Sin lugar a dudas la experiencia vivida en 2020 fue totalmente atípica en comparación con las actividades productivas que regularmente se llevaban a cabo en la economía nacional y el resto del mundo. El balance económico general ha sido negativo porque el PIB mundial es muy probable que vaya a decrecer alrededor de 45, y la economía mexicana también descenderá, pero en una proporción mayor; sin embargo, la pandemia aceleró el uso de nuevas tecnologías en los procesos educativos e industriales, que se reservaban para un futuro no inmediato, aunque los resultados de ello se reflejarán en el mediano plazo. En el caso de la economía nacional, los desafíos que tiene para el próximo año serán complejos, pero con probabilidades de superarlos, siempre y cuando se dé una coordinación entre Gobierno e Iniciativa Privada, particularmente en la formulación de políticas de inversión.

Desde el punto de vista económico y político, y de acuerdo con la lente personal con que se visualiza el entorno económico, los principales desafíos serán 1). romper la cadena de contagios por el Covid-19. La asociación intrínseca (dada por la pandemia) entre actividades productivas e infectados por el virus, que llevó a la casi paralización de varias ramas de la economía nacional, requiere de políticas públicas más agresivas, que incluyan el contrato con otras farmacéuticas que vayan también a la vanguardia en el descubrimiento del antídoto contra el Covid-19, que permitan una cobertura mayor y más acelerada en el proceso de vacunación, y así aumente la probabilidad de que existan mayores intervalos de confianza en la efectividad de las mismas, al haber más opciones para la  Secretaría de Salud y los candidatos a vacunarse.

Al frenar la pandemia o al menos suavizar los estragos que causa en la población, se detonará la confianza en los consumidores para “gastar” en consumo, esparcimiento y otros sectores demolidos por ese “jinete apocalíptico”. 

2). Que el Congreso de la Unión considere los argumentos de los sindicatos patronales antes de aprobar la ley sobre la subcontratación de los trabajadores. Que priven las razones técnicas y económicas sobre las ideológicas. El outsourcing se da en todas las economías desarrolladas. Se puede regular, mas no eliminar.

3). Destinar más recursos públicos y privados a la inversión en obra pública y en proyectos (energía, aeroespaciales, nanotecnología…), en donde participen inversionistas y Gobierno.

4) Cuidar la calificación de Pemex por las calificadoras internacionales e iniciar un cambio en las políticas petroleras; en cuanto a las refinerías, en el mediano y largo plazo reconvertir algunas en petroquímicas. Eso genera confianza en el sector externo.

5). Formular políticas “verdes”, que propicien paulatinamente la des-carbonización de las energías.

En materia política, 1). en las votaciones del próximo año, repensar el voto, para poder tener contrapesos al Poder Ejecutivo.

2). Respetar la autonomía del INE, Banco de México, Inegi…

3). Revisar las funciones que hacen los organismos de acceso a la información en cada entidad federativa, pues hay evidencias de que su trabajo se politiza, y sus tareas son realizadas por otras dependencias, pero representan gastos, quizá innecesarios para el erario.

4). Frenar la escalada de las Fuerzas Armadas en la economía nacional, sobre todo en actividades que por décadas habían manejado los civiles.

5). Que el Congreso proponga auditorías sistemáticas a la Sedena y Semar (se manejan con recursos públicos).

Los patógenos contagiosos han acompañado siempre a la historia de la humanidad y muchos portadores (seres humanos) que los transmitían a la misma especie, vivieron antes de la era cristiana (a.C). No obstante, en la Edad Media, las pandemias ampliaron su cobertura geográfica con el desarrollo del comercio entre Europa y Asia, las guerras y el trasiego de esclavos desde África, entre otros factores, que influyeron para que la viruela, la peste bubónica, la lepra y la gripe española, entre otros azotes de la salud del hombre, se extendieran por varios continentes. A América llegaron a través de los conquistadores europeos, quienes además de depredar los recursos naturales, quebrantaron la salud de los nativos americanos.

Pero vale la pena situarse en el contexto geográfico y médico de la viruela, porque su estudio fue un parteaguas en la medicina: a raíz de su combate surgieron las vacunas, que permitieron que se crearan en el futuro nuevas especialidades en la medicina. Las deplorables condiciones socioeconómicas en que vivieron los europeos, especialmente los siervos y citadinos bajo el modo de producción feudal, fueron el caldo de cultivo o detonante para que la viruela (llamada así por el virus que la produce: variola) diezmara la población. Se calcula que en el mundo murieron millones de personas, y el siglo 20 no fue la excepción, o al menos hasta la década de los 80, pues a partir de esa fecha, según algunas agencias de salud internacionales (OMS, OPS) los contagios y muertes por viruela quedaron erradicados.

El descubrimiento de la vacuna fue a raíz de la observación del comportamiento de los ordeñadores de vacas en los establos de Inglaterra, mujeres y hombres que permanecían inmunes ante el virus de la viruela; aunque se contagiaban de  una enfermedad del ganado vacuno que se manifestaba con pústulas en la piel de los animales. El contagio ocurría cuando esos trabajadores manipulaban las ubres de las vacas para extraer la leche. La razón la descubrió el científico inglés Edward Jenner (1749-1823), cuando asoció la enfermedad de esos mamíferos con el virus de la viruela. Eso le bastó al médico para obtener de la superficie cutánea de las vacas, el virus (vaccinia), que posteriormente suministró a los humanos, con lo que salvó muchas vidas de ese “jinete apocalíptico”. De ahí el nombre de vacuna, palabra procedente de vaca.

Si se hace una comparación solamente estadística, considerando al hombre como un número, los estragos que produjo la viruela en la humanidad fueron superiores a los que está causando el Covid-19, recordando que en esa época la población mundial fue mucho menor que la actual, aunque el modus vivendi de los pobladores de la Tierra y la ciencia médica eran muy diferentes a las de hoy.

Hoy, la buena noticia es que el Gobierno federal compró 34 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, a un laboratorio estadunidense alemán, que se aplicarán al personal de salud de la Ciudad de México y Coahuila, en una primera fase. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado la logística y las redes de distribución para el suministro de la vacuna, aunque sin duda, a manera de “piloteo”, la experiencia en Coahuila abonará para corregir las probables fallas en la aplicación a nivel nacional del esperado antídoto.

La Universidad Autónoma de Coahuila se organizaba en 1957, siendo gobernador del estado don Román Cepeda Flores (1951-57). Años más tarde lograba su autonomía, para ser precisos en 1973. Tres años después nacía el Sindicato de Trabajadores (STUAC), que agremia a docentes, empleados administrativos y manuales. Desde que inició sus actividades académicas, la Universidad ha ofrecido un plan de pensiones para sus trabajadores, quienes decidían si se afiliaban al IMSS u optaban por la seguridad social estatal, a través de Dipetre, pero a partir de 1994 ese sistema dual desapareció y la única opción para el empleado que se incorporaba a la UAdeC era el Seguro Social.

Según recomendaciones de una consultaría actuarial, el fondo de pensiones del Estado se cerraba, es decir, paulatinamente se extinguiría a medida que fueran muriendo sus integrantes. Las razones técnicas, económicas y políticas de esa decisión no han sido claras y de dominio de la base trabajadora. Lo lamentable es la falta de previsión de las administraciones rectorales en no haber establecido un fondo de pensiones, calibrado con modelos estadísticos, que regularan las contrataciones, jubilaciones y pensiones, que probablemente hubiera evitado la incertidumbre que se genera entre los jubilados del Estado cada mes, sobre si recibirán su pago, devengado por varias décadas de trabajo.

Otra característica del “Alma Mater” es su estructura orgánica, con tres coordinaciones universitarias -en Torreón, Saltillo y Monclova-, las cuales representan tres pequeñas vicerrectorías, que cumplen funciones semejantes a las que realiza Rectoría y a las dependencias administrativas de la misma. Quizá en los creadores de ese añejo modelo universitario, como jóvenes, todavía quedaban ecos del movimiento estudiantil del 68, y pensaban en contrapesos al poder central, diseñando consejos universitarios en cada coordinación, que permitieran una mayor descentralización de las decisiones administrativas y políticas, acordes a las características y necesidades de cada región de la entidad federativa.

Los sueños e ideales de los estudiantes de aquella bella época han pasado, y el siglo 21 exige cambios estructurales en el ámbito académico público, uno de ellos, en la eficiencia y productividad de los recursos públicos. Las precarias condiciones socioeconómicas actuales del país demandan de las universidades públicas, la implementación de una reingeniería financiera, técnica y ética; las asimetrías en los tabuladores salariales entre los funcionarios y profesores de tiempo completo (PTC); la relación estadística entre empleados administrativos y docentes; la relación gasto corriente-inversión, son variables, entre otras, susceptibles de evaluarse y en su caso modificarse.

Desde su autonomía del Gobierno (1973), la UAdeC ha mantenido una estructura político-administrativa que considera la elección de sus rectores y directores de las diferentes facultades y escuelas, mediante el voto universal, secreto y directo sufragado por  maestros y alumnos. En la década de los 70, varias universidades públicas del país tenían un sistema político parecido a la Universidad que nos ocupa; no obstante, con el transcurrir del tiempo, esa forma de gobernarse casi ha desaparecido del contexto de educación pública superior en México.

Ese sistema tiene la particularidad de no incluir a los trabajadores no académicos en la justa electoral, ni de ponderar el sufragio emitido. Tiene el mismo “valor”  el voto de un alumno de preparatoria, por lo general menor de edad, que el de un maestro investigador con posgrado, se contabilizan por igual en los procesos electorales, que sin duda pueden quedar expuestos a intereses políticos extrauniversitarios. Modelo de gobierno, sin duda sui géneris para nuestra época por la serie de cambios vertiginosos que han ocurrido en el campo de la administración de la educación y en el avance de la democracia.

Desde hace tiempo se discuten en círculos académicos y políticos las funciones que tiene el Banco de México, desde que el Congreso de la Unión (Cámara de Senadores) ratificó su autonomía del Gobierno federal a propuesta de la administración del presidente Carlos Salinas (1988-94). En México, como en otros países con economías similares, sus actividades prioritarias se enfocan a la estabilidad monetaria, a través del control del circulante monetario y la tasa de interés, además de la observancia de un tipo de cambio (generalmente peso/dólar) que no presente caídas o aumentos bruscos y excesivos, variables que sin duda permiten, en general, un mejor control de la inflación.

Los debates sobre el banco, que dirige el maestro Alejandro Díaz de León, surgen de si tal institución debería ampliar sus funciones en cuanto a impulsar también el crecimiento económico, como lo tiene por norma la SHCP, o debe permanecer con los mismos objetivos que ha desarrollado hasta la fecha. Algo que puede abonar a ese debate, para que el lector de esta columna tenga una idea más clara sobre ese asunto, es la entrevista que concedió a los medios de comunicación, hace algunos días, uno de los subgobernadores de Banxico, en donde comentó sus puntos de vista sobre el comportamiento económico del país para finales de este año, y que en ocasiones -por razones políticas o ideológicas- algunos comentaristas en la materia omiten hablar de lo que se transmite en canales de televisión del Estado porque la información divulgada puede estar sesgada en favor de la política económica que formula la SHCP, con la autorización del Presidente de la República.

Parafraseando lo que dijo a través del método socrático de la mayéutica: ¿Está de acuerdo con la función monetaria que cumple actualmente el banco? Antes de contestar la pregunta, es conveniente recordar que en economía se dan los matices, es decir no todo es negro o blanco; a pesar de priorizar el control inflacionario, el banco, también considera el crecimiento económico, es decir no lleva una política monetaria a rajatabla, ortodoxa. Y la evidencia se presenta porque contribuye a dinamizar las actividades económicas bajando la tasa de interés, que es la que consideran las instituciones financieras comerciales y públicas como base para añadirle otros costos administrativos y técnicos, y ofrecerla como costo a los créditos que solicita el consumidor, o bien como premio al ahorrador. En los hechos, eso ha resultado benéfico, al menos en el área metropolitana de Monterrey, donde se han incrementado los créditos hipotecarios por la disminución de los réditos. Sin embargo, vale la pena decir que las tasas hipotecarias que maneja el Infonavit superan por varios puntos a las del mercado.

¿Los organismos multilaterales (FMI, BM, BID…), tienen una agenda política que imponen a las economías emergentes cuando solicitan un crédito? Es prudente aclarar que, más que agenda política, tienen intereses de mercado; y por otra parte, generalmente han sido las economías subdesarrolladas las que acuden a ellos. Y por la experiencia que han tenido algunos países del cono sur, enfrentarlos desconociendo los acuerdos establecidos, ha sido desastroso para la vida social de sus habitantes.

¿Qué estimación tiene para el PIB de México en 2020? De acuerdo con información que recoge el banco central entre el sector empresarial, la caída del PIB será en un rango de -8.5, a -9 por ciento. Sin duda, un retroceso muy significativo en gran medida achacable a la pandemia del Covid-19.

¿Está de acuerdo con el Presidente de la República en no endeudar más al país con préstamos del exterior?  Mi posición es que la economía todavía tiene capacidad de endeudarse, siempre y cuando lo haga en sectores muy focalizados, que permitan un retorno de la inversión en el mediano o largo plazo, independientemente de si es en sectores productivos o sociales. A manera de “pie de página”, sin que esto desmerezca u opaque la brillante carrera profesional del entrevistado, su esposa es parte del gabinete de la 4T.                             

Después de varios días de discusión se aprobaron en el Congreso de la Unión algunas reformas, entre ellas, la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública (IEHP), que sustituye al Centro de las Finanzas Públicas. El cambio puede ser intrascendente si se sigue con las mismas políticas de carácter indicativo que solía proponer el organismo que desaparece, solamente recomendaciones que no pasaban de los escaños y curules que ocupaban los integrantes de las cámaras.

La legisladora que presentó la iniciativa, que fue aceptada por el pleno, hizo hincapié en que no solamente es la modificación de siglas, sino que se pretende establecer el Consejo Fiscal, auspiciado por tal Instituto. El Consejo Fiscal es una figura que opera ya en varios países del mundo. Chile es uno de ellos, nación latinoamericana con más experiencia en la regulación fiscal. Se debe reconocer que por el tamaño de ese país, los ajustes gubernamentales que ha llevado a cabo han sido de inspiración para las finanzas públicas mexicanas.

Los expertos en este tema consideran que se justifica un órgano independiente del Gobierno y de cualquier instituto político, que estudie y corrija cualquier sesgo político que tengan las políticas fiscales formuladas por la SHCP y enviadas al Congreso para su aprobación y ejercicio en la economía del sector público. Es difícil que los políticos en el poder se sustraigan a la tentación de orientar las políticas hacia fines electorales cuando se avecina alguna elección en donde compiten candidatos de su partido político en el escenario local o nacional, que pueda provocar un mayor déficit fiscal, endeudarse en el presente, sin importar el cercano porvenir y las generaciones próximas. Ya en Coahuila se tuvo una amarga experiencia que dejó hipotecada por varias décadas la economía estatal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que los institutos se respalden por consejeros (expertos) que tengan varias funciones: por ejemplo, evaluar los resultados de las políticas fiscales y alertar sobre el carácter de las mismas, si son expansivas o restrictivas cuando el contexto económico nacional o mundial no es el adecuado para lo que está formulando el Gobierno. Un caso que sigue estando pendiente en la agenda fiscal es cotejar cómo ha impactado el incremento de los impuestos en el tabaco y en las bebidas edulcorantes en la salud de los mexicanos, particularmente en las clases más desprotegidas económicamente. Otro tema vulnerable en donde podría intervenir tal Consejo, es en la revisión del pacto federal, en donde la fórmula para distribuir los recursos fiscales a las entidades federativas es obsoleta, ya tuvo consecuencias políticas, fracturando la unidad de los gobernadores ante el Ejecutivo federal.

Si como se plantea, el IEHP dependerá del Poder Legislativo, las recomendaciones que haga ese instituto deberán respetarse, aunque políticamente sus argumentos no sean rentables ni se puedan capitalizar con votos. Si no se respeta su autonomía, no pasará de ser una oficina burocrática, sujeta a los vaivenes y caprichos de los partidos políticos. Las iniciativas que aprueban los diputados, muchas de ellas requieren de más tiempo de estudio para conocer los impactos que causarán en la economía. Una de ellas es la relacionada con la hacienda pública, en cuanto a ingresos y egresos.

Con una demografía de alrededor de 127 millones de personas, México se considera una nación muy poblada, y su superficie o territorio es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Al asociar estas dos variables, se obtiene la densidad de población promedio, que asciende a 64 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, el promedio es engañoso, en realidad, presenta regiones o zonas con poblaciones muy asimétricas geográficamente dispersas y de alta concentración, por ejemplo, el contraste que se muestra entre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y el estado de Chihuahua, cuya población relativa apenas llega a 14 habitantes por kilómetro cuadrado.

Como es bien sabido en los círculos académicos, las desigualdades en el ingreso también tienen consecuencias en variables demográficas y espaciales y el país no es la excepción, por lo que la información previa sirvió de base para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) elaborara un estudio sobre la competencia que se da en los supermercados que tienen presencia en el país.

En 2018, en la República el mercado de tiendas de autoservicio estaba conformado por 34 cadenas comerciales (que engullen 19% del ingreso de las familias), 5 mil 567 tiendas y 15 millones de metros cuadrados de espacio para la exposición de los productos al público consumidor (Fuente: ANTAD). De esa información, al ubicarla espacialmente, los estados del norte del país concentran la mayor cantidad de supermercados en relación con el resto de las regiones del territorio nacional.

El trabajo que realizó la Cofece para tratar de medir la competencia en este sector comercial consistió en dividir al país en polígonos que deslindan las áreas de influencia de cada tienda de autoservicio, para ello, recurrió a delimitar en el país cuatro tipo de regiones o áreas de influencia urbanas. El área de la ZMVM, que tiene una densidad poblacional superior a la media nacional, se conforma por municipios que están por debajo de la media nacional de la población relativa; y finalmente todos los espacios que quedaron fuera de la anterior clasificación.

Las conclusiones a que se llegaron fueron interesantes: 1) solo tres cadenas comerciales, dos nacionales y una extranjera cubren casi todo el mercado nacional de comercio al detalle, el resto tiene una participación regional, que comprende una o varias entidades federativas; 2) la concentración en solo tres organizaciones amplía el poder de mercado de estas, en perjuicio del consumidor y de los proveedores, al primero porque le reduce las posibilidades de buscar mejores precios y acota su diversidad de productos, mientras los abastecedores tienen poco margen para negociar mejores precios de venta de sus artículos, y 3) la atomización de la población en el país, hace que en más de mil 592 municipios no tenga acceso a algún tipo de formato de supermercado, de un total de 2 mil 458.

Asimismo, 4) mientras, del total de municipios, 255 disponen de un comercio de autoservicio; 5) el 10% de todos los supermercados en cualquiera de sus formatos, no tiene competidores en su área de influencia, y 6) las barreras a la entrada para establecer un negocio departamental, han sido elevadas, es decir lentas y costosas; se calcula que los permisos estatales tardan hasta un año para autorizar un nuevo negocio de autoservicio.

Una de las políticas que ha seguido el IMSS desde hace varios años es la prevención de las enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, que permite una mejor atención a los pacientes y disminuye los costos en la salud pública. Esa misma lógica se está usando en el combate a las pandemias. Estas suelen aparecer en el planeta en forma impredecible o racionalmente, con determinada regularidad, es decir, para algunos investigadores se presentan en ciclos, que permiten tener algunas estimaciones de cuándo surgiría la próxima que afectaría a la humanidad.

No obstante, el doctor D. Redding y su equipo de trabajo, quienes laboran en un centro de investigación universitaria en Inglaterra, están desarrollando un modelo para la prevención de las mismas, un proyecto de gran envergadura que amerita la coordinación internacional. Se trata de un sistema electrónico que permite estudiar el comportamiento de variables como el crecimiento urbano, la deforestación, los tipos de hábitat y los movimientos de los animales huéspedes de virus o bacterias, entre otras. El modelo ha tenido éxito al pronosticar tres lugares en donde aparecería el brote del virus o la bacteria, y fue totalmente asertivo; sin embargo, todavía requiere de algunas calibraciones para calcular el tiempo cercano en que surjan las próximas, pero sin duda es un buen adelanto para prevenir.

Otro avance relevante es el acervo zootecnista que recolectó un laboratorio especializado en virología: más de 2 millones de muestras de saliva y moco de diferentes especies de animales que portan “bichos” que pueden transmitirse al ser humano. El caso más documentado es el del ébola, cuyo polígono de riesgo geográfico se tiene identificado. Inclusive, un científico habla de que existen 4 mil 500 tipos de coronavirus y, según él, es factible documentarlos y así estar preparados para extinguir a tiempo cualquier brote.

Desde una óptica biológica y zootecnista, el problema de fondo radica en el consumo acelerado de carne de animales, el cual de 1961 a la fecha ha aumentado más de cuatro veces a escala planetaria, y por otra parte el mundo animal, conformado por aves, mamíferos, peces, etc., se ha reducido ostensiblemente, además de que la sobreexplotación, el aumento de las fronteras urbanas, de sembradíos y pastos, en detrimento de los bosques y selvas, han traído una exposición más frecuente del hombre ante los virus.

Con la información que se tenía hasta antes de la pandemia, los institutos de ciencia especializados en virología pretendían elaborar un atlas de riesgo para todo el mundo, en que cada Gobierno esté informado del avance de los patógenos que pueden afectar la salud de la humanidad. Desde la investigación zootecnista, generalmente los intereses económicos se subordinan a los científicos, en cambio, en el entorno económico, se pueden formar monopolios u oligopolios, a través de los laboratorios y farmacéuticas que serían los encargados de comercializar las vacunas, lo que compromete a las instituciones de salud pública a restringir las mismas y dificulta a la población el acceso a la salud.

Como una política de deslinde entre el modelo económico anterior (neoliberal) y el suyo -y de tratar de borrar todo vestigio de la Administración Pública pasada (2012-2018), el actual Presidente de la República decretó en abril del año pasado (2019) la desaparición de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), diseñadas para detonar el crecimiento económico de algunas entidades federativas del país, particularmente del sur sureste.

Se consideraban clústeres industriales y tecnológicos apoyados con incentivos fiscales e inversión privada, y se estimaba que la inversión del conjunto de los proyectos podría generar más de 350 mil empleos. Las causas de la cancelación del proyecto fueron escuetas, una de ellas se atribuyó a la corrupción. En aquel entonces, un funcionario público de baja jerarquía burocrática dijo que las ZEE serían “reemplazadas” por parques industriales ubicados en el Istmo de Tehuantepec, aunque eso no ha sucedido hasta la fecha.

Al iniciar 2019, se creaba la Zona Libre de la Frontera Norte en los estados que colindan con la frontera estadunidense. De los 43 municipios que conforman el territorio “beneficiado”, ocho pertenecen a Coahuila. Las políticas fiscales formuladas por la Secretaría de Hacienda se centraron en reducir el impuesto al consumo (IVA): los residentes de esa zona pagarían 8% en sus transacciones comerciales, mientras los ciudadanos del resto del país seguirían contribuyendo al fisco con 16% del valor de sus compras.

Por otro lado, el impuesto al ingreso (ISR) bajaba a 20% en relación con el nacional, que supera 30 por ciento. En cuanto al salario mínimo por día, se fijaba en 176 pesos, cifra superior en más de 40% al mínimo nacional. Además, en un futuro cercano se consideraba la homologación en las tarifas eléctricas y precios de las gasolinas y diésel con las que pagan los consumidores en las ciudades americanas fronterizas. Se consideraba que al desaparecer las asimetrías, sobre todo en los precios de los combustibles, disminuirían los incentivos para que las familias en México consumieran en Estados Unidos y así aumentaran las ventas en la zona mexicana. Y por otro lado, que las empresas localizadas en esa región fueran más competitivas, al menos en reducir sus costos en energía eléctrica.

Una de las etapas o fases en los procesos de planificación, es la evaluación de los programas, en los horizontes de tiempo que se consideren más apropiados, respetando los periodos de maduración de los proyectos. Meses después de la formación de las ZLFN, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) llevó a cabo una investigación de cómo estaba impactando el aumento salarial  en el nivel de empleo de la zona. Uno de los resultados fue que la tasa de crecimiento del empleo, según los datos que mostraba el IMSS, no había disminuido, llegando a la conclusión de que no siempre aumentos salariales provocan inflación y desempleo. Además, investigadores indicaron que el poder adquisitivo de los trabajadores se vio favorecido con el incremento en sus ingresos, que fue superior a 6%, en referencia a los asalariados del resto del país.

Si se abre más la perspectiva para el análisis, se podrían enriquecer futuros estudios sobre esa temática, y más ahora que se pretende llevar ese programa a algunos estados de la frontera sur del país. En primer lugar, sin dudar de la capacidad y ética de los involucrados en el desarrollo del trabajo, se debe tomar en cuenta que la Conasami depende de la Secretaría del Trabajo, que obviamente es un ente oficial, y considerar un lapso más amplio. El mediano plazo puede ayudar a ratificar los resultados obtenidos en el primer trabajo, o a invalidarlos. Segundo, al incorporar al Gobierno de cada estado en el estudio, en cuanto al comportamiento de la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales antes y después de las ZLFN, sería un indicador útil para evaluar con más profundidad dicha región.

La comunidad científica ha participado en el diseño de vacunas que han erradicado o al menos neutralizado enfermedades que diezmaban a la población en el mundo. La historia médica acerca de las inmunizaciones es amplia y narra los obstáculos que enfrentaron los especialistas clínicos antes de sacar al mercado sus descubrimientos.

En ocasiones se presentaban virus que mutaban ante los cambios climáticos, formando nuevas cepas que volvieron ineficientes los primeros antídotos descubiertos. Así fue el caso de la vacuna contra la gripe, antes de que se conociera que el cuadro gripal se componía de un par de virus (A y B), y que su comportamiento era impredecible en el futuro, de ahí que las nuevas vacunas contra la influenza se elaboren cada año y estén en función de las probabilidades de que aparezcan las cepas consideradas en la estructura de la vacuna, las cuales se tipifican según la información estadística que se tenga a escala planetaria del comportamiento estacional del virus en el ser humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la responsable de recopilar tales datos. También hay epidemias como el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS), que durante 2002-2004 tuvo su mayor incidencia y letalidad. El sector salud trató de contenerla, de acuerdo con los tiempos que exigían los protocolos establecidos: diseñando vacunas y pruebas exitosas de su efectividad. No obstante, el producto y la patente nunca llegaron al mercado, ya que no fue necesario por la reducción casi “natural” de la propia enfermedad. Lo que invirtieron en investigación los laboratorios, farmacéuticas e institutos de ciencia públicos, simplemente fue a parar a fondos perdidos.

Estos son algunos ejemplos que pueden ilustrar lo complejo que es el proceso que lleva a patentar el medicamento responsable de proteger al hombre contra algún virus o bacteria. El negocio no siempre es rentable, lo que debe estar presente en las mentes de los CEO, que dirigen las compañías transnacionales farmacéuticas. Hasta marzo de este año había 40 empresas y centros de investigación a nivel mundial que trabajaban en una vacuna en contra del Covid-19, algunas apoyadas con recursos públicos.

Una mezcla tóxica: salud, política y economía.  La pandemia causada por el Covid-19 ha logrado enfrentar a estos tres sectores, causando un desequilibrio en el sistema capitalista vigente. Por lo sorprendente y desconocido del virus y sus mutaciones, la ciencia médica no ha podido responder, en tiempo y forma, como lo exigen los agentes económicos y políticos, con soluciones rápidas y eficientes que permitan reactivar el sistema económico y empoderar al sector político como artífice del desarrollo social de la población.

Los paradigmas y protocolos de investigación que había seguido la investigación para detener las epidemias y pandemias en el pasado, se han tenido que relajar ante las presiones económicas. Las consecuencias de ello no han tardado en aparecer: tres de los laboratorios más grandes de occidente han tenido que detener sus pruebas con voluntarios en la fase tres de las investigaciones, ya que de la muestra estadística, uno de los vacunados presentaba problemas en su salud.

La virulencia de la pandemia en las actividades productivas está enfrentando a los reguladores con los políticos, y el caso más escandaloso ha sido la confrontación que tuvo el Presidente de Estados Unidos con el médico estadunidense y también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aunque también destacan los casos de los mandatarios de Brasil y México, que estuvieron minimizando la gravedad de la pandemia.

Lamentablemente, el futuro cercano para la humanidad es incierto: el desarrollo o no de la memoria inmunológica de los vacunados sanos de las poblaciones satélites; la aparición de rebrotes acotados a determinados lugares o durante todo el año en cualquier región; la inmunidad colectiva y las reinfecciones, son algunos de los factores que podrían vislumbrarse acerca del comportamiento del Covid-19. Con certeza, solo se sabe que el virus avanza con rapidez, y todas las expectativas giran en torno a tener la vacuna lo más pronto posible.                     

Mucho se habla de la bancarización en México. el término se refiere a la población que dispone de un producto financiero o bancario que le permite acceder, por lo menos, a una cuenta o inversión en la banca comercial. De acuerdo con cifras que publicó el Inegi en un reporte reciente, 68% de la población mexicana dispone de alguno de esos servicios, pero el resto (32%) todavía no tiene relación directa con cajeros bancarios automáticos, particularmente aquella que labora dentro de la economía informal, que implica que todas o la mayoría de sus transacciones comerciales las lleva a cabo con monedas y billetes, con excepción de los involucrados en las actividades clandestinas (ilegales). Son generalmente hombres y mujeres que reciben ingresos bajos por realizar tareas económicas poco productivas, servicios domésticos, labores de jardinería, carpintería, herrería, entre otras, de pequeña escala.

