado, destinándolos para fines personales o familiares de los políticos en el poder, y la otra se asocia con la proyección que busca el servidor público o el partido del mismo, para continuar en el poder en los próximos comicios electorales, cuya imagen se puede ver deteriorada al permitir un alza en los impuestos. Volviendo a la Cepal, esta argumenta gravar a las actividades económicas dedicadas al comercio o servicios electrónicos; en el área de salud y ambiental explorar que productos comerciales propician daños en el organismo humano, o que empresas con su producción contaminan el ambiente, y partiendo de ese diagnóstico considerar formular nuevos impuestos, o elevar los ya establecidos. Con el adelgazamiento burocrático y presupuestal del sector Gobierno implementado por la presente Administración federal (2018-2024), aun así sigue siendo débil, financieramente, incapaz de atender los requerimientos más sentidos del país. Es relevante pensar en nuevos esquemas fiscales, no solo con el propósito recaudatorio, sino que puedan promover la inversión.

Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

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Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

Uno de los factores fundamentales que influyen en la creación de riqueza, y desde luego en el crecimiento de la economía, es la inversión en capital fijo, es decir, la que se destina a la adquisición de equipo, obra pública y construcción de empresas, entre otros usos; y esta puede ser de carácter gubernamental o del sector privado (nacional y/o extranjero).

Hay que recordar que este tipo de inversión incrementa la tasa de empleo y dinamiza la demanda de bienes y servicios de la población. Por otro lado, si se consultan los datos del comportamiento de la economía mexicana y la inversión, de enero a abril del presente año los resultados obtenidos fueron raquíticos, muy distantes de las necesidades de la sociedad, en la que anualmente más de un millón de jóvenes trata de incorporarse a la fuerza laboral, y muchos de ellos no lo consiguen por la falta de oportunidades de trabajo.

En los primeros cuatro meses del año, el PIB apenas creció 0.5%, y lo que gasta el Gobierno en obra pública cayó en forma estrepitosa, pues tuvo un decrecimiento estimado de 13 por ciento. Mientras, la inversión privada fue positiva, pero su tasa de crecimiento fue muy pequeña. La expansión que se tenía en los primeros cinco años y meses del  sexenio anterior tuvo su punto de inflexión en octubre de 2018, cuando al revertirse, hizo prever una desaceleración de la actividad económica, lo que se está cumpliendo. Lo anterior también explica la disminución de la tasa de inflación, que suele darse con la atonía económica.

A seis meses de haber llegado al poder la presente Administración federal (2018-2024), está valorando, quizá antes de lo anunciado (a mitad del sexenio), una reforma hacendaria que amplíe el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda. Los recortes presupuestales a las dependencias y organismos autónomos, así como los ahorros provenientes del combate a la corrupción han sido insuficientes para sustentar los programas sociales y el gasto en obra pública. De tal manera, la construcción de carreteras, libramientos, embalses, etcétera, es probable que la inicien a finales del mandato del presidente López Obrador, si se quiere crecer de manera “sana” y, mediante la formulación de políticas públicas, mejorar la muy asimétrica distribución del ingreso entre la población.

La reforma fiscal lleva aparejada otra, la de los fondos de pensiones, los cuales representan una carga onerosa para el Gobierno. El número de trabajadores activos formales ha decrecido en términos relativos por el aumento de la economía informal, lo que provocó, para cálculos estadísticos, que más pensionados o jubilados dependan de un trabajador adscrito al IMSS.

Es casi un hecho que se aumente la edad para jubilarse, que supere los 65 años, aunado al incremento en los años de servicio en la empresa o dependencia, medidas que se apoyarían con la elevación de las cuotas obreropatronales para el retiro. Otro de los probables componentes de la reforma a los ingresos públicos sea subir los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como gravar con una mayor tasa impositiva las transacciones en el mercado bursátil.

Federico Muller
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No cabe duda que después de la Guerra Fría, la cual terminó debido a la desintegración de la URSS, las fricciones entre las potencias mundiales han prevalecido, y un terreno fértil para dirimir las disputas, en tiempos de paz, ha sido el económico. Desde luego nada nuevo en la historia de la humanidad, la faceta de los negocios siempre ha estado presente con diferentes matices e intensidades entre los pueblos.

Hace algunas semanas la estructura en el poder en Estados Unidos, públicamente representada por el presidente Donald Trump, estableció el cobro de aranceles a las importaciones provenientes de China, argumentando que los precios de los productos que entraban a su país eran subsidiados por el Gobierno chino, por lo tanto no reflejaban los costos reales de producirlos. La respuesta del gigante asiático no se hizo esperar y diseñó políticas comerciales similares. Considero que lo novedoso de esa guerra comercial es el desarrollo tecnológico con respecto a otros enfrentamientos comerciales del pasado. De manera especial las patentes y licencias de las empresas transnacionales, que juegan un papel clave, nulificando, o poniendo en jaque a las políticas proteccionistas de los gobiernos.

A pesar del tamaño de la economía estadunidense, y su estructura científica y tecnológica, para sorpresa de propios y extraños, una sola empresa china la desafía. La líder mundial en telecomunicaciones Huawei recurre a acelerar el cobro de sus derechos y regalías a las compañías americanas del ramo que los manejan, tratando de presionar al Gobierno para que sus productos se sigan vendiendo en el mercado estadunidense. También cabe señalar que, como proveedor de insumos a empresas norteamericanas, su participación es estratégica, pues sin ella dejarían de salir a la venta un número considerable de productos y servicios.

Según algunos analistas, la empresa tiene alrededor de 56 mil 500 patentes en varios países del mundo. Sin embargo, sus directivos reconocen que sus ventas de teléfonos celulares han disminuido 40% fuera del mercado chino, lo que indiscutiblemente está afectando sus ingresos, inclusive la compañía ya planea dejar de producir un número considerable de celulares en los próximos meses. Otro factor que ha influido en la caída de las ventas tiene que ver con el desprestigio, muy probablemente orquestado por sus competidores, que ha hecho que los productos de ese fabricante estén siendo estigmatizados: un sector de potenciales compradores ha desistido de hacerlo por los rumores que se escuchan, y entre los más frecuentes están la descontinuación inminente de la marca y el rápido agotamiento de su stock de accesorios.

En conclusión, se puede decir que en la era de la globalización no hay ganadores en una guerra comercial como la que enfrentan Estados Unidos y China. Lamentablemente el consumidor es el más perjudicado por las acciones de los gobiernos. Cuando se mezclan intereses políticos electorales con aspectos económicos como la compraventa de productos comerciales, la historia ha enseñado que no hay un buen fin, y en algunos casos anteriores se ha terminando en una guerra armada.

Si se hace un balance general del desempeño de la actual Administración federal en sus primeros seis meses de trabajo, lo primero que podría decirse es que todavía es poco tiempo para realizar una evaluación más robusta, pues no se cuenta con más información dada por variables socioeconómicas de mediano plazo; sin embargo, se pueden revisar las políticas públicas hasta ahora formuladas, considerando el entorno económico internacional, que juega un papel relevante en la economía mexicana.

Política migratoria. Un manejo que, desde mi parecer, no se le dio la preeminencia que requería, se mantuvo la propuesta de campaña de AMLO, de permitir libremente el paso de los migrantes por territorio nacional porque de lo contrario era coartar la libertad de tránsito, que atenta contra los derechos humanos universales que indefectiblemente tiene cada persona, independientemente de su nacionalidad. Fue una idea que prevaleció hasta hace poco tiempo, y que la responsable de la política interna del país avaló, sin ningún cuestionamiento. Para la funcionaria, la propuesta no ameritaba una investigación que involucrara un análisis de los factores tanto nacionales como externos que podían estar detrás de los movimientos migratorios, por supuesto adicionales, al más obvio, el clima de inseguridad y precaria economía que prevalece en los países expulsores de población.

