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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Abril 2019 03:40:00
El clon de Peña Nieto
José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.
18 Mayo 2019 04:00:00
Educación en el limbo
El presidente López Obrador comprueba cada día la sentencia de Anatole France según la cual “Gobernar significa descontentar”. La reforma educativa de la 4T unió a montescos y capuletos, como lo advierte Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

» (…) Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió otra de sus promesas de campaña: tirar la reforma educativa de su antecesor Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el camino no fue fácil y los resultados quizá no surtan los efectos deseados.

» La contrarreforma pasó dos veces por ambas cámaras del Congreso, debido a que Morena debió negociar incluso con el PRI para sacarla adelante. El PAN, único partido que votó en contra de la iniciativa, (…) acusó a Morena de haberse rendido ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual había suspendido sus violentas protestas en el tramo final del debate legislativo.

» No tengo duda de que esta es una página triste en la historia del Senado, porque hemos sido convocados a un periodo extraordinario, pero lo único extraordinario es la prisa del Gobierno para cumplir sus compromisos electorales con la CNTE, y la urgencia por obedecer con disciplina casi militar las instrucciones recibidas de Palacio Nacional”, acusó el senador panista Marco Antonio Gama.

» Sin embargo, la reforma tampoco satisfizo a la CNTE, pues, asegura, no derogó la anterior. El 12 de mayo, profesores de la Sección 22 quemaron llantas frente al Congreso de Oaxaca y anunciaron un primer paro de labores de 72 horas desde el 15 de mayo, Día del Maestro, el cual dejó sin clases a legiones de alumnos en el país, principalmente en Chiapas, Guerrero y Michoacán.

» “Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa, los adeptos creyeron en un verdadero cambio que a menos de un año comienza a desmoronarse. El decreto de este sexenio sigue siendo el mismo perro, pero con diferente collar; para el magisterio es el mismo sistema disfrazado de popular”, señaló la CNTE en un comunicado. (…)

» “Hoy, después de constantes mesas para exigir la inclusión de las propuestas educativas y laborales de la CNTE, este proceso resultó ser sólo un espacio de dilación mientras se imponía el presidencialismo apoyado por una campaña mediática en las ‘benditas redes sociales’, por encima de la razón de una verdadera lucha y el quehacer docente”, agregó. La CNTE se queja de que sus propuestas educativas y laborales no fueron tomadas en cuenta, pero el trasfondo del descontento es por el manejo de plazas, el cual fue el cambio más debatido.

» Si bien la reforma mantiene un artículo que establece que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el Artículo 123 de la Constitución, Apartado B (lo cual significa que podrán disponer de 50% de las plazas vacantes y de nueva creación), se agregó un transitorio, a propuesta de Movimiento Ciudadano, que dice a la letra: “la admisión, promoción y reconocimiento (de los maestros) se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (que debe ser creado), prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”.

» Para el PAN, todo es un engaño. “El décimo sexto transitorio deja la posibilidad de la venta de plazas”, dijo en tribuna la senadora panista Xóchitl Gálvez, mientras mostraba una foto de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo. “Seguramente (Gordillo) va a celebrar con ustedes esta reforma, la tenemos de regreso por voto directo, acuérdense de mí”, sentenció”.
17 Mayo 2019 04:09:00
El fiscal caradura
Se necesita ser muy caradura para lanzar, desde la incompetencia y la complicidad, anatemas contra la única institución que ha denunciado penalmente al gobierno de los Moreira por la contratación irregular de deuda pública y el desvío de recursos a empresas fantasma, dentro de los márgenes estrechos que le permite la ley para inhibir la corrupción, arraigada durante el docenio trágico. Investigar y encausar la sustracción de caudales corresponde a las fiscalías General del Estado y a la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, cuya pasividad mueve a la sospecha.

Atacar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha convertido en el deporte preferido de agentes políticos que buscan, en la descalificación, atraer reflectores y ocultar su ignorancia y falta de compromiso con la sociedad. La fracción parlamentaria del PAN acusó al organismo de omisiones en la cuenta pública de 2017 (penúltimo año del gobierno de Rubén Moreira Valdez). Si las hay, existen procedimientos para sancionar a los responsables, pero en su lugar prefieren litigarlas a través de los medios de comunicación.

En la columna Salvar El Pellejo (Espacio 4, 610) se lee:

“Rubén Moreira terminó la obra iniciada por su hermano Humberto seis años atrás: devastar a Coahuila, solo que, en su caso, con mayor perversidad e insania. Moreira II no tiene problemas en el estado, pues la mayoría de los diputados del PRI fueron antes sus empleados (…). El Poder Judicial está a sus pies: los magistrados Homero Ramos Gloria, Iván Garza y otros que soportaron humillaciones y bajezas, tienen ahora la encomienda de cuidar a su jefe en el organismo encargado de impartir justicia.

“El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es obra suya. Con la aquiescencia de la anterior legislatura, dominada por el PRI, marcó los ritmos y los tiempos de la farsa. Moreira II nombró a incondicionales suyos y de su hermano para jamás ser investigados. Es insultante e inadmisible que uno de los estados donde se han registrado escándalos de corrupción de alcance internacional y posee una de las mayores deudas per cápita, aún no tenga entre rejas a quienes vaciaron las arcas para construir fortunas personales a costa del empobrecimiento de millares de familias.

“El SEA es un monumento a la simulación, dedicado, en todos sus niveles, a devorar recursos públicos sin ton ni son, a tender cortinas de humo y a perpetuar la impunidad. Para llamar a cuentas a los responsables del saqueo del estado, no solo se requiere valor, sino autoridad moral. El tamaño de la responsabilidad abruma e intimida al fiscal anticorrupción (…). Prefiere pasar por cómplice –al fin son legiones– que ponerse a la altura de las circunstancias y del clamor social de justicia”.

Casi dos años después de haber sido impuesto por la aplanadora del PRI en el Congreso –con el voto en contra de los diputados del PAN, la UDC y el PPC, por su tufo moreirista–, el zar anticorrupción, Jesús Flores Mier, lo único que ha ofrecido son excusas. Aferrado a la sinecura, el fiscal reparte culpas para desviar la atención, eludir su responsabilidad y proteger a quienes deberían estar en prisión. El SEA fue diseñado por quienes endeudaron a Coahuila y desviaron cientos de millones de pesos más a empresas fachada, no para echarse la soga al cuello, sino para jamás ser castigados. En ese sentido, el desempeño de Flores ha sido ejemplar.
15 Mayo 2019 03:24:00
Pinza presidencial
La pinza del Gobierno de López Obrador para pacificar el país, después de un par de sexenios cruentos, la forman los programas sociales y la Guardia Nacional.

Si en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, según el Presidente, “no había una línea divisoria (…) entre delincuencia y autoridad; eran lo mismo, si acaso se podía decir delincuencia común y delincuencia de cuello blanco”, el fundador de Morena se propone atacar las causas de la violencia y no solo sus efectos. En esa línea, la atención a los jóvenes es prioritaria para que la delincuencia deje de “engancharlos”, advierte.

El presidente reprocha a los regímenes neoliberales haber dado la espalda a los jóvenes –“estaban completamente abandonados”, declaró en Veracruz– y etiquetarlos de ninis: “ni estudian ni trabajan”. El ambiente cambiará cuando los programas sociales se consoliden, dice, pues “los grupos de delincuentes se van a quedar sin base social”. Cuando los adultos mayores y las personas con discapacidad reciban pensión, los estudiantes tengan becas y los jóvenes trabajo, la inseguridad bajará, asegura.

Si en el pasado “el problema era la autoridad” y “el Gobierno estaba (…) solo dedicado a facilitar el robo, el saqueo”, y no preocupado por las necesidades del pueblo, la cuarta transformación se coloca en las antípodas: “Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral, porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política.

No somos iguales a los conservadores y a sus voceros. (…) Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”.

La Guardia Nacional cierra la pinza. Con un ejército de casi 300 mil elementos de las fuerzas armadas, el Gobierno federal retomará el control en los estados cuyas autoridades, en la mayoría de los casos, fueron infiltradas por la delincuencia organizada en los gobiernos de Peña y Calderón. Antes “no había protección para la gente, no había cuerpos de seguridad. No se le permitía ni al Ejército ni a la Marina hacerse cargo de la seguridad pública. (…) Cuando tengamos presencia de la Guardia Nacional en todo el país (…) entonces vamos a garantizar la seguridad pública”, ofreció el Presidente.

Sin embargo, para el director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, la Guardia Nacional no resuelve la violencia –“puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios”–, como tampoco los programas sociales. “Es al revés, la violencia nos causa pobreza, despilfarro de recursos, corrupción y distracción de autoridades.

Es momento de generar oportunidades de negocio lícito a los pobres de México y fomentar la inversión productiva. México puede crecer a buen ritmo, pero para ello se necesita mejorar la actuación de su Gobierno y regular las drogas. En el Índice de Libertad Económica Mundial salimos muy mal evaluados por el concepto de Gobierno ineficaz y corrupto”.

AMLO está por cumplir seis meses en la presidencia. En ese tiempo era imposible revertir décadas de violencia, corrupción e impunidad. Le restan cinco años y medio para cumplir sus promesas de transformar al país en uno donde imperen la justicia social, la honradez y el estado de derecho. Para Roel, “La mejor manera de hacerlo es con un buen nivel de conciencia que se ubique en la paz y no en la ira, la venganza, la división o los mensajes de guerra.

Tenemos que aceptar la realidad, los datos y probar estrategias inteligentes. La solución no está en la fuerza de las armas, sino en el poder de las buenas ideas”.
14 Mayo 2019 04:01:00
Malos augurios
El presidente López Obrador se halla atrapado en su laberinto retórico. El Índice de la Paz 2018 del Instituto de Economía y Paz (IEP) ubicó a México en el lugar 140 –de 163 países–, por debajo de Irán e India y ligeramente arriba de Palestina, Venezuela y Colombia. El nivel de seguridad de México es “bajo”, según la clasificación. Entre los países más peligrosos del mundo figuran Siria, Afganistán e Irak. En el Gobierno de Peña Nieto, la cifra de homicidios dolosos rondó los 125 mil y en el de Calderón los 103 mil, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año más violento fue 2018 con 33 mil 341 víctimas.

Para el Semáforo Delictivo, los 8 mil 493 homicidios registrados en el periodo enero-marzo son un mal augurio. No obstante que el presidente López Obrador “ha declarado el fin de la guerra que se inició en el 2008 y a pesar de que su Plan de Paz y de Seguridad contempla la regulación de drogas como estrategia de reducción de daños, la guerra contra el mercado de drogas continúa, y con ella, el incremento de los homicidios”, apunta.

Santiago Roel, director del proyecto cuya función consiste en “promover el buen gobierno mediante la presión ciudadana organizada e informada”, advierte: “De continuar así la tendencia, de seguir con esta guerra, este año será el peor que cualquier otro que hayamos vivido”. El Semáforo Delictivo es el tipo de organizaciones que incomodan al Presidente. AMLO ha refutado incluso las estadísticas oficiales sobre la violencia en los primeros meses de su administración.

La mayor escalada proviene de “las ejecuciones en el mercado negro de drogas”. Roel insiste que “mientras no se regulen algunas drogas como la cannabis o la amapola, México seguirá en una tendencia a la violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza sino con inteligencia económica”. La Guardia Nacional –dice– “puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios porque estos siguen una lógica de lucha por territorios que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación”.

AMLO no prometió, como Fox con respecto al alzamiento del EZLN en Chiapas, resolver la violencia “en 15 minutos”, pero tras las matanzas en Guanajuato, Veracruz, Jalisco y otras entidades, ofreció resultados en los próximos seis meses, plazo demasiado corto frente a la gravedad del fenómeno.

Para abatir la violencia se necesitan, mínimo, dos años. El Presidente culpa a los gobiernos de Calderón y Peña de la situación. “Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo. Nos entregaron un país en crisis, un cochinero, pero lo estamos limpiando”.

Según el Semáforo Delictivo, además de los homicidios dolosos, cuyo incremento fue de 10% en relación con el mismo periodo de 2018, en el primer trimestre del año también aumentaron otros delitos de alto impacto como la extorsión (47%) y el narcomenudeo (14%). “Este último es un indicador más de que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía”, previene.

Con datos del Índice de Paz, el Semáforo señala que el costo per cápita de la violencia en México es de 41 mil pesos anuales. “Estamos destruyendo recursos en una guerra inútil que nos cuesta muchísimo en todos sentidos. Económicamente, crecemos a una tasa muy baja y hay estados muy rezagados”.
13 Mayo 2019 04:01:00
Enemigo de sí mismo
Andrés Manuel López Obrador ha conseguido lo que sus detractores más feroces no han logrado y las oposiciones (PRI, PAN y PRD), abismadas en la derrota de 2018, ni siquiera han intentado: debilitar su imagen, minar su credibilidad y poner en duda su capacidad para dirigir el país. Abril ha sido el peor mes del aún incipiente gobierno. Frente a las reacciones por la violencia rampante, el veto a la reforma educativa a través de un memorándum, el enfrentamiento con sectores y medios de comunicación críticos y los nulos resultados en la lucha contra la corrupción, los signos de exasperación del Presidente más votado y popular son cada vez más evidentes.

“La ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley”, dijo en la conferencia del 18 de abril, a propósito de la reforma escolar. El sermón remite a Marcos 2, 23-28: “El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado”. Así replicó Jesús, de acuerdo con el evangelista, a quienes denunciaban a sus discípulos por no respetar la ley (el sábado).

AMLO supedita la Constitución a la justicia, según su interpretación del libro sagrado del cristianismo y de la carta magna. Bajo el mismo criterio, igual puede pasar por encima de todo poder y mandato que se interpongan entre el orden jurídico y su visión del universo. Incluso podría reelegirse (una especie de resurrección sin muerte política previa) como muchos temen, y él niega. El personalismo, la intolerancia y la vena religiosa del Presidente evocan a los ayatolás y a los líderes supremos de los países islámicos cuyos sistemas políticos y legales tienen como código de conducta la sharia.

¿Aspira AMLO a cambiar el Estado laico por uno fundamentalista con mandos civiles? No llegaría tan lejos, pero a veces da esa impresión. Las únicas teocracias en el mundo, organizadas en república o monarquía, son las de Afganistán, Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. El Vaticano es el único de los Estados gobernados por una monarquía electiva teocrática absoluta regida según los principios de la fe cristiana. El Papa ejerce el poder supremo, y de él dependen las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. A diferencia del resto de las monarquías, el cargo, que actualmente ostenta el argentino Jorge Bergoglio, no es hereditario.

Irán (antes Persia) era una monarquía gobernada por el sha Reza Pahlaví, quien se hizo con el poder en 1941 tras fusionar a todas las fuerzas políticas en el Partido del rey. Las reformas de la “Revolución blanca” de Reza tuvieron alcance limitado, pero su política económica propició el enriquecimiento de los grupos vinculados al poder, en perjuicio de una mayoría empobrecida (Wikipedia). En 1979 fue derrocado por la Revolución islámica cuyo dirigente, el ayatolá Ruhollah Jomeini, regresó al país en 1979, una vez consumado el movimiento, para ser proclamado líder supremo de la República Islámica de Irán.

Jomeini publicó, el 14 de febrero de 1989, un decreto religioso (fetua) contra el escritor indio-británico Salman Rushdie por supuestas blasfemias contra el islam y el profeta Mahoma en la novela Los Versos Satánicos (1988). La obra desató protestas en el mundo musulmán, algunas de ellas violentas como la del 24 de febrero del mismo año en Bombay, donde murieron 10 personas y mil 600 fueron heridas. El ayatolá ofreció una recompensa de 3 millones de dólares por la muerte de Rushdie. Jomeini falleció meses después. Rushdie sigue activo, pero la condena continúa vigente.
11 Mayo 2019 04:00:00
Vuelta al pasado
Inspirado en Octavio Paz, poeta y premio Nobel de Literatura 1990, el escritor Jaime Torres Mendoza advierte que una sociedad adoctrinada en el culto al poder forma ciudadanos cuya disciplina y sumisión acaban con la dignidad de la persona. La siguiente es una parte del texto publicado en la edición 613 del bisemanario Espacio 4.

“Somos un país desarticulado que a diario representa una obra ajena a sí mismo, en donde cada personaje intercambia rostros, nombres y actitudes, dejándolos sin la esencialidad de la identidad, donde los escenarios tienen como base constructiva el azar, sin la más mínima relación con la obra representada, arrojando como resultado una decoración que crea la sensación de estar en otro escenario, ajeno y extraño a lo que este país es en su más dolorosa intimidad.

“Hay qué reconocerlo. Este es un país donde la cultura de la sensiblería cultivada y reforzada desde la televisión, casi único medio por el que opta el mexicano para entrarse de lo que pasa en el país, es cosa corriente que nos desbordemos en llanto inconsolable ante los dramas de escenografía que nos presenta la pantalla chica, pero pasamos indiferentes ante las matanzas cotidianas que siembran terror e incertidumbre; nada nos dice la situación de drama de los migrantes utilizados como estrategias políticas para que se acomode el poder; indiferentes somos si nos hablan de las fosas clandestinas que aparecen como yerba mala en campo florido. Y...

“Duele, ¿no es cierto? Pone los pelos de punta saber que en el seno de mi país, los vencidos políticos, los vencidos ciudadanos, los vencidos todos, sometidos por el filo de la espada de la retórica más estrafalaria y vulgar que todos los gobiernos que han administrado el país utilizan como vía de explicación del mundo.

“El ciudadano incompleto, el fragmentado, al que le hicieron pedacitos su conciencia, es el que anda por ahí, dispuesto a comercializar su voto a cambio de la humillante membrecía de los partidos políticos a cambio de una despensa miserable, de un bulto de cemento, de un tinaco, de unas cuantas varillas, de unos bloques, de unos tacos de barbacoa el día de las elecciones para dejar asentado el voto que legitimará el ascenso al poder de un miserable politiquillo con aspiraciones de sanguinario gánster.

“¿No es esto una dolorosísima tragedia al mismo tiempo que una vergonzosa postura ante los hechos que nos agobian?

“Lo es ciertamente. Por eso urge un retorno a nosotros mismos, a nuestro pasado, como quería el creador de El Laberinto de la Soledad; no para revivirlo e imponerlo como sistema de vida y proyecto de nación, sino para que esta vuelta al pasado se convierta en un soporte firme para crear proyectos forjados en el conocimiento real de nuestra multiplicidad de herencias histórico culturales.

“¿Por qué nadie del poder ha leído a Octavio Paz?

“Hoy, pues, tenemos la urgencia de una revuelta, una vuelta al pasado, porque si tenemos un conocimiento pleno de lo que fuimos, estaremos en mejores posibilidades de soportar los embates del exterior y manejar, de la mejor manera posible, los problemas internos, los que nos destruyen; pero, sobre todo, sabremos que buena parte de nuestra situación nos viene de nosotros mismos, de esos males que nos echamos a cuestas cuando elegimos autoridades.

“Conociéndonos, con fundamento en la conciencia, podremos emprender mejores y más firmes proyectos de nación, sin necesidad de los rufianes que nos agobian”.



10 Mayo 2019 04:05:00
El tribunal de la 4T
Enrique Peña Nieto le cerró las puertas de Los Pinos a Jorge Ramos, uno de “los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos”. Seis años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió las de Palacio Nacional para la conferencia mañanera del 12 de abril. El presentador del Noticiero Univisión –la cadena con mayor audiencia de habla hispana en Estados Unidos y cobertura en 16 países de América Latina– refutó las cifras de asesinatos dolosos en los primeros meses del nuevo Gobierno, y dejó en claro que los periodistas no revelan sus fuentes. AMLO había pedido a Reforma, donde Ramos escribe una columna semanal, decir cómo obtuvo el borrador de la carta enviada a Felipe VI de España para exigir perdón por los abusos de la conquista.

A finales de febrero pasado, Ramos y su equipo de Univisión permanecieron retenidos por dos horas en el Palacio de Villaflores, sede del Gobierno de Venezuela, en el marco de una entrevista interrumpida por el presidente Nicolás Maduro, molesto por los cuestionamientos del periodista y escritor. En México, la relación de AMLO con algunos columnistas y sectores de la prensa (en particular con Reforma) es áspera, pero hasta hoy no se ha llegado a tanto. Sin embargo, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a otras organizaciones les preocupa el discurso del Presidente, pues puede generar mayor violencia contra el gremio.

En su columna “El presidente no es el jefe de los periodistas”, publicada en su portal el 17 de abril, Ramos dice que las mañaneras son “un extraordinario ejercicio democrático”, pero advierte: “A pesar de la clara apertura periodística (…) López Obrador ha utilizado sistemáticamente ese espacio para desacreditar a reporteros, columnistas y medios de comunicación que lo critican. Les llama “prensa fifí”, entre otros calificativos (como conservadores y deshonestos). Él dice que solo está ejerciendo su “derecho de réplica”. Y lo tiene. (…) Pero las fuertes críticas desde Palacio Nacional (…) son preocupantes en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo».

Ramos reconoce “una gran diferencia” entre los presidentes de México y Estados Unidos: “AMLO aguantó y respondió todas mis preguntas durante la conferencia de prensa en Ciudad de México, mientras que Trump, en 2015, me expulsó con un guardaespaldas en Dubuque, Iowa. (…) Está claro: México no es ni será Venezuela y AMLO no tiene nada que ver con Maduro. Ni con los desplantes racistas y xenofóbicos de Trump. Pero el Presidente de México no tiene por qué descalificar a periodistas que cuestionan su labor; ese es precisamente nuestro trabajo. (…) Así como los periodistas no cuestionamos su legitimidad bien ganada (…) él tampoco tiene por qué recurrir a descalificaciones innecesarias”.

López Obrador juega sus cartas. Las ruedas de prensa matutinas, con preguntas abiertas y algunas presencias incómodas como la de Ramos, eran inimaginables en los gobiernos anteriores. Peña jamás se expuso. Empero, la apertura no es necesariamente democrática. Menos cuando el Presidente impone su criterio, desmiente a las propias fuentes gubernamentales y convierte cada conferencia en tribunal donde juzga a quienes piensan diferente. En Palacio Nacional se enciende cada mañana una pira para los enemigos de la Cuarta Transformación: periodistas, ONG y cualquier tipo de adversario, real o imaginario. El Presidente juega con fuego en un país regado de pólvora.
08 Mayo 2019 03:54:00
El peor Presidente
El periodista Jorge Ramos (Univisión) puso contra las cuerdas a Enrique Peña Nieto, en 2009, cuando el gobernador de Estado de México no supo decir de qué murió su esposa, Mónica Pretelini, el 11 de enero de 2007. “Parecía que era… se me fue el nombre de la… el nombre de la enfermedad puntual”. “Epilepsia”, le ayudó Ramos. “Epilepsia”, asintió Peña. “(Bueno) no era epilepsia puramente… pero sí algo parecido a la epilepsia”.

El político titubea, tiene lapsus y sonríe nervioso según se aprecia en el video disponible en YouTube con 1.1 millón de visualizaciones. (En 2008, Peña ya era pareja de la actriz de Televisa Angélica Rivera (ADNpolítico, 09-02-19) con quien contrajo nupcias el 27 de noviembre de 2010 y de la cual ya se divorció).

En una segunda entrevista con Ramos (febrero de 2011, antes de ser postulado para la Presidencia), Peña buscaba poner punto final a un tema potencialmente tóxico para sus aspiraciones, pero volvió a fallar: «A ver, es absurdo pensar (…) que no sepa de qué murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir qué era, que mi esposa sufrió en aquel entonces ataques de epilepsia que habían derivado justamente en eso, en alguna insuficiencia cardíaca”.

El gobernador negó haber tenido participación en el caso. Esa y otras versiones, como la del suicidio, las atribuyó a su posición política y a “contrarios a uno” que las dejaron sonar.

El asunto generó, desde el primer momento, un alud de rumores. Dos días después del fallecimiento, Proceso ofreció una hipótesis en un texto de la Redacción titulado Todo Huele Raro…: “La muerte de Mónica Pretelini, esposa del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, fue por lo menos inesperada y extraña: no aparentaba sufrir ninguna enfermedad grave, las causas que oficialmente provocaron el deceso no acaban de convencer a médicos prestigiados. Pero más rara aún fue la forma en la que personajes e instituciones “todo México”, podría decirse, se volcaron en condolencias. El número de esquelas estableció un récord. Superó, por mucho, a las publicadas, por ejemplo, con motivo de la muerte de personajes como Carlos Hank González y Juan Sánchez Navarro (…).

“Tras la declarada muerte cerebral de la paciente, de inmediato empezaron a circular versiones que sembraron sospechas y dudas sobre la causa de su repentino fallecimiento. Paradójicamente, la muerte de su pareja provocó que Peña saltara a la palestra política con mayor fuerza que antes.

Si bien es cierto que en 2005 dejó de ser un político de limitados alcances locales, el repunte de su fama se debe, en buena medida, a su alianza con Televisa, que desde hace dos años maneja no solo su imagen, sino gran parte de su futuro político con miras a las elecciones presidenciales de 2012”.

Peña no volvió a conceder una entrevista a Ramos. En su columna del 19 de noviembre de 2018 en Reforma (“Peña Nieto: el peor presidente”), el premio Gabriel García Márquez 2017 cita un número preliminar de homicidios dolosos en el gobierno del priista (122 mil 889
https://bit.ly/2LGFnty). “… fue un presidente solo de nombre. (…) confundido, creía que las malas noticias eran una cuestión de imagen y gastó millones en publicidad. Nunca entendió que mil anuncios de televisión no podían evitar una sola muerte.

Ni borrar la agonía de las familias. Los que votaron por Peña, o le ayudaron tramposamente a llegar al poder, son cómplices de haber empujado a la Presidencia a uno de los políticos más incompetentes que haya tenido el país”.
07 Mayo 2019 03:55:00
Lecciones de rebeldes
Donald Trump lo expulsó de una rueda de prensa, el 25 de agosto de 2015 en Dubuque, Iowa, cuando aún no era candidato. “Siéntese, no le he dado la palabra. Vuélvase a Univisión”. Enseguida, un guardia lo sujeta y lo escolta hasta la salida. Después se le permitió regresar a la sala. Jorge Ramos buscaba respuesta sobre la postura antiinmigrante del republicano. “Creo que ni siquiera lo había conocido antes. (…) Se puso de pie y empezó a gritar, así que quizá también él cometió una falta. Obviamente es alguien muy emocional, así que no tengo problemas con su expulsión”, dijo el magnate (El País, 26-08-15).

El 25 de febrero, Nicolás Maduro retuvo a Ramos y a su equipo de Univisión en el Palacio de Villaflores donde era entrevistado. Las autoridades requisaron el material para evitar su transmisión. El periodista mexicoestadunidense narró su experiencia al diario español: “Estuvimos retenidos más de dos horas (…) Tras 17 minutos de entrevista a él no le gustaron las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria (…) y se levantó (…) después de que le mostrara el video de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Inmediatamente después, uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada”.

Ramos y la productora María Guzmán permanecieron encerrados un par de horas en un cuarto de seguridad. Esa misma noche se les permitió regresar a su hotel, custodiado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Al día siguiente fueron deportados a Estados Unidos. En un mensaje a El País, Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, replicó:

“(Ramos) no vino a hacer una entrevista. Vino a insultar y a grabar con cámaras escondidas zonas de seguridad del palacio. Dimos por terminada la entrevista y ya se fueron al hotel”. El mismo funcionario publicó en su cuenta de Twitter: “Por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos”.

Ramos dedicó al tema su columna La Entrevista Que nunca Verás (Reforma, 02-03-19). Con un epígrafe de Julio Scherer (“Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos”, a propósito de la conversación de los actores Sean Penn y Kate del Castillo con el narcotraficante Joaquín Guzmán, en 2015) y los arrestos del fundador de la revista Proceso (contra quien el gobierno de Luis Echeverría urdió una campaña para deponerlo de la dirección de Excélsior, por su línea crítica), el presentador estrella del Noticiero Univisión dice que tras la interrupción de la entrevista le espetó a Maduro: “Eso es lo que hacen los dictadores, no los

demócratas”.

