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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
20 Junio 2018 04:06:00
Los niños enjaulados y la actitud de México
El Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Algunos de los lectores recordarán que dicho consejo, antes llamado Comisión de Derechos Humanos, es quien evalúa la situación de respeto o violación a los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU, aunque el consejo está compuesto por un número equivalente a poco más de la cuarta parte de los integrantes de la organización en su conjunto.

EU prácticamente ha sido siempre miembro del consejo, pero no está obligado a serlo; cada país presenta su candidatura y es electo, o no.

Ante el nuevo escándalo de violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, uno de los argumentos que se han utilizado, tanto en México como en otros países, ha sido la necesidad –justificada y correcta– de acudir a instancias internacionales para denunciar e impugnar la separación de los niños de sus familias encarceladas en penales federales en EU.

En vista de la salida de Washington del Consejo de la ONU, parece un poco artificial y fútil la noción de acudir a estas instancias. Sobre todo, si es un pretexto para no tratar de infligirle un costo bilateral a EU en la relación con México, por este comportamiento.

El asunto es sencillo. Hasta donde entiendo, a partir de principios de abril, el Gobierno de Trump empezó a aplicar una política llamada de “cero tolerancia” frente a lo que ellos llaman la migración ilegal. Entre otros asuntos, dicha política de “cero tolerancia” considera que el ingreso sin documentos a EU es un delito mayor –felona– y ya no un delito menor –misdemeanour– y por lo tanto, quienes lo cometen, deben ser encarcelados en un penal federal, en lugar de ser enviados a un centro de detención de las autoridades migratorias mientras se resuelve si quieren pelear su caso o aceptan la llamada “deportación expedita”.

Al ser enviados a un reclusorio federal, acusados de violar una ley federal, en automático, menores de edad que los acompañan no tienen el derecho de ser recluidos como ellos, y deben ser enviados a otros centros de detención mientras son colocados con familias en EU. Tampoco pueden ser deportados, a menos de que sean mexicanos o canadienses, de tal suerte que, en el sentido estricto, el Gobierno de Trump, al determinar que la entrada a EU sin papeles es un delito mayor y federal, está aplicando la ley.

Lo condenable es que dicha aplicación es discrecional y no imperativa, como lo demuestra el hecho de que tanto la administración Bush –republicana– como la de Obama –demócrata–, no aplicaron la ley de esa manera. Se trata de una política, y no de la aplicación de la ley.

El dilema para México es evidente. No porque se trate en una gran mayoría de niños mexicanos separados de padres y madres mexicanos, aunque esa cifra puede aumentar, sino porque las consecuencias en materia de imagen, de deportación, y de presión de EU son casi inimaginables.

En julio de 2014, el Gobierno de Obama ejerció una presión brutal sobre el de Peña Nieto para pedir que México se ocupara de hacer el trabajo sucio en la frontera sur, cosa que hicimos, a cambio de nada. De ese modo, Obama evitó, de panzazo, una crisis de imagen, y en su caso electoral, como la que está padeciendo Trump hoy.

Obama fue mucho más sensible, y Peña más anuente, ante una petición de un presidente norteamericano al final del día amigo de México. Hoy un quid pro quo sin quo de esta naturaleza es imposible. Lo que no se entiende es cómo el Gobierno de México hasta hace muy pocas semanas estuvo negociando, como aquí se comentó el 21 de mayo, un acuerdo de País Tercero Seguro, donde se aceptaba que los solicitantes de asilo a EU desde territorio mexicano se vieran obligados a sólo solicitar dicho asilo a las autoridades mexicanas y no pudieran hacerlo a las norteamericanas.

Decíamos entonces ¿país seguro para quién? ¿para los hondureños en San Fernando, Tamaulipas?, por ejemplo. ¿A dónde los quieren mandar a vivir? ¿A Chiapas, a Guerrero, a Tamaulipas de nuevo, a Tijuana? ¿Ese es un país seguro?

En cuanto a que esta opinión encierra o no un conflicto de interés, como lo afirmó el secretario Videgaray anoche con Pepe Cárdenas, me parece que es una alegre e inútil manera de distraer la atención. Sí estaba negociando Relaciones Exteriores un Acuerdo de País Tercero Seguro con EU y sí era una vergüenza hacerlo. Que lo diga yo como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya o como cualquier otra persona, da exactamente lo mismo. El tema es si es cierto o no lo es.
18 Junio 2018 04:06:00
Dos consensos opuestos
He notado en varias conversaciones recientes con integrantes de todo el espectro de las élites mexicanas, y con estudiosos del estado de ánimo de la sociedad mexicana, la vigencia de dos consensos contrapuestos en el país. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones dentro de dos semanas, tengo la impresión creciente que esta esquizofrenia anímica se erigirá en uno de los retos más significativos de los años por venir.

La sociedad mexicana, según todas las encuestas, grupos de enfoque, estudios en profundidad, etcétera, ansía una ruptura tajante con un pasado que ve como ahogado en una corrupción infinita.

Quiere sangre, en un sentido muy preciso: que los autores, beneficiarios y cómplices de esa corrupción sean investigados y castigados. A pesar de la inenarrable aversión mexicana al conflicto, en este caso se busca pleito, el que sea, y no un buen arreglo.

Por pura revancha, por ira o gracias a una sana dosis de lógica, la convicción popular establece un nexo necesario y férreo entre impunidad, pasado y futuro corruptos, y el imperativo del castigo. Sin duda la gente no va a salir a la calle a exigir cárcel para los culpables –reales o presuntos–, ni se reflejará en las urnas, pero el sentimiento social es ese. Para bien o para mal.

En cambio, rige en el seno de las élites mexicanas –empresariales, intelectuales, académicas, políticas y profesionistas, de izquierda y de derecha, jóvenes y menos jóvenes, partidarios del PRI, del Frente o de Morena– una fuerte renuencia ante cualquier intento de saldar cuentas con el pasado. Nadie quiere una Comisión de la Verdad, una Fiscalía que investiga el pasado, mirar hacia atrás o averiguar lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tres sexenios. Prefieren “ver hacia adelante”, no enfrascarse en pesquisas inútiles, a condición de que cese la corrupción en el porvenir. Cómo lograr que la impunidad frente al pasado no estimule la corrupción del futuro, es una pregunta que dichas élites prefieren no formularse. Con la excepción de un pequeño círculo alrededor de Ricardo Anaya, parece unánime la opinión de que más conviene dejar las cosas por la paz. Para bien o para mal.

Antes del 2000, cuando surgían contradicciones de esta naturaleza, se solían resolver mediante el mecanismo del chivo expiatorio. No importaba si el encarcelado era culpable o no –Jorge Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari, Joaquín Hernández Galicia– su papel era otro: satisfacer la exigencia de venganza y de un simbolismo de sacrificio político, para evitar un universo de sentencias contra un mar de culpables. El sistema político hacía como si persiguiera a los corruptos; la gente hacía como si se diera por bien servida. A partir del 2000, dejó de funcionar ese dispositivo; de allí la parálisis de tres sexenios consecutivos.

Las élites con gusto sacrificarían a uno o dos altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto –o incluso al propio presidente– pero presienten que no bastaría. La sociedad mexicana quiere chivos expiatorios, pero no sólo eso: demandan una acción colectiva, antisistémica, que sólo puede producirse a través de instituciones ad hoc, de una gran revuelta moral, de un movimiento social de envergadura, que no tolera indultos o borrones y cuentas nuevas.

Si antes la contraposición era evidente, carecía de la furia y del miedo que hoy invaden a las masas –la primera– y a las élites –la segunda. A ver cómo diablos se resuelve esta contradicción, en un país de masas iracundas y de élites omnipotentes.
15 Junio 2018 04:06:00
Meade y el Consejo de Administración de Pemex
En el post debate del martes en la noche en Televisa, Aurelio Nuño intentó corregir mi dicho, y desmentirlo, en cuanto a que José Antonio Meade como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2010, había avalado un contrato con la empresa brasileña-mexicana Braskem, socia de la empresa brasileña Odebrecht, que había sido cuestionado por dos miembros del Consejo de Administración de la empresa. Dijo que en el 2010 Meade no era secretario de Energía. Y Nuño tenía razón. Me equivoqué: la fecha correcta era 2011, es un error innegable, no sé si tan grave, sobre todo si se toma en cuenta que todo lo demás que afirmé ahí era absolutamente correcto.

El 29 de abril de 2011, se reunió el Consejo de Administración de Pemex convocado por el consejero presidente José Antonio Meade. Todos los datos siguientes constan en el acta 827 de dicho Consejo de Administración. Entre otros temas, tuvo lugar en el punto III.6 la propuesta del Comité de Estrategia e Inversiones sobre el proyecto Etileno XXI. Se planteó ahí que en una reunión del Consejo de Administración de febrero del 2010 se recibió la petición de analizar el proyecto Etileno XXI y este se turnó para análisis al Comité de Estrategia e Inversiones de la empresa.

Sin embargo, y cito el acta 827, “algunos comentarios de los participantes en la sesión que se deben destacar son los siguientes: a) el Consejo de Administración de Pemex es el responsable de la conducción estratégica de Pemex. Este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contrato NO se presentó al Consejo de Administración de Pemex ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para Pemex Petroquímica (PPQ). b) Etileno XXI se presenta como un contrato de suministro cuando es realmente una decisión con enormes impactos estratégicos, lo cual representa una omisión de la administración”. Después de una discusión, viene un largo comentario del consejero Rogelio Gasca Neri al proyecto Etileno XXI sobre todos estos temas, cuestionando el conjunto del proyecto.

Sin embargo, tanto el director general de Pemex en ese momento, Juan José Suárez Coppel, como el presidente del Consejo, José Antonio Meade, junto con el abogado general, no aceptaron los comentarios de Gasca Neri y se adoptó una resolución que básicamente avaló lo que se había hecho anteriormente. En otras palabras, se avaló “que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normatividad vigente”.

Es decir, se avaló en su totalidad la decisión tomada previamente argumentando que no existía la necesidad de presentar el contrato al Consejo y no que el contrato era bueno o malo para Pemex, ni mucho menos que los cuestionamientos de fondo de Gasca Neri tenían validez. Es decir, se dio una resolución formal y leguleya a una objeción de fondo. Todo esto para decir que toda la historia de Odebrecht, Braskem, Meade y Pemex, a través del proyecto Etileno XXI no ha sido explorada suficientemente a pesar de los artículos aparecidos en la revista Proceso el 3 de junio, y de Javier Risco en El Financiero el 6 de junio. Hay mucho más que explorar ahí, sólo se ha tocado la punta del iceberg. Es muy probable que esto no se pueda investigar antes de las elecciones del 1 de julio, pero es muy probable que alguien sí lo investigará después y que habrá responsables.
13 Junio 2018 04:06:00
Tres hipótesis para dos marranadas
Nadie sabe si el debate de anoche va a incidir en los resultados de las encuestas, menos aún si uno no tiene idea al momento de escribir estas líneas de cómo le fue a cada quien en la feria. Tampoco es evidente si las nuevas marranadas del Gobierno y del PRI contra Ricardo Anaya surtirán un efecto parecido o diferente al de la vez pasada: detener su crecimiento y contribuir al de Andrés Manuel López Obrador. Tengo la impresión que no, por dos razones: segundas partes nunca fueron buenas y, sobre todo, la respuesta de Anaya en esta ocasión fue mucho más oportuna, contundente y completa que hace ya casi cuatro meses. La pregunta que conviene hacerse, si hay el más mínimo ingrediente de honestidad intelectual en el análisis, es por qué Peña Nieto y Meade decidieron nuevamente recorrer un camino que no los llevó a ninguna parte antes.

Existen varias hipótesis. Una, es que no lo emprendieron juntos; en otras palabras, Peña Nieto decidió desatar esta nueva ofensiva contra Anaya sin ni siquiera alertar a la campaña del candidato de su partido, prefiriendo evitarse la discusión con él, y evitarle el dilema de estar de acuerdo o discrepar. En vista de la subordinación completa de Meade a Peña Nieto parece difícil, pero no es totalmente descartable esta interpretación de los hechos.

Una segunda hipótesis consiste en pensar que, partiendo del acuerdo completo entre Peña Nieto y su candidato, hayan decidido que todavía convenía hacer un último intento por descarrilar a Anaya, y creyéndose sus propias encuestas, tan buenas o malas, tan cuchareadas o no como otras, que todavía tenían alguna posibilidad de ocupar el segundo lugar y de esa manera ayudar en alguna medida a los candidatos priistas a diputados y senadores. Las nueve gubernaturas ya están perdidas, pero no es imposible mejorar un poco el resultado a favor de la próxima camada de legisladores. Si bien prácticamente no existen encuestas que confirmen esta hipótesis, es perfectamente factible que en la burbuja que habitan Peña y su camarilla desde hace algún tiempo puedan haberlo pensado.

Circula la versión desde hace semanas que, al empezar a revisar los bienes muebles, en el sentido más amplio de la palabra, que hoy se ubican en Los Pinos, la primera dama hubiera comentado que tal o cual artefacto o sillón mejor se quedaba porque “le va a gustar a Juana”. Dicho de otro modo, es posible que todavía piensen, no sólo que pueden quedar en segundo lugar, sino que incluso siguen acariciando la noción de poder ganar. Me parece improbable esta hipótesis, pero tampoco es del todo descartable.

La tercera, y quizá la más factible, es que no quieren correr el riesgo, ni remotamente, de que el pacto de Peña con AMLO no fructifique. Bastante le va a costar a Peña Nieto y a su equipo con amplios sectores de la sociedad mexicana el haber sido responsables del triunfo de Andrés Manuel si este llegara a suceder. Pero si además pactaron con él y pierde, pues es el peor y más tonto de todos los mundos posibles. Sólo eso faltaba. Mejor tratar de acomodar un tiro de gracia a la candidatura del Frente para no correr ningún riesgo. Me parece que esta es la explicación más plausible.