PasÓ desapercibido, no se sabe si por ignorancia o demagogia, que existen organizaciones internacionales criminales que se dedican a la organización de caravanas de migrantes, que lucran con la situación socioeconómica de los habitantes de las regiones más pobres y atrasadas de Centroamérica y del Caribe, así como de algunos países africanos. Los aparatos de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad, como de las Fuerzas Armadas y de la propia Secretaría de Gobernación, no participaron, o quizá no fueron tomados en cuenta, porque contradecían la voluntad del Presidente de la República.

Los costos económicos que se pudieron evitar o al menos disminuir en la regulación de la migración, se tienen ahora que adicionar al presupuesto con cargo a los impuestos que paga la sociedad mexicana, por desestimarla y no considerarla que podía poner en riesgo la seguridad nacional, particularmente por las represalias que podía tomar Estados Unidos contra la economía del país.

Desde la perspectiva extranjera no se consideraron las estadísticas que presentaba el Departamento de Migración de Estados Unidos, las cifras eran muy elevadas, totalmente atípicas respecto del promedio histórico de cruces fronterizos de indocumentados. El reactivar las economías centroamericanas mediante programas de desarrollo es lo deseable, mediante políticas económicas de largo aliento, pero México no tiene la capacidad económica para hacerlo, y para Estados Unidos, en particular para su Presidente, esos proyectos no son rentables electoralmente.

Política industrial. Los regímenes anteriores al encabezado por Morena siguieron tomando en cuenta la frase que se le atribuye a un funcionario de la Administración del presidente Carlos Salinas de Gortari: la mejor política industrial es no formularla o en la práctica no disponer de ella. Sorpresivamente, la presente Administración sigue la misma línea, a pesar de las críticas que ha hecho al modelo neoliberal. La Secretaría de Economía no ha presentado un plan de inversión sectorial que incentive la participación de los capitales nacionales y transnacionales. Y sin inversión, dicen los economistas clásicos, no hay crecimiento económico acorde con las necesidades de empleo de la población.

Política social. En esta se atisban claroscuros, programas que han sido bien aprovechados, por ejemplo el de los adultos mayores (68 y Más), recursos que se destinan a la población de trabajadores jubilados o aquellos que no disponen de ninguna prestación social, que marginalmente complementan los precarios salarios que recibe la mayoría de ellos. Pero otros, que fueron diseñados para los jóvenes que no trabajan ni estudian, no han tenido el interés de la población objetivo, la cual ha mostrado resistencia a formar parte de la fuerza productiva de la economía. El entorno internacional es adverso, las estimaciones del PIB mundial en 2019 han venido siendo recortadas por los bancos de inversión y organismos supranacionales, lo que abona para que la economía nacional crezca menos o se contraiga este año con respecto a 2018.  

De acuerdo con el documento Principales Elementos del Plan de Negocios 2015-2019, desde hace algunos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de tener el monopolio en la producción y venta de energía eléctrica, pues ahora el sector privado puede participar en la generación y suministro de electricidad. En otros términos, con la apertura del mercado a la competencia, teóricamente los consumidores deberán beneficiarse al pagar precios más competitivos por kilowatt, particularmente los hogares y comercios.

El citado documento también menciona las principales debilidades de la CFE y entre las que más llaman la atención están las pérdidas que se presentan en la distribución del fluido, que si se comparan con las de otros países, como los escandinavos, son elevadas, y desde el ámbito financiero, las perspectivas no son nada halagüeñas: los déficits contables agobian el “sano” crecimiento de la empresa, pues en los últimos cinco años alcanzaron un acumulado de 163 mil millones de pesos, que se atribuyen a factores como subsidios a las tarifas (que distorsionan los precios reales), baja productividad laboral y las depreciaciones del peso. Aunque, el documento no lo contempla explícitamente, a la descapitalización de la empresa abona la añeja deuda que tienen los consumidores de Tabasco, o mejor dicho que tenían, porque recientemente fue condonada por el Ejecutivo federal. Un factor adicional es el pasivo laboral, que se estima en 48% del total de sus activos.

Con esta breve y sencilla descripción de la CFE se puede intuir que los problemas que tiene la ahora empresa productiva del Estado no se pueden atribuir solamente a gobiernos anteriores, sino que son de carácter estructural, presentes desde tiempo atrás, ocasionados porque en administraciones precedentes prevalecieron los criterios políticos sobre los técnicos y de rentabilidad económica, que paulatinamente fueron llevándola a la bancarrota.

Por lo anterior, la llegada de inversión extranjera y nacional al sector eléctrico se hizo no necesariamente pensando en mejorar la economía del consumidor o el entorno ecológico, sino que fue una salida desesperada para atenuar la inminente quiebra técnica de la CFE, pues la crisis financiera ha influido para limitar la cobertura del servicio de electrificidad en el país.

Los cortes de energía eléctrica han empezado a causar alarma entre la población y la Península de Yucatán ha sido una de las regiones más afectadas por el desabasto, que se atribuye al descuido que se tuvo en el mantenimiento y la construcción de nuevas líneas de transmisión.

El establecimiento de un plan nacional del sector eléctrico transexenal, que planificara las inversiones a mediano y largo plazo en las zonas del país con mayor demanda de electricidad estimada por su potencial de crecimiento económico y sus características climáticas, habría marcado la hoja de ruta y hubiera evitado las obras de emergencia para llevar más electricidad a Yucatán, que se realizan como medidas correctivas después de haber generado altos costos entre la población por la suspensión del servicio.

En el primer trimestre del año, los egresos de la CFE superaron a sus ingresos, con lo que el déficit ascendió a 13 mil 940 millones de pesos, cifra superior en alrededor de 18% a la del primer trimestre de 2018, desequilibrio que no se puede imputar a su nuevo director, Manuel Bartlett, porque su gestión administrativa es aún corta y todavía no define públicamente lo que hará en la empresa para rescatarla de la precaria situación económica en que se encuentra, aunque sus primeros pronunciamientos fueron detener los concursos para proyectos financiados con inversión privada y volver a la organización centralista del pasado, una concepción similar a la que se tiene para Pemex.

Sin caer en la tentación de afirmar que todo lo público es deficiente y oneroso, mientras que lo privado es eficiente y mejor, no se puede ocultar que los gobiernos mexicanos han sido malos administradores en el manejo de las empresas y los ejemplos más ilustrativos han sido Pemex y CFE.    

A pesar de que la Región Sureste de Coahuila depende económicamente de la producción industrial y comercial, actividades que han venido incrementando la urbanización del territorio en detrimento del entorno ambiental y de los quehaceres agropecuarios, todavía aparecen esparcidas áreas rurales rentables, como es el caso de las dedicadas a la producción de manzana. Hace ya varios decenios que la región de Arteaga, Coahuila, cambió su producción agrícola: el cultivo de la manzana sustituyó a las grandes cosechas de maíz y otros productos que abastecían al mercado regional; en aquel lejano pasado, el transporte de los productos era a través de carretas, y más adelante se llevó a cabo en rústicos camiones de combustión interna, los que con dificultad sorteaban las escarpadas pendientes del camino.

Los niveles de productividad agrícola laboral de antaño eran similares a los de otros estados de la República con actividades parecidas. En aquel entonces, la economía mexicana era casi cerrada, y no hay que olvidar que la reconversión agrícola obedecía a una iniciativa gubernamental que fue acertada, si se considera el microclima que prevalece en la sierra, apto para el desarrollo de huertas manzaneras y que ha permitido que se compita, en calidad, con las manzanas producidas en Chihuahua y California.

Generalmente el mercado se ha configurado con pequeños y medianos productores, y han sido excepcionales los grandes oferentes. La mayoría vende su producción manzanera a intermediarios que posteriormente la distribuyen en almacenes comerciales, los que a su vez hacen llegar el producto al consumidor final mediante los canales de distribución conocidos: tiendas y supermercados. Las compañías refresqueras y de jugos, antes de la concentración y colusión de empresas que se ha dado en ese mercado, compraban las manzanas que no cumplían con los estándares de calidad al público simplemente porque las adquirían como un bien intermedio, para su industrialización.