Autor de 11 libros –entre ellos Sin Miedo: Lecciones de Rebeldes–, Ramos inició su carrera en XEW y XEX (radio) en Ciudad de México. A principios de los 80 del siglo pasado emigró a Los Ángeles debido a la censura de su primer reportaje para Televisa. En 1985, cuando el país vivía aún bajo la “dictadura perfecta”, se incorporó a Univisión. La cadena en español pertenece a Univisión Communications, Inc., fundada por Televisa y Venevisión en 1992. En audiencia compite con la cinco principales redes de televisión de habla inglesa en Estados Unidos (Wikipedia).
06 Mayo 2019 04:00:00
Tambores de guerra
El primer enfrentamiento en Saltillo entre la delincuencia organizada y la fuerza pública ocurrió el 4 de marzo de 2011, mientras Humberto Moreira asumía la presidencia del PRI, en Querétaro, tras haber dejado el Gobierno y a Coahuila en una crisis sin fin. El suceso –declaró después– lo desconcentró de su discurso. Quizá aún no dimensionaba los alcances del mensaje.

En los primeros años del moreirato la violencia se concentró en La Laguna, donde la administración cobró caro a la ciudadanía haber votado contra el PRI en Torreón en 2005. Luego se propagó a las demás regiones como fuego en pastizal.

Catorce días después de la balacera en la capital, a la cual seguirían otras más cruentas, Los Zetas cometieron en Allende una de las mayores atrocidades: arrasaron viviendas, asesinaron y familias enteras desaparecieron. En ese tiempo, el cártel había convertido al penal de Piedras Negras en campo de exterminio. El caso de Allende recibió poca atención en México y Coahuila, pero en 2014 se convirtió en escándalo internacional por las investigaciones de algunos medios de comunicación extranjeros. En “Anatomía de una masacre” (2017), ProPublica y National Geographic, describen el horror:

“Los indicios de que algo innombrable pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. (...) Esparcidos entre los escombros quedan vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes. (...) Durante años después de la matanza, las autoridades solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”.

La guerra contra las drogas no ha terminado, advierte el Semáforo Delictivo en el informe correspondiente al primer trimestre del año. Coahuila figura entre los estados con los menores índices de homicidios después de Yucatán, Campeche, Durango y Aguascalientes. Sin embargo, en narcomenudeo registra la mayor tasa de incidencia con 76 denuncias por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional (14), lo cual resulta preocupante. Las raíces del fenómeno son bastante fuertes y profundas, pues el crimen organizado recibió apoyo y protección del Gobierno a cambio de dinero. La riqueza de algunos funcionarios del docenio, investigados en Estados Unidos, no se explica de otra manera.

Coahuila había sorteado la ola de violencia de los primeros meses del gobierno de López Obrador, pero el tiroteo del 27 de abril, en la colonia Loma Linda de Saltillo, donde murieron nueve presuntos sicarios y dos policías fueron heridos, atrajo la atención nacional antes centrada en Guanajuato y Veracruz, gobernados por el PAN y Morena, respectivamente, por el asesinato de civiles atribuido al crimen organizado.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado deben ser inobjetables y no dejar lugar a dudas, pues, por la posición de los cadáveres, se sospecha de ejecuciones.

Se trata de una coincidencia, pero la víspera de la balacera en Saltillo, el Instituto Estatal Electoral aprobó la creación del Partido Unidos, cuya cabeza visible es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo y sobrino de los exgobernadores responsables de la ruina del estado. Los tambores de guerra –política y criminal– han vuelto a redoblar.
04 Mayo 2019 04:00:00
La 4T en marcha
“Soy la Revolución y voy en marcha, lo mismo bajo el sol que entre la escarcha», dice «El poema de la Revolución Mexicana” de Raymundo de la Cruz López (Saltillo, 1921-2001). Lo mismo puede proclamar hoy AMLO con respecto a la cuarta transformación, a propósito de la cual Espacio 4 toca tres temas en su primer número de mayo.

I
La nueva política de Comunicación Social del Gobierno federal, la cual fija topes para la contratación de publicidad gubernamental, puede ser un buen ejercicio de transparencia. El acuerdo publicado por la Presidencia, el pasado 17 de abril, establece que el límite del gasto en publicidad institucional no puede rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el Poder Legislativo. Además prohíbe que un medio de comunicación concentre más del 25% de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular, a cargo de una dependencia o entidad
federal.

También establece que las dependencias y entidades federales no podrán otorgar recursos públicos «encubiertos» que beneficien directa o indirectamente a los medios; o recibir algún pago a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones o inserciones. Toda la información relativa al gasto de campañas de comunicación social deberá ser publicada en los portales de transferencia de cada dependencia federal.

II
Después de 13 años, la demanda de los familiares de los 65 mineros que murieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos ha sido escuchada. El pasado 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el inicio de las labores de rescate de los cuerpos que quedaron enterrados en el lugar, lo cual calificó como “un acto de justicia”. Tras la noticia, el panista Javier Lozano, exsecretario del Trabajo (y a la postre vocero del candidato presidencial priista José Antonio Meade), invitó al líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia a encabezar la cuadrilla, pues, ironizó, “ya tiene una amplia experiencia como trabajador minero de base”.

En respuesta, Gómez Urrutia, hoy senador por Morena, le espetó: “Inicia el rescate e inicia la búsqueda de la verdad. (…) Ahí estuve desde que ocurrió la tragedia (...) ¿Tú dónde estuviste?”. En aquellas fechas, el líder minero tuvo un choque de acusaciones sobre la responsabilidad del accidente con el presidente Vicente Fox y con la compañía Grupo México, dueña de Pasta de Conchos.

III
Los elementos de la Guardia Nacional serán sometidos a un modelo de evaluación de control de confianza elaborado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Al presentar el modelo, el pasado 30 de abril, en el marco de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que el objetivo es “crear un cuerpo que responda a los estándares
internacionales”.

La Comisión Permanente acordó prorrogar un año la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuyas evaluaciones venzan dentro de los 12 meses siguientes. En la misma línea, la Comisión Permanente acordó exhortar a los gobernadores para que apoyen la aplicación a este nuevo cuerpo policial en los centros de evaluación de control de confianza de sus respectivas entidades.
03 Mayo 2019 03:55:00
IEC: premio al clan
A los agravios por la deuda, las empresas fantasma, los muertos en Allende y en el penal de Piedras Negras y los miles de desaparecidos durante el moreirato –todos ellos impunes– se ha sumado una nueva burla para los habitantes de un estado indolente: la aprobación, por parte del remedo de Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de dos nuevos partidos: Unidos y de la Revolución Coahuilense. La decisión del organismo, según parece, desagradó al gobernador Miguel Riquelme. No es para menos, pues aparte del gasto adicional que implica mantener a nuevas franquicias familiares, el PRI, con esos aliados, no necesita enemigos. Con la aplanadora de Morena basta y sobra.

Los membretes partidarios no son los únicos apéndices del PRI. También lo es el IEC, cuyos consejeros los nombra el Instituto Nacional Electoral (INE), pero quien manda despacha en San Lázaro (Rubén Moreira). Uno de ellos –Alejandro González Estrada, títere del exlíder priista David Aguillón, pretendió ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), pero Armando Guadiana, a quien el moreirato espió y ridiculizó en redes sociales, logró impedirlo en la sesión senatorial del 20 de noviembre pasado. El lugar de Valeriano Valdés en la presidencia del TEE lo ocupa Sergio Díaz Rendón, profano en materia electoral, como lo era su predecesor, pero tan funcional para el gobierno como aquel. Díaz pertenece al grupo político de Luis Efrén Ríos, asesor jurídico del PRI entre bastidores y director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

En el gobierno de Humberto y Rubén Moreira, el Código Electoral y el Congreso fueron instrumentos del clan para perpetuarse en el poder. Se inventaron partidos y el voto se atomizó para darle al PRI ventaja en las urnas y en la distribución de alcaldías, regidurías y diputaciones locales. Tal situación les permitió apoderarse del IEC, distribuir votos antes de los comicios para mantener en órbita a sus satélites, simular militancias, restarle espacios a la oposición, cancelar y asignar asientos de representación proporcional y cometer todo tipo de abusos.

La reforma federal de 2014 puso coto a la simulación y al cabo de-saparecieron los minipartidos, algunos de los cuales, como el Campesino Popular, tenían licencia para extorsionar. El Partido Joven también perdió su registro en las elecciones de 2017 a pesar de haber postulado a Humberto Moreira o acaso por ello; el exjoven maravilla no obtuvo los votos necesarios para ser diputado plurinominal. Frente al repudio por la decisión del IEC, de premiar a Rubén Humberto Moreira y a Abundio Ramírez, peón del clan, el gobernador Riquelme se puso del lado de la sociedad y criticó la aprobación al vapor de partidos.

“Una de mis posturas, desde que fui electo, no fue precisamente la creación de nuevos partidos, (pero) ellos se van a las últimas instancias (…) la polémica tiene que ver con el hijo de un exgobernador” (El Siglo de Torreón, 30.04.19). Riquelme sugirió una reforma contra la proliferación de membretes sin representación. En esa categoría encajan Unidos y el de la Revolución Coahuilense, cuyos intereses son obvios. En el primer caso, los de una familia adicta al poder y ávida de venganza; y en el segundo, los de un líder anacrónico cuyo “modus vivendi” es la política barata y la relación con el poder. El Código Electoral vigente permite a cualquier pandilla formar un partido y vivir del presupuesto.
29 Abril 2019 03:04:00
Conjurar tempestades
“A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán”, se lee en Lucas 12:48. La parábola del siervo fiel y del infiel es aplicable al presidente López Obrador, cuyo pensamiento parece abrevar en la Biblia, dada su preferencia por los pobres, el perdón a los ladrones y el uso frecuente de metáforas como la de las mascotas (ovejas) que tanto enfado provocan. ¿Pero acaso no se le llama “borregos” a quienes siguen dócilmente a los partidos, y “gallos” a los aspirantes a cargos de elección?

La votación máxima obtenida por candidato alguno a la Presidencia obliga a establecer compromisos claros, asequibles, y brindar resultados positivos en tiempos prudenciales. AMLO recibió el país en crisis por el desgobierno de Peña, la desmesura del capitalismo, la corrupción, la violencia y la impunidad. También, por el abandono de sectores clave como el energético y de servicios básicos, en particular el de salud. El IMSS y el ISSSTE están desde hace mucho tiempo rebasados, y la medicina privada, además de prohibitiva, es cada vez más negligente e inhumana.

AMLO recibió el poder en bandeja de plata. Millones de mexicanos votaron por el líder de Morena para poner orden en el país, castigar a los corruptos y reconciliar a la sociedad. Pero a casi cinco meses de gobierno, su respuesta parece hallarse en Lucas 12:51: “¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división”. Una encuesta telefónica aplicada por Mitofsky a mil personas, la cual terminó de levantarse el 15 de abril, refleja una caída de 4.4% en la aprobación de AMLO (del 67.1 al 62.7) con respecto a la de los 100 primeros días de su gestión.

En términos de aceptación el Presidente no tiene mucho de qué preocuparse... todavía, pero de persistir las prácticas políticas del pasado, que interrumpieron el ciclo de crecimiento y causaron las crisis económicas de 1976, 1982 y 1995, de las cuales México aún no se repone, y su obcecado enfrentamiento con algunos sectores y medios de comunicación, el deterioro del Gobierno será inevitable. Aunque el presente y el futuro del país deben estar siempre por encima de la imagen presidencial.

La inseguridad y la delincuencia no han dejado de ser los problemas nacionales, de acuerdo con la encuesta (47.6%), seguidos por la corrupción (20.2%) y la pobreza (18.2%). El “mal gobierno” recibió solo el 5.8% de las menciones. Significa que la administración de AMLO aún tiene el beneficio de la duda. La violencia y la corrupción son herencia de las últimas administraciones del PRI y del PAN. No es preciso pactar con el crimen organizado –como ocurrió en Coahuila durante el moreirato, según la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011 del Colegio de México– para que los cárteles se apoderen del país. Basta cruzarse de brazos y mirar para otro lado.

La violencia tardará en reducirse al menos dos años, por lo arraigado del crimen y la impunidad en las ciudades y en las instituciones. Prometer lo contrario es una quimera, un engaño. Pero si después de ese lapso la Guardia Nacional no logra avances tangibles, medibles y verificables, el castigo deberá ser en las urnas donde 45 millones de mexicanos (la suma de los votos contra el PRI) condenaron al gobierno de Peña. Si AMLO desea verdaderamente recuperar la paz, necesita dejar de sembrar vientos y conjurar tempestades.
27 Abril 2019 03:27:00
En el nombre del padre
Representado en diversas series cuando era niño, Sebastián Marroquín ofreció una conferencia sobre su padre, el 8 de abril en Torreón. A primera vista, el nombre no llama la atención, pero antes no se llamaba así, sino Juan Pablo Escobar. Entonces, las cosas cambian. Renata Chapa publica en Espacio 4 (612) una crónica sobre la disertación. Empieza así:

“Cordones de banquetas ocupados. Estacionamientos llenos. Cuadras concurridas. A primer ojo, dominan los carrazos modelo peligro. Desde las narcocamionetas, multicolores, polarizadas, impecables, a los autos de carrocerías supremas, blancos del consejo que mutó en cliché: ‘Ten cuidado. No te vaya a salir un narco’. Dan las 7:15 p.m. El sol es terco.

“Durante el caminar por las calles rumbo al colegio, fondea música pop en inglés. Algunos van con paso apurado. Sedas, tacones, pieles. Exclaman en voces altas, llamativas; otros avanzan con su parsimonioso arrastre. Mezclillas, canvas, algodones. Una sola estela de aromas mixtos, con fijador extremo, conduce a la puerta maestra. Su escudo marca pautas.

“Sin distingo ni revisiones. Así, la entrada. A la izquierda, dos jóvenes venden boletos a trescientos pesos. A la derecha, una muy larga estructura tiene estampada, en mayúsculas, una frase: ‘Una historia para no repetir’. El aire, ahora, huele a bravo carbón y al aceite requemado. Tacos de vampiritos por aquí, empanadas argentinas por allá. (…)

“La figura del presidente municipal, en traje azul marino, aparece más adelante. Espera y desespera, por lo visto. Opta por esquivar con soslayo a los que pasan cerca. Aunque él está casi de espaldas, algunos le buscan el saludo de lejos. Le gritan ‘de tú’, lo hacen voltear. Y, sin remedio, sonreír.

“Al 70% y a las 7:30 p.m. Así luce el auditorio anunciado como punto de reunión con sendos Pablos y con un Gregorio. Los aires acondicionados provocan un arrebatado bajón de temperatura –al estilo de mall bonito– mientras que sus muy enormes tapetes color arena –pulcrísimos– buscan la calidez del piso alfombrado. Ejecutiva, fina, tersa e incontaminable. De área bancaria para inversionistas en serio.

“Desde uno de los asientos de la primera fila, lo que va apareciendo en la pantalla gigante frontal es ineludible. Rotan logotipos y frases comerciales de distintas empresas, pero es un mensaje el más insistente. ‘¡Te invitamos a pasar a la firma de libros mientras cenas en nuestras Food trucks!’

“Con las 7:55 p.m. encima, y una convocatoria de nutrido ver, varios chicos trajeados, con intercomunicadores de diadema y micrófonos, en actitud de custodio de pesado personaje, deslizan un portón lateral. Dan el paso a otro grupo de adolescentes que, en similar actitud, rodean a un hombre vestido completamente de negro. Ingresan todos y el aplauso va de menos a más. Ha llegado el ponente de la noche. Aparece Juan Pablo Escobar y, a través de él, su padre, el narcotraficante, Pablo Escobar, el que, cariñosamente, le llamaba ‘Grégory’. Luego de encaminarse directo a saludar al presidente municipal y a su esposa, llegan los saludos de mano y abrazos. Conversan ni treinta segundos. Apremia comenzar.

“Dos estudiantes suben al foro con el ponente. El primer alumno en tomar la palabra, en ubicado cumplimiento de su rol de secretario, presenta al otro, el presidente; y él, conforme a un no menos serio protocolo –como de legión militar– al conferencista, Sebastián Marroquín. Con este tercer nombre también se mueve el primogénito de quien fuera el capo de la droga más poderoso del planeta”.
26 Abril 2019 03:10:00
Domingo en jueves
En La Laguna todo se politiza, y el arte no es la excepción. El concierto de Plácido Domingo en Torreón, el 4 de abril, será, sin hipérbole, el acontecimiento musical en décadas. La Plaza Mayor, espacio multifuncional donde se realizan campañas políticas, exposiciones, ceremonias oficiales y actividades artísticas, lo mismo que manifestaciones contra autoridades venales e incompetentes y protestas para denunciar fraudes electorales, recibió, pletórica, a uno de los tres tenores que junto con Pavarotti y Carreras formaron época por su actuación en la clausura de los mundiales de futbol de Italia, Los Ángeles y París.

La Presidencia de Torreón forma parte del conjunto. La obra se inició en el Gobierno de Humberto Moreira sobre una extensión de casi 3 hectáreas, una parte de las cuales se adquirió a precio de oro. El proyecto representó un negocio redondo para autoridades y propietarios de la zona. La Alcaldía pudo haber sido estrenada por un panista, Jesús de León, en 2012, pero quien la ocupó por primera vez fue Eduardo Olmos. El cargo lo ostenta hoy, por tercera ocasión, Jorge Zermeño, la figura más relevante del PAN junto con Marcelo Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local.

Elegir a la Orquesta Sinfónica del Desierto, con sede en Saltillo, para acompañar a Domingo, y no a la Camerata de Coahuila, fundada hace 25 años en Torreón, atizó el celo regional. María Isabel Saldaña, Premio Celso Garza Guajardo del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León Israel Garza Cavazos, publicó en Espacio 4 (610) una columna titulada “Camerata de Coahuila. La gran ausente en concierto de Plácido Domingo”.

Saldaña cita a algunos de los artistas internacionales “acompañados por nuestra orquesta comarcana” (Carlos Prieto, chelista; Federico Osorio, pianista; Román Revueltas, director; Ramón Vargas, Javier Camarena (quien acaba de triunfar en el Metropolitan Opera House de Nueva York con su interpretación de Tonio en La Hija del Regimiento, de Donizetti), tenores; y Reneé Fleming, soprano), para concluir: “Por eso es inadmisible que (la Camerata) no forme parte en el concierto de Plácido Domingo”.

La Plaza Mayor se dividió en dos secciones para la función –patrocinada por el Gobierno del Estado, la presidencia de Torreón y ocho empresas–: una libre y una de paga. El propósito era recaudar fondos para los programas DIF Coahuila. Salvo una rechifla débil a la hora de los agradecimientos, a cargo de la soprano regiomontana Eugenia Garza, el público se comportó a la altura y pasó por alto algunos detalles. Aun así, el reproche por la exclusión de la Camerata flotaba en el ambiente.

La decisión, empero, no fue política. Eugene Kohn (Nueva York), quien había conducido a la Sinfónica del Desierto en el concierto de Andrea Bocelli en la Arena Monterrey, el 21 de febrero, sugirió a la misma orquesta –cuyo titular es Natanael Espinoza– para acompañar a Domingo. Kohn sacó las castañas del fuego a las autoridades, con elegancia. En un español defectuoso, pero comprensible, explicó que necesitaba más músicos para una presentación como la del primer jueves de abril, elogió a la Camerata y ofreció recurrir a ella en ocasión futura que quizá no llegue.

Kohn, quien en sus inicios acompañó a Guiseppe DiStefano, María Callas y al entonces joven Pavarotti, dio una clase de política a los políticos presentes; entre ellos, cuando menos cuatro aspiran a suceder al gobernador Riquelme.
24 Abril 2019 03:55:00
Crímenes de Estado
Uno de los objetivos de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) consiste en combatir la impunidad: “llevar a los autores de los crímenes ante la justicia”. Tras la detención del exgobernador Jorge Torres López, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude bancario y narcotráfico, el organismo y diversos colectivos demandaron a la Fiscalía General de la República, con carácter de urgente, que antes de su extradición «sea juzgado en México por los delitos de asesinato, desapariciones y torturas, en los que pudo haber estado involucrado como alto funcionario público…”.

En un comunicado del 7 de febrero, fechado en París, donde tiene su sede, la FIDH advierte: “Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada (sic) que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”.

Si la FIDH presta tal atención a un subordinado, cuyo ejercicio duró menos de un año, con mayor denuedo seguirá el proceso que inició en la Corte Penal Internacional (CPI) para llevar ante los tribunales a sus jefes Humberto y Rubén Moreira, los cuales fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto. El presidente López Obrador tampoco ha mostrado voluntad para enjuiciarlos. En cambio, Estados Unidos los investiga por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció en Saltillo contra la impunidad, el 7 de abril, en el marco de una visita oficial: “(En Coahuila), las heridas del pasado requieren también de la justicia”. El gobernador Miguel Riquelme admitió que en la última década el estado vivió una situación de violencia generalizada por las desapariciones, las detenciones ilegales, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales (Notimex, 07.04.19).

Antes de que la FIDH entregara a la CIP el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», el 7 de julio de 2017, Ariel Dulitzky declaró a la revista Proceso: “Cuando se comienza a dar más información sobre ciertos estados donde desde el gobernador hacia abajo eran funcionales a las actividades de Los Zetas u otros cárteles, si eso se demuestra, va a significar que todo lo que hicieron Los Zetas en esos estados podría ser atribuido al Estado, porque hubo, mínimo, aquiescencia o tolerancia por la situación de corrupción”.

Dulitzky encabezó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias entre 2010 y 2017, periodo durante el cual se cometieron parte de las atrocidades denunciadas por la FIDH, como las masacres en Acuña y en la cárcel de Piedras Negras. Además, dirige la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que elaboró el informe “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”.

El trabajo, donde se involucra a los hermanos Humberto y Rubén Moreira con el cártel, fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2017. Ese día, Moreira II rindió su último informe. Ese día, el monumento a la hipocresía terminó de sepultar al falso adalid de los derechos humanos.
22 Abril 2019 03:50:00
El paladín desnudo
Rubén Moreira quiso pasar a la historia como paladín de los derechos humanos. La maquinaria estatal dedicó los últimos años de su gobierno a armar la farsa. Con una Academia y una memoria pretendían borrar las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, los desaparecidos, el “campo de exterminio” en el ejido Hipólito, de San Pedro, y la colusión entre autoridades y delincuencia organizada.

El pedestal de la soberbia se hizo añicos antes de su develación. El 6 de julio de 2017, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el informe México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad para denunciar a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.

En ese contexto, la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Coahuila, el 7 de abril, abre un resquicio para la justicia después de un par de sexenios de terror e impunidad. La expresidenta de Chile se reunió en la Casa San José, de Saltillo, con representantes de 25 organizaciones civiles de 12 entidades del país, así como de Honduras y El Salvador.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera en 2004, figura entre los remitentes de la comunicación a la CPI. En 2012 y 2016, la FIDH presentó dos comunicaciones [“envío de información relevante (…) sobre presuntos crímenes cometidos en un Estado parte del Estatuto de Roma”] a la Fiscalía de la CPI. El documento aporta “fundamentos suficientes para afirmar la grave situación que vive México, frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y las corporaciones responsables de la seguridad pública, por órdenes de Gobierno o con el apoyo, tolerancia y/o aquiescencia de las más altas autoridades de los gobiernos federal y estatales».

El informe relacionado con Coahuila “demuestra que existe una base razonable para concluir que (…) entre los años 2009 y 2016, se han cometido crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI (en su modalidad de privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas), como parte de un ataque sistemático contra la población (…)”.

El periodo comprende los dos últimos años del gobierno de Humberto Moreira; el interinato de Jorge Torres y la mayor parte de la gestión de Rubén Moreira.

Los crímenes fueron cometidos “por los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE y/o GRUPO DE ÉLITE, GROM) en dos periodos distintos y con matices diferenciados en su actuación. (…) en un contexto de innegable colusión».

Una vez demostrados los asesinatos, la Oficina de la Fiscalía analiza aspectos complementarios con base en los cuales la CPI decidirá su competencia. El primera evaluación es de carácter empírico: “si existen o han existido investigaciones o enjuiciamientos nacionales pertinentes con respecto al caso o a los casos identificados por la Fiscalía en el Estado respectivo”. Si no los hay, “es suficiente para que el caso sea admisible”.

Hasta el momento del informe no se conocían “resultados concretos en los que se haya sancionado por crímenes de lesa humanidad o simplemente por crímenes cometidos ni a los responsables directos de las corporaciones de seguridad (…) ni a las altas autoridades de gobierno (…) ni a los altos mandos de los Zetas (…)”. Por lo tanto, la FIDH pidió a la Corte Penal Internacional abrir el examen premilinar sobre México.
20 Abril 2019 03:06:00
Notre Dame
El periodista Édgar London dedica su columna de Espacio 4 a uno de los sucesos que marcarán al siglo 21: el incendio en Notre Dame, desde un punto de vista literario: “Siento las brasas que calcinan mis manos mientras escribo. Y el dolor, acaso por metafórico, hace escala en mis sienes con mayor ímpetu que si mis carnes realmente se chamuscaran. No se quema mi epidermis, no. Más se incineran ante mis ojos las formas góticas que cobijaron a Quasimodo y la bella Esmeralda.

“Personajes que, de la mano e ingenio de Víctor Hugo, entretejieron una de las más hermosas y desdichadas ficciones románticas de la literatura universal. La historia del jorobado y la gitana ha estrujado almas y humedecido pupilas en los cuatro puntos cardinales, desde 1831, cuando fuera publicada por vez primera. Sin embargo, difícilmente habría gozado de tamaño éxito si no hubiera contado con la catedral de Notre Dame como escenario para desarrollar su argumento.

2Y ahora, quienes alguna vez imaginamos las acrobacias del jorobado entre las torres de este edificio secular, al igual que las escenas más tristes a la sombra de las tracerías de los ventanales, o los reposos bajo capiteles, cómplices de una pasión condenada de antemano, tenemos que atestiguar cómo las llamas devoran una realidad que ha sido multiplicada millones de veces por la fantasía, no para tergiversarla sino para aumentarla, beneficiarla, como suelenser mejoradas las buenas obras que nos llegan de lejos y jamás habremos de conocer.

“París nunca estuvo tan cerca de nuestros mejores anhelos como en este momento, cuando uno de sus monumentos emblemáticos es víctima de la voracidad del fuego. Hoy muchos nos enteramos de que, en toda Europa, no era la torre Eiffel, ni el Big Ben, ni los restos del muro de Berlín, el monumento más visitado, sino esta catedral, ubicada en la isla de la Cité, bordeada a uno y otro costado por las aguas del Sena. Y no es para menos. Sus gárgolas, campanas y vitrales han estado presentes durante importantes hechos históricos. Allí se coronó Napoleón Bonaparte como emperador de Francia; dentro de sus muros también, se beatificó a Juana de Arco; no en balde, el papa Juan Pablo II la escogió para ofrecer una de sus populosas misas; y, por supuesto, no encontró Víctor Hugo locación mejor para su novela Nuestra Señora de París, tan unida a su personaje principal que “la catedral no era sólo su compañera, era el universo; mejor dicho, era la Naturaleza en sí misma”.

“Devoro esta página a la par que las llamas devoran los moldes de Notre Dame. Veo las imágenes nefastas. Escucho a los reporteros. Puedo percibir el sentido de la desdicha en los transeúntes que, de vez en cuando, aparecen en las tomas televisivas. Los resultados de mi apetito periodístico, en cambio, serán muy distintos a las consecuencia del hambre feroz de las llamas. Ningún artículo podrá pagar las pérdidas que el fuego ocasionará a la catedral. Y aunque mucho leeremos sobre esta tragedia y, ansiosos, esperaremos a que Notre Dame se pueda recuperar pues, a fin de cuentas –me repito, más esperanzado que convencido– no es el primer incendio que muerde sus formas, la sensación de pérdida no nos abandonará por mucho tiempo.