El problema con ella es que no es seguro que funcione. La respuesta de Anaya, el ligero ascenso que venía experimentando desde antes de las denuncias del Gobierno y de Ernesto Cordero, los exabruptos irreconocibles de parte del candidato del PRI –violando toda legalidad y protocolo– pueden no surtir efecto. Más aún, a juzgar por la eficacia de la respuesta de Anaya y su preparación para el tercer debate, así como la aceptación generalizada, en sectores neutros o independientes de la sociedad, de la tesis del pacto entre EPN y AMLO, no es seguro que aún bajo esta explicación prospere la nueva ofensiva.

Lo bueno es que falta poco, y que todas las hipótesis, las especulaciones, las dudas y mentiras se disiparán a partir del 2 de julio. Ahí veremos quién tuvo razón en cada parte del análisis y del consiguiente comportamiento, y quién no. Quién inventó acusaciones y quién no. Quién fue responsable del resultado, cualquiera que este sea. Siempre llega el ajuste de cuentas. De ese no se escapa nadie.
11 Junio 2018 04:06:00
El Pacto EPN-AMLO no incluye a Trump
Las enormes dificultades que han vivido los negociadores canadienses y mexicanos en su esfuerzo por alcanzar de prisa un acuerdo con Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debieran poner a pensar a partidarios pensantes de Andrés Manuel López Obrador. Sí los hay –no muchos–, pero su fe ciega en “el pueblo” y su obsesión –compartida con “el pueblo”– por ganar, por una sola vez por lo menos y al fin (el equivalente social y político del quinto partido) les impide ver el tremendo lío en el que se va a meter al país si se salieran con la suya.

Recapitulemos rápidamente. Las negociaciones se atoraron por los cinco o seis puntos en litigio, dejados hasta el final. Esos requieren decisiones políticas, de Trump, Trudeau y Peña Nieto, no de los técnicos: cláusula sunset; reglas de origen para la industria automotriz; tres capítulos de solución de controversias; estacionalidad de productos agrícolas. La imposición de aranceles sobre importaciones norteamericanas de aluminio y acero procedentes de Europa, Canadá y México primero fue una espada de Damocles para el TLCAN, después se convirtió en un litigio adicional en sí mismo; y ahora, debido a las represalias mexicanas y sobre todo canadienses, se ha transformado en el detonador de una crisis mayúscula en la relación entre Estados Unidos y Ottawa. Pero además, debido a la asimetría evidente entre los tres países, Trump ha abierto ahora un nuevo frente, a saber, la opción de construir dos acuerdos bilaterales, en lugar de uno trilateral. Todo esto en el contexto de una virtual guerra comercial de Washington con la Unión Europea, con China, con Canadá e incluso con México.

De verdad ¿AMLO y su equipo de colaboradores pueden con esto? ¿Queremos un presidente que no ha dicho una sola palabra sobre el conjunto de temas relacionados con Estados Unidos, el TLCAN, la OMC, Trump, etc? Insisto: las personas pensantes que apoyan a AMLO ¿están dispuestas a aventar al país a una barranca como la que ha abierto Trump? ¿Creen en serio las tonterías sobre la mejor política exterior siendo una buena política interior, y hacer entrar en razón a Trump?

Quizás la mayor irresponsabilidad no radica en los partidarios activos, entusiastas, comprometidos, de AMLO. Se ubica en el pacto Peña-López Obrador y la increíble falta de sentido del Estado y de nobleza por parte de Peña Nieto, al anteponer su propio pellejo a la suerte del país. Entiendo la lógica del pacto para López Obrador; a cambio de la promesa de un simple indulto, que puede revertir en el momento que quiera, rompe el monolito de los poderes fácticos que le imposibilitó ganar en 2006 y en menor medida en 2012. Pero para Peña Nieto y sus colaboradores, las consecuencias son incalculables.

El pacto no es trasladable a Trump. Peña puede allanarle todos los caminos a AMLO salvo uno: el de Washington. Ni puede amarrar un acuerdo con Estados Unidos antes de irse –siempre se trató de una quimera–, ni habrá cómo transmitirle a AMLO el “mundo” que el mismo nunca tuvo, pero que por lo menos adquirió a lo largo de seis años en Los Pinos. Por eso, el pacto es criminal; y por eso, la única solución frente al desastre de Trump es Anaya.
08 Junio 2018 04:07:00
El pacto de los ardidos
El pacto de inmunidad de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto está dando mucho de que hablar. Columnistas (Pablo Hiriart) lo desmienten o lo vaticinan (José Antonio Crespo), AMLO considera mi insistencia una “volada”, Ricardo Anaya reitera su convicción de que existe, y en los pasillos, prácticamente todo el mundo lo da por hecho, sin animarse a decirlo en público. En vista del revuelo, conviene volver sobre el tema. Fernando Henrique Cardoso ha dicho, a propósito de la democracia brasileña, que un Presidente en funciones no puede imponer la elección de un sucesor afín, pero que sí puede evitar la elección de uno adverso. Algo de eso hay de cierto en México también.

Zedillo hizo lo posible por asegurar el triunfo de Francisco Labastida hasta finales de mayo del 2000, pero a partir de ese momento, al percatarse que su gallo estaba muerto, no buscó impedir la victoria de Fox.

Es sabido, igualmente, que Vicente Fox y Felipe Calderón lograron impedir el triunfo de AMLO en 2006 y 2012, el primero entregándole a un candidato (no el suyo) de su partido; el otro, al PRI. En los tres casos se produjo algún tipo de pacto o entendimiento, tácito o explícito, mutuo o de simple tersura, aunque en el caso de Calderón y Peña Nieto, periodistas que distan de ser antagónicos a la causa de AMLO, como Álvaro Delgado de Proceso, han sugerido que el acuerdo llegó mucho más lejos.

Por tanto, no tendría nada de extraño que se haya producido una convergencia entre AMLO y EPN, donde los intercambios, ya señalados en estas páginas, son evidentes. Lo que es obvio, sin embargo, es que no existe ninguna señal de que Peña Nieto recorra el camino de Calderón y Fox: no se propone cerrarle el paso a AMLO, como se lo sugirieron empresarios, políticos, intelectuales e inversionistas, de manera directa o indirecta.

Asimismo, cualquier plática con un colaborador de las campañas del PRI desemboca de modo ineluctable con el lamento por la falta de recursos, de nuevos logros del Gobierno y de apoyos de Los Pinos. Peña claramente ha comenzado a sacrificar a su candidato, por razones parecidos a las de Zedillo en 2000 y de Calderón en 2012: sus gallos no levantaron.

La lógica indica que un corolario de este comportamiento consistiría en ayudar a AMLO con apoyos significativos de toda índole, a cambio de la impunidad que Peña necesita con cierta
desesperación.

No veo por qué se exasperan tanto unos y otros ante estas afirmaciones, primero que nada obvias, en segundo lugar especulativas, salvo a través de pruebas circunstanciales, y enunciadas por un candidato que supuestamente no tiene futuro, y un coordinador que tampoco.

Lo interesante del asunto es la virulencia con la que AMLO, el Gobierno y sus voceros han respondido. Es una “volada”, es “tóxico”, es “absolutamente falso”. Han dejado pasar innumerables comentarios, entrevistas y artículos míos sin chistar. Parece que este sí caló. Me da mucho gusto que así sea. No sólo porque estoy absolutamente convencido que es cierta la tesis del pacto de impunidad, no sólo porque trataré de combatirlo como lo hice con Calderón y Peña, sino porque pienso que con los votantes indecisos y los resignados de AMLO, el pacto puede ser más “tóxico” que yo. Más aún: entre algunos, puede ser kryptonita.
06 Junio 2018 04:06:00
Comisión de la verdad
Somos muchos los que desde hace años interminables hemos pugnado por la idea de una comisión, o varias comisiones, de la verdad, de justicia y de investigación en México.

Tuve la oportunidad de hablar de ello, en compañía de Margarita González Gamio, con Diana Laura Riojas de Colosio en 1994. Luché por ello antes de la toma de posesión de Vicente Fox en el 2000 y durante los primeros dos años de su Gobierno. He defendido la idea en múltiples foros internacionales, no sólo para México sino para muchos otros países donde se ha realizado. Y por último, en tiempos recientes, junto con muchos otros, he empujado esta idea dentro de la campaña de Ricardo Anaya, en particular con el agregado de la cooperación internacional, tomando como ejemplo –no como modelo– la CICIG en Guatemala.

Por eso no puede más que ser motivo de gran alegría y satisfacción que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer que la solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por cuatro de los procesados ante la desaparición de los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de investigación de la verdad, compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el Ministerio Público, para reponer enteramente el proceso, ya que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El Tribunal Colegiado afirma con o sin razón, y creo que con razón, pero ya lo verá la Suprema Corte en algún momento, que las instancias de administración de justicia mexicana existentes no funcionan. Sostiene que por un lado, el hecho de no haber interrogar o escuchar o investigar a otros posibles actores en la masacre de los 43 estudiantes –el Ejército, la Policía Federal– y aceptar testimonios de personas que fueron efectivamente torturadas o que la PGR no pudo demostrar que no lo fueron, invalida la llamada “verdad histórica”.

Yo no sé si la verdad histórica es verdad o no. No descarto, sería deshonesto de mi parte decirlo, que en efecto la “verdad histórica” haya sido verdad, pero lo que resulta evidente es que el proceso, el sistema, el andamiaje, la estructura de la administración y procuración de justicia en México, no sirve de nada. Y por eso el Tribunal Colegiado pide que se construya una institución ad hoc para paliar esa insuficiencia.

¿Prosperará la comisión de investigación de la verdad ordenada por el Tribunal Colegiado? Quien sabe. Sin duda el Gobierno la llevará a la Suprema Corte; EPN ha podido “cargar” la Corte a un grado tal que posiblemente cualquier fallo contrario al propio EPN o a su legado sea rechazado.

También es posible que, aunque la Corte respaldara al Colegiado, los obstáculos financieros, burocráticos, jurídicos y de todo tipo, resulten tan adversos que no sea posible avanzar por esta vía, pero por el momento se trata de un avance considerable.

¿Qué falta? En primer lugar, la cooperación internacional. Afortunadamente, en esta materia, la aportación del GIEI aceptada por Peña Nieto –debe reconocérsele el hecho de admitirlo, quizás sea uno de los mayores aciertos de su Gobierno– sentó un precedente para que dicha comisión de la verdad, dictaminada por el Tribunal Colegiado, pueda contar con esa asistencia.

En segundo lugar, el hecho de que sea la CNDH y los familiares de las víctimas que determinen las líneas de investigación de la comisión de la verdad, sienta un precedente. El precedente puede o no tener continuidad. Ya veremos, pero el hecho de que en la jurisprudencia mexicana ya nadie pueda alegar que se trata de injerencias externas, ideas exóticas, tesis ajenas a nuestra idiosincrasia, o cualquier otra imbecilidad diaz-ordacista, es un gran avance.

Gracias al Tribunal Colegiado radicado en Tamaulipas.
04 Junio 2018 04:13:00
El nuevo pacto de impunidad
No tiene nada de raro que López Obrador haya montado una campaña a favor de la inevitabilidad de su victoria. Siendo altamente discutible el fondo, la lógica del arroz cocido es impecable: ya gané, y entre más gente crea que ya gané, más probable se vuelve que gane. El capítulo más discutible de esta campaña yace en su corolario: hasta Peña Nieto ya sabe que ya gané, está actuando en consecuencia y se comienza a fraguar el nuevo pacto de impunidad.

Las señales son múltiples, y convincentes. Yeidckol Polevnsky ensalza a Raúl Cervantes, once and future candidato de EPN para ocupar un asiento en la Suprema Corte y para cuidarle sus vulnerables espaldas. La misma dirigente de Morena sentencia que Alejandro Gutiérrez es un preso político de Javier Corral, y lamenta lo que ha padecido Manlio Fabio Beltrones por culpa del gobernador de Chihuahua. El Partido Verde abandona al PRI en Chiapas, lanza su propio candidato a gobernador, que ipso facto, llama a votar por AMLO. Este último, a su vez, emite una declaración insólita, que se agrega a sus diversos indultos anteriores a EPN, en la que llama a “respaldar al Presidente hasta que termine su mandato”, y establece una serie de condiciones para el período de transición.

Entre ellas figuran la vigencia de una política económica única (falso: el presupuesto 2019 se elabora al alimón entre los dos equipos), la autonomía de Banxico, una aceptación tácita de que EPN conduzca las negociaciones con Estados Unidos hasta el 30 de noviembre, y sobre todo, un rechazo a “juzgar” al sexenio de Peña Nieto, después de haberse pasado más de cinco años criticando y denostando todo lo que se ha realizado durante ese lapso. Cómo un líder opositor puede abstenerse de “juzgar” a su adversario en plena campaña electoral rebasa mi entendimiento, pero no parece perturbar mayormente los números de AMLO en las encuestas.

Lo normal sería que una candidatura que se nutre del repudio al gobierno y en particular a Peña Nieto, y que se ha fortalecido al llegar casi a monopolizar la postura antisistémica, no debiera poder cambiar de canal tan fácilmente y llegar a un acuerdo casi público con el objeto previo de su ira. O en todo caso de la ira de sus seguidores: estoy seguro que si se le preguntara a los votantes potenciales de AMLO si aprueban la idea de un pacto con EPN, la respuesta resultaría ser abrumadoramente negativa. Pero o bien no se han enterado, o no lo creen posible de su líder, o ya no les importa nada salvo ganar el 1 de julio.
¿Que obtiene cada quien en el pacto? Peña, la libertad para él y su familia. No es poca cosa. Del lado de AMLO, el intercambio es más complejo. Para empezar logra que lo que le faltó en 2006 y 2012, y que probablemente le costó ambas elecciones: evitar que le “echaran montón”. En esos comicios tanto Vicente Fox como Felipe Calderón jugaron a y organizaron la segunda vuelta virtual:

unificaron a todas las fuerzas y poderes fácticos en favor de una candidatura, la que rivalizaba con AMLO. Si creemos las versiones de innumerables columnas políticas y un video de Ricardo Monreal, Peña Nieto se negó a actuar de la misma manera que sus predecesores al pedírselo una representación de los grandes empresarios de México. Asimismo, todo sugiere que los gobernadores priistas –los pocos que quedan– no sólo no se están prestando al juego en cuestión, sino que tal vez hayan pactado el voto útil no a favor de Anaya, sino de AMLO. No debiera extrañar a nadie. Por último, Andrés Manuel recibe, por parte de los poderes fácticos sensibles a la influencia presidencial, un trato amable o francamente condescendiente, lo cual siempre es bienvenido.