Para fijar los precios de la tonelada de manzana han intervenido diferentes factores que inciden en la oferta y demanda: desde los fenómenos ambientales extraordinarios, como granizadas, heladas tardías, plagas, etc., hasta el crecimiento de la economía regional y del país; el número y capacidad de compra de los intermediarios; los subsidios gubernamentales a los productores, los aranceles a los productos importados y el acceso a créditos comerciales. En este amplio abanico de posibilidades, la participación del intermediario ha tenido una repercusión importante en la formación del precio del producto.

Según dijo uno de los productores de la región, se estima que este año la producción de manzana ascienda a 2 millones de cajas, de las que 70% se distribuirá en el mercado nacional y el resto se colocará en Coahuila. La comercialización no contempla la exportación del fruto, que en un futuro podría ser un desafío y una ventana de oportunidad explorar mercados europeos o asiáticos, lo que sin duda requiere crear sinergias entre la banca, los agricultores y el Gobierno.

A raíz de las nuevas políticas públicas del campo que lleva a cabo la Administración federal, de fijar precios de garantía para ciertos granos de consumo básico en la dieta de los mexicanos, el citado fruticultor especulaba al decir que ellos (los productores) también requieren de un precio de garantía, lo que desincentivaría la intervención de los intermediarios, que según su opinión son los que se llevan la mayor utilidad en los ciclos de producción. No obstante, cuando existía Conasupo, los precios de garantía se prestaban para fomentar la corrupción, pues se establecían acuerdos tácitos -desde luego ilegales- entre funcionarios e intermediarios, y al final el productor no tenía más opción y vendía al intermediario. Eso evidencia que una estrategia que fracasó en el pasado, es poco probable que ahora logre su cometido.

Existe una frase que se repite frecuentemente entre la ciudadanía estadunidense acerca de un par de acontecimientos que sucederán irremediablemente en el transcurrir del tiempo: el primero tiene que ver con la muerte del individuo, y el otro con el pago de impuestos al Gobierno.

Este último ilustra el alto grado de fiscalización que se tiene hacia los consumidores, aunque como en todos los países del mundo se presentan excepciones, particularmente en aquellos que tienen poder económico.

En México, el control impositivo es relativamente más relajado que el de los vecinos del norte, aunque con la utilización de sistemas tecnológicos modernos, cada día la evasión y elusión del cobro de impuestos disminuye, pero todavía sigue siendo insuficiente para los requerimientos del país. El monto de la recaudación por ingresos tributarios en 2017 representó menos de 18% del PIB, mientras en Brasil alcanzaba 32.2% de su PIB.

Ese bajo índice de recaudación se puede explicar por la desconfianza hacia el buen uso y destino de los impuestos y la informalidad económica, que se puede presentar de dos maneras; una de ellas es la precaria cultura impositiva y ética que se da en las transacciones comerciales y de servicios, que comprende desde los honorarios generados por las consultas médicas -que no expiden recibo fiscal-, hasta los negocios que presentan como opción la facturación, que generalmente el consumidor declina para evitar la tasa impositiva y pagar menos por el producto o servicio recibido.

Y la otra engloba las actividades de comercio ambulante o en mercadillos, además de todos los oficios como plomería, carpintería, etc., que ni siquiera tienen un registro fiscal ante la Secretaría de Hacienda, y mucho menos seguridad social.

Además de los factores mencionados, han influido las tasas impositivas cero y exentas del IVA, que se mantienen en varios productos y servicios.

Aunado a ello, con la nueva disposición de disminuir la carga fiscal en las poblaciones localizadas en la frontera norte, el monto del erario no ha crecido como se esperaba, y es difícil que se cumplan las metas trazadas, de ahí que el Gobierno federal, a través del Ejecutivo, haya cancelado las condonaciones fiscales, que según la oficina del SAT, de 2007 a 2018 ascendieron a 400 mil millones de pesos, en donde los más beneficiados fueron 108 contribuyentes, recibiendo alrededor de 50% de la cifra citada.

No obstante, si se condonan los adeudos a CFE que tiene un sector de la población de Tabasco, las políticas deberían aplicarse para todos y de ninguna manera tener carácter discrecional.

Aunque la cancelación de la condonación fiscal es una medida “justa”, con respecto a la Ley de Ingresos anual no representa un gran porcentaje, y como las expectativas de crecimiento de la economía para 2019 son inferiores al PIB del año anterior, entonces es improbable que haya relevantes aumentos en la recaudación fiscal.

En conclusión, lo que se tiene es un Gobierno acorralado, rehén de sus propias promesas electorales, como la de mantener sin cambios el sistema fiscal.

La política fiscal que se está siguiendo carece de una planificación sexenal, los recortes en sueldos y presupuestos en la Administración Pública Federal, añadiendo los recursos que antes no se cobraban al condonarse, no equilibran las finanzas públicas. Son superiores los recursos que se destinan al gasto público que los ingresos recabados.

Si lo que se busca es redistribuir la riqueza, el camino a seguir es la creación de ambientes propicios para la inversión privada e indudablemente llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, en el corto plazo, que aumente la base gravable y combata la economía informal.

Según cifras publicadas por el Inegi, al finalizar 2018 el ahorro bruto en México representó 23% del PIB nacional, cifra que ha variado muy poco desde que se inició con la contabilidad de este indicador, lo que se puede atribuir a la escasa cultura financiera que existe entre la población.

Se define ahorro bruto a la parte del ingreso que no se utiliza para el consumo de productos y servicios, pero que se puede gastar en el futuro.

La cifra no deja de ser del todo inexacta, en el sentido de que no registra lo que algunos estudiosos llaman el ahorro informal, es decir aquel que no forma parte del circuito financiero formal conformado por instituciones bancarias y ahorradores, sino que depende de la confianza que se tiene entre amigos y familiares al organizarse en pequeños grupos de ahorradores.

Un ejemplo clásico ha sido la formación de tandas en que los participantes se comprometen a aportar dinero periódicamente.

Este tipo de organización frecuentemente es utilizada por las familias que no disponen de una tarjeta de crédito y perciben ingresos bajos. Lo anterior es parte de la economía informal, que ha tenido un acelerado crecimiento desde los años 80 en el país.

Las galopantes inflaciones, que han influido en la pérdida del poder adquisitivo, que ha tenido incrementos nominales marginales, han sido de los principales factores que abundantemente nutren a la informalidad económica, cuyo aumento puede también explicarse por la idiosincrasia del mexicano, el cual se adapta fácilmente a ella.

Las cifras del ahorro nacional son bajas en relación con las de otros países con economías similares a la nuestra, y aun más pequeñas en relación con los países asiáticos como China, Singapur y Corea del Sur.

¿El ahorro depende de la cultura? Es una pregunta difícil de responder porque lleva implícita la percepción que se tenga sobre el futuro, es decir, qué tanto están orientadas las familias a consumir en el presente o si sus expectativas se centran en el porvenir.

Si los individuos mantienen proyectos a mediano y largo plazo y consideran las probables contingencias que se puedan presentar a lo largo de su vida productiva -por el quebranto en la salud o desempleo transitorio-, y además quieren mantener un consumo sin muchos cambios en el ocaso de su existencia, independientemente de las percepciones monetarias que tengan, destinarán una parte al ahorro. En otros términos prevalecerá la visión de futuro sobre el monto del ingreso.

Por el contrario, si lo que importa es vivir el presente y se considera el futuro como incierto, el ahorro ocupará un lugar irrelevante en el quehacer productivo de las personas. Infortunadamente esta última posición es la que mantienen por lo general las familias de ingresos medios y bajos en México, desde luego alentada por los sectores comercio y de servicios, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

El ahorro (formal) agregado, es decir, el que incluye a todos los entes privados, por supuesto sin considerar al Gobierno, es relevante desde el punto de vista de las teorías económicas porque se puede canalizar hacia la inversión productiva, que es una palanca para el crecimiento y desarrollo económico, que además hace a las economías menos vulnerables a las oscilaciones que frecuentemente se presentan en las inversiones que llegan del extranjero.