“Entretanto, observo columnas de humo elevarse hacia el infinito y cortinas de cenizas caer hasta el fondo de los pilares. Seguramente para mezclarse con el polvo en que terminó convertido Quasimodo, abrazado siempre a su querida Esmeralda y ahora fundidos, cual debió suceder desde hace casi dos siglos atrás, a la catedral que atestiguó, protegió y expuso a los ojos del mundo su amor imposible”.
19 Abril 2019 03:30:00
Metamorfosis del mal
Fuerza Coahuila (FC) es un cuerpo represivo creado a imagen y semejanza de su siniestro autor Rubén Moreira para infundir miedo entre la población. Revestidos de impunidad, policías con máscaras, uniformes y patrullas negras apuntan con sus armas al ciudadano común –mientras más pobre, mayor es el abuso–, no a la delincuencias organizada –a la que anuncian su presencia como forma de autodefensa– ni a los sectores cuyos cuerpos de seguridad les protegen de “los buenos” y de “los malos”, no siempre con buenos resultados. FC es herencia de un gobierno fascista.

El informe México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, presentado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ante la Corte Penal Internacional, el 6 de julio de 2017, sigue la metamorfosis de FC y exhibe a la mente torcida de su inventor. El aumento de las privaciones graves de la libertad física, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, cometidas por las corporaciones de seguridad, empezó en 2011. La comunicación de la FIDH acusa:

“Desde el año 2012, se suma el reporte de similares crímenes cometidos por el GATEM y/o FUERZA ÉLITE y el GROM. En los últimos años y hasta el 2015, los crímenes se han sucedido teniendo como autores materiales a uno y otro de esos grupos de seguridad. Y, desde inicios del 2016, los integrantes de estas distintas corporaciones han pasado a formar parte de ‘Fuerza Coahuila’, sólo un cambio de nombre para una nueva corporación que parece seguir cometiendo los mismos crímenes. Más del 50% de los casos analizados dan cuenta de crímenes cometidos por una de estas fuerzas especiales.

“A diferencia de otros estados de México, el patrón de la comisión de estos crímenes va más allá de un esquema de falsos positivos pues muchas de las víctimas son simplemente desaparecidas sin ser presentadas como sospechosas de integrar grupos del narcotráfico y crimen organizado. Nuestra investigación nos permite formular dos hipótesis, sujetas a mayor análisis, sobre la razón de estos crímenes en este segundo periodo, sin lograr confirmarlas completamente:

“1. Los perpetradores consideran que los presuntos culpables de narcotráfico pueden ser desaparecidos / asesinados inmediatamente para recuperar el control territorial sobre los narcotraficantes, pero en realidad no tocan a los verdaderos presuntos culpables, sino a inocentes o responsables de narcomenudeo.

“2. Los perpetradores privan de libertad física, torturan y desaparecen a inocentes o responsables de narcomenudeo o miembros de otro grupo narco, aterrorizando a la población civil para que se pueda seguir con el tráfico de droga y controlar el territorio fronterizo.

“Los casos analizados configuran un claro patrón regular de actuación criminal: que comienza con el allanamiento de viviendas, la interceptación de vehículos o la persecución en las calles que deriva en la privación grave de la libertad física de personas civiles, sin orden ni mandato judicial alguno. Las técnicas de tortura utilizadas en los casos descritos son siempre similares y comprenden golpes empleando las manos, unas tablas o vehículos, asfixia cubriendo la cabeza de las víctimas con una bolsa, choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo –incluso en los genitales–, ahogamientos (“waterboarding”), tortura sexual y amenazas de muerte que llegaban a constituir tortura psicológica”.


17 Abril 2019 03:29:00
El cuarto jinete
¿Será José Narro Robles el cuarto jinete de Coahuila en la presidencia al PRI? En lenguaje apocalíptico, le correspondería el caballo bayo (montado por la muerte; ¿premonición?).

En la misma línea, el general Manuel Pérez Treviño, en el corcel blanco, habría sido el de la conquista; Humberto Roque, en el rojo, el de la guerra; y Humberto Moreira, en el negro, el del hambre.

Los otros aspirantes a la jefatura priista son Ivonne Ortega, Ulises Ruiz (exgobernadores de Yucatán y Oaxaca), Alejandro Moreno (gobernador de Campeche), Lorena Piñón (del equipo de Luis Videgaray) y José Ramón Martel, quien, junto con Narro, son los aspirantes menos contaminados.

En la campaña presidencial de 2006, Narro se decantó por Andrés Manuel López Obrador, a quien ahora combate. Crítico pugnaz del Seguro Popular (creado en el sexenio de Vicente Fox y desaparecido por AMLO), hizo la vista gorda cuando el mecanismo se desvirtuó y corrompió –a escala nacional y estatal– en la administración Peña Nieto. El saltillense ocupó la Secretaría de Salud entre 2016 y 2018, lo que explicaría su cambio de actitud.

En el gremio médico nacional rivalizan dos bandos políticos. Uno lo encabeza Guillermo Soberón, exrector de la UNAM y secretario de Salud en el gobierno de Miguel de la Madrid, al que pertenece Julio Frenk, quien ocupó la misma cartera en el sexenio de Fox.

El otro lo lideraba Jesús Kumate (secretario de Salud con Salinas de Gortari), fallecido el año pasado, en el cual milita Narro. Peña Nieto dejó colapsado el Sistema de Salud, inauguró hospitales sin terminar y el desabasto de medicamentos se extendió a toda la República.

En su conferencia de prensa del 6 de marzo, el presidente López Obrador acusó a Narro Robles de hacer omisos en los casos de corrupción detectados en la Secretaría de Salud.

“Cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año, alrededor de 80 mil millones de pesos, y no hay medicinas en los centros de salud (…) de esos 4 mil millones, 15 empresas acaparaban el 80% de las compras. (…) había hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará 50 denuncias por corrupción.

Narro, de 70 años, necesita como compañera de fórmula a una mujer de menos edad, para atraer al priismo joven. Quien sea, puede sumarle o restarle votos en el proceso del 1 de septiembre.

La selección, por tanto, deberá ser rigurosa. Hay aspirantes a la Secretaría General demasiado codiciosas y además vinculadas con algunas de las figuras más nefastas del PRI –pertenecientes a la “generación Peña Nieto”—, acusadas de lavado de dinero y delincuencia organizada en México y Estados Unidos.

Según Narro, Peña Nieto –nombrado consejero político del PRI el 27 de febrero— no es culpable de la derrota que hoy tiene a su partido con un pie en el sepulcro.

“Quienes dicen eso –declaró– seguramente lo hacen de mala fe o no saben lo que dicen” (El Imparcial, 24-03-19). Peña terminó con una aprobación del 18%, casi equivalente a los votos obtenidos por José Antonio Meade (16.4), incluidos los del Verde y Nueva Alianza.

¿Así aspira Narro a convertir al PRI en “una oposición franca, honesta, madura (…), comprometida con México?”. Con ese diagnóstico —exento de crítica y de espaldas a la realidad— solo le falta extender el certificado de defunción.
15 Abril 2019 03:31:00
Soberbia intemperante
México pasó de una sucesión de presidentes sordociegos (“ni los veo ni los oigo”, replicaba a sus críticos Carlos Salinas) a uno que quiere consultarlo todo con el pueblo, según su conveniencia, para hacer creer que quien manda es el ciudadano de a pie, no quien despacha en Palacio Nacional ni las elites del poder. Bajo ese barniz de democracia participativa se han cancelado obras en proceso (el Nuevo Aeropuerto Internacional de México), e impuesto proyectos caprichosos (el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la termoeléctrica de Huexca). En el extremo, también se busca decidir a mano alzada la relación con el vociferante Donald Trump.

La legitimidad se obtiene en las urnas, pero en el ejercicio del poder se refrenda o se diluye. Peña Nieto ganó con el 38.2% de los votos y en la siguiente elección presidencial su partido apenas recibió el 16.4% de los sufragios. La ciudadanía castigó de manera indubitable la impericia y corrupción de un gobierno cuyas reformas fueron elogiadas por los mercados y la prensa extranjera. Sin embargo, los beneficios prometidos no llegaron a la mayoría de los mexicanos, excepto en el caso de las telecomunicaciones. La arrogancia, los escándalos políticos y la violencia tiraron por la borda el “momento mexicano”.

Los 30 millones de votos por López Obrador (53% del total) tuvieron dos desencadenantes principales: el enfado nacional con una clase gobernante cínica y rapaz, representada por el PRI, el PAN y el PRD, y la esperanza de cambio de los sectores históricamente ignorados. Desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto se gobernó para quienes concentran la riqueza. El candidato de Morena se presentó tal cual es, en las plazas, en los debates presidenciales y ante los medios de comunicación: un hombre simple, sin rebuscamiento. Pero también sin dotes de estadista.

Quienes votaron por López Obrador, no lo hicieron a ciegas. Al presentarlo como “un peligro para México” por haber bloqueado pozos petroleros, instigado huelgas de pagos contra la CFE y cerrado el Paseo de la Reforma, el sistema lo victimizó y con él se identificaron legiones de agraviados de todos los estratos. La aureola por haber afrontado al gobierno y a los partidos, le permitió ganar en 31 de los 32 estados. José Antonio Meade (PRI), Ricardo Anaya (PAN) y el candidato independiente Jaime Rodríguez captaron en conjunto 24.7 millones de votos, 3.4 millones por debajo del número uno.

Repetir las fórmulas de siempre para tratar de debilitar a AMLO, arrojará los mismos resultados. El activismo en las redes sociales y la crítica en los medios de comunicación en algo pueden contribuir, pero las primeras son tan manipulables y en algunos casos los segundos responden a sus propios intereses, que difícilmente lograrán reducir la base electoral del Presidente y su partido; al menos en el corto plazo. AMLO es un provocador nato y al caer todo el mundo en su juego, quien gana es él.

Es preciso cambiar el enfoque y plantar cara con inteligencia –no con las vísceras– a un líder que ha afrontado mil tormentas. Existe una sentencia de Abraham Lincoln aplicable al caso: “Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder”. La némesis de AMLO es el exceso de poder. Su enemigo no es quien piensa distinto y advierte sobre los riesgos de una presidencia autócrata, sino su soberbia intemperante.
13 Abril 2019 04:00:00
Ni adorno ni florero
El presidente López Obrador declaró que no será florero ni estará de adorno. Mucho preferirían que lo fuera, para evitarle al país daños acaso irreversibles. Mientras tanto, empiezan a suceder cosas que hasta hace poco no sucedían, como la reforma para que los intocables dejen de serlo y para que los políticos no usen el poder para reprimir la libertad de expresión, como lo expone el bisemanario Espacio 4 (611).

I
“Van por los gobernadores. Luego de que el Senado aprobara una reforma constitucional para que el Presidente, los senadores y los diputados puedan ser imputados y juzgados por delitos electorales y actos de corrupción, Morena presentó una iniciativa para también eliminar el fuero constitucional a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como a los magistrados y diputados locales.

“La iniciativa aprobada en el Senado establece además que el Presidente y legisladores podrán ser juzgados durante el ejercicio de su encargo por ‘cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del Artículo 19’.

“Estos son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Los inculpados podrán llevar el proceso en libertad y el auto de vinculación a proceso penal podrá defenderse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.


II

“El INAI le enmendó a la Presidencia de la República, la cual se había declarado incompetente para informar a un particular sobre los nombramientos y los salarios de los delegados de los programas para el desarrollo.

“La Presidencia había argumentado que el particular debía solicitar esa información a la Secretaría del Bienestar, pero el INAI estableció que si bien es cierto que los delegados están adscritos jerárquica y orgánicamente a esa dependencia, también son administrados por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que está bajo el mando directo del Presidente.

“El comisionado Joel Salas recordó que las delegaciones coordinarán programas prioritarios de la actual Administración, tales como las becas Benito Juárez, el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

“‘Dada la relevancia de los delegados de programas para el desarrollo, se entiende que la población, como en el caso de este recurso de revisión, requiera ubicar quiénes son, qué atribuciones tendrán y cuáles serán sus percepciones económicas’”, dijo.


III

“Buenas noticias para el periodismo… y malas para Humberto Moreira. El 29 de marzo, el columnista Sergio Aguayo fue notificado de que ganó la demanda que interpuso en su contra el exgobernador coahuilense por supuesto daño moral, y en la cual exigía una indemnización de 10 millones de pesos. “Luego de tres años de juicio, un juez de la Ciudad de México estableció que Moreira no acreditó que su honor haya sido dañado. ‘Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila’, escribió Aguayo, cuando Moreira estaba encarcelado en España, en enero de 2016.

“Si bien Moreira puede apelar la sentencia, los abogados de Aguayo se sienten en terreno jurídico sólido. Aguayo, quien acusó que la denuncia intentaba amedrentarlo por una investigación que encabezó sobre las masacres de Allende y Piedras Negras, pidió que se modifiquen las leyes para evitar que los políticos acosen judicialmente a los periodistas”.

12 Abril 2019 03:50:00
Colosio: memoria incómoda
Desde 1994, dos sucesos confrontan al PRI en marzo: su aniversario (el día 4) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio (el 23). En un lapso de 19 días, el partido más antiguo de México pasa de la celebración al duelo. Esta vez, en un contexto diametralmente distinto. Hoy la fuerza política dominante no es el PRI ni el PAN, sino Morena. El presidente López Obrador reveló que el 21 de marzo –dos días antes del atentado en Tijuana–, cenó con el candidato en casa de la activista Clara Jusidman, sin dar detalles de la reunión.

En su primera campaña presidencial (2006), AMLO nombró asesor a Manuel Camacho Solís, a quien Carlos Salinas de Gortari utilizó en dos rutas: 1) para distraer a la galería y ocultar a su favorito; y 2) para poner en jaque a Colosio. Tras el levantamiento zapatista en Chiapas, el 1 de enero de 1994, coincidente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, Salinas designó a Camacho coordinador para la Paz y la Reconciliación. El movimiento debilitó la de por sí frágil candidatura de Colosio y reabrió la sucesión.

El 22 de marzo –un día después de la reunión de AMLO en casa de Jusidman–, Camacho telefoneó a Colosio y le anunció su decisión de no participar de nuevo en la contienda presidencial. Al día siguiente, el sonorense era abatido al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas. El 24 de marzo, el Presidente encabezó un homenaje ante el féretro de Colosio. El priismo, reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles, apuntó a Salinas y emitió un veredicto inapelable: “¡Él fue!... ¡Él fue!... ¡Él fue!”.

Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, fue uno de los actores centrales de la trama, urdida desde el poder. Desde Los Pinos se habrían fraguado también los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, y el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, seis meses después del de Colosio. José Córdova Montoya, jefe de la oficina de la Presidencia; Manlio Fabio Beltrones, a la sazón gobernador de Sonora, quien entrevistó en secreto a Mario Aburto, el supuesto asesino solitario; y Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones y Transportes y muñidor de los Salinas, participaron en el juego para reemplazar a Colosio.

En una nota autógrafa –publicada por Reforma– Raúl Salinas le dice a Colosio, en tono amenazante: “Te estás equivocando, Donaldo. Necesitas aliados, yo conozco a los buenos, ¿entiendes? Nada más acuérdate, la puerta de Los Pinos se abre desde adentro”. El testimonio se consigna en la serie Historia de un Crimen: Colosio, estrenada por Netflix en la víspera del 25 aniversario de los hechos en una ratonera de Tijuana.

“El hermano incómodo” –según calificó la revista Proceso a Raúl por los abusos cometidos antes y después de la presidencia de Carlos– depositó en Suiza 160 millones de dólares bajo un nombre falso, producto del narcotráfico y de la sustracción de recursos públicos, de acuerdo con las autoridades.

Luis Donaldo Colosio Riojas es diputado local de Nuevo León por el Partido Movimiento Ciudadano. No quiere saber nada del PRI, cuya “nomencklatura” traicionó a su padre. Alfonso Durazo, uno de los colaboradores más cercanos de Colosio, es secretario de Seguridad Pública de AMLO. Los Salinas no han pagado sus culpas. El grito de “¡Él fue!... ¡Él fue!... ¡Él fue!” resuena en el país cada 23 de marzo. La muerte del PRI empezó en Lomas Taurinas.
10 Abril 2019 03:12:00
Juicio irrefutable
El fracaso de la “generación Peña Nieto” –a la que pertenecen Humberto y Rubén Moreira, investigados en Estados Unidos por supuestos nexos con Juan Manuel «el Mono» Muñoz, quien será juzgado en San Antonio, Texas, por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros cargos–, abrió las puertas a un político de la vieja guardia para tomar las riendas del PRI en el momento más crítico. José Narro Robles (Saltillo, 1948) es uno de los seis aspirantes a ocupar la presidencia del CEN. Los otros son Alejandro Moreno, gobernador de Campeche; Ulises Ruiz, Ivonne Ortega (exmandatarios de Oaxaca y Yucatán), Lorena Piñón y José Ramón Martel.

Los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), presentados por Peña como símbolos de la “nueva generación” del PRI, están presos por delitos de corrupción. El prófugo César Duarte (Chihuahua), de la misma cofradía, tiene órdenes de aprehensión por peculado electoral, lavado de dinero y el desvío de mil 200 millones de pesos. La suerte de Borge y de los Duarte la determinó la alternancia en sus respectivos estados. El PRI jamás había perdido Veracruz y Quintana Roo.

En su libro Cleptocracia. El Nuevo Modelo de la Corrupción (Grijalbo, 2018), el periodista Jenaro Villamil pasa lista a la generación de gobernadores peñistas: “11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos”.

Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, escribe más adelante: “A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos”.

El autor de El Sexenio de Televisa (Grijalbo, 2011) y La Caída del Telepresidente (Grijalbo, 2015), advierte: “El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como ‘Pancho Colorado’, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y ‘lavador’ de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas”.

Humberto Moreira presidió el PRI entre el 4 de marzo y el 2 de diciembre de 2011. Su hermano Rubén duró apenas tres meses en la secretaría general después de la debacle electoral del año pasado. La generación Peña superó en cinismo y corrupción a todas las precedentes. El moreirato contribuyó a la caída del PRI; sus excesos no han sido castigados por los tribunales, pero el juicio de las urnas es irrefutable.
09 Abril 2019 03:03:00
Callejón sin salida
El PRI vive la peor crisis de su historia y acaso también sus últimos años. El mérito no le corresponde al PAN o al PRD, inmersos en su propia agonía. El tiro de gracia lo recibió de la generación de gobernadores liderada por Enrique Peña Nieto desde el Estado de México (Edomex). Una camada tan corrupta e incompetente como cínica y soberbia.

El partido fundado por Plutarco Elías Calles perdió por primera vez la Presidencia en 2000, pero conservó la mayoría en los estados (17, contra 10 del PAN y cinco del PRD), el Congreso federal, las legislaturas locales y los ayuntamientos.

Doce años después, el PRI recuperó la Presidencia por el fracaso de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sobre todo en materia de combate a la corrupción, seguridad y reducción de la pobreza, y una alianza con el PAN, el PRD, las grandes televisoras y la oligarquía para bloquear a Andrés Manuel López Obrador.
El triunfo de Peña no habría sido posible sin un pacto de impunidad con los gobernadores –en 2012, el PRI ya controlaba 19 estados–, quienes

inyectaron recursos públicos a su campaña y lo proveyeron de votos.
Una comisión del Congreso, integrada por diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, dictaminó que el candidato del PRI rebasó en mil 268% el tope de gastos. El límite legal era de 336.1 millones de pesos, sin embargo, el coste ascendió a cuatro mil 263 millones (La Jornada, 12.03.14).

Las deudas estatales se dispararon entre 2010 y 2011, dos años antes de los comicios presidenciales, según datos de la Secretaría de Hacienda. En Coahuila, Humberto Moreira recibió pasivos por 323 millones de pesos; al dejar el gobierno ya se debían más de 36 mil millones.

Las tesorerías locales siempre han sido cajas chicas del PRI –para mantener su estructura electoral–, pero en los sexenios de Fox y Calderón, cuando no manejaba el presupuesto federal, representaron su tabla de salvación.

En el gobierno de Fox, el PRI fue la primera fuerza en las cámaras de diputados y de senadores; con Calderón, la segunda. Esa circunstancia le permitió imponer condiciones a los presidentes y preparar su retorno a Los Pinos, apalancado por los gobernadores. En el sexenio de Peña, el PRI dominó el Congreso, sin alcanzar la mayoría absoluta. Hoy, con apenas 47 diputados y 14 senadores, ocupa la tercera posición, por debajo del PAN (78/24). Morena es la nueva aplanadora: tiene 259 asientos en San Lázaro y 59 en el Senado sin sumar a sus aliados (PES y PT). Entre 2012 y 2018, el partido de Peña perdió nueve estados. Ahora solo tiene 12, uno menos que el PAN. Pero aun en Edomex, cuyo presupuesto y padrón electoral son los más grandes del país, Morena controla la Legislatura y la mayoría de los municipios.

Morena gobierna cuatro estados (destacan Ciudad de México y Veracruz); Movimiento Ciudadano, uno (Jalisco) y el PRD, dos (Michoacán y Quintana Roo). Con 11.4 millones de votos menos que en las presidenciales de 2012 y sin el dinero de las arcas estatales, el PRI está en un callejón sin salida.

A 10 meses de la derrota más apabullante en sus 90 años, el PRI sigue colapsado. Los gobernadores se replegaron. Con un embajador en cada estado, el presidente López Obrador cuida sus movimientos, maneja los programas sociales –base del clientelismo electoral–, estructura a su partido (Morena) y despliega su poder. Fox, Calderón y Peña Nieto les soltaron las riendas y el país pagó las consecuencias.
08 Abril 2019 03:23:00
La extrema pobreza en la India ... y en México
El Gobierno de López Obrador ha emprendido un camino de combate a la pobreza extrema como si no hubiera mañana, y para la enorme mayoría de los posibles beneficiarios, no lo hay. Pero eso no significa que se está trabajando con eficacia, ni sobre todo, si las autoridades actuales se tomaron la molestia de estudiar a fondo los esquemas anteriores en México, o los que se han puesto en práctica en otros países. Incluso entre no especialistas, la discusión resulta apasionante.

En un largo editorial esta semana, The Economist se ocupa del tema en la India, donde habrá elecciones parlamentarias este mes y el siguiente. Según el semanario inglés, en la India hoy existen unas 50 millones de personas viviendo en extrema pobreza, la cifra más alta del mundo después de Nigeria y el Congo. En términos parecidos a los de México, cuenta con 950 programas y subsidios centrales, para fertilizantes, luz, agua, empleo, etc. El costo y la mala administración de los programas es tal que el Banco Mundial reconoció hace poco que, en un estado pobre, sería más eficaz suprimir todos los subsidios y entregarle el dinero directamente a la gente (lo que AMLO quiere hacer con las estancias infantiles).

El problema en la India –y en México– es la determinación de la población objetivo, incluso para simplemente entregar dinero. La identificación del “blanco” es cara y difícil. Si solo se pretende alcanzar a la gente más pobre, se corre el riesgo de perder cualquier apoyo popular para programas contra la extrema pobreza. The Economist cita a Amartya Sen: “los apoyos que solo llegan a los pobres suelen convertirse en pobres apoyos”. Y un programa universal, como el que propuso Ricardo Anaya durante la campaña presidencial en México, y que el Primer Ministro Modi de la India ha iniciado como plan piloto en varios estados, es caro, puede parecer injusto: a Slim le toca igual que las comunidades más empobrecidas del Mezquital, y cuesta mucho dinero no entregárselo a Slim, o montar un sistema para que él lo devuelva. Francisco Gil, secretario de Hacienda de Fox, recibió ya su apoyo de adulto mayor duplicado; busca devolverlo, pero no ha encontrado cómo.

López Obrador ha propuesto, y dice que está aplicando, un esquema de múltiples programas con población definida. Se trata de adultos mayores, gente en situación de pobreza –se supone que los exprospera/Oportunidades/Progresa– discapacitados, preparatorianos, “ni-nis” y algunos más. El debate internacional sugiere que esto no va a funcionar. Un informe gubernamental de la India de hace dos años sugirió un enfoque muy distinto. Valdría la pena considerarlo.

¿Qué tal si en lugar de apoyos con población definida, o de un ingreso universal, lanzar un proyecto de un ingreso para todos, salvo el 25% más rico de la población? Los ricos son mucho más fáciles de detectar que los pobres; del costo en la India sumaría un 5% del PIB, más o menos lo mismo que cuestan ahora todos los subsidios y las entregas del Estado. Supongo que los especialistas en erradicación de pobreza extrema de la 4T ya estudiaron esta propuesta y que tienen una opinión al respecto. Parece interesante, aunque difícil de poner en práctica. Pero las de AMLO ¿son fáciles?
08 Abril 2019 03:19:00
Lucha por el poder
El escándalo por el tráfico de pornografía en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) evidencia no solo descomposición, sino una pugna entre moreiristas por el control de ambas instituciones. Los desarreglos en la UAdeC siempre han tenido efectos políticos, como sucedió en el sexenio de José de las Fuentes, cuando las marchas y la toma de instalaciones desestabilizaron a la casa de estudios y al Gobierno. Lo mismo puede suceder ahora si desde el Palacio Rosa no se llama al orden a los grupos en conflicto.

Luis García Abusaíd, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción –(SEA) herencia de Rubén Moreira–, encendió la mecha.

El 17 de marzo, en su columna de Vanguardia, criticó la incuria e indolencia del rector Salvador Hernández Vélez. Tras repasar la actuación de su paisano lagunero en el caso de Jurisprudencia, concluye: “Total. Un negado e insensible Salvador, a todo dijo que NO en detrimento de la mujer universitaria”.

La réplica del rector fue prolija. Hernández tutea a García, como a un compañero de equipo. Empieza por reconocer “la existencia de un problema, que en ningún momento se ha ocultado o minimizado”. El fenómeno –alega– está “presente en la sociedad y en todos los espacios de la vida comunitaria”. Más adelante, saca el pecho: “A diferencia de otros espacios en donde se oculta y tolera el problema, la Universidad está comprometida en atender desde varios frentes dicho problema”. Con otros ámbitos ¿se refiere al Gobierno?, ¿a las iglesias?

El columnista refuta al rector: “No actuaste con diligencia para ser imparcial ante la investigación de casos de violencia de género”.

Pero al involucrar a otro funcionario, enseña su juego: “¿Puede (Alfonso) Yáñez Arreola ser imparcial en su papel como defensor de Derechos Humanos de las víctimas de acoso sexual, cuando uno de sus lugartenientes, (Leonardo) Borrego estaba involucrado en la red que los promovía? ¿Puede Yáñez Arreola ser imparcial en su quehacer cuando busca ser el director de ‘Juris’?”.

Yáñez respondió de manera breve, pero fulminante. Prescinde del tuteo y llama a las cosas por su nombre. Recuerda, primero, la raíz moreirista suya y de su acusador. Luis García fue secretario técnico de Humberto Moreira (promovido por Rubén); y Alfonso, funcionario de Finanzas y secretario particular de Moreira II. Yáñez advierte a García: “… no deben obtenerse ventajas con el uso de los medios de comunicación, con fines distintos a la verdad. (…)

Es irresponsable afirmar sin elementos, máxime cuando la función que usted ejerce es mediática y debe estar motivada en objetividad y ética, mi estimado amigo. (…) Si el objetivo es impulsar desde el exterior de la Facultad, una candidatura anticipada a Director(a); le informo que en Jurisprudencia no hay agenda inmediata, proceso electoral en puerta”.

García Abusaíd, quien aparece en la página del SEA como director ejecutivo de Canek Consultoría y activista en temas de participación ciudadana y electoral, le propuso a Yáñez renunciar a la Defensoría de Derechos Humanos de la UAdeC y a su aspiración de dirigir la Facultad de Jurisprudencia. “Solo así (…) demostrará su imparcialidad”. ¿La hay en el Sistema Estatal Anticorrupción?

El moreirato está herido. La lucha por el poder político ha empezado.

Es hora de tomar el control y de poner orden también en la Universidad.
06 Abril 2019 04:00:00
La nueva plaga
Las redes sociales se han convertido en un arma de dos filos. En ellas, todo el mundo está expuesto a la calumnia y a la difamación, pero cada vez menos pueden lidiar con la burla y con la angustia. Gerardo Moyano trata el tema en el nuevo número de Espacio 4 a la luz del suicidio del artista Armando Vega-Gil.

“El año pasado, el movimiento #MeToo sacudió al mundo del espectáculo de Estados Unidos por las denuncias de acoso sexual en contra de celebridades. Sin embargo, no había logrado prender en México... hasta hoy.

“En menos de un mes, las denuncias de acoso sexual han cimbrado el mundo artístico mexicano, primero bajo el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos, al que le siguieron el de #MeTooPeriodistasMexicanos y #MeTooMusicosMexicanos.