¿Que dirá la historia del pacto de impunidad AMLO-EPN? Si el electorado no lo castiga –y creo que sí lo hará- el juicio podrá ser severo.
01 Junio 2018 04:06:00
Aranceles y TLC
La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 y 10% a las importaciones de acero y de aluminio mexicanos (y a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo frente en la relación bilateral. En particular, más allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la posibilidad de que esto se resuelva con alguna celeridad, complica enormemente la renegociación pendiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hace dos meses, cuando Trump suspendió la aplicación de los aranceles a México y Canadá, muchos expertos sostuvieron públicamente –y varios funcionarios lo hicieron en privado– que se trató de un importante logro de México. Hubiera sido casi imposible mantener la renegociación del tratado bajo la amenaza de más aranceles, o en plena guerra comercial entre México y Estados Unidos. El gran logro parece nuevamente un argumento tramposo y engañoso: es la misma cantaleta del candidato del PRI a la Presidencia cuando sostuvo que la invitación a Trump en agosto del 2016 fue una gran idea porque, a diferencia de otros acuerdos internacionales, Estados Unidos aún no se ha retirado del TLCAN. Pero quizás el argumento válido sí era que afortunadamente dichos aranceles no se decretaron y eso permitía que las negociaciones siguieran su curso, lento o veloz, según el caso.

Si eso era cierto entonces, hace dos meses, entonces lo es también ahora a contrario sensu. Los aranceles muestran, en primer lugar, que México no ha sido objeto de un trato excepcional en relación a otros países, y también que, en efecto, negociar en estas condiciones con Estados Unidos y Canadá los litigios pendientes del TLCAN es, en la mejor de las hipótesis, extraordinariamente difícil, y quizás imposible. No sólo se trata de una espada de Damocles o, si se prefiere, de un condicionamiento inaceptable: si no hay acuerdo sobre el TLC, en el cual México ceda todo, se mantienen estos aranceles, e incluso puede haber otros, los de la industria automotriz, por ejemplo, que también ya están bajo estudio invocando la misma cláusula de seguridad nacional.

Sobre todo, se ve difícil que el ambiente y la cordialidad necesarias para que una negociación tan compleja y que ya lleva casi un año, pueda darse –insisto–, en circunstancias de una cuasi guerra comercial. Son los mismos negociadores los que atienden el tema de los aranceles y de las represalias, los que buscan acuerdos sobre las reglas de origen o la cláusula Sunset, o los capítulos de solución de controversias. Son los mismos gobiernos que se pelean por un lado en la plaza pública comercial, y negocian supuestamente con toda discreción temas como la estacionalidad agrícola, y las compras de Gobierno.

No es imposible tratar de encapsular el TLC, o los aranceles, y decir con toda inocencia que lo uno no debe contaminar lo otro. En el mundo real eso no es así. Peña había dicho hace casi un año y medio que buscaba una negociación integral con Estados Unidos: no sólo lo comercial sino también lo migratorio, la seguridad, el combate al narco, etcétera. Ahora resulta que hay quienes no sólo no desean una negociación integral de todos los temas, sino que incluso quieren rebanar lo comercial: por un carril los aranceles y las represalias, por el otro el TLCAN. Lo único razonable en este momento, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales, es suspender las negociaciones y dejarlas en manos del Gobierno y del Senado que vienen. Es la forma estadista y responsable de hacerlo.
30 Mayo 2018 04:07:00
Anaya en la Ibero
En 2012, Enrique Peña Nieto aceptó una invitación de alumnos y profesores de la Universidad Iberoamericana para tener un diálogo con ellos en la sede de Santa Fe de dicha universidad. Como muchos recordarán, fue a raíz de aceptar esa invitación que pasó por uno de los momentos más difíciles, si no el más adverso, de su campaña presidencial de aquel año. Fue increpado, interpelado, criticado, abucheado y finalmente casi perseguido por los pasillos y los baños de la institución académica. No fue tanto por el mero hecho de haber ido, sino por haberse equivocado de público: querer afirmar una posición “de estado” frente a los enfrentamientos del 2011 en Atenco, en lugar de mostrar comprensión y tolerancia en relación con los manifestantes en esos incidentes, por lo menos ante un público estudiantil.

Ahora, la Ibero vuelve a invitar a los candidatos, y Andrés Manuel López Obrador ha respondido que no acudirá a la universidad. Se entiende su renuencia a hacerlo. No tiene nada que ganar y mucho que perder. Su ventaja es grande, parece, según algunas encuestas; los estudiantes, de nuevo parecen, según varias encuestas, estar de su lado; y el riesgo de que se tropiece, balbucee, trastabillee o francamente meta la pata en un diálogo espontáneo, de ida y vuelta, y poco organizado, es elevado. Es el peor escenario posible para López Obrador, y es muy entendible que se niegue a enfrentar ese peligro o, mejor dicho, ese auditorio. Serán muchos partidarios de los estudiantes universitarios, pero una cosa es tenerlos de aliados en las redes sociales, o en su caso en algunos mítines muy organizados, y otra es asistir a un encuentro con ellos en su terreno, no en la zona de confort de López Obrador.

En cambio, Ricardo Anaya tomó la decisión audaz y sin duda arriesgada de aceptar la invitación. Acudirá a la Ibero y sostendrá ahí el diálogo que deseen los estudiantes, seguramente negociando previamente en algunos de sus aspectos. Podrá así responder a sus preguntas, enfrentar sus dudas y críticas, y someterse a la posibilidad de que algunos sectores, ya sea partidarios de López Obrador, ya sea provocadores del PRI, busquen ponerlo en evidencia o “reventar” el evento. Sin duda, eso no sucederá, ya que la inmensa mayoría de las autoridades, los profesores y los estudiantes de la Ibero respetan la libertad de expresión y las mínimas reglas de cordialidad y civilidad necesarios cuando uno invita a alguien a su casa.

De José Antonio Meade no sabemos aún si acudirá, si irá a la Ibero y, por tanto, es difícil vaticinar cuál será el desenlace de su asistencia en caso de que la hubiera. Sin embargo, todo parece indicar que tampoco se trata de un recinto apto para él, y muy probablemente buscará la manera de declinar la invitación.

Tendría también mucho que perder, si las cosas salen mal, como es probable que salieran, y poco que ganar, ya que, si muchos estudiantes pueden albergar dudas ante Ricardo Anaya, prácticamente todos las albergan frente al candidato del PRI. No iría Meade a la Ibero, sino el candidato del PRI, el colaborador y el delfín de Peña Nieto. Peores recomendaciones, imposible.

Ha habido momentos emblemáticos en distintas contiendas presidenciales, además de la de 2012, en varias universidades. Es posible que la visita de Anaya a la Universidad Iberoamericana sea uno de esos momentos. O tal vez termine por no encerrar mayor interés, ya que los medios posiblemente decidan, o bien ignorarla o bien enfocar toda su atención en los posibles incidentes menores o poco representativos que tengan lugar. Pero por lo menos Anaya lo habrá intentado. A diferencia de López Obrador, que cuya decisión se resume en dos palabras: “le sacó”.
28 Mayo 2018 04:06:00
El IBU, una buena discusión sobre una gran idea
Tal vez sin el relieve que merece, y que sería útil y necesario para la campaña de Ricardo Anaya, la propuesta de un Ingreso Básico Universal (IBU) ha despertado cierta controversia y una discusión muy sana. Se han formulado varias dudas y objeciones frente a la terminología utilizada, a la viabilidad fiscal del esquema, e incluso a la moralidad del IBU.

Primero, manifiesto mi punto de vista sobre el contenido de la propuesta. Se trata de entregar, por un periodo de 6 a 10 años, una suma determinada de dinero a la totalidad de los mexicanos mayores de 15 o 18 años (yo prefiero los 18). La suma que actualmente se sugiere es de mil 500 pesos al mes: más o menos la diferencia entre el ingreso que recibe el sector más pobre de la población y la línea de sobrevivencia básica, determinada por el Coneval (aproximadamente 3 mil pesos al mes). La discrepancia entre los 15 y 18 años se refleja en dos cuestiones: si es para los de más de 15 años, el estipendio irá en parte a la familia; si es de más de 18, en una cierta proporción, no será el caso.

La implementación de este programa se hará de manera paulatina en el tiempo y en el espacio. Se comenzará con un pequeño número de estados, de preferencia los más agobiados por la extrema pobreza, elevando el número de personas beneficiadas año tras año. Desde el punto de vista administrativo, como fiscal, esto es de gran importancia. Significa que no todo el impacto fiscal tendrá lugar desde el primer día, y que el esfuerzo administrativo tampoco reflejará la totalidad de los habitantes y de las entidades del país. Al concluir la implementación del programa, todos recibirán su estipendio. No desde el primer día.

En segundo lugar, el término universal se utiliza en contraste con el de condicional o contingente, como es el caso de Prospera. En ellos se transfiere el dinero a grupos que comprobadamente se encuentran en extrema pobreza, sólo a las madres y en función del número de hijos que tienen. El IBU es sin condiciones, y a todo el mundo, una vez que se llegue al final del periodo.

¿Cómo se financiará todo esto? En primer lugar, al término de un censo de todos los programas de asistencia social que existen en el país a nivel federal, estatal y municipal, se verá cuáles pueden ser canalizados al IBU y cuáles no. No se pondrá fin a ningún programa que funcione o que implique derechos adquiridos, pero no es concebible que esta enorme cantidad de instrumentos de protección social sean todos eficaces o incluso reales. La gran virtud del IBU es que imposibilita su carácter clientelar; al ser elegible todo el mundo para recibirlo, no hay ninguna discrecionalidad por parte del Estado. En segundo lugar, una vez que se determine cuánto dinero hay en los programas existentes y cuánto falta año tras año para completar el financiamiento necesario, en términos fiscales, se verá qué tipo de instrumento se puede utilizar para cubrir el faltante. Puede abarcar desde un impuesto especial a ciertos sectores de la sociedad, hasta una extensión del IVA, o desviar recursos de otros destinos a este programa.

Por último, el incentivo para trabajar. Algunos pueden pensar que si un mexicano en condiciones de extrema pobreza de repente recibe mil 500 pesos al mes adicionales, ya no buscará trabajo. Me parece un enfoque bastante despreciativo de la gente con menos recursos en este país. Nadie que reciba mil 500 pesos y tenga dos o tres hijos va a contentarse con eso, al contrario, los utilizará para buscar un mejor empleo o empezar un negocio. Al final, lo más importante es que si este programa se pone en práctica, se financia de manera ortodoxa y prudente, es factible acabar con la pobreza extrema en México.
25 Mayo 2018 04:06:00
Los indecisos y el ‘efecto’ Bradley
El tema de los indecisos obsesiona a los políticos y a los encuestadores. La razón es sencilla, y no se requiere de un conocimiento especializado en la materia para comprenderla. En la mayoría de las encuestas que se publican o que circulan en privado, el número de personas que responden con un “no sé” o “prefiero no contestar” a la pregunta de por quien piensan votar, varía entre un 10% (Massive Caller, por ejemplo) hasta 38% en Reforma.

Las encuestadoras reaccionan de tres maneras ante los llamados indecisos. Unas los reparten (digamos, transformando el 80% que dio preferencia de voto, en 100%), de varias maneras (la llamada votación efectiva); otras los dejan por así decirlo intactos, y publican los datos de intención electoral junto con los indecisos (la llamada votación bruta).

Las dos principales formas de distribuirlos son: en la misma proporción que los que sí manifestaron un preferencia (una simple operación aritmética), o “modelando”. Esto último significa tomar en consideración una serie de factores (antecedentes históricos, alguna pregunta previa a la que sí respondieron los “indecisos”). Así se obtiene, según estos expertos, una idea más precisa de cómo votaría la totalidad de los electores reales si ese día tuvieran lugar los comicios.

Además de los indecisos, en esta elección mexicana figura un número excepcionalmente elevado, parece, de rechazos. Se trata de entrevistados en potencia, seleccionados según el método utilizado por la encuestadora, que se negaron a responder el cuestionario (los que no abren la puerta o la cierran, en términos figurativos).

Normalmente, cada visitante de vivienda debe entonces buscar y encontrar un sustituto que reviste las mismas características demográficas y socio-económicas que el “rechazante”. En ocasiones lo hacen, en ocasiones no. En México hoy el rechazo alcanza, según algunas encuestadoras entre 30% y hasta 50% (en Estados Unidos, para encuestas telefónicas con líneas fijas en los años 90, las tasas de rechazo era un poco más elevadas).

Ahora bien, han proliferado las “teorías’ o explicaciones posibles a propósito de la inclinación de los indecisos y “rechazantes”. De los segundos, en muchos casos pueden ser personas que simplemente no van a votar, les repugna la política, les resulta indiferente, o no tienen idea de qué va. A la inversa, de acuerdo con otras tesis, quizás constituyen una reserva de voto indignado, iracundo y a la vez atemorizado por “la mafia del poder”, que van a sufragar por AMLO pero no aceptan decirlo por pensar que las encuestas forman parte del bando enemigo. Difícilmente pueden encerrar un voto escondido anti-Morena.

Los indecisos, sí. En el 2000, aquellos presentes en las encuestas al final de la campaña se inclinaron por Fox en una proporción mucho más alta que los “decididos”, dándole la victoria. Esta vez, se supone, no son partidarios del opositor puntero, ya que no existen motivos para disimular un voto por Andrés Manuel.