Fomentar el ahorro es un tipo de nacionalismo sin demagogias, pero lamentablemente aparece muy poco en las plataformas electorales de los políticos, simplemente porque no es rentable para la obtención de votos.

En las economías de mercado generalmente surgen empresas que, mediante diferentes estrategias, logran engrosar su poder hasta convertirse en dominantes de las actividades que manejan y pasan a configurar una competencia monopolísticas, en donde solamente un “reducido número de jugadores participan”, o también se presentan casos extremos de monopolios. En el modelo económico de sustitución de importaciones del país se tenían varias compañías privadas monopólicas, además de paraestatales como Teléfonos de México, Pemex y CFE, las cuales suministraban insumos y productos a los monopolios públicos en forma casi exclusiva, y una de ellas era la que se encargaba de abastecer los medidores de energía eléctrica para las viviendas y comercios.

Con la apertura de la economía mexicana, muchas pequeñas y medianas factorías desaparecieron y surgieron otras de capital extranjero que las desplazaron y se apropiaron de grandes segmentos de mercado en el sector comercio, servicios, esparcimiento o manufactura, entre otros. Otra peculiaridad ha sido que en México ha habido empresarios que han preferido vender sus empresas al capital extranjero, a seguir manejándolas ellos; con el producto de las ventas, les resultaba más cómodo invertir en el sistema financiero que lidiar con sindicatos, trabajadores y Gobierno; los casos más icónicos han sido los bancos comerciales y la producción de cerveza.

Esa tendencia de ganar espacios mediante colusiones o compras de empresas es una característica inherente del sistema capitalista que aparece en todos los países desarrollados o en desarrollo. La diferencia consiste en la forma en cómo los gobiernos responden para evitar la concentración del poder económico, que es perniciosa porque tergiversa el nivel de precios e inhibe la libre competencia que facilita el “juego” de oferta y demanda de los bienes y servicios.

En Estados Unidos, las leyes antimonopolios han sido relativamente rígidas, pero aun así prevalecen nichos de mercado controlados por pocas participantes, entre ellos el sector de aeronáutica. En México se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que oficialmente se encarga, entre otras funciones, de impedir y sancionar los acuerdos que se puedan presentar entre fabricantes para fijar precios y tarifas al público. En teoría, tal comisión reguladora debe deslindarse de cualquier compromiso político y llevar a cabo las investigaciones desde un punto de vista eminentemente técnico.

Uno de los propósitos de los reguladores que existen en el país, es representar un contrapeso a las decisiones políticas unilaterales del Ejecutivo en turno. En el caso de la Cofece, actualmente investiga a los laboratorios farmacéuticos que venden sus productos en el mercado nacional. Son empresas transnacionales que manejan medicamentos de alta especialización, como por ejemplo los indicados para controlar el VIH y algunos cancerígenos. El objeto de la investigación se fundamenta en la denuncia que hizo un productor nacional, quien argumentó que tales firmas muestran conductas anticompetitivas al acordar los precios entre ellas; desde luego que es un tema delicado que ha llevado a uno de los indiciados a solicitar un amparo ante la justicia mexicana.

El problema tiene dimensiones significativas porque han sido proveedores de los hospitales y clínicas del IMSS e ISSSTE, y el veto que propone el Presidente de la República puede provocar desabastecimiento de medicamentos, al menos mientras se encuentran otros proveedores. Lo anterior refleja un problema estructural de la economía nacional, independientemente de los manejos poco transparentes entre proveedores y compradores de medicinas: la falta de inversión y tecnología de vanguardia en el sector farmacéutico del país, que lo hace dependiente de los grandes laboratorios transnacionales, cuyo poder de mercado es muy superior al de todos los laboratorios mexicanos.

Hace unas semanas, dos investigadores de la universidad publicaron en la introducción del libro Agua, el Futuro Ineludible, una frase que me llamó la atención por lo pertinente para el caso de ciudades y regiones con carencia del vital líquido, entre las cuales, infortunadamente, se debe incluir a Saltillo.

La cita referida decía: “El agua dulce en la Tierra es la misma que en la época del Imperio Romano, pero la población ha pasado de 200 millones a más de 7 mil 200, y la economía mundial ha crecido aún más…”.

De ser verídica esa aseveración, la demografía mundial se encuentra frente a un reto difícil de superar, que requerirá de una nueva cultura para tratar el agua e implementar la tecnología de frontera para racionalizar su uso doméstico, industrial y agropecuario.

Tanto en el contexto local como mundial, si no se procede con diligencia, los habitantes del planeta sufrirán las consecuencias, particularmente los sectores más vulnerables económicamente. Como es un problema de sobrevivencia de la humanidad, quizá sea necesaria la creación de instituciones supranacionales que formulen y apoyen propuestas públicas que se acompañen con la voluntad política de cada Gobierno.

En Coahuila, como en otras entidades de la República, la situación hídrica es crítica porque las unidades de producción (pozos freáticos) la tasa de explotación que mantienen es superior a la de recarga por las escasas lluvias en la región. Además, en el país, alrededor de 80% del agua extraída se destina a las actividades agrícolas y ganaderas.

Aunque sus dimensiones geográficas, idiosincrasia y población son completamente diferentes a las de México, Israel puede ser un buen referente a seguir con las adecuaciones pertinentes en las políticas públicas que puedan llevar a cabo las autoridades gubernamentales mexicanas. Se sabe que del agua que consume el país judío, solamente 28% proviene del subsuelo y el resto de las fuentes está diversificado, pues van desde la marítima hasta la de reutilización de las llamadas aguas negras.

No hay que olvidar que Israel está asentado en una superficie desértica, con lluvias poco frecuentes, condición natural, que se ha agravado por los fenómenos naturales propiciados por el proceso de industrialización, que por supuesto incluye los medios de transporte de combustión interna (Graizbord y Arroyo: 2019).

La paradoja del agua. Si partimos del supuesto económico de que los precios de los productos se elevan en la medida que escasean, parece que esta hipótesis no es consistente con el agua, viéndolo desde una perspectiva a escala planetaria, que comprende también fuentes lacustres y fluviales. Se estima que 450 mil millones de toneladas de agua se utilizan para cubrir los requerimientos de los habitantes de las ciudades del mundo, mientras que alrededor de 3 mil millones las absorbe la agricultura de riego, y más de 20 mil millones se destinan a la generación de energía eléctrica. Esto cobra sentido al compararlo con el consumo mundial de petróleo o trigo, cuyos volúmenes anuales son inferiores al del agua (Graizbord y Arroyo: 2019).

De acuerdo con lo anterior, el problema del suministro del agua no consiste en su escasez, sino que existen otros factores que intervienen para hacerla un bien casi prohibitivo para muchas familias, que dependen de la contratación de camiones cisterna para poder abastecerse.

Algunos de esos factores son las añejas tuberías que distribuyen el agua potable a las viviendas, que son porosas y ocasionan pérdidas del vital líquido, así como la contaminación de los cuerpos de agua.

Uno de los quehaceres ineludibles del Gobierno mexicano es impulsar el crecimiento económico en las regiones marginadas del país.

Existen diferentes instrumentos que puede utilizar, como la formulación de políticas regionales, las cuales tratan de mejorar las condiciones económicas de las familias afincadas en esos espacios territoriales y disminuir las disparidades entre regiones.

Los especialistas en economía regional han planteado la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales reciben un tratamiento diferenciado por parte del Gobierno con respecto a otras áreas.

En el caso de México, el Congreso aprobó la ley que delimita qué áreas geográficas del país pueden considerarse como ZEE, entre las que se pueden mencionar aquellas que se localicen en uno de los 10 estados del país con más alta marginación; se desarrollen en un espacio estratégico, que permita su intercomunicación con los mercados del resto del país o internacionales; reciban inversiones que traten de aprovechar sus potenciales ventajas comparativas y se asienten en municipios que tengan una población de entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Cabe decir que las condiciones establecidas corresponden y han sido congruentes con lo que señalan las diversas teorías de desarrollo regional.