La cuenta en Twitter de este último fue cerrada tras el suicidio del músico Armando Vega-Gil, cantante del grupo Botellita de Jerez, quien fue acusado de acosar a una niña de 13 años, a través de una denuncia anónima.

“Antes de suicidarse, la madrugada del 1 al 2 de abril, Vega-Gil, de 64 años, publicó una carta en Twitter en la que niega las acusaciones y anuncia la decisión de quitarse la vida. ‘No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal’, escribe en el mensaje en el que adjunta la carta.

“‘Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente en charlas (…) Mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia’, señala Vega-Gil.

“‘La denuncia que se hace en #MeTooMusicosMexicanos es anónima y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. (…) Es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública.

Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo’, dijo.

“La misiva generó un acalorado debate sobre el impacto de las denuncias anónimas en las redes sociales, las cuales se han convertido en el último reducto para luchar contra la impunidad en los casos de abuso sexual.

“De un lado, están quienes defienden el anonimato de las denuncias como un modo de evitar una doble victimización. Por el otro, quienes acusan de cobardes a quienes se esconden detrás de las redes para denunciar.

“Entre estos últimos, destacó la actriz Carmen Salinas quien acusó al movimiento #MeToo de orillar al suicidio a Gil-Vega.

“Si bien hubo dos denuncias más contra el cantante, con nombre y firma, la cuenta #MeTooMusicosMexicanos decidió ‘decir hasta pronto a este movimiento’ y lamentó ‘los daños y perjuicios ocasionados al feminismo.

“‘Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega-Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y, por ello, extendemos una disculpa a todos sus allegados. Jamás incitamos a alguien a hacerse algún daño ni a acabar con su vida en lugar de afrontar los hechos ante las autoridades’”, señala la cuenta oficial del movimiento. Otros 16 músicos fueron acusados en la misma cuenta”.

05 Abril 2019 03:09:00
Tormenta política
Doce años de campaña por la Presidencia le permitieron a Andrés Manuel López Obrador identificar los problemas y diseñar nuevas estrategias. En cada región escuchó a grupos sin acceso a los despachos gubernamentales, siempre abiertos a los factores de poder, sobre todo económico, cuya influencia les permitió incidir en la toma de decisiones y obtener recursos presupuestarios en detrimento de los sectores más necesitados.

Un caso paradigmático fue el donativo por 120 millones de pesos que el Gobierno de Humberto Moreira, sin autorización del Congreso, otorgó a los dueños del equipo Santos y del nuevo estadio. Dinero de los contribuyentes a negocios privados para comprar aplausos.

Uno de los distintivos de la Cuarta Transformación “será la separación del poder económico y del poder político”, dijo el Presidente en su discurso inaugural. “El Gobierno –advirtió– ya no será un simple facilitador para el saqueo (…) no va a ser un comité de servicio de una mayoría rapaz. Representará a ricos y pobres (…) al margen de ideologías (…) o posición socioeconómica. Habrá un auténtico estado de derecho (…) al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Hasta el sexenio pasado, las elites tuvieron derecho de picaporte en Los Pinos; en los estados, todavía lo conservan. “El poder político y el poder económico –apuntó López Obrador en su toma de posesión– se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como “modus operandi” el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. En el sexenio de Salinas, la privatización de bancos y paraestatales favoreció a políticos y empresarios amigos del Presidente.

En 2013, Peña Nieto recompró en 3 mil 575 millones de pesos la planta Agro Nitrogenados, casi ocho veces por encima del importe que el gobierno de Salinas obtuvo por su venta al Grupo Servicor, en 1992, entre cuyos socios figuraba el entonces gobernador Rogelio Montemayor. Servicor traspasó el complejo a Altos Hornos de México, y Pemex lo adquirió en 2014, convertido en chatarra. La operación, a toda luz irregular, ya es investigada por la Fiscalía General de la República.

El 25 de marzo, en Tabasco, López Obrador apuntó hacia otro grupo de poder de Coahuila. Sin mencionar a Lala ni a otras firmas del ramo por su nombre, el Presidente anunció la creación de una cuenca lechera en el sureste “porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas donde no hay agua”. Las reacciones fueron inmediatas. El tema confrontó al gobernador Miguel Riquelme con el delegado federal Reyes Flores. Es la clásica tormenta en un vaso de agua. Nada impide proyectar otras cuencas, pero una industria láctea altamente tecnificada como la de La Laguna, no desaparecerá por voluntad presidencial. Tampoco pueden desarrollarse otras por decreto o por consulta.

El sector tiene partidarios y detractores, según sus efectos en la economía regional y el medio ambiente. El debate debe ser sobre los problemas derivados de la sobreexplotación del acuífero (hidroarsenicismo) y los desechos de los hatos (contaminación del aire y del suelo). Y a partir del diagnóstico, trazar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Es preciso determinar si la industria puede crecer aún más en La Laguna o si ya llegó a su límite, reducir la extracción, recargar los mantos freáticos y combatir la corrupción en Conagua. Pero, sobre todo, pensar en el bien común.
03 Abril 2019 03:47:00
Jugar con fuego
Andrés Manuel López Obrador llegó con votos a la Presidencia y solo con votos, su partido, Morena, podrá perderla. Las mismas reglas de la democracia que posibilitaron el ascenso del líder de izquierda al poder, deben prevalecer, y aun reforzarse, para evitar suspicacias reeleccionistas. AMLO es un presidente poderoso, mas no infalible y menos lo será mientras permanezca anclado en el pasado. Hasta ahora nadie discute su honestidad ni sus buenos deseos de moralizar la política y cambiar la vida de millones, presas de la violencia y la pobreza. Lo discutible son los métodos para lograr la transformación de México en un país seguro, justo y próspero sin sacrificar libertades ni imponer una nueva hegemonía partidista.

La fuerza del Presidente dimana de una paciente y tenaz lucha por el poder, de su conocimiento del país, de su cercanía con las clases populares y del resentimiento ciudadano contra el sistema, expresado en 30 millones de votos. El Gobierno se ensañó con el fundador de Morena y lo convirtió no solo en víctima –como a la mayoría de los mexicanos a quienes abandonó a su suerte–, sino en el político más popular y confia-ble, según lo reflejan todavía las encuestas. El apoyo a AMLO refleja el repudio hacia los líderes del PRI, el PAN y sus respectivos gobiernos.

Meses antes de la elección presidencial de 2018, una encuesta del Centro de Investigaciones Pew arrojó los siguientes resultados: el 93% de los mexicanos dijo estar insatisfecho con la democracia y el 98% desconfiar del gobierno. Los niveles fueron los más bajos del mundo. El pobre desempeño de la democracia –en países como el nuestro– genera simpatía por personas con tendencias autoritarias, advierte el estudio. Mas no necesariamente en democracias incipientes, disfuncionales o corrompidas surgen ese tipo de líderes. Los populistas de derecha e izquierda basan su éxito en la retórica contra el statu quo y una vez en el

poder generan agitación e incertidumbre. Los ejemplos de Estados Unidos, México y Brasil son los más próximos.

AMLO no debe usar la legitimidad democrática para implantar una agenda excluyente ni rescatar del baúl de los recuerdos la presidencia imperial, pues fueron justamente los excesos de los gobiernos comprendidos entre 1988 y 2018 los que provocaron el odio hacia el neoliberalismo, el

desencanto por la alternancia, la ruina de los partidos tradicionales, la debilidad del Estado y el golpe de timón dado en las urnas. El temor de que las cosas empeoren en el gobierno de Morena y de que los contrapesos institucionales –de por sí frágiles– desaparezcan, es fundado. No es en el pasado donde se encontrarán las fórmulas para salir del atolladero y avanzar hacia el futuro con paso seguro, sino en el presente y con la mirada puesta en el futuro.

México conoce los efectos del populismo nacionalista y del neoliberalismo a ultranza: pobreza, corrupción e incompetencia. Los gobiernos socialistas de Felipe González (España) y Tony Blair (Reino Unido) e incluso el de Luiz Inácio Lula (Brasil) fueron exitosos porque entendieron que el mundo había cambiado y la historia seguía su curso. Nuestro país forma parte de esa realidad, pero AMLO sigue aferrado al retrovisor. La falta de partidos fuertes y de líderes con autoridad moral obliga a los medios de comunicación y a la sociedad civil a arrancarle al Presidente las orejeras ideológicas para evitarle al país futuras crisis.
02 Abril 2019 03:40:00
Culto y lapidación
Lech Walesa enfrentó al comunismo y desde el sindicato Solidaridad coadyuvó a sepultar al “imperio del mal”, como Ronald Reagan denominó a la Unión Soviética. En 1983, el activista por los derechos humanos ganó el Premio Nobel de la Paz; y siete años después, la presidencia de Polonia, en segunda vuelta (obtuvo el 74.2% de los votos). El amigo de Juan Pablo II intentó reelegirse en 1995, pero perdió, también en balotaje. En 2000 compitió de nuevo, pero los polacos le volvieron a dar la espalda a pesar de sus laureles. Recibió el 1% de la votación y esta vez su retiro de la política fue definitivo. Desde entonces se dedica a dar conferencias.

“Solo en situaciones especiales surgen los héroes, las personas que dan un paso adelante cuando al resto les tiemblan las piernas”, escribió Gregorio Belinchón (El País, 06.01.15) a propósito del estreno de la película Walesa. La esperanza de un pueblo (2013), en España. Una frase del cofundador de Solidaridad –citada por el cineasta y crítico de cine–, lo pinta de cuerpo entero: “Yo tengo las ideas claras. Soy como el toro que cuida el rebaño”. Belinchón advierte: “Puede que Walesa no fuera un hombre cultivado intelectualmente, pero poseía un carisma arrollador”, aparte de ser “engreído y dotado de una oratoria subyugante”.

La periodista italiana Oriana Fallaci entrevistó al líder de Solidaridad en 1980 cuando aún estaba lejos de convertirse en celebridad mundial. En la película, Fallaci (Maria Rosaria Omaggio) cuestiona a Walesa (Robert Wickiewicz): –Usted no tiene madera de político. –No soy político, soy electricista– replica.

La siguiente pregunta de la autora de Entrevistas con la historia (1986) y El Miedo es un Pecado (recopilación de cartas publicada en 2016) es clave para entender el ciclo de los líderes carismáticos (el presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte de ese elenco).

—¿Cuánto tiempo durará Walesa?

—Si no me matan, si todo va bien, calculando fríamente, podría decir que de aquí en adelante, sólo podré ir descendiendo. Paulatinamente. A ver si me explico. No soy una persona que pueda adaptarse a los tiempos normales. Y yo no soy capaz de adaptarme a las reglas del juego. Porque no puedo repetirme. Repetir lo que hice desde septiembre hasta hoy.

Por último, si los cambios en Polonia fracasan, la ira del pueblo va a caer sobre mi cabeza, y los que ahora me aplauden y me levantan altares, me van a apedrear. Me darán una patada y se olvidarán de que he luchado por ellos y que lo hice de buena fe. Si yo fuera listo o egoísta, me afeitaría el bigote y volvería a la fábrica. Pero no lo haré mientras me quieran. No puedo hacerlo. ¡No lo haré! Porque sé que a partir de ahora la situación se va a ir complicando cada vez más, y que vamos a recibir golpes muy fuertes.

A ratos, López Obrador tampoco parece político, sino predicador. Él, como Walesa, tampoco abandonó la lucha contra el régimen –en su caso, después de ser desaforado como jefe de Gobierno de Ciudad de México y de perder dos elecciones presidenciales; ruta inversa a la seguida por el Nobel de la Paz– ni se aviene a las convenciones. Su meta consiste en transformar el país. Walesa lo logró. ¿Podrá hacerlo el primer presidente de izquierda? Aún es temprano para saberlo, pero si fracasa, las legiones que hoy lo vitorean y le erigen altares, también podrían lapidarlo. Walesa no se equivocó en su pronóstico. El pueblo lo aclamó en las urnas, y con votos le cerró las puertas del poder.
01 Abril 2019 03:43:00
Salvar el pellejo
El jefe de la apocada fracción coahuilense del PRI en San Lázaro busca su propia resurrección, no la de su hermano. Rubén Moreira necesita impunidad, ahora bajo el manto de Andrés Manuel López Obrador a cuyos hombres en el estado, Armando Guadiana, Reyes Flores y Javier Guerrero, en orden de afiliación, persiguió rabiosamente y contra quienes profirió insultos y amenazas, fiel a su estilo pendenciero y fanfarrón. Moreira II empleó la intimidación y el miedo para gobernar. Experto en guerra sucia, junto con David Aguillón, una de sus aficiones consistía en escuchar conversaciones privadas de sus colaboradores y críticos para después decidir cuáles editar y cuándo utilizarlas en las redes sociales. Así actuaba el paladín de los derechos humanos.

Enfermo de poder y con un complejo de clase que no pudo superar ni en los campos de golf, Rubén Moreira terminó la obra iniciada por su hermano Humberto seis años atrás: devastar a Coahuila, solo que, en su caso, con mayor perversidad e insania. Moreira II no tiene problemas en el estado, pues la mayoría de los diputados del PRI fueron antes sus empleados –el líder del grupo fungió como paje de su mujer–.

El Poder Judicial está a sus pies: los magistrados Homero Ramos Gloria, Iván Garza y otros que soportaron humillaciones y bajezas, tienen ahora la encomienda de cuidar a su jefe en el organismo encargado de impartir justicia.

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es obra suya. Con la aquiescencia de la anterior legislatura, dominada por el PRI, marcó los ritmos y los tiempos de la farsa. Moreira II nombró a incondicionales suyos y de su hermano para jamás ser investigados. Es insultante e inadmisible que uno de los estados donde se han registrado escándalos de corrupción de alcance internacional y posee una de las mayores deudas per cápita, aún no tenga entre rejas a quienes vaciaron las arcas para construir fortunas personales a costa del empobrecimiento de millares de familias. No conformes, las principales cabezas de la confabulación le abrieron las puertas del estado a otra plaga: la del crimen organizado.

El SEA es un monumento a la simulación, dedicado, en todos sus niveles, a devorar recursos públicos sin ton ni son, a tender cortinas de humo y a perpetuar la impunidad. Para llamar a cuentas a los responsables del saqueo del estado, no solo se requiere valor, sino autoridad moral.

El tamaño de la responsabilidad abruma e intimida al fiscal anticorrupción; su ocultamiento pone aún más de relieve su falta de idoneidad. Prefiere pasar por cómplice –al fin son legiones– que ponerse a la altura de las circunstancias y del clamor social de justicia. Sabe de lo que Moreira II es capaz y no desea exponerse ni perder la sinecura. Para renunciar a una tarea ingrata se requiere congruencia. Tampoco la hay.

Rubén Moreira puede lograr la indulgencia de AMLO, quien confunde a lobos con corderos y no duda en lastrar la Cuarta Transformación con rufianes, pero en el estado jamás habrá perdón ni olvido por el daño y los agravios del clan.

Moreira II y su rebaño en la Cámara de Diputados (Fernando de las Fuentes y Marta Garay) pueden votar con Morena y traicionar al PRI –o los despojos de ese partido–, pero no podrá evadir la justicia de Estados Unidos donde no ha puesto un pie desde sus años de gobernador. La suerte, para los hermanos, está echada.
30 Marzo 2019 03:30:00
Los 100 días de Reyes
En la edición 610 del bisemanario Espacio 4, el periodista Édgar London evalúa la gestión de Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado. El balance es negativo. Los agravios del moreirato y las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras siguen impunes.

“Es ahora o nunca. Desde su investidura como delegado del Gobierno de la República en Coahuila, Reyes Flores no ha desarrollado el gran papel de confrontador que los coahuilenses esperaban. Puede que, tras bambalinas, le sirva de ojos y oídos al Presidente, pero, a juicio de la sociedad, hasta la fecha se ha embolsado su salario sin tener que ponerle cotas al Gobernador ni apelar ninguno de sus mandamientos.

“Aseguraba Horacio Quiroga, en una de sus inmejorables historias, que el perro, mientras más hambre, más olfato. Y parece ser que el nuevo puesto, con los obvios beneficios que trae aparejado (en términos económicos y de poder) le ha restado sagacidad o pantalones a Reyes Flores. Muchos extrañan al hombre que, junto a Armando Guadiana, presentara una denuncia penal en contra del Gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, por los casos de la masacre de Allende y las desapariciones en el penal de Piedras Negras.

“Sin embargo, hoy Reyes Flores tiene la posibilidad de hacer valer su condición de hombre de confianza de López Obrador, de mano con esa otra confianza (acaso más importante) que los coahuilenses han depositado en él. Basta con que secunde la solicitud de la abogada Ariana García Bosque para que se lleve al banquillo de los acusados a quienes ocupaban las más altas instancias del Gobierno estatal cuando sucedieron los horrendos crímenes de Allende.

“Recientemente, Reyes Flores declaró en relación con ese suceso que ‘la investigación debe de virar hacia los más altos niveles de poder que permitieron eso’ (Vanguardia, 19-03-2019). No obstante, si dicha manifestación no cuenta con el apoyo de acciones concretas, terminará por convertirse en palabras lanzadas al vacío y los posibles responsables, por omisión o complicidad, de uno de los más sangrientos episodios de la historia moderna de Coahuila seguirán sin rendir cuentas a la ley. Léase, Humberto Moreira, Jorge Torres López (ambos, gobernadores durante aquel sexenio nefasto), David Aguillón, secretario de Gobierno en igual periodo y Jesús Torres Charles, fiscal en aquel entonces. (…)

“Reyes Flores debe comprender, así como lo comprenden los mexicanos todos, que no puede haber verdadera lucha contra la corrupción si los corruptos caminan como si nada por las calles que ellos mismos enlodaron con sus fechorías. Que no basta con mirar hacia adelante y decir “no habrá” si antes no se mira hacia atrás y se castiga lo que sí hubo. Y en Allende, usted lo sabe, Reyes Flores, hay muchas familias diezmadas porque ocho años atrás las autoridades, mismas que debían velar por la paz de los habitantes, miraron a otro lado y dejaron que esa paz terminara dilapidada por las atrocidades que cometieron los miembros del crimen organizado.

“Las viudas, los huérfanos, claman en nombre de los desaparecidos, pero ¿quién clamará en nombre de ellos, los sobrevivientes del holocausto local? Si usted, Reyes Flores, personifica los ojos y oídos del Presidente en Coahuila, no olvide que en Allende hay mucho que ver y todavía más que oír”.

29 Marzo 2019 03:36:00
Guardia pretoriana
México pasó de una presidencia virtual, pusilánime y mundana, a una ubicua, todopoderosa y mesiánica. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gobernará dos meses menos que sus predecesores (su periodo terminará el 30 de septiembre de 2024), pues una reforma de 2014 anticipó para el 1 de octubre la toma de posesión de los futuros presidentes. Quien ocupe el cargo, por elección “o con el carácter de interino o sustituto (…) en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto” (Artículo 83 de la Constitución).

AMLO empezó a llenar los vacíos de poder dejados por Peña Nieto desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró electo, el 8 de agosto de 2019. El líder de Morena ganó con el 53.1% de la votación válida emitida, equivalente a 30.1 millones de papeletas. En los 100 primeros días de Gobierno, la aprobación presidencial fue de 78-80%. “Nunca se había visto esto”, dijo Rodrigo Galván de las Heras, director de Demotecnia, en el programa El Mañanero, conducido por Brozo.

Ese nivel de aprobación, de acuerdo con Galván, representa “50 millones de votos o más”. Propulsado por AMLO, Morena es la nueva aplanadora electoral. En Baja California y Puebla, donde el 2 de junio próximo se nombrará gobernador, el partido del presidente encabeza la intención de voto. Si la tendencia se mantiene, Morena sumará siete estados junto con Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos. En Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, el PAN y el PRI podrían perder también la mayoría de las alcaldías y las diputaciones.


AMLO basa su fortaleza en la comunicación, declaró a Brozo el director de De las Heras. “El presidente tiene muy bien identificado a su enemigo: la corrupción”. El 83% opina positivamente de AMLO, según la encuesta levantada por Demotecnia el 2 de marzo para conocer el impacto del Gobierno entre los mexicanos. El 15% está en desacuerdo. Los niveles de aprobación y rechazo son de 80% y 14%, respectivamente.

El Presidente no ha perdido fuelle. Aun sin peces gordos ni medianos entre rejas por delitos de corrupción –pródigos en el sexenio de Peña Nieto–, el 64% percibe mejoría en el combate a ese flagelo. El 54% observa avances en educación y generación de empleos, pero solo el 41% los aprecia en seguridad, uno de los temas críticos. Para el 80% de la muestra, la imagen de AMLO ha mejorado.

Entre las decisiones presidenciales mejor calificadas, destacan: la reducción de sueldos a los funcionarios públicos (79%), el combate al robo de combustible (78%) e incluso proyectos polémicos como la termoeléctrica en Huexca (67%) y el Tren Maya (66%). Según el 63%, la Guardia Civil representa un avance, pero, para el 47%, la suspensión del aeropuerto de Texcoco significa un retroceso para el país.

La empatía de AMLO con los necesitados aumenta su base electoral, y la coraza desarrollada en 12 años de campaña y guerra sucia lo volvieron resistente a la crítica. Incluso con los sectores a los que Brozo denomina “la guardia pretoriana de la opinión (donde) no hay argumento, hay descalificación”. Para el comediante y analista político, esa circunstancia “transfiere una doble o triple obligación a Andrés Manuel, de ver con quién se enoja, con quién se quiere confrontar, porque la guardia pretoriana se puede volver también un medio de linchamiento”.
27 Marzo 2019 03:35:00
Contra viento y marea
¿A qué se le tiene más miedo? ¿Al fracaso de Andrés Manuel López Obrador o al éxito del primer presidente de izquierda moderada? Lo primero no sólo supondría un tropiezo más de las alternancias, iniciadas hace 18 años, sino algo más grave todavía: la frustración de un pueblo que apostó todo por quien desafió y venció al régimen y a sus adláteres, prometió atender primero a los pobres y rescatar los valores de la República.

Con partidos de oposición débiles, sumidos en el descrédito y sin voluntad para cambiar, el escenario podría abrir la puerta a un gobierno presidido por un militar. El año pasado sucedió en Brasil con el ultraconservador Jair Bolsonaro, después de los gobiernos de izquierda encabezados por Lula da Silva y Dilma Rousseff. A Bolsonaro se le compara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus posiciones contra la globalización y la migración.

El éxito de AMLO, en cambio, implicaría la permanencia de Morena –su eslogan «La esperanza de México» remite a su líder– en el poder por décadas. Sólo así podría cumplir la promesa de convertir a México en un país más justo, menos desigual; respetado dentro y fuera... o para llevarlo a crisis aún más profundas, lo cual nadie desea.

Incluso si la cuarta transformación no logra avances significativos en materia de seguridad, justicia social, combate a la corrupción y crecimiento económico, Morena tiene asegurado al menos un segundo mandado.

Salvo que a los errores por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y al desarrollo de proyectos en apariencia inviables, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la termoeléctrica en Huexca, Morelos –los cuales no han dañado la popularidad del Presidente, mas sí la calificación del país–, se sumen otros de mayor calado. Pero mientras el nivel de aprobación del Presidente ronde el 80% –algo no visto ni con Fox– podrá avanzar su agenda sin mayores dificultades.

En el informe por los 100 primeros días del nuevo Gobierno, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, el séptimo hombre más rico del mundo y el tercer accionista más grande del influyente The New York Times (Wikipedia), avaló la gestión de AMLO y disipó nubarrones: «(…) yo no me preocuparía de nada.

Está bajando la inflación, hay una mayor austeridad, sobriedad (…) y la necesidad e importancia de que se complemente la inversión pública y privada».

Respecto a las agencias de valores que han degradado la calificación de Pemex y de empresas privadas, el magnate recurrió a Perogrullo: «su trabajo es calificar». «Lo importante –advirtió– es que hay un presupuesto razonable que se está cumpliendo, además con creces. (…) Hay disciplina presupuestaria y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos están funcionando, estamos muy bien, no hay preocupación» (Reforma, 12-03-19).

AMLO recibió un país en crisis y sin liderazgo. Lo primero aún no se supera –en 100 días, imposible–, pero el presidente ha logrado poner a raya a los poderes que hasta hace poco tenían el mando, y recuperar para el Estado funciones que «las máximas autoridades» habían transferido «a particulares nacionales y extranjeros».

La Cuarta Transformación avanza, así sea a trompicones. El juicio de los 100 primeros días, a pesar de todo, es favorable. Lo dicen las encuestas. Empero, el escudo de la legitimidad presenta fisuras que, de no repararse, podrían convertir al héroe de hoy en el villano de mañana.
26 Marzo 2019 03:35:00
Sin margen de error
Lo que Peña Nieto no pudo lograr en tres años (nombrar zar anticorrupción, fiscal general y diseñar un nuevo modelo de seguridad pública) o ni siquiera intentó (frenar el robo de combustibles dentro y fuera de Pemex), el presidente López Obrador lo ha conseguido en tres meses. Esa es la diferencia entre un presidente débil y sin horizonte y uno fuerte y legitimado. El priista no tenía mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, pero desde el Pacto por México el PAN y el PRD se le rindieron.

AMLO, junto con la presidencia, recibió de los electores el control del Congreso, lo cual no sucedía desde 1988 cuando el PRI impuso a Carlos Salinas en un proceso turbio y fraudulento. Animal político como es, AMLO ha sabido sacar provecho de esa ventaja. Los votos que necesitaba para tener mayoría calificada en la cámara baja se los dieron legisladores de otros partidos. En el Senado, la voz cantante también la lleva Morena.

La aprobación de la Guardia Nacional –con mando no militar, por presión de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos de oposición– fue abrumadora en la Cámara de Diputados (463 votos a favor y uno en contra) y en el Senado, unánime. En el mensaje por los 100 primeros días de su Gobierno, AMLO volvió a su discurso inaugural: los mexicanos aún se encuentran «en estado de indefensión». La violencia no se ha «reducido significativamente», dijo el 11 de marzo. Con la Guardia Nacional, «el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria» en los próximos cinco años, señala el dictamen aprobado en el Congreso.

Peña trató de imponer como fiscal general a su amigo Raúl Cervantes –colaborador de Humberto Moreira en el PR–, y como paso previo lo puso al frente de la PGR. Empero, la protección del procurador al exgobernador de Chihuahua César Duarte, prófugo por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos a empresas privadas, y el rechazo de organizaciones civiles y líderes de opinión, lo eliminaron de la carrera. El repudio a la propuesta de Peña Nieto se resumió en la etiqueta #NoalFiscalCarnal.

El 18 de enero, antes de rendir protesta como fiscal general –propuesto por AMLO al Senado junto con Bernardo Bátiz y Verónica de Gives–, Alejandro Gertz Manero se comprometió a colocar «la ley por encima del poder». En la campaña presidencial de 2018, la PGR le fabricó delitos al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, para restarle votos. En vísperas de concluir el sexenio de Peña, Anaya fue exonerado por el presunto delito de lavado de dinero.

Gertz, quien coordinó la Operación Cóndor contra el narcotráfico, en 1976, ha sido rector de la Universidad de las Américas y secretario de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles (en el gobierno de Ciudad de México) y Vicente Fox. «Ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más», dijo frente a los senadores. «Cuando en un país hay 33 millones de delitos cometidos al año y el 99% queda impune, tenemos todo por hacer y la única manera de hacerlo es a través de la rendición de cuentas y una responsabilidad (…) bien establecida de carácter profesional». Si el fiscal «ya no tiene margen para equivocarse ni para engañarse», como advirtió Gertz, el Presidente, menos aún. De lo contrario, las rechiflas pasarán de los estadios a las urnas.
25 Marzo 2019 03:59:00
El escudo de AMLO
Los embates contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han chocado una y otra vez con el escudo de la legitimidad levantado con 30 millones de votos que ninguno de sus predecesores pudo construir.

En la balanza pesan hoy todavía más la fe en el Presidente, la esperanza de justicia social, la promesa de combatir la corrupción y el repudio hacia la clase política tradicional –representada por el PRI, el PAN y el PRD–, que los errores de una administración todavía incipiente. El inquilino de Palacio Nacional es el mismo de las tres últimas campañas presidenciales; y quienes critican su estilo personal de gobernar, los mismos que lo hicieron cuando era candidato.