Varios especialistas creen ubicarlos en el Frente o en el PRI, por motivos parecidos, aunque en direcciones distintas. Los más, sienten que se trata de electores anti-AMLO inconfesos, que votaran por el segundo lugar, cualquiera que este sea, es decir, serán sufragios a favor de Anaya que prefieren ocultar su sentimiento contra Morena ante el encuestador.

Otros, claramente partidarios de Meade, han re-resucitado una tesis que llegó a llamarse el “efecto Bradley”. Este fue alcalde de Los Ángeles y después buscó ser gobernador de California. Perdió en dos ocasiones, aunque las encuestas lo daban por ganador. El motivo del error: resultaba “políticamente incorrecto” o vergonzoso, para un votante blanco liberal, reconocer que jamás votaría por un negro. Al encuestador le decían una cosa, y al llegar a las urnas, hacían otra. Algunos partidarios del candidato del PRI sugieren que puede haber un voto pro-Meade escondido entre los indecisos, a quienes les da vergüenza revelar que votarán por ese partido, pero que lo harán “por que es el mejor”.

Detrás de toda esta especulación yace mucho “wishful thinking”. No quita que parece imperar un cierto enigma nuevo en el comportamiento del electorado mexicano, que aún puede incidir en el resultado. Seguramente en los días venideros los propios encuestadores nos ilustrarán al respecto.
23 Mayo 2018 04:06:00
México, AMLO y Venezuela, hoy
Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor “palero”, pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica –como lo deseaba la oposición– y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un Gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

Igual, el régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humanitaria, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer 6 años más en el poder. Lo hará, según el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular, el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el debate de Tijuana, dedicado al tema de México en el Mundo, el día mismo de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general.

Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve a Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los candidatos Anaya, Meade y Rodríguez Calderón sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de nuestra embajadora en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura.

López Obrador, por su parte, mantiene su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, tienen de dos sopas. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo,  en cuyo caso brincan sus huestes internas: Polevnsky, Noroña, Taibo, el PT, y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de 2006. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean. 

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente.

No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.
21 Mayo 2018 04:06:00
La barbaridad del ‘país seguro’
Este Gobierno ha cometido una enorme cantidad de errores a lo largo de sus cinco años y medio de gestión. Al grado de que puede llegar a ser repudiado por más de 80% de los mexicanos en las urnas. Pero pocos yerros podrán pasar a la historia como el que se propone ahora: firmar un acuerdo de “País Tercero Seguro” (Safe Third Country Agreement) con Estados Unidos. Es una barbaridad.

El concepto se refiere a una excepción al derecho de asilo, según el cual un ciudadano de Siria, por ejemplo, que se encuentra en Austria y solicita asilo en Alemania (país aledaño), puede ver rechazada su solicitud en vista de que las autoridades alemanas consideran que Austria es un país “seguro”, es decir, un país donde se respetarán los derechos humanos y de asilo del expatriado sirio.

De acuerdo con la base de datos del Consejo Europeo “AIDA”, varios países europeos, así como Turquía, han celebrado acuerdos de esta índole entre ellos, o con otros. La Unión Europea consagra el principio, en ocasiones denominado “derecho de primer asilo”, en su Reglamento de Dublín; Alemania considera que todos los miembros de la UE son “países seguros”; y Turquía determinó que Irán y Pakistán eran “países seguros”, por lo menos para refugiados afganos.

Son varios los principios que deben respetarse en estos acuerdos. Entre ellos figuran el de “non-refoulement” (no re-envío a país de origen); que las vidas y las libertades de las personas involucradas no se encuentren en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política; que el solicitante disponga de la oportunidad de pedir asilo en el país “seguro”; que exista un “vínculo razonable” entre el solicitante y el “país seguro”. Para ello, debe aplicar una de las siguientes condiciones: que el solicitante cuente con familiares en el país tercero; que haya vivido en dicho país, con trabajo; que disponga de vínculos culturales firmes con ese país, por ejemplo el idioma.

Ahora bien, el acuerdo que Estados Unidos busca imponerle a México, y cuya existencia ha sido divulgada por The New York Times y el medio on-line POLITICO, y únicamente por Proceso en México, y que comenzó a ser negociado el jueves y viernes pasados en Washington, no cumple con estas condiciones. Según los medios mencionados, los aspirantes no mexicanos al asilo en Estados Unidos –principalmente nacionales de los países del Triángulo del Norte– ya no podrían ingresar a ese país –como lo hicieron en Tijuana, hace un par de semanas– sino que solicitarían asilo en México, que sería un Safe Third Country, o “país tercero seguro”. Como lo pudieron comprobar, por ejemplo, los hondureños masacrados en San Fernando hace unos años; o las decenas de miles de salvadoreños o guatemaltecos “refoulés” cada mes a partir de 2014; o los nacionales de otros países, incluyendo a Cuba, que carecen de cualquier vínculo familiar o de otro tipo, salvo el lingüístico, con México. Sus solicitudes se procesarían en México con celeridad, transparencia, honestidad y apego a la ley, como lo saben bien todos los extranjeros que han tenido tratos con el Instituto Nacional de Migración a lo largo de los últimos 40 años. Obviamente cumplimos con todos los requisitos para ser tercer país seguro, como Suecia, Canadá, y los miembros de la UE.

Los medios citados sospechan que México aceptó la exigencia de Trump a cambio de una flexibilización de Estados Unidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Si bien The New York Times cita a Videgaray afirmando que no existen condiciones hoy para un acuerdo de esa naturaleza (por eso de los animales, tal vez), ni se suspendieron las pláticas, ni México ha informado a los mexicanos sobre el tema. Una barbaridad, para un gobierno de barbaridades.
18 Mayo 2018 04:06:00
La línea roja
Los comentarios de Donald Trump antier, a propósito del carácter “animal” de los migrantes indocumentados de México y de Centroamérica, así como su queja adicional de que México no hace nada por Estados Unidos en materia de comercio, ni en lo que se refiere a la seguridad fronteriza, constituyen un traspaso, ahora sí, de una línea roja a la que nunca debimos haber llegado.

Utilizar un término como “animales” representa un ejemplo del discurso del odio que en muchos países de Europa constituiría un delito. Si a eso le agregamos la respuesta del negociador del TLC norteamericano en el sentido de que no hay un acuerdo comercial en puerta, en su conjunto, son un síntoma del deterioro que ha habido en la relación de México con EU en los últimos 16 meses.

Sí es una línea roja y ha llegado el momento de ejercer represalias e ir más allá de la retórica tan cansada del respeto, de la dignidad, y de la soberanía. Existen múltiples opciones, pero habría que comenzar con dos que describo rápidamente. Para empezar, EPN, en compañía de, por lo menos, los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, debiera emitir una declaración solemne exigiendo una disculpa pública a la Casa Blanca y al presidente Trump por utilizar un lenguaje denigrante, ofensivo, del odio, e inaceptable con relación a mexicanos y centroamericanos.

A continuación y, en segundo lugar, el Mandatario mexicano debe señalar que la cooperación mexicana en tal o cual rubro, ha sido suspendida hasta que se reciba dicha disculpa pública. Y esto mismo debe proclamarlo el Gobierno de México en los medios norteamericanos.

Hay 10 o 15 temas de cooperación que pudieran ser suspendidos entre los cuales se puede escoger uno. Además, el que se escoja, debe ser proporcional a la ofensa, debe causarle el menor daño posible a México, debe provocar una reacción en EU de los sectores burocráticos afectados para que sean ellos quienes presionen a la Casa Blanca para que rectifique su postura. Y debe ser algo fácilmente explicable y aplicable por las autoridades mexicanas.

Primer ejemplo: suspender la admisión de deportados supuestamente mexicanos de EU a México sin que antes las autoridades estadunidenses comprueben la nacionalidad mexicana de las personas interesadas. Si esto va a causar problemas del lado de EU, mala tarde para todos.
Segunda posibilidad, retirar de la frontera sur y del Istmo de Tehuantepec a los contingentes de las Fuerzas Armadas, de la PF y del INAMI, salvo en los puntos fronterizos existentes, y levantar todos los retenes hasta nueva orden.

Esto provocaría, en efecto, un éxodo de centroamericanos a EU; asunto de ellos. Y mientras están de nuestro lado de la frontera, darles todo el apoyo posible en esos puntos fronterizos del norte, en espera de que puedan cruzar y pedir asilo. Siguiente opción. Probablemente la más drástica pero la más eficaz: expulsar, al término de una semana, a la tercera parte de los agentes de la DEA presentes en México en este momento. A la siguiente semana de no venir la disculpa pública, expulsar otro tercio de agentes norteamericanos en suelo mexicano, y así sucesivamente hasta que no quedara ninguno. Provocaría una reacción muy negativa en EU, pero por parte de la DEA, una enorme presión sobre la Casa Blanca para que cambiara de posición.

Última opción, algo que ha sugerido Aguilar Camín desde hace más de un año: suspender la cooperación en materia de inteligencia entre el Gobierno de México y las autoridades estadunidenses, incluyendo el cierre de los centros de fusión en México, y la suspensión del programa de los requisitos de visados para nacionales de países terceros que desean entrar a México supuestamente camino a EU. Muchos dirán que cualquiera de estas medidas puede traer consigo una represalia igualmente virulenta por parte de EU. Es posible. Pero llevamos casi 18 meses esperando que poner la otra mejilla llevará a que un día cercano cesen las agresiones de Trump. No ha sucedido. Esto es lo que conviene hacer ahora, esta es la respuesta al cruce de la línea roja, esto es lo que la sociedad mexicana entera debe exigirle al Gobierno, y es lo que el Gobierno debe realizar, con el apoyo de la sociedad mexicana.
16 Mayo 2018 04:06:00
Sobrevive el anacronismo mediático
Las “entrevistas”/debates entre/con candidatos a la Presidencia en la televisión han generado muchos comentarios a lo largo de los últimos días, incluso por parte de algunos de los participantes. Los organizadores han justificado los formatos y los desempeños de los candidatos y de los entrevistadores o adversarios. Los partidarios de los candidatos, por su parte, lógicamente, han manifestado su disgusto con la forma en que fueron tratados sus gallos, y con el trato que recibieron sus rivales. Hasta aquí, nada más que normal.

Con un pequeño detalle. En otros países, donde, como se imaginará el lector, también hay elecciones, televisión y programas especiales en campaña, los comentarios siempre giran en torno a los protagonistas, a saber, los candidatos. En Francia, o en Chile, la comentocracia y los políticos intercambian puntos de vista sobre lo bien o lo mal que se manejó Piñera o Macron, Guillier o Le Pen. En Estados Unidos, con campañas más largas y un mayor número de precandidatos, las páginas editoriales, los blogs y las redes sociales se nutren de perspicaces y sabias opiniones sobre la agilidad de Hillary Clinton y la pasión de Bernie Sanders, la insolencia de Trump o la pasividad de Jeb Bush. Casi nunca leeremos, o escucharemos, puntos de vista sobre Wolf Blitzer o Charlie Rose (antes de su desaparición de la pantalla), de Joe Scarborough o Sean Hannity, de Lesley Stahl o Christiane Amanpour. Si realizan bien su trabajo, serán, como los árbitros deportivos, invisibles.

Por desgracia, esto no sucede aún en México. Más allá de las individualidades y las diferencias evidentes entre los participantes en Tercer Grado, Milenio, etc., los programas fueron tanto sobre ellos mismos como sobre los candidatos. No ha sido posible todavía llegar a una normalidad mediática, aunque los moderadores del primer debate presidencial se acercaron a ella. Los periodistas o académicos presentes en la televisión aún no aceptan que su papel consiste en dejar que el invitado responda a preguntas incisivas y con seguimiento, pero al final que el centro de atención es él (o ella). No es necesario interrumpir, presionar, gritar o tratar de lucirse a costa del invitado; es un invitado.

En  las mesas de debate de los lugartenientes de los candidatos se vale interrumpir e intimidar, cuando se puede. Asimismo, en las mesas redondas (por ejemplo, La Hora de Opinar, los lunes a las 10, en Foro TV), es perfectamente aceptable que todo el mundo hable a la vez, aunque entonces no se suele entender nada. Pero en ambos casos impera una relación entre pares: entre los suplentes de los candidatos, o los mismos de siempre en las mesas redondas. No es el caso de los candidatos: son diferentes, en todos los sentidos.

No son los pares de los entrevistadores. Uno de ellos va a ser Presidente. Vale la pena recordarlo, no en aras de la cortesía o la reverencia, sino de un simple y sano realismo. A eso no hemos llegado.
14 Mayo 2018 04:00:00
Otra vez: el liberal salvaje
En un virtual homenaje a Manuel Rodríguez Woog, el fallecido encuestador, estudioso y amigo entrañable, la revista Nexos este mes publica una nueva versión de la encuesta y análisis realizados en 2011 por Manuel y entonces titulado Mexicano Ahorita: Retrato de un Liberal Salvaje. Hoy, el nuevo retrato de un liberal salvaje nos confirma y nos amplía los resultados de principios del decenio.

Retengo tres hallazgos del estudio: el cambio, el individualismo, y la irrealidad en la que vive el mexicano. Sobre el primer tema, “frente a la disyuntiva de elegir un presidente que cambie poco y sigamos como vamos, o uno que cambie mucho y empecemos algo nuevo, un 81% se inclina por un cambio”.

Son los mismos números que encontramos en encuestas electorales, pero aquí justamente se ubica la pregunta en un contexto diferente. El desenlace es el mismo. Por eso le apuesto a quien quiera que el PRI no saca más de 20% el 1 de julio.