Una de las ventajas de seguir utilizando efectivo para las compraventas de bienes y servicios, es el control que se puede tener sobre los ingresos, teóricamente se gastaría en función de la capacidad de pago, no se endeudaría, al menos con tarjetas de crédito, las cuales se ofrecen para que el usuario rebase con facilidad sus límites de suficiencia económica. Aunque este sector de la informalidad, que cohabita junto a las actividades reguladas del país, representa una minúscula proporción, no está sujeto a ningún régimen de fiscalización hacendaria, ni de prestaciones sociales. Tampoco está comprometido con alguna institución bancaria, en el sentido del pago de comisiones, intereses, etc.

Con el transcurso del tiempo, y gracias a las innovaciones tecnológicas, es probable que el dinero plástico y los activos electrónicos (criptomonedas) reduzcan el uso cotidiano del efectivo (dinero), pero es muy improbable que desaparezca del mercado por varias razones: 1.) Señoreaje, no se refiere a la acepción clásica de la palabra (tiranía), sino a un concepto económico que se traduce del idioma italiano, para señalar las diferencias entre el valor numeral (nominal) del billete y su costo de elaboración, cuya principal materia prima es plástico, papel y tinta.

De acuerdo con fuentes especializadas en México, la impresión de billetes, independientemente de su denominación, tiene un costo estimado de 80 centavos por cada papel-moneda. Y la impresión anual de billetes alcanza alrededor de mil 320 millones de todas las denominaciones de curso legal en nuestro país. La diferencia entre el costo (intrínseco) de producirlo, y su valor numeral, siempre da un valor positivo, que es recabado por la institución que los emite, que es el Banco de México. Una fuente de ingresos que se puede considerar como un tipo de utilidad, aunque tal banco no persigue fines de lucro, pero el ser monopolista del dinero le da ese derecho, que posteriormente puede transferir a la Secretaría de Hacienda. Los académicos e investigadores lo consideran como un tipo de impuesto que paga la sociedad, y puede llegar a representar algunos puntos porcentuales del PIB.

2.) Economía subterránea. Las operaciones que se realizan con efectivo, cuando “respaldan” actividades ilícitas proscritas por la ley (narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas…), son difíciles de seguir; la ruta del dinero y sus derivaciones se vuelven difusas porque no generan circuitos financieros. En los negocios “oscuros”, generalmente se coluden los delincuentes y las autoridades encargadas del orden público de cualquier nivel, hasta políticos que aprovechan sus puestos para obtener ingresos adicionales al salario oficial. Las sociedades transparentes, solo en las noveles existen, de ahí que prevalezcan por largo tiempo las remuneraciones en efectivo en billetes de baja denominación.

Hace tiempo hablaba con un profesor universitario holandés, acerca de las asimetrías económicas entre los Países Bajos y las economías latinoamericanas; aunque históricamente y antropológicamente, las comparaciones entre estas naciones, no son válidas por las razones que estas ciencias sociales explican muy bien; lo que me llamó la atención de aquella charla, fue la referencia que hizo sobre México, diciendo que en nuestro país, estaba todo por hacerse, a diferencia de Holanda, en donde existen manuales para todo, y los estándares de calidad de vida son superiores al nacional; Holanda está ubicada entre los 10 países más felices del planeta, posición que mantiene desde hace varios años.

El tener resuelta la vida económica, o al menos a la presentación continua de oportunidades para ascender en la escala social, hace que la vida para ellos, sea menos intensa y más placentera, quizá por el avance tecnológico y el tamaño de la población, que implica para los ciudadanos de esa parte de Europa adquirir con menos esfuerzo los satisfactores básicos para la existencia; en cambio en los países que nos ocupa, generalmente, el esfuerzo por adquirir activos se traslada a un tercero, quien teóricamente es el proveedor responsable de aquel servicio o bien faltante: Vestigios del colonialismo.

Además de las carencias económicas que enfrentan los países de lengua española de este continente, un rasgo cultural que aún persiste entre la población es el paternalismo, que proviene desde la colonia, y que los gobiernos mexicanos contemporáneos se han encargado de fortalecerlo y diseminarlo.

Con la llegada de la pandemia al continente americano, se han manifestado varias voces de líderes políticos y académicos que en determinado momento de su vida ocuparon cargos públicos de relevancia; la mayoría de ellos, coinciden en una intervención directa del Gobierno, inclusive recurrir al crédito exterior (endeudamiento) para la reactivación de la economía, y así sacarla de la profunda recesión. Un ejemplo es el caso del presidente de Costa Rica, que quizá pensando veladamente, en una recompensa de los países conquistadores hacia los conquistados por los saqueos cometidos, propuso un préstamo de las economías desarrolladas a las naciones periféricas o subdesarrolladas, que se han visto desequilibradas en sus presupuestos públicos por la pandemia del coronavirus, particularmente aquellas que dependen de los servicios turísticos, como las islas del Caribe.

La cobertura del crédito es de medio trillón de dólares, que representa el 0.7% del PIB de las economías más avanzadas y grandes a escala planetaria (específicamente aquellas que participan con el 80% del PIB mundial), porcentaje que si se analiza desde la perspectiva del PIB de cada país involucrado, no es significativo, pues destinan un gasto mucho mayor al presupuesto militar: El plan de pago contempla, un plazo de hasta 50 años para rembolsarlo, con tasa cero de costos financieros e intereses.

Las economías emergentes también están consideradas en el radar de la solicitud, con excepción de China e India; según la Cepal, los países de ingresos medios (entre ellos México), adeudan 96% del total de la deuda de todos los países subdesarrollados del mundo. La solicitud del Mandatario costarricense tiene varias lecturas, una de ellas, tal vez la más cáustica, se considere solo como un sueño y hasta bizarro, de recurrir a la ayuda internacional, como “salvavidas” para enfrentar los estragos postCovid. Sin duda, todavía permea en la mente de los políticos jóvenes latinoamericanos, ese sentimiento que se ha transmitido de generación en generación de seguir considerándose víctimas de un pasado turbulento, caracterizado por la violencia y rapiña.

Uno de los temas más urgentes que deben aparecer en la agenda política, y resolverse, o al menos plantearse propuestas razonables para discutirse en el Congreso de la Unión, es el sistema de pensiones en México, cuya reforma de 1997 ya resultó insuficiente y, de no formularse políticas de reestructuración, se encamina a la insostenibilidad económica y política.

La presente Administración pública ha estado tratando, indirectamente, de paliar la debacle. A su inicio, se propuso y logró un incremento a los salarios mínimos de los trabajadores que subsistían con ese ingreso, además de mantener sin cambios las tasas impositivas de consumo e ingreso, así como la implementación del programa social 68 y más. Solo fueron paliativos, pero de ninguna manera llegaron al fondo del problema y se sigue considerando al sistema pensionario “como una bomba de tiempo”, vulnerable al comportamiento demográfico de la población.

Sin embargo, hace algunas semanas el Gobierno presentó, en acuerdo con el sector empresarial del país, una serie de cambios en la ley de pensiones y en particular en la del IMSS, los cuales recientemente envió a la Cámara de Diputados para su discusión. Pero los sorprendidos fueron los propios empresarios, quienes se percataron de algunos cambios que se hicieron después de lo acordado con el Gobierno. Antes de ello, las gestiones y arreglos políticos habían tenido éxito, que se mostraba con el incremento de las cuotas patronales al Seguro Social, las cuales pasaban de 5.15, a 13.87% de los montos respectivos de sueldos y salarios; desde luego los aumentos serían paulatinos, para iniciar en 2023 y concluir en 2030.

Regulación de precios. El desacuerdo entre Gobierno y empresarios se debe al control o tope que quiere establecer la SHCP a las comisiones que cobran las Afores por administrar el ahorro a los trabajadores. Históricamente, el porcentaje de las comisiones ha venido disminuyendo desde 1997, año en que se organizaron las administradoras financieras privadas de fondos. Los márgenes de beneficios fueron menguando, no por decreto oficial, sino por las condiciones imperantes en el mercado, que se volvió más competitivo y se consolidaba.

Para algunos actuarios y economistas, la fórmula que quiere aplicar el Gobierno para calcular el monto de las comisiones no es la correcta, pues se fundamenta en un promedio resultante de lo que cobran tres países: Estados Unidos, Chile y Colombia. Aunque el modelo chileno sirvió de inspiración para formular el mexicano, no por ello se debe considerar como referencia para el cálculo de las comisiones. En cuanto a las otras dos naciones, sus economías son muy asimétricas con respecto a la nacional. Si el ahorro obligatorio y voluntario de los trabajadores se estima que vaya aumentando a través del tiempo, por los cambios sugeridos en las cotizaciones, de acuerdo con el esquema planteado, las comisiones tenderán a bajar.

Otro referente que toma el Gobierno para el recorte en las comisiones es el ranking que publica la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS), que enumera y compara 43 sistemas de ahorro para el retiro de economías del planeta, en el cual México ocupa el lugar 31; en otros términos, los cobros que hacen a los trabajadores mexicanos son superiores a la media internacional. Si seguimos esa lógica de compararnos con otros países, debería ser en todas las áreas de la economía y calidad de vida, no estrictamente en aspectos puntuales que interesen al grupo que ostenta el poder político y económico en turno. Hay que recordar que fuimos un país colonizado, que debe elaborar sus políticas públicas en función de las condiciones económicas y sociales de la población, sin perder de vista el contexto internacional.

Las encuestas sobre la elección presidencial en Estados Unidos el próximo mes de noviembre siguen favoreciendo al candidato demócrata Joe Biden, quien mantiene una “discreta” ventaja sobre el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Los desatinos que ha tenido este último en cuanto a declaraciones en las recientes semanas, no se sabe qué efecto tendrán el día de los comicios.

Una de las que más ha causado irritación, particularmente entre los militares estadunidenses, es aquella que el propio Mandatario ha desmentido, que dice que no dijo, cuando un medio de comunicación publicó, sin citar las fuentes, que pasaron como anónimas, que el Mandatario calificaba a los soldados americanos muertos en la Primera Guerra Mundial “como perdedores y tontos”. Afortunadamente para él, al menos en el devenir diario, ese calificativo para las Fuerzas Armadas se ha desvanecido entre la opinión pública, y no ha tenido repercusiones serias en las preferencias electorales.

Si se supone que las encuestas son premoniciones acertadas sobre los resultados de las elecciones, y se lleva la victoria el candidato demócrata, los efectos para la economía mexicana, según algunos estudiosos de las relaciones bilaterales, no serán muy halagüeños. Aunque en ambos candidatos predomine una ideología similar en cuanto a la cosmovisión de la economía, las diferencias podrían ser los matices en la forma de actuar ante el vecino del sur.

A la hora de gobernar, las mayores presiones económicas para nuestro país en las últimas décadas, han venido de los demócratas, que por cierto han sido menos estentóreas que las de los republicanos, pero más perjudiciales, sin olvidar que fueron Clinton y Obama. El primero inició la construcción del muro fronterizo con México, y el otro, a pesar de ser el primer presidente de color, aplicaba una política de deportación masiva de indocumentados (hispanos, asiáticos y africanos) hacia sus países de origen, que alcanzó niveles récord, para aquel entonces, más de 2 millones de deportaciones en ocho años de gestión, de las cuales alrededor de 40% correspondió a mexicanos. Tampoco omitir que fue un republicano quien impulsó y firmó el TLC. Aunque el comportamiento histórico no sea un factor decisivo en la toma de decisiones, puede ser un referente plausible.

Es probable que con la llegada de Biden, el recién suscrito acuerdo de comercio T-MEC sea acompañado de algunos convenios paralelos, en el sentido de un control más estricto en el comercio, que considere estándares más elevados en medidas y protocolos sanitarios. Hipótesis que se robustece porque la compañera de fórmula del candidato es la senadora K Harris, quien desde su posición en el Congreso se opuso a la firma del T-MEC.

Otro aspecto que puede estar en juego en los entresijos de la política, es el candente tema sobre la regulación sanitaria de la pandemia. El actual Presidente estadunidense ha dicho que minimizó los efectos de la misma, quizá consternado por las más de 5.7 millones de personas infectadas por el virus, y los más de 177 mil 179 fallecidos a causa del mismo, cifra que seguramente se incrementará para el día de las elecciones (3 de noviembre). Los previsibles cambios en la política de salud formulados por el actual contendiente a la Presidencia, es probable que antepongan los intereses de la salud de millones de estadunidenses sobre las actividades económicas no sustantivas, lo que ralentizaría el comercio con nuestro país.     

El panorama económico se ve complicado para nuestro país en materia de política exterior, en particular por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con las encuestas que levantan varias corporaciones estadunidenses y extranjeras, el candidato demócrata Joe Biden lleva ventaja de 10 puntos sobre el actual presidente Donald Trump.

Ambos candidatos sobrepasan los 70 años, pero la diferencia es que el primero inició su incursión en la política siendo relativamente joven, en 1970, y acompañó a Barack Obama durante 8 años (2008-2016) como vicepresidente de la nación de la bandera de las barras y estrellas; de ninguna manera es un improvisado en el “arte” de la política, su ideología y agenda de trabajo se orientan al centro, dentro de la geometría política heredada de la democracia francesa de hace varios siglos, acotada por izquierda y derecha. A pesar de su edad, comulga con cambios estructurales en materia de energías y medio ambiente.

No obstante, hasta donde se puede saber explícitamente de sus mensajes a sus seguidores y prospectos a serlos, sin dejar de lado lo que se puede leer entrelíneas, Biden es un hombre que no difiere mucho del actual Mandatario, los dos coinciden en priorizar la inversión y el comercio interno, dejando en segundo plano acuerdos comerciales con el resto del mundo. En ese sentido, los dos -aspirante y Presidente- tienen una visión del mundo muy conservadora, hasta nostálgica de cuando la economía norteamericana participaba con más de 25% del PIB mundial y su balanza comercial era superavitaria, esto es, exportaba más bienes y servicios de los que compraba del extranjero. Con ese paradigma económico transitaron en su niñez y juventud, por ello, considero que las diferencias entre ambos son más de forma que de fondo.

Escenarios probables del proceso electoral “yanqui”. Para que los sondeos que publican las casas encuestadoras anticipen con certeza los resultados de las votaciones de noviembre, y que estos devuelvan la credibilidad que habían perdido en los sufragios de 2016, a raíz de la derrota de la señora Clinton, la metodología y estructura del cuestionario que aplican actualmente han sufrido algunos ajustes y correcciones, incorporando nuevas variables que al parecer las hacen más confiables.

De ser así, Biden sería el probable ganador por la ventaja que tiene a menos de 50 días del día de los comicios, aunque el proceso electoral estadunidense culmina en el colegio electoral, en donde se decide el triunfador con 538 votos, provenientes de manera asimétrica de los más de 50 estados de la Unión Americana; el que obtenga 270 votos o más, es declarado victorioso en la contienda, sin importar que haya obtenido menos votos directos que su contrincante.

El pulso electoral que toman los sondeos debe considerar un patrón que ha prevalecido desde hace varias décadas en la mayoría de los estados de la Unión: tienen sus preferencias electorales muy bien definidas por un partido político, con excepción de 14 estados, cuyas preferencias varían en cada elección, y que además en algunos de ellos tienen más votos representativos en el consejo que los que corresponderían con el tamaño de su población en edad de votar. Finalmente han sido los que hacen ganar al candidato que haya satisfecho sus expectativas. Para México, la llegada de Biden a la Casa Blanca representaría cambios en su política comercial, pues se le exigiría que sus exportaciones cumplan con estándares más elevados.

Uno de los efectos más nocivos para la economía mundial han sido las restricciones que impone la contingencia sanitaria por el Covid-19 al trabajo presencial. Lamentablemente los países con menores ingresos per cápita están siendo los más perjudicados, pues sus condiciones socioeconómicas no permiten la migración al teletrabajo o la reducen a determinados sectores económicos con personal calificado.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tiene varias investigaciones sobre el trabajo desde casa, afirma que alrededor de 40% de la fuerza laboral en Estados Unidos y Europa puede hacerlo, pero aun así se presentan limitaciones. Si se analiza el teletrabajo por sectores, los que tienen una mayor probabilidad de llevarlo a cabo son los cuadros que laboran en agencias de seguros, finanzas, educación y aquellos que desempeñan algunos servicios profesionales, así como el personal que trabaja en ciertos proyectos de investigación que no requieren de laboratorios para contrastar hipótesis y realizar sus pruebas, sobre todo las áreas sociales y humanistas de la ciencia. Mientras tanto, en África y América Latina la cifra es menor que la estadunidense y la europea. Para el continente negro, roza el 15%, y para el subcontinente americano se acerca al 21% de la población ocupada.

Enseguida se esbozan dos factores que pueden obstaculizar el trabajo remoto en México. A principios de 1970 se acentuaba la migración del campo a la ciudad, se iniciaba el crecimiento paulatino, pero constante de trabajadores que fueron campesinos y ahora se incorporaban a las ciudades prestando sus servicios sin recibir ninguna prestación social, y también, por supuesto fuera del alcance del fisco Las crisis económicas de 1983 y 1995 aceleraron la propagación de las actividades informales, legales y no legales (narcotráfico, trata de personas, etc.).

El perfil del trabajador informal generalmente es de baja escolaridad y participa en tareas poco productivas por su escasa capacitación (comercio ambulante, albañilería, jardinería, etc.). Más de 45% de la población en edad de trabajar depende de la informalidad, y para realizar sus labores, por el tipo de actividad, es necesaria su presencia física e interacción social, por ello, es complicado que se incorporen al teletrabajo.

México es uno de los países a nivel mundial con mayor número de trabajadores informales. Ese gran sector de la población, desprotegido de asistencia social, es mucho más propenso a experimentar recortes en su ingreso o despidos. Si está empleado en el sector servicios o si se autoemplea es probable que su oferta de trabajo se reduzca por la semiparalización de las actividades productivas.

Economía formal. De acuerdo con la misma Cepal, se estima que en la economía mexicana del total de ocupados en el sector formal, aproximadamente 16% pueden realizar sus tareas desde casa.

Para el resto es obligatoria su asistencia a la actividad laboral, por supuesto si pretenden seguir ocupados, lo que representa un gran desafío para el Gobierno y la sociedad civil, especialmente por el riesgo al contagio del Covid-19 a que se exponen. Por esto, la Cepal recomienda a los gobiernos de la región que consideren, en la reapertura de la economía, como prioritarias las ocupaciones de salarios más bajos, las cuales demandan la presencia física del trabajador.                           

Considero que una explicación que puede ser útil por su pragmatismo, para entender la tecnología 5G (Quinta generación de red móvil), es revisar el desarrollo de los teléfonos celulares, hace años esos “aparatitos”, operaban con tecnología llamada 1G, (Primera generación), y sólo podían comunicar a los interlocutores por medio del audio, pero a medida que las innovaciones tecnológicas fueron surgiendo, sus funciones se diversificaban, y se añadían al chip telefónico capacidades como compartir videos, fotografías, y toda clase de amenidades que, ahora ofrecen las redes sociales.

Gracias a la 5G, la capacidad de las comunicaciones, se ha ampliado y sofisticado, será utilizada en intervenciones quirúrgicas remotas, teleasistidas, donde el paciente puede estar en un quirófano de hospital localizado en la Ciudad de México, y el cirujano en Houston, o que una bomba hidráulica o la válvula de un oleoducto, se pueda controlar vía satelital, a muchos kilómetros de la misma. Inclusive la Real Academia de la Lengua Española, en un futuro cercano incorporará a su acervo varias palabras surgidas de la revolución tecnológica, como latencia (tiempo de respuesta de la WEB ante cambios en la cantidad de información).

No obstante, sus beneficios a un sector muy focalizado de la población mundial, no han convencido a un grupo de escépticos, que sin evidencias científicas causales, asocian la 5G, con efectos negativos sanitarios y ecológicos, entre ellos, la susceptibilidad a la exposición de radiaciones electromagnéticas, y que pueden incrementar los riesgos en contraer cáncer, u otro tipo de padecimientos en la salud del usuario internauta. Inclusive han acuñado la frase: teoría de la conspiración, que aventura hipótesis sobre las causas no naturales de Covid-19, el virus durante su manipulación “in-vitro” se salió de control, y rápidamente se trasmitió entre los seres humanos  trascendiendo fronteras y culturas, semiparalizando las actividades económica a escala planetaria.

Por otra parte, también son protagonistas y dan su versión sobre el advenimiento del coronavirus, los fobia-capitalistas, aseguran sin pruebas fehacientes, que el sistema económico dominante y depredador es el culpable de la deforestación, la caza furtiva de animales exóticos, contaminación ambiental, y otras actividades legales o proscritas, que atentan contra la sobrevivencia del hombre, atribuyendo el origen de Covid-19, a este tipo de acciones; para ellos (sectores), el incentivo principal es obtener poder político y económico, aunque el ecosistema tierra se desmorone. Todo parece indicar que cada grupo da su opinión, en función de sus beneficios, en ocasiones anteponiendo la ideología sobre la racionalidad; y en otras los intereses de carácter económico y político antes que los aspectos técnicos y sociales. Quizá las opiniones de ambos grupos sean valiosas, y en el futuro ayuden a controlar oportunamente este tipo de propagaciones de virus o bacterias.

No obstante, para los científicos especializados en virología, debe resultar relevante investigar el origen del virus, pero para la mayoría de los seres humanos, lo más trascendente es tener la vacuna al alcance, contra Covid-19, y así poder volver a las actividades cotidianas que restablezcan la dinámica económica y social.

Desde el pensamiento económico los escenarios que se contemplan en la lucha económica para patentar la vacuna contra el terrible virus son sumamente despiadados. Para los “lobbys” farmacéuticos, oligopólicos desde que surgió la mundialización de la economía, representan una fuente abundante de recursos el sacar la vacuna el mercado y que tenga éxito entre la población.

Algunos mal pensados aplican la lógica “tridente” del filósofo Hegel, para ejemplificar la voracidad de los laboratorios: “solución-problema-reacción”. “Explotar” un problema (la letalidad del virus), generar pánico entre los ciudadanos, y ofrecerles una probable solución (vacunas) que alivie o mitigue su enfermedad. Negocio sin desperdicio.     
               
Federico Muller
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Uno de los temas más controvertidos en la política nacional, históricamente ha sido el del financiamiento público a los institutos políticos, pero ahora la discusión adquiere dimensiones más dramáticas, por la debacle que atraviesa la economía mexicana, incluido el sector Gobierno, cuyo gasto no logra cubrir las necesidades más sentidas de la población, entre ellas las escasas  oportunidades de empleo digno para los jóvenes recién egresados de las universidades públicas, las licenciaturas o posgrados al parecer no son el vehículo, más digno, para la movilidad social, particularmente para aquellos estudiantes graduados, que logran estudios gracias a su cultura del esfuerzo.

Si se contrasta el gasto público que se destina al financiamiento de la política con el educativo, y los cálculos se hacen per cápita, es decir la cantidad de recursos que corresponden a cada uno de los beneficiados “políticamente” (integrantes de los comités y números de proveedores) con el número de alumnos inscritos, el monto que resulta es menos asimétrico, que cuando se hace comparando el presupuesto en educación pública con el financiamiento para mantener la democracia en este país. Los objetivos de ambos sectores han sido loables, y hasta pueden llegar a ser complementarios, pero la realidad muestra que no ha sido así. Argumentos que se han utilizado para tratar de justificar lo oneroso de los procesos electorales.

El INE imparcial e insensible

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2020 el monto asignado para el financiamiento partidista ascendió a 5 239 millones de pesos que cubría el presupuesto de los partidos políticos y las candidaturas independientes, y oh sorpresa, para el próximo año (2021), subirá a 7,200 millones de pesos, un nada despreciable aumento de 37 por ciento. El INE, se defiende sobre la magnitud del monto, diciendo que no pueden oponerse a un mandato constitucional (artículo 41), el ente electoral, solamente aplica el artificio matemático (fórmula), y lo distribuye como corresponde; las prerrogativas electorales están por encima de las paupérrimas condiciones económicas que vive la población agudizadas por la pandemia de Covid-19.

El árbitro electoral, no es sensible solamente aplica la ley, quizá el espíritu de la misma,  es incorrecto políticamente analizarlo, y en base a ello, elaborar propuestas para enviarlas al Congreso de la Unión, para que replantee esa “formulita”, o al menos los criterios que se utilizaron para su creación.

El costo del sufragio y la ‘narco-política’

El costo que tiene el voto electoral en México, es oneroso, si se compara con el de otros países económicamente similares al nuestro. De acuerdo con la incipiente cultura que se tiene sobre la democracia, que históricamente ha sido manipulada, y orientada a intereses de clase o grupo, sigue privando la desconfianza y/o apatía entre la población en edad de votar en los procesos electorales, lo que se refleja en los altos índices de abstención que aparecen en cada elección para elegir algún candidato a un puesto político, lo que desluce y encarece todavía más los sufragios; es común escuchar comentarios de algunos grupos de la política, con determinados intereses, que se oponen a rebajas en el costo de la democracia, arguyendo que la limitante de recursos de los partidos políticos puede orillarlos a recurrir a fuentes de financiamiento proscritas por la ley, grupos que exigirán canonjías, al candidato electo, una vez que asuma el poder.

Sin embargo, este argumento es muy endeble, por las experiencias tenidas, pues, aunque las campañas políticas hayan sido sin patrocinio de dinero “sucio”, el control del crimen organizado sigue creciendo en más regiones del país.                 

El sector turismo a escala planetaria ha sido estudiado por diferentes organismos internacionales para conocer el impacto económico y social de la contingencia sanitaria en sus actividades formales e informales que lleva a cabo con regularidad. En un informe, la Cepal describe los efectos que está causando la pandemia en las economías de América Latina y el Caribe, y cómo están actuando los gobiernos para paliar la crisis en el empleo y la baja demanda de servicios.

De acuerdo con ese estudio, el perfil del trabajador del sector turístico es muy diverso: va desde el vendedor ambulante analfabeta, inmerso en la economía informal, hasta el gerente de hotel con estudios de licenciatura, el cual contrata a personas que reciben prestaciones sociales y contribuyen a las arcas del Gobierno al pagar sus impuestos. Otra característica es la flexibilidad en el empleo, pues puede ser de medio tiempo, estacional o por cuenta propia.

En el contexto de la región, las islas del Caribe han sido las más afectadas, pues sus economías dependen de las divisas que generan los turistas. En el otro extremo está Brasil, su dependencia de este sector es marginal en relación con el resto de sus sectores económicos.

El riesgo de contagio del Covid-19 ha hecho que el turista potencial posponga o cancele sus viajes a diferentes destinos del país o del extranjero. Para tratar de proteger a los negocios prestadores de servicios y a las personas más vulnerables económicamente que viven del turismo, los países del área han formulado diferentes políticas públicas: subsidios, incentivos y créditos fiscales es una de las más recurrentes, que generalmente consiste en apoyos directos a los ingresos de los trabajadores y dueños de las empresas; a estos últimos también se les extienden periodos de gracia para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con lo que se pretende evitar el despido y el cierre de negocios.

Sin embargo, la desventaja es que los destinatarios de tales beneficios son aquellos que trabajan en la economía formal, y se descuida al trabajador autónomo e independiente, quien está fuera del control del sistema fiscal y social.

Por su tamaño y capacidad, la economía brasileña es la única de la región que extiende este tipo de apoyos a los empleados informales, de los cuales lleva un registro de sus actividades. Economías más pequeñas como Bahamas, Belice y Jamaica han diseñado un seguro de desempleo temporal, mientras pasa la pandemia, para la población que se encuentra en paro; las transferencias monetarias las están implementando exclusivamente para los prestadores de servicios turísticos (microempresarios), en su mayoría son mujeres.

A diferencia del resto de las economías iberoamericanas y caribeñas, la mexicana presenta particularidades que pueden considerarse como ventajosas, si el Gobierno actúa con racionalidad, sin dogmas ideológicos, para dinamizar el sector turístico. De acuerdo con datos del Inegi, en 2019, el 83% de los ingresos que recibió el sector turístico en México, fue generado por residentes nacionales, visitando playas, ciudades coloniales o pueblos mágicos, entre otros destinos, así como el de negocios, particularmente en el centro y norte del país.

Es relativamente más sencillo y económico persuadir a los residentes del país, que al foráneo. La prioridad es que el viajero sienta confianza en el lugar al que pretende acudir, para ello la seguridad del viaje es fundamental y se deben guardar los protocolos dictados por la Secretaría de Salubridad, cuya responsabilidad recae en cada entidad federativa, en especial en aquellas con vocación turística.                   

Entorno Económico
Federico Muller
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La pandemia producida por Covid-19, está dejando lecciones bastante pedagógicas para los agentes económicos, incluidos los gobiernos, mostró la fragilidad del sistema económico mundial, ante situaciones sanitarias, que se consideraba que habían sido erradicadas, o al menos se podían controlar sin trascender las fronteras de los países. Lo que resultó fue todo lo contrario, la vulnerabilidad de los sistemas de salud, contaminó al resto actividades económicas; y usando una metáfora de carácter costumbrista; “puso de rodillas” a las economías, independientemente de su grado de desarrollo. No obstante, también resurgieron algunas formas de trabajo, que un grupo pequeño de empresas desarrollaban con cierta regularidad, antes de la contingencia de salud, sus trabajadores pasaban jornadas enteras laborando en sus hogares, asentados en naciones industrializadas.