Los últimos presidentes privilegiaron a las elites y olvidaron a los pobres, lo que explica el éxito de AMLO. La corrupción y la crisis del sistema de salud, la inseguridad y la violencia también contribuyeron. La idea de que a los marginados y a las clases medias no podía irles peor, después de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, echó raíces y se reflejó en las urnas con la más alta votación para un candidato de izquierda.

Quienes advierten, con razón, pero acaso también más atentos al interés de algunos sectores, que preocupados por el bien común, que el país puede sufrir un nuevo colapso económico, son los opositores históricos de AMLO; los que hubieran preferido tener en la presidencia a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade –flamante consejero de HSBC–, vistos como continuadores de un régimen que el líder de Morena ha empezado a desmontar.

Sin embargo, el sistema político ya estaba agotado. No solo había perdido legitimidad y sustento social, por efecto de la corrupción y la impunidad, sino también el control del Gobierno e incluso del presupuesto. Rebasado por la delincuencia organizada y por la sociedad civil, el Estado quedó a merced de la oligarquía e intentaba sostenerse a base de dinero y de concesiones. Peña Nieto entregó 37 mil millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y mayores bolsas a los diputados y a los senadores para aprobar sus reformas.

La corrupción se extendió a las fracciones parlamentarias de todos los partidos. Los fondos fueron cancelados por la actual legislatura en la que el PRI y el PAN, juntos, están muy lejos de ser mayoría.

La sustitución de subsidios a estancias infantiles y a refugios para mujeres y niños en situación de violencia, por la entrega directa de recursos a los padres de familia y a las víctimas, ha generado protestas, pero también en esos programas se detectaron pozos de corrupción. Se estima que el 70% de las guarderías eran irregulares y presentaban deficiencias; también se descubrieron desviaciones en los presupuestos asignados a los albergues.

En este, como en otros casos, el Gobierno ha afectado intereses. La propuesta de AMLO consiste en organizar un nuevo régimen y regresarle al Estado sus funciones, algunas de las cuales fueron asumidas por grupos de poder y otras cedidas por el Gobierno. Frente al escapismo de Peña Nieto, AMLO ocupa desde la mañana todos los espacios y da la cara. Los errores cometidos en los primeros 100 días de la Cuarta Transformación no hicieron mella en su líder. Sin embargo, la concentración del poder en una sola persona representa un riesgo para la democracia y para las libertades, en especial para la de expresión.
23 Marzo 2019 03:54:00
Signos de cambio
En México y en el mundo hay signos positivos de cambio, pero se necesitan muchos más y un mayor involucramiento de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, para que las trasnformaciones en los ámbitos de la justicia, el cambio climático, sindical y otros, se profundicen. Así se expone en la sección de Luces y sombras del bisemanario Espacio 4.


I
Buenas noticias para los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, anunció que cuatro de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresarán a México para reiniciar la investigación. El GIEI dejó el caso en abril de 2016, en medio de críticas del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por las diferencias en torno a la “verdad histórica” en el sentido de que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox volverán a colaborar en esta nueva etapa del GIEI. Arosemena informó que los expertos tendrán acceso pleno al expediente de 600 tomos del caso, para recomendar acciones específicas. Los padres de las víctimas expresaron que el regreso de los expertos es muy alentador para la
investigación.


II
Los jóvenes europeos se volcaron a las calles para llamar la atención sobre las implicaciones del cambio climático. Cientos de miles de estudiantes acudieron a la convocatoria lanzada en las redes sociales para exigir a sus gobiernos que tomen medidas inmediatas para contrarrestar los efectos del calentamiento global. El movimiento nació para seguir el ejemplo de una joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, quien cada semana protestaba frente al Parlamento de su país. “No hay plan(eta) B”, “Yo creo en la ciencia, no en los políticos” y “El mundo está cambiando, ¿por qué nosotros no?” fueron algunos de los eslóganes más repetidos en las marchas realizadas en la mayoría de las capitales europeas. Por la importancia del evento, los diputados noruegos han propuesto que Thunberg sea nominada al Nobel de la Paz, pues consideran que el calentamiento global será una de las principales causas de guerra y conflicto en las próximas décadas, y cualquier lucha contra esa amenaza es una contribución a la paz mundial.


III
La ausencia del polémico líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps en la ceremonia para conmemorar el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera envía una buena señal para el futuro de Pemex. Días antes del evento, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Refinería de Tula, Hidalgo, trabajadores petroleros presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas para acreditar un presunto enriquecimiento ilícito del exsenador priista por al menos 150 millones de pesos. Miembros de la Sección 44 del sindicato petrolero pidieron la salida de Deschamps y la renovación total de la dirigencia. «Los trabajadores petroleros de la Sección 44, que apoyamos la 4a. Transformación exigimos la inmediata renovación sindical, fuera Deschamps y sus 36 secretarios generales», demandaron. Por su parte, el Frente Nacional Petrolero exigió juicio político y cárcel para cacique, mientras la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros exigie desterrar la corrupción en Pemex.

22 Marzo 2019 03:28:00
Sucesión en el PRI
José Narro Robles se retiró de la academia para dedicarse a la política –competirá por la dirigencia nacional del PRI– y Salvador Hernández Vélez, sin dejar la política, es rector de la Universidad Autónoma de Coahuila después de haber dirigido el Comité Estatal del Revolucionario Institucional (Rubén Moreira lo impuso, y el mismo déspota lo depuso).
Si Narro (70 años) logra su objetivo sería el cuarto coahuilense en dirigir ese partido. A los 39 años, Manuel Pérez Treviño no solo fue el primer líder del PNR –antecedente remoto del PRI–, sino también su fundador, junto con Calles, en 1929, y volvió a serlo en el periodo 1931-1933. Dos años después, Lázaro Cárdenas, contra quien compitió por la candidatura presidencial, lo nombró embajador en España.

Humberto Roque Villanueva sustituyó a Santiago Oñate. Duró menos de un año, pues el presidente Zedillo lo nombró jefe de la Cámara de Diputados, en 1997, tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Otro Humberto (Moreira Valdés) fue impuesto por Peña Nieto para cubrir el ejercicio estatutario de cuatro años, pero el escándalo de la megadeuda lo acortó a nueve meses.

Pérez, Roque y Moreira aspiraron a la silla del águila, pero el único en dar la talla, por su trayectoria y servicios al país, era el primero.

Narro Robles –dos veces rector de la UNAM y secretario de Salud hasta noviembre de 2018– formó parte de la baraja de Peña Nieto para la sucesión del año pasado, pero su mismo jefe lo descartó.

En una gira por Veracruz, el Presidente dijo que “solo en uno” de los aspirantes “veía la honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía que llevará a México por un rumbo de estabilidad y orden” (El Universal, 13.03.18). Se refería, por supuesto a José Antonio Meade, su candidato. El beso de Judas.

De ganar la presidencia del PRI, Narro recibiría un partido desahuciado. La derrota de 2018 –consecuencia de la infame gestión de Peña Nieto y de la arrogancia y corrupción exacerbada de su gobierno– resultó apabullante.
El repudio hacia el peñismo y su grupo (Alí Babá y su pandilla) lo refleja un dato: doce años atrás, cuando la lista nominal registraba casi 20 millones de electores menos que la actual, el marrullero Roberto Madrazo superó en votos a Meade, quien, en campaña, vino a decirnos que Humberto y Rubén Moreira habían sido los mejores gobernadores de Coahuila.

El candidato de la coalición Todos por México no tocó ni de refilón los temas de la deuda por casi 40 mil millones de pesos, las empresas fantasma, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y el nepotismo.

Meade no necesitaba ser traicionado por Peña; él mismo se echó la soga al cuello. Mientras los delitos del moreirato permanezcan impunes, el PRI será castigado en las urnas como lo fue los últimos procesos. En 2017 estuvo a punto de perder la Gubernatura –el cargo lo retuvo por un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bastante cuestionado–.
¿Qué ofrece Narro al priismo y a la sociedad? La elección del futuro presidente del PRI la decidirá su militancia. El método lo impone la circunstancia, no la convicción democrática.

Narro, experto en intrigas, nada esta vez en un mar infestado de tiburones. Con el hándicap de haber pertenecido al gobierno de Peña, su única opción es llamar a las cosas por su nombre y a los corruptos (del país y de Coahuila) por el suyo. De lo contrario, él y su partido quedarán sepultados definitivamente.
20 Marzo 2019 03:11:00
Futurismo político
El informe de Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero, tuvo una fuerte carga política desde la sede que eligió para rendirlo: Torreón, de cuya alcaldía Miguel Riquelme saltó a la Gubernatura. El rector presentó a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) como una maquinaria electoral, con un proceso cada 15 días. Se jactó de que mientras los partidos debaten sobre la segunda vuelta y la revocación de mandato, en la institución existen desde hace varios lustros. “Esa es la vida democrática de la UAdeC”.

Las universidades públicas no han escapado a los recortes ni a la “austeridad republicana” del Gobierno del presidente López Obrador. La mayor parte de los recursos de los 195 organismos agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) son federales. Empero, no es solo por razones presupuestarias que las finanzas universitarias están hoy bajo la lupa de una Administración dispuesta a atacar la corrupción y la impunidad, aunque hasta ahora solo sea “de dientes afuera”.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrieron que en la Estafa Maestra participaron siete universidades y un instituto tecnológico, además de Pemex, Banobras y las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones, Educación Pública y Agricultura.

El fraude, cometido en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, se cifró en 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales 3 mil 433 millones se desviaron a empresas fantasma y mil millones a universidades, por concepto de “comisiones”.

La UAdeC ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación y su equivalente en el estado (ASE) por irregularidades financieras. En el ejercicio correspondiente a 2017, la ASE realizó 576 observaciones por 3 mil 884 millones de pesos. La Universidad ha servido también de brazo electoral y caja chica de los gobiernos de turno, según denunció el excandidato a gobernador Armando Guadiana.

El senador por Morena asistió al informe de Hernández Vélez, quien ofreció multiplicar los panes y los peces para elevar la calidad educativa de la UAdeC y colocarla por “encima de la media nacional en cuanto a indicadores”.

En la clasificación de QS World University Rankings 2019, los cinco primeros lugares los ocupan la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. La UAdeC no figura entre las restantes del top 20.

El informe sirvió también de pasarela política. Además de Guadiana, asistieron otros aspirantes a la Gubernatura; el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, el primer presidente no priista de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres; y el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Óscar Pimentel, expresidente del PRI, lo mismo que Hernández Vélez, representó al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.

Para evitar dudas sobre la intencionalidad política de la ceremonia, Samuel Rodríguez, representante del Gobierno del Estado en La Laguna, ocupó lugar en la primera fila. Cerebro electoral de Humberto Moreira, Rodríguez tiene la consigna de recuperar Torreón para el PRI.

El aplauso para los líderes reunidos en el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre fue de tibio a frío. El mensaje de la comunidad universitaria es inobjetable: la educación y la política deben marchar por caminos separados. Por no entenderlo así, la UAdeC está por debajo de la media tabla en las clasificaciones nacionales.
19 Marzo 2019 03:00:00
Exceso de protagonismo
El gobernador Miguel Riquelme no sólo debe lidiar con un Congreso donde el PRI está impedido para reformar leyes y cambiar la constitución a su arbitrio, como sucedió durante el moreirato, y con 20 alcaldes de otros partidos, sino con un delegado federal omnipresente. Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente López Obrador, es la segunda figura política más solicitada y relevante después del Ejecutivo. El exlíder del PAN y suplente del senador Armando Guadiana, asiste a las reuniones de seguridad y a cuanto acto oficial se realiza en el estado.

En el sexenio pasado, ese papel lo desempeñaba el delegado de Gobernación –siempre, igual que ahora Reyes, en primera fila o en las mesas principales–, mas no en calidad de representante de la Federación, sino como empleado del gobernador. Reyes le reporta al Presidente, de ahí dimana su poder. Cuando no asiste a ceremonias oficiales, el superdelegado recorre el estado, se reúne con empresarios, visita albergues de emigrantes, fija criterios e incluso emite comunicados sobre asuntos que, en teoría, son de competencia local; por ejemplo, el control de incendios forestales.

En los gobiernos del PRI y del PAN, los delegados no tenían acceso directo al Presidente, tampoco competían con el gobernador y menos se atrevían a pedir públicamente la destitución de un funcionario federal. La aparición del exprocurador general de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles, en el organigrama del Sistema de Administración Tributaria (SAT), le brindó a Reyes Flores la oportunidad de cobrar una factura a los hermanos Moreira, quienes le acosaron e incluso le inventaron delitos.

El 21 de febrero, en un video publicado en las redes sociales, Reyes se dijo indignado por el nombramiento de Torres como administrador central de Investigación Aduanera. “Es uno de los actores que más daño le hicieron a este estado en los últimos años. Como procurador general de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira, ha sido acusado en Cortes de Texas por ser el brazo protector de Los Zetas (…). Este grupo, (el de los Moreira) que permitió que los coahuilenses fuéramos asaltados por la delincuencia organizada, no puede continuar en la función pública. (…) Exigiré que se destituya del cargo”, advirtió.

Ese mismo día, la directora del SAT, Margarita Ríos Fajar, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy fue desvinculado del @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional”. En una carta al administrador general de Aduanas, Torres califica de “calumniosa” la información sobre su desempeño en la Procuraduría de Justicia de Coahuila e informa de su separación del cargo “para estar en total libertad de emprender acciones legales para salvaguardar mi integridad”.

En el informe del rector de la UAdeC, Salvador Hernández, el gobernador Miguel Riquelme explicó su apoyo al presidente López Obrador en el tema de la Guardia Nacional: “Porque (…) sabemos el costo que significaría retroceder en materia de seguridad”. Frente al senador Guadiana, el superdelegado Flores, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres (PAN), el gobernador pidió “cuidar la institucionalidad (…) sobre todo, debemos cuidar a nuestras instituciones”. Los Moreira las pervirtieron y Coahuila paga las consecuencias.
18 Marzo 2019 04:00:00
Tirios y troyanos
Miguel Riquelme heredó del moreirato no sólo una deuda cuya amortización parece impagable, sino un PRI en ruinas, sin mayoría en el Congreso y con los principales municipios –excepto Saltillo– en poder de la oposición. En un escenario así, “aglutinar los intereses de Coahuila no ha sido sencillo”, reconoció el gobernador durante su participación en el informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero en Torreón. La nueva realidad del estado se reflejó en el auditorio del Centro Cultural Universitario. El mensaje de Riquelme lo escucharon, en primera fila, el alcalde Jorge Zermeño y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres (PAN); el senador Armando Guadiana y el delegado de AMLO, Reyes Flores Hurtado. La sucesión gubernamental empezó después de las elecciones de 2018, con Morena como primera fuerza política nacional.

El PRI gobierna actualmente 18 municipios, 10 menos con respecto a 2017; el PAN, 10 (entre ellos Torreón, Monclova y San Pedro); UDC, 5 (destacan Ciudad Acuña y Sabinas); Morena, 4, en tres de los cuales jamás había habido alternancia (Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero); y el PRD, uno. En el Congreso, el PRI tiene 10 diputados; el PAN, 9; UDC, 3; Morena, 2, y el PRD, uno. Elisa Villalobos (Morena), Claudia Ramírez (PRD) y Édgar Sánchez (UDC), ahora independiente, son satélites del partido gobernante. No es sólo la falta de mayoría lo que dificulta la operación de Riquelme en el Congreso; también la impericia del grupo parlamentario de su partido, del cual forman parte los moreiristas Jaime Bueno, Jesús Loya (sustituyó a Samuel Rodríguez, operador electoral de Humberto Moreira, quien ahora cumple esas funciones en La Laguna como representante del Gobierno), Lucía Ramos, Verónica Martínez (homónima de la senadora del PRI) y Diana González. Esta última coordina la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal.

La comisión, casi olvidada, pudo haber procesado al exgobernador Rubén Moreira –valedor de las diputadas Martínez, González y Ramos, quien también integra la junta instructora– y al auditor Superior del Estado, Armando Plata. El juicio político lo solicitó el presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Juan Antonio García Villa (PAN), con base en el proyecto de dictamen relativo al informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017 “por observaciones no solventadas cuyo valor ascendió a nueve mil 311.7 millones de pesos”, aprobado el 19 de febrero.

En 5 de marzo, en una sesión bastante acalorada, los diputados Bueno, Ramos (PRI), Villalobos (Morena) y Ramírez (PRD) votaron en contra del dictamen; García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y Emilio de Hoyos (UDC) lo hicieron a favor. Además de desechar la demanda de juicio político, la alianza PRI-Morena pidió la remoción de García Villa como presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Rubén Moreira tiene un pie en la Cámara de Diputados y otro en Coahuila.

La Auditoría Superior del Estado presentó, en julio de 2018, denuncias penales ante la Procuraduría General del Estado –entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia– por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. El caso está congelado mientras los delitos prescriben. El Sistema Estatal Anticorrupción es tan útil como la carabina de Ambrosio.

16 Marzo 2019 03:13:00
Gobierno espía
El gobierno de Peña Nieto espió a líderes políticos, empresarios, artistas y periodistas. El poder provocó la salida de la radio de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz. Algunos de esos casos los ha ventilado la Administración de AMLO, a quien la Guardia Nacional le dio más puntos en las encuestas.

Son los temas de la sección de Luces del nuevo número de Espacio 4.

I

Se le hizo justicia a Carmen Aristegui. El pasado 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia que obligaba a la periodista a probar las expresiones que realizó en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en cual sugiere que los dueños de la empresa MVS cedieron a presiones del poder político.

Los ministros de la Primera Sala de la SCJN dejaron sin efecto la sentencia por daño moral que había sido parcialmente favorable para Joaquín Vargas, al considerar que las opiniones de Aristegui en el texto demandado no son ofensivas ni implican un menosprecio personal al dueño de MVS.

Los ministros determinaron que en el caso de opiniones periodísticas que tengan impacto de interés público, se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca ante los derechos de la personalidad de los involucrados, pues el debate en estos temas debe ser “desinhibido, robusto y abierto”.

Tras la resolución, la periodista llamó a los demandantes a desistirse de ese juicio y a terminar con “el terrible periodo que hemos vivido tanto MVS como nosotros”.

II

El Gobierno federal deberá investigar el uso que la Procuraduría General de la República (PGR) le dio al software espía Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Esto después de que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) determinara presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, desde el ámbito administrativo y presupuestal, investiguen y promuevan sanciones contra quienes resulten responsables.

No obstante, el colectivo #GobiernoEspía, al que pertenecen Artículo 19, Social Tic y el Centro Prodh, entre otras ONG, denunció que con la desinstalación del software en la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la extinta PGR, se destruyó evidencia del mal uso de ese sistema.

Pegasus es un programa de origen israelí creado para extraer información de dispositivos inteligentes, que el Gobierno federal adquirió en 2014 y habría usado para espiar a periodistas y activistas.

III

La Guardia Nacional será enteramente civil y el uso del Ejército será limitado. Así lo determinó el Senado, al aprobar la creación de este cuerpo de seguridad, que dispondrá de un periodo de 5 años para su conformación.

En ese periodo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario, regulado, fiscalizado y de tipo auxiliar de las instituciones civiles.

También se exhorta a las entidades federativas a emprender un programa de fortalecimiento de sus policías estatales y municipales en un plazo de seis años, cuyos avances serán evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, el Artículo 21 del dictamen establece la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para la operación de la Guardia.

Asimismo, los delitos cometidos por elementos de la nueva corporación en el cumplimiento de sus deberes serán juzgados por jueces civiles.
15 Marzo 2019 03:41:00
Caballada flaca
La costumbre de hablar para la galería ha puesto en evidencia al líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, en más de una ocasión. En las elecciones federales y locales de 2018, declaró que su partido haría carro completo. La respuesta de los electores resultó proporcional a la insolencia: el ente fundado por Calles perdió la Presidencia, las senadurías y cinco de siete diputaciones. A escala municipal, no le fue mejor, pues sólo obtuvo 18 alcaldías. Las 20 restantes las ganaron el PAN (10), UDC (cinco), Morena (cuatro) y el PRD (una).

En 2017, Fuentes había perdido su propia elección. María Eugenia Cázares (PAN) lo venció en el distrito XI. La misma suerte corrieron María Luisa Quintero, Mario Cepeda y Román Alberto Cepeda, en Torreón; José Luis Flores, en San Pedro; y Graciela Fernández, en Matamoros. La mayoría de ellos son ahora funcionarios del gobierno del estado, igual que otros priistas rechazados en las urnas previamente. El presidente del PRI apunta ahora al 2020 con motivo de la renovación del Congreso local. Asegura que ganará los 16 asientos de mayoría relativa, de los cuales ahora sólo tiene siete.

Si el pronóstico se basa en que las elecciones intermedias son las menos concurridas, pues sólo se vota para diputados, se equivoca y puede provocar sorpresas desagradables por varias razones: 1) la ciudadanía ha adquirido conciencia sobre la importancia del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo, 2) el repudio al gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira estimula el voto antiPRI; y 3) la fuerza de Morena. El partido del presidente López Obrador tiene mayoría en 20 de las 32 legislaturas locales.

Esa realidad se manifestó en 2017 cuando el PRI perdió nueve de los 16 distritos. En las elecciones legislativas anteriores había conseguido carro completo, pero quería más. Para obtener asientos de representación proporcional, postuló a militantes suyos bajo las siglas del Verde, Nueva Alianza y otros partidos. Sin embargo, la Sala Regional en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impidió la sobrerrepresentación y le asignó tres diputados plurinominales al PAN.

El PRI necesita mayoría en el Congreso para asegurarle al gobernador Miguel Riquelme un cierre de sexenio sin sobresaltos. Tener el control de sus respectivas legislaturas les permitió a Humberto y a Rubén Moreira librar los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y otras irregularidades graves. El último servicio de los diputados del PRI a Moreira II consistió en aprobar en tiempo récord la cuenta pública de 2016, la cual registraba pagos a empresas fachada, denunciados por la Auditoría Superior del Estado el año pasado. El plazo para dictaminar el informe era de 60 días, pero los legisladores lo revisaron y aprobaron en cuestión de horas.

Otra de las prioridades del PRI es recuperar La Laguna. Hoy su única posición es la alcaldía de Viesca. El PAN gobierna Torreón y San Pedro; y Morena, Matamoros y Francisco I. Madero, donde los ayuntamientos precedentes habían sido priistas. El resultado de las elecciones de 2020 (para diputados) y de 2021 (para presidentes municipales) determinará la próxima Gubernatura. Coahuila estuvo a un paso de la alternancia hace dos años, pero el PAN desaprovechó el momento. Morena, con AMLO en la Presidencia, no lo dejará pasar. Entretanto, este año se hará con los gobiernos de Baja California y

Puebla.
13 Marzo 2019 03:56:00
Un cambio de imagen
Un alto porcentaje de los 30 millones de votos captados por Andrés Manuel López Obrador provino de mexicanos lastimados por la corrupción y el cinismo de la clase gobernante, en particular de los gobiernos del PRI y del PAN. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia catalizó el enfado social. Los ciudadanos creyeron en su promesa de enjuiciar a quienes utilizaron el poder para convertirse en nuevos ricos o multiplicar sus fortunas. Empero, si no existe castigo para quienes robaron impunemente y sin rubor las arcas nacionales y estatales, ¿qué diferenciará a AMLO de sus predecesores? Ernesto Zedillo, sin tanta alharaca, encarceló a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.

Coahuila no es Badiraguato, Sinaloa, cuna del “Chapo” Guzmán –aquí existen otro tipo de cárteles–, a donde el Presidente viajó el mes pasado para demostrar que “nada debe” y “nada teme”. Coahuila, estado por el que AMLO siente aprecio por las luchas de Madero y de Carranza, es un árbol caído –por la deuda superior a los 36 mil millones de pesos acumulada en los dos últimos sexenios– del cual se hace leña y escarnio cuando, desde el poder, se perdona a los corruptos. La conducta no solo inflige mayor castigo a las legiones de víctimas de un gobierno inmoral –dividido en dos partes, ambas perversas–, también pone en tela de juicio la voluntad presidencial de procurar justicia.

El estado donde se izó la bandera por el sufragio efectivo y en contra de la reelección, sufre las consecuencias de la perversión del voto y el secuestro del poder por el clan de los Moreira. Lo mismo puede suceder en el país si el inquilino de Palacio Nacional cae en la misma tentación. El riesgo existe, pues si el Presidente incumple hoy la promesa de encausar a los corruptos, ¿quién asegura que mañana no cambiará de parecer con respecto a la reelección? El apoyo a AMLO es abrumador, como lo fue en las urnas, pero La Popularidad, nos recuerda Víctor Hugo, “es la gloria en calderilla”. Salinas y otros déspotas (Fujimori, en el Perú) también empezaron con altos niveles de aprobación.

López Obrador afronta problemas monumentales y día a día aumentan las presiones. Son las propias de un país históricamente engañado y mal gobernado –violencia, corrupción, déficit de Estado de derecho, pobreza y falta de crecimiento–; las de sectores afectados en sus intereses por el cambio de paradigmas; las naturales en todo cambio de régimen y las derivadas de sus propios errores. El escudo, la fortaleza de AMLO proviene de las urnas y de la confianza de una ciudadanía dispuesta a correr riesgos. El gobierno de los expertos (la tecnocracia) arruinó a México, pero el de los adictos y el de los improvisados puede provocar males aún mayores.

Los sectores y líderes de opinión antiAMLO se muestran cada vez más impacientes y la preocupación de algunos, por los desatinos de la administración y la marcha del país, es sincera y está fundamentada; lo cual, a falta de contrapesos políticos, es necesario y plausible. Sin embargo, la indulgencia de muchos de ellos con Peña Nieto contribuyó a la crisis. Una corriente intenta convencer ahora de que “estábamos mejor –con la corrupción, la impunidad, la concentración de la riqueza y la simulación– cuando estábamos peor”. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos votó por un cambio radical. Las recetas del PRI y del PAN eran las mismas.
12 Marzo 2019 03:35:00
Entrevista secreta
Entre la detención de Humberto Moreira y la de Juan Manuel Muñoz Luévano, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de España, en 2016, mediaron dos meses. La causa es la misma: “lavado de dinero y organización criminal”. La captura del exgobernador de Coahuila ocurrió el 15 de enero, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la del supuesto enlace de Los Zetas en Europa, el 18 de marzo, en su residencia madrileña. Empero, el político y el presunto narco no corrieron con la misma suerte. Moreira abandonó la prisión de Soto del Real una semana después, y el empresario lagunero fue extraditado tres años después a Estados Unidos donde será juzgado. Según una nota de Reforma, el exlíder del PRI habría negociado con el FBI la entrega de Muñoz para salvarse (06-03-19). Él lo niega.

Una investigación de El País explicaría también la rápida liberación de Moreira: “El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, dice el texto de José María Irujo, publicado el 22 de febrero de 2016. “La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del exgobernador de Coahuila”.

Moreira se estableció en Madrid a principios de 2013, “después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el cual pagaba 3 mil euros al mes (unos 65 mil pesos al tipo de cambio actual)”, añade la nota. Para acreditar transferencias por 200 mil dólares, el exgobernador dio los nombres de un par de empresas suyas: Unipolares y Publicidad del Norte, y Negocios, Asesoría y Publicidad, las cuales son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de España (la de Coahuila sigue sin decir esta boca es mía).

Luego de la extradición del “Mono” a Estados Unidos, Irujo informó: “Hace un año, el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades estadunidenses, pude poner en aprietos a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación” (El País, 02-02-19).

El 14 de noviembre pasado, Pedraz reabrió la investigación contra Moreira “por el supuesto blanqueo de capitales e integración en la banda del crimen organizado de Los Zetas” (Newsweek México, 14-11-18). La decisión se tomó con base en las declaraciones de Javier Villarreal (exsecretario de Finanzas de Moreira) y del empresario Rolando González Treviño frente a Juan José Rosa y José Grinda, fiscales anticorrupción de España, en San Antonio. Según Villarreal, Unipolares y Publicidad del Norte lavaron 14 mil millones de pesos del erario.