Sobre el individualismo, los autores Claudio Flores, Guido Lara, Marco Robles y Benjamín Salmón corroboran innumerables pesquisas anteriores. En 2011, en mi libro Mañana Forever: Mexico and the Mexicans (traducido al castellano como Mañana o Pasado: El Misterio de los Mexicanos), me propuse reconfirmar las tesis perennes de Ramos, Paz y Bartra sobre el individualismo mexicano. Individualismo centrado en la familia, y en la desconfianza de cualquier acción colectiva. Di como un ejemplo entre muchos otros la horizontalidad de la vivienda, y las dificultades de pasar a la verticalidad. Los sucesivos directores del Infonavit me corregirán...

El estudio muestra que 81% de los mexicanos están de acuerdo con la afirmación “antes que el país está mi familia”; 72% que “El esfuerzo personal es más importante que el esfuerzo de todos como país”; y 61% afirma que “Hago lo que me beneficie aunque no se beneficie el país”. Apenas 43% sostienen que los mexicanos SÓLO tenemos sueños comunes. Quizás no se necesita un estudio tan profundo para confirmar el individualismo radical del mexicano, en el entendido de que el núcleo individual es la familia nuclear, pero es preferible contar con un instrumento de esta naturaleza. Así, cada vez que alguien busque convocar a los mexicanos a un esfuerzo colectivo y a abandonar el “cada quien para su santo”, sabrá exactamente a qué se enfrenta.

Por último, el análisis revela un grado de irrealidad en la que vive un gran número de mexicanos, que a la vez explica el individualismo y también el elevado nivel de frustración que envuelve a muchos compatriotas. Tres cuartas partes de los mexicanos consideran que “los sueños sí se pueden alcanzar”. 84% confía “en que pueden cambiar su vida”.

En esto el ensayo de GAUSSC y LEXIA se asemeja a otro citado por Miguel Basáñez, en el cual alcanzamos el quinto lugar entre 101 países en la confianza de tener control sobre nuestras propias vidas. Más del 70% considera que México es un país rico (el famoso cuerno de la abundancia), y 57% piensan que, para progresar, México no necesita de Estados Unidos. Las dos terceras partes de la sociedad mexicana están convencidas que México es un país rico, donde hay que repartir mejor la riqueza, mientras que sólo un tercio cree que es un país pobre y que hay que generar riqueza.

En menor o mayor grado, todas estas afirmaciones, convicciones o pensamientos son falsos. Lo serían en muchos otros países también, desde luego (quizás en Suiza no), y algunos lectores puedan pensar que así como lo piensan esos mexicanos, es como debería de ser (México no debiera necesitar a Estados Unidos para progresar). Aquí vemos algo fundamental, que el estudio no destaca, porque no es su tema: el carácter profundamente aspiracional del mexicano (la lógica de la publicidad de la rubia Superior). Pero una cosa es tener aspiraciones, y otra es creer que mágicamente se cumplen. Por desgracia, no es así.
11 Mayo 2018 04:06:00
¿Quién ‘conecta’ con quién?
He escuchado, como muchos, a un gran número de colegas en estas semanas y días, opinar sobre la capacidad de uno u otro candidato de “conectar” emocionalmente con el “pueblo”. También discurren sobre el carácter emocional de estas elecciones en México, a diferencia de la naturaleza “racional” en otros momentos en nuestro país, o en otros países. No dudo del gran conocimiento que posee nuestra comentocracia (exceptuando al que escribe: no presumo saber mucho al respecto) a propósito de los sentimientos profundos del pueblo mexicano, ni tampoco sobre los diversos grados de emotividad versus racionalidad de unos comicios u otros en unos países u otros.

Dejemos a un lado el problema de definir al “pueblo”, es un dilema secular. ¿Es uno, único y está siempre unido? (¿El pueblo unido jamás será vencido? ¿En serio?) ¿Son los votantes? ¿Los mexicanos de menores ingresos? ¿El círculo verde? ¿Los que ven televisión en general? ¿Los que vieron el debate o las principales emisiones de estas últimas semanas?

Sí me pregunto, sin embargo, qué significa “conectar emocionalmente”, cómo se come eso, y cómo se mide. Por ejemplo: en relación con el programa Tercer Grado de Televisa de anteayer, oí o leí a varios columnistas o comentócratas decir que Anaya no “conectó”, ni conecta en general, con la “gente”, mientras que Andrés Manuel sí lo hace (Meade, para variar, no viene al caso). Es muy posible que eso sea cierto, pero sigo confundido: ¿cómo lo saben? A mí se me ocurren algunas métricas posibles, y es muy factible que los colegas las hayan revisado minuciosamente entre el momento en que se difundió el programa, y cuando escribieron sus columnas o transmitieron sus comentarios.

Para empezar, el rating. Según Nielsen, a AMLO lo vieron 1.7 millones de televidentes; a Anaya, 1.6, y a Meade 1.3, pocos en relación con el debate que fue visto por casi 18 millones de mexicanos (aunque el horario lo explica en gran medida). Si Anaya no “conectó” o AMLO sí “conectó”, fue con ese número de personas. ¿De qué personas se trata? Difícil de saber, aunque Nielsen o IBOPE guardan datos demográficos sobre la audiencia: nivel socio-económico, edad, escolaridad. En segundo término, disponemos, en teoría, de elementos procedentes de las redes sociales: Facebook y Twitter, principalmente, un poco de Instagram. ¿Cuántos retuits hubo, sin pauta? ¿Cuántos “likes” en Facebook? ¿Cuántas vistas en reproducción? Y de nuevo ¿Quiénes son los que opinaron al respecto? ¿ Jóvenes, clases medias, hombres o mujeres? Por último, supongo que las campañas armaron grupos de enfoque para ver el debate, sobre todo con los públicos que les interesa: indecisos, independientes, votantes útiles en potencia. Los resultados de dichos grupos nos podrían ilustrar mucho sobre quien “conectó” y quién no, y con quiénes.

El ejemplo de la pasada elección de Estados Unidos es pertinente. Durante buena parte de la campaña, pero sobre todo después de los comicios, la comentocracia norteamericana recalcó la “frialdad” de Hillary Clinton, como no “conectaba” con sus auditorios, como no encendía a nadie y dormía hasta un caballo (otros recurrían a expresiones más procaces). Argumentaban cómo Trump si “conectaba” con los varones blancos, sin educación universitaria y de más de 50 años de edad. Tal vez fue cierto todo eso, pero Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump. No los conquistó donde debía, y por eso perdió. Pero le ganó a Trump por 2.5% del voto. La clave consistió en “conectar” con quien convenía electoralmente, no necesariamente con todos.

Yo no sé si Anaya conecta con otros como lo hace conmigo: a través de su inteligencia, formación y agilidad. Tampoco sé si AMLO aburre a otros tanto como me aburre a mí. Pero antes de afirmar tan categóricamente que uno u otro hace una cosa u otra, les rogaría a los colegas que dispusieran de un mayor volumen de datos duros antes de opinar.
09 Mayo 2018 04:07:00
El tipo y el Tratado
Se suponía que esta semana era la buena para llevar a buen puerto las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora la fecha fatídica parece ser el 15 de mayo. Esta vez, sin embargo, los vaticinios del Gobierno de México y de Estados Unidos no parecen encerrar la misma credibilidad –totalmente inmerecida– de hace unos meses. Veamos por qué.

El tipo de cambio se mueve por muchas razones en estos momentos. Dos tienen poco que ver con México. El dólar se ha fortalecido frente a otras divisas y eso, en algunos casos, quizás en este, puede hacer que también se fortalezca frente al peso mexicano. Una segunda razón es que se aproxima nuevamente un alza de las tasas de interés en EU por parte de la reserva federal, y eso lógicamente también encarecería al dólar frente al peso y otras monedas. Pero las dos razones principales por las cuales el peso se fortalece, o se debilita en este momento, son, sin duda, de índole estrictamente mexicana.

En primer lugar, se trata desde luego de la perspectiva electoral. En la medida en que se acerquen las elecciones, y la brecha entre AMLO y Ricardo Anaya se cierra sólo lentamente, muchos analistas consideran que la posibilidad del triunfo de AMLO aumenta –yo desde luego no comparto esa visión– y empiezan a vacunarse contra dicho triunfo y la corrida contra el peso que ellos piensan seguramente se desatará. El tema ahí es si la caída del peso se va a agudizar en las próximas semanas, y si el Banco de México se va a ver obligado a intervenir al elevar las tasas de interés.

El otro factor reside, obviamente, en las perspectivas de un desenlace favorable de las negociaciones sobre el TLCAN. Aquí la cosa es más complicada. Los analistas suelen ser ingenuos, ignorantes, y beatamente optimistas, y se tragan todas las versiones y mentiras de los tres gobiernos sobre si un acuerdo es inminente; si ya se finiquitaron todos los capítulos, o los más importantes; o si habrá un acuerdo, en principio sin detalles, pero lo suficientemente sustancioso para que pueda ser enviado a los respectivos congresos. Nada de todo esto es especialmente factible, pero eso es lo de menos, lo importante es que los mercados, es decir, los analistas de las corredurías y los bancos lo crean. Fue el caso hasta hace poco, aparentemente ya no lo es.

El peso se ha debilitado, en las últimas dos semanas más o menos, seriamente frente al dólar, y se encuentra hoy en su nivel más bajo desde enero. Si bien los tres factores mencionados inciden en este panorama, es evidente que el tema TLC es el que está generando las mayores turbulencias. De ahí que uno pueda plantearse la pregunta siguiente: ¿Qué le conviene más a México, aunque no necesariamente al tipo de cambio? ¿Que el TLC se firme rápidamente? ¿Se refortalezca o se estabilice la paridad? ¿Se genere una sensación de confianza y de certeza hacia adelante? Y ya no quede ningún pendiente para el siguiente Gobierno frente a Trump salvo, desde luego –sarcásticamente– las deportaciones, el muro, las detenciones, etc.

Algunos piensan que una solución de este tipo sería lo mejor para el tipo de cambio a corto plazo, pero también para AMLO. Un acuerdo del TLC ya finiquitado, un tipo de cambio estabilizado o fortalecido, una situación de tranquilidad y de certidumbre en las relaciones con Estados Unidos pueden disipar las últimas dudas frente a las consecuencias de la victoria de un candidato con las posiciones económicas y políticas que todos conocemos. Otros piensan que al revés, que independientemente de lo que suceda con AMLO, lo más importante es que México resuelva ya este dilema y que lo hagan Peña y su gente porque conocen el tema y porque tiene posiciones en teoría conciliables con las de Trump.

Mi impresión es que el acuerdo a corto plazo no va; si Videgaray lo trata de forzar a toda costa, puede sacar un convenio en principio, pero que no será ratificado por ninguno de los dos congresos este año, y le tocará entonces a Anaya o a López Obrador renegociarlo en el 2019. La pregunta es, entonces, ¿de qué sirve hacer todo esto a las carreras? Pues una de dos, dejar un legado superficial y ficticio, o ayudar a López Obrador.
07 Mayo 2018 04:06:00
Más deportaciones, ahora sí
El fin de semana la Secretaría de Gobernación divulgó los datos más recientes sobre repatriados mexicanos desde Estados Unidos. Entre enero y marzo de este año, fueron deportados (repatriados es un eufemismo típicamente priista o mexicano, como se prefiera) 53 mil 764 nacionales. En el mes de marzo, Estados Unidos expulsó a 21 mil mexicanos.

Se trata de un incremento de 40% en relación al año anterior, el primero de Trump. Conviene recordar que el año pico de deportaciones (en la historia reciente), fue el 2010, bajo la presidencia de Barack Obama con 469 mil 268. A partir de esa fecha, las cifras descendieron hasta 219 mil 905 en 2016.

El 2017 fue el de menor número de deportaciones desde la época de Bush, pero en el segundo semestre, comenzaron a repuntar las llamadas repatriaciones.

De anualizarse los datos del primer trimestre, llegaríamos a más de 250 mil deportaciones este año. Marcan claramente una inflexión de tendencia. En otras palabras, las amenazas de Trump empiezan a cumplirse. Y las consecuencias para los mexicanos, tanto de aquí como de allá, también.

Sabemos con certeza que la política de Trump en materia migratoria ya ha surtido dos efectos que pronto redundarán en un mayor número de deportaciones de mayor gravedad para los afectados, como ya comenzó a suceder durante el primer trimestre de este año. En primer término, las detenciones en el interior de la Unión americana, a diferencia de aquellas en la línea o cerca de ella, se han incrementado enormemente (casi 50% más que el período anterior a partir de septiembre del año pasado). Esto significa que se trata de deportados con una larga vida e historia en Estados Unidos: no recién llegados. Son jefes o jefas de hogar con conyugues, hijos, propiedades, empleo, deudas, membresía en asociaciones, etc. Cada deportación de esta naturaleza es desgarradora; la de alguien detenido en el desierto de Arizona es, ante todo, un costo y una mala tarde, susceptible de ser mejorada al día siguiente.

En segundo lugar, Trump ya ha aumentado fuertemente los recursos de CBP y ICE, de los jueces de migración, de los centros de detención y de la cooperación lamentable de las policías locales con las autoridades federales, a pesar de la valentía de algunas ciudades santuario. Las dos modificaciones en la política anterior hacen que el número de personas en la lista de espera de deportación ha crecido de manera significativa, y por lo tanto, como ya se dijo aquí en múltiples ocasiones, las expulsiones crecerán de modo inevitable.

Las cifras mexicanas y de Estados Unidos no coinciden del todo. Las segundas suelen ser más elevadas que las primeras. Por lo tanto, debemos atenernos a una realidad más lastimosa: el número de deportados mexicanos pronto se acercará al de la época de Obama, con el agravante de que se trata de personas arraigadas en distintas comunidades del vecino del norte.

Es una consecuencia, perfectamente prevista, de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Frente a la que no hacemos absolutamente nada.
04 Mayo 2018 04:07:00
El voto útil en 2006
Se han dicho muchas cosas sobre el voto útil para las elecciones del 2018. Algunos dicen que ya no va a suceder en México porque somos un país pos-voto útil; otros, que nunca ha sucedido en ninguna parte; otros más consideran que, debido a las circunstancias de esta contienda electoral, es aberrante pensar en un voto útil. Disponemos de elementos más sofisticados para hacernos una idea de la pertinencia de la estrategia del voto útil en estas elecciones.