En este artículo se pretende revisar las ventajas, así como inconvenientes de laborar en la vivienda. La descripción se hará desde dos ópticas, la primera tiene que ver con el trabajador y su entorno inmediato, mientras la otra es más amplia e incluye, el impacto que podría tener en la economía local, el asumir este tipo de roles laborales “extra-oficina”. La flexibilidad en el horario de trabajo, podría considerarse como una recompensa aceptable, pero que exige disciplina y autocontrol del empleado, para no descuidar sus tareas asignadas, si se está acostumbrado a la supervisión férrea de un jefe, existen posibilidades de no ser apto para el home-office; otra sería los ahorros en tiempo y costos de transporte, que se generarían al no tener que trasladarse a la oficina, aunque es probable que se compense, la reducción en costos, por el pago de Internet con más capacidad o por el incremento en los servicios, particularmente el consumo de electricidad por los aparatos de enfriamiento y calefacción, al tener que usarlos por más horas en la vivienda, especialmente para los residentes de las grandes urbes del país, cuyos climas son extremos, y por último, por citar alguna más, el aislamiento y la ausencia frecuente de relaciones laborales con los compañeros de trabajo, influyen negativamente en el comportamiento social del trabajador.

Para una valoración cuantitativa y cualitativa, cada empleado, si dispone de la libertad de elegir la forma de trabajo, debería sopesar sus costos y beneficios del trabajo en casa, y tomar una decisión en base a ello, actuando racionalmente: cuando los beneficios superen a los costos. Los efectos del home-office, en la economía, todavía no se conocen con certeza, simplemente porque en el país no era una forma muy común de trabajar, se restringía generalmente a un pequeño sector de la economía dedicado a los servicios y comercio de productos para el hogar, que particularmente lo llevan a cabo mujeres en sus domicilios.

Lo que sí se ha elaborado, son estudios de cómo afectaría a los negocios de bienes raíces y al transporte público, y la dependencia que tiene este con el sector energético y mecánico de la economía. Las conclusiones no han sido alentadoras, pues bajaría la demanda de locales para oficinas y comercios, y frenaría la tasa de construcción, sector del que dependen otras ramas de la economía, como cementaras, acereras, mercado laboral, etc.

En cuanto al transporte público (metro, metro-bus, etc.) su demanda disminuiría, en el mediano plazo, requerirá de más subsidios gubernamentales, distrayendo recursos públicos que pudieran ser usados en otros sectores, como salud o educación. Una de las probables ventajas, es que mejorarían las condiciones climáticas de las principales ciudades del país, al bajar el uso del automóvil y transporte en general con motores de combustión interna.

No tuvieron desperdicio las declaraciones que hizo a los medios de comunicación, hace algunos meses, el ministro de finanzas  de Japón, que a pesar de rebasar los 70 años de edad, señaló que los ancianos japoneses deben darse prisa para abandonar esta tierra, pues representan una carga onerosa para el estado del sol naciente.

La noticia cayó como un balde de agua helada para la población de adultos mayores, que pasaron varias décadas de su vida incorporados en las actividades productivas, y ahora reciben una pensión, así como seguridad social; que se presupuesta como recompensa a su trayectoria laboral.

La población japonesa se acerca a los 130 millones de habitantes, superior a la de México. Solo que, las mejores condiciones de vida del ciudadano nipón, en relación con el mexicano, le han permitido tener una mayor esperanza de vida.

En 2018, la edad promedio de vida de las mujeres japonesas fue superior a los 86 años, mientras los varones alcanzaron una cifra cercana a los 82, de las más elevadas del mundo.

Lo anterior se ha visto reflejado en el cambio paulatino de la pirámide población, su base se ha reducido; del total de la población japonesa, se calcula que los adultos mayores de 60 años y más se aproximan rápidamente a ser parte del 25% de la misma. Esto es, por cada 4 japoneses, uno de ellos lo consideran viejo.

Cuando hay decrecimiento o bajo crecimiento en la economía, como es el caso de la economía japonesa, casi siempre los primeros afectados han sido los adultos mayores que fueron asalariados, y que en el ocaso de su vida dependen de la atención hospitalaria pública.

Los principios y valores de la ancestral cultura japonesa, centrados en el respeto y admiración por la gente mayor, se ven vulnerados por intereses económicos de corto alcance, profiriéndoles un insulto, que socava tradiciones milenarias de su cosmovisión.

La austeridad en el gasto gubernamental japonés se daba antes de la pandemia por el Covid-19, es lógico pensar que la situación económica a raíz de la contingencia sanitaria ha empeorado.

Por otro lado, en México la esperanza de vida de la población en 2018, para las mujeres fue de 77 años y en los hombres 72 años. Aún inferior a la japonesa. En el caso nacional, también el trato para la población de adultos mayores  ha cambiado con el transcurrir del tiempo, particularmente desde la visión de la gente joven, que no reconocen ni valoran las capacidades que aún tiene la gente mayor.

La presión social se ha magnificado para este tipo de población, derivada de las medidas para prevenir los contagios del coronavirus, restringiéndoles el acceso a determinados lugares públicos de esparcimiento y recreación social; el argumento que se maneja y que trata de justificar las medidas preventivas oficiales, es su alta vulnerabilidad a contraer o ser portadora del virus, que surgió en China el año pasado.

En algunos círculos de gente adulta mayor con poder adquisitivo, las reacciones no se han hecho esperar, y han protestado, logrando el acceso a clubs privados de distracción, que anteriormente se les quería negar, aunque son personas jubiladas o empresarios,  pero que tienen asegurada su manutención a través de una pensión, o su  sostenimiento económico depende de negocios.

Lamentablemente, este tipo de casos, son excepciones en el contexto nacional. Las consecuencias que están sufriendo en el mercado laboral son graves, los despidos están a la orden del día. Amerita una investigación, si el liquidarlos o finiquitarlos, obedece a la oportunidad de deshacerse de ellos por los derechos creados, independientemente de si su salida, es productivamente justificada o no.

Una de las propuestas para la inminente reforma al sistema de pensiones mexicano, que cada vez se insiste más en ella, es el incremento en la edad de jubilarse, que aumente de los 60 a 70 años. Quizá una oportunidad preciada para los adultos, que todavía estén en condiciones saludables, para continuar en la faena laboral, y se sientan todavía útiles en el rol que cumplen en la sociedad. Sin duda una propuesta polémica, que requiere un análisis profundo y consensuado.

Al hablar del Sector Salud desde una perspectiva histórica cercana, se debe reconocer que el sistema sanitario público ha logrado que millones de mexicanos hayan utilizado una clínica u hospital gubernamental para atenderse, y volver a reincorporarse a la vida productiva. La esperanza de vida se ha incrementado paulatinamente y mediante programas masivos de vacunación se ha logrado erradicar epidemias que generalmente cuya población más afectada eran los niños.

Durante la etapa del modelo económico de sustitución de importaciones, y en dos o tres sexenios posteriores, los presupuestos públicos a ese sensible sector no se escatimaban. Las finanzas del erario eran suficientes y lograban una amplia cobertura, a pesar de que se tenía una tasa de crecimiento demográfico superior a 3%, aunque con una población más joven en relación con la del 2019. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, y debido en gran parte a la ausencia de una reforma hacendaria seria y bien pensada, aparejada de una reestructuración en el sistema de pensiones para operar en el corto y mediano plazo, los recursos públicos orientados a tal sector comenzaron a reducirse dramáticamente, resintiéndolo con mayor rigor las personas más vulnerables (niños y adultos mayores).

Una de las políticas públicas sanitarias exitosas ha sido la creación, en el 2001, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), un órgano de la Secretaría de Salud que, aunque descentralizado, goza de relativa autonomía técnica y operativa. Dicha Comisión se ha encargado de regular la entrada de medicamentos al mercado, los cuales deben pasar por su autorización, pero independientemente de la calidad de estos, que corresponde revisar a la Cofepris, en este artículo se pretende revisar en forma general las características del mercado farmacéutico a nivel mundial y nacional, así como conocer los principales factores que influyen en su encarecimiento.

Una primera razón es que no es un mercado competitivo a escala planetaria, pues 14 farmacéuticas controlan 43% de los productos (Fuente: Canifarma) en ese lucrativo negocio. Ellas concentran la mayoría de las patentes y licencias que les permiten asegurar sus productos, libres de competencia, por un periodo determinado, en el cual recuperan lo invertido en la investigación para la creación de los medicamentos patentados, además de obtener ganancias extraordinarias y para seguirse posicionando como líderes del mercado. La mayoría de las empresas anteriores tiene filiales en territorio nacional, que indudablemente han influido en la estructura del mercado de medicamentos en el país, en donde 74.7% de los fármacos es de patente y el resto corresponde a genéricos y a medicamentos sin prescripción (Fuente: Canifarma).

Una vez que vence el derecho a la exclusividad de fabricación del producto, se pueden producir medicamentos genéricos, que tienen precios más competitivos respecto a los de patente. Desde el punto de vista económico, la diferencia en precios entre un medicamento y otro es significativa; no obstante, desde el punto de vista químico, el gremio de los médicos se encuentra dividido, pues una parte descalifica los productos genéricos por afirmar que las sales que contienen son de menor calidad, mientras que otro sector no ve diferencias representativas.

Valdría la pena realizar una investigación universitaria que dé seguimiento a dos grupos de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. El primero seguiría un tratamiento con productos de patente, y el otro lo haría con medicamentos genéricos. Los resultados de esas pruebas podrían definir la relación precio-calidad con mayor certeza, es decir, cuál tiene mayor impacto en la salud de los enfermos sometidos al experimento: ¿la calidad o el precio? Estudios similares de largo alcance los llevan a cabo algunas universidades estadunidenses.

El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió hace algunos años un texto poema sobre la soledad. Un fragmento del mismo dice así: “Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna… hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días…”. En forma idílica, el laureado autor hace alusión al sentimiento que puede experimentar un hombre cuando sobrepasa el umbral de los 60 años, y que la sociedad lo considera un adulto mayor y se encuentra solo, confinado en su hogar, o si mejor le va, dependiendo de terceros para su sobrevivencia. Aprovecho la expresión poética anterior para elaborar un breve diagnóstico sobre las características sociales y económicas de los hombres y mujeres de la tercera edad en México.

Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la tasa de crecimiento de la población mayor ha sido superior a la de los países desarrollados, particularmente los europeos, y las causas han sido multifactoriales. Una de ellas, es que el subcontinente americano se incorporó tardíamente a la transición demográfica de las naciones industrializadas, es decir, el cambio de la población joven al envejecimiento fue más lento durante varias décadas; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, y gracias a los avances de la medicina, la tasa de crecimiento de los ciudadanos mayores ha sido mayor a la europea. La anterior situación acrecienta la vulnerabilidad de los viejos y aumenta el sentido de urgencia de los gobiernos latinoamericanos en la formulación de políticas públicas orientadas a la atención de este tipo de grupo etario.

México fue una de las primeras economías de la región que disminuyeron su dinámica poblacional, pues la tasa de fecundidad cayó y en cambio la de mortalidad bajó. En 2017, de acuerdo con datos del Conapo, en el país se contabilizaban 8.8 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales alrededor de 54% eran mujeres, y el resto (46%) varones. Esta diferencia por género tiene varias lecturas, si se parte de símbolos y representaciones culturales de este país. En las generaciones que nos precedieron, la mayoría de las mujeres se dedicaba a atender el hogar y su expectativa de vida era mayor a la de los hombres, por ello es probable que un porcentaje elevado de mujeres dependa económicamente de una pensión por viudez, o de familiares (hijos), y en el mejor de los casos sean económicamente independientes gracias a un trabajo en el mercado formal o informal.

Los programas gubernamentales. Aunque para evitar actos de corrupción el programa 68 y Más entrega subsidios por igual a todas las personas que cumplan con la edad requerida, debería considerar este tipo de diferencias si en verdad se quiere ayudar a las familias más vulnerables económicamente. Quizá ya en el ocaso de la vida, el grado de escolaridad haya influido para tener una vejez digna; infortunadamente, de los 8.8 millones de personas, 57.5%, más de la mitad, no terminó la educación primaria, lo que seguramente determinó su posición laboral, el monto salarial y pensionario, mientras estuv en el mercado productivo.

Los retos de los gobiernos son enormes para mantener las pensiones a la vejez, si se considera que la población adulta mayor llegará a más de 24 millones en 2050. (Fuente: Conapo)

La pandemia causada por el Covid-19 ha tenido consecuencias perversas en la salud de la humanidad y, desde luego, en el sector económico. Día tras día aparecen noticias que hablan del incremento del desempleo y la caída de ingresos en amplios sectores de la población, ante la incapacidad y falta de recursos de los gobiernos para hacer frente a este contagio viral, que sorprendió a propios y extraños.

No obstante, no todas las noticias son negativas; en la historia de la población planetaria, en etapas cercanas o remotas, cuando se han presentado situaciones difíciles como luchas armadas, desastres naturales, hambrunas, epidemias u otras, un factor que ha ayudado a salir adelante y vencer los obstáculos naturales o aquellos provocados por el hombre, era el desarrollo tecnológico, comandado, en su momento, por hombres visionarios que, aprovechando el amplio acervo científico heredado, han sabido crear o descubrir los antídotos apropiados para lograr una existencia de mayor bienestar social. Por supuesto que se presentaban asimetrías entre los países ricos y pobres, estos últimos, casi siempre esperaban que las patentes o licencias vencieran, o un gesto de solidaridad de los laboratorios y farmacéuticas que comercializaban los medicamentos, para disponer del producto a precios razonablemente accesibles.

Un caso triste, pero real, ha sido el de algunos países del continente africano y su lucha en contra del VIH, pues no disponían de los recursos monetarios suficientes para la compra de medicamentos, indispensables en el control de esa enfermedad, porque los proveedores internacionales no reaccionaban de una manera filantrópica, o mejor dicho, menos lucrativa ante la emergencia sanitaria.

Actualmente hay proyectos en fase de experimentación, que de concretarse sin ninguna duda aumentarán las probabilidades de calidad y cantidad de vida de las personas. Uno de ellos es el que lleva a cabo la empresa Neuralink, cuyo accionista es el físico y economista Elon Musk, empresario que ha diversificado el giro de sus negocios, que se ocupa con el mismo entusiasmo en el transporte comercial mediante cohetes espaciales, que en investigaciones de carácter neurotecnológico.

Neuralink, compañía de vanguardia, trabaja en fase de experimentación, la relación entre inteligencia artificial y el cerebro humano. En una primera fase, su objetivo es rehabilitar a las personas que han padecido alguna lesión cerebral, que les impide volver a la vida productiva. La parte entendible o simple de la tecnología que ha estado implementando consiste en colocar una serie de sensores en la cabeza del candidato a este tipo de “implantes”, que son manejados desde el exterior por una aplicación electrónica.

Desde la óptica económica, este tipo de avances contribuyen a elevar los niveles de productividad de los trabajadores, y la generación de empleos especializados en robótica y nanotecnología. El sector de la electrónica, que participa en forma dinámica en la economía de Jalisco, será uno de los más beneficiados por la demanda de dispositivos que se requerirán para suministrarlos a hospitales y centros de investigación de alta especialidad. La economía mexicana probablemente se integre de manera rápida a la ola de innovaciones en la medicina digitalizada, lamentablemente pasará tiempo para que estos beneficios para la salud de los trabajadores se incorporen a los satsfactores de las clases menos favorecidas económicamente.

Una propuesta que está causando controversia en los medios políticos y académicos fue la que anunció el senador Ricardo Monreal, hace algunos días, la cual pretende eliminar los entes reguladores: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con la desaparición de estos, se crearía el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), en aras de maximizar el p

Presupuesto de Egresos federal, al fusionar tres comisiones en un solo Instituto. Se calcula, a grosso modo, un ahorro anual para el Gobierno de 400 millones de pesos, que se lograría por la reducción de personal y el recorte al gasto administrativo y técnico. La palabra bienestar ha sido muy socorrida por el régimen que nos gobierna, y para no ser disonante con la narrativa política, también se le coloca en organismos ajenos a programas sociales.

En la primera lectura de ese intento de iniciativa del senador de Morena, se pueden identificar las motivaciones o causas de fondo que la estructuraron, que indudablemente son de carácter político, más que técnico: el control del Ejecutivo en esas instancias, que tienen autonomía del Gobierno; aunque todos los presidentes de la República han tenido consejeros afines, y desde sus puestos no han desestimado los intereses del mandatario en turno. Lo que llama la atención, es el empecinamiento de esta Administración federal por tener una intervención contundente en todas las áreas de Gobierno y del Estado.

Ya lograron, gracias a la votación de los ciudadanos, que la división de poderes, al menos el Poder Legislativo, es decir el Congreso de la Unión, represente un marginal contrapeso, pues está casi controlado por el partido del propio Presidente, lo cual facilitaría la elección de candidatos “oficiales” a ocupar las consejerías del nuevo organismo. Pero, si se trata de realizar una evaluación objetiva y seria del rol que han jugado el IFT, Cofece y CRE en la economía, la métrica y los parámetros cambian, los indicadores de desempeño serían los más efectivos para medir su competitividad.

Algunas de las críticas que ha hecho el presidente Andrés López Obrador sobre el funcionamiento de estos organismos susceptibles de desaparecer, conviene rescatarlas y analizarlas sin ningún trasfondo ideológico. Algunas de ellas han sido en el sentido del excesivo número de burócratas que laboran en ellas y su precario rendimiento, pues los resultados obtenidos no han sido los óptimos; en la práctica, las observaciones del Mandatario ha sido certeras. Por ejemplo, en el caso de la Cofece, las políticas antimonopolios que ha implementado se han caracterizado por ser selectivas y discrecionales, pues siguen existiendo empresas que controlan casi todo el mercado en el que en teoría compiten.

Un sector que sigue manteniendo el monopolio en muchas ciudades del país ha sido el servicio de gas natural domiciliario, con tarifas poco competitivas, superiores a las de otros países con economías similares a la nacional. Los grandes corporativos han aprovechado su poder económico, que los ha blindado de lidiar con competidores con menos peso político y escala de producción, lo que repercute en el consumidor, al pagar precios más elevados por determinados productos y servicios. Por otra parte, el CRE y la propia Cofece siguen privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no permitir que otras compañías ofrezcan el servicio del fluido eléctrico a los hogares en México.

Finalmente, el senador Monreal desistió de su propuesta de desaparecer a los reguladores. No obstante, es conveniente auditar su trabajo y no confundir el término autonomía con independencia monetaria y no rendición de cuentas.

Antes de la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra, en el mundo de aquel entonces, particularmente en los países europeos, las “profesiones” de los hijos de familias con recursos económicos -que no eran muchas- eran bien vistas si se inclinaban por la milicia o el ministerio sacerdotal. Los recién egresados gozaban de respeto entre las tradicionales sociedades aristocráticas tachonadas de títulos nobiliarios. El empleo casi estaba asegurado al concluir con la carrera o cristalizar la vocación.

En ese mundo, que paulatinamente entraba en la Ilustración y se preparaba para el advenimiento del sistema capitalista en su primera fase, la actividad comercial no era muy aceptada, sobre todo por la Iglesia. Al comerciante se le calificaba como una persona ambiciosa, que anteponía su interés personal por el colectivo, en el sentido de comprar mercancías a un precio bajo, o muy castigado, y venderlas muy por arriba de su precio de adquisición; el margen de ganancia era muy superior al que obtenía el productor agrícola o el artesano. La principal crítica de la clase intelectual, poco escuchada por cierto, era que generaban un valor marginal en las transacciones que hacían como intermediarios entre los productores y consumidores.

Sin embargo, después de los descubrimientos y las innovaciones que trajo la Revolución Industrial, la actividad comercial se revaloró y hasta el propio Carlos Marx la citaba en los textos que escribía sobre el capitalismo. El rol que juega el comercio en el sistema capitalista es uno de sus principales soportes. El comercio adquirió un estatus, guardando las correspondientes distancias, parecido al que tuvo siglos atrás, cuando los árabes y judíos transportaban conocimiento y mercancías a los pueblos y ciudades de Asia y África.

Con el devenir de los años, han surgido teorías que hablan de los beneficios del comercio internacional, dependiendo de circunstancias políticas y económicas en el concierto de las naciones desarrolladas. Antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) prevalecía la apertura de fronteras a la economía, las mercancías y los flujos de capital traspasaban países; después, el modelo económico cambiaba y las exportaciones e importaciones eran muy selectivas entre países, surgían restricciones al comercio exterior y los gobiernos trataban de proteger a su industria de la competencia internacional.

Pero a finales del siglo 20, con los avances tecnológicos, aparece de forma súbita el comercio electrónico, que se ha convertido en un contrincante potencialmente poderoso para el comercio presencial o tradicional. El llamado e-commerce se caracteriza porque las transacciones se pueden llevar a cabo desde el hogar o la oficina, vía internet. Aunque tiene algunos inconvenientes, como el riesgo de que las plataformas sean clonadas y el cliente sea defraudado. Y en el contexto económico más general, al desplazar paulatinamente al comercio presencial, al menos en el corto y mediano plazo, genera destrucción de empleos en el sector formal.

Perspectiva ecológica. Las organizaciones ecologistas que apelan por un consumo sustentable, han presentado algunas propuestas para hacerlo más amigable con la naturaleza. Algunas de ellas son sustituir el embalaje de los productos por materiales menos contaminantes, biodegradables, que disminuyan la emisión de gases tóxicos al ambiente. No obstante, debido a la globalización comercial, un problema que plantea el comercio digital, y que aún es complejo de solucionar, es la contaminación que genera por el uso de diferentes tipos de transporte que usa, desde aviones, barcos y camiones, hasta automóviles y motocicletas, para llevar los pedidos al sitio deseado por el consumidor.

Los efectos adversos que está causando la pandemia en la economía del país son lamentablemente superiores a los que habían pronosticado los economistas más escépticos y contrarios al régimen actual. Según información que dio a conocer el Inegi recientemente, mediante la nueva forma de conocer los datos sobre ocupación y empleo de la población, a raíz de la pandemia las tradicionales entrevistas presenciales que llevaba a cabo el personal de esa institución se cambiaron por telefónicas. Se diseñó una nueva muestra representativa de la sociedad, pero los resultados que arrojó la encuesta fueron inesperados: más de 12 millones de personas han perdido su empleo. Esa enorme cantidad incluye trabajadores tanto del sector formal como de aquellos que realizan actividades que no son reguladas por las autoridades fiscales y de seguridad social. Y si se añaden los recortes en los sueldos que están llevando a cabo las empresas entre su personal no sindicalizado, decremento que sin duda afecta el poder de compra de un sector de la sociedad y una debacle que aún no se dimensiona, el panorama económico se ensombrece. La disminución de las fuentes de trabajo fue mucho mayor de lo que estimaba el Primer Mandatario del país.

Antídoto económico. Por otro lado, la Cepal recomienda a los gobiernos de América Latina y el Caribe que adopten en la medida de lo posible las siguientes estrategias: 1) Generar un ingreso básico de emergencia, que corresponda a una línea de pobreza; 2) Fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, empleos y Mipymes; 3) En el área impositiva, sugiere incrementar los impuestos de carácter directo a los ciudadanos, cuyos ingresos se encuentren entre los últimos deciles del ingreso, inclusive sugiere gravar con ese nuevo tributo al 1% más rico de la población, entre otras. El organismo propone además un nuevo pacto social, fiscal y productivo, que propicie una nueva geografía económica, que se sustente en una reactivación verde, amigable con el planeta.

Los sindicatos de empresarios del país también elaboran una serie de propuestas al Gobierno, una de ellas, que tiene cierta similitud con la que recomienda la Cepal, es lo que ellos llaman salario solidario, que compense las probables rebajas a los sueldos o despidos de los trabajadores por parte de los empleadores, a raíz de la caída de ventas y/o producción por la pandemia. La respuesta que ha dado la Secretaría de Hacienda, a través de su titular, fue clara y categórica: las arcas nacionales no tienen la capacidad financiera para emprender políticas y acciones fiscales semejantes a las de la Unión Europea o Estados Unidos para reactivar sus economías. Por ello, el plan económico antiCovid-19 propuesto por el Gobierno, es insuficiente, pues la mayoría de las medidas se centra en el sector consumo, paliativos que quizá ayuden a subir marginalmente el consumo de la población más vulnerable, pero dejan a la inversión productiva desprotegida, que es la que genera empleo, demanda y riqueza.

En cuanto a infraestructura pública, las obras icónicas del Gobierno, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, son proyectos muy acotados para determinadas regiones y sus efectos en compra de materiales y generación de empleo, por ejemplo, no llegan al resto del territorio nacional. Esa es una de las grandes diferencias con el plan que formuló el presidente Roosevelt en Estados Unidos, el legendario New Deal, que logró reactivar la economía estadunidense después de la Gran Depresión.

Una añeja discusión que vuelve a salir al escenario político y empresarial a raíz de la pandemia del Covid-19 es aquella que cuestionaba la asignación de recursos públicos que recibían de la Secretaría de Hacienda las entidades federativas, la cual era muy asimétrica para varios estados de la República, en el sentido de que lo que les enviaba la Federación era muy inferior a lo que generaban vía impuestos en su territorio. Los casos más extremos han sido Colima y Nuevo León, que por cada peso que recogían, obtenían menos de 30 centavos; en cambio, otros salían favorecidos pues sus partidas presupuestales eran apoyadas por recursos federales, con montos superiores a sus ingresos tributarios. Lo anterior es un reflejo más del mosaico de desigualdades que prevalecen en este país.

Parece ser que la fórmula que utiliza la Federación para distribuir el presupuesto a los estados, que considera, entre otras variables, la población e indicadores socioeconómicos, está quedando obsoleta, pues la convergencia económica y social que se pretendía lograr entre las economías del Centro y Norte del territorio nacional con el Sureste, no ha resultado; al contrario, las brechas en índices de pobreza y marginación se han venido ampliando. Es una ecuación que ya tiene varios años operando y que es necesario que se revise, o al menos que se evalúe su desempeño.

Por otra parte, la situación financiera de las entidades federativas se debilita con la disminución de la partida del ramo 23 llevada a cabo por la presente Administración federal. Y para los estados del norte, la baja en la tasa impositiva en los municipios fronterizos representa otra caída en la recaudación fiscal.

Hasta antes de la pandemia sanitaria, el Congreso de la Unión no ha tenido el voto mayoritario exigido para convocar a un nuevo pacto federal, que vaya más allá de una reforma fiscal, y probablemente la situación cambie ante la debacle económica que se está viviendo en el país. Los primeros indicios los dio el Mandatario federal hace algunos días, al declarar públicamente que estaba de acuerdo con revisar el pacto de coordinación fiscal entre el centro (Federación) y los 32 estados de la república. La población informada y productiva de este país espera que no haya sido una frase con carácter político para salir del paso y que la intención se convierta en solo eso, intención.

Según la historia, las posiciones ideológicas de algunos políticos en el poder en el mundo se han reorientado ante el cambio precipitado de las condiciones sociales y económicas que no existían cuando llegaban al poder. Esperemos que este sea el caso del presidente López Obrador. Al menos en el sentido de aminorar la crisis de las finanzas estatales, ya existe una promesa de liberar el fondo de contingencia que se creó para apoyarlas. Según la SHCP, lo ahorrado asciende a 60 mil millones de pesos, que deben asignarse de manera racional, pues si prevalecen los criterios políticos sobre los económicos, la situación cambiaría poco.

No hay que perder de vista que de preferencia los recursos se dirijan a la inversión productiva (no al consumo); se enfatice la protección de las fuentes de empleo; que las pequeñas y medianas empresas sean consideradas unidades económicas prioritarias, incluyendo al sector de la construcción, por los efectos multiplicadores que tiene en el resto de las ramas económicas.                                

Con las recientes declaraciones del dirigente del partido en el poder (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, que con cierto desparpajo decía que es menester investigar la riqueza de las personas en el país, su intervención dejó un mal sabor de boca entre la clase empresarial, inclusive también en el contexto político, por lo que hasta el mismo Primer Mandatario las desestimó. Inmediatamente vino a la memoria de muchos la trayectoria no muy profesional y poco ética del también exdirigente del movimiento barzonista.

El presidente interino de Morena justificaba su propuesta al decir que si existía una dependencia en México (Coneval), que mide los indicadores de pobreza y a la vez evalúa el impacto que tienen los programas sociales dirigidos a las capas económicas menos favorecidas, en congruencia con ello debería hacerse algo similar con la población ubicada en los estratos más altos en percepción de ingresos. El citado personaje, además, señalaba que el Inegi debe ser el responsable de llevar adelante esta tarea, a través del acceso a las cuentas del SAT, y así obtener información, que es confidencial, y con ella turnarla a la Secretaría de Hacienda, para que elabore políticas públicas; además de que se podría construir un nuevo padrón de ricos, que entre otras cosas permita gravar impuestos progresivos, es decir, tener un cobro equitativo de las tributaciones o que el que perciba más ingresos, que pague más impuestos.