Para detonar el desarrollo de las actividades económicas, es requisito la inversión pública o privada, sin la cual es imposible sacar de la pobreza a millones de mexicanos; la generación de empleos y el aumento de la demanda se logran con la llegada de capitales.

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, apoyaría ofreciendo la disminución de impuestos, en particular el de la renta -durante los  primeros 10 años las empresas estarían exentas de pagarlo-, además de rebajas en las cuotas patronales al IMSS por un tiempo perentorio, así como la condonación, o mejor dicho tasa cero, del Impuesto al Valor Agregado a los bienes y servicios que adquieran las compañías residentes en las zonas constituidas.

Un argumento más que puede utilizarse, al menos académicamente, para respaldar el establecimiento de ZEE lo da el Banco de México en un estudio que realizó, en el cual encontró una relación negativa entre pobreza y complejidad económica, la cual se representa por el número y la magnitud de las interacciones económicas que se dan: es decir, en las regiones con más pobreza, se observa un raquítico crecimiento económico, algo que puede ser obvio para el lector, pero los especialistas de Banxico lo muestran mediante un modelo econométrico.

En la Administración federal anterior se propusieron siete ZEE, entre ellas Dos Bocas y Coatzacoalcos.

Se quiere pensar que las propuestas surgieron de estudios serios sobre su factibilidad y potencial disponibilidad económica, no fueron ocurrencias o puntadas de los funcionarios federales anteriores.

No obstante, en el Gobierno federal actual se quiere echar abajo esa iniciativa. Las razones que se esgrimen son contrarias, al menos desde mi punto de vista, a las teorías económicas que han sido usadas en otras partes del mundo para la creación de ZEE exitosas.

Un funcionario de la SHCP dijo a la prensa que las ZEE, como están proyectadas, impiden el desarrollo económico porque compiten entre sí las entidades federativas y no hay ingresos suficientes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Afirmó que el desarrollo se debe concentrar en una o dos zonas, y citó el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, proyecto que concentra las inversiones en una franja del país.

Quizá el trasfondo de los argumentos técnicos que presenta el funcionario de Hacienda encubra los verdaderos motivos de la cancelación del proyecto de las siete ZEE, y se deban a cuestiones de orden presupuestal y político.

Los ingresos que está recabando el Gobierno no eran lo que se esperaba, y muy probablemente en el corto plazo haya un recorte presupuestal.

Hasta ahora se están dando cuenta de que los ahorros logrados en recorte de plazas federales, reducción de sueldos a los funcionarios y los recursos que se obtienen de combatir la corrupción no están siendo suficientes para impulsar la inversión pública.

Y mientras la prioridad sea repartir dinero en programas a fondos perdidos y malgastar los recursos públicos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los mexicanos seguiremos esperando la realización de obra pública.

Es interesante revisar la política social que está llevando la Administración federal, al menos desde el punto de vista económico. En todas las políticas sociales se parte de la premisa de que el individuo inscrito en el padrón es quien debe recibir directamente el subsidio gubernamental, con lo que se pretende eliminar el uso de intermediarios que pudieran desviar parte de los recursos monetarios. En algunos de ellos, el único agente que aparece entre el Banco del Bienestar (institución del Gobierno) y el beneficiario es una institución bancaria privada que, a través de una tarjeta o plástico, distribuye los recursos.

Así, desde hace algunas semanas inició el programa para adultos mayores de 68 años, quienes reciben alrededor de 2 mil 600 pesos por bimestre, cantidad que puede paliar las necesidades más elementales de los jubilados o pensionados, quienes reciben cantidades precarias para su sobrevivencia. Enhorabuena para aquellos individuos que requerían de un complemento pensionario; en estos casos sí se cumplen los objetivos sociales del Gobierno en favor de las clases más vulnerables económicamente, aunque quizá convenga revisar periódicamente los censos de los beneficiarios para dar certeza de su veracidad y así evitar los errores y dispendios de otras administraciones con proyectos sociales semejantes.

Hay otro tipo de transferencias sociales que es difícil que cumplan con el objetivo para el que fueron diseñadas. Entre ellas están las tandas que pretenden apoyar a pequeños negocios de casi cualquier tipo, desde un taller de costura hasta un despacho de contadores; la gama es tan amplia que ha multiplicado el número de solicitudes para recibir el subsidio. Según datos oficiales, han llegado 4 millones de personas interesadas en recibir las tandas, rebasando por mucho lo que se tenía contemplado para este año: 500 mil candidatos.

Desde luego que no todos serán elegibles, habrá que conocer las características y condiciones de cada prospecto para otorgarle el beneficio, pero el recibir 500 pesos mensuales durante un año tiene varias lecturas, que si se examinan desde la óptica productiva, revelan que es muy difícil que el programa deje de ser eminentemente asistencialista para convertirse en un incentivo para fomentar los negocios.

La primera observación vendría de los montos que maneja tal programa, que son insuficientes: 6 mil pesos anuales, cantidad que ni siquiera compite con las tandas que se realizan de manera informal entre familiares y amigos. Los costos de los materiales, equipos de trabajo y mantenimiento de los pequeños negocios superan esa raquítica financiación gubernamental. Lo más probable es que el subsidio se utilice en consumo, ajeno a los gastos de la microempresa. Desde el punto de vista fiscal, el interesado puede acceder al programa aunque no esté registrado en la Secretaría de Hacienda, puede mantenerse en la economía informal.

Aunque es prematuro hacer una evaluación de los resultados de las tandas, sí debe pensarse en un futuro cercano en su reconfiguración, particularmente en ampliar su financiación y realizar una selección más rigurosa de los candidatos. Además, debe existir una mayor coordinación entre la Secretaría de Economía, la SHCP y el Banco del Bienestar para el tratamiento de la afiliación al fisco de los negocios provenientes de esa peculiar manera de repartir recursos.

Parece ser que la idea de un “banco de los pobres” se está copiando de un modelo de un país oriental que ha tenido éxito; sin embargo, llama la atención cómo se financia el Banco del Bienestar: al parecer no depende totalmente de los recursos que le provee el Gobierno, sino que puede solicitar créditos a instituciones privadas, pero si se limita solo a otorgar “préstamos” a fondo perdido, pronto será solo un apéndice más de la Secretaría de Hacienda, que financieramente no justifique su existencia, en el marco de la austeridad franciscana.

La atención a la salud de la población desde la perspectiva económica, en cualquier parte del mundo, tiene un costo muy elevado, aunque con diferentes matices y grados. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido motivo de acaloradas discusiones en el Congreso dejar la salud de los ciudadanos en manos de las aseguradoras mediante la compra de seguros médicos o que sea exclusivamente responsabilidad del Estado.

En cambio, en países con menos población y más desarrollo económico, se brinda a sus habitantes una mayor calidad en la prestación de los servicios médicos (el caso de los nórdicos), lo que se logra mediante el cobro de impuestos relativamente más elevados.

Aun así, los oligopolios farmacéuticos a escala mundial hacen de la medicina de calidad un bien inalcanzable para la mayoría de la población.

En México, fue un gran acierto político y social la creación de instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE. Su estructura fue de vanguardia en su momento, con la participación económica de trabajadores, empleadores y Estado.

Lamentablemente, su descapitalización paulatina las ha convertido en hospitales con servicios clínicos poco eficientes en la atención a sus pacientes. Se pueden mencionar tres factores, además del ya mencionado, que han influido en su decadencia financiera y técnica.

El primero, corresponde al sorpresivo aumento de la esperanza de vida de los mexicanos. En las reformas administrativas emprendidas por tales dependencias no se consideró debidamente el aumento de la longevidad de los asegurados.

Si consideramos el promedio de vida que tenían los ciudadanos en 1960 (no llegaba a los 60 años), en la actualidad sobrepasa los 75 años, lo que hace que los planes de pensiones estén al borde del colapso financiero.