En su entrevista secreta con el fiscal estadunidense, Muñoz pudo haber aportado información relevante sobre las actividades de los Moreira, quienes han negado toda relación con él. No todos los capos “vinieron de fuera”, como aseguró Rubén Moreira en su último informe, frente a una legislatura cómplice. Muñoz es de Matamoros, donde los hermanos solían reunirse con el “Mono”. El supuesto enlace de Los Zetas en Europa tiene mucho que contar a las autoridades de Estados Unidos.
11 Marzo 2019 03:41:00
Políticos en ascuas
El juicio contra Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, en Estados Unidos, sacudirá las estructuras políticas y el árbol de la corrupción plantado en Coahuila durante el moreirato. Exgobernadores, legisladores federales y locales, autoridades universitarias, magistrados, jueces, exalcaldes, juniors de políticos y hombres de negocios, concesionarios y comentaristas de radio y televisión, líderes del PRI, notarios públicos, contratistas... aparecen en las declaraciones de testigos del Gobierno norteamericano, algunos de ellos bajo su protección.

Los objetivos son Humberto y Rubén Moreira en cuyo Gobierno de 12 años el cártel de los Zetas se apropió de la entidad, según el estudio Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río. El trabajo, desarrollado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, se basa en declaraciones de 24 exintegrantes del cártel en tres procesos federales celebrados entre 2013 y 2016.

El ensayo se anunció el 6 de noviembre, luego de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese mismo día, a 680 kilómetros de distancia, Rubén Moreira se despedía del Congreso local, dominado por el PRI, con una falsa aureola de estadista: “Hoy las cosas son distintas, los grandes capos que asolaban Coahuila y que, por cierto, vinieron de otras partes, o están abatidos o en la cárcel. (…) mi estado (…) es el único que ha desentrañado los grandes crímenes, castigado a los culpables y dictado órdenes de aprehensión contra los más terribles delincuentes”.

El estudio de la Universidad de Texas, realizado por Sarah Gohray y Marovia de la O, dice otra cosa: “Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. (…) Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta”.

Por otra parte, advierte: “Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”. (Para vender otra imagen, Moreira promovió la creación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo director, Efrén Ríos, ha encabezado varias defensas del PRI ante tribunales electorales).

Entre los testimonios sujetos a estudio por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, figuran los de Efrén Tavira, Humberto Uribe Tapia, Enrique Rejón y Alfoso Cuéllar. En una nota de la revista Proceso, titulada Informe revela control de los Zetas en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Moreira, el periodista Juan Alberto Cedillo, cita: “Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con los Zetas. (…) Tavira describió una ocasión en la cual los Zetas entregaron a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero”. Con respecto a un supuesto soborno a Humberto Moreira, Uribe declaró: “Se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles”, (Apro, 6-11-17).
09 Marzo 2019 04:00:00
Fraudes y abucheos
El bisemanario Espacio 4 dedica la sección de Sombras de su edición 609 a nuevos hallazgos en el fraude del Infonavit, al pacto del Gobierno de Peña Nieto para dejar en libertad a uno de los huachicoleros más poderosos del país y a la nueva bandera del PRI, en el marco de su 90 aniversario: que a sus gobernadores no les griten en los actos del presidente López Obrador.

I
En medio del escándalo por los juicios ilegales a través de los cuales el Infonavit despojó a 300 mil derechohabientes de sus viviendas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dos directivos del Instituto aprovecharon un programa para obtener créditos millonarios y comprar inmuebles en zonas residenciales.

Se trata del programa Empleavit, lanzado en octubre de 2015 por el entonces director del Infonavit, Alejandro Murat, a través del cual se ofrecieron a empleados del instituto créditos equivalentes a 41.2 meses de sueldo con una tasa anual de 4%, a 20 años y sin
intereses.

El actual director empresarial del Infonavit, Sebastián Fernández, obtuvo en diciembre de 2015 un crédito con HSBC por 5.2 millones de pesos para comprar una casa de 22 mdp en la alcaldía Álvaro Obregón.

El 22 de diciembre abrió su crédito con Infonavit y canceló su adeudo con HSBC. Lo mismo hizo José Pelayo, director general de Riesgos, que trasladó al instituto una deuda bancaria por 8.5 millones de pesos, que usó para adquirir una casa en Cuajimalpa, detalla la
investigación.


II

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto perdonó a Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, uno de los principales huachioleros de Puebla. En agosto de 2017, cuando el empresario gasolinero fue detenido en un operativo de la Marina en el que se le se encontraron armas de grueso calibre, la Administración estatal del panista José Antonio Gali Fayad informó que “se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible” y lo vinculó a Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, líder de una banda dedicada a la ordeña de gasolina en Triángulo Rojo (ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México).

Sin embargo, el pasado 1 de marzo Reforma reveló que en agosto de 2018, “El Cachetes” negoció con la PGR (de Peña) declararse culpable de posesión de armas de fuego a cambio de una sentencia de sólo tres años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y beneficios legales para no pisar la
cárcel.

Pese a que dos de sus gasolineras fueron clausuradas, finalmente Muñoz Bravo no fue imputado por robo de
hidrocarburos.

III

Los gobernadores no quieren abucheos y abogan por una ley que los prohíba. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, informó que los mandatarios priistas le pedirán a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que haga un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga contra los abucheos en los eventos de gobierno estatales.

Massieu dijo que la propuesta emanó de una reunión con los gobernadores de su partido, el pasado 3 de marzo. «Nos reunimos con los gobernadores (del PRI) y se busca un pronunciamiento desde la Conago. Este es un tema (los abucheos) de todos, no nada más del PRI», dijo Massieu en conferencia de prensa. Además, informó que los grupos parlamentarios del PRI subirán puntos de acuerdo, a través de los cuales se exhortará al Ejecutivo Federal para que se acabe con esta práctica y que «se explore algún camino jurídico que se pudiera seguir».

Bajo esa perspectiva, ¿también pedirán que se hagan obligatorios los aplausos?

08 Marzo 2019 03:59:00
El socio del poder
El saqueo sistemático e indiscriminado de las arcas estatales, en los sexenios comprendidos entre 2005 y 2017, no debe quedar impune, así sea en Estados Unidos donde se castigue. Quizá la deuda por 37 mil millones de pesos jamás se penalice como tal, pero sí el desvío de recursos para lavar dinero en paraísos

fiscales y comprar empresas y bienes inmuebles, parte de los cuales fueron confiscados por el gobierno norteamericano. Hace dos años, una casa de la suegra del exgobernador Humberto Moreira –adquirida con dinero de los coahuilenses, según documentos de la Corte de Distrito del Oeste de Texas–, fue rematada en San Antonio en 10.3 millones de pesos (Reforma, 27-02-17).

El enriquecimiento flagrante y obsceno de una banda significó la ruina financiera del estado –cada año se destinan alrededor de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto solo para el pago de intereses– y el empobrecimiento de millares de familias. Coahuila es fuerte por quienes no claudican en la adversidad ni se humillan frente el poder. El papel de las cuatro últimas legislaturas –adictas a los Moreira– resultó abyecto y criminal. Legalizar el robo al estado, por la deuda, constituye una bajeza imperdonable.

En esa dinámica perversa, los hombres del poder dieron un paso suicida: se asociaron con la delincuencia organizada para multiplicar sus ganancias (el dinero del erario no les bastaba), desestabilizar municipios gobernados por otros partidos (el caso de Torreón, por donde entraron los Zetas a Coahuila, es paradigmático), sembrar terror (Allende, Piedras Negras, La Laguna) y robar elecciones. Quienes pudieron alzar la voz para denunciar los abusos prefirieron callar; unos por miedo, la mayoría por conveniencia.

Coahuila, de donde surgieron movimientos por la democracia y la legalidad a principios del siglo pasado, es ahora motivo de escarnio dentro y fuera del país por permitir, de sus autoridades, las peores atrocidades. Ni la suma de los gobiernos más nefastos provocaron al estado tanto daño como los últimos dos. La cobardía e indolencia de los presidentes Fox y Calderón, quienes toleraron la corrupción en los estados, y la debilidad y complicidad de Peña Nieto, permitieron a los gobernadores actuar a su arbitrio y sin sujeción a las leyes.

El argumento «ad hominem» sobre la violencia en los últimos años del gobierno de Moreira I y en los primeros del de Moreira II fue «la guerra de Calderón», sin orden ni concierto, contra el crimen organizado. La realidad era distinta. El caos empezó cuando, a partir de Fox, los presidentes se desentendieron de los gobernadores. Convertidos en feudos, los estados no solo empezaron a endeudarse por encima de su capacidad financiera, y en casos como el de Coahuila, sin autorización de las legislaturas locales, sino también a pactar con los cárteles de la droga, a los cuales les cedieron territorio y mando.

La extradición del lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano –supuesto enlace de Los Zetas en Europa– a Estados Unidos, donde será juzgado por lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos, ha causado pánico en algunos círculos de Coahuila por sus implicaciones políticas y judiciales. El caso sacudirá al estado desde sus cimientos por la relación del “Mono” con los poderes públicos –del pasado y del presente–, sus vínculos con empresarios mediáticos y de otros sectores e incluso con partidos. Si en realidad fue traicionado por Moreira I, las consecuencias serán mayores.
06 Marzo 2019 03:37:00
Responsabilidad histórica
¿Asumirá algún día Enrique Martínez (EM) la responsabilidad que le corresponde por el daño causado a Coahuila por el moreirato? ¿Aceptará haber despejado el camino al clan que arruinó al estado o siempre rumiará su culpa a solas? ¿Por qué en la sucesión de 2005, a la hora de la verdad, se dobló frente a Rubén Moreira en su despacho? ¿Miedo a que Humberto emigrara a otro partido, ganara las elecciones –si era el aspirante mejor posicionado en las encuestas fue porque su jefe le dio presupuesto y manos libres– y, en represalia, dañara su imagen y sus intereses? ¿Cómo fue que Moreira lo desplazó en el afecto de Peña Nieto después de haber sido él delegado del PRI en Estado de México cuando el futuro presidente era
gobernador?


Una de las primeras acciones de los Moreira, como déspotas de Coahuila, consistió en demoler el Distribuidor Vial Revolución, la obra insignia de Martínez en La Laguna –también inmolaron su estirpe con la emboscada electoral tendida a su hijo Enrique», me dice un amigo–, sin estudio técnico de por medio. El capricho costó 500 millones de pesos. El exgobernador Martínez tiene ahora 71 años y está retirado de la política, después de haber sido embajador en Cuba. El expresidente Miguel de la Madrid (MM), contaba 75 cuando, en una entrevista con Carmen Aristegui (CA) para el libro Transición, repetida por Noticias MVS el 13 de febrero de 2009, confesó haber elegido a un mal sucesor.

“Me siento muy decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel entonces (1987) no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores”, dijo a la periodista.

De la Madrid calificó de «bueno» el gobierno de Salinas, pero no así el final de su sexenio. “Terminó muy mal, ¿no? Permitió una gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano”.
CA. De Raúl, ¿qué tan grande?

MM. Mucho. Permitió que Raúl y Enrique consiguieran de manera indebida contratos de licitación, ya fuera de obra o de transporte. (…)
CA. Usted creía que Salinas era estudioso, inteligente, honesto, buen muchacho. Y resultó que cometió errores muy serios. El peor, la corrupción.
MM. Sí, y sobre todo de su hermano. Conseguía contratos del Gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes…
CA. ¿Con quiénes?
MM. No sé exactamente, los que le dieron el dinero (160 millones de dólares) para llevárselo a Suiza.

La maquinaria salinista se movilizó para desmentir al expresidente, declararlo enfermo y limitado de sus capacidades. El propio De la Madrid, precisó en un comunicado: “Me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos, mis respuestas –en la entrevista que dio a conocer Carmen Aristegui– carecen de validez».

Sin embargo, Raúl Salinas estuvo preso por lavado de dinero producto del narcotráfico y por el asesinato de su excuñado Francisco Ruiz Massieu.

En 2013, la revista Forbes lo incluyó, junto con Humberto Moreira, en la lista de Los 10 Mexicanos Más Corruptos.

El exgobernador Martínez está en plenitud de facultades. ¿Denunciará algún día a los Moreira, como De la Madrid lo hizo con los Salinas, así sea para tranquilizar su conciencia y reconocer ante los coahuilenses que él también se equivocó de sucesor?
05 Marzo 2019 03:51:00
Clanes y paralelismos
Fue el candidato de la “renovación moral de la sociedad”, pero el columnista Jack Anderson lo acusó de depositar “un mínimo de 162 millones de dólares” en bancos extranjeros (The Washington Post, 15-05-94). El líder mexicano desayunó un día después con la mítica Katherine Graham, presidenta del rotativo que precipitó la caída de Richard Nixon por el caso Watergate, en el marco de una visita oficial a la capital estadunidense; simultáneamente, TWP publicó una nota aclaratoria sobre el tema. Fin de la historia.

El Presidente debió lidiar también con la crisis por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985, ordenados por Rafael Caro Quintero, jefe del cártel de Guadalajara. (El gobierno de Peña Nieto liberó a Caro en 2013, sin haber cumplido la totalidad de su condena. Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por la captura del capo). Otros sucesos que sacudieron su sexenio fueron:

a) El asesinato del columnista de Excélsior Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, atribuido a un alto mando castrense y a otros funcionarios, por las denuncias del autor de Red Privada que los involucraban en delitos de corrupción y nexos con el narcotráfico. Las cabezas de turco fueron José Antonio Zorrilla y Rafael Moro Ávila, director y agente de la Dirección Federal de Seguridad, respectivamente. El primero de ellos era colaborador cercano del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la CFE; y

b) El terremoto del 19 de septiembre de 1985 que dejó al menos tres mil 200 muertos, según el Gobierno. El Presidente se ocultó en Los Pinos por varios días y rechazó la ayuda internacional. El secretario más influyente en el ánimo del jefe de Estado era Carlos Salinas de Gortari (Programación), quien tenía como infiltrado en la residencia oficial a Emilio Gamboa. Dos años después, Salinas se hizo con la candidatura presidencial.

Para muchos, Miguel de la Madrid (MM) fue un Presidente gris, pero comparado con su predecesor (López Portillo) y con su sucesor (Salinas de Gortari), resultó mucho menos perjudicial para el país, desde entonces carcomido por la corrupción. MM podía salir a la calle sin temor y sin recibir insultos, como aquellos. A López Portillo le “ladraban” por su promesa de “defender el peso como un perro”. Salinas —tío de la actual presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, cuyo padre, José Francisco, fue asesinado en los últimos meses del salinato— se convirtió en “el villano favorito de los mexicanos”. Menos para los Moreira, quienes lo trajeron a Coahuila cual héroe nacional. Salinas asistió como testigo al segundo matrimonio de Humberto.

Pues ese Presidente “mediocre” tuvo el valor de reconocer su error por decidir la sucesión de 1988 en favor de Salinas. Le acusó de corrupto junto con su hermano Raúl, quien —él sí— depositó 160 millones de dólares en Suiza. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, De la Madrid lamentó no haber sabido más sobre la moralidad de los hermanos, los cuales, dijo, también tuvieron tratos con el narcotráfico. El expresidente se retractó, seguramente, por presiones de Salinas, Emilio Gamboa y acaso también de su hijo Enrique, quien fue secretario de Turismo con Peña Nieto. Sin embargo, el sexenio de Salinas ha pasado a la historia como uno de los más perversos y venales. Eso nadie lo borra.
04 Marzo 2019 03:55:00
La antesala del infierno
Jorge Torres López (JTL) fue víctima de su ambición y de su cortedad de miras. Los Moreira lo eligieron para oponer el apellido materno al de otra rama de una de las familias otrora más influyentes económica y políticamente de Saltillo. De una de esas bifurcaciones han surgido los tres únicos alcaldes de oposición (Rosendo Villarreal y los hermanos Manuel e Isidro López), postulados por el PAN. Hasta antes del moreirato, Torres había desempeñado cargos secundarios en el servicio público. El clan le prometió El Dorado y cayó en sus redes.

JTL actuó como salvoconducto de los Moreira para penetrar a las esferas sociales y empresariales donde no sólo eran extraños, sino acaso también despreciados. El complejo de clase estuvo siempre a flor de piel en el docenio. Una vez en el poder, Humberto dejó de invitar a las ceremonias del Grito a las “copetonas de Saltillo”.

También se refería a ellas como “las señoras de las rodillas callosas”. Sin embargo, el presupuesto todo lo puede. Los ricos y el poder se criticaban en público, pero en privado se abrazaban. Pasó ayer y sucede ahora.

Los Moreira utilizaron a JTL como puente con la oligarquía local para bloquear al aspirante de esa clase al Gobierno: Alejandro Gutiérrez, quien seis años antes había declinado por Enrique Martínez. Sin el mismo éxito económico que sus primos, JTL se echó en brazos del clan. Las comidas para Humberto y Rubén, en los jardines de su residencia, reunían a legiones. Para entonces ya había vendido su alma al diablo. Hoy vive en el purgatorio y aún le espera el infierno de la extradición.

Cuando JTL se negó a asumir responsabilidades ajenas por la deuda, Humberto Moreira renegó: debí dejar como gobernador interino a Lito (Ramos) y no a Jorge, dijo, palabras más, palabras menos, a un medio local. Sin embargo, quien realmente tomaba las decisiones era su hermano mayor. Rubén Escalante lo reflejó así en una de sus caricaturas en Palabra. Rubén Moreira con un títere en sus piernas: Torres López. Es imposible desvincular a un político sin malicia, como JTL, de su estirpe, habituada a regodearse en las páginas de sociales, en eventos de postín y en los restaurantes de moda. Verlo en la ficha de la DEA como uno de los más buscados debió ser, al menos, bochornoso. La cuna puede brindar estatus, pero no siempre valores; y tampoco, ya se ha visto, impunidad toda la vida.

Torres López no es un mal hombre, pero no eligió bien sus compañías. Se dejó manipular por el clan sin medir consecuencias. Humberto fue el funámbulo. Rubén, el genio de la maldad; corresponsable de la crisis del estado, gobernó despóticamente, fraguó intrigas, aplastó las disidencias dentro y fuera de su partido. Encubrió la deuda y en los últimos años de su gestión desvió cerca de 500 millones de pesos a empresas fachada, según denunció la Auditoría Superior del Estado.

También existen bases para presumir que en la administración de Rubén Moreira se cometieron irregularidades por miles de millones de pesos en la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Utilizó el gobernador a la UAdeC como caja chica para sufragar campañas políticas, de imagen personal y para otros fines? JTL tiene mucho que contar a los fiscales de Estados Unidos sobre el manejo financiero del estado. Los peces gordos siguen libres y la deuda impune, así como las masacres en Allende y Piedras Negras, consecuencia de la expansión de la delincuencia organizada durante el moreirato.
02 Marzo 2019 03:56:00
Pinitos presidenciales
El presidente López Obrador empieza a comprender que “gobernar no es mandar, por mucha mayoría que se tenga”, según advierte el periodista español José Luis Cebrián. En el Conacyt y en la fracturación hidráulica rectificó, pero sigue sin dar cumplimiento al motivo central de su campaña: castigar la corrupción. Los casos los aborda el bisemanario Espacio 4 (608) en su sección de Sombras.

I

Dos casos han manchado la reputación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El primero, el de la modista Edith Arrieta Meza, quien debió renunciar como titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), luego de que se pusieran en duda sus credenciales para ocupar el cargo. Si bien el Conacyt argumentó que Arrieta tiene una amplia experiencia “en trabajo organizativo y de enlace con comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad”, pesó más la presión social. Lo mismo en el caso de David Alexir Ledesma, quien renunció como subdirector y coordinador de Comunicación e Información Estratégica del Consejo, luego de que incluso el expresidente Felipe Calderón pidiera su cabeza por la publicación de fotos de desnudos en sus redes sociales. El Conacyt explicó que Ledesma cumplía con los requisitos para llevar adelante la estrategia digital y de redes sociales de la dependencia, pero la presión dentro del propio Consejo obligó a solicitarle la renuncia.

II

Los intereses privados están pesando más que el de los ambientalistas en el sector energético. La Alianza Mexicana contra el Fracking denunció que el 11 de febrero, durante la Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se presentó y aprobó la resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción, correspondientes a las Asignaciones AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca Tampico Misantla, en el estado de Veracruz. Se trata de la aprobación de exploración en formaciones no convencionales que incluye autorizar el uso de fractura hidráulica. “Resulta alarmante que, mientras el Presidente reiteró el pasado 4 de febrero su compromiso de no permitir el fracking, los planes de Pemex y los permisos de CNH para realizar la práctica en formaciones no convencionales continúen ignorando lo expresado por el jefe del Ejecutivo”, denuncia la ONG, integrada por más de 40 organizaciones de diversos estados del país.

III

La avaricia de funcionarios corruptos ha puesto en riesgo la vida de muchas personas en Chiapas. El 17 de febrero, Reforma reveló que líderes estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud encontraron cajas de medicinas almacenadas en cuatro bodegas, las cuales fueron adquiridas en 2016, pero no se distribuyeron a los hospitales, pues la intención era “recomprarlos” posteriormente, a un precio mayor y mediante asignaciones directas. La situación es grave dado que algunos hospitales habían reportado desabasto de algunos de estos medicamentos, en particular los que se utilizan para el tratamiento del dengue, una enfermedad que el año pasado se cobró la vida de 33 personas. Se trata de la cifra más alta de muertes por esta enfermedad en el sexenio del gobernador Manuel Velasco. En abril de 2017, ocho enfermeras, que se declararon en huelga de hambre para exigir la restitución de sus pagos, demandaban el abastecimiento de medicamentos en hospitales y presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
01 Marzo 2019 03:43:00
Cuestión de honor
¿De veras estás bien? ¿No te duele nada?», preguntó sorprendido y jadeante Porfirio Muñoz Ledo —apoyado por dos ayudantes— a un enhiesto Eliseo Mendoza Berrueto, quien le esperaba en el restaurante del Camino Real para desayunar con un grupo de amigos entre los cuales me incluyó. Era 24 de mayo de 2014. El exlíder del PRI y del PRD visitaba Saltillo para participar en la Feria del Libro que Rubén Moreira se llevó a Arteaga por mezquindad política; megalómano, no deseaba compartir reflectores con el alcalde panista Isidro López.

Muñoz Ledo cuenta ahora 86 años y preside la Cámara de Diputados. Mendoza Berrueto cumplirá pronto 89, y en el momento que refiero lideraba el Congreso local. El exgobernador se recupera de un reemplazo de rodilla y pronto regresará al ruedo como los maestros del toreo. Los políticos de antaño, salvo excepciones, se diferencian de los actuales por su compromiso con el país (aclaración de interés: fui colaborador en el Gobierno de Mendoza), formación y espíritu de servicio. Se les podía tachar de populistas o de tecnócratas, pero no de corruptos; hoy, la mayoría accede al poder para amasar fortunas. Andrés Manuel López Obrador abrevó de aquellas fuentes y no de balde es el Presidente más legitimado.

Como reportero he tratado a los últimos nueve gobernadores. En los primeros meses de la gestión de Óscar Flores Tapia, publiqué una columna —en Noticias de Torreón— en la que abogaba por Eulalio Gutiérrez Treviño, en quien se cumplía la sentencia de Giulio Andreotti según la cual «El poder desgasta sobre todo cuando no se tiene». El Gobierno entrante y la opinión pública lo querían crucificar por una deuda de 500 millones de pesos por impuestos no enterados a la Secretaría de Hacienda.

Luego de leer el texto, Humberto Gaona, quien había sido jefe de Prensa de don Eulalio y entonces se desempeñaba como subdirector del diario, me aconsejó enviar la columna al exgobernador. «Le va a caer bien, pues nadie lo ha defendido». No lo hice. En primer lugar, porque no era una defensa, sino una opinión sobre un gobernador decente que había confiado en su equipo de trabajo; y, en segundo lugar, porque no es papel de quien escribe hacer propaganda; ya sea para congraciarse o para presionar. Con publicar basta.

El gobierno de Mendoza Berrueto cometió errores, pero fueron más los aciertos. Dejó finanzas sanas, carreteras concesionadas y resolvió demandas seculares como la del puente en Juárez. De no haber tenido la paciencia de Job, el don de la perseverancia y la persistencia del martillo, no se habría construido la autopista Saltillo-Torreón (no de la calidad y las características deseadas, pero fue mejor que nada) ni el libramiento La Carbonera-Ojo Caliente, uno de los más rentables, cuya venta posterior permitió pagar deudas de la siguiente Administración. Tampoco se habría dotado a la entidad de ingresos propios para obras y servicios. Empero, el Impuesto Sobre Nóminas —la mayor fuente de recaudación directa—, se escamoteó después a los municipios con la complicidad —o cobardía para defenderlo— de los organismos empresariales.

En días pasados se publicó una nota del Instituto de Pensiones del Estado, cuyo director es José Luis Moreno, según la cual Mendoza Berrueto, quien fue su jefe en la LIX Legislatura, cobra una pensión mensual por 74 mil 725 pesos (Zócalo Saltillo, 22.02.19). La réplica del exgobernador fue tajante: «jamás he sido pensionado del Gobierno estatal. (…) No tengo idea sobre el origen de esta falsa noticia». Carece de fortuna y de negocios, pero tiene honor, algo que, cuando la política se ha envilecido y la lealtad a las instituciones es un anacronismo, ofende a quienes no lo tienen.
26 Febrero 2019 03:30:00
Los padres de la crisis
Humberto y Rubén Moreira son los principales responsables de la crisis financiera e institucional de Coahuila, la peor en la historia del estado. Su legado –deuda, masacres, desapariciones forzadas y envilecimiento político– es indeleble. También lo es el repudio social hacia una marca sinónima de corrupción, nepotismo e impunidad. Empero, no actuaron solos.

Para hacerse con el poder, al cual, hasta antes de 2005, habían accedido figuras con experiencia en el servicio público, no exentas de fracasos y aspiraciones fallidas, tuvieron la complicidad –por acción u omisión– de una clase política desleal, oportunista y pusilánime, un empresariado mayoritariamente atento a sus intereses y sectores de la prensa acríticos y ávidos de negocios.

La captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 5 de febrero, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde será enjuiciado por lavado de dinero y fraude bancario, puso a los Moreira de nuevo bajo los reflectores. Pues ni Torres, ni el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, ni los funcionarios involucrados en la contratación ilegal de la megadeuda y el desvío de recursos a empresas fantasma, actuaron motu proprio.

Para recibir menores sentencias y otros beneficios, Villarreal y el empresario mediático Rolando González Treviño confesaron –frente a fiscales de Estados Unidos– haber seguido instrucciones de Humberto para lavar dinero del erario de Coahuila en bancos, inmuebles y radiodifusoras. Gran parte de la riqueza obtenida ilícitamente permanece oculta. Ranchos, fraccionamientos, plazas comerciales y otros negocios se encubren con
prestanombres.

Sin estatus social ni económico, y con un pasado oscuro, el clan necesitaba, primero, el padrinazgo de una figura política relevante. En la sucesión de 1999, Humberto utilizó el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) para captar clientelas políticas (repartió certificados de alfabetización cual confeti) en contra del proyecto del gobernador Rogelio Montemayor, quien, en respuesta, promovió su despido como delegado del INEA. Enrique Martínez lo acogió en sus filas y más tarde le encomendó la operación electoral de su campaña.

Moreira inició su propia carrera por la gubernatura desde la Secretaría de Educación (1999-2003), y la continuó como alcalde de Saltillo (2003-2005), a ciencia y paciencia de Martínez, quien le toleró todo: manejo discrecional y sobreejercicios presupuestarios, abandono de responsabilidades y endeudamiento municipal. Incluso detuvo denuncias contra su colaborador por el supuesto desvío de recursos y por actos de campaña anticipados, los cuales lo inhabilitaban para ser candidato a gobernador, de acuerdo con el Código Electoral del Estado.

La labia y la astucia de Humberto eran proverbiales. Cuando Martínez aspiró a la candidatura presidencial –sin la menor posibilidad de obtenerla– Moreira atizó la hoguera de sus vanidades. Eliminado de la competencia nacional, el gobernador quiso retomar los hilos de la sucesión en el estado, pero el clan (Humberto, Rubén, Carlos y Álvaro) le habían tomado la medida y conocían sus debilidades. Estaba derrotado.