Aclaraba que al indagar el patrimonio de los mexicanos, de ninguna manera se atentaba contra la secrecía de la información, ni se vulneraba la identidad de las personas favorecidas con mayores recursos económicos, y mucho menos el Estado se convertiría en un gendarme de las posesiones de los ciudadanos. Las opiniones vertidas reflejan sin duda alguna el sentir de un grupo de diputados y senadores de ese partido (Morena), que pretenden una mayor intervención del Gobierno en las actividades económicas que llevan a cabo los ciudadanos, como sucedía hace varias décadas en este país.

Y las últimas frases, en esa entrevista, de Alfonso Ramírez, afirman lo anterior. Después de la debacle económica a causa del Covid-19, se pretende que no suceda lo de antaño, sino que pase lo que vivieron Estados Unidos y Europa después de la Gran Depresión, con la creación del estado de bienestar, administrado por los gobiernos en turno. Se sigue pensando en experiencias del pasado, en cómo revivirlas y ponerlas a funcionar en este sexenio, que se nutre de recuerdos, pero que no vislumbra políticas estratégicas contemporáneas. La multicitada propuesta no está fuera del microcosmos del Presidente y algunos miembros de su gabinete, que en palabras menos técnicas, se puede expresar coloquialmente así: quitar al que tiene riqueza, no importa si lo obtuvo por trabajo, herencia o ilegalmente, y repartirla entre los pobres. Estandarizar la pobreza.

La vía pacífica, casi la única, para llevar a cabo una redistribución del ingreso y la riqueza, es a través de la formulación de políticas fiscales con impuestos que lleven como objetivo la equidad y la eficiencia. De ninguna manera se genera riqueza con medidas draconianas de austeridad, despojando a los burócratas con puestos de alta jerarquía, de sus aguinaldos o congelándoles sueldos, o con frenos al gasto público, disfrazándolos de subejercicios. Esas medidas desde luego tienen un impacto sicológico en la población poco informada, y son rentables políticamente, electoreras, pero no es suficiente la honradez de los gobernantes, sino que deben tener otras habilidades que les permitan crear las condiciones para el crecimiento económico.

Una reforma fiscal es urgente, y adquiere mucho más relevancia ante la debacle económica que se avecina, que parece no importar a los que manejan las finanzas nacionales, que no tienen la capacidad para analizar la magnitud de la recesión o son serviles, al someterse incondicionalmente a la voluntad de su jefe, el Primer Mandatario de la nación. Usted dirá.

Las perspectivas para la recuperación de la economía planetaria ante la debacle causada por el Covid-19 presentan varias aristas, una de ellas es que los gobiernos compensen los desequilibrios en las finanzas de las empresas, negocios y familias a través de programas de incentivos y créditos fiscales, así como subsidios a las familias, mientras logran estabilizarse y adecuarse a una nueva realidad social y económica; políticas que han dado buenos resultados en la mayoría de los países desarrollados desde la posguerra.

No obstante, hay otra forma de entender las causas estructurales de la actual crisis sanitaria y económica, y en función de ello, plantear soluciones no ortodoxas. Aunque todavía no hay evidencias científicas fehacientes de qué fue lo que causó el primer contagio del coronavirus en un ser humano, no se descarta la hipótesis de que haya sido un efecto indirecto del cambio climático, de ahí que un grupo de políticos y académicos europeos y estadunidenses proponga, como medidas económicas paralelas a las sanitarias, salir de lo convencional y financiar proyectos ecológicos, aprovechando la disruptiva económica forzada. Aspiran a que se dé un punto de inflexión en el uso de los recursos naturales: antes y después de la pandemia.

La primera ministra de Alemania y la directora del FMI, Angela Merkel y Kristalina Georgieva, respectivamente, han mostrado interés en esa propuesta de carácter ecológico.

En el léxico económico empiezan a introducirse términos como eficiencia energética, proyectos verdes y ciudades inteligentes, entre otros. Un obstáculo que se ve en el horizonte es la probable resistencia de los gobiernos estadunidense y chino, por los intereses económicos que representan para los grupos de poder, interesados en que se sigan utilizando combustibles de procedencia fósil.

En el caso de nuestro país, la migración a energías limpias considero que sería lenta y tortuosa; impensable en este Gobierno, por los proyectos insignia que maneja (refinería y aeropuerto), y el apoyo financiero incondicional a Petróleos Mexicanos. Por supuesto que propiciará pérdidas a diversos sectores, entre ellos el automotor y el de extracción de carbón. Una etapa sin duda difícil, pero que si se formulan las políticas económicas adecuadas, se podría amortiguar la caída en el ingreso y empleo.

La magnitud del cambio se puede comparar con la de la Revolución Industrial, que inició en Inglaterra en el siglo 18. La migración de los automóviles de combustión interna a eléctricos significa un enorme reto para la economía saltillense, pues las armadoras de autos de la región no están preparadas para una modificación tan radical, y en caso de concretarse, es probable que las grandes transnacionales repiensen la localización de sus nuevas inversiones. Lo grave es que no se  están formulando las políticas gubernamentales estatales y federales adecuadas para afrontar la casi inminente llegada de la guerra de terciopelo al carbono.

El Gobierno estatal está maniatado porque tiene las finanzas comprometidas en el pago de la deuda dejada por administraciones pasadas, y el federal sigue construyendo un "futuro" en función de un supuesto glorioso pasado, enarbolado por la rectoría del Estado en las decisiones económicas. Brillan por su ausencia los estadistas.

Uno de los cambios que sin duda se dará es en el concepto de optimización de actividades, que tradicionalmente usan los economistas, con el que se reorientará el concepto para incluir un tipo de axioma: todo proyecto, al ejecutarse, debe generar más energía que la que consume, desde la construcción de vivienda hasta la siembra y cosecha de frutas y hortalizas.

Una pregunta que se escucha con cierta frecuencia, particularmente externada por aquellos que manejan una empresa familiar o un pequeño comercio, cuyos ingresos se vieron seriamente afectos por la pandemia que vive la sociedad mexicana y el mundo: ¿Qué pasará con la economía familiar después de la cuarentena? El futuro no es muy esperanzador, no obstante, se debe estar consciente de que los escenarios económicos y sociales van a cambiar.

Y un cambio originado por una crisis de la magnitud de la actual, casi siempre trae aparejadas nuevas oportunidades que se pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida y el entorno familiar, aunque no se cristalicen en el futuro cercano, y repercutan de manera inmediata en la economía de las personas.
Un primer cambio es el que ya promueve la ONU, apoyado por las principales economías de Europa (Alemania, Reino Unido…), y que a raíz de la pandemia adquiere probabilidades de pasar del aspecto teórico al práctico, tan solo en el mediano plazo se considera que será adoptado por las economías más contaminantes del mundo. En esencia se trata de enfocar las inversiones de carácter estatal y privado a proyectos que contribuyan con la economía verde; se descarta cualquier subsidio a empresas que dependan de la energía fósil, desde la construcción de aviones, subsidios a los combustibles de origen fósil, hasta termoeléctricas que funcionen con la quema de gas o carbón mineral, o cualquier empresa intensiva en ese mineral; todo ello, generará empleos “verdes”, aunque el primer escollo para las Mipymes será buscar su reconversión a la nueva demanda que surja.

Otro de los cambios, aunque ya reflejaba una tendencia al alza, es la manera de llevar a cabo las transacciones económicas y financieras; el comercio electrónico tomará nuevos derroteros y, paulatinamente, irá quitándole mercado al comercio tradicional o presencial. Aunque se destruirán fuentes de trabajo, ese nicho de mercado “virtual”, que se ampliará a través del tiempo, ocasionará la creación de empleos, pues se demandaran trabajadores con diferentes habilidades, desde especialistas en marketing digital, hasta programadores de software. Es probable que las grandes cadenas comerciales aprovechen las dos modalidades de comercio (electrónico y presencial), pero con diferentes estrategias, más agresivas, lo que, indudablemente, generará una disputa más agresiva por el mercado de proveedores y clientes.

Y en el ramo de la salud, se llevarán a cabo nuevas investigaciones que traten de conocer el amplio y desconcertante mundo de los virus, que pongan a disposición de los gobiernos y grandes laboratorios vacunas para prevenir y combatir los efectos de los virus. Paralelamente, eso exigirá inspecciones sanitarias más completas entre los viajeros interfronterizos, pero más tardadas.
Esto abrirá un amplio abanico de posibilidades de estudio y trabajo para los jóvenes interesados en las áreas de salud y biología.

Desde la perspectiva de las cadenas de suministros interempresa, los centros proveedores de insumos y bienes intermedios de los sectores aeroespacial localizados en diferentes continentes, se relocalizarán más cerca de sus armadoras de productos finales. En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es de esperarse que se efectúen migraciones de empresas del Lejano Oriente hacia esos tres países.    

Entorno Económico
Federico Muller
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La historia siempre nos refresca la memoria, y más la colectiva, siempre y cuando se tenga una sociedad organizada, informada e interesada en el bien social. Los ejemplos más emblemáticos, y cercanos que se tienen, han sido la de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, particularmente los que no paladearon las mieles de la victoria, y aquellos que estuvieron a punto de ser sometidos por el régimen fascista alemán. A pesar de no disponer del capital industrial e infraestructura, destruidos por la guerra, sus economías se recuperaron debido a varios factores, entre los que sobresalen tres: el elevado nivel de escolaridad de su población; la capacidad de gestión de sus gobernantes, y sin lugar a dudas la ayuda financiera que recibieron del exterior.

Un personaje clave para la economía inglesa, y para el capitalismo internacional, que buscaba reacomodar la economía mundial, fue Winston Churchill, quien a pesar de no comulgar con las teorías keynesianas, se supo imponer a pesar del desánimo y desesperanza de su pueblo ante la inminente invasión nazi; la historia lo ha juzgado como un relevante estadista. Una extraña combinación que se ve muy poco en el mundo contemporáneo: un político, y además un intelectual, en 1953, que recibió el Premio Nobel de Literatura. Los casos anteriores solo son algunos ejemplos que se pudieran tropicalizar y tomar como referencia histórica para conocer qué hicieron otros pueblos para salir de la encrucijada económica causada por la conflagración mundial.

La economía mexicana requiere urgentemente del apoyo financiero nacional e internacional, adicional al que ha ofrecido Banxico, créditos que para la magnitud de la recesión que se avecina, parecen limitados. Una línea de crédito convenida entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector privado del país hace algún tiempo, que por cierto fue malinterpretada, quizá por desconocimiento, por el Presidente de la República, puede ser una “bocanada de oxígeno” para las Mipymes, que se encuentran al borde del colapso económico.

Lo interesante de ese esquema crediticio es que el Gobierno no interviene ni siquiera como aval. Se trata de un préstamo, en una segunda etapa, que otorga el BID, hasta por 12 mil millones de dólares. El instrumento que se usará en el proceso crediticio es el llamado factoraje inverso, que consiste en adelantarle recursos monetarios al empresario, pagándole un porcentaje de las facturas que tiene por cobrar en el corto plazo (60 o 90 días) o parte de sus deudas; el intermediario puede ser un banco comercial. Con ello, la empresa puede financiar su capital de trabajo y seguir operando mientras se reactiva la demanda agregada.

De acuerdo con cifras del Inegi, en México se tienen registradas 4.1 millones de Mipymes, que juegan un papel importante en la generación del PIB; a grosso modo se estima que contribuyen con 42% de este indicador, y emplean a cerca de 75% de la fuerza laboral, de ahí la importancia de apoyar a ese segmento productivo, además de que muchos pequeños empresarios no tienen acceso al crédito bancario por ser muy alta la tasa de interés, o no cumplir con los requisitos que exigen dichas instituciones.

La solidaridad, o mejor dicho el interés de los organismos internacionales de desarrollo por colaborar a paliar la crisis  económica, de ninguna manera es gratuito, no es regalar dinero, o que vaya a fondos perdidos, sino son créditos con garantía y tasas de interés accesibles al empresario.

En la era moderna, al menos en el Continente Americano, después de la consolidación del territorio estadunidense sucedió un hecho histórico que aceleró el crecimiento económico de ese país. Se redescubría en las entrañas de la tierra el petróleo, y una vez en la superficie se industrializaba, que fue la gran diferencia con el mismo combustible usado por los romanos para fines artesanales o caseros. A mediados del siglo 19, y por cierto en Estados Unidos, el hallazgo estuvo a cargo de un personaje que la historia señala como responsable de poner en marcha el primer pozo petrolero en el mundo contemporáneo, encontró el oro negro a menos de 30 metros de profundidad, pero como casi siempre sucede, ha permanecido en la oscuridad, sin brillar monetariamente, pues fueron otros los que aprovecharon ese inusual y rentable redescubrimiento.

Desde la formación del mercado petrolero mundial no se había visto un crecimiento negativo en los precios del petróleo. Hace algunos días, en el mercado de futuros, un contrato que terminaba en mayo arrojaba una caída por debajo de cero en el precio del barril del petróleo texano (WTI). Aunque los analistas señalan que fue un caso excepcional, difícil de repetirse en el futuro, este hecho no se puede considerar como tendencia, pero sí refleja las condiciones tan adversas por las que está pasando la economía a escala planetaria.

Debido a la contingencia sanitaria mundial por el Covid-19, la demanda de hidrocarburos en todos sus tipos de refinados ha caído drásticamente, lo que se ha unido al afán desmedido de Arabia y Rusia de incrementar su producción petrolera para obtener más recursos. Los líderes de estos países consideran que la ampliación de volúmenes de ventas compensa lo que dejan de percibir por la baja en los precios, lo que ocasiona su agresiva política expansiva. Esa salvaje disputa por acaparar el mercado está siendo un factor disruptivo adicional al equilibrio macroeconómico mundial, que se venía consolidando desde la crisis inmobiliaria de 2007.

En el escenario mundial se tienen tres flancos que hay que atajar, o cuando menos mitigar: la crisis en el sector salud; la debacle económica y la sobreproducción petrolera. Un tóxico coctel nada agradable hasta para el más capaz y experimentado político de cualquier potencia económica. El precio negativo del petróleo se puede traducir de manera coloquial como el pagar a determinadas compañías por llevarse el combustible de los campos productivos y así reducir los costos de almacenamiento. El estrago ha sido el colapso, y varias medianas empresas productoras de gas y petróleo han dejado de producir simplemente porque su costo de producción es mayor al del precio de mercado.

En el caso de Pemex, de acuerdo con información que da su director, el costo de extraer un barril del crudo promedia los 14 dólares. Sin lugar a dudas, los márgenes de ganancia para la paraestatal son muy reducidos. La política racional sería disminuir la producción hasta, al menos, el nivel en que el costo marginal por unidad producida esté por abajo del precio de mercado, que se espera sea muy volátil en el corto plazo. La crisis petrolera mundial dificulta el rescate de la petrolera nacional, aunado a las políticas internas que no calibran el costo que tiene que absorber el Gobierno para oxigenar a Pemex.

Desde que llegó el Covid-19 a México -al cual el Presidente de los Estados Unidos le llama chino, en una clara denostación al Gobierno del gigante asiático-, cualquier pronóstico de las actividades económicas que se quiera llevar a cabo por las entidades nacionales o extranjeras mejor informadas, puede ser engañoso, al subestimar o sobrestimar la magnitud que tendrá en el empleo y consumo de la población mexicana. El panorama que se vislumbra no es nada halagador, y más lo ennegrece el que la causa del problema recesivo no es económico, sino de salud pública a escala planetaria, lo que dificulta la formulación de políticas públicas.

Quizá una de las excepciones al avance moderado del crecimiento económico que experimentaban las economías desarrolladas antes de la pandemia, sea nuestro propio país, que ya en 2019 presentaba indicadores macroeconómicos negativos, o en el mejor de los casos, estancados. Se levantan algunas voces que piden, con justa razón, la intervención más amplia del Gobierno. Todos coinciden en que la debacle económica por venir no puede ser resuelta por el mercado.

El programa que puso en marcha el Gobierno estadunidense después de la Gran Depresión (1929-34) se enfocó en reactivar la demanda agregada; no obstante, sería un error querer seguir la misma receta para tratar de neutralizar las consecuencias económicas del coronavirus, pues simplemente el contexto económico y mundial es muy diferente al de los años 20. A partir de esto se probaba, por cierto con éxito, una nueva teoría: la keynesiana.

Sin embargo, para la debacle que se avecina en el segundo decenio del siglo 21 no hay nada escrito en el sentido de configuraciones teóricas, los países siguen aplicando políticas de corte keynesiano, y poco se sabe de sus resultados. En el caso de la economía nacional, al secretario de Hacienda y al propio Presidente de la República se les han presentado propuestas económicas para enfrentar la crisis, una de ellas la que elaboró la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el
Retiro (Amafore), que debe analizarse detenidamente porque están en juego los ahorros de muchos trabajadores mexicanos para su retiro en el mediano y largo plazo. Aunque el planteamiento que hace dicha administradora, según su presidente, ya fue “probado” en otros países miembros de la OCDE y fue efectivo, pues produjo los resultados que esperaban.

La Amafore administraba, antes de la explosión de la pandemia, recursos por un monto de 4.03 billones de pesos, de los cuales se pretende sustraer 700 mil millones de pesos para invertir en obra pública, que tenga un efecto multiplicador en la economía. Hay que recordar que la construcción es uno de los sectores que más fuentes de empleo generan, de manera directa e indirecta.

Desde el punto netamente económico, podría ser un buen dinamo para acelerar el crecimiento de las actividades económicas del país. La estrategia es interesante, porque a través del mercado bursátil se invertiría en activos públicos que generan ingresos por su explotación, es decir, se haría un intercambio de ingresos futuros por recursos actuales, en el entendido de que el dinero que salga de las Afores se recuperaría en el largo plazo, porque los proyectos del Gobierno son rentables, lo que permitiría saldar la deuda que se tenga con los trabajadores, con relativa certeza, siempre y cuando haya demanda por esos bienes y servicios, que se supone repuntarán con el gasto en infraestructura.

Como se puede apreciar, existen soluciones creativas para rescatar a la economía nacional. La última palabra la tiene el Presidente de la República.      

Entorno Económico
Federico Muller
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Independientemente de si la pandemia ocasionada por el Covid-19, que está colapsando a la economía mundial, se pudo haber prevenido, la discusión resulta bizantina ahora simplemente por su destiempo. El hubiera en la teoría económica no tiene cabida, lo eminente para la economía nacional es afrontar de manera urgente los estragos económicos y sociales del contagioso virus. Dos de los principales actores son el Gobierno y el Banco de México. Por la información que ha trascendido en los medios de comunicación, la próxima semana el presidente López Obrador dará a conocer a la ciudadanía el plan para reactivar la economía, devastada por el coronavirus.

Esperemos que en los objetivos de dicho plan y en las decisiones que se han de tomar prevalezcan los criterios económicos contemporáneos sobre los políticos de rentabilidad electorera, considerando de vital importancia, además de los apoyos al sector salud, la generación de empleos e incentivos fiscales y créditos al sector empresarial.

Para que las políticas económicas temporales sean exitosas deben partir del binomio empleador-empleado, fórmula que permite aumentar la producción y estimular la demanda de la población. Por otro lado, un fenómeno que comienza a llamar la atención entre los estudiosos de la economía y a notarse en los bolsillos de las familias, es el incremento de los precios en los productos que conforman la canasta básica, lo que técnicamente se le llama estanflación, que no es otra cosa que inflación combinada con decrecimiento económico, fenómeno relativamente nuevo que apareció en los países industrializados en la década de los 70 del siglo pasado (20).

Antes de la contingencia sanitaria en el país, en febrero el Índice Nacional de Precios fue superior a 3%, cifra que al parecer empezará a marcar una tendencia alcista. Todavía es muy precipitado saber si el encarecimiento de las mercancías fue coyuntural, por la especulación comercial provocada por las compras de pánico de la población, o si fue producto de incrementos en los costos de producción, o si se fueron ambas. Cuando pase la emergencia sanitaria, se conocerá.

Lo preocupante para los mexicanos, particularmente para los que forman la economía informal, es el aumento de precios con un consumo reprimido por la pérdida de las fuentes de empleo, lo que complica el panorama, pues el año pasado (2019) la economía permaneció prácticamente estancada, lo que posiblemente hará que los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, en sus próximas reuniones, repiensen como salidas a la recesión nuevas bajas en la tasa de interés y expansiones en el flujo monetario.

Se pronostica que en el 2020 el PIB se reducirá entre 3 y 7%, así lo han estimado algunos bancos y agencias calificadoras, no obstante todos coinciden en que se dará un crecimiento negativo, las diferencias solo son en la profundidad de la recesión. La estanflación es un problema bastante serio que la economía del país no experimentaba desde hace varios sexenios. La 4T está ante un panorama inédito y complejo en el sentido del pernicioso coctel que se compone de una recesión mundial y la local arrastrada desde el año pasado. La capacidad de nuestros gobernantes y funcionarios se pondrá a prueba. Por el bien de México, todos debemos sumarnos para salir adelante de esta doble crisis.


Federico Muller
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La recesión económica que se vislumbra, cuyo origen aparentemente es por un virus biológico, quizá no tenga paralelo con ninguna otra vista en este siglo 21. Al menos los resultados que se han observado en las bolsas de valores del mundo, muestran un nerviosismo exagerado que atenta contra el razonamiento y frialdad que deben tener los hombres del dinero ante tales acontecimientos. Guardando ciertas distancias, las reacciones son parecidas a las de la Gran Depresión de 1929, particularmente en el sector bursátil y financiero, pues ante la incertidumbre, es decir el temor a lo desconocido, los tenedores de bonos y acciones tratan de proteger su patrimonio buscando activos más seguros para invertir, sin considerar los efectos perniciosos que tienen sus sentimientos y emociones en las actividades económicas productivas de una sociedad universal que, por su interconexión global, dejó atrás las fronteras entre países.

Al inicio de esta semana, y tomando como ejemplo a la economía estadunidense, que por su participación en el PIB mundial juega un papel determinante en la ralentización o aceleración de la dinámica económica. las políticas monetarias instrumentadas por la Reserva Federal (Fed), que no tienen que pasar por el Congreso estadunidense para su aprobación, no han convencido a los inversionistas de Wall Street. Los índices bursátiles (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) han venido bajando, y la tendencia que se puede observar no es nada alentadora para el resto de las bolsas del mundo.

Si las bolsas siguen con comportamientos erráticos, es probable que las políticas monetarias expansionistas de la Fed queden neutralizadas, sin el efecto deseado, lo que seguramente presionará al Congreso estadunidense a destrabar las propuestas fiscales del presidente Trump para reactivar la economía de EU. Pero el problema parece ser que no se resuelve implementando políticas de corte keynesiano, esto es gastando recursos públicos para apoyar a sectores que más han resentido la baja demanda en el consumo; sencillamente porque la causa no es económica, ni financiera, sino sanitaria, la salud pública se ha visto quebrantada por epidemias o quizá pandemias en países y regiones, pero en el pasado reciente ninguna había tenido las magnitudes del coronavirus (Covid-19), que paradójicamente puso a prueba los sistemas de salud pública de los países más ricos de la Tierra.

Cualquier cantidad de recurso público no es suficiente para mitigar el miedo que siente la población a contagiarse, y por ende su consumo habitual de bienes y servicios disminuye drásticamente. Va a costar tiempo y recursos devolver la seguridad y confianza a la gente para salir a la calle. Ante este fenómeno sanitario, virulento y desconocido por las mutaciones tan aceleradas que ha adquirido en el tiempo, se requiere mantener las campañas de prevención y subsidiar temporalmente a los trabajadores, que por razones forzadas entran en paro. Y al micro, pequeño y mediano empresario del país, apoyarlos con estímulos fiscales y créditos con intereses blandos. Además, implementar un programa agresivo de inversión pública, en infraestructura y equipo.

El sector salud público, por las deplorables condiciones en que se encuentran clínicas y hospitales, requiere de más inversión, aunque para ello se tengan que llevar reformas a la ley del IMSS y del Trabajo. Y paralelamente, tomar en serio el cambio climático, que -aunque todavía no hay una certeza científica- se considera como uno de los factores que desencadenaron la pandemia actual, que no ha respetado ni fronteras ni clases sociales.

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Ante la sorpresa mundial por la aparición del Covid-19, que ha semiparalizado la economía a escala planetaria, y probablemente desencadene una recesión en las actividades económicas, definitivamente los gobiernos no están preparados para enfrentar el problema de salud pública. Cualquier política pública convencional que se quiera formular para reactivar la economía, sin duda resultará insuficiente porque los orígenes de la crisis no son de índole estrictamente económica, sino solo son consecuencia de la pandemia.

Al ser la causa sanitaria la culpable del nerviosismo que priva en los mercados financieros, y que obliga a las familias a modificar sus agendas cotidianas de trabajo, educación, recreación y a restringir los bienes de consumo que no son indispensables para la sobrevivencia, plantea un escenario que, probablemente en México, no se veía desde la gripe española, ocurrida a principios del siglo pasado (20), de la cual lamentablemente no se tiene información, o quizá, si se corre con suerte, se disponga de pocos datos estadísticos de carácter económico porque eran épocas de mucha turbulencia política. Aquellos gobiernos tenían un estrecho margen de intervención en la economía postrevolucionaria, que apenas comenzaba a transitar de lo rural a lo urbano y era habitual la economía de autoconsumo, con las haciendas como unidades de producción. El país apenas se consolidaba como nación con la elaboración de la Constitución de 1917.

De esta manera, las políticas públicas, que deben implementarse de manera rápida, no son las que sugieren los manuales de macroeconomía tradicionales, que hablan de cómo corregir los desequilibrios en la demanda y oferta agregada, causados por factores especulativos o económicos. Probablemente alguien señalaría como algo pedagógico la crisis que sufrió el país con la propagación de la influenza en la primera década del siglo 21, pero sus consecuencias y políticas sanitarias que se implementaron, serían insuficientes ante la magnitud del fenómeno del coronavirus.
Lo que se requiere es de la creatividad y sensibilidad de los funcionarios de Hacienda, Economía y del Banco de México para el diseño de políticas inéditas que apoyen escenarios sociales y económicos no vistos en el mundo contemporáneo. En economía se habla de que las políticas públicas en casos críticos como el que atraviesa la humanidad, deben tener una esencia, más arte que técnica, para cumplir a cabalidad con su cometido de mejorar la calidad de vida de las familias, en particular las menos favorecidas económicamente.

En este artículo se plantean, desde la perspectiva de divulgación, dos propuestas que se aventuran sin contar con la información socioeconómica a la cual tiene acceso el Gobierno en el contexto nacional e internacional: tropicalizar las políticas, estrategias y programas que lleven a cabo otras naciones, como Estados Unidos, Francia o la misma China, entre otras. En el caso de Francia, aunque aún es prematuro hablar de logros, parece que su programa en contra de la pandemia está dando los primeros resultados positivos. Partir de implementar políticas de prevención entre la población, racionales, para evitar los contagios del virus citado, sin provocar la fatiga social. Las restricciones a centros de trabajo, escolares y lugares públicos deben ser en función del incremento fundamentado estadísticamente de la tasa de infección por el virus. Lo anterior no es nada fácil para el Gobierno, pues se requiere de una estrecha coordinación entre las autoridades económicas y financieras y la Secretaría de Salud.

La otra propuesta es recurrir a la línea de crédito que tiene este país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprovechando el desplome de las tasas de interés internacionales, para apoyar los programas de salud y subsidiar a las familias mediante transferencias que les permitan mantener un ingreso para poder sobrevivir y solventar los gastos elementales. Es un desafío para el presidente López Obrador.

Entorno Económico
Federico Muller
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Es lamentable que surjan fracturas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se estableció desde 1960, siendo una de las cinco naciones fundadores Venezuela, así como Arabia Saudita. Paulatinamente ha venido creciendo, se ha multiplicado el número de sus miembros, en cuyas economías predominan las rentas petroleras. Actualmente 14 países conforman la OPEP. Entre ellos acuerdan cuotas y precios, tratando de influir en el mercado petrolero mundial.

La aparición de esa organización en el contexto económico y político fue para disminuir el poder que tenían las empresas estadunidenses e inglesas en ese nicho de actividades energéticas. Hace algunas décadas, su poder oligopólico era determinante en el precio del barril de petróleo, inclusive llegó a provocar una debacle económica a escala planetaria, en 1973, al subir el precio del crudo, sorprendiendo a los gobiernos y empresarios del mundo industrializado, quienes se vieron forzados a racionalizar el consumo de los combustibles en el mediano plazo, particularmente el sector automotor innovó y diseñó motores más pequeños y ahorradores de energía. Otra de las consecuencias del alza petrolera fue el incremento de la inflación en naciones con una larga estabilidad en los precios.

La decisión política del aumento de los precios del oro negro, también se acompañó del recorte de su oferta. Las reservas probadas de petróleo de los países miembros de la OPEP representan cerca de 80% del resto del mundo; para ampliar su poderío consiguió algunos aliados, que aunque no son miembros, acuden a las reuniones y toman acuerdos juntos; un país invitado fue Rusia.

Recientemente se presentó una situación contraria a los acuerdos que se daban entre ellos, porque Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo en el mundo, no resistió la tentación de ampliar su producción, a raíz de las discrepancias que tuvo con Rusia, y a diferencia de la crisis de 1973 por recorte de oferta y aumento de precio, la debacle que se avecina en la economía mundial es por una sobreproducción de crudo, pues el país árabe está ampliando su producción diaria por arriba de los 10 millones de barriles.

