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19 Mayo 2019 04:00:00
La PGR y la equidad en la elección presidencial
Por Gerardo Blanco

Después de una larga inactividad pública, el pasado 15 de mayo, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, reapareció en Twitter para emitir diversos mensajes, cuyo contenido, en esencia, fue el siguiente: “Hace unos momentos el Tribunal Electoral resolvió, en definitiva y por unanimidad de votos, que durante la pasada elección presidencial, la PGR sí afectó la equidad en la contienda en mi perjuicio, y por tanto determinó sancionar a los responsables”. En otro mensaje agregó: “Celebro la resolución y espero que este tipo de maniobras, tramposas y arteras, jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata”.

Efectivamente, el pasado miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de poco más de un año de cadena impugnativa, resolvió que algunos servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizaron diversos actos que vulneraron la equidad en la competencia en la elección presidencial de 2018.

Los referidos actos consistieron en la difusión de dos comunicados de prensa que hicieron referencia a Ricardo Anaya, divulgados por medio de la sección de la PGR en el portal oficial de internet del Gobierno federal, así como en las cuentas oficiales de Twitter y YouTube de la referida dependencia. El contenido del primer comunicado (25 de febrero de 2018) hizo referencia a que el candidato de la coalición Por México al Frente se había presentado en la instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y que “se le invitó públicamente, en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial por lo que a derecho convenga…”. En cuanto al segundo comunicado (28 de febrero de 2018), consistió en la difusión de un video cuyo contenido revela el momento en que, el candidato presidencial y un grupo de acompañantes, ingresan y permanecen por unos minutos en las instalaciones de la SEIDO.

De acuerdo con el TEPJF, estas conductas vulneraron lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución federal, el cual mandata que los servidores públicos ejerzan los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en los procesos electorales y en la equidad en la competencia de los partidos políticos.

Sin embargo, de acuerdo con las y los magistrados de este órgano jurisdiccional, la citada prohibición también se puede interpretar en el sentido de que no solo es sancionable el ilegal uso de los recursos públicos, sino el ejercicio de facultades atribuidas legalmente, cuando con ello se pretenda repercutir en las elecciones.

Bajo esta premisa, el Tribunal llegó a la conclusión de que con ambos comunicados, la PGR realizó actos innecesarios que tenían como único objetivo dañar la imagen de Ricardo Anaya, al dar un mensaje ambiguo y engañoso con el fin de hacer ver a la sociedad la comisión de un delito por parte del referido candidato, violando así los principios de imparcialidad y neutralidad, mismos que deben prevalecer en las contiendas electorales de nuestro régimen democrático.

Pero no hay que caer en engaños –como pretende hacerlo ver Marko Cortés, actual presidente nacional del PAN–. El hecho de que la PGR haya afectado la equidad en la contienda en la elección presidencial, no quiere decir que el resultado hubiese sido distinto.

Es decir, las transgresiones cometidas por servidores de la PGR, viendo en retrospectiva el aplastante resultado de la elección presidencial, se puede afirmar que no incidieron en modo alguno en el resultado final de la elección, lo que sí pudo haber sucedido en una contienda más reñida.

Esta resolución no descubre nada nuevo, solo constata las malas prácticas que las instituciones públicas acostumbran a ejercer cuando se trata de intervenir de manera ilegal en las campañas políticas, ya sea mediante el perverso ejercicio de su facultades legales, a través del desvío de recursos públicos o condicionando el sufragio de sus trabajadores; todo con el fin de obtener votos fuera la ley.

Y, como sucede en el caso concreto, estas conductas deben ser sancionadas.
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