El segundo factor tiene que ver con la aparición de enfermedades crónico degenerativas, de las que algunas eran poco frecuentes entre los mexicanos; no obstante, se han multiplicado con el envejecimiento de la población y su tratamiento médico es oneroso y largo.

Como último factor a comentar, aparece la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la diversificación de funciones que se fueron añadiendo, a través del tiempo, a los institutos de seguridad social.

En México, la mayoría de las dependencias públicas ha sido susceptible al despilfarro y malversación de fondos públicos, y el sector salud no es la excepción.

Desde los robos hormiga de los trabajadores de los nosocomios hasta la desviación de recursos por los altos directivos para financiar campañas políticas o para satisfacer intereses personales, contribuyeron a la decadencia hospitalaria que enfrentamos los mexicanos, que carecemos de los recursos monetarios para recibir atención médica privada.

Con la intención, muy loable por cierto, de cubrir otros satisfactores, además de la salud, se crearon centros turísticos, deportivos, hoteles, agencias de viajes, tiendas de autoservicio y financieras para la construcción de vivienda, entre otros. En términos menos coloquiales, se puede decir que eran logros que alcanzaban los trabajadores y que formaban parte del estado de bienestar de antaño.

Lo negativo fue que no se contó con un plan nacional de largo alcance que priorizara el ejercicio de los recursos, descuidando el elemento esencial de la seguridad social: la salud. Para muestra de lo anterior, recientemente se publicó, en forma sucinta, el estado en que se encuentran las finanzas del ISSSTE.

Según su Dirección Nacional, uno de los pasivos que tiene la institución asciende a 31 mil millones de pesos y corresponde a las aportaciones que no han hecho las dependencias públicas a las arcas del Instituto, pero lo más lamentable es que de esa cifra, 27 mil millones pertenecen a las pensiones de los trabajadores, por lo que su retiro, después de más de 30 años de servicio, está en riesgo.

Durante varios años, o quizá lustros, el modelo económico de sustitución de importaciones que siguió el Gobierno se apoyó en el sector agrícola para subsidiar la industrialización del país, que iniciaba con el presidente Miguel Alemán. Esto se podía apreciar con el bajo precio que tenían los productos agrícolas de aquel lejano pasado, que paulatinamente fueron descapitalizando a los productores. El éxito político que tuvo la reforma agraria, con la creación del ejido, fue aprovechado por las centrales campesinas adheridas al partido oficial (PRI), que controlaban electoralmente a los campesinos. Sin duda que los presupuestos públicos destinados al campo aumentaban año tras año, pero la productividad agrícola no lo hacía en la misma proporción, simplemente porque el sector rural se manejaba con una óptica que no era la económica.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la forma de financiar las actividades agrícolas cambió radicalmente. Surgió una recomposición que, en términos técnicos, significó la privatización y desaparición del ejido, haciendo más grande la brecha socioeconómica entre la agricultura social y la privada, que generalmente se especializaba en productos susceptibles de exportarse al resto del mundo. La desatención económica a este sector se vio reflejada en el incremento de las migraciones de mexicanos a las ciudades de Estados Unidos.

Lo anterior se menciona para entender un poco la política pública que pretende llevar a cabo la presente Administración federal, que se puede resumir en dos objetivos: racionalizar los recursos públicos, que se despilfarraron en gran manera en las anteriores administraciones, y (con los ingresos que se dejen de invertir en el campo) incrementar la transferencia a los programas sociales elegidos por el Presidente de la República como prioritarios, como 68 y más o becas a los jóvenes, entre otros.

Las políticas y estrategias que se están formulando por las dependencias de Gobierno han causado sorpresa y disgusto en un sector de los pequeños y grandes productores del territorio nacional. La agricultura es la parte de la economía más vulnerable ante los cambios climáticos, por ello, debe ser un factor a considerar en la política, y con los adelantos tecnológicos, la rentabilidad del campo ya no está en función de las grandes extensiones territoriales. Estos factores parece ser que no se están considerando en las decisiones de política del Gobierno, y en las protestas de los empresarios agrícolas ante el recorte de apoyos.

Una de las medidas desatinadas para los agricultores fue acotar la extensión de la superficie sembrada, es decir menos hectáreas tendrán subsidio, que influye en el incumplimiento en los pagos de los créditos bancarios solicitados por los productores. Por otro lado, bajo la premisa ya muy socorrida de “primero los pobres”, el Gobierno está arriesgando una porción de los recursos del erario federal al adelantarlos a los campesinos del sureste del país para que lleven a cabo la siembra de frijol y maíz en sus parcelas. Si bien es cierto es uno de los estratos sociales más desvalidos de la nación, eso de ninguna manera justifica que no se tenga que llevar a cabo una adecuada supervisión del debido uso de los recursos, que se utilicen, para lo que fueron planeados.

Independientemente del trasfondo ideológico, que incide para quitar o añadir beneficiarios agrícolas al padrón federal, las estadísticas señalan que México es un importador de granos básicos, y paradójicamente de un tipo de maíz, a pesar de ser un producto de origen nacional. Lo importante es subsidiar, al menos en este sector, a los agricultores que contribuyan con su trabajo al aumento de la producción nacional; y buscar otro tipo de apoyos para los que viven de la agricultura de autoconsumo.

Durante varios años, o quizá lustros, el modelo económico de sustitución de importaciones que siguió el Gobierno se apoyó en el sector agrícola para subsidiar la industrialización del país, que iniciaba con el presidente Miguel Alemán. Esto se podía apreciar con el bajo precio que tenían los productos agrícolas de aquel lejano pasado, que paulatinamente fueron descapitalizando a los productores. El éxito político que tuvo la reforma agraria, con la creación del ejido, fue aprovechado por las centrales campesinas adheridas al partido oficial (PRI), que controlaban electoralmente a los campesinos. Sin duda que los presupuestos públicos destinados al campo aumentaban año tras año, pero la productividad agrícola no lo hacía en la misma proporción, simplemente porque el sector rural se manejaba con una óptica que no era la económica.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la forma de financiar las actividades agrícolas cambió radicalmente. Surgió una recomposición que, en términos técnicos, significó la privatización y desaparición del ejido, haciendo más grande la brecha socioeconómica entre la agricultura social y la privada, que generalmente se especializaba en productos susceptibles de exportarse al resto del mundo. La desatención económica a este sector se vio reflejada en el incremento de las migraciones de mexicanos a las ciudades de Estados Unidos.

Lo anterior se menciona para entender un poco la política pública que pretende llevar a cabo la presente Administración federal, que se puede resumir en dos objetivos: racionalizar los recursos públicos, que se despilfarraron en gran manera en las anteriores administraciones, y (con los ingresos que se dejen de invertir en el campo) incrementar la transferencia a los programas sociales elegidos por el Presidente de la República como prioritarios, como 68 y más o becas a los jóvenes, entre otros.

Las políticas y estrategias que se están formulando por las dependencias de Gobierno han causado sorpresa y disgusto en un sector de los pequeños y grandes productores del territorio nacional. La agricultura es la parte de la economía más vulnerable ante los cambios climáticos, por ello, debe ser un factor a considerar en la política, y con los adelantos tecnológicos, la rentabilidad del campo ya no está en función de las grandes extensiones territoriales. Estos factores parece ser que no se están considerando en las decisiones de política del Gobierno, y en las protestas de los empresarios agrícolas ante el recorte de apoyos.

Una de las medidas desatinadas para los agricultores fue acotar la extensión de la superficie sembrada, es decir menos hectáreas tendrán subsidio, que influye en el incumplimiento en los pagos de los créditos bancarios solicitados por los productores. Por otro lado, bajo la premisa ya muy socorrida de “primero los pobres”, el Gobierno está arriesgando una porción de los recursos del erario federal al adelantarlos a los campesinos del sureste del país para que lleven a cabo la siembra de frijol y maíz en sus parcelas. Si bien es cierto es uno de los estratos sociales más desvalidos de la nación, eso de ninguna manera justifica que no se tenga que llevar a cabo una adecuada supervisión del debido uso de los recursos, que se utilicen, para lo que fueron planeados.