Los efectos no se hicieron esperar y el precio de los combustibles ha comenzado a descender en las economías importadoras, con excepción de México, que sigue una política contraria a los cambios en el mercado mundial de petróleo. Las principales bolsas de valores del mundo también han resentido estos efectos, pues el precio de las acciones ha caído estrepitosamente. Si se añade la pandemia del coronavirus, que también sorprendió, definitivamente las expectativas del PIB mundial que se tenían habrán de disminuir, aunque los analistas de los organismos internacionales todavía no contabilizan el monto de las pérdidas, para emitir un pronóstico certero del crecimiento de la economía en el mundo.

Por lo que respecta a México, el riesgo que se corre con la baja de los precios del petróleo, es que las calificadoras degraden la calificación de Pemex, que traería consecuencias muy lamentables al resto de las actividades de la industria nacional, particularmente los pequeños y medianos empresarios, cuyos financiamientos se encarecerían al detonarse una crisis económica en el país.

Es conveniente recordar que la Reserva Federal (Fed) estadunidense hace las funciones de banco central en ese país, pero desde una perspectiva más amplia que la que cumple por mandato constitucional el Banco de México, pues tiene a su cargo además de la estabilización de precios, formular políticas para el crecimiento económico, que sin duda hace más compleja su administración, a pesar de la organizada estructura administrativa y técnica que tiene la Fed, a lo largo del territorio americano.

Es debido a lo anterior que los funcionarios de Banxico mantienen una actitud prudente ante algunas discusiones y propuestas no formales que han surgido en el Congreso de la Unión para asignarle una doble responsabilidad a esa institución financiera: el control de la inflación y el diseño de políticas económicas, tal como lo hace el banco estadunidense. Aparentemente, la actitud de algunos legisladores mexicanos que se inclinan por esa postura es motivada por la ausencia de políticas y programas en pro de la expansión de las actividades económicas, entre ellas la política industrial y de inversión pública, que deberían formular e implementar las dependencias encargadas de reactivar la alicaída economía mexicana, como son la Secretaría de Hacienda y de Economía, entre otras, que sí dependen del Ejecutivo federal, y que no son técnicamente autónomas como el Banco de México.

Vale la pena mencionar que en lo que va de la presente Administración federal aún no aparecen políticas fiscales anticíclicas, expansivas y de largo alcance, o al menos acotadas por el horizonte de tiempo del sexenio, que influyan para lograr un crecimiento económico acorde con los requerimientos del país, la cuales desde el sexenio pasado deberían haber iniciado ante los primeros signos de desaceleración de la economía.

Es más conveniente considerar las opiniones de los senadores y diputados de oposición y del partido del Presidente de la República, que comulgan con una doble función del Banxico, desde un ámbito partidista y popular, lo que implica leerlas entre líneas: una de ellas, la orientación de las propuestas no es realmente ocuparse del aspecto económico del país, sino política: se trata de paulatinamente ir minando la autonomía del banco central, para posteriormente modificar las leyes y estatutos legislativos que lo rigen para regresar nuevamente a que dicha institución financiera sea una dependencia más del Gobierno, cuyo gobernador simplemente obedezca las órdenes del Presidente del país. Al eliminar la autonomía del banco, la centralización del Gobierno se fortalecería, y serían ya muy pocos los contrapesos que enfrentaría el propio Mandatario federal. Un poder que rayaría en los linderos del absolutismo, cuya experiencia nada grata ya se tuvo cuando gobernaba el PRI.

Por otra parte, desde mi punto de vista, sería muy conveniente la coordinación de las políticas fiscales y monetarias -las primeras corresponde formularlas a la SHCP y las otras a Banxico-, aunque en la práctica resulte difícil, pues los intereses que se persiguen han sido diferentes entre las autoridades monetarias y fiscales, no solo en México, sino en otras naciones con regímenes similares al de Banco de México. Valdría la pena al menos intentarlo, aunque hay una interesante discusión teórica entre crecimiento y estabilidad de precios y tasa de desempleo.

Se considera que al inducir el crecimiento económico, particularmente con gasto público, se rompe con los equilibrios en las tasas de inflación y de desempleo, disparándolas, pero las experiencias recientes en varios países desarrollados han mostrado que la teoría señalada no se ha cumplido. Si a los políticos y funcionarios encargados de manejar las variables financieras verdaderamente les interesa el bienestar de las familias mexicanas, no pondrán resistencia en conciliar criterios y trabajar unidos, por el bien de México.   

De acuerdo con cifras del Inegi, en 2017 la población llegó a un total de 123.6 millones de personas, de las cuales 48.7% lo integran hombres y 51.3%, mujeres; así, la brecha entre hombres y mujeres, al menos por el número de habitantes, no es muy asimétrica. Las razones de que existan más mujeres se pueden atribuir a varios factores, uno de ellos la mayor esperanza de vida, pues las damas viven en promedio 4 años más.

Las mayores brechas entre hombres y mujeres se encuentran en los mercados laborales, que influyen en la desigualdad económica y pobreza del mal llamado sexo débil. Independientemente de que se presente discriminación o no hacia la mujer, el contexto económico o la construcción social del país no responden íntegramente a los requerimientos de las mujeres, y por ello se obstaculiza su incursión completa en el mercado de trabajo remunerado. Se pueden citar tres elementos que frenan su participación productiva.

El primero tiene que ver con el rol de género que juegan en la sociedad. La aportación en trabajo no pagado que hace la mujer en el hogar o en cualquier otro sitio, es mayor al de los varones; según estadísticas de la OCDE, ellas laboran 4 horas más que los hombres por día, particularmente atendiendo a la familia.

El segundo elemento, que agudiza al primero, es la ausencia de políticas públicas formuladas para concatenar la vida productiva y la familia. Todavía es limitado el número de instituciones de capacitación laboral y de atención a los hijos. Y el último elemento es la rigidez del mercado laboral, que demanda al menos 8 horas de faena continua diariamente.

Lo anterior se ve reflejado en varios aspectos en las estructuras laborales, por ejemplo, en los puestos gerenciales, cuya mayoría es ocupada por varones, y solamente 31% corresponde a mujeres, y a medida que se sigue avanzando en el organigrama de las empresas hacia la dirección y consejos administrativos, la participación femenina disminuye drásticamente, y seguramente no es por falta de capacidad, sino por las condiciones laborales más demandantes; 7% de ellas forma parte de los consejos directivos, y en propietarias de empresas la cantidad baja a 2 por ciento. Todos los datos son en relación con el total de mujeres que componen la fuerza laboral nacional.

Al encontrar resistencia para acceder al mercado de trabajo formal, la mujer incursiona en la informalidad, en donde 51% del total de este mercado es acaparado por ellas, observándose una muy cercana paridad entre ambos sexos. Lo negativo de esta situación es que tal sector es poco productivo y no les ofrece ningún tipo de seguridad social; y además quedan fuera del control fiscal, que influye en frenar el incremento de la base gravable del SAT. Quizá olvidando, o desconociendo el contexto económico, los colectivos feministas están convocando a un paro nacional de labores para el 9 de marzo, un día después que se conmemore el Día Internacional de la Mujer.

El motivo que las une para protestar, y suspender cualquier actividad productiva y/o social a lo largo del territorio nacional, es el aumento significativo de los homicidios de mujeres. Están retomando lo que se hizo hace varias décadas en Islandia, una pequeña isla desarrollada, cuya convocatoria fue todo un éxito y las condiciones de vida de la mujer islandés han venido mejorando, pero no es comparable con México, pues su población no rebasa los 400 mil habitantes, que puede ser como la de una ciudad intermedia de nuestro país. La convocatoria al paro nacional femenino es válida; no obstante, se están enfocando en los efectos de la discriminación cultural y ancestral hacia la mujer, olvidando las causas estructurales del problema.

Las estimaciones sobre el crecimiento de la economía mundial para 2020 apuntaban a tasas de entre 3 y 3.7%, de acuerdo con pronósticos que se hacían a finales del año pasado. Los bancos de inversión y las calificadoras veían con cierto optimismo la marcha de la economía a escala planetaria, a tal grado que las expectativas de crecimiento eran superiores a las de los últimos años, al considerar que las economías emergentes, entre ellas China e India, marcarían el liderazgo mundial y su participación en el PIB global estimularía la demanda agregada, teniendo en cuenta que uno de los obstáculos al comercio exterior se había disipado al concluir la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y con la probabilidad de firmar un acuerdo comercial en el corto plazo entre ambas economías.

Sin embargo, a raíz del brote del coronavirus (COVID-19) en China, y con la posibilidad de que la enfermedad se extienda rápidamente a otros países, han empezado a cambiar las perspectivas sobre el crecimiento de la economía planetaria. Por lo sorpresivo del virus, aún no se han publicado cifras oficiales del efecto probable que tendrá en la economía esta pandemia. La interdependencia de las cadenas de insumos y productos seguramente se ralentizará con la probable desaceleración de la economía del gigante asiático, la cual suministra exportaciones e importa materias primas a muchas economías de los países industrializados.

En ese panorama mundial tan complicado surgen preguntas como ¿qué rol jugará la economía nacional? ¿Se puede abrir una ventana de oportunidad para el comercio mexicano? Desde mi punto de vista todo depende de las políticas económicas que formule el Gobierno federal ante esta emergencia sanitaria, mediante la creación de incentivos a los sectores que pueden participar, entre ellos el alimentario y el de salud. Si se capitalizan de una manera racional las ventajas que tiene México, aprovechando las demandas y ofertas de bienes y servicios que involuntariamente deja la economía china, se puede reactivar nuestra economía, que en 2019 tuvo su peor desempeño en varios años. La recesión económica (-0.1%) debe revertirse a través del mercado interno como externo.

En las últimas declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a un medio informativo extranjero sobre el futuro de la economía del país, fue moderadamente optimista, pero siguió repitiendo los mismos argumentos que esgrime el
Presidente de la República en sus conferencias de prensa matutinas cuando habla del estado que guarden las finanzas federales, la economía y los estratos sociales económicamente más desfavorecidos del país.

Ambos personajes -uno que conoce bien la política mercadológica y desconoce, o mejor dicho no reconoce, lo complejo de las economías del siglo 21; y el otro que es lo contrario, pero que cuida su empleo y se alinea con lo que diga su jefe- siguen apostando al tratado con Estados Unidos y Canadá y a la baja paulatina de la tasa de interés como estímulos para reactivar la alicaída economía azteca.

En la conferencia de prensa mencionada, el doctor Herrera tocó marginalmente el tema del coronavirus, quizá por lo reciente del fenómeno de salud pública, sin embargo, no definió la postura que tomará la SHCP ante ello. Su participación en cuanto al sector externo se concretó al T-MEC. Lamentable que no se hable de lo que está pasando más allá de las fronteras de México, se sigue manteniendo una política económica desfasada de la realidad internacional, fundamentada en los recuerdos de cuando el país vivió el milagro mexicano, con el modelo de sustitución de importaciones.                          

Entorno Económico
Federico Muller
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Según estadísticas internacionales, México es el mayor consumidor de refrescos a nivel planetario y de las naciones con mayores índices de sobrepeso y obesidad, un dato nada halagador. Ocupar el primer lugar mundial en obesidad infantil ha conllevado a la aparición de enfermedades cronicodegenerativas que aparecen a temprana edad y minan la productividad, además de que elevan el costo por persona de la atención médica que brindan las instituciones públicas. Esta situación se encarece y se vuelve compleja por la sobrepoblación de derechohabientes que medianamente atienden el IMSS y el ISSSTE, entre otros organismos.

Entre los factores que han influido en el aumento de la obesidad se pueden señalar varios, entre los que sobresalen la influencia del mercado estadunidense, la exportación de franquicias de comida rápida, el encarecimiento del costo de la vida, que obliga a la incorporación de la mujer al mercado laboral, y la facilidad de obtener los productos de manera rápida en las puertas de los hogares, lo que ha ocasionado un cambio paulatino en la cultura, particularmente en las entidades del norte y centro del territorio nacional, al menos en lo referente a los hábitos alimenticios que tenían las familias mexicanas, de comida casera y menos abundante en cuanto a grasas, azúcares y almidones.

Ya se ha evidenciado que el encarecer, por la vía de mayores impuestos, las bebidas azucaradas y golosinas no ha logrado detener el consumo, en parte porque las transnacionales refresqueras han respondido con estrategias mercadológicas y técnicas al diversificar sus productos, y por la otra porque está muy arraigado entre la población su consumo cotidiano. Infortunadamente los intentos que ha hecho el Gobierno mediante la formulación de políticas fiscales no han resuelto la problemática; quizá ha faltado promoción y un horizonte más amplio para empezar a notar las modificaciones en la ingesta de ese tipo de alimentos.

Nuevo etiquetado en productos tipo golosinas. Una nueva presentación en las envolturas de productos “chatarra” está por aparecer en los mercados, principalmente en tiendas de conveniencia, centros comerciales y pequeñas tiendas de barrio. Es conveniente decir que el nuevo etiquetado se presentó hace algún tiempo en los mercados chilenos y al parecer ha tenido un razonable éxito, de ahí que el Gobierno mexicano lo copie y adecúe a la idiosincrasia nacional.

Por ley, se pretende obligar a las empresas a insertarlos en las envolturas de sus mercancías un código de colores y formas geométricas que llame la atención a la pupila de los compradores. Lo que se quiere resaltar, mediante figuras octagonales en los empaquetados, es la cantidad de azúcares, sodio, edulcorantes, cafeína y
grasas transgénicas que contienen los productos.

De acuerdo con estudios de mercadotecnia realizados por agencias que estudian el comportamiento del consumidor, las nuevas reglas harán que más empresas se incorporen al mercado, propiciando más competencia y aprovechando nuevos nichos. Puntos de vista discutibles, y poco probables que se den en este país, sencillamente por el tamaño de las compañías líderes, transnacionales con capacidad para sacar del mercado a empresas que intenten hacerles competencia. Además, conociendo los gustos y preferencias de los niños y jóvenes, es difícil que se abstengan del consumo de “chatarra”, a pesar de las llamativas advertencias.

Federico Muller
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La reducción en el gasto público que reciben los partidos políticos en México es una añeja propuesta que cobra vigencia a medida que la economía deja de crecer o lo hace a tasas minúsculas. Los recursos económicos que recibe el Gobierno por la vía impositiva no alcanzan para financiar las necesidades más apremiantes de la sociedad. Las políticas públicas, aunque bien intencionadas, no pueden disminuir las asimetrías en el ingreso de las familias mexicanas mientras no haya los suficientes apoyos en su implementación, de ahí la urgencia de recurrir a recortes presupuestales para poder cumplir los ineludibles compromisos del Estado, como deuda, pensiones, programas sociales, entre otros.

Desde esa perspectiva, resulta que las partidas destinadas a los institutos políticos ocupan un lugar no preponderante en las prioridades gubernamentales. En 2019 se programó un gasto de 4 mil 965 millones de pesos para apoyar a siete partidos (Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano), que relativamente es poco significativo si se compara con los presupuestos de programas sociales o educativos, que sobrepasan holgadamente esa cifra. No obstante, lo que se busca es racionalizar el gasto, sin erosionar la democracia y la transparencia de las elecciones.

Si se analizan las últimas campañas políticas, desde las presidenciales hasta las de diputados locales y alcaldes, las propuestas que de ellas emanaron fueron más producto de la demagogia y la ficción, que de un ejercicio serio y asequible a la realidad nacional. La calidad de los discursos políticos dejó mucho que desear. Por ello, se quiere frenar el dispendio de recursos públicos y disminuir el costo del proselitismo electoral.

Sin embargo, para algunos analistas y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), el bajar el presupuesto de una manera drástica a los partidos compromete a la incipiente democracia nacional, o simplemente la puede exponer a intereses oscuros. Tal vez lo que más convenga es acompañar la “contracción” de los recursos para el sostenimiento de los partidos, con tres elementos que podrían compensar, o al menos paliar la caída en los presupuestos partidistas, sin menguar sus actividades.

Participación de recursos privados en las campañas políticas. Es un tema que ha causado polémica entre los actores políticos y gubernamentales. El financiamiento privado lo rechazan los sectores más conservadores del Gobierno y del INE, porque puede prestarse a contubernios entre candidatos electorales y grupos con capacidad económica, pero de dudosa solvencia moral, cuyo resultado sea condicionar a sus intereses la agenda política del candidato ganador de la contienda.

Pero en México esto ha sucedido desde hace varias décadas: de manera velada e informal, los apoyos se reciben y se disfrazan de diversas maneras para burlar al INE y a la Secretaría de Hacienda. Hay formas de transparentar los recursos que provienen del sector privado, inclusive hasta se puede legislar en favor de que puedan ser sujetos a condonación de impuestos, con tal que se conozca la fuente y la procedencia de los mismos. El riesgo que se corre de solamente apoyar a determinados estratos de la sociedad que cooperaron con el candidato ganador se neutraliza con el retiro de los votos en las próximas elecciones al partido que postuló a dicho político en el poder.

Acortar los días de las campañas políticas. Esta política electoral puede ayudar a disminuir el gasto de campaña: entre más breves sean, obligan a los candidatos a maximizar su agenda proselitista y por ende a bajar su costo.

Topes a los gastos de campaña. Al acotar los gastos en las campañas políticas, se limita la participación económica de los particulares y se coadyuva a que los ganadores de los puestos públicos minimicen sus compromisos con empresas y/o personas físicas.

Entorno Económico
Federico Muller
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El hábito de la lectura en la sociedad, para muchos especialistas en la enseñanza, es un indicador fiable del desarrollo educativo nacional que se tiene, a pesar de las plataformas digitales, que ofrecen libros electrónicos, los textos impresos siguen circulando y mientras haya un mercado su existencia se prolongará.

Los sondeos más recientes que se han hecho a escala planetaria para conocer el interés de los ciudadanos en la lectura, se basan en libros impresos o tradicionales. Hay diferentes formas de medir la lectura de una población, las dos más recurrentes han sido: libros promedio leídos per cápita-mente en un año, y las horas por semana que dedica la persona a la lectura; algunas organizaciones supranacionales también consideran el tiraje anual de libros producidos por un país, como otro factor que contribuye a indagar sobre el consumo de libros.

El apetito por la lectura, en muchas ocasiones, se asocia a mejor calidad de vida y más desarrollo económico.

En ese sentido, en 2013, los países que más tiempo dedicaron a la lectura semanal fueron India, Tailandia y China; con 10.7, 9.4 horas y 8 horas respectivamente.

Además China, quizá por el tamaño de su población, es la nación que lleva el liderato en la producción de libros. Con excepción de Tailandia, las otras dos naciones son economías emergentes, con un gran potencial para el futuro cercano. Los mexicanos leen en promedio 5.5 horas por semana, por debajo de la media mundial, que en ese año fue de 6.5 horas a la semana.

El otro indicador, considera en promedio, los libros leídos anualmente por los habitantes de un país. Según un estudio que realizó la UNESCO y la OCDE, en 108 países del mundo, nuestro país ocupó el lugar 107, en promedio se leen 2.8 libros por persona, por debajo de Chile, Venezuela y Argentina. Una de las razones, puede ser el porcentaje de la población mexicana que se mantiene rezagada, y todavía es analfabeta, otra se puede atribuir a los programas educativos, que no priorizan e incentivan a la lectura como un elemento insustituible para la formación de un alumno.

Sin pasar por alto, los distractores que se presentan, particularmente entre los jóvenes, que obstaculizan el hábito de la lectura, entre ellos, las redes sociales. Debido a la precaria lectura, se presenta una situación nada atractiva para fomentar esta actividad. En el territorio nacional existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes, e incluyendo las universitarias y de educación media superior, una librería por cada 200 mil habitantes.

Saltillo ha sido testigo del desinterés de la población por hacer rentable el negocio de la venta de libros. De las librerías que se encontraban en el primer cuadro de la ciudad, todas han desaparecido, con excepción, de la librería Carlos Monsiváis, aunque es relativamente reciente en la ciudad, y tiene vínculos con el Fondo de Cultura Económico.

Pero fuera de ella, las pocas que sobreviven se localizan al norte de la ciudad. Se puede pensar que la desaparición obedeció a la digitalización de los libros, sin embargo, el “bajar las cortinas” fue anterior a la era electrónica. Una manera de formar mejores ciudadanos es fomentando en ellos, desde el parvulario, el hábito de la lectura.

Derivado de la globalización de la economía y las tecnologías digitales, las faenas laborales empiezan a modificarse en las actividades económicas del planeta y, por ende, las leyes que rigen el mercado laboral son susceptibles también de cambios.

Desde finales del siglo 19 las horas de trabajo han disminuido paulatinamente, hasta llegar a la semana de 40 horas -algunos la han llamado “semana inglesa”-, que ha permanecido durante décadas, la cual respondía a los requerimientos de un mercado laboral rígido, de una economía con nulas o pocas interacciones con el resto del mundo.

El anterior era el caso de México, hasta principios de la década de los 80, cuya Ley Federal del Trabajo (LFT) favorecía al trabajador, siempre y cuando este se empleara en el sector formal, sus prestaciones sociales estaban aseguradas, y para poder despedirlo, el empleador tenía que cubrir su liquidación o finiquito. Los horarios de trabajo por horas eran sumamente raros, y más todavía el manejar jornadas menores a 40 horas por semana. A pesar de ello, la economía nacional alcanzaba tasas de crecimiento por arriba de 4% anualmente. En parte, este elevado desarrollo se debía a que se aprovechaba bien la coyuntura mundial, en los países industrializados sus modelos económicos no dependían de las exportaciones para lograr crecimientos, sino del consumo e inversión pública y privada, sectores que se generaban y regulaban domésticamente.

Con las reformas “salinistas” a la Constitución, se abrió la posibilidad de también modificar la LFT, la cual años después se llevaría a cabo. Otro cambio importante que se dio fue la privatización de las pensiones, cuyos fondos ahora administran las Afores. Si bien es cierto las modificaciones a las leyes fueron estructurales, la semana laboral de 40 horas se respetaba, permanecía inmune a los cambios. Sin embargo, la evolución que se está dando en los mercados de trabajo de las naciones con mayor desarrollo económico en el mundo, es probable que influya para su modificación y de 40 horas se pase a horarios semanales más reducidos.

Uno de los proyectos para disminuir la faena de trabajo -por cierto todavía a manera de experimentación-, que implementó una empresa líder en sistemas computacionales en Japón, fue suspender sus actividades productivas durante cinco viernes consecutivos y los resultados no se hicieron esperar: la productividad laboral se incrementó, mejoró la satisfacción de los empleados por las tareas desempeñadas en de la compañía y los insumos (copias, tintas, papel, etc.) consumidos en el trabajo también decrecieron, lo que se acompañó de una reducción en el consumo de energía. Y se pueden ennumerar más ejemplos, pero aún no se ha oficializado su puesta en marcha, tal vez es cuestión de esperar un poco.

También es conveniente mencionar que hay voces discordantes que no están de acuerdo con ese tipo de medidas, argumentando que el nivel de trabajo y de estrés laboral sube entre los trabajadores porque las mismas cuotas de trabajo se tienen que sacar, pero ahora en menor tiempo. Lo que puede ocurrir es que solo a determinadas empresas, dependiendo de su giro, les convenga reducir la semana laboral.

Es un tema que sigue causando controversia, que probablemente se tenga que resolver en el mediano plazo, pasando de un mercado laboral rígido a uno flexible, que incorpora subcontratación, horarios parciales y menos prestaciones para los trabajadores.

Entorno Económico
Federico Muller
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La violencia no cede en este país y los homicidios rompen récord cada año. Mucho se ha dicho sobre las causas de la muerte de miles de ciudadanos: algunas apuntan a la baja escolaridad de la población, que no vislumbra un futuro mejor y prefiere enrolarse en algún grupo del crimen organizado, que se han multiplicado en México a raíz de la desarticulación de los principales cárteles, que dominaban un vasto territorio.

Otros la atribuyen al grado de pobreza y desigualdad prevaleciente, que prácticamente “atrae” a cientos de jóvenes a delinquir, al optar por obtener dinero en forma relativamente fácil y rápida, a costo del riesgo que implica dedicarse a esa actividad, que tiene como consecuencia el ser aprehendidos o perder la vida.

Unos cuantos opinan que las razones de la violencia se multiplican porque obedecen a las prohibiciones que se dan en el consumo de la mariguana para uso lúdico; en cambio, no faltan los que dicen que es un reflejo de la pérdida de principios y valores en los niños y jóvenes, que en generaciones pasadas se aprendían de papá y mamá, en el hogar y se afianzaban en la escuela, y finalmente hay personas que consideran al contrabando de armas, y la cercanía con el mercado estadunidense como detonantes de la violencia.

La apuesta de la Administración federal actual es atacar a los grupos de narcotraficantes de manera más inteligente, investigando sus circuitos financieros y bloqueando sus cuentas de procedencia ilícita, y paralelamente, mitigar la pobreza con programas sociales que facilitan la incorporación de los jóvenes al mercado productivo. Asimismo creó la Guardia Nacional, que enfrentaría a los criminales con acciones policiacas que pueden propiciar violencia y muerte.

En México, el diagnóstico de la violencia es alarmante y patético. Si se ve desde la perspectiva de la muerte violenta de periodistas, el país ocupa junto con Siria el primer lugar a escala mundial, al menos en al año que recién concluyó (2019). Asimismo en la muerte de sicarios, fuerzas del orden público y ciudadanos que no estaban involucrados con el narcotráfico, y murieron simplemente por encontrarse en el lugar equivocado, a la hora de un enfrentamiento armado.

En el 2017, según datos de la ONU, México ocupó el 12 lugar en el ranking mundial de violencia, desde luego descartando los países en guerra. El Salvador se llevó el deshonroso primer lugar, con 61.8 crímenes por cada 100 mil habitantes, y le siguieron otros países centroamericanos, Colombia, así como México, cuya cifra fue de 24.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Quizá todos los puntos de vista mencionados tengan razón, según el cariz político que se quiera ver; no obstante, el fenómeno del narcotráfico es muy complejo y trasciende las fronteras nacionales, se requiere de políticas coordinadas por un ente superior a los gobiernos locales.

En el caso nacional, las entidades federativas más violentas no son los estados más atrasados económicamente del disparejo mosaico mexicano, con la excepción de Guerrero, sino por el contrario, estados como Jalisco y Guanajuato presentan altos índices delictivos, lo que podría demostrar que los municipios más pobres del país, de ninguna manera han sido los más violentos. Y otro dato preocupante es que la demanda de estupefacientes en el país también se ha incrementado.                 

Entorno Económico
Federico Muller
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Por segunda ocasión el Gobierno de la 4T, a través de la Secretaría de Hacienda, sale al mercado internacional a colocar deuda. En su corta gestión, el presidente López Obrador ha seguido los preceptos del modelo neoliberal, el cual considera utilizar instrumentos financieros para refinanciar la deuda externa de un país. Hace menos de una semana se ofrecieron bonos mexicanos por un valor de 2 mil 103 millones de dólares, la venta fue exitosa, pues la demanda por los “papeles” superó por más de seis veces el monto ofertado. La propuesta de Hacienda incluyó, además de los bonos que vencen en 2030, la compra de notas en poder de los inversionistas institucionales que expiraban en el corto plazo, e intercambiarlas por otras que se rediman en 2050.

Según declaraciones de la propia Secretaría, con el monto obtenido el Gobierno federal podrá amortizar los compromisos contraídos con los acreedores internacionales para saldarse en 2020. Desde un punto de vista técnico, lo que está haciendo esta Administración es abonar a capital, a través de la contratación de nueva deuda, aunque políticamente puede ser rentable, porque las administraciones por venir tendrán que asumir esos compromisos, lo pernicioso es que se hipoteca el futuro de las siguientes generaciones de mexicanos.

En la narrativa se habla del rompimiento con el paradigma neoliberal, sin embargo, se sigue con la tendencia de las administraciones pasadas de extender el plazo de pago de la deuda externa: heredando deuda. Las explicaciones que se pueden dar sobre el comportamiento de Hacienda en cuanto a la formulación de políticas de pago de la deuda, giran en torno al crecimiento económico y a la recaudación de impuestos durante 2019.

Comportamiento del PIB. Aunque aún no se dispone del dato oficial, publicado por el Inegi, todos los pronósticos señalan que durante 2019 la actividad económica no creció. Con tasa cero, es muy complicado mantener la deuda externa sin incrementos, como se había prometido en la campaña política de AMLO. Y como consecuencia de ello, los tributos al Gobierno disminuyen, una correlación causal y perjudicial: bajo crecimiento económico conlleva a menos recursos para la Administración Pública.

Impuestos en 2019: IEPS, IVA, ISR. De estos tres impuestos solamente se incrementó la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que de enero a noviembre de 2019, aumentó casi 30 por ciento. La subida del IEPS se debió a los incrementos graduales que tuvieron los precios de los combustibles y otros productos. Por otra parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que paga el consumidor al efectuar alguna compra de un bien o servicio, con excepción de los medicamentos y artículos de primera necesidad, como se paga al consumir, tiene la ventaja de que es difícil de eludir. Su caída fue de 3.7%, también de enero a noviembre de 2019, con respecto al mismo lapso de 2018. La disminución es un claro indicador de la pérdida del poder adquisitivo de gruesos sectores de la sociedad mexicana, quienes disminuyen su consumo y reorientan sus precarios ingresos hacia productos necesarios para sobrevivir. A su vez, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) siguió la misma tendencia que el IVA, pues decreció 1.6%, también en el mismo periodo.