Quizás el mejor ejemplo sea el del 2006. En ese año Felipe Calderón fue el candidato del PAN, Roberto Madrazo el del PRI, Andrés Manuel López Obrador del PRD, y Vicente Fox el presidente. Calderón ganó la elección por una nariz contra López Obrador, y Madrazo se quedó muy atrás. Las preguntas interesantes a propósito de esa contienda, son: ¿Calderón evitó atacar al candidato del PRI para preservar las posibilidades de que sus votantes se inclinaran por él al final? ¿Sí hubo voto priista por Calderón de quienes abandonaron a Madrazo? ¿Hubo un pacto entre Calderón y Madrazo, o entre Fox y Madrazo, para asegurar la victoria de Calderón y la derrota de López Obrador?

Las respuestas no pueden ser categóricas ni definitivas, pero existen datos al respecto. Calderón se dedicó durante buena parte de su campaña a centrar sus ataques contra Madrazo, ya que desde un principio López Obrador mantuvo una ventaja importante que lo colocó como puntero. A Madrazo le sacó muchos trapos al sol: “Dicen que a este candidato cada día le salen, como al nopal, más propiedades”. En otras palabras, le pegó durísimo, por lo menos tanto como Anaya le ha pegado a Peña Nieto o a Meade en esta elección. La idea de que debido a los golpes de Calderón contra Madrazo se imposibilitó el voto útil de los electores priistas al final, es falsa.

Segunda pregunta: ¿Hubo voto útil en el 35% que obtuvo Felipe Calderón? ¿Figuraron electores priistas? Parece que sí. En las elecciones intermedias del 2003, el PRI obtuvo 37% del voto (con el Verde). En 2006 logró el 22. Ese 18% se fue, aunque no todo, con Calderón. Es innegable que una parte considerable de la merma del PRI entre 2003 y 2006 se fue con López Obrador. Si no, no se explicaría por qué Calderón obtiene 5 puntos más que el PAN en el mismo 2003. Además, si vemos cómo Calderón pudo aglutinar distintos apoyos poselectorales del PRI, incluyendo el de Manlio Fabio Beltrones para su toma de posesión en diciembre del 2006, resulta evidente que el grado de animosidad de la campaña no afectaron ni el voto útil ni los reencuentros posteriores a la elección.

Tercera pregunta: ¿Hubo pacto o no? Siempre he pensado que Fox fue el jefe de campaña de Calderón y del conjunto de fuerzas anti López Obrador. También estoy convencido que sin Fox no se hubiera dado la victoria de Calderón. De ahí a que se hubieran sentado a Calderón y Madrazo para pactar un acuerdo de cómo operarían unos y otros a favor de Calderón, me parece descabellado. Quienes invocan el caso de Elba Esther Gordillo como un factor de esa elección y supuesto pacto, olvidan que había sido expulsada del PRI desde 2003 por Emilio Chuayffet y Madrazo, y que de ninguna manera pudo participar en un pacto.

¿Qué tan pertinente es todo esto para hoy? Es cierto que Anaya le ha dicho pesadez y media a Peña y a Meade, y que eso ha tensado las relaciones entre las cúpulas. Pero dudo que los votantes del PRI sientan la más mínima lealtad para con Peña o Meade. No entiendo por qué de repente se sentirían porque Anaya le habló golpeado al Presidente o a su candidato. Asimismo, todo indica que, desde hace unas tres semanas, los votos que pierde Meade los está recuperando el candidato del Frente. Sí empieza a darse un fenómeno de voto útil, no sólo entre los electores priistas, sino también con los de Margarita Zavala, ¿hasta dónde llegará? No sabemos. Pero es muy posible que al final alcance los niveles de 2000, 2006 y 2012.

Y, por último, el pacto: No hubo tal, en el 2000 o en el 2006, y probablemente tampoco en el 2012. No es necesario. La gente vota según sus intereses y sus preferencias. Pero los pactos suelen ser superfluos o contraproducentes. Así fue en el 2006 y así puede serlo en el 2018.
02 Mayo 2018 04:00:00
La nueva dictadura venezolana (según un Premio Nobel de la Paz)
En una excepcional entrevista con Andrés Oppenheimer en Reforma y otros diarios, Juan Manuel Santos, el mandatario saliente de Colombia, compartió una serie de reflexiones sobre Venezuela que debieran conocer todos los demócratas de América Latina. De acuerdo con el Premio Nobel de la Paz, el equipo y la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro preparan una nueva constitución, que será divulgada después de las elecciones del 20 de mayo. Dice Oppenheimer: “Según Santos, la nueva Constitución convertiría oficialmente a Venezuela en una dictadura como Cuba”.

Conviene recordar que Santos no es ningún enemigo de Maduro o del chavismo. Se reconcilió con Hugo Chávez al ascender a la Presidencia en 2010, negoció un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC gracias a su buena relación con el venezolano, y fue sólo después de la firma de los acuerdos de La Habana que comenzó a cuestionar los métodos de Maduro en la OEA o el llamado Grupo de Lima. Santos explica: “La información que yo tengo es que entre los (350) artículos (y 18 cláusulas transitorias) está por ejemplo abolir el sufragio universal y establecer un sistema muy parecido al de Cuba, en que las elecciones son una especie de elecciones corporativas... También tengo entendido que van a establecer una serie de modificaciones en como se define ‘traición a la patria’ para tener más instrumentos supuestamente legales para poder reprimir a la población”.

Maduro contiende el 20 de mayo contra un sólo candidato opositor, Henry Falcón, que sin embargo no cuenta con el apoyo de ningún otro sector de la oposición. Existe la fundada sospecha de que una serie de encuestas “patito”, que sugieren una contienda cerrada, solo sirven para construir un aura de legitimidad en torno a comicios que han sido ya denunciados por buena parte de la comunidad internacional, empezando por la abrumadora mayoría de los países importantes de América Latina. La idea es que Maduro gane por cuatro o cinco puntos, Falcón acepte el resultado, y nadie pueda cuestionar el desenlace. De ese modo se sentarían las bases para hacer pública la Constitución revelada por Santos y otorgarle el sello de legitimidad necesario para cancelar lo poco que queda de la vieja democracia venezolana (imperfecta, sin duda).

De confirmarse los vaticinios del expresidente de Colombia, la región seguramente invocará el artículo correspondiente de la Carta Democrática Interamericana y procederá a buscar los votos necesarios para expulsar a Venezuela de la OEA. No le importará mayormente a Maduro, salvo que ello le suspendería también su membresía en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Caracas se acercaría peligrosamente a la aplicación de sanciones petroleras por parte de todo el hemisferio y la Unión Europea.

¿Y a nosotros qué, en plena campaña electoral? Mucho. La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador ha criticado con dureza al Gobierno de Maduro, aclarando que AMLO comparte su postura. ¿En algún momento la volverá explícita? Y de ser el caso, la compartirán los Taibos, Padiernas y Batres del universo Morena? ¿O en realidad sentirán un poco de envidia pragmática? ¡Qué lástima que no se pueda hacer lo mismo en México! Existe una forma muy simple para disipar cualquier mal entendido: manifestar un repudio contundente a la nueva Constitución chavista de Maduro, sin ambages ni evasivas.
30 Abril 2018 04:07:00
Los seguidores de AMLO y la verdad de sus mentiras
Todos hemos comprobado cómo Andrés Manuel ha elaborado una fina estrategia para esconder sus verdaderos propósitos en materia de políticas públicas en caso de ganar la elección. Anuncia ciertas definiciones él mismo, y enseguida sus voceros oficiales –los que van a los medios, debates y entrevistas– afirman otra cosa. Sus rivales, detractores o simpatizantes se ven enfrascados en una estéril discusión sobre “lo que quiso decir Andrés Manuel”. El esquema funciona bien, salvo cuando, como le espetó Anaya en el debate, se le juntan los públicos y no puede decir ya nada porque de modo inevitable ahuyentaría a algunos de ellos.

Lo que no hemos detectado con la misma claridad es que junto con este estratagema, el candidato de Morena despliega otro, igual de sofisticado, pero más peligroso. AMLO no sólo tiene voceros: tiene seguidores o adeptos de varias estirpes ideológicas. Unos son los Poncho Romos, Gerardo Esquiveles, Javier Jiménez Esprius, Rogelio Ramírez de la O, etc, que defienden, en el cuarto de deliberaciones del candidato y en público, posiciones moderadas, tanto de fondo como de tono. Ni detener el aeropuerto como tal, ni revertir la reforma energética en si misma, ni aliarse con la CNTE contra la reforma educativa, ni denunciar el TLC. Lo hacen además con formulaciones prudentes, corteses, en una palabra, moderadas.

Los otros, desde Taibo hasta los pejezombis en las redes sociales, pasando por los antisemitas, los homófobos, los incendiarios, la Coordinadora, y adláteres, hacen exactamente lo contrario. Insultan, atacan, amenazan, obstruyen, censuran y sostienen posturas de sustancia radicales. Son antediluvianas, ciertamente, pero consistentes: no a todo, sí al pueblo y a la revolución. ¿Cuál? La que haya, desde la mexicana o la cardenista, hasta el socialismo del siglo XXI de Chávez, e incluyendo desde luego la cubana.

López Obrador juega con estas dos alas de su movimiento a través una táctica semejante a aquella que utiliza con sus voceros. Un día le da la razón a Taibo, otro a Ebrard. Un día aprueba, o incluso promueve, la censura de la serie sobre el populismo en América Latina, otro se deslinda de las expropiaciones y de los fusilamientos. Pero nunca se separa de su gente en las redes, ni en las calles, ni en los medios alternativos, ni en otros países.

¿Qué tiene de grave todo esto, se preguntarán algunos lectores? Nada, mientras entendamos una diferencia fundamental entre los dos conjuntos de partidarios de Andrés Manuel. Es la intensidad, “stupid”, como la economía de Clinton. No dudo que Romo o Clouthier sean absolutamente sinceros en su moderación. Pero no se les va la vida en ello. Tampoco dudo del fervor de las convicciones de Taibo, pero a la “ultra” de “El Peje”, sí se le va la vida en su apoyo a la revolución. Ellos sí salen a la calle a defender sus creencias; los moderados, no. Ellos sí luchan por sus tesis; los moderados sólo las abanderan. Ellos sí dicen lo que piensan de sus correligionarios; estos últimos son cautelosos. ¿Quién va a ganar la batalla? Vean la hipotética serie sobre la izquierda en América Latina desde 1954. Allí yace la respuesta.
27 Abril 2018 04:00:00
¿Nicaragua en la campaña?
Los asuntos de política exterior nunca apasionan a los votantes. Muy esporádicamente, quizás en Estados Unidos en 2008 o en 2016; tal vez en Francia el año pasado; desde luego cuando se trata de un referéndum sobre un tema vinculado con el exterior, como en el caso del Brexit en el Reino Unido; y en ocasiones cuando un candidato o gobernante logra transformar la elección en un plebiscito sobre la relación con Estados Unidos, por ejemplo: Braden o Perón, en la Argentina, en 1946; o Chávez, repetidamente durante los primeros 10 años de este siglo. Pero son la excepción, la regla es más bien la indiferencia ante lo que sucede en el mundo.

Esta elección en México no es muy distinta. A pesar de la enorme importancia que reviste la relación con Estados Unidos para el país, y en particular bajo la Presidencia de Donald Trump, hasta ahora el tema exterior no ha cobrado mayor relevancia en la campaña. Posiblemente con el debate en Tijuana el 20 de mayo esto cambie, pero parece improbable. Por eso, insistir en un tema como el que quisiera comentar hoy puede parecer superfluo, o incluso aberrante. No lo creo; para el universo total de los votantes no, pero sí para el llamado círculo rojo.

En Nicaragua, desde hace un mes ya, ha surgido un movimiento estudiantil y popular contra el presidente Daniel Ortega que no habíamos atestiguado en años. Comenzó como una protesta contra las reformas al seguro social que propuso Ortega; pero se ha mantenido incluso después de la reculada sandinista, en un movimiento contestatario dirigido contra el propio Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y ahora, sobre todo, contra la represión que ha dejado más de 30 muertos.

Nicaragua, como muchos saben, es un país que siempre ha despertado un cierto interés en México. Calles lo tuvo ante la gesta de César Augusto Sandino a finales de los años 20; López Portillo y De la Madrid lo manifestaron ante la revolución sandinista de 1979 y la reacción norteamericana de Ronald Reagan a partir de 1982. Hoy en día podría parecer absurdo tratar de insertar el tema de Nicaragua en la campaña electoral, pero…

¿Qué piensan los candidatos, y en particular Andrés Manuel López Obrador y su equipo, a propósito de la represión que, insisto, lleva ya 30 muertos en Nicaragua? En términos per cápita, se trataría de una represión de 750 muertos en México, nada que ver con los 43 de Ayotzinapa. ¿Piensa López Obrador y su gente que este es un asunto interno de Nicaragua, en el cual México o ningún otro país deben inmiscuirse? ¿Es un tema legítimo que debe empezar a ser objeto de debate y de resoluciones en la OEA? ¿Estaría en condiciones López Obrador de condenar la represión en Nicaragua para mostrar que no posee afinidades ideológicas naturales con gobernantes como Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel o Evo Morales?