Independientemente del trasfondo ideológico, que incide para quitar o añadir beneficiarios agrícolas al padrón federal, las estadísticas señalan que México es un importador de granos básicos, y paradójicamente de un tipo de maíz, a pesar de ser un producto de origen nacional. Lo importante es subsidiar, al menos en este sector, a los agricultores que contribuyan con su trabajo al aumento de la producción nacional; y buscar otro tipo de apoyos para los que viven de la agricultura de autoconsumo.

Es una tradición en muchos países -desconozco cuál es su origen- el realizar una evaluación del desempeño de los gobiernos durante los primeros 100 días de su gestión. Desde luego que es un periodo muy corto para formular un diagnóstico certero, pero al menos puede contribuir para conocer el tipo de políticas que están formulando, el desempeño incipiente de los funcionarios que conforman el gabinete presidencial y la visión que desean tener del país, al menos durante el tiempo que les corresponde gobernar. Dadas las limitantes mencionadas, se puede decir que el desenvolvimiento del Gobierno del presidente López Obrador ha sido de claroscuros.

Una parte loable de su política la ha centrado en combatir la corrupción y la más llamativa ha sido la lucha contra el robo de combustibles de Pemex. Aunque se ignora si se está (o ya se tiene) elaborando una estrategia de mediano y largo plazo para combatirlo, las acciones que se han visto hasta la fecha no responden a un plan estructurado de mediano y largo plazo. Otro elemento positivo, y que también le ha acarreado popularidad entre la población, es el recorte de sueldos de los altos funcionarios públicos y la cancelación de las pensiones a los expresidentes de la República. No obstante, su impacto ha sido más sicológico que de ahorros significativos en el presupuesto.

En resumen, se puede decir que tiene una aprobación aceptable entre los votantes que sufragaron por él. Es decir, la parte política la ha sabido administrar a través del manejo con astucia de los medios de comunicación, señalando reiterativamente los errores del pasado, en especial del modelo neoliberal, y magnificando los pírricos logros de su cuarta transformación, como la subasta de parte del equipo de transporte del Gobierno federal o el cambio de sede de las dependencias públicas.

En cambio, en el aspecto económico, sus políticas han sido de opinión muy reservada. Una muestra palpable de ello se dio en la gira que efectuó la semana pasada por Sonora y Chihuahua, cuando un periodista le preguntó al Primer Mandatario sobre cómo iba la economía del país. La respuesta que dio dejó atónitos a más de una decena de especialistas en Economía: simplemente se limitó a decir que se desempeñaba muy bien, que como México no había dos. A primera vista parece que estaba bromeando y que tomaba a manera de chunga lo que decía. Pero lamentablemente no fue así, lo dijo con toda seriedad, lo que implica que sigue creyendo que sus presentaciones en público mantienen el sello de la campaña por la Presidencia, llenas de promesas y demagogia, por lo que no corresponden a la investidura de un presidente de la República, informado y con alta responsabilidad ante la nación.

La desconfianza que priva en los sectores que manejan la inversión en este país y en el extranjero ya no se limita a esperar que las cosas puedan mejorar con algunas rectificaciones en el diseño de la política económica que salgan del jefe del gabinete, Alfonso Romo, sino que los grandes capitales empiezan a abandonar el país y la inversión privada nacional y extranjera no llega. La cancelación del aeropuerto en Texcoco y las descalificaciones que se han hecho a las calificadoras internacionales no abonan en absoluto a mejorar la imagen de México ante el mundo. Una característica de la personalidad del Presidente es la obstinación en sus creencias, que las mantiene, a pesar de lo que le aconsejan sus asesores económicos. De no cambiar la informal manera de expresarse y recentrar su discurso económico, pronto estaremos al borde de una recesión.

Uno de los graves problemas que enfrenta el mundo subdesarrollado, particularmente algunos países de Medio Oriente,  África y Latinoamérica, es su capacidad de producción agrícola, que además de los estragos que sufre por el cambio climático, ahora enfrenta otro fenómeno relativamente nuevo, que tiene que ver con grupos armados que tienen como objetivo destruir los campos agrícolas, o apoderarse de ellos, para explotarlos. Lamentablemente, los países que fueron colonias europeas en siglos pasados han sido los más afectados por esa nueva guerra silenciosa por la disputa de materias primas y recursos naturales.

Aunque en México ya se tuvo un caso de conflicto por el control de la distribución del agua potable en una ciudad del estado de Morelos (en donde los recursos monetarios que generaba llamaron la atención de un grupo armado), por la información que se ha publicado hasta ahora, sucesos similares no se han repetido, lo que de ninguna manera asegura que no existan otros casos en la República parecidos al mencionado. Más al sur del continente, en Colombia, grupos paramilitares se apoderaban de la explotación de la palma africana, contratados por terratenientes de la región para custodiar la producción de esa planta (Eco portal Net).

En donde han llegado a la barbarie es en países como Yemen y Palestina. Hace algún tiempo, el informe Estrategias de la Coalición en la Guerra de Yemen reportaba que los campos agrícolas eran los objetivos de bombardeos y ataques con misiles. La perversa estrategia por la lucha en el poder era destruir las fuentes de alimentación de la población (se calcula que 75% de ella es víctima de hambre y desnutrición) y para aislarla del resto del mundo se tiene militarmente bloqueado el puerto marítimo por donde ingresan las importaciones al país. Con ello, el éxodo de migrantes se multiplica hacia ciudades del viejo continente: los países europeos han mantenido una política de asilo al migrante, muy estricta y selectiva, a pesar de que históricamente ellos son corresponsables de las revueltas y guerras internas que suceden en sus excolonias.

Esos ejemplos traen a la memoria la célebre frase de un político mexicano de antaño: lograr la soberanía alimentaria de México, mediante la intervención del Gobierno en la producción agrícola. Durante la década de los 70, y principios de la siguiente, se estructuró un programa que permitía a los agricultores que usufructuaban el ejido -es decir, la llamada, tiempo después, agricultura social, que no dependía del riego de pozos hídricos, sino de la temporalidad de las lluvias- acceder con sus productos a una especie de sui generis mercado que era regulado por Conasupo, dependencia estatal que fijaba los precios (compra) de garantía de los principales productos del campo, que generalmente eran diferentes a los precios del mercado.

Durante algunos años el sistema funcionó, particularmente en incrementar los niveles de producción, porque la derrama económica no fue suficiente para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, no hay que perder de vista que todavía no se firmaba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. La economía mexicana permanecía en muchos sectores aislada del comercio exterior. Con la firma del mencionado acuerdo,  las condiciones para la agricultura nacional han cambiado diametralmente, el campo requiere de nuevos esquemas que consideren las nuevas formas de producir, en donde la tecnología juega un papel preponderante en la mejora de la productividad rural.   

Desde que inició la Administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, ha estado en la palestra por las críticas y señalamientos de periodistas y expertos en materia de energía.

Desde hace varios decenios, la exportación de petróleo fue una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno federal (estimaciones conservadoras calculaban que más de 40% de lo recaudado por la administración hacendaria provenía de Pemex). Las coyunturas que se presentaron como el descubrimiento de grandes mantos petrolíferos (Cantarell) y el aumento en los precios internacionales del crudo permitieron encubrir los problemas estructurales que padecía la empresa.

Si bien es cierto Pemex fue desatendida en el pasado, con severos recortes presupuestales, descuidando la financiación de nuevos proyectos para exploración, mantenimiento y modernización de las refinerías, ello, de ninguna manera, justificó que nunca se pensara en su reestructuración. Siempre se dejó de lado el poder desmedido de su sindicato, su desproporcional endeudamiento, sus pasivos laborales y baja productividad de sus trabajadores. Infortunadamente, siempre se consideró como un alfil político del Gobierno, que acomodaba a sus dirigentes sindicales y directores de acuerdo con su beneficio político, sin importar en lo más mínimo su rentabilidad económica.