Como se puede apreciar, al reducirse las fuentes de recursos del erario, se trata de compensar la caída de los ingresos haciendo recortes en el gasto e inversión pública. No obstante, en aras de mantener un superávit primario, se sacrificaron empleos, medicamentos, becas para estudiantes de posgrado y misteriosamente aparecieron subejercicios en los presupuestos de varias dependencias federales.                   

La economía del estado de Coahuila, medida a través del PIB, en 2017 tuvo un crecimiento de 5%, mientras que para el período siguiente (2018) descendió a 3.8%, según dio a conocer el Inegi, pero se estima que cierre 2019 con una tasa inferior a la del año anterior. No obstante, en los últimos años su crecimiento económico lo sitúa entre las 10 primeras economías estatales del país.

En 2017, la economía coahuilense aportó alrededor de 3.7% al PIB nacional, aunque es una cifra lejana a la de la Ciudad de México, que ese mismo año contribuyó con 16.4 por ciento; aún así, ocupó el séptimo lugar entre las 32 entidades federativas del país.

Sin embargo, si se lleva a cabo, a grosso modo, una revisión del desempeño del Gobierno en 2017 en algunas variables, como deuda pública, gasto público per cápita en seguridad, y gasto público en comunicación social y publicidad, se puede observar que cambia radicalmente su posición en el ranking de las administraciones estatales.

En deuda pública, Coahuila se encuentra entre las seis entidades más endeudadas, solamente superado por Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz. El gasto por persona en seguridad fue de 478 pesos, que contrasta con el de Yucatán que llegó a mil 463 pesos, lo que ha influido para que esa entidad sea la más segura del territorio nacional. En donde sí se llevó el primer lugar de todo el país fue en el gasto de propaganda gubernamental, pues la cantidad se ubicó en mil 428.8 millones de pesos.

Un futuro hipotecado. Según fuentes oficiales (SHCP), en 2018 la deuda pública fue de 37 mil 399 millones de pesos, y de acuerdo con información que presentó recientemente la Auditoría Superior del Estado (ASE), la suma por pago de intereses fue superior a 21 mil millones de pesos, en un periodo relativamente corto (2012-2018), y una cantidad muy pequeña, en relación con el costo de la deuda, se canalizó a pago de capital (5 mil 994 millones de pesos), lo que lleva a la conclusión de que la deuda en lugar de disminuir se ha incrementado, considerando que en 2011 era de alrededor de 35 mil millones de pesos.

Lo anterior se puede analizar de varias formas (técnicas y políticas), sin embargo, lo que no se puede eludir es que las reestructuraciones que se han realizado en las administraciones en turno, no han sido las mejores, no se consideraron “quitas” que amortigüen las desmedidas ganancias de los acreedores, que indudablemente fueron muy laxos en sus normativas para ofrecer créditos, sin una investigación previa que asegurara la legalidad y legitimidad de los préstamos. Definitivamente, los únicos ganadores han sido los bancos e instituciones financieras.

Sin desconocer que la Administración estatal actual heredó esos enormes pasivos, se debe buscar una solución viable que permita al Gobierno dirigir recursos a la inversión pública porque lo que está en juego es el desarrollo de la sociedad, no se debe dejar todo a la inversión privada nacional e internacional. Hay sectores que, por su naturaleza, requieren del gasto e inversión pública. No es políticamente sano hipotecar el futuro de las generaciones coahuilenses por venir.

Entorno Económico
Federico Muller
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Por décadas, alrededor de 10% de la energía total que consume México ha procedido del carbón mineral, combustión que ha sido fuertemente criticada por expertos que estudian los efectos en la atmósfera de la emisión de gases tóxicos. Muchas plantas carboeléctricas en Europa y Estados Unidos han cerrado por presiones de los gobiernos y de las organizaciones en pro de un mejor medio ambiente.  Inclusive hasta China, que había permanecido reacia a realizar cambios en sus fuentes energéticas, ha disminuido la cantidad de energía eléctrica producida por ese mineral.

La situación ha sido tal que el propio senador de la República Armando Guadiana, oriundo de la Región Carbonífera y presidente de la Comisión de Energía del Senado, recientemente intervino en la Cumbre del Clima COP 25, que se llevó a cabo en Madrid, España. Dueño de varias minas de carbón, sorpresivamente el legislador propuso la creación de un fondo para la creación de una planta piloto que trabaje con roca seca caliente para generar electricidad.

Aunque no dio más pormenores sobre su iniciativa, o al menos no a la opinión pública, es probable que Guadiana se refiera a la energía geotérmica en una de sus variantes, la cual consiste en aprovechar las placas subterráneas ubicadas en rocas a una profundidad promedio de 3 kilómetros y cuya temperatura oscila entre los 600 y 650 grados centígrados. Se le llama roca seca porque carece de agua u otro tipo de líquidos que sirvan como transporte del calor. Para el manejo de este, se fractura la roca y se inyectan fluidos provenientes del exterior. Con el calor extraído se pueden generar energías limpias. De consolidarse la viabilidad económica y técnica de tal proyecto, causaría una transformación dolorosa en las regiones productoras de carbón del país y se impondría sobre las políticas tradicionales que maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sustentadas en la combustión de elementos fosilizados.

También como alternativa a las energías contaminantes, hace algunos días el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, dio una noticia que, de ser verificable, puede generar un mercado rentable para la economía nacional. De lo contrario se convertiría en una puntada sin sustento que solo servirá para justificar su puesto y las funciones que desempeña la propia Semarnat. El señor secretario declaró que se encontraron yacimientos de litio en Sonora, y comentó que el “litio va a ser el nuevo petróleo”, con el cual se pueden fabricar computadoras y acumuladores que se pueden utilizar en los automóviles eléctricos.

No cabe duda que el calificativo dado a México de cuerno de la abundancia, se ha cumplido cabalmente, pero infortunadamente por factores culturales, educativos, políticos y administrativos, los recursos naturales se han dilapidado y su aprovechamiento se ha concentrado en pocas familias, pues no ha permeado a las capas sociales más desprotegidas y el ejemplo más lamentable ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex).
 
Entorno Económico
Federico Muller
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En 1997 se reunieron en Japón representantes de diversos países, particularmente industrializados, para tratar de formular políticas supranacionales enfocadas a disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) ante la evidencia empírica de que han propiciado el cambio climático y causado severos daños a la naturaleza en cualquiera de sus dimensiones, desde la fauna hasta la agricultura, sin olvidar la contaminación urbana que afecta a las metrópolis del planeta y, obviamente, a sus habitantes, de ahí que la reunión fuera imprescindible.

Por otro lado, al marco en que englobaron los acuerdos alcanzados y por ser la sede una ciudad japonesa, se le llamó el Protocolo de Kyoto. Una de las metas fue disminuir las emisiones de CO2, en particular las que arroja a la atmósfera la industria en todas sus modalidades (aeronáutica, automotriz, manufacturera, eléctrica, etc.). En otros términos, todas las factorías que para llevar a cabo su proceso de producción, consumen energía proveniente de recursos fosilizados, como el carbón mineral, petróleo y gas, entre otros. Para cuantificar la cantidad de emisiones de CO2, uno de los instrumentos que retomaron fue el de los bonos de carbono, diseñados años atrás por una economista argentina. Cada bono equivale a una tonelada de carbono.

El mercado de los bonos de carbono. Este pretende regular las emisiones a través de la comercialización de bonos que se venden y compran de acuerdo con la demanda, lo que determina sus precios en el mercado. Su funcionamiento consiste en que las empresas adquieren este tipo de instrumentos en función de los gases que producen. Por ejemplo, si sus partículas tóxicas ascienden a 100 mil toneladas de carbono en un lapso de un año, compran una cantidad equivalente de bonos. Pero si logran reducir su contaminación, podrán deshacerse de una parte de los mismos y venderlos en el mercado a otras empresas más contaminantes. Se trata de un mecanismo de compensación. Los beneficiarios de la aportación monetaria de las compañías, es decir, aquellas que lanzan al mercado los bonos que compran las empresas, son los proyectos de diversa índole y no necesariamente localizados en el país en donde se localizan las industrias. Entre ellos destacan los forestales y agrícolas, y los de reciclaje de productos y de energías limpias.

Cabe señalar que el instrumento per se contribuye a un planeta menos contaminado, de dos formas: incentivando a los que afectan el desarrollo ecológico, a reducir los GEI, mediante el uso de tecnologías de vanguardia en sus procesos productivos, y con ello, el costo de contaminar baja, pues al comercializar los bonos verdes obtienen recursos adicionales a los generados por sus actividades ordinarias. Y el segundo es el financiamiento mediante la venta de bonos, del mantenimiento de las regiones selváticas y boscosas, generalmente ubicadas en países en vías de desarrollo, que representan grandes reservas que absorben CO2. En economías como la estadunidense se ha establecido la bolsa del clima, que maneja proyectos determinados de todo el mundo y el inversionista tiene la facilidad de escoger el que más le convenga.

La organización de la Fórmula 1 es una de varias que cubren los servicios de algunas zonas boscosas. También en México se tienen experiencias de ese tipo en entidades federativas como Baja California y el Estado de México. No obstante, el haber “bursatilizado” los fenómenos climáticos es apenas el principio, los retos son enormes y requieren una colaboración más amplia de países como Estados Unidos y China, si no, los esfuerzos serán insuficientes para abatir uno de los “jinetes del Apocalipsis” modernos: el cambio climático.

Entorno Económico
Federico Muller
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Aunque hay una frase que manejan los escépticos que no dan crédito a lo que registra la estadística, particularmente en economía y demografía, sectores más vulnerables a presentar información desfasada de la realidad -el “estribillo” coloquial dice “Existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas”-, en la Administración federal actual tal parece que se “comulga” con dicha frase, al deslegitimar cotidianamente las cifras que publican los organismos públicos, pero teóricamente autónomos del Gobierno. No obstante, son las fuentes que se tienen y se consideran oficiales y administradas por profesionales, por ello deben descartarse el maquillaje y la manipulación de cifras, que algunas de ellas padecieron hace algunos años.

Lo anterior se coloca como prefacio para considerar como válidos y confiables los datos que recientemente publicó el Inegi sobre establecimientos comerciales y de servicios que se asientan en el país. El “mosaico” que se presenta sirve de coartada para hilvanar algunas hipótesis que pueden configurar el perfil cultural y de gustos y preferencias del mexicano del siglo 21. La primera conjetura se puede estructurar diciendo que el “consumo de cultura” se subordina al del esparcimiento, comercio y servicios. Se aventura la proposición partiendo exclusivamente del número de establecimientos que aparecen censados, sin considerar otras variables que pueden influir en el comportamiento de los individuos.

En 2019 se contabilizaron en toda la República Mexicana mil 822 asentamientos dedicados a preservar la memoria histórica del país mediante museos y casas de la cultura, entre otros, y para sorpresa, ese número también incluye los zoológicos. En cambio, los negocios como discotecas, centros nocturnos, bares y otros lugares que expenden bebidas alcohólicas mediante el copeo, suman 31 mil 161 establecimientos. Es correcto decir que en muchos países capitalistas prevalecen estos últimos sobre los lugares que ofrecen “cultura”, sin embargo, en México la asimetría es muy pronunciada, tomando en cuenta la extensión geográfica y el número de habitantes.

Una probable explicación de lo anterior puede ser la deserción escolar y la baja calidad de la educación, aunado a los precarios salarios, además de la inmediatez del consumo, que momentáneamente evade la realidad del país. Las consecuencias de ello pueden analizarse desde dos aristas: la de los políticos, que se ven favorecidos por contar con ciudadanos de bajo perfil educativo y crítico, que se convierten en catervas manipulables a las que les es difícil separar del discurso político la demagogia de la cruda realidad, y por supuesto las organizaciones criminales, que se abastecen de jóvenes analfabetas funcionales e insensibles al arte, y ávidos de obtener ingresos lo más fácil posible.

La segunda arista es perniciosa para la sociedad, pues tiene un costo y un destino: al incrementarse la delincuencia, de los impuestos que aporta la población contribuyente, una parte tiene que destinarse a financiar la burocracia judicial y la operación de los penales. En esa oscura realidad, la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que más oportunidades ofrecen para encontrar lugares de esparcimiento cultural y conocimiento. El número de visitantes a los museos ascendió en 2018 a 67.7 millones, cifra que fue menor 10% en relación con la del año anterior (2017). Habrá que esperar para conocer la información del año actual: si prevalece la tendencia descendiente o aparece un punto de inflexión.    

Hace ya varias décadas que surgió la advertencia a las economías del planeta en relación con los límites del crecimiento económico. En 1960, el Club de Roma hizo algunas premoniciones sobre las consecuencias para el medio ambiente que trae aparejado el incremento en la producción de bienes y servicios. Ya los expertos de aquella época vislumbraban el deterioro en la naturaleza de seguir con la tendencia de acelerado crecimiento, y partían de una sencilla hipótesis: la economía, para su expansión, requiere de la extracción de recursos naturales, que son limitados y muchos de ellos no renovables, de ahí que se deba considerar restricciones en la demanda y el consumo global. La mayoría de los líderes políticos ha ignorado ese llamado.

En aquel lejano pasado, a los científicos participantes del Club de Roma se les etiquetó de alarmistas y profetas del desastre ecológico. No hicieron caso a sus propuestas y, en consecuencia, las políticas públicas ambientales brillaron por su ausencia; no obstante, después de más de 55 años, la realidad que se vive les da la razón a aquellos hombres de ciencia. Ahora lo que se requiere es formular estrategias y acciones correctivas destinadas a paliar los desequilibrios ambientales, aunque sigue prevaleciendo el concepto de progreso económico sobre el de economía sustentable.

Los primeros intentos aparecieron después de 1970 con el paradigma económico llamado Economía Circular (EC), que actualmente ha resurgido de entre las cenizas y ha tomado fuerza entre algunos sectores de la población mundial, particularmente en un pequeño grupo de empresarios y estudiosos de los fenómenos ambientales. Teóricamente, la EC la definen de una manera sencilla, como el proceso de gestionar eficientemente los escasos recursos naturales y económicos, así como el acompañamiento de principio a fin del ciclo de vida de los productos, de tal manera que vulneren lo menos posible al medio ambiente.

Se hace énfasis en el destino final de los productos, especialmente de aquellos susceptibles de reutilizarse o reciclarse. Para ello, se han acuñado nuevos términos económicos, como el consumo colaborativo, que se refiere a la participación de las familias en actividades de servicio que han sido por muchos años monopolio de las empresas. Un ejemplo de lo anterior es la competencia que las viviendas u hogares están dando a los servicios tradicionales de hotelería: mediante una plataforma digital, las familias ofertan habitaciones que rentan a turistas nacionales o extranjeros. Si bien es cierto es una práctica ya muy antigua, tomó un nuevo auge con el advenimiento del nternet.

Al incorporar un nuevo agente en los servicios de hotelería, teóricamente debe disminuir el consumo de recursos generados en el desempeño de esa actividad. Otra forma ha sido la política que ha implementado un fabricante de muebles sueco, el cual recompra los muebles que adquirieron sus clientes y los pone de nuevo a la venta, para así aprovechar un segundo uso. Se trata de paulatinamente ir eliminando el concepto de úsese y deséchese, muy arraigado en las economías de mercado.

Varias empresas en México están utilizando en la manufactura y distribución de sus productos energías renovables, las cuales aplican en la obtención de materias primas y en el transporte. Sin embargo, si se hace una revisión a fondo de las aportaciones de este tipo de empresas para mejorar la calidad del aire, se denota que su contribución es marginal, han sido esfuerzos aislados. Mientras los gobiernos de las economías industrializadas no asuman su responsabilidad, regulando a sus empresas más contaminantes, lamentablemente todo quedará en buenas intenciones.

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Federico Muller
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En casi todos los países de América Latina los presidentes, al llegar al poder por el triunfo electoral, pueden optar por buscar la reelección, sus leyes les permiten volver a competir por la Presidencia de la República. México es una de las excepciones por el antecedente que se tiene del gobierno de Porfirio Díaz, la Constitución del 17 lo prohíbe. También es cierto que de Guatemala hacia el sur del continente, en varios países los militares han dado golpes de Estado a los gobiernos civiles con cierta frecuencia.

Las dictaduras que han surgido se han caracterizado por reprimir la libertad de expresión y atentar contra los derechos civiles. Quizá el que más atrajo la atención de la prensa internacional fue el de Chile en 1973, con el presidente Salvador Allende y el militar golpista Augusto Pinochet.

Lo anterior viene a cuenta por lo que sucedió en Bolivia recientemente, con la separación del poder de Evo Morales, a sugerencia de las fuerzas militares y policiacas bolivianas. Queda la duda sobre si ese suceso se puede considerar como un golpe de Estado. Hay argumentos que deben analizarse antes de emitir un veredicto o juicio lo más racional posible. En 2016, el presidente Morales fue sometido a una consulta popular o plebiscito en donde se preguntaba a la población si quería que continuara en la Presidencia. Los resultados obtenidos fueron muy divididos: 51% de los votantes rechazaba que se reeligiera por cuarta ocasión.

Otro fue la caída que sufrió el sistema digital, que suspendió por varias horas la contabilidad de la última contienda electoral. Añadiendo la negativa del propio candidato oficial a organizar una segunda vuelta, como opción para legitimar su victoria, acciones que levantaron suspicacias sobre su triunfo en las urnas. Por otro lado, al quitarle el apoyo las autoridades castrenses, veladamente lo obligaron a dejar el poder y buscar el exilio, que se puede considerar como una forma sutil de golpe de Estado.

Pero independientemente de los acontecimientos políticos, revisemos a grosso modo el desempeño que tuvo el “depuesto” Presidente boliviano en la economía durante los 14 años (2006-2019) que gobernó. Hay que recordar que fue el primer Presidente que procedía de las etnias bolivianas, no tenía estudios universitarios ni estirpe militar.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en su gestión la economía creció en promedio 4%, las coyunturas mundiales fueron bien aprovechadas, especialmente la alta demanda de materias primas de las naciones industrializadas, lo que permitió esas relevantes tasas del PIB; la inflación disminuyó, la tasa de desempleo no tuvo cambios importantes, y la esperanza de vida aumentó, indicadores que se evalúan en el periodo que nos ocupa. Lo que no se logró fue disminuir los índices de corrupción, la desigualdad en el ingreso y la extrema pobreza. Los aborígenes de ese país continúan viviendo al margen del progreso económico que se tuvo.

Hay otra interpretación de la realidad boliviana esgrimida por los más escépticos académicos y políticos con orientación hacia la izquierda: las causas verdaderas de la crisis están siendo provocadas por las empresas transnacionales y algunos gobiernos desarrollados para apoderarse del litio, el metal que tiene un futuro promisorio por el avance de la tecnología en comunicaciones, desde los teléfonos celulares hasta los automóviles eléctricos. Y las “entrañas” bolivianas son ricas en ese elemento natural. La mejor opinión la tiene usted, estimado lector.   

Entorno Económico
Federico Muller
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Desde el siglo pasado (20) se han hecho esfuerzos por limitar los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. En 1997 se propuso el Protocolo de Kioto, cuando las economías desarrolladas y en vías de industrializarse, reunidas en Japón, acordaron disminuir sus gases tóxicos, con lo que se pretendía a nivel global 5% menos emisiones, dejando a cada nación determinar sus propias metas anticontaminantes. No obstante, fue hasta 2005 que entró en vigor y para su cumplimiento se daba un plazo que finiquitaba en 2012. En este año se haría un corte, para comparar lo alcanzado con la contaminación que se registraba a escala planetaria en 1990.

Sin embargo, en 2010, reunidos en México representantes de 190 naciones, acordaron ampliar su vigencia hasta 2020. Lo lamentable es que la industria estadunidense y la de China son las que más contaminan el planeta, pero sus gobiernos no participaron de los acuerdo de Kioto, en particular el presidente Bush, dejando así el acuerdo sin validez. Aunque años después, Barak Obama lo retomó.

Sin embargo, al terminar su periodo presidencial en 2016, las estrategias contra el cambio climático quedaron en suspenso.

Tras el alarmante aumento del calentamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una nueva convocatoria para paliar los efectos perniciosos de los gases contaminantes; y así llegó el advenimiento del Acuerdo de París, en el cual se establecen, entre los países que lo suscriben, metas más factibles y beneficiosas para la conservación del medio ambiente mundial.

En un principio, Estados Unidos, bajo la dirección política del presidente Obama, se mostró interesado en contribuir a la mejora climática, sin embargo, con el triunfo presidencial del Partido Republicano, su candidato era reacio a los acuerdos que limiten el crecimiento de aquellas empresas que utilizan aún las energías fósiles.

Ya como presidente, Donald Trump se pronunció en contra del mencionado acuerdo. Le tiene sin cuidado que su país emita más de 20% del total de los contaminantes mundiales. Cuáles son las razones que hay detrás de la negativa del Mandatario estadounidense. Se pueden mencionar, entre otras, las de carácter político, técnico y económico.

La primera de ellas, porque en 2020 habrá elecciones en Estados Unidos y él está buscando la reelección, y un porcentaje considerable de potenciales votantes radica en estados que explotan y comercializan carbón, gas y petróleo. Según su criterio, sería incorrecto políticamente regular a las empresas para que cumplan con los compromisos suscritos en el Acuerdo de París, porque estaría en juego su posible triunfo electoral.

Técnicamente, cumplir con las metas ecológicas implica una reingeniería y reconversión de la industria nacional, que consume recursos y tiempo, pero que incrementa su productividad en el mediano y largo plazo. Desde la perspectiva económica, en un inicio la reconversión industrial genera costos, que se verían reflejados en el incremento de precios de los productos. Los motivos son similares a los que maneja China (la economía más contaminante del planeta, solo que los chinos lo manejan muy sigilosamente).

Entorno Económico
Federico Muller
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Hablar sobre la Región Carbonífera de Coahuila es interesante desde el punto de vista económico porque ilustra de manera sencilla y peculiar lo que dice una de las teorías económicas, la cual habla de los mercados en que se presenta un solo comprador y varios productores, quienes dependen de la demanda de este. Esto es, el poder de mercado se centraliza en el único comprador, el cual puede modificar los precios de los productos de acuerdo con sus intereses.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiere el carbón para generar electricidad mediante dos carboeléctricas localizadas en Nava, Coahuila, a un grupo de pequeños productores afiliados a una dependencia que creó el Gobierno del Estado hace algunos años, la cual hace las funciones de intermediaria con la paraestatal. No obstante, los resultados no han sido fructíferos, particularmente desde que comenzó a ser desplazada paulatinamente la energía fósil por las energías renovables o limpias, aunado a la obsolescencia de las plantas(inclusive antes de la llegada de la presente Administración federal, la CFE tenía contemplado en sus planes de mediano y largo plazo la desarticulación de las mismas, por ser el carbón una materia prima muy contaminante).

Debido a lo anterior, la región ha sido muy vulnerable y dependiente de los precios y los intereses de los políticos y grandes empresarios que manejan el carbón. Además, la región mantiene en las entrañas del subsuelo otro tipo de carbón que es aprovechado por la industria siderúrgica para fabricar acero, que tiene diferentes usos en sectores como la construcción y la industria automotriz, entre otros; sin embargo, la mayoría de las minas que lo producen pertenece a una empresa privada que maneja la cadena productiva desde la materia prima hasta el producto final, con la que satisfacen sus requerimientos productivos.

En términos más técnicos, dos monopolios manejan las transacciones del carbón, dejando poco espacio para buscar otros mercados, por ejemplo el de exportación, en el cual se ven en desventaja los productores regionales frente a los extranjeros, que tienen mayor calidad y menor precio que el producido en Coahuila. Independientemente de ello y de la poca transparencia en los procesos de compraventa del mineral, y a pesar de su riqueza natural, la Región Carbonífera es una de las más pobres de la entidad, pues ha quedado olvidada de las políticas públicas estatales y federales. La situación económica en que se encuentra no debe causar sorpresa, sino malestar entre la población por los gobiernos que ha tenido, carentes de visión para reconvertir a la industria minera en otra que detone el crecimiento económico.

La economía mexicana, y en particular la de la Región Carbonífera fuertemente relacionada con el sector energético, está dando tumbos, sin una definición clara, sin una política energética seria y acorde con las demandas mundiales. No se sabe con certeza qué sucederá con las carboeléctricas, sin van a seguir abasteciéndose del mineral coahuilense, o a importarlo, o sencillamente van a dejar de operar. Por otra parte, también ha quedado en suspenso si el proceso para extraer petróleo y gas natural mediante el fracking continuará en la cuenca de Burgos. Una serie de interrogantes que hacen que México se rezague y pierda competitividad frente a otros países, que ya con éxito manejan energías sustentadas en medios menos agresivos con el ambiente.

Entorno Económico
Federico Muller
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No cabe duda de que el uso de las redes sociales, que auspician las nuevas empresas tecnológicas casi en forma monopólica y que tienen menos de 15 años en el mercado, ha crecido exponencialmente, forjando una nueva cultura en las comunicaciones entre la población. Su uso es muy variado, desde informativo hasta la simple recreación de los usuarios.

Han sido muy aceptadas entre la comunidad, en particular los jóvenes, por las ventajas que presentan como el acceso gratuito, la relativa libertad que se tiene en su utilización, la facilidad para entablar comunicación y conocer nuevas amistades, y un largo etcétera. Los políticos también las han manejado para hacer proselitismo por lo barato que resulta su manejo y la alta penetración que tienen entre potenciales votantes.

En los países desarrollados, y después de varios años en el mercado, han aparecido críticas y probables restricciones a las mismas, siendo los primeros en tratar de regular su uso. Los gobiernos de varios estados de EU revisan sus prácticas, especialmente de Facebook, para conocer si la cuasi monopolización de la información de la tecnológica afecta algún grado a la competencia.

Las autoridades estadunidenses, en tanto, dirigen sus investigaciones en tres áreas: el acervo de datos personales que tiene tal empresa, que se reflejan en los contactos que se establecen y los clics que se realicen, lo que permite definir perfiles de cada individuo según sus preferencias y que de no guardarse la debida secrecía de esa información, puede ser vendida a empresas de acuerdo con el nicho de mercado que manejen, y no solo influye en una mercadotecnia inducida a la persona, sino que puede alcanzar otras áreas de la vida del ser humano, como la política o la religión. Lo más grave de ello es que los usuarios, en su mayoría, no perciben que pueden ser utilizados para otros fines distintos a los de la simple recreación o informativo.

Otra investigación está íntimamente vinculada con la primera, pero vista desde la perspectiva de las reacciones de los usuarios a esa red social ante la publicidad que aparece al conectarse a través del celular o computadora. Se considera que es tal el bombardeo de anuncios que reducen el abanico de posibilidades de elección del probable consumidor, lo que puede demeritar la calidad de los productos adquiridos.

Y finalmente, dado ese mercado que tiende a ser cautivo, Facebook puede aprovecharlo para cobrar tarifas elevadas a las firmas publicitarias, que conviene comentar que son sus principales proveedores de ingresos. Y por si no bastara el gran monopolio de la compañía de Mark Zuckerberg, ahora quiere incursionar en el mercado de los activos electrónicos o criptomonedas, creando la moneda digital “libra”.

La última palabra la tendrán los políticos en el poder estadunidense, pues si no es rechazado este proyecto, se constituirá un poderoso duopolio financiero y de comunicación, que por los ingresos que generará será muy superior a los recursos que producen muchas economías del planeta.

Entorno Económico
Federico Muller
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No fue temerario decir categóricamente que la era digital, particularmente el internet, traería al mercado del papel una contracción, especialmente una disminución en el consumo de la pulpa de árbol, que al industrializarla produce hojas de papel, cartón y otros productos. Una predicción con lógica y sentido común, pues por ejemplo se han sustituido las cartas de papel y otros documentos por el correo electrónico, o los billetes de avión, ferroviarios y de otros tipos de transporte por hologramas electrónicos que surgen de las aplicaciones que se insertan en los teléfonos celulares y que permiten el acceso mostrando solamente el código correspondiente, sin necesidad de imprimir boletos.

Los anteriores cambios y otros apoyados por la incorporación de la tecnología, efectivamente en un inicio debilitaron a la industria papelera a nivel mundial y, por supuesto, a la mexicana, pero sorpresivamente ha vuelto a incrementar sus niveles de producción. Aunque parezca paradójico, los mismos adelantos digitales, como el comercio electrónico, y la presión de una parte de la sociedad que pugna por la sustentabilidad ambiental han sido los factores fundamentales para tal despunte. Las transacciones online han venido incrementándose en los últimos años en detrimento del comercio convencional, pero acompañadas de una mayor demanda de cartón y papel para envolver los artículos solicitados vía computadora o smartphones.

Si a esa “moda digital”, que tal vez llegó para quedarse, se añaden las proscripciones que recientemente surgieron en las economías desarrolladas, y que cada día más países aceptan como propias y acatan, en contra del uso de bolsas y envases de plástico, por considerarlos contaminantes -por el abuso que se ha hecho de su consumo-, por su muy lenta degradación en el medio ambiente cuando se desechan, sin duda han robustecido al mercado del papel. En México, según datos de la industria del papel, en 2016 generó más de 42 mil puestos de trabajo, sin incluir los empleos indirectos, que sobrepasaron los 200 mil. De 2006 a 2015 la producción de papel y cartón que se utilizan en el empaquetado de mercancías creció 30 por ciento.