El buen gobierno de Martínez –con obra, infraestructura y deuda mínima, aunque poco democrático– palidece frente a los desmanes de un docenio infame del cual es corresponsable por su permisividad. Años antes de morir, el presidente De la Madrid reconoció haberse equivocado con Salinas de Gortari, a quien tachó de corrupto junto con su hermano Raúl. ¿Algún día hará lo mismo Enrique Martínez con respecto a Humberto y Rubén?
25 Febrero 2019 03:39:00
Los retos de Cárdenas
El informe de Miriam Cárdenas, el 14 de febrero, revistió particular interés por el involucramiento de jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en el fraude del Infonavit cometido en las administraciones de Alejandro Murat (actual gobernador de Oaxaca) y David Penchyna (exvocero de Humberto Moreira en el y expresidente de la Comisión de Energía del Senado). La estafa ocurrió en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, pero sobre todo en Coahuila. Se trata de uno de los actos de corrupción más deleznables en el sexenio de Peña Nieto, pues afecta a 300 mil trabajadores cuyo único patrimonio es su vivienda.

Cárdenas modificó el orden de su informe para abordar el caso que, dijo, representa “una situación inédita” en el Poder Judicial del Estado. La primera consecuencia ha sido la suspensión de seis jueces (cuatro de Torreón, uno de Parras y otro de Sabinas) y 12 secretarios de Acuerdo y Trámite acusados de faltas administrativas “graves y muy graves” en la tramitación de juicios. La magistrada no citó al Infonavit, de cuyo último director (Penchyna) fue compañera en la LXII legislatura federal; ella como diputada y él como senador.

El procedimiento administrativo, a cargo del Consejo de la Judicatura, determinará el tipo de sanción contra los funcionarios del TSJE, entre los cuales, inexplicablemente, no figura el magistrado Jesús Sotomayor, cuyo cacicazgo en La Laguna es pernicioso. La Fiscalía General y la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción también deberán hacer su parte y fincar responsabilidades a los jueces y secretarios que incurrieron en delito.

En Nayarit, el Ministerio Público y el Congreso han sido más expeditos. Los magistrados Pedro Antonio Enríquez y Jorge Ramón Marmolejo y los jueces Braulio Meza, Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez y Baldomero Zamora fueron desaforados en diciembre pasado. Afrontan cargos por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, tráfico de influencias y falsificación de documentos (El Heraldo de México, 21-12-18).

El caso brinda la oportunidad de demostrar que “en Coahuila nadie está por encima de la ley”, según advirtió Miguel Ángel Riquelme, para estar a tono con el presidente López Obrador. Ser calificada por el gobernador como “una de las abogadas y juristas más importantes de nuestro país”, le franquea a Cárdenas el paso para un segundo periodo en la presidencia del TSJE, pero antes la compromete a llevar el caso del Infonavit hasta sus últimas consecuencias.

El desvío de recursos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia a Ficrea –bajo el Gobierno de Rubén Moreira y la presidencia de Gregorio Pérez– sigue impune. De acuerdo con las cifras presentadas por Cárdenas, las “inversiones” en la financiera popular, cuyo nombre omitió, ascendieron a 89.9 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 23.9 millones de pesos; el resto, 66 millones, aparecen como “cuentas por cobrar”.

¿Por qué usar eufemismos en lugar de llamar a las cosas por su nombre?

Los emisarios del “moreirato” en el máximo órgano judicial del estado representan una afrenta. Acaso por ello el deslinde de Cárdenas, quien demostró carácter y además tiene un nombre que debe cuidar: “He presentado este informe (…) con la convicción de que se puede mejorar la impartición de justicia y con el orgullo de ser honesta y trabajadora”. Pocos en el TSJE pueden decir lo mismo. La mayoría deshonra la toga.
23 Febrero 2019 04:00:00
Los laureles de Dafne
Mientras en México se debate sobre la Guardia Nacional y se emprenden acciones para atacar la finanzas de la delincuencia organizada, cuyo capitales lava en distintos sectores, una estudiante que aún no cumple la mayoría de edad pone en alto el nombre del país en la universidad más antigua de Estados Unidos y una de las tres más prestigiosas del mundo, entre cuyos alumnos han figurado estadistas (Kennedy y Obama) y los fundadores de Microsoft (Bill Gates) y Facebook (Mark Zuckerberg). Son los temas de las sección de Luces de la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

I
Tiene 17 años y es orgullosamente mexicana. Dafne Almazán Anaya se ha convertido en la primera menor de 18 años en matricularse en una maestría en Harvard en un siglo. A los 10 años ya había terminado la preparatoria y a los 13 se graduó como licenciada en Psicología por el Tecnológico de Monterrey. A los 16 años concluyó una maestría en Educación con Acentuación en Mecanismos de Enseñanza-Aprendizaje en la misma institución. Hoy, está empezando su segunda maestría: Enseñanza de Matemáticas, una formación académica que se enfoca en técnicas y modelos para la enseñanza de matemáticas, nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard. La joven espera graduarse en mayo de 2020, a los 18 años, lo que la convertiría en uno de los pocos estudiantes de Harvard que han obtenido este grado a esa edad. Almazán Anaya tiene ya dos certificaciones en Harvard: Educación Diferenciada y Técnicas de Aprendizaje Significativo y posee un coeficiente intelectual superior a los 130 puntos. Luz para la psicóloga más joven del mundo.

II
Los acusados de robo de combustible, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte o a casa habitación, feminicidio, abuso sexual de menores, desaparición forzada y uso de armas exclusivas del Ejército enfrentarán los cargos que se le imputan en prisión y sin derecho a fianza. El 20 de febrero, en medio de una polémica por la renuncia de legisladores del PRD que votaron a favor de Morena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. La reforma ya había sido aprobada por el Senado y ahora será sometida a consideración de los congresos locales. Si bien la reforma busca evitar las llamadas «puertas giratorias» de las detenciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) considera que la prisión preventiva oficiosa resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues deberían ser un juez y no el Ministerio Público quien la determine para cada caso.

III
Por años, se ha dicho que para que el combate al narcotráfico sea exitoso se deben atacar las finanzas del crimen organizado. Esto es justamente lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que desde el 1 de diciembre ha bloqueado 308 cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero por más de 920 millones de pesos. El titular de la dependencia, Santiago Nieto, informó que 50 cuentas pertenecen a personas directamente vinculadas al delito y 258 a terceros. Nieto destacó que la suma de recursos inmovilizados en el sistema financiero rebasó en dos meses los 800 millones de pesos que en 2018 aseguró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). También señaló que la UIF ya ha presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las cuentas bloqueadas, destacan las de personas vinculadas al robo de hidrocarburos, a la corrupción política y al crimen organizado.
22 Febrero 2019 03:32:00
Mitos y verdades
México genera 1.9 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos cada año, de las cuales sólo una cuarta parte se estabiliza y recluye en instalaciones apropiadas bajo la supervisión de autoridades federales y locales competentes; del resto se ignora su destino, pero sea en ríos, arroyos o basureros a cielo abierto donde se viertan, son un riesgo inminente para la población, la flora y la fauna, pues contaminan el suelo, el aire y el acuífero. La industria de Coahuila genera alrededor de 86 mil toneladas, equivalentes al 4.5% del volumen nacional.

El 15 de febrero visité, junto con un grupo compuesto por activistas ambientales independientes, empresarios, académicos y periodistas, el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari) que el Grupo Ecolimpio, fundado hace 25 años, gestiona en General Cepeda desde agosto de 2016 a través de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte. Se ha dicho y publicado que quienes transponen el vallado sufren trastornos, mutaciones, molestias y no sé cuántos efectos más. También, que, para protegerse de las 10 plagas bíblicas, antes de entrar es preciso ingerir compuestos esotéricos, vestir trajes de astronauta y, por si las dudas, cargar con una pata de conejo.

Patrañas para confundir, provocar miedo, lucrar con la ignorancia y llevar agua a molinos políticos, religiosos y económicos. Al Cimari se accede por una carretera cuyo pavimento ya quisiera cualquier colonia residencial; no hay barreras ni limitaciones para preguntar o tomar fotografías. Después de la exposición de Javier Calderón, director de Ecolimpio, sobre el Cimari, y del recorrido, en el cual también participaron Daniel Calvert, presidente del grupo, su esposa Blankis y su hija Sofía (¿quién, en sus cabales, expondría a su familia a contagios o males incurables, en caso de existir?), sentimos el deseo mundano de tomar un buen tequila antes de la comida.

A México le sobran razones para el escepticismo, pues la corrupción lo invade todo. Lo hemos visto en los primeros meses de la cuarta transformación. Dondequiera que se pincha sale pus, incluso en el sistema de guarderías. Los grupos que alucinan armas químicas y monstruos de mil cabezas en el Cimari de General Cepeda deberían preocuparse mejor por las más de 60 mil toneladas de desechos industriales sobre las cuales no existe control alguno.

La actitud del obispo Raúl Vera –químico y dominico–, cuyo trabajo en otros campos es plausible, desconcierta. No así la de politicastros del PRI y del PAN que actúan por consigna de caciques, como el exalcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora, uno de cuyos hijos participó en el bloqueo de la carretera Saltillo-Torreón, para complicarle aún más la vida al gobernador Miguel Riquelme.

Entre técnicos y operarios calificados, el Cimari ocupa a 150 personas, la mayoría de las cuales pertenecen a comunidades vecinas. De acuerdo con la norma federal (Semarnat), un confinamiento necesita estar alejado de la población más próxima un kilómetro, y la población no debe exceder los mil habitantes. Entre las instalaciones del Centro de Residuos de Ecolimpio y el ejido San José de la Noria, donde habitan 90 personas, medían cinco kilómetros en línea recta. Una de las formas de contrarrestar el calentamiento global –ese sí real, no las quimeras mitológicas– consiste en construir más Cimaris, como el de General Cepeda, para lo cual hacen falta empresarios de la talla de Daniel Calvert y de su familia. A Dios los que es de Dios y al César lo que es del César.
20 Febrero 2019 03:38:00
Monólogo del poder
Andrés Manuel López Obrador era olímpicamente ignorado cuando pedía debatir con los presidentes de turno. Fox y Calderón lo retan hoy a discutir sobre cuestiones patrimoniales y obtienen la misma respuesta. Los exmandatarios tiraron por la borda la oportunidad de cumplir el cambio ofrecido por el PAN desde su fundación en 1939. El compromiso consistía en combatir la corrupción, pero hicieron la vista gorda, según lo refleja el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El desencanto ciudadano con el PAN sobrevino en 2006. Fox trató de eliminar a López Obrador de la carrera presidencial, e incluso lo desaforó del Gobierno de Ciudad de México, pero en lugar de hundirlo lo catapultó. Calderón ganó por los pelos con la ayuda del Instituto Federal Electoral (hoy INE). Jamás un presidente había alcanzado el poder con un margen tan raquítico, de apenas seis décimas de punto. Tal como Salinas negoció con el PAN 18 años atrás para legitimarse, Calderón hizo lo mismo con el PRI, sin éxito, pues la sombra del fraude siempre les acompañará.

Calderón no resultó tan mal presidente como Peña Nieto y acaso no fue corrupto, como alega. Sin embargo, tampoco utilizó los instrumentos a su alcance para frenar el robo a los erarios estatales (tampoco hizo nada contra el huachicoleo; al contrario, se incrementó en su sexenio) ni encarceló a ningún gobernador, a pesar de haber tenido elementos para hacerlo (la deuda fraudulenta de Coahuila), pero al menos tuvo el valor de afrontar a los caciques locales. La guerra contra la delincuencia organizada también llevaba dedicatoria para ellos, por haberse coludido con el narco e incendiado el país.

Calderón –como Peña– destrozó a su partido y el PAN no pudo conservar el poder otros seis años. La muerte trágica del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dejó sin carta fuerte al presidente para la sucesión de 2012. Josefina Vázquez no era su candidata y así lo demostró al decantarse por Peña, con tal de cerrarle el paso a López Obrador. El objetivo se logró, pero el país pagó un costo demasiado alto: corrupción escandalosa en los estados y en la Federación, más muertos y desaparecidos con respecto al gobierno calderonista y descrédito internacional.

AMLO tiene hoy la sartén por el mango: apoyo social como ninguno de sus predecesores, excepto Lázaro Cárdenas y tal vez López Mateos; mayoría en el Congreso (desde la segunda mitad del sexenio de Zedillo, el país registraba gobiernos divididos); oposiciones débiles y fragmentadas, y control en los estados a través de los superdelegados, los cuales atraen reflectores y restan autoridad a los gobernadores; excepto, claro, a los de Morena. La situación debe resultar bastante incómoda para los mandatarios locales, después de haber sido absolutos en los 18 últimos años.

El Presidente debate y dialoga consigo mismo… y no siempre está de acuerdo. En su fuerza radica también su principal debilidad. Vuelvo al escritor italiano Baldassare Castiglione, autor del tratado El Cortesano: “Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”. Y AMLO empieza a querer cosas que, por bien del país, no debería. Fox y Calderón no pueden hacer, desde el resentimiento, lo que, como presidentes, fueron incapaces de cumplir para evitar el triunfo del populismo. Ellos, junto con Peña, encumbraron a AMLO.
19 Febrero 2019 03:58:00
Los extraditables
El Índice de Estados Frágiles (FSI) del Fondo para la Paz menciona de refilón el caso de 11 gobernadores mexicanos (un tercio del total) investigados por delitos de corrupción. De esa manera significa la expansión del fenómeno y el peligro inherente para la estabilidad del país, junto con la violencia y el déficit creciente de estado de derecho.

El FSI no cita a los políticos, pero son fácilmente identificables. Entre ellos: Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua (el primero encarcelado y el segundo prófugo); Guillermo Padrés, de Sonora, en libertad provisional; Roberto Borge, de Quintana Roo, preso; Jorge Torres, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, en proceso de extradición. Luego de cinco años en cautiverio, Andrés Granier, de Tabasco, terminará de purgar en su domicilio una condena de 12 años por peculado.

Luis Armando Reynoso, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido en 2015. Recibió una sentencia de cinco años y 10 meses por peculado y ejercicio indebido de funciones. Además, deberá pagar 32 millones de pesos como reparación del daño al erario. Está libre, pero enfrenta otros cargos.

El 9 de abril de 2017, autoridades de Italia y Estados Unidos, apoyadas por la Interpol, capturaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia. Un año después fue extraditado a Texas, bajo cargos de lavado de dinero, contrabando de drogas y delincuencia organizada. El político habría aceptado sobornos de los cárteles del Golfo y de Los Zetas. El caso empezó con la declaración de un testigo protegido de la DEA, quien lo acusó de blanquear dinero para ambas organizaciones.

A Humberto Moreira (HM) lo investigan en España donde estuvo detenido –del 15 al 22 de enero de 2016– a solicitud del Gobierno de Estados Unidos. Se le acusa de lavado de dinero y malversación de fondos. Rolando González, uno de sus prestanombres, se declaró culpable e involucró al exmandatario y a funcionarios de su administración en la compra de estaciones de radio con recursos del estado. Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, lo acusó frente a los fiscales Rusell Leachman y José Grinda, en San Antonio, de haberse apropiado de alrededor de 3 mil millones de pesos (El País, 16.11.18).

De los tres gobernadores que son investigados y figuran en la lista de “los 10 mexicanos más corruptos de 2013” de la revista Forbes, dos están presos: Andrés Granier y Tomás Yarrington. El único en libertad es Moreira.

En la Corte Penal Internacional (CPI) existen demandas contra el Gobierno de los hermanos Moreira por supuestos crímenes de lesa humanidad. Las solicitudes fueron presentadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), diversas ONG de México, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el ahora senador Armando Guadiana, por los asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2009 y 2016 en Allende, el penal de Piedras Negras y otras regiones del estado.

Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, acusó a Los Zetas, a autoridades del estado, a las policías municipales y a la Policía Estatal Acreditable de haber cometido “crímenes de lesa humanidad en un contexto de innegable colusión”. Reyes declaró –en rueda de prensa– que en la administración de HM el cártel tuvo el control del territorio, lo cual le permitió cometer las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. También dijo que en el Gobierno de Rubén Moreira se incrementaron los casos de privación de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos (Eje Central, 05.07.17).
18 Febrero 2019 04:00:00
La inmunda corrupción
En su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador se escandalizó por el puesto de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: “Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados; pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos”. Para más inri, el país cayó otros tres lugares en el IPC 2018 y hoy se ubica en el 138 (de un total de 180), de acuerdo con Transparencia Mexicana (TM).

AMLO sentenciaba el 1 de diciembre pasado, desde la tribuna del Congreso: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”. Para el director de la oficina en México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”.

El juicio vale para el sexenio de Peña Nieto y los primeros meses del nuevo Gobierno. El Presidente ha preferido mirar hacia otro lado en los grandes casos de corrupción: Odebrecht, “Estafa Maestra” y el robo de combustibles desde Pemex. “(…) nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico; estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción pública y privada”.

El Presidente formulaba un compromiso: mejorar la posición de México en el IPC citado por él. Pero sin enjuiciar a los corruptos por las vías institucionales pertinentes, ¿cómo lograrlo? “Si el país puede o no erradicar la corrupción tendrá un gran impacto en la legitimidad del estado de la nación, y su capacidad para hacer frente a la amenaza de violencia tendrá un impacto similar en su estabilidad”, dice el Fondo para la Paz con respecto a México en el índice 2018. Uno de los países con mayores problemas de gobernabilidad, ingreso y desarrollo humano, según el IPC, es el nuestro.

El descenso de tres sitios en el IPC le restó a México un punto; ahora tiene 28, muy lejos de Canadá (81), Estados Unidos (71), Chile (67), y siete por debajo de Brasil (35). Sus vecinos más próximos en la lista son Guatemala (27) y Nicaragua (25); el primero está en la zona de “alta advertencia” del Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz, y el segundo en la de “advertencia elevada” junto con México. Entre 35 los socios de la OCDE, ocupamos el último lugar.

TM no se va por las ramas: “México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado las instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos”. Nada de perdón y olvido. AMLO debe activar cuanto antes los mecanismos que permitan enjuiciar a los venales y confiscar el dinero y las propiedades obtenidos ilícitamente. Solo así podrá atacar la “inmunda corrupción pública y privada” y alejar a México de los Estados fallidos.
16 Febrero 2019 03:24:00
Realidad irrefutable
El erudito Jaime Torres Mendoza publica en el número 607 del bisemanario Espacio 4 un texto recomendable, como son todos los suyos, donde relaciona los arcanos de la fotografía y su intemporalidad con la realidad de nuestro país, reflejada a través de la prensa –amarillista, seria y de espectáculos–. Una refutación a la retórica oficial. Comparto a continuación algunas partes.

“Una fotografía trasciende el mero y evidente ámbito de reproducir una imagen; es, más bien, un mapa de la memoria, una guía para transitar en un tiempo que no es el nuestro, un misterio que se intenta desentrañar desde el silencio del documento gráfico que nos interpela. Frente a ese documento iconográfico se abre la duda y después de la duda está la incógnita, idéntica a un abismo, profundo y oscuro.

“A pesar de eso, el documento fotográfico ilumina porque su requisito fundamental es ser un soporte de precisión que permite transmitir y, a la vez, conservar algún tipo de experiencia ocurrida como evento a una persona o a una sociedad en algún momento determinado en el tiempo.

“Una fotografía configura una serie de conexiones, incrustadas, almacenadas, en el conjunto de la historia. Cada papel, cada idea, cada acción, cada pensamiento, modifica sustancialmente las conexiones dentro de esa vasta red. Con todo ello, la historia se fortalece, se debilita, o se forman nuevos hechos. La esencia física del acontecimiento y, digamos, espiritual en el ámbito del contenido y sus alcances, cambia; incluso cuando se ignora la existencia del documento.

“Como todo documento, la fotografía es una metáfora que encierra un gran misterio. Siempre será una incógnita la sonrisa congelada en la imagen; jamás podrá saberse el sentido de la mirada triste y melancólica que sostienen los personajes atrapados ahí; nunca sabremos el grado de profundidad en los campos de significación para los protagonistas respecto de los objetos que logró capturar la cámara y que se encuentran en su entorno inmediato y, por supuesto, nos está vedado el espacio íntimo donde se abisma la emoción. (…)

“Cuando un espectador se acerca a una fotografía, viaja en la memoria muchos años atrás y se instala en un universo que ya no es pero que, paradójicamente, sigue estando ahí, y, por lo tanto, es. Ese es el poder de la imagen atrapada en una fotografía, ese es su misterio. Una fotografía colorea la memoria, tanto individual como colectiva para dar nueva vida a un instante impasible del pasado que impacta de manera contundente en la vorágine del presente porque cuenta el universo completo de una historia.

“El desafío que plantea una fotografía es la realización de un ejercicio hermenéutico donde quizá podamos desentrañar cada historia para escribirla en nuestro tiempo y, tal vez, en ese mismo acto de introspección, simbólicamente podamos también escribir la nuestra y resignificar los eventos que configuran hoy nuestra existencia.

“Por eso invito a los lectores a observar las fotografías de violencia que aparecen en los periódicos amarillistas, las fotografías solemnes que nos venden los diarios serios, las que nos entregan con morbo las revistas de espectáculos. Deténgase un instante en ellas porque ahí está la verdad de este país, no en los discursos vacuos de los políticos”. (Versión completa en la dirección web http:/www.espacio4.com/)
15 Febrero 2019 03:49:00
Más ruido que nueces
México superó el peligro por la elección de Donald Trump y le ha plantado cara en el tema del muro fronterizo, pero “su resistencia a largo plazo todavía será probada por los problemas arraigados de la violencia y la corrupción”, dice el Fondo para la Paz en su Índice de Estados Frágiles 2018. En los primeros meses del Gobierno de López Obrador ha habido más ruido que nueces con respecto a esos y otros temas. Los mexicanos votaron para ver paz en sus calles y a los corruptos entre rejas. En tan corto tiempo no pueden esperarse resultados espectaculares, pero preocupa que el discurso y la estrategia del primer presidente de izquierda vaya ahora en sentido contrario.

La apuesta de AMLO por la Guardia Nacional –pendiente de aprobación en el Senado– genera dudas y rechazo por el riesgo de militarizar el país y vulnerar aún más los derechos humanos. El Presidente no parece dispuesto a cumplir su promesa de castigar a los políticos y funcionarios venales de los últimos sexenios, pero ni la Guardia ni la amnistía han recibido el respaldo que obtuvo en las urnas. Menos la segunda, pues supone premiar a quienes robaron a la nación y a la mayoría de los estados.

AMLO centra la lucha contra la corrupción en el huachicoleo, el cual, sin ser menor, es apenas la punta del iceberg. La mayoría de los agentes políticos apoya la medida, pero el desabasto de combustibles provocó malestar ciudadano y pérdidas millonarias. Además, la explosión en Tlahuelilpan, causante de la muerte de al menos 130 personas, y el cierre posterior de ductos, exhibió fallas de planeación y de respuesta para afrontar la emergencia y la demanda de gasolinas.

En “Estados Fallidos: definiciones conceptuales” (2009), Gabriel Santos Villarreal, investigador parlamentario, apunta: “El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un Estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro/informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas, aunque no compitan con el Estado, y otros factores”.

Los niveles de aprobación de López Obrador todavía son elevados, pero declinarán si insiste en polarizar al país y tarda en brindar resultados en seguridad, combate a la corrupción y economía. Máxime porque un sector de la opinión pública se muestra cada vez más escéptico e inquieto por el rumbo del país bajo la nueva administración. En su columna “Llegaste tarde, AMLO”, Jorge Suárez-Vélez enciende la alarma: “El proyecto de López Obrador es ideológico, no político. Pero es su extrema ineptitud en el manejo de la economía lo que hará que su proyecto naufrague. A quienes nos oponemos a él nos toca, además de poner el reflector sobre los graves errores cotidianos, impedir que el daño estructural sea tal que provoque una situación de retroceso irreversible, aun cuando alguien apto tome después la rienda de este Gobierno” (Reforma, 11.01.19).
13 Febrero 2019 03:56:00
La frontera del caos
Después de tres sexenios de alternancias fallidas entre el PRI y el PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador lidia con el país caótico que, desde la oposición, contribuyó a modelar y ahora, en la Presidencia, parece querer continuar.

Desde 2005, cuando el Fondo para la Paz (FFP) empezó a publicar el Índice de Estados Frágiles (FSI, por sus siglas en inglés), México se localiza en la zona de Estados “en peligro”. En 2017 sufrió el peor retroceso en una década, entre otros factores, por la corrupción política, la violencia –el Instituto Internacional de Prensa lo declaró el más peligroso para los periodistas; 66 fueron asesinados en el sexenio de Peña Nieto, según Reporteras en Guardia–, la falta de estado de derecho y la desconfianza en las instituciones.

El FFP evalúa anualmente a 178 países de acuerdo con 12 indicadores. Cada uno se califica del uno al 10; mientras más alta es la puntuación, mayor el riesgo. Con 71.5 puntos, México ocupa el lugar 94 y se ubica en el rango de “advertencia elevada” junto con Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras y otros 21 Estados. Canadá tiene 21.5 puntos y es el único de América en la categoría mundial de “sostenible”. Uruguay supera a Estados Unidos entre los “muy estables”; Chile, Costa Rica, Argentina y Panamá son de los “más estables”.

México empeoró en los indicadores de aparato de seguridad (8.5 puntos), agravio de grupo (6.9), desarrollo económico desigual (5.8), legitimidad del Estado (6.2), servicios públicos (6.5) y derechos humanos (6.2). Antes de las elecciones de 2018, el FSI advertía: “Casi 90% de los mexicanos ve al estado y al Gobierno

federal tan profundamente corruptos, que ha erosionado la base del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto”.

Algunas características de los Estados fallidos son: Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio del uso legítimo de la fuerza; erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; incapacidad para suministrar servicios básicos; e incapacidad para interactuar con otros Estados como miembro de la comunidad internacional. (Wikipedia) Entre los 13 países peor calificados en el FSI de 2018 figuran Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Siria y Afganistán.

La corrupción alcanzó en el gobierno de Peña Nieto cotas inéditas y los asesinatos superaron el registro de cualquier otro sexenio incluido el de su predecesor panista, Felipe Calderón. El año pasado fue el más violento con 28 mil 816 homicidios, 15% por encima del anterior, según la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. La cifra equivale a 23 muertes por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es de 6.2. Casi el 45% de los casos ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo. Coahuila figura entre los estados con menores tasas (7.6).

Además de perder el monopolio de la violencia con el crimen organizado y el control de algunas regiones del país, otro de los problemas lo representa la fragilidad de sus instituciones. El Estado ha sido incapaz de erradicar y castigar el robo de combustibles, en Pemex y en la red de ductos.

El fenómeno no es nuevo, pero se agravó en el gobierno de Peña Nieto. Por otra parte, las huelgas en Tamaulipas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán y Oaxaca, tolerados por el Gobierno de López Obrador, pueden empujar a México a la zona de Estados fallidos.
12 Febrero 2019 03:32:00
Pacto de impunidad
El triunfalismo es pésimo consejero. Peña Nieto llegó al poder no por méritos personales o por tener cualidades de estadista, sino por un pacto con los gobernadores del PRI, que en 2011 eran mayoría y controlaban el Congreso federal, las legislaturas locales y habían cercado, junto con la delincuencia organizada, al presidente Calderón. A cambio recibirían impunidad.

En ese contexto, Humberto Moreira desempeñó un papel relevante. Tanto, que Peña Nieto lo convirtió en líder del PRI, pero no pudo sostenerlo por el escándalo de la deuda contraída con decretos falsos.Moreira salió de escena, pero jamás perdió la protección de Los Pinos.

El Gobierno de Peña Nieto intervino para liberarlo del penal madrileño de Soto del Real, después de haber sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el 15 de enero de 2016, “bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)” (El País, 16-01-16).

La nota, de Pablo de Llano, lo presenta como una “figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional”.

Según la prensa española, la procuradora Arely Gómez fracasó en su intento de obtener información sobre el caso. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR era entonces Raúl Cervantes, amigo de Peña y excolaborador de Moreira en el CEN del PRI. El PAN solicitó la extradición del exgobernador y la extensión de dominio sobre sus propiedades y cuentas bancarias.