En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se trató de paliar la situación financiera de la empresa mediante la reforma energética, utilizando a la inversión privada (compañías internacionales) para sustituir algunas funciones que en el pasado hacía. Ya en los círculos del poder se sabía de su deplorable situación financiera y se quiso tirar un salvavidas a la otrora paraestatal para su supervivencia, lo que se acompañó con la creación de un esquema de gobierno en donde asesores independientes intervinieran, a través de un consejo, en las decisiones que tomara la empresa. En otros términos, se buscó la descentralización del poder. Es probable que la propuesta que se tenía fuera factible económicamente, pero desde mi punto de vista fue tardía y no alcanzó a madurar bajo el régimen del PRI.

El problema de los malos manejos de los recursos públicos ha estado presente desde su creación. Se comenta que el único director que ha tenido Pemex, y que sabía sobre petróleo, fue Jorge Serrano, quien irónicamente terminó en prisión.

Fuera de ese personaje, el resto de los nombramientos han sido por amistad o intereses con el Presidente del país en turno. Históricamente y por desgracia, en esta nación la mayoría de las empresas públicas no ha sido bien administrada; culturalmente se asocia lo público con dispendio e ineficiencia económica. El sentido social que se pudiera tener rápidamente se diluye en malos servicios y bancarrotas.

Actualmente, la evolución tecnológica que se presenta con la utilización de energías alternas que sustituyan a las fósiles hace del petróleo un bien que, tal vez en el mediano plazo, empezará a perder relevancia en la industria. La globalización económica y financiera ha borrado en el mundo los proyectos nacionalistas, que estuvieron de “moda” a principios del siglo pasado. Los dos factores mencionados son realidades ineludibles que debe enfrentar la presente Administración federal, que diametralmente se oponen a las políticas que se están formulando para sacar de la crisis a Pemex. Recortarle impuestos y aumentar subsidios no resuelve el problema. Se requieren estrategias que la hagan competitiva en un contexto económico global cada día más complejo.

El término “nini” es un acrónimo castellanizado, relativamente nuevo en nuestro idioma. Apareció por primera vez en el siglo pasado, ya casi a finales del mismo, en Inglaterra. Se denotaba como “Not in Employment  Education or Training” (NEET) para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Como el apreciado lector identificará, no es sólo un problema exclusivo de México, sino de la mayoría de los países, lo que varía es la proporción de jóvenes que pasan por esta situación con respecto a la población total de cada país. De los grupos etarios de 15 a 24 años del mundo, de estos la cifra más alta de ninis se encuentra en los países ubicados en Oriente Medio y norte de África. Para 2010, en América Latina y el Caribe la cifra fue de 20.3%, por debajo de la media mundial.

Hay una correlación positiva entre oportunidades de estudio y trabajo con el dinamismo y crecimiento de la economía: a mayor ingreso per cápita del país, menor cantidad de ninis. No obstante, desde ya hace varios años los gobiernos de estos países han formulado programas para atender a esa población vulnerable. Sobresalen Alemania y Estados Unidos, que según la evidencia empírica, lo que han hecho para atender a este tipo de jóvenes ha funcionado bien, no han sido en balde los recursos públicos empleados, pues los resultados se han reflejado en un aumento de los cuadros con capacitación y estudio. En el vecino país del norte en particular, el objetivo es que los jóvenes no abandonen sus estudios por razones económicas.

En México, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es administrado por el Gobierno para capacitar laboralmente a los jóvenes, o también a aquellos interesados en seguir estudiando en alguna institución educativa pública. Lo que se ha implementado en el país es una adaptación y aculturación de los programas del extranjero sobre los ninis, de tal suerte que es uno de los programas sociales que más recursos absorben del erario: se estima que obtiene una bolsa de más de 100 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

La estructura operativa del programa será manejada por las secretarías del Trabajo y Educación Pública: la primera capacitará en aspectos laborales a 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, remunerándolos con una beca mensual de 3 mil 600 pesos, mientras que la otra dependencia solamente apoyará a 300 mil jóvenes con 2 mil 400 pesos por mes para que se incorporen a vida académica. La contraparte empresarial y educativa estará a cargo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Concamin, Canacintra y Coparmex, así como del Instituto Politécnico Nacional, Conalep y el Colegio de México. Como entes supranacionales participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unicef.

Las intenciones del Gobierno son aceptables, pues se trata de impulsar el desarrollo de los jóvenes, sin embargo, parece un programa todavía susceptible de mejorarse porque no dice mucho sobre el tiempo que durará la beca, en el caso de los estudiantes, y qué requisitos se les pedirán que cumplan al estar subsidiada su manutención. Otro aspecto importante es el estudio socioeconómico que guardan los ninis en México, al parecer no pertenecen a las clases sociales más desprotegidas, sino que se mantienen en un estatus económico medio y bajo, en donde logran sobrevivir gracias al apoyo de sus padres o de algún familiar. Las clases más populares, generalmente, se encuentran laborando en la economía informal, muchas veces en actividades ilícitas que lamentablemente nutren a las organizaciones del crimen organizado.      

Antes de 1970, el modelo económico que seguía el país, que era similar al que llevaban otros estados latinoamericanos, funcionaba aceptablemente porque el contexto mundial también lo favorecía, los avances tecnológicos no eran tan vertiginosos como en la actualidad, lo que permitía una mayor “independencia” de los países con respecto al comercio y flujo de capitales con el resto del mundo. En ese lejano entonces, el Gobierno emanado del PRI tenía una gran injerencia en el crecimiento económico y una de sus mayores intervenciones era a través de la inversión pública, que contribuía a que la tasa del PIB fuera en promedio mayor a 5% anual.

Para la clase media alta y alta mexicana fue una época dorada, particularmente por el amplio poder de compra que tenía el salario o ingreso personal; la moneda mexicana incluso se utilizaba en los contratos de préstamos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y España. La rectoría del Estado llegaba hasta los extremos de poseer salas de cine que administraba, y subsidiaba, aunque nunca representaron una competencia fuerte para los cinemas privados porque estaban destinadas a un sector muy específico de la población. La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trata de retomar algunas de aquellas políticas públicas exitosas a pesar de las grandes diferencias económicas mundiales que existen entre aquel nostálgico pasado (para algunos adultos mayores) y el contexto presente.

En relación con ello está el subsidio al que se comprometió otorgar el Gobierno (anterior) de la Ciudad de México para que el Gran Premio de México de Fórmula 1 se lleve a cabo anualmente; el contrato estipulado tiene una vigencia de 5 años, de 2015 a 2019 y la aportación pública anual para la carrera es de alrededor de 400 millones de pesos. No obstante, la actual Administración de la ciudad parece ser no está dispuesta a renovarlo en 2020. Para la nueva jefa de gobierno es un gasto oneroso y prefiere canalizar esos recursos a otros fines, aunque no necesariamente se apliquen en la capital. Se habla de que esos recursos podrían encauzarse en apoyo de la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, el efecto multiplicador que ha tenido la “inversión pública” en la competencia automovilística también debe tomarse en cuenta en la decisión gubernamental. Según algunas agencias especializadas en administración y mercadotecnia, los beneficios económicos en cuanto a consumo de bienes y servicios turísticos fue mucho mayor que el subsidio estatal. En otras palabras, el evento ha sido rentable para el sector comercio, e indirectamente también incrementa la recaudación pública. Este caso nos recuerda el de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, particularmente por el trasfondo político que tiene.

En las políticas públicas que ha formulado el actual Gobierno federal se aprecia una separación grave entre lo político, técnico y económico cuando se proyecta alguna obra o evento. Tal parece que los criterios que privan en el Gobierno son presidencialistas, se forjan en ideologías y creencias muy particulares, desfasadas de la realidad nacional y que desatienden las opiniones de los especialistas. Los secretarios de Turismo y Economía hasta la fecha no han externado su opinión sobre el tema de la Fórmula 1. Tal parece que regresamos a los tiempos del viejo PRI, cuando la figura del Presidente era intocable y no tenía contrapesos en su forma de gobernar.