Ventajas del papel sobre el plástico. Aunque ambos requieren de un proceso de industrialización para formar los productos, la materia prima que da origen al papel es un recurso natural renovable, los árboles talados pueden ser reemplazados por la siembra de otros, y el papel es susceptible de reciclarse hasta siete veces. Otra ventaja adicional sobre los derivados del petróleo, es que en el proceso de reciclado del papel el consumo de energía y agua es inferior al que se requiere cuando la materia prima es directamente la madera. La evidencia empírica muestra que reciclar una tonelada de papel representa reducción en los costos de producción y ambientales, pues se reduce la demanda de agua en alrededor de 25 mil litros, así como la de energía eléctrica, equivalente a la que consume una familia durante seis meses. En cambio, el plástico, aunque con costos de producción inferiores al del papel, los ecológicos son muy superiores a los de la fabricación de papel y cartón.            

Federico Muller
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Tal parece que es una acción que se quedará por largo tiempo en favor del medio ambiente. Me refiero a la campaña de concientización en pro de eliminar las bolsas de plástico de los supermercados, que el consumidor utiliza para guardar las mercancías que adquiere. No obstante, en la ciudad una cadena comercial tomó la decisión unilateral de eliminar las bolsas, sin realizar ningún sondeo entre el público, y muy probablemente, debido a ello, sus ventas disminuyeron, lo que se intuye porque a las pocas semanas volvieron al embolsado tradicional, lo que muestra que la sociedad todavía no dimensiona su participación, aunque marginal, en el cuidado de la naturaleza, absteniéndose del uso de plástico en la compra de la canasta básica, material que al sustituirlo por otro que sea susceptible de reciclarse o de mayor durabilidad, ayuda a la supervivencia del medio natural.

Sin duda, si cambian las costumbres en todas las sociedades urbanas del planeta en la utilización de plásticos, el consumo de petróleo a escala planetaria disminuirá; de no ser así, y aunque lo prohíba la ley, su aportación o externalidades positivas a la madre natura será nimia. Sin embargo, desde la perspectiva menos política y comercial, algunos especialistas argumentan que ese tipo de campañas no conduce a ninguna mejora real del entorno porque no enfrenta el problema de fondo, que se localiza en otros factores como la contaminación de las empresas y los automóviles de combustión interna.

Es probable que la contaminación por plástico se
atenúe con la aplicación de tecnologías que permitan el reciclado a bajo costo.

Un ejemplo similar se tiene con las botellas de plástico, que envasan desde sueros hasta bebidas, siendo las más demandadas las de agua y refrescos. Su comercialización alcanza niveles insospechados: en 2018, el promedio de venta mundial de ese tipo de envases llegó a un millón de botellas por minuto, lo que supera por mucho a la producción de bolsas del mismo material, y solamente se reciclaban 14% de los botellines.

Recientemente, o mejor dicho en 2016, un grupo de investigadores japoneses descubrió una especie de bacteria que produce una enzima capaz de destruir las vinculaciones moleculares del PET, la cual al modificarse artificialmente en el laboratorio, se considera capaz de, en una colonia de la misma, absorber desechos plásticos en grandes proporciones, lo que hace viable el reciclado a mayor escala.

Sin embargo, mientras los componentes químicos para fabricar una botella sigan siendo relativamente económicos para las empresas embotelladoras, el nivel de producción aumentará conforme a la demanda, amortiguando los costos de producción debido a lo estable y accesible de los precios de las materias primas. Se puede decir que al manejar la tecnología de vanguardia para la limpieza de plásticos suspendidos en lagos, ríos y litorales mexicanos, tal estrategia ecológica se deberá acompañar de políticas económicas de carácter impositivo que incrementen el gravamen a los insumos y materiales que conforman una botella de plástico.

Entorno Económico
Federico Muller
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Una de las vías que conducen a mejorar las condiciones de vida de las familias es indudablemente la educación de sus hijos, especialmente de aquellas que no pueden financiar el costo que implica educarlos en instituciones particulares de calidad. En México, desde hace varias décadas se crearon las universidades públicas, que ofrecen oportunidades de estudio a los jóvenes sin que tenga un costo directo para los bolsillos de los padres o del alumno mismo en cuanto al pago de colegiaturas semestrales o mensuales.

La gratuidad en la educación superior es un beneficio que ofrece el Estado, sufragado por la sociedad, a quien se interese en cursar una carrera universitaria, pero, ¿a cambio de qué? Existen diferentes respuestas a esta interrogante, lamentablemente la mayoría con un alto contenido ideológico, popular o conservador. El político demagogo ofrecerá oportunidades de estudiar para todos los jóvenes, independientemente de las capacidades del aspirante o del presupuesto universitario, y menos de los requerimientos del mercado. En cambio, se dan casos opuestos, voces que opinan que solamente los mejores alumnos académicamente serán los indicados para cursar la educación en las aulas de la universidad; también afirman que la segunda selección la hará el mercado, al brindar oportunidades de trabajo al que reúna determinado perfil.

Técnicamente, siempre es conveniente considerar la demanda de trabajo, pues son los empleadores los que juegan un rol imprescindible en la contratación de los egresados universitarios, sin dejar al margen el crecimiento de la economía, que hace factible el ejercicio de las profesiones de manera independiente, o bien que permite el desarrollo de emprendedores que organizan su propia empresa. Todo lo anterior se puede resumir en el binomio universidad-mercado.

Mantener un relativo equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo es necesario en el engranaje económico; cuando este se quebranta surge el desempleo o el exceso de vacantes en la economía. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Cuba, con personas que terminaron la licenciatura y no encuentran empleo formal. La economía isleña tiene elevados índices de capital humano, pero sin empresas que permitan la “absorción” de cuadros técnicos y sociales, lo que tiene consecuencias sociales perniciosas que orillan a los jóvenes a emigrar o a dedicarse a actividades al margen de la ley.

Las recientes declaraciones del Presidente de la República, acerca de eliminar el examen de admisión de las universidades públicas, para que todos los aspirantes tengan acceso directo a la educación superior, se puede considerar como loable porque tiene un trasfondo de igualdad (que las condiciones de acceso se den sin ninguna condición que deba cumplir el aspirante, solo el haber concluido la preparatoria). No obstante, lamentablemente no corresponde a la realidad mexicana ni a ninguna de los países capitalistas desarrollados del planeta: por naturaleza el ser humano tiene capacidades distintas a los demás y no todos son “aptos”  para cursar estudios superiores, simplemente por la desigualdad innata que existe en habilidades, aptitudes, preferencias, etcétera. Lo anterior, sin considerar los aspectos financieros y de infraestructura que demandará la universidad al incrementar su matrícula.

El planteamiento de AMLO también es paradójico cuando se revisa el presupuesto destinado a educación media y superior, que para el próximo año plantea recortes. Se avizora un futuro nada halagüeño para las universidades públicas del país. Por ello, es mejor considerar la anterior aseveración presidencial como otra “puntada” de mal gusto.

Entorno Económico
Federico Muller
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Los temas monetarios siempre despiertan interés entre los académicos y funcionarios de las dependencias hacendarias y financieras públicas. Particularmente las políticas monetarias fueron muy utilizadas por los gobiernos cuando el economista J M Keynes dio a conocer su modelo, después de la Gran Depresión. Posteriormente, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las economías occidentales siguió los postulados keynesianos.

El sector público, a través de políticas fiscales y monetarias, manejaba la economía, manteniendo el crecimiento y procurando el bienestar de la población. Cuando se presentaban caídas en la producción o decrecimientos en las actividades económicas, los gobiernos, en coordinación con los bancos centrales, formulaban políticas anticíclicas para volver a retomar la ruta del crecimiento del PIB.

El paradigma del mencionado economista inglés se dejó de usar por varias razones que escapan a los propósitos de esta columna, pero una de ellas fue la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Muchos años después, el Banco de México retoma este antiguo instrumento y trata de contribuir a paliar la alicaída economía mexicana mediante bajas en la tasa de interés de referencia, lo que abarata el costo del dinero. Es muy probable que Banxico la disminuya en 25 puntos base, para pasar de 8 a 7.75 por ciento.

De acuerdo con el contexto externo y nacional, esa decisión monetaria tiene ventajas e inconvenientes. Desde la perspectiva de los prestatarios (empresas, familias, etc.), que manejan deudas con tasas de interés variables, desde hipotecarias hasta créditos de avío, la bajadde la tasa de interés les permite un menor costo financiero en los préstamos adquiridos. Aunque si el endeudamiento es en tarjetas de crédito, los beneficios son marginales, por las altas tarifas y comisiones que cobran las instituciones financieras.

Desde la óptica de la teoría económica, se espera que cuando los costos del dinero bajan, los empresarios comparen la tasa de retorno que obtendrían al emprender un negocio, con los réditos que les ofrecería una inversión en el sector bancario, y teóricamente, ante políticas monetarias expansivas, es más rentable endeudarse y con los recursos obtenidos emprender proyectos de inversión productivos que generen empleo y crecimiento.

De acuerdo con la ortodoxia económica, si la inflación está controlada o decrece, las probabilidades de incrementos de precios en los bienes y servicios son remotas ante rebajas en la tasa de interés. No obstante, las anteriores bondades económicas pueden no darse en nuestro país por las condiciones imperantes en la economía, que casi permanece estancada, con escasas posibilidades de un repunte para el próximo año (2020).

La atonía económica, que obedece en gran manera a las decisiones del Gobierno en materia económica, como el apoyo monetario a Pemex y la raquítica inversión pública, y el sigiloso rechazo a la participación de grupos extranjeros en los contratos para proyectos energéticos, esfuman las intenciones del Banco de México de reactivar la economía, además de que pueden traer una salida de capitales del país -de propios y extranjeros-, al disminuir sus ganancias al caer la tasa de interés, lo que indefectiblemente provocaría una depreciación del peso frente al dólar.

Entorno Económico
Federico Muller
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En días pasados trascendió, particularmente en la prensa estadunidense, la noticia de un percance naval que averió totalmente a cientos de automóviles nuevos fabricados en Corea del Sur, los cuales eran trasladados en un par de barcos con destino a Norteamérica. El accidente se presentó en las aguas del Océano Pacífico que ya son jurisdicción  de Estados Unidos. Al parecer, la capacidad de carga de los buques fue sobradamente rebasada e hizo que se fueran a pique con la carga automotriz a bordo. Un error de cálculo que ha traído serios problemas de abastecimiento de autos e insumos a agencias distribuidoras y plantas localizadas en Norteamérica y América de Sur, que manejan y consumen esas marcas.

Al romperse un eslabón en la cadena: producción-distribución-venta, las pérdidas son elevadas, independientemente de que los vehículos vinieran asegurados y que las compañías respectivas respondan por los daños; hay costos colaterales como las repercusiones que se tienen, que van desde las ecológicas, por la contaminación que provocaron en las aguas marítimas y que se podrá evaluar en el mediano plazo, hasta las multas e infracciones que se les impondrán por algunas dependencias del Gobierno estadunidense.

En el caso de México, una de esas plantas que se vio afectada fue la que se ubica en Nuevo León, que dada su capacidad y tipos de vehículos que fabrica, no ha podido ser utilizada para reemplazar la producción perdida durante el hundimiento naval. Los anteriores sucesos pueden considerarse como argumentos robustos a favor de la antigua teoría de localización de los costos de transporte, que influyen en la la modificación de las ventajas comparativas de una región, que surgen cuando los mercados de consumidores se encuentran relativamente cercanos a los de producción.

Desde una perspectiva análisis costo-beneficio, se presentan casos en que los ahorros que se logran en la producción por la alta productividad de los trabajadores, se ven menguados por las distancias (costos de transporte) a donde se exportan los productos. Sin embargo, las teorías de localización no consideran relevantes aspectos que llegan a suceder en la compleja realidad económica regional. Decisiones políticas, sindicales y fenómenos climáticos impredecibles, pueden llegar a contradecir los resultados de modelos econométricos y también las explicaciones de las teorías económicas sobre ubicaciones y ventajas competitivas de las empresas.

Como ilustración es suficiente mencionar el caso de los trabajadores empleados en las más de 30 plantas que tiene GM en el vecino país del norte. Su sindicato no llegó a un acuerdo con la administración de esa empresa sobre el monto de los incrementos salariales contractuales, y de otras prestaciones que demanda el gremio sindical. Las pláticas se rompieron y estalló la huelga, que ya empezó a afectar a las empresas de autopartes de Saltillo, responsables de fabricar accesorios para algunas de esas plantas en huelga.

Los encadenamientos surgen de las ventajas geográficas que se logran por la cercanía de los mercados americano y mexicano, pero se ven dislocados por elementos ajenos a los acuerdos comerciales entre ambos países. Las reacciones de los políticos en el poder, las asimetrías entre economías y la influencia  sindical, hacen de la economía del sureste del estado vulnerable, pues por más de tres décadas ha mantenido la naturaleza de su crecimiento en un solo sector: el automotor de exportación.

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Federico Muller
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Para algunos sectores de la población, el presupuesto federal de 2020, presentado recientemente por el secretario de Hacienda, es considerado mesurado y realista porque mantiene la proyección de las principales variables macroeconómicas, sin grandes cambios, apegado a las condiciones económicas mundiales y especialmente a la escasa capacidad que tiene el Gobierno de generar crecimiento económico. Entre ellos lo aprueban, claro, con algunos matices, líderes gremiales, principalmente de las cámaras patronales, aunque critican la escasa participación de la inversión pública y el desmesurado apoyo a Petróleos Mexicanos.

Desde la perspectiva de otros grupos y organizaciones, sin bandera política que defender, solamente apoyados en la experiencia profesional y en las evaluaciones de las políticas públicas que ha formulado el Mandatario federal hasta ahora, lo catalogan como un conjunto de partidas y asignaciones que no corresponden a un análisis reflexivo de la economía nacional, y mucho menos a lo que sugieren las teorías de crecimiento, así como en los ejemplos de otros países que han salido del subdesarrollo en el mediano y largo plazo, como es el caso de Corea del Sur y Singapur. Además, es desequilibrado, con un gran porcentaje del total de los egresos destinado a programas sociales. Es engañoso porque, si se revisa con detenimiento, es un hecho que sí se contemplan incrementos de tasas impositivas y nuevos impuestos, algo que se niega en las apariciones cotidianas que tiene el Presidente de la República ante los medios de comunicación.

Los programas sociales. Se tiene la peregrina idea de que, mediante dádivas a los mexicanos más desfavorecidos, sin intermediarios, entregándoles el recurso monetario directamente a través de tarjetas bancarias, las familias mejorarán su calidad de vida, o al menos intentarán hacerlo. Con ese tipo de políticas públicas se muestra una concepción muy sui generis de desarrollo, que se puede calificar como simplona e ingenua. Desde el punto de vista económico, y revisándolo desde el individuo, las cantidades que reciben son raquíticas, pues generalmente se gastan en consumo de bienes perecederos, quedando fuera del presupuesto del beneficiario la compra de enseres domésticos, e impensable la adquisición de una vivienda o terreno.

En la historia económica del país esas políticas no son nuevas, pues por varias décadas el PRI hizo lo mismo, aunque con una estructura partidista bien consolidada, la cual el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aún no posee. El repetir la historia es de necios, es ignorar la cultura nacional popular, que ha hecho suyo el pedir sin dar nada a cambio. Se fomenta la irresponsabilidad y coadyuva a la creación de jóvenes sin compromiso con el trabajo productivo. Hay formas de generar riqueza en una economía tan sencillas como que el Gobierno asegure la paz social, respete el derecho de los agentes económicos y regrese con equipamiento e infraestructura pública los impuestos de cada contribuyente.

Nuevos impuestos. Hay que señalar que los aumentos en los precios de las bebidas edulcorantes, alcohólicas y cigarrillos, serán absorbidos por el consumidor final; la medida es loable, sin embargo, lo perverso es que lo recaudado por esas tributaciones no se ha empleado en el sector salud desde el sexenio pasado, y ahora menos lo hará el Gobierno actual, que no completa para cumplir las promesas que hizo en campaña. Los servicios y bienes que se ofrecen mediante plataformas digitales para entretenimiento, transporte y comercio, serán gravados, así como las ventas de las amas de casa que se dedican desde su hogar al comercio de artículos por medio de catálogos. El Congreso de la Unión tendrá la última palabra, y esperamos que asuma una actitud racional y responsable frente al país, fuera de vanaglorias políticas.              

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Federico Muller
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Desde que se formaron las primeras civilizaciones en el mundo, después de un largo periodo en que el ser humano fue nómada y se dedicaba a la recolección de frutos y a la caza de animales, en las ciudades muchas de sus transacciones se realizaban con monedas que tenían un valor intrínseco, que en ocasiones se igualaba con su valor numeral. Pero también hubo épocas en la historia que determinados objetos cumplían la función de dinero, como plumas de aves, cigarrillos, etcétera. Esto, por supuesto, en comunidades pequeñas y aisladas de las poblaciones con mayor densidad demográfica.

En el último cuarto del siglo 19 y a principios del 20, predominó el patrón oro, sistema en que el circulante monetario era respaldado por oro que se guardaba en las bóvedas de los bancos centrales, es decir, el billete se podía cambiar por determinada cantidad de oro. En nuestros días, las monedas y billetes son respaldados por la confianza que tiene el consumidor en la moneda de cada país, que el Gobierno le llama de curso legal. Y por lo general el material con que están hechos los billetes y monedas es mucho más económico que su valor nominal.

Conviene comentar que cuando se pierde la confianza en el dinero nacional, la sociedad lo rechaza, como está sucediendo en Argentina: su moneda, el peso, pierde interés y es cambiado por el dólar estadunidense. Los argentinos se dan la habilidad de burlar el control de cambios impuesto por las autoridades financieras, y un caso parecido, pero extremo, se tiene en Venezuela. Estas acciones sin duda aceleran la depreciación de las monedas frente a la divisa estadunidense. En los países mencionados, los billetes de alta denominación han sido comunes por la larga historia de inflación que han tenido. De acuerdo con la teoría económica convencional, y que también lo ha mostrado la evidencia empírica, cuando el número de monedas y billetes es considerablemente mayor al valor de la producción de la economía, se provocan aumentos generalizados de precios que debilitan el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de escasos recursos.

En México, la gente se resiste a realizar transacciones monetarias con billetes de 1,000 pesos y monedas de 20 pesos. Las razones económicas de ese comportamiento popular no han sido claras. y menos contundentes, se esbozan algunos motivos, por ejemplo que han sido más susceptibles a falsificarse, pero el resto de billetes tiene la misma probabilidad de sufrirlo, por tanto ese argumento es muy raquítico. Se considera que la no aceptación del público obedece más a gustos y preferencias, simplemente no les agradó la denominación. Las razones psicológicas en esta ocasión están por encima de las financieras que podrá esgrimir el Banco de México.

El citar el breve contexto histórico del dinero se debe a los avisos que recientemente dio Banxico acerca de la familia de billetes que imprime y que circula en todo el país.
Anunció la pronta desaparición del billete de 20 pesos y en su lugar reaparecería la moneda del mismo valor. La decisión de su cancelación, la argumenta en el costo-beneficio, De acuerdo con sus criterios, es más oneroso elaborarlo que los beneficios que genera. La institución autónoma se reserva mencionar qué beneficios considera. Además, en un futuro cercano tiene la intención de sacar a la circulación el billete de 2,000 pesos. Sin lugar a dudas son decisiones unilaterales, que no están considerando la opinión de los consumidores, que más temprano que tarde la darán de una manera muy sencilla: aceptándolos o rechazándolos. La interrogante queda en el aire, aunque parece que las experiencias obtenidas no las está tomando en cuenta la institución que tiene el monopolio de la producción del dinero.

La regulación o control que pueda tener el Gobierno en ciertos productos que se venden en el mercado, es un tema que siempre suscita controversias entre políticos, fabricantes, comerciantes y consumidores. En un régimen democrático y desarrollado, la frontera es difusa entre lo permitido por la autoridad y la libertad que tiene el ciudadano de ejercer sus derechos. La evidencia muestra que los criterios de los gobernantes cambian, y casi siempre se modifican en función de intereses económicos. Los grupos de poder económico o político influyen en las decisiones del funcionario en turno. Las restricciones que se imponen dependen de varios factores, desde culturales hasta ideológicos, pasando por los económicos. Los bienes más susceptibles de regularse han sido las armas de fuego, bebidas alcohólicas, medicamentos, cigarrillos y estupefacientes, entre otros, con horarios de venta de productos o de apertura y cierre de establecimientos comerciales.

Llama la atención, por ejemplo, que en Barcelona, en la cafetería de una universidad pública se venda cerveza a la comunidad académica. Aunque por lo general los estudiantes acompañan sus alimentos con agua, la ética se impone para abstenerse de tomar alcohol antes de entrar a clase. En México sería impensable que eso se diera en las instituciones de educación superior; o que en Estados Unidos, en algunos de sus estados la legislación permita la adquisición de pistolas y rifles con trámites menos burocráticos que los que se piden para la compra de un medicamento controlado. O también causa sorpresa que en Coahuila esté prohibida la apertura de casinos.

En el caso de Saltillo, en administraciones pasadas hubo un presidente municipal que restringió la venta de vino y cerveza a seis días de la semana, el domingo permanecían cerradas las cantinas y expendios, y los establecimientos como tiendas de conveniencia con permisos, no podían expender esos productos al público consumidor. No obstante, los ediles que le sucedieron cambiaron las reglas del juego. Los intereses políticos sucumbieron ante los económicos.

Recientemente se publicó en la prensa local la queja de uno de los representantes de la Cámara de Comercio de Saltillo, de la competencia desleal que representan algunos negocios dedicados a la venta de cerveza, que manejan promociones (dos bebidas por el pago de una, etcétera) y precios por debajo de los que ofrecen otros lugares, como restaurantes de más tradición en la ciudad. Los argumentos que maneja el restaurantero son que el abaratamiento de las bebidas influía en que particularmente los jóvenes se embriagaran con más facilidad.

Las prohibiciones o limitaciones para comercializar determinados productos, es uno de los temas sensibles en la sociedad, y para su análisis se requiere considerar varios elementos de carácter económico, sanitario y político. Se pueden citar, a grosso modo, algunos que muchas veces no aparecen en la agenda del político, por ignorancia o porque deliberadamente se evaden. La experiencia dice que lo que se prohíbe, sobre todo el alcohol y ciertos tipos de drogas, incentiva el mercado negro, es decir, la venta clandestina, la cual propicia corruptelas entre autoridades y comerciantes, e indirectamente incrementa la economía informal. Por otro lado, el libre mercado en un país como el nuestro, con muchas carencias económicas y afectivas, puede incrementar el número de accidentes viales, la pérdida de vidas y elevar los costos de la salud pública. La argumentación a favor o en contra dependerá de la voluntad política, pero esta debe sustentarse en investigaciones que correlacionen causalmente las variables anteriores con la apertura o restricción del amplio espectro que se tiene para comercializar alcohol en sus diversas presentaciones.  

En la colaboración de la semana pasada se mencionaban las políticas que están formulando el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para cubrir más transacciones económicas con medios alternativos al dinero en efectivo, en particular las que frecuentemente se efectúan entre las clases menos favorecidas del país. La primera institución en pro de la “desmonetización” ha sido el propio Banxico, que ha diseñado la plataforma Cobro Digital (CoDi), una aplicación que se puede descargar en el teléfono celular y con la que el usuario tiene la posibilidad de realizar pagos y cobros en establecimientos comerciales, y también en puestos callejeros siempre y cuando estén conectadas al sistema.

Una de las restricciones que tiene la plataforma es el monto de las transacciones, las cuales no deben sobrepasar los 8 mil pesos, y otra es que el consumidor debe ser cuentahabiente de alguna institución bancaria, que le permita tener una cuenta de depósito con la cual cubrir sus operaciones de compraventa. Mientras, por parte del negocio, todos los productos que expenda deben identificarse con un código de barras, o bien contar con un dispositivo móvil que sustituya al código, pero ambos conectados al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Según el Banco de México, el sistema de pagos CoDi es más seguro que las tarjetas bancarias por la tecnología que maneja, de vanguardia, difícil de copiar para usos al margen de la ley. Aunque la plataforma, además de disminuir el uso de dinero en efectivo, seguramente va a dinamizar el crecimiento del comercio electrónico en México. Sin duda este tipo de transacciones es un perfeccionamiento tecnológico de lo que antaño fueron las compras por catálogo, que en nuestro país no tuvieron éxito, simplemente porque la cultura nacional no lo asimiló, a diferencia de la estadounidense, en donde generó una fuerte derrama económica.

Sin embargo, las nuevas tecnologías están cambiando gradualmente las conductas del consumidor mexicano. Si bien es cierto se calcula, grosso modo, que el comercio vía internet apenas ocupa 4% del total del comercio tradicional (presencial), las compras y ventas que se lleven a cabo de manera virtual tienen un futuro promisorio, ya que pueden llegar a cambiar las tendencias en la manera de ejercer el comercio de bienes y servicios. Los sectores más susceptibles de utilizar el esquema son los jóvenes profesionistas de ingresos medios y altos, que representan un grupo con elevado poder adquisitivo, acostumbrado a adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias.

Una de las ventajas de internet es que desde la comodidad del hogar o del centro de trabajo, con un sencillo clic en la computadora o el teléfono celular, se pueden hacer compras, a través de plataformas especializadas, de productos que son llevados a donde el comprador lo solicite. Y la cobertura trasciende las fronteras nacionales, para abrir el mercado a productos extranjeros. Con el comercio electrónico el sector financiero se consolidará porque cualquier transacción, a menos que la operación se realice en efectivo, implica la participación bancaria. En cambio, el comercio convencional que no asuma la dualidad presencial-virtual, quedará en franca desventaja en el mediano plazo. Desde la perspectiva del empleo, es probable que se destruyan fuentes de trabajo para dar paso a nuevos perfiles laborales, más especializados, que vayan proveyendo los requerimientos que demande el mercado digital.


Federico Muller
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Una de las políticas que quieren llevar a cabo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México es ampliar la cobertura de pagos con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento digital en los consumos cotidianos de la población, como pueden ser el pago de gasolina o la adquisición de pasajes del transporte público, por citar algunos ejemplos. Se trata de paulatinamente ir sustituyendo el efectivo por “dinero plástico”. La intención es prácticamente obligar al consumidor a que disponga de una cuenta bancaria de ahorro o tramite un crédito como tarjetahabiente, es decir, una línea de préstamo.

Se pretende bancarizar a la ciudadanía porque la penetración de las instituciones bancarias en la economía de las familias es muy baja en relación con otros países. A pesar de que en México se calcula que se realizan 16.4 millones de operaciones por día con tarjetas bancarias, también se estima que las transacciones con efectivo son todavía superiores a esa cifra, y lo más interesante: de mayor cuantía, aunque no se sabe con exactitud el valor real de los montos que se manejan, simplemente porque trasciende los límites de le economía formal; además, muchas transacciones de bienes y servicios provienen de actividades ilícitas, como extorsiones, narcotráfico, etc.

Uno de los principales objetivos del uso frecuente de tarjetas entre la población es seguir los circuitos financieros que se producen para identificar y rastrear el lavado de dinero, y todo lo concerniente a la evasión al fisco. Lo anterior no se lograría con pagos en efectivo. La política de ampliar el sector financiero es plausible teóricamente, pero su implementación es compleja en una sociedad como la mexicana, particularmente por el tamaño de su economía informal y la penetración del tráfico de drogas; y que millones de mexicanos están inmersos en la informalidad, sin seguridad social y acceso muy limitado al sistema de pagos.

La experiencia internacional más cercana que se tiene es el caso de India, una nación con una población muy superior a la de México, la mayor del mundo, sólo superada por la china. En 2016, el Gobierno indio repentinamente retiró de la circulación los billetes  de 1,000 y 500 rupias, los de mayor denominación. Se pretendía inhibir las actividades ilegales, contrabando, corrupción pública, etc. Los asesores económicos del Gobierno sospechaban que existían grandes fortunas en efectivo, en billetes de esas denominaciones, que no eran susceptibles del pago de impuestos por proceder de transacciones al margen de la ley; así, al retirarlos del mercado monetario, sus propietarios quedarían en la inopia.

Tal vez sea muy prematuro realizar una evaluación de los resultados de la desmonetización, pero después de más de dos años, la mayoría de las evaluaciones señala que los propósitos que pretendía la administración gubernamental se cumplieron parcialmente, al menos en el corto plazo, pues el crecimiento económico cayó y el dinero recaudado por el Gobierno mediante el pago de impuestos se incrementó. Aunque se debe mencionar que meses después del retiro de esos billetes el Gobierno emitió el de 2,000 rupias, como una salida al problema que se había suscitado, al paralizar una parte de la economía, especialmente al sector agrícola tradicional y comercial.

Aunque la economía mexicana es muy diferente a la india, los analistas del Banco de México deben tomar ese ejemplo. Si se quiere tener un sistema financiero incluyente, lo mejor es iniciar con la formalización del empleo, esto es, que los trabajadores dejen la informalidad mediante incentivos fiscales temporales.