Incluso para el PRI el tema es incómodo. Meade, durante sus dos años y medio como canciller, fue extraordinariamente cuidadoso en evitar cualquier contacto con la oposición venezolana, y en mantener una olímpica indiferencia ante la represión y el estrechamiento de la democracia en Venezuela. Su sucesora, Claudia Ruiz Massieu, transformó esa postura y comenzó a reunirse con la esposa de Leopoldo López, por ejemplo, y otros opositores. Y desde luego, Luis Videgaray, en el año y cuatro meses que lleva en la Cancillería, ha transformado por completo y para bien la postura de México frente a Venezuela. ¿Con cuál de estas tres posiciones se identifica Meade hoy? ¿Tanto a propósito de Venezuela como ahora de Nicaragua? ¿Está dispuesto a condenar la represión en Nicaragua, o prefiere permanecer callado, invocando, como López Obrador, el principio de No Intervención? Es difícil mantener un compromiso serio con el respeto a los derechos humanos en el país propio, cuando no se afirma en los demás. El candidato del Frente ha sido muy explícito al respecto, al resaltar la prioridad de los derechos humanos. ¿Qué piensan López Obrador y Meade al respecto?
25 Abril 2018 04:00:00
Ya empezó la segunda vuelta
En México, desde varios años, se discuten las virtudes y los inconvenientes de la segunda vuelta en la elección presidencial, por lo menos. En San Luis Potosí, de 1996 a 2005, se puso en práctica para comicios estatales, aparentemente sin gran éxito, ya que se abandonó el esfuerzo al poco tiempo. Aunque parece ir surgiendo un consenso entre especialistas, comentócratas y empresarios sobre el carácter deseable de este mecanismo, no fue posible establecerlo para esta elección presidencial. Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se opusieron de manera tajante, por razones similares.

No obstante, en México, desde 1994, la segunda vuelta opera, como todo el mundo sabe, a través de las encuestas, los chismes, los desayunos y los conciliábulos. Se acaba por imponer una dinámica de dos finalistas, con varios más que se quedaron en el camino. Ese año, la segunda vuelta se dio después del debate entre Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos; en el año 2000 participaron en ella Francisco Labastida y Vicente Fox, en parte a raíz del primer debate, en parte a raíz de la estrategia de Fox de atraer el voto de izquierda, útil, o de izquierda azul; en el 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador; y en el 2012 entre Enrique Peña Nieto y nuevamente AMLO. Todo esto es muy sabido, y más allá de las consideraciones aprobatorias o reprobatorias que cada quien pueda tener ante este sistema, creo que es difícil negar su existencia.

La primera vuelta de la elección de 2018 tuvo lugar el domingo del debate. Desde antes, la gran mayoría de las encuestas indicaban que los finalistas en estos comicios eran López Obrador, nuevamente, y Ricardo Anaya. Pero, en parte porque al PRI le gusta inventar encuestas patito en medios patito, en parte porque la esperanza es lo último que muere; y en parte porque algunos poderes fácticos llegaron a creerse el cuento de la potencia del aparato estatal en manos de un avezado experto electoral como Peña Nieto, algunos sectores aún creían que el candidato del PRI podía pasar a la final. Después del debate del domingo es evidente que no. La campaña de la segunda vuelta comenzó el lunes en la mañana y está ya en plena marcha. El problema con este sistema muy mexicano es que no obliga a los que se quedaron rezagados en la primera vuelta a desaparecer formalmente de la segunda, ni a definirse ante los finalistas. Ahí yace una de las incógnitas de la segunda vuelta.

La otra gran incógnita es si la victoria de Anaya en el debate se traducirá rápida y significativamente en intenciones de voto de acuerdo con las encuestas. Lo iremos comprobando en los próximos días, pero mi corazonada es que el desempeño de Anaya, tan superior al de los demás, sí surtirá efecto en las preferencias electorales, y veremos, tal y como ya sucedió con Massive Caller, que la brecha entre él y López Obrador se irá cerrando. Ya si esa brecha es muy grande, mediana o pequeña, dependiendo de la encuesta en la que uno quiera creer, es harina de otro costal. Lo importante, por ahora –obviamente no a finales de junio– es la tendencia, no los absolutos.

Es un sistema muy peculiar el que hemos inventado, pero es el que hay. Y en ese sistema concluyó la primera parte de la campaña electoral el domingo, y el lunes empezó la segunda etapa. Estamos en plena segunda vuelta y en esa todo puede suceder.
23 Abril 2018 04:06:00
Más muertos que nunca
Al no poder compartir con los lectores mis impresiones del debate de anoche debido a los horarios y compromisos adquiridos con los medios, me limito a recordar el día de mi santo hoy, con el nuevo récord del gobierno de Peña Nieto: más muertos que nunca.

Ayer se publicaron las cifras de homicidios dolosos para el primer trimestre de 2018. Crecieron 15% en relación con el año pasado. Pasaron de 3 mil 654 en el año 2015, uno de los años más bajos desde que arrancó la guerra de Calderón en 2007, a 4 mil 363 en 2016, 5 mil 673 en 2017, y 6 mil 553 este año. A este ritmo, llegaremos a más de 26 mil homicidios dolosos para todo 2018, un nivel de casi 25 por cada 100 mil habitantes. Cada veinticuatro horas, 85 personas son asesinadas en México.

Estas cifras provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando se publiquen las del INEGI, dentro de casi un año, resultará que esos datos, más confiables, arrojarán un total más o menos 10% más elevado: una cantidad estratosférica. Cuando los políticos afirman que Peña Nieto y su predecesor convirtieron al país en un cementerio, tienen razón.

Comprobamos entonces que este sexenio resultará ser más sangriento que el anterior, que el anterior echó a andar una de las guerras más innecesarias e inútiles de la historia reciente, y que las cosas empeoran en lugar de componerse. La gran pregunta que debemos plantearnos todos –todos los candidatos a la Presidencia, todos los partidos, toda la comentocracia– es ¿qué hubo a cambio de esta hecatombe?

Hoy en día, según cifras del Gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen en Viena, México cultiva y exporta más amapola y heroína que nunca. Tenemos un segmento del mercado de la heroína en Estados Unidos más grande que ninguna fecha desde los años 70. Los precios de la heroína en Estados Unidos siguen subiendo, al mayoreo o en la calle. La presión norteamericana para que nos ocupemos de los cultivos de amapola en Guerrero y en la sierra de Sinaloa y de Chihuahua, son también mayores que nunca. Y nuestra capacidad de respuesta es la misma de siempre, si no es que menor que nunca.

Este fin de semana, The New York Times publicó un editorial sobre la crisis de los opioides en EU, e insinúa que es un grave error tratar de impedirle el acceso a la heroína, la morfina o sus sucedáneos anti adictivos como la metadona o la buprenorfina. Al contrario, sugiere el rotativo: la mejor manera de combatir la adicción a los opioides es reduciéndola con sustancias naturales o químicas menos dañinas. Eso implica una mayor producción de heroína o morfina en el mundo, y por lo tanto en México. No parece un planteamiento absurdo, aunque implique revisar nuestra relación con las tres Convenciones antiestupefacientes en el mundo, y en particular con la Junta Internacional de Control de Narcóticos de Viena.
20 Abril 2018 04:00:00
Oportunidades y peligros del debate
Mucho se ha comentado en estos días sobre la importancia de los debates en las elecciones presidenciales en México y en otros países, ahora y en otros momentos. Como alguien cuyo primer recuerdo electoral fue el debate entre Richard Nixon y John F. Kennedy en octubre de 1960 y que desde entonces ha presenciado, directa o indirectamente, una treintena de debates semejantes, quisiera compartir mis reflexiones y expectativas para este domingo con los lectores.

Primero: los debates sí mueven la aguja, pero no necesariamente por el conjunto de intervenciones o el desempeño general de un candidato u otro, sino por un gesto, una réplica, un error, un gran acierto. El caso de Nixon, en 1960, es icónico. Entre quienes escucharon el debate por radio, ganó de calle; entre los televidentes, perdió de manera aplastante. Por dos razones: el sudor en la frente, y la llamada “five o’clock shadow”, o “barba de tres días” es decir, la barba cerrada de un varón a quien la rasurada de la mañana le dura poco.

François Mitterand perdió su debate con Valéry Giscard d’Estaing antes de la segunda vuelta en la elección de 1974, en parte porque los colmillos afilados –identificables con su reputación de político desalmado– presentaban una cara poco amable ante la juventud de su rival; pero ganó en 1981 con el mismo adversario, en parte por lo aprendido entre una elección y otra, en parte por limarse los dientes.

Reagan desarmó a Carter en 1980 con su famoso “There you go again, Mr. President”, y George Bush padre perdió su debate con Bill Clinton en 1992 en parte por ver su reloj, como si se aburriera y quisiera largarse.

En México, muchos recordamos el memorable desempeño de Diego Fernández de Ceballos en 1994, con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo. De acuerdo con las confesiones de los principales colaboradores de Zedillo años después, la victoria de Diego fue tan arrolladora que prácticamente los rebasó en las encuestas internas levantadas después del debate.

Asimismo, las frases memorables de Fox en el 2000 –se me podrá quitar lo mal hablado, pero a ustedes nunca se les quitará lo corrupto– dirigidas a Francisco Labastida, y los errores de Labastida (“me dijo mariquita”) le permitieron llevarse la noche y acelerar su subida en las encuestas. La ausencia de López Obrador en el primer debate de 2006 le hizo perder varios puntos en las encuestas.

El debate del domingo difícilmente encerrará el impacto del de 1994, ya que en lugar de tres participantes, habrá 5. Pero, incluso con 6 en 2000, Fox pudo destacar. El meollo de la gesta reside en la retención del público, y en la capacidad de los equipos de cada candidato en redes sociales (algo nuevo), y en los post-debates o “spin-rooms”.

Resaltar los errores de los demás, y amplificar los aciertos del candidato propio es lo obvio, y lo central. Muchos mexicanos recuerdan como Ricardo Anaya, un joven desconocido en ese momento, abrumó a Manlio Fabio Beltrones, un viejo lobo de mar y uno de los políticos tradicionales más modernos y hábiles de México. Nadie se acuerda del tercero presente (el inteligente y experimentado Agustín Basave), ni de la ausencia de AMLO.

He allí las oportunidades y los peligros de los debates. El domingo en la noche sabremos quiénes aprovecharon al máximo las primeras, y tropezaron con los segundos.
18 Abril 2018 04:08:00
¿Volver a 1917?
En varias mesas de discusión de radio y televisión se repite el mismo intercambio con los representantes de Andrés Manuel López Obrador. Alguien cita una declaración del candidato de Morena a propósito del aeropuerto, la reforma energética de Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria –que cada vez más se parece a la autarquía– o el salario mínimo, y sus voceros responden, casi al unísono: “No dijo eso”, o “Lo que quiso decir fue...” o “Nuestra verdadera posición es…”. Se entiende que en campaña, tanto AMLO como sus voceros en ocasiones descuidan sus tomas de posición, y por eso puede ser interesante citar pronunciamientos del candidato realizados antes de entrar de lleno en la contienda (aunque en su caso, lleva 12 años en la brega).

Esta es de 2015: “Al triunfo de nuestro movimiento, vamos dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917, se va a volver al Artículo Tercero como estaba originalmente, al Artículo 27, al Artículo 123.

Y para que se entienda mejor, vamos a cancelar las llamadas reformas estructurales, vamos a cancelar la llamada reforma laboral porque perjudica a los trabajadores, vamos a cancelar la llamada reforma educativa porque perjudica al magisterio, vamos a cancelar la llamada reforma fiscal porque perjudica a comerciantes y a pequeños empresarios, a consumidores y desde luego vamos a cancelar la llamada reforma energética porque el petróleo no es del Gobierno, ni de Peña, mucho menos de los extranjeros, el petróleo es del pueblo y es de la Nación y lo vamos a recuperar”.

Más categórico parece difícil, y no muy diferente de lo que dice él ahora, aunque quizás con mayor énfasis. Lo notable de esta declaración yace en su referencia a la Constitución de 1917, y su deseo de volver al texto original de la misma, anulando las más de 700 modificaciones (muchas de ellas en efecto absurdas), que se le han agregado. Por dos razones.

La primera es obvia, aunque no para Andrés Manuel: la ausencia del derecho de votar y ser votadas para las mujeres. Volver al texto original de 1917 significa arrebatarle esos dos derechos a las mujeres, ya que no fue sino hasta 1953 cuando se incluyeron en la Constitución y las leyes secundarias. No sé qué piensen sus partidarias de 2018 sobre este “Back to the Future”.

Segunda implicación: derechos humanos. Siempre he dudado del compromiso al respecto de Andrés Manuel. Nunca le he detectado una insistencia particular en el tema. Pero en todo caso, debe saber que en 2011 se llevó a cabo una profunda reforma del artículo primero de la mentada Constitución, para incluir como prioridad absoluta el respeto a los derechos humanos, por encima de otras consideraciones. De esa reforma constitucional se han derivado un sinnúmero de leyes secundarias y de sentencias de la Suprema Corte, todas en el sentido “garantista” o “pro persona” (aunque no como lo entiende el Tribunal Electoral, es decir, pro personal que labora en Los Pinos). Volver a 1917 significa derogar todo eso.

Incluso implica suprimir algo que yo repruebo –por considerarlo inútil y anacrónico– pero que seguramente a AMLO le provoca gran entusiasmo y nostalgia: las reformas de 1988 al artículo 89 mediante las cuales se insertaron los llamados principios de política exterior en la Carta Magna. AMLO se quedaría sin su sacrosanto principio de no-intervención, en caso de volver a 1917. ¿De veras eso quiere?
16 Abril 2018 04:00:00
Cantinflas en Bucareli
La semana pasada la Secretaría de Gobernación emitió un boletín inusual. A varios amigos y colegas interesados en los asuntos internacionales nos pareció a tal grado inverosímil, que opté por revisar la página web de la Segob para cerciorarme que en efecto, se trataba de un auténtico documento de Bucareli. No está en el sitio, pero sí en múltiples publicaciones. Se trata del boletín número 142 de Segob.