El expresidente del PRI salió libre el 22 de enero y de inmediato regresó al país. En México y Coahuila ha sido absuelto por la deuda irregular y la supuesta compra de radiodifusoras con recursos públicos a través de prestanombres. Pero no en España, donde la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación por lavado de dinero y otros delitos después de haber tomado declaración al exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal y a Rolando González Treviño.

El periódico La Jornada publicó el 19 de enero pasado que un juzgado “negó la suspensión provisional solicitada por el exgobernador (Humberto Moreira)” para no ser extraditado a España donde se le acusa de “lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado”. La Dirección General de Estadística Criminal registra los acuerdos 35 principal y 36 incidental con el nombre de Humberto Moreira Valdés contra actos del Director General de Procedimientos Internacionales, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría

General de la República.

Tras la captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 6 de febrero, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres, demandó enjuiciar también a Humberto Moreira.

“El desfalco de la megadeuda es un delito a los ojos de todo el mundo, menos de los cómplices de los Moreira ni del resto de sus secuaces en el estado”, dijo a El Norte (06.01.19). La detención de Torres ha hecho renacer la esperanza de que se castigue a los responsables de la ruina financiera de Coahuila y de la corrupción en los dos últimos sexenios. La pieza principal del entramado es Humberto Moreira; si él cae, Rubén será el siguiente.
11 Febrero 2019 03:40:00
El eslabón más débil
El primer golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción lo asestó en Coahuila con la detención del exgobernador Jorge Torres López (JTL), el 5 de febrero en Puerto Vallarta. Prófugo desde 2014 y uno de los más buscado por la Agencia Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2016, enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude bancario. Estados Unidos investiga a Humberto Moreira (HM) como presunto líder de la conspiración. El exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, lo acusó frente a fiscales de Estados Unidos y España de apropiarse de 3 mil millones de pesos del erario de Coahuila, según dio a conocer el diario El País, el 16 de noviembre pasado (Espacio 4, 606).

La captura y futura extradición de JTL tendrá efecto dominó por la información que posee y por ser el eslabón más débil de la cadena. En el sexenio de HM ocupó puestos clave: secretario de Finanzas, alcalde interino de Saltillo, secretario de Desarrollo Social y Gobernador interino. A él le estalló el escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, adquirida sin autorización del Congreso pero legalizada por los diputados del PRI en 2011. Sin embargo, el verdadero jefe de Torres era Rubén Moreira. La relación entre JTL y HM entró en crisis cuando, según versiones, el primero se negó a firmar documentos comprometedores de la deuda; incluso habría sido atacado por el exgobernador. Jorge Torres McGregor, sobrino de JTL, fue asesinado el 10 de noviembre de 2011. José Eduardo Moreira, hijo de HM, corrió la misma suerte el 3 de octubre de 2012, en Ciudad Acuña.

La tormenta la desató Janice Ellington, juez federal de Texas. En junio de 2014 declaró prófugo a JTL y le confiscó 2.7 millones de dólares depositados en las Islas Bermudas. De acuerdo con la revista Proceso (07-02-16), “Jorge Torres y Javier Villarreal comenzaron a abrir cuentas de inversión en las Bermudas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera al menos en cinco paraísos fiscales. Las autoridades estiman que a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias manejaron más de 35 millones de dólares con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la oficina fiscal de Estados Unidos”.

La revisa cita: “‘Torres y Villarreal abrieron cuentas después de una primera reunión con banqueros de J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas’, precisa el documento de la Corte del Distrito Sur de Corpus Christi con el número de demanda civil 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene una copia. ‘Durante la reunión Torres preguntó a los banqueros si era posible que las transferencias bancarias pudieran ser borradas del sistema para que esas transferencias no aparecieran como enviadas desde México a las Bermudas a través de los Estados Unidos’, precisa el documento oficial”.

El cerco formado por Estados Unidos y España en torno HM y otros funcionarios de su administración, se empezó a estrechar con las declaraciones de culpabilidad de Javier Villarreal y del empresario Rolando González Treviño, hermano de Roberto Casimiro González, dueño de la televisora RCG, quien también ha sido citado en el juicio. La detención de JT es la peor noticia para los Moreira. Y todavía falta la extradición de Juan Manuel Villarreal, “El Mono”, a Estados Unidos. El presunto operador de Los Zetas en Europa se encuentra detenido en España desde marzo de 2016, acusado de blanqueo de dinero y otros delitos.
09 Febrero 2019 04:00:00
Asalto a la nación
En el libro La Era de la Turbulencia: Aventuras en un Mundo Nuevo (2007, Penguin Press), Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, advierte que discrecionalidad es corrupción. Si el sueldo de los ministros de la Corte (388 mil 290 pesos mensuales netos) escandalizó al país, ahora sabemos que el director del Infonavit, David Penchyna, recibía más de 700 mil pesos. ¿Premio por su apoyo a la reforma energética? Este es uno de los temas de la sección de Sombras de la nueva edición de Espacio 4.

I
Mala señal envía el Poder Judicial con la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (PAN), quien tras poco más de dos años de prisión abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para enfrentar su proceso final en libertad condicional. Padrés, quien el 10 de noviembre de 2016 fue detenido por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, pagó una fianza de 140 millones de pesos para recuperar su libertad. Las críticas a favor y en contra de su liberación armaron un revuelo en Twitter. Mientras panistas del estado, incluida la alcaldesa de Hermosillo (encargada del programa CreSer en la Secretaría de Desarrollo Estatal de la administración de Padrés y hoy morenista), festejaron su liberación, la gobernadora Claudia Pavlovic la lamentó y condenó a “quienes traicionaron la confianza de los sonorenses”. Padrés alimentó el fuego con un supuesto audio de Whatsapp donde amenaza: “¡Ya estoy libre, cabrones! ¡Agárrense, hijos de la chingada!”.

II

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit suspendió al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Corona, implicado en un presunto fraude a más de 60 mil derechohabientes del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el exdirector del organismo, el priista David Penchyna, ganaba 700 mil pesos mensuales. “Me enteré que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales en total. Era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, y mucho también el derroche. Era un Gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo”, dijo AMLO en su conferencia matutina del 30 de enero. El Infonavit está inmerso en un escándalo por el despojo de viviendas a más de 300 mil derechohabientes de varios estados que tenían retrasos en el pago de sus créditos inmobiliarios. Para llevar acabo el megafraude, se inventaron juicios, avisos y edictos, en juzgados de Nayarit y Coahuila (Espacio 4 605). En Coahuila, al menos 6 jueces fueron suspendidos por el caso.

III

Y siguen saliendo números del despilfarro en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre 2013 y 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó al menos 573 millones 501 mil 579 pesos en agua, alimentos, banquetes, eventos y fiestas, lavado de vehículos, ropa (no especializada), toallas de algodón y “aterciopeladas”, entre otros. En “souvenirs” gastó 1.1 millones de pesos (mdp); en medallas, 529 mil pesos: en loncheras, 232 mil pesos; balones, maletas y redes de futbol, 190 mil pesos. El gasto más elevado, 316.5 millones de pesos, fue para la adquisición de prendas de vestir no especializadas (camisas tipo polo, chamarras de piel, gorras, pantalones de mezclilla, uniformes deportivos). De acuerdo con el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, urge aplicar un plan de eficiencia, austeridad y anticorrupción, pues la situación financiera “es crítica”. Hasta el tercer trimestre del año pasado, la dependencia federal registró pérdidas por 37 mil 806.3 millones de pesos.

08 Febrero 2019 04:00:00
Corrupción y populismo
La corrupción es un fenómeno mundial. Hablemos primero del continente: Canadá y Estados Unidos la tienen; en Uruguay, Chile, Guyana y Costa Rica –los seis países de América con las mayores calificaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional– también la padecen. A escala global, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, los mejor puntuados, igual lidian con ella. En México, la hidra ha desgastado a las instituciones públicas y privadas y provocado el empobrecimiento de legiones.

La aplicación del estado de derecho determina la salud política y social de un Estado, así como su viabilidad y progreso. No es casual, entonces, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México haya descendido 33 lugares en el IPC (del 105 al 138) y perdido 6 puntos (ahora tiene 28), uno más con respecto a Guatemala, pero muy lejos de Uruguay (70) y Chile (67). La corrupción favorece a las elites: presidentes, gobernadores, legisladores, a los oligarcas y a sus secuaces. Ello explica la reacción de Montescos y Capuletos frente a la decisión del Presidente de “barrer la escalera de arriba para abajo”. En Coahuila, empezó con la detención de Jorge Torres López.

La tesis de Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “La corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos no democráticos y populistas pueden usarla en su beneficio”, es irrefutable. En Venezuela, los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron las urnas como coartada y hundieron al país en una crisis de la cual, una vez terminada la pesadilla, tardará mucho tiempo en superar.

Por su formación social, compromiso con los pobres, honradez y austeridad, López Obrador quizá pretenda equipararse al expresidente de Uruguay, José Mujica, cuyo pasado guerrillero, 15 años de prisión y una carrera política congruente y exitosa le convirtieron en una de las figuras más relevantes y apreciadas del planeta. Sin embargo, el país sudamericano tiene una democracia consolidada, mientras los cimientos de la nuestra, luego de tres alternancias frustradas, no han terminado de fraguar. Además, la deriva populista, en cualquier país del mundo, siempre representará un riesgo para la estabilidad y el futuro.

Hasta hoy México no ha dado muestras claras e inobjetables de querer combatir la corrupción de raíz y sin excepción. Nuestro vecino del sur nos supera por mucho. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 con la participación de Naciones Unidas y el Gobierno de ese país, para apoyar al Ministerio Público, destituyó y envió a prisión al presidente Otto Pérez, a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a otros altos funcionarios por delitos de corrupción. Aun así, Guatemala está seis lugares por debajo de México en el IPC.

Un Estado incapaz de castigar la corrupción y a los principales traficantes de droga, y deja esa responsabilidad a un tercero –en nuestro caso, Estados Unidos– está condenado al fracaso. El presidente López Obrador recibió un país ubicado entre los más corruptos y frágiles del mundo. La tarea de enderezarlo no es sencilla, y menos lo será si incumple su promesa de sanear el servicio público, recuperar –al menos– una parte de los caudales robados y poner entre rejas a quienes se enriquecieron a costa del país y de la mayoría.
06 Febrero 2019 03:54:00
Incongruencias
El diputado Gerardo Aguado le puso el cascabel al gato: la congelación de las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la megadeuda y las empresas fantasma obliga a «un profundo análisis» sobre el desempeño de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción «para determinar si es esto lo que necesita Coahuila o debemos transitar a otro modelo». La ciudadanía espera «ver al responsable en la cárcel y, cuando procede, despojado de los bienes mal habidos».

Así lo plantea el punto de acuerdo propuesto por Aguado y el grupo parlamentario del PAN a la diputación permanente, el 15 de enero, para que el fiscal Gerardo Márquez Guevara y el zar anticorrupción Homero Flores Mier informen sobre «las causas por las que no han dado resolución definitiva a las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado desde el año 2013 por delitos relacionados con hechos de corrupción»; en particular «las que llevan más de dos años en proceso».

El documento es especialmente crítico con Flores Mier: «se ha dedicado a cambiar su discurso y afirmaciones sobre las empresas fantasma denunciadas en 2016, hasta el hecho de que los procesos que lleva a cabo en su fiscalía sean opacos, lentos y sin que los ciudadanos puedan conocer nada al respecto. (…) las denuncias por la megadeuda siguen sin ser resueltas a prácticamente siete años de que se documentaron los hechos y se presentaron las primeras de manera formal. Siete años y nada. Sólo silencio, opacidad… y quizá hasta complicidad».

Los nueve diputados del PAN advierten: «Se suponía que, con una Fiscalía Autónoma y un Fiscal Especializado en delitos de corrupción, con autonomía técnica y de gestión, las cosas iban a cambiar. (…) ¿Cuál cambio? ¿Cuáles resultados? Las respuestas todos las conocen, y no podemos argüir falta de tiempo; ya han tenido suficiente, en especial en casos como la megadeuda, y las denuncias que refiere el auditor, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015».

Sin embargo, la misma bancada panista guardó silencio el 26 de diciembre pasado frente a Homero Ramos Gloria, el muñidor de los Moreira, quien durante seis años mantuvo en la congeladora de la Procuraduría General de Justicia las denuncias de la ASE por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades graves en los dos últimos sexenios. Para más inri: los diputados de Acción Nacional votaron por la designación de Ramos Gloria como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. ¿Simulación? ¿Complicidad?

La votación para nombrar a los seis nuevos magistrados, propuestos por el gobernador Miguel Riquelme, se hizo en secreto (por cédula). Había la opción de sufragar por cada uno de los aspirantes, sin faltar a la Ley Orgánica del Congreso, pero se impuso la línea de hacerlo por bloque. ¿Para asegurar el pase de Ramos Gloria y de otros, como él, sin trayectoria en el Poder Judicial? Veintiún diputados —entre ellos Gerardo Aguado— votaron a favor. Juan Antonio García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y otro legislador, lo hicieron en contra; hubo una abstención. La maquinaria PRI-PAN volvió a funcionar para inmunizar al procurador que obstruyó la justicia, no sólo en el caso de la deuda y las empresas fantasma. Acción Nacional obtuvo a cambio un asiento en el TSJE para Ulises Hernández Torres.
05 Febrero 2019 03:51:00
Romper el silencio
Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López y Homero Ramos Gloria fueron piezas clave en el engranaje de la corrupción financiera y en la procuración de justicia en el docenio de los Moreira. El Gobierno de Estados Unidos confiscó cuentas y subastó bienes del primero de ellos por más de 30 millones de dólares, obtenidos mediante el cobro de comisiones por la asignación de contratos y la deuda de Coahuila. Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero; este año podría ser sentenciado en San Antonio, Texas. A Torres le decomisaron 2.8 millones de dólares en las Bermudas, y es buscado por la DEA por fraude bancario.

Sobre el caso, proceso.com informó el 6 de diciembre de 2017: “Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, confirman que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos de Texas. Moreira Valdez actualmente es investigado por esos delitos. (…)”
“Las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos arrojan que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados. El selecto grupo se reunió el 25 de febrero de ese año en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, –en ese momento, secretario de Desarrollo Social–, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de Televisión RCG de Coahuila y estaciones de radio”.

Torres renunció a la Secretaría de Finanzas en 2008 para asumir la alcaldía en sustitución de Fernando de las Fuentes, quien tres años después, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, dirigió la legalización de la deuda (hoy es diputado federal). “Hizo muy bien su trabajo Jorge Torres: fue dedicado, leal, además de aplicado a su trabajo”, declaró el gobernador. En su primer mensaje como operador financiero, Villarreal ofreció: “Vamos sobre la obra pública, sobre la inversión. Vamos a cuidar el recurso de los ciudadanos y vamos a seguir adelante con la dirección del gobernador Humberto Moreira Valdés”.

Es justamente Villarreal quien ha puesto a su exjefe de nuevo en la picota. Declaraciones del exsecretario de Finanzas, en San Antonio, Texas, frente a la fiscal Rusell Leachman, el fiscal Anticorrupción de España, Juan José Rosa, y funcionarios de la policía de ese país, sobre el desvío de fondos públicos en Coahuila, reabrieron el “caso Moreira” (El País, 16-11-18). De acuerdo con el testimonio de Villarreal, se facturaron “14 mil millones de pesos (610 millones de euros) en los seis años de Gobierno de Humberto. Este a través de Unipolares y Publicidad del Norte (una de sus sociedades) se llevó 600 millones de pesos (26.1 millones de euros)”.

Según Villarreal, las empresas subcontrataban a otras pertenecientes “también de funcionarios de Coahuila, por ejemplo, de David Aguillón, quien fue secretario de Gobierno entre 2011 y 2012, presidente del PRI en Coahuila, desde 2012 al 2015-16, y actualmente (es) presidente de la Fundación Colosio. Se manejaban unos tres mil espectaculares, y Humberto tenía unos 700 espectaculares, postes de publicidad”. (…)

La nota de José María Irujo advierte: “En base a esas declaraciones, los fiscales Anticorrupción españoles José Grinda y Juan José Rosa pidieron al juez Santiago Pedraz la reapertura del caso. Moreira fue detenido en España en 2016 bajo la acusación de blanqueo de capitales y colaboración con el cártel de Los Zetas”.
La justicia, para Coahuila, vendrá de Texas.
04 Febrero 2019 04:00:00
Clamor de justicia
La inconsistencia caracterizó a los gabinetes de Humberto y Rubén Moreira. El juego les permitió identificar y captar complicidades, por un lado, y anular a posibles aspirantes al Gobierno, mantener el control de sus respectivas sucesiones y conservar el poder, por otro. La consecución de tales objetivos favoreció económicamente al clan y a sus más íntimos; mientras, la permanencia de algunos de ellos en puestos clave les garantiza impunidad. El costo para el estado ha sido enorme: deuda impagable, masacres, desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y secuestro de las instituciones.

Los desmanes de los Moreira permanecen sin castigo; los responsables de la quiebra financiera y del saqueo de las arcas gozan todavía de protección. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) relacionadas con la deuda, cuyo monto ronda ya los 40 mil millones de pesos, las empresas fantasma y el manejo anómalo de miles de millones de pesos más, han sido olímpicamente ignoradas; primero por la Procuraduría General del Estado y ahora por la Fiscalía. Frente a la pasividad de las autoridades, la ciudadanía castigó al PRI en las urnas, pero el clamor de justicia sigue vivo. Así lo constató el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Torreón, el 28 de diciembre.

El malestar por el abandono del Gobierno del Estado, acentuado durante el moreirato, lejos de apagarse, se ha extendido a otras regiones. No en vano las principales cabeceras municipales (Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña), excepto Saltillo, ahora son gobernadas por el PAN y por Morena. En el caso de La Laguna, el reproche ya no se refiere sólo a la falta de inversión —lo que ha dado nuevo impulso al movimiento para crear el estado 33—, sino la corrupción y la impunidad. AMLO puede ser el mejor aliado de los laguneros para lograr su propósito y dejar de depender de Coahuila y de Durango.

El Presidente dio el primer paso con el Programa de Desarrollo Integral para La Laguna, al cual se dedicarán este año mil 235 millones de pesos en apoyos a adultos mayores, jóvenes y niños con discapacidad. La Comarca, como el país, ha sido castigada severamente por el centralismo —estatal y federal—, así como por una sucesión de gobiernos corruptos. AMLO se comprometió a combatir el flagelo. La sociedad le exige ahora cumplir su palabra, no solo en el robo de combustibles, sino en la contratación de obra pública, la compra de medicamentos y el manejo de las finanzas.

Los gobernadores no han emprendido hasta hoy acciones concretas para atacar la corrupción, como ha empezado a hacerlo el presidente (en principio contra los cárteles del huachicol, uno de ellos arraigado en Coahuila), excepto Javier Corral, de Chihuahua, incluso antes de que AMLO asumiera el poder. El panista se ha mantenido firme y no descansará hasta lograr la extradición de su predecesor César Duarte (PRI), prófugo en los Estados Unidos. Los gobiernos de los Moreira, en Coahuila, y de Jorge Herrera, en Durango, afectaron sobre todo a La Laguna, cuyo rezago contrasta con el progreso de las capitales (Saltillo y Durango). Los laguneros tienden puentes para establecer comunicación directa con Palacio Nacional. A diferencia de los presidentes del PAN y del PRI, López Obrador sí los escucha. En marzo volverá a estar con ellos, pero antes visitará Saltillo.
02 Febrero 2019 03:58:00
Negocio redondo
En los dos últimos años se detectaron en Coahuila 468 reportes de movimientos bancarios «relevantes» y 10 «inusuales» por un monto de 190 millones de pesos, supuestamente relacionados con el robo de combustibles, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera. De ese tamaño es el negocio del huachicol, como lo plantea Gerardo Moyano en Espacio 4 (606).

«Otro frente que ataca el Gobierno federal es el financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha reportado al menos 14 mil operaciones bancarias que podrían estar relacionadas con el robo de hidrocarburos, las cuales sumaron más de 10 mil millones de pesos, entre 2017 y 2018. Entre ellas, se detectaron transacciones internacionales hasta por dos millones de dólares en compra de vehículos de lujo en efectivo, inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.

»Entre las denuncias interpuestas por lavado de dinero relacionados con el huachicol destacan cinco casos: el de un exdiputado local (por 332 mdp), un exalcalde (124 y 6 mdp), un empresario (80 mdp), una persona física (40 millones) y un funcionario de Pemex (14 millones). Para detectar la sobrefacturación en gasolineras, la UIF analizó reportes del sistema bancario en busca de dos tipos de operaciones: inusuales (que varían significativamente) y relevantes (por más de 10 mil dólares).

»“De ahí se generó un modelo de riesgo (...) encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de guachicola”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

»Ciudad de México encabeza la lista con más sujetos (44) a los que se les detectaron operaciones inusuales o relevantes, seguida de Puebla (30), Jalisco (23), Querétaro (22), Estado de México (22), Morelos (21), Nuevo León (19), Michoacán (19), San Luis Potosí (19) y Baja California (19). Los montos irregulares suman más de 2 mil 400 millones de pesos en el Estado de México, más de 2 mil millones en Ciudad de México y casi mil 500 millones en Nuevo León.

» Las críticas al Gobierno por la metodología de cierre de los ductos no han sido pocas. Entre las más duras, están las de Juan Pardinas, exdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Matar al paciente no es el tratamiento más convencional para frenar la propagación de un tumor. No era necesario cerrar

los ductos que mueven la economía nacional para combatir el robo de combustible. (…) Las soluciones de fondo y largo plazo para el robo de combustibles no son del apetito programático del nuevo Gobierno: Estado de derecho y mercados competidos», señala.

»“En medio de la crisis de desabasto, cuando la República demanda un experto en logística, AMLO se refrenda como un genio de la comunicación (…) de nada sirve levantarse temprano, dar una conferencia de prensa y tomarse selfis en la sala de espera del aeropuerto. No tengo ninguna nostalgia por la ineptitud corruptora que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en unas semanas, Andrés Manuel López Obrador corroboró la hipótesis pesimista de que las cosas siempre se pueden poner peor”, agrega Pardinas, nuevo director editorial de Reforma.

»Pese a las presiones, AMLO no cede».
01 Febrero 2019 03:58:00
Homero y la justicia
Primero quiso ser fiscal general para cerrar el círculo de impunidad en torno suyo y de sus jefes. Mientras esperaba, montó guardia frente al Congreso, pero la señal nunca llegó. Gerardo Márquez sería el elegido. Después pretendió ser secretario del Ayuntamiento de Saltillo, para tener fuero, y tampoco. Por fin, el 26 de diciembre, el Congreso local aprobó el nombramiento de Homero Ramos Gloria, cancerbero de los Moreira, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. También fueron designados Miguel Mery, excandidato del PRI a alcalde de Torreón y a diputado federal, y el panista Ulises Hernández, suplente del diputado federal Luis Fernando Salazar, nuevo militante de Morena. El Poder Judicial convertido en refugio de emisarios del clan y políticos frustrados.

Ramos era presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) cuando Humberto Moreira ganó la gubernatura, en 2005. El candidato panista Jorge Zermeño impugnó el resultado por múltiples irregularidades, pero el Tribunal Electoral Federal confirmó la victoria del priista. En enero de 2007, Ramos renunció al IEPC para ocupar la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Óscar Pimentel, pero cometió un error: empezó a reunirse con empresarios de Torreón para preparar su eventual candidatura al gobierno. El clan lo bajó de la nube y lo confinó en la Dirección de Pensiones.

En el sexenio de Rubén Moreira, Ramos ocupó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia (convertida después en Procuraduría y más tarde nuevamente en Fiscalía) tras la renuncia de Jesús Torres Charles, acusado junto con su hermano de tener vínculos con el crimen organizado. Una de las principales tareas de Ramos, como procurador, consistió en dar carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) por la deuda contratada irregularmente en la administración de Humberto Moreira, y por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las firmas fachada, pertenecía al esposo de la secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis.

El 11 de enero, el titular de la ASEC,

Armando Plata, informó en rueda de prensa que 250 denuncias penales, por irregularidades cometidas entre los ejercicios de 2013 a 2016, permanecen congeladas en la Fiscalía General del Estado. En ese periodo, el procurador de Justicia era Ramos Gloria, quien, según el entonces gobernador Rubén Moreira, “tuvo una destacada labor: trabajó de manera incansable en la lucha contra el crimen organizado, en el tema de (los) desaparecidos y en el combate a los delitos de alto impacto”. En abril de 2017, Ramos declaró el “no ejercicio de la acción penal contra Humberto por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita” (Reforma, 19-04-17).

El 10 de diciembre de 2018, dos semanas antes de la designación de Ramos Gloria como magistrado del TSJE, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Material Penal resolvió dejar sin efecto la reaprehensión de Javier Villarreal, uno de los principales operadores de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. El TSJE atribuyó la publicación del acuerdo a un error. En cualquier caso, Ramos incurrió –como procurador– en responsabilidad política y penal por haber congelado las denuncias contra los responsables de la deuda y las empresas fantasma, así como por no ejecutar la orden para la recaptura de Villarreal.
30 Enero 2019 03:58:00
Fiscales de hierro
Antes de reabrir la investigación contra el exgobernador Humberto Moreira, el fiscal español José Grinda sentó, el 27 de febrero pasado, a casi una veintena de presuntos miembros de la organización criminal rusa Tambovskaya, en el banquillo de la Audiencia Nacional, para responder por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero. Fundada en 1988, la banda se dedica además al contrabando y a la construcción. Algunos de sus líderes tienen conexiones políticas y han sido miembros de la Duma Estatal (Congreso).

Entre los acusados figuraban el diputado y empresario Vladislav Reznik –ligado al presidente Vladimir Putin– y su esposa Diana Gindin. En junio de 2008, la Policía de España detuvo a 20 sospechosos en el marco de la Operación Troika, la cual permitió abrir el mayor juicio contra la mafia rusa (BBC News, 19-02-18). Grinda (frente a quien el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Javier Villarreal, acusó a Moreira de desviar dinero del erario a cuentas personales) denunció amenazas contra él y su familia de Ilya Traber, amigo de juventud de Reznik. El mismo Traber fue quien le presentó a Gennadios Petrov, uno de los líderes de Tambovskaya.

El 18 de octubre pasado, Reznik y el grupo acusado de lavar dinero en España a gran escala, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. No se pudo determinar el origen ilícito del dinero, pese a que “las actividades comerciales de los demandados en España parecían ‘extrañas, poco económicas o poco convencionales’” (BBC News, 19-10-18). Haber sentado a un potentado como Rezkin –intocable en Rusia por su relación con Putin– frente a un tribunal, refleja la determinación y el alcance del Ministerio Público de España para combatir la corrupción.

Juan José Rosa, otro de los fiscales que investigan a Humberto Moreira, declaró sobre un escándalo de corrupción en su país: “En los últimos tiempos todos vemos que la gente ingresa a prisión y no se recupera dinero de los fondos públicos”. Uno de los cometidos de la Fiscalía Anticorrupción –advirtió– es “conseguir la satisfacción del interés público”; para la sociedad es fundamental “que se recupere un montante económico muy importante (…) y en eso estamos”.

En México la justicia está al servicio del poder político y económico. Humberto Moreira fue virtualmente rescatado de la prisión española de Soto del Real, donde permaneció del 15 al 22 de enero de 2016, por el Gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, los fiscales Grinda y Rosa tienen en su poder información para llevarlo a la Audiencia Nacional. Es cuestión de tiempo. El presidente López Obrador no pretende castigar a los corruptos, pero la presión social e internacional obliga a su gobierno a enjuiciar a quienes desviaron y se apropiaron de caudales públicos.

La atención se ha centrado en Humberto Moreira, pero el nombre de su hermano Rubén, a quien heredó el cargo, también ha sido citado en una corte federal en San Antonio, Texas, en un juicio contra el cártel de Los Zetas. Humberto ocupó la gubernatura entre 2005 y 2011, pero quien realmente ejerció el poder fue Rubén, el verdadero jefe del clan. Los ojos de Coahuila están puestos en España y Estados Unidos en espera de justicia. En ese afán, los fiscales Grinda –quien afrontó a la mafia rusa– y Rosa –quien pugna por la recuperación de caudales públicos– son aliados de los coahuilenses. Debería serlo el Sistema Estatal Anticorrupción, pero su compromiso es con sus jefes: los Moreira.

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