Entorno Económico
Federico Muller
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El Banco de México ante la disyuntiva de ampliar sus funciones técnicas

Desde que el Banco de México consiguió su autonomía técnica, que fue en la administración del presidente Carlos Salinas, la cual le ha permitido formular sus propias políticas monetarias, independientemente de la anuencia o no de la Secretaría de Hacienda o del propio Presidente de la República en turno, la inflación ha disminuido considerablemente porque la prioridad del banco central ha sido mantener la estabilidad de precios para poder sostener, sin grandes oscilaciones, el poder de compra de la moneda mexicana. En 1995, la inflación nacional fue cercana a 35%, mientras que se estima cerrar 2019 con una tasa menor a 4 por ciento.

Otra ventaja de la autonomía bancaria ha sido el resguardo de las reservas internacionales, generalmente denominadas en dólares. Anteriormente el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, las podía utilizar para cubrir compromisos adquiridos en la solicitud de préstamos del exterior. En cambio, ahora cumplen otras funciones, una de ellas, fungir como recurso emergente para tratar de estabilizar en el corto plazo las inesperadas y abruptas depreciaciones del peso frente al dólar.

También se responsabiliza de fijar la tasa de interés de referencia y determinar el monto del circulante monetario, que lo establece en función de la demanda de dinero de la sociedad. La tasa de interés de depósito actual es superior a 8%, que si bien es cierto ha influido en el sector privado en la limitación de créditos bancarios, es innegable que ha contribuido a que los capitales del exterior sigan en el sector financiero del país por el elevado rendimiento que reciben, superior al que ofrecen los instrumentos financieros en Estados Unidos.

Gracias a esa política monetaria, la divisa mexicana es de las que menos se han depreciado de los países emergentes. No obstante, a casi 25 años de su autonomía, en que su objetivo principal ha sido la estabilidad de precios, es probable que las funciones del banco central se modifiquen, es decir, se amplíen. En la Administración que preside Andrés Manuel López Obrador se comienzan a escuchar algunas voces, particularmente en el Congreso de la Unión, que argumentan que el Banco de México también debe manejar políticas que apoyen el crecimiento de la economía, es decir, mediante políticas monetarias expansivas, como bajas tasas de interés o aumento del circulante monetario, entre otras, que logren que los préstamos bancarios sean atractivos para los inversionistas al resultar menos costosos y que las familias dispongan de más efectivo.

Todo ello, teóricamente, llevaría a propiciar una mayor inversión privada e incrementar el consumo de la población, pero existe un riesgo: tales acciones podrían elevar los precios de los bienes y servicios. Entonces, el Banco de México se vería ante la disyuntiva de atacar frontalmente la inflación o alentar el crecimiento económico. Es complejo manejar en forma simultánea políticas fiscales y monetarias expansivas. La Reserva Federal estadunidense es de las pocas instituciones en el mundo que manejan crecimiento económico y niveles de precios, pero por las asimetrías que prevalecen entre ambas economías (mexicana y estadounidense), no es un buen punto de referencia.

Lo que se puede observar entre líneas es que las secretarías de Hacienda y Economía están siendo incapaces de detonar las actividades económicas en el país, que prácticamente se encuentran estancadas, y ahora pretenden, por medio de varios legisladores de Morena, compartir la responsabilidad del crecimiento económico con el Banco de México. Es una propuesta arriesgada que puede trastocar lo que se ha logrado durante varias décadas, con un elevado costo social: la estabilidad paulatina de precios. 

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Es un hecho que la población en México está envejeciendo paulatinamente, de manera simplista se puede mostrar, mediante la lectura de los avisos de ocasión que aparecen en los periódicos diariamente, particularmente para determinado tipo de empleos del sector comercio o servicios, en los cuales se señala, que los empleadores pueden contratar hasta personas de 40 años; otra forma más técnica de visualizarlo es mediante las proyecciones estadísticas demográficas, que indican que a partir de 2020, la población mexicana cuyo rango de edad fluctúe entre los 15 y 64 años, comenzará a crecer menos que la de rango superior a los 65 años y aquella menor a los 15 años. En otros términos la población en edad de trabajar (15 a 64 años) disminuirá, lo que representará que el número de dependientes (jubilados y pensionados) aumente por cada trabajador. Se estima que por cada persona igual o mayor a los 65 años, existen siete individuos que potencialmente forman parte de la fuerza de trabajo. Esa relación a través del tiempo irá decreciendo. Otro factor que propicia esa desaceleración demográfica, ha sido la baja en la tasa de fecundidad de la mujer, que es inferior a la de 1970 –actualmente promedia dos hijos por mujer– y la edad promedio para embarazarse y concebir es de 27 años. Ello, sin duda influirá negativamente en el sostenimiento de los sistemas de pensiones y seguridad social, a menos que se disponga de mano de obra joven centroamericana, que esté dispuesta a sujetarse a las condiciones laborales del mercado nacional, que contrataría individuos con escasa preparación académica y salarios relativamente bajos en referencia a los del mercado estadunidense. Pero, México todavía tiene la oportunidad de aprovechar el bono demográfico (mayor población joven que adultos mayores), a través de formular políticas fiscales que coadyuven a la expansión de la economía y redistribución del ingreso. Es imprescindible generar desarrollo en este país, y una forma de llevarlo a cabo es mediante el pago de impuestos progresivos, además de la detección de aquellos sectores que sean susceptibles a una mayor tasación impositiva. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), que ya tiene varios años estudiando ese tema, recomienda a los países de la región, incrementar el espacio fiscal. No obstante lo anterior, romper los acotamientos impositivos en este país es una tarea difícil, especialmente por dos razones: la primera tiene que ver con la desconfianza de la sociedad en el uso indicado de los recursos provenientes de la recaudación fiscal, que de acuerdo con la evidencia, muchos de ellos se han desviado, destinándolos para fines personales o familiares de los políticos en el poder, y la otra se asocia con la proyección que busca el servidor público o el partido del mismo, para continuar en el poder en los próximos comicios electorales, cuya imagen se puede ver deteriorada al permitir un alza en los impuestos. Volviendo a la Cepal, esta argumenta gravar a las actividades económicas dedicadas al comercio o servicios electrónicos; en el área de salud y ambiental explorar que productos comerciales propician daños en el organismo humano, o que empresas con su producción contaminan el ambiente, y partiendo de ese diagnóstico considerar formular nuevos impuestos, o elevar los ya establecidos. Con el adelgazamiento burocrático y presupuestal del sector Gobierno implementado por la presente Administración federal (2018-2024), aun así sigue siendo débil, financieramente, incapaz de atender los requerimientos más sentidos del país. Es relevante pensar en nuevos esquemas fiscales, no solo con el propósito recaudatorio, sino que puedan promover la inversión.

Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

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Una renuncia anunciada fue la del secretario de Hacienda, el maestro Carlos Urzúa. Su desempeño laboral fue principalmente en la academia, pues sus incursiones en la vida pública fueron relativamente cortas: cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, se responsabilizó de las finanzas públicas de esa gran urbe, pero no concluyó el periodo de gobierno (2000-2004). Años después, el propio AMLO lo invita a colaborar en su gabinete, en la Secretaría de Hacienda, pero siete meses después renuncia por desacuerdos con las políticas públicas formuladas por el propio Presidente de la República y algunos miembros de Morena.

Analistas económicos y políticos ya habían manejado su inminente salida del gabinete. Durante su corta gestión, la figura avasalladora del tabasqueño influyó para que se alejara de los medios de comunicación. Su papel, se puede considerar como cercano a la medianía: cumplió con lo que se le encomendaba, estuvo muy acotado. Las razones de su salida, y que reconoce el propio secretario, las dio a conocer a la opinión pública.

Por ser de interés para la reflexión, enseguida se enumeran algunas de ellas: quizá la más relevante fue la discrepancia en la formulación de políticas económicas, que argumenta se estructuraron sin ningún sustento, lo cual se puede interpretar así: su diseño estuvo en función de criterios no económicos, pues prevaleció la ideología política de un sector de gobierno sobre las decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de ello pudo haber sido la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que forzó a la SHCP a atajar, de manera apresurada, la reacción de los inversionistas extranjeros, que habían invertido a través de la compra de bonos en tal construcción. La SHCP optó por la recompra de dichos “papeles”, operación que tuvo un elevado costo social porque se pagó con dinero del erario, es decir, el que aportan los contribuyentes.

Otro de los motivos que mencionó, y que se puede derivar de la anterior, fue la intervención de funcionarios del Gobierno en las decisiones de política económica, los cuales no tienen ningún conocimiento de la Hacienda Pública. Aunque no lo dice, se puede aventurar que su señalamiento se refiere, entre otros personajes, a la secretaria de Energía, quien es cercana al inquilino de Palacio Nacional y tiene una concepción muy particular del modo de gobernar, pues se inclina por una mayor intervención del Estado en la economía y en las actividades sociales, lo que desde luego, para cualquier economía moderna, se considera como una visión anacrónica.

Aunque la figura del secretario de Hacienda es relevante, en la llamada Cuarta Transformación, en donde coexisten dos corrientes de pensamiento diferentes, mejor dicho antagónicas, lo prioritario es que la política económica sea administrada por especialistas en la materia, que además de un manejo ágil y prudente de las finanzas públicas, tienen casi obligado propiciar un entorno económico de confianza para los inversionistas, pues en el poco tiempo que lleva este régimen han prevalecido estrategias y acciones que no favorecen el crecimiento de la economía.

Si al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera -quien al parecer, comulga con lograr los equilibrios macroeconómicos-, se le bloquea y pasa a ser un elemento decorativo del gabinete, entonces la situación se complicaría porque se dejaría de crecer. Lo contrastante es que a pesar de la perniciosa corrupción del sexenio pasado, se tenían tasas promedio de 2% de crecimiento económico. Ojalá que la salida de Carlos Urzúa provoque un punto de inflexión en la línea de pensamiento de AMLO, por el bien de México.

Uno de los factores fundamentales que influyen en la creación de riqueza, y desde luego en el crecimiento de la economía, es la inversión en capital fijo, es decir, la que se destina a la adquisición de equipo, obra pública y construcción de empresas, entre otros usos; y esta puede ser de carácter gubernamental o del sector privado (nacional y/o extranjero).

Hay que recordar que este tipo de inversión incrementa la tasa de empleo y dinamiza la demanda de bienes y servicios de la población. Por otro lado, si se consultan los datos del comportamiento de la economía mexicana y la inversión, de enero a abril del presente año los resultados obtenidos fueron raquíticos, muy distantes de las necesidades de la sociedad, en la que anualmente más de un millón de jóvenes trata de incorporarse a la fuerza laboral, y muchos de ellos no lo consiguen por la falta de oportunidades de trabajo.

En los primeros cuatro meses del año, el PIB apenas creció 0.5%, y lo que gasta el Gobierno en obra pública cayó en forma estrepitosa, pues tuvo un decrecimiento estimado de 13 por ciento. Mientras, la inversión privada fue positiva, pero su tasa de crecimiento fue muy pequeña. La expansión que se tenía en los primeros cinco años y meses del  sexenio anterior tuvo su punto de inflexión en octubre de 2018, cuando al revertirse, hizo prever una desaceleración de la actividad económica, lo que se está cumpliendo. Lo anterior también explica la disminución de la tasa de inflación, que suele darse con la atonía económica.

A seis meses de haber llegado al poder la presente Administración federal (2018-2024), está valorando, quizá antes de lo anunciado (a mitad del sexenio), una reforma hacendaria que amplíe el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda. Los recortes presupuestales a las dependencias y organismos autónomos, así como los ahorros provenientes del combate a la corrupción han sido insuficientes para sustentar los programas sociales y el gasto en obra pública. De tal manera, la construcción de carreteras, libramientos, embalses, etcétera, es probable que la inicien a finales del mandato del presidente López Obrador, si se quiere crecer de manera “sana” y, mediante la formulación de políticas públicas, mejorar la muy asimétrica distribución del ingreso entre la población.

La reforma fiscal lleva aparejada otra, la de los fondos de pensiones, los cuales representan una carga onerosa para el Gobierno. El número de trabajadores activos formales ha decrecido en términos relativos por el aumento de la economía informal, lo que provocó, para cálculos estadísticos, que más pensionados o jubilados dependan de un trabajador adscrito al IMSS.

Es casi un hecho que se aumente la edad para jubilarse, que supere los 65 años, aunado al incremento en los años de servicio en la empresa o dependencia, medidas que se apoyarían con la elevación de las cuotas obreropatronales para el retiro. Otro de los probables componentes de la reforma a los ingresos públicos sea subir los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como gravar con una mayor tasa impositiva las transacciones en el mercado bursátil.

Federico Muller
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No cabe duda que después de la Guerra Fría, la cual terminó debido a la desintegración de la URSS, las fricciones entre las potencias mundiales han prevalecido, y un terreno fértil para dirimir las disputas, en tiempos de paz, ha sido el económico. Desde luego nada nuevo en la historia de la humanidad, la faceta de los negocios siempre ha estado presente con diferentes matices e intensidades entre los pueblos.

Hace algunas semanas la estructura en el poder en Estados Unidos, públicamente representada por el presidente Donald Trump, estableció el cobro de aranceles a las importaciones provenientes de China, argumentando que los precios de los productos que entraban a su país eran subsidiados por el Gobierno chino, por lo tanto no reflejaban los costos reales de producirlos. La respuesta del gigante asiático no se hizo esperar y diseñó políticas comerciales similares. Considero que lo novedoso de esa guerra comercial es el desarrollo tecnológico con respecto a otros enfrentamientos comerciales del pasado. De manera especial las patentes y licencias de las empresas transnacionales, que juegan un papel clave, nulificando, o poniendo en jaque a las políticas proteccionistas de los gobiernos.

A pesar del tamaño de la economía estadunidense, y su estructura científica y tecnológica, para sorpresa de propios y extraños, una sola empresa china la desafía. La líder mundial en telecomunicaciones Huawei recurre a acelerar el cobro de sus derechos y regalías a las compañías americanas del ramo que los manejan, tratando de presionar al Gobierno para que sus productos se sigan vendiendo en el mercado estadunidense. También cabe señalar que, como proveedor de insumos a empresas norteamericanas, su participación es estratégica, pues sin ella dejarían de salir a la venta un número considerable de productos y servicios.

Según algunos analistas, la empresa tiene alrededor de 56 mil 500 patentes en varios países del mundo. Sin embargo, sus directivos reconocen que sus ventas de teléfonos celulares han disminuido 40% fuera del mercado chino, lo que indiscutiblemente está afectando sus ingresos, inclusive la compañía ya planea dejar de producir un número considerable de celulares en los próximos meses. Otro factor que ha influido en la caída de las ventas tiene que ver con el desprestigio, muy probablemente orquestado por sus competidores, que ha hecho que los productos de ese fabricante estén siendo estigmatizados: un sector de potenciales compradores ha desistido de hacerlo por los rumores que se escuchan, y entre los más frecuentes están la descontinuación inminente de la marca y el rápido agotamiento de su stock de accesorios.

En conclusión, se puede decir que en la era de la globalización no hay ganadores en una guerra comercial como la que enfrentan Estados Unidos y China. Lamentablemente el consumidor es el más perjudicado por las acciones de los gobiernos. Cuando se mezclan intereses políticos electorales con aspectos económicos como la compraventa de productos comerciales, la historia ha enseñado que no hay un buen fin, y en algunos casos anteriores se ha terminando en una guerra armada.

Si se hace un balance general del desempeño de la actual Administración federal en sus primeros seis meses de trabajo, lo primero que podría decirse es que todavía es poco tiempo para realizar una evaluación más robusta, pues no se cuenta con más información dada por variables socioeconómicas de mediano plazo; sin embargo, se pueden revisar las políticas públicas hasta ahora formuladas, considerando el entorno económico internacional, que juega un papel relevante en la economía mexicana.

Política migratoria. Un manejo que, desde mi parecer, no se le dio la preeminencia que requería, se mantuvo la propuesta de campaña de AMLO, de permitir libremente el paso de los migrantes por territorio nacional porque de lo contrario era coartar la libertad de tránsito, que atenta contra los derechos humanos universales que indefectiblemente tiene cada persona, independientemente de su nacionalidad. Fue una idea que prevaleció hasta hace poco tiempo, y que la responsable de la política interna del país avaló, sin ningún cuestionamiento. Para la funcionaria, la propuesta no ameritaba una investigación que involucrara un análisis de los factores tanto nacionales como externos que podían estar detrás de los movimientos migratorios, por supuesto adicionales, al más obvio, el clima de inseguridad y precaria economía que prevalece en los países expulsores de población.

PasÓ desapercibido, no se sabe si por ignorancia o demagogia, que existen organizaciones internacionales criminales que se dedican a la organización de caravanas de migrantes, que lucran con la situación socioeconómica de los habitantes de las regiones más pobres y atrasadas de Centroamérica y del Caribe, así como de algunos países africanos. Los aparatos de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad, como de las Fuerzas Armadas y de la propia Secretaría de Gobernación, no participaron, o quizá no fueron tomados en cuenta, porque contradecían la voluntad del Presidente de la República.

Los costos económicos que se pudieron evitar o al menos disminuir en la regulación de la migración, se tienen ahora que adicionar al presupuesto con cargo a los impuestos que paga la sociedad mexicana, por desestimarla y no considerarla que podía poner en riesgo la seguridad nacional, particularmente por las represalias que podía tomar Estados Unidos contra la economía del país.

Desde la perspectiva extranjera no se consideraron las estadísticas que presentaba el Departamento de Migración de Estados Unidos, las cifras eran muy elevadas, totalmente atípicas respecto del promedio histórico de cruces fronterizos de indocumentados. El reactivar las economías centroamericanas mediante programas de desarrollo es lo deseable, mediante políticas económicas de largo aliento, pero México no tiene la capacidad económica para hacerlo, y para Estados Unidos, en particular para su Presidente, esos proyectos no son rentables electoralmente.

Política industrial. Los regímenes anteriores al encabezado por Morena siguieron tomando en cuenta la frase que se le atribuye a un funcionario de la Administración del presidente Carlos Salinas de Gortari: la mejor política industrial es no formularla o en la práctica no disponer de ella. Sorpresivamente, la presente Administración sigue la misma línea, a pesar de las críticas que ha hecho al modelo neoliberal. La Secretaría de Economía no ha presentado un plan de inversión sectorial que incentive la participación de los capitales nacionales y transnacionales. Y sin inversión, dicen los economistas clásicos, no hay crecimiento económico acorde con las necesidades de empleo de la población.

Política social. En esta se atisban claroscuros, programas que han sido bien aprovechados, por ejemplo el de los adultos mayores (68 y Más), recursos que se destinan a la población de trabajadores jubilados o aquellos que no disponen de ninguna prestación social, que marginalmente complementan los precarios salarios que recibe la mayoría de ellos. Pero otros, que fueron diseñados para los jóvenes que no trabajan ni estudian, no han tenido el interés de la población objetivo, la cual ha mostrado resistencia a formar parte de la fuerza productiva de la economía. El entorno internacional es adverso, las estimaciones del PIB mundial en 2019 han venido siendo recortadas por los bancos de inversión y organismos supranacionales, lo que abona para que la economía nacional crezca menos o se contraiga este año con respecto a 2018.  

De acuerdo con el documento Principales Elementos del Plan de Negocios 2015-2019, desde hace algunos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de tener el monopolio en la producción y venta de energía eléctrica, pues ahora el sector privado puede participar en la generación y suministro de electricidad. En otros términos, con la apertura del mercado a la competencia, teóricamente los consumidores deberán beneficiarse al pagar precios más competitivos por kilowatt, particularmente los hogares y comercios.

El citado documento también menciona las principales debilidades de la CFE y entre las que más llaman la atención están las pérdidas que se presentan en la distribución del fluido, que si se comparan con las de otros países, como los escandinavos, son elevadas, y desde el ámbito financiero, las perspectivas no son nada halagüeñas: los déficits contables agobian el “sano” crecimiento de la empresa, pues en los últimos cinco años alcanzaron un acumulado de 163 mil millones de pesos, que se atribuyen a factores como subsidios a las tarifas (que distorsionan los precios reales), baja productividad laboral y las depreciaciones del peso. Aunque, el documento no lo contempla explícitamente, a la descapitalización de la empresa abona la añeja deuda que tienen los consumidores de Tabasco, o mejor dicho que tenían, porque recientemente fue condonada por el Ejecutivo federal. Un factor adicional es el pasivo laboral, que se estima en 48% del total de sus activos.

Con esta breve y sencilla descripción de la CFE se puede intuir que los problemas que tiene la ahora empresa productiva del Estado no se pueden atribuir solamente a gobiernos anteriores, sino que son de carácter estructural, presentes desde tiempo atrás, ocasionados porque en administraciones precedentes prevalecieron los criterios políticos sobre los técnicos y de rentabilidad económica, que paulatinamente fueron llevándola a la bancarrota.

Por lo anterior, la llegada de inversión extranjera y nacional al sector eléctrico se hizo no necesariamente pensando en mejorar la economía del consumidor o el entorno ecológico, sino que fue una salida desesperada para atenuar la inminente quiebra técnica de la CFE, pues la crisis financiera ha influido para limitar la cobertura del servicio de electrificidad en el país.

Los cortes de energía eléctrica han empezado a causar alarma entre la población y la Península de Yucatán ha sido una de las regiones más afectadas por el desabasto, que se atribuye al descuido que se tuvo en el mantenimiento y la construcción de nuevas líneas de transmisión.

El establecimiento de un plan nacional del sector eléctrico transexenal, que planificara las inversiones a mediano y largo plazo en las zonas del país con mayor demanda de electricidad estimada por su potencial de crecimiento económico y sus características climáticas, habría marcado la hoja de ruta y hubiera evitado las obras de emergencia para llevar más electricidad a Yucatán, que se realizan como medidas correctivas después de haber generado altos costos entre la población por la suspensión del servicio.

En el primer trimestre del año, los egresos de la CFE superaron a sus ingresos, con lo que el déficit ascendió a 13 mil 940 millones de pesos, cifra superior en alrededor de 18% a la del primer trimestre de 2018, desequilibrio que no se puede imputar a su nuevo director, Manuel Bartlett, porque su gestión administrativa es aún corta y todavía no define públicamente lo que hará en la empresa para rescatarla de la precaria situación económica en que se encuentra, aunque sus primeros pronunciamientos fueron detener los concursos para proyectos financiados con inversión privada y volver a la organización centralista del pasado, una concepción similar a la que se tiene para Pemex.

Sin caer en la tentación de afirmar que todo lo público es deficiente y oneroso, mientras que lo privado es eficiente y mejor, no se puede ocultar que los gobiernos mexicanos han sido malos administradores en el manejo de las empresas y los ejemplos más ilustrativos han sido Pemex y CFE.    

A pesar de que la Región Sureste de Coahuila depende económicamente de la producción industrial y comercial, actividades que han venido incrementando la urbanización del territorio en detrimento del entorno ambiental y de los quehaceres agropecuarios, todavía aparecen esparcidas áreas rurales rentables, como es el caso de las dedicadas a la producción de manzana. Hace ya varios decenios que la región de Arteaga, Coahuila, cambió su producción agrícola: el cultivo de la manzana sustituyó a las grandes cosechas de maíz y otros productos que abastecían al mercado regional; en aquel lejano pasado, el transporte de los productos era a través de carretas, y más adelante se llevó a cabo en rústicos camiones de combustión interna, los que con dificultad sorteaban las escarpadas pendientes del camino.

Los niveles de productividad agrícola laboral de antaño eran similares a los de otros estados de la República con actividades parecidas. En aquel entonces, la economía mexicana era casi cerrada, y no hay que olvidar que la reconversión agrícola obedecía a una iniciativa gubernamental que fue acertada, si se considera el microclima que prevalece en la sierra, apto para el desarrollo de huertas manzaneras y que ha permitido que se compita, en calidad, con las manzanas producidas en Chihuahua y California.

Generalmente el mercado se ha configurado con pequeños y medianos productores, y han sido excepcionales los grandes oferentes. La mayoría vende su producción manzanera a intermediarios que posteriormente la distribuyen en almacenes comerciales, los que a su vez hacen llegar el producto al consumidor final mediante los canales de distribución conocidos: tiendas y supermercados. Las compañías refresqueras y de jugos, antes de la concentración y colusión de empresas que se ha dado en ese mercado, compraban las manzanas que no cumplían con los estándares de calidad al público simplemente porque las adquirían como un bien intermedio, para su industrialización.

Para fijar los precios de la tonelada de manzana han intervenido diferentes factores que inciden en la oferta y demanda: desde los fenómenos ambientales extraordinarios, como granizadas, heladas tardías, plagas, etc., hasta el crecimiento de la economía regional y del país; el número y capacidad de compra de los intermediarios; los subsidios gubernamentales a los productores, los aranceles a los productos importados y el acceso a créditos comerciales. En este amplio abanico de posibilidades, la participación del intermediario ha tenido una repercusión importante en la formación del precio del producto.

Según dijo uno de los productores de la región, se estima que este año la producción de manzana ascienda a 2 millones de cajas, de las que 70% se distribuirá en el mercado nacional y el resto se colocará en Coahuila. La comercialización no contempla la exportación del fruto, que en un futuro podría ser un desafío y una ventana de oportunidad explorar mercados europeos o asiáticos, lo que sin duda requiere crear sinergias entre la banca, los agricultores y el Gobierno.

A raíz de las nuevas políticas públicas del campo que lleva a cabo la Administración federal, de fijar precios de garantía para ciertos granos de consumo básico en la dieta de los mexicanos, el citado fruticultor especulaba al decir que ellos (los productores) también requieren de un precio de garantía, lo que desincentivaría la intervención de los intermediarios, que según su opinión son los que se llevan la mayor utilidad en los ciclos de producción. No obstante, cuando existía Conasupo, los precios de garantía se prestaban para fomentar la corrupción, pues se establecían acuerdos tácitos -desde luego ilegales- entre funcionarios e intermediarios, y al final el productor no tenía más opción y vendía al intermediario. Eso evidencia que una estrategia que fracasó en el pasado, es poco probable que ahora logre su cometido.

Existe una frase que se repite frecuentemente entre la ciudadanía estadunidense acerca de un par de acontecimientos que sucederán irremediablemente en el transcurrir del tiempo: el primero tiene que ver con la muerte del individuo, y el otro con el pago de impuestos al Gobierno.

Este último ilustra el alto grado de fiscalización que se tiene hacia los consumidores, aunque como en todos los países del mundo se presentan excepciones, particularmente en aquellos que tienen poder económico.

En México, el control impositivo es relativamente más relajado que el de los vecinos del norte, aunque con la utilización de sistemas tecnológicos modernos, cada día la evasión y elusión del cobro de impuestos disminuye, pero todavía sigue siendo insuficiente para los requerimientos del país. El monto de la recaudación por ingresos tributarios en 2017 representó menos de 18% del PIB, mientras en Brasil alcanzaba 32.2% de su PIB.

Ese bajo índice de recaudación se puede explicar por la desconfianza hacia el buen uso y destino de los impuestos y la informalidad económica, que se puede presentar de dos maneras; una de ellas es la precaria cultura impositiva y ética que se da en las transacciones comerciales y de servicios, que comprende desde los honorarios generados por las consultas médicas -que no expiden recibo fiscal-, hasta los negocios que presentan como opción la facturación, que generalmente el consumidor declina para evitar la tasa impositiva y pagar menos por el producto o servicio recibido.

Y la otra engloba las actividades de comercio ambulante o en mercadillos, además de todos los oficios como plomería, carpintería, etc., que ni siquiera tienen un registro fiscal ante la Secretaría de Hacienda, y mucho menos seguridad social.

Además de los factores mencionados, han influido las tasas impositivas cero y exentas del IVA, que se mantienen en varios productos y servicios.

Aunado a ello, con la nueva disposición de disminuir la carga fiscal en las poblaciones localizadas en la frontera norte, el monto del erario no ha crecido como se esperaba, y es difícil que se cumplan las metas trazadas, de ahí que el Gobierno federal, a través del Ejecutivo, haya cancelado las condonaciones fiscales, que según la oficina del SAT, de 2007 a 2018 ascendieron a 400 mil millones de pesos, en donde los más beneficiados fueron 108 contribuyentes, recibiendo alrededor de 50% de la cifra citada.

No obstante, si se condonan los adeudos a CFE que tiene un sector de la población de Tabasco, las políticas deberían aplicarse para todos y de ninguna manera tener carácter discrecional.

Aunque la cancelación de la condonación fiscal es una medida “justa”, con respecto a la Ley de Ingresos anual no representa un gran porcentaje, y como las expectativas de crecimiento de la economía para 2019 son inferiores al PIB del año anterior, entonces es improbable que haya relevantes aumentos en la recaudación fiscal.

En conclusión, lo que se tiene es un Gobierno acorralado, rehén de sus propias promesas electorales, como la de mantener sin cambios el sistema fiscal.

La política fiscal que se está siguiendo carece de una planificación sexenal, los recortes en sueldos y presupuestos en la Administración Pública Federal, añadiendo los recursos que antes no se cobraban al condonarse, no equilibran las finanzas públicas. Son superiores los recursos que se destinan al gasto público que los ingresos recabados.

Si lo que se busca es redistribuir la riqueza, el camino a seguir es la creación de ambientes propicios para la inversión privada e indudablemente llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, en el corto plazo, que aumente la base gravable y combata la economía informal.