La nota de prensa dice así: “Cancillería analiza suspender cooperación migratoria con Estados Unidos: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que la Cancillería analiza la propuesta del Senado para suspender la cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, y que se llamó a consulta a la embajadora Roberta Jacobson. Además, recordó que con Estados Unidos hay acuerdos de seguridad fronteriza que incluyen evitar el tráfico de armas hacia México. El Senado nos ha hecho una propuesta concreta por unanimidad, que está analizando la Cancillería; y desde luego frente a otras expresiones, la Cancillería el día de ayer llamó a consulta a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que se tiene, para que exprese casos concretos donde haya, supuestamente ha habido, violaciones a personas hondureñas, como es parte del discurso agresivo, y señalar con mucha claridad el rechazo”. En conferencia de prensa en Coahuila, Navarrete Prida aseguró que las “actitudes verbales” del Presidente de ese país “no se han traducido por parte del Gobierno norteamericano en un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia Nacional que ya ha ocurrido en otros años”.

Digno de Cantinflas cuando hablaba bien. Para empezar –y no es lo más importante– a los embajadores los suele llamar a consulta su propio Gobierno. Si se quería llamar a consulta a alguien, era más bien a Gerónimo Gutiérrez, nuestro excelente embajador en Washington. A Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México hasta el 5 de mayo –y excelente emisaria también– se le entrega, en su caso, una nota formal de protesta –escrita o verbal, así se dice– o se le convoca a la Cancillería para pedirle explicaciones sobre la conducta de su Gobierno.

En segundo término, no entiendo que hace Gobernación explicando a quien llama –o no llama– la Cancillería. Los diferendos entre la SRE y la Segob (o Hacienda) son seculares desde luego, pero es incomprensible la lógica según la cual el canciller más poderoso en años informe de las actividades de sus colaboradores a través de Bucareli. Se trata de una explicación inexplicable.

Pero sobre todo, el contenido es incomprensible. ¿Cuáles son “las violaciones a personas hondureñas”? ¿Violaciones físicas a las mujeres, como dijo Trump? ¿Violaciones de los derechos humanos de los migrantes hondureños en México, como decimos muchos mexicanos? ¿Cómo es una “actitud verbal” del Presidente de Estados Unidos? ¿Acaso no es un hecho concreto el envío de 4 mil efectivos militares estadunidenses armados (Sorry, Luis) a la frontera con México?

Por último, lo más importante. Es obvio que la supuesta evaluación de los esquemas de cooperación de México con Estados Unidos, en materia migratoria, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia no es más que una cortina de humo. Ricardo Anaya y el Senado exigieron “condicionar” la cooperación con Washington al desistimiento de una serie de acciones de Trump contra México. No pidieron una evaluación. No plantearon una “evaluación” que concluyera, como ya la que hizo la SRE, sin aún anunciarla públicamente, que los acuerdos son más importantes para México que para nuestro vecino, y que por lo tanto, van a persistir. ¿En verdad los superperros de la PGR buscando cocaína en el aeropuerto, los decomisos de mariguana en la frontera norte, el fichaje de centroamericanos detenidos en México, el detectar posibles terroristas intentando entrar a Estados Unidos a través de nuestro país, es para beneficio nuestro? ¿Queremos seguir con la estupidez que perseguimos a los narcos para que la droga no llegue a tus hijos?

13 Abril 2018 04:06:00
Las dos Florencias
Hace un par de días, altos magistrados de la Corte de Casación de Italia, que lleva el caso de extradición de Tomás Yarrington a México, negaron esta misma. Habiendo sido ya otorgada la extradición a Estados Unidos, no se trata desde luego de una negativa que tenga que ver con la presunción de culpa o la solidez del expediente, sino de otra cosa. Es una vergüenza.

Los magistrados señalaron que las condiciones penitenciarias en México eran inaceptables para Italia y por lo tanto no se sentían capaces de enviar a Yarrington a lo que podríamos llamar el “infierno mexicano”. Declararon que “no subsisten las adecuadas condiciones para una extradición del exgobernador de Tamaulipas a México por la existencia de una situación de crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles del país”.

Dichas condiciones son bien conocidas en México. No necesitamos a un juzgador florentino que nos venga a decir lo que todos sabemos. Sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, violencia, tortura: no hay prácticamente nada que sirva en las cárceles mexicanas, como en la mayor parte de los países de América Latina, por cierto. Sólo que duele más cuando ya lo dice el poder judicial de un país que tampoco es conocido por la pulcritud de su sistema carcelario. No estamos hablando de Noruega, sino del país que fue de la mafia, y aunque se trata de la Toscana y no de Sicilia, de todas maneras no es un ejemplo de reclusión carcelaria.

No sé qué debe darnos más pena la decisión del juez de Florencia, o la non fiction novel de Jorge Volpi sobre el caso Cassez: Una Novela Criminal. Ganadora del Premio Alfaguara y muy en el estilo de los textos anteriores de Volpi, el que le dedica al caso Vallarta-Cassez, como él le llama, es también un análisis y juicio devastador sobre el espeluznante sistema de justicia en México.

Desde la policía, los agentes del Ministerio Público, los jueces y los secretarios de juzgado, los celadores de las cárceles, hasta el Presidente de la República, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, no hay nadie que se salve en la historia de horror que cuenta Volpi, se basa esencialmente en los documentos del juicio de Cassez y de los procesos de Israel Vallarta que, al término de 12 años de cárcel, aún no ha sido juzgado ni por supuesto sentenciado.

Volpi dice que no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de Florence Cassez y de Israel Vallarta, ni sobre la de la familia de este último. Sí se pronuncia sobre el espanto de procuración y administración de justicia en México. Cualquier lector mínimamente objetivo no puede más que llegar a la conclusión a la que llegamos muchos mexicanos que nos acercamos al caso por distintos motivos. Sobre Cassez, no sólo se trató de un montaje de televisión, sino de un montaje entero: cada día crece más la duda si hubo secuestro, secuestradores y secuestrados, ya sin hablar de todas las demás ficciones inventadas por García Luna y Cárdenas Palomino. En lo tocante a Vallarta, el propio Volpi confiesa su escepticismo ante el carácter impenetrable, insondable, de quien fuera durante un tiempo novio de la francesa. Pero independientemente de esa naturaleza inescrutable del preso, no cabe en la mirada o en la cabeza de Volpi que lo que no se ha hecho en el caso Vallarta es justicia.

Vale la pena leer la novela de Volpi sobre Florence y, además, enterarse del caso Yarrington en Florencia. Este es el desastre que vivimos en esta materia en México. No comenzó con Peña Nieto ni con Calderón ni con Fox, pero desde luego empeoró con Calderón y con Peña Nieto. Es el costo del pacto de impunidad, de la incapacidad de atender los problemas de fondo, y de una complicidad con la inercia y los usos y costumbres de México, que debieran ser a estas alturas insoportables para todos los mexicanos.
11 Abril 2018 04:00:00
Instituciones desvirtuadas
Quienes hemos luchado por las candidaturas independientes desde hace años no podemos más que congratularnos de que haya dos o tres aspirantes sin partido en la boleta si llega a confirmarse esta hipótesis. Asimismo, quienes apoyamos la candidatura de Ricardo Anaya, y sabemos que la elección presidencial se ha vuelto una contienda entre dos –Andrés Manuel López Obrador y el propio Anaya–, no podemos más que recibir con cierto agrado la presencia de Jaime Rodríguez en la boleta. Seguramente, la razón por la cual el Gobierno logró que el Tribunal lo absolviera de la cantidad de trampas que hizo fue para que en los debates y en la campaña se concentrara en pegarle a AMLO, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, estos dos motivos abstractos y válidos no bastan para estar de plácemes. Al contrario.

Es absolutamente inverosímil que un tribunal electoral avale dos candidaturas –la de Margarita Zavala y la de Jaime Rodríguez– que claramente recurrieron a todo tipo de trampas y procedimientos ilegales para lograr las firmas necesarias. Si esas trampas y procedimientos irregulares contribuyeron a obtener más o menos firmas que el número necesario es irrelevante; no se trata de qué tanto robaron, ni de qué tanto abusaron de una persona; de qué tanto y cuánto tiempo secuestraron a alguien. El problema aquí es que quienes cometen un delito o violan la ley electoral –y el INE claramente lo dijo en ambos casos– debieran estar inhabilitados para contender por un puesto de elección popular. Conviene señalar que, más allá de lo que uno piense de la proporcionalidad de la sentencia dictada contra el expresidente brasileño Luis Inácio da Silva Lula –12 años y 9 meses en prisión–, en cualquier caso está inhabilitado por la ley de “ficha limpia” en Brasil para contender por la presidencia. Esa ley justamente lo que determina es que cualquiera que haya sido sentenciado, o que haya cometido un delito y exista una sentencia al respecto en segunda instancia, automáticamente queda inhabilitado, más allá de si con posterioridad sus apelaciones puedan tener éxito ante los tribunales llamados de casación.

Es increíble que el Gobierno de Peña Nieto y el PRI desvirtuaran –hasta destruirlas– las instituciones que, con mucho trabajo y no siempre con éxito, se han construido a lo largo de los últimos 24 años en materia electoral. Ni el Tribunal, ni el IFE antes y el INE ahora son perfectos. Han cometido a lo largo de estos años un sinnúmero de errores; sus integrantes han sido designados por cuotas en el Congreso, y en ocasiones han aplicado leyes inaplicables o absurdas. Pero no se había llegado a tal grado de cinismo como para resolver que, a pesar de todas las denuncias y explicaciones del INE a propósito de Jaime Rodríguez, de cualquier manera se valide su candidatura simplemente porque, según esta teoría del Tribunal, no tuvo derecho de audiencia suficiente.

Y aquí es donde se vuelve más seria la cosa. En estos días de visitar a inversionista tras inversionista en la ciudad de Nueva York, y de dar conferencia tras conferencia en universidades y diversos foros, he confirmado algo que ya intuía. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha hecho bien la tarea en este sector en Nueva York. Sí ha calado la idea de que, uno: es otro Andrés Manuel; dos, ahora sí está rodeado por gente sensata; y tres, sobre todo, las instituciones mexicanas hoy son sólidas, robustas e independientes. No van a sucumbir ante cualquier tentación autoritaria, populista, nacionalista o estatista que pudiera albergar AMLO. Como me dijo una exalumna que trabaja en una agencia calificadora, la analogía con Luis Echeverría no vale. No sólo por las razones que con mucha sensatez han esgrimido León Krauze y Jaime Sánchez Susarrey, aunque no necesariamente las comparta, sino porque las instituciones mexicanas hoy son mucho más autónomas y fuertes. Supongo que no se refería al Tribunal Electoral, por ejemplo, ni tampoco a otras cuya independencia o autonomía han dejado mucho que desear en los últimos meses o años.
09 Abril 2018 04:00:00
Soplones de Trump
¡Otro escándalo de Peña Nieto y Trump! Salvo que arrancó con Calderón y Obama. El viernes pasado, The Washington Post reveló, según la síntesis del diario Reforma (el único periódico que le reproduce), que: “Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tienen un ‘acceso sin precedentes’ a las cárceles migratorias mexicanas para captar datos biométricos de migrantes detenidos...”.

Según el diario, han instalado terminales para recoger huellas dactilares, iris oculares y otros datos de identidad, incluidos tatuajes y cicatrices. En 13 meses han obtenido datos de 30 mil migrantes. La información recopilada se envía de inmediato al DHS y centros de inteligencia estadunidenses para advertir si un individuo bajo custodia en México es un delincuente o “extranjero de interés especial”, según fuentes anónimas del Post.

Los centros del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación donde accedieron funcionarios de EU están en Tapachula, Chiapas, e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Este mes entrarán a Tijuana, Mexicali y Reynosa, según el Post”.

El Post cita a un exembajador de Estados Unidos encargado de temas de narcotráfico y combate a la delincuencia sobre los orígenes del programa: “William Brownfield dijo que el programa biométrico comenzó a desarrollarse en 2012, empezando con el software y otras tecnologías, y que los dos países acordaron ponerlo en práctica durante una reunión de seguridad bilateral en 2014.

“Al Gobierno de México le interesó el programa”, afirmó Brownfield, “fue porque le agregaba valor al permitirles saber quien entraba a México, y quien iba camino a EU”. Y desde la perspectiva de EU, aceptamos y entendimos que era mucho más fácil, más barato y más eficiente controlar los flujos migratorios de Centroamérica en la frontera sur de México, mucho más pequeña que la nuestra, más larga y complicada.” Así o más claro el trabajo sucio que aceptamos hacerle a EU, sobre todo a partir de julio de 2014.

Algunos lectores recordarán cómo en ese momento se produjo un vertiginoso incremento en el número de menores centroamericanos no acompañados intentando cruzar la frontera de México con EU. Cualquiera que hayan sido los motivos de ese repentino éxodo, el hecho es que a cinco meses de las elecciones de medio periodo, Barack Obama se aterró ante las imágenes de decenas de miles de niños solicitando asilo en EU, y siendo rechazados –inaceptable para unos, o aceptados inaceptable para otros–.
Se dirigió a Peña Nieto por múltiples vías, y finalmente México asintió a su petición: detener a los niños (y en su caso a sus madres) en la frontera sur de México, o en el Istmo de Tehuantepec, y deportarlos sin mayores miramientos legales como existen en EU. A partir de esa fecha comenzaron a aumentar las deportaciones de México al Triángulo del Norte, y a disminuir las de EU a los tres países que lo integran.

Nunca supimos, ni vimos, que recibió México a cambio. Algunos voceros del Gobierno replicaron a nuestras críticas que hacíamos todo esto no a solicitud de Washington, sino por interés propio. No explicaron como nos percatamos de nuestro interés propio, justo cuando Obama presionó a Peña para ocuparse del sur.

A partir de entonces, se intensificó la cooperación que menciona el artículo de The Washington Post. Si bien la negociación del paquete seguramente se realizó en Gobernación, Sedena y Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Washington participaron activamente. El titular de la Cancillería en ese momento, es decir cuando nos volvimos soplones de Homeland Security, ya no sólo deportando a centroamericanos, sino fichándolos antes de devolverlos, era José Antonio Meade. El que nunca se da cuenta de nada.

La respuesta del INM ha sido patética. Dice el nuevo comisionado: “El INM tiene la atribución de consultar con otros países, situación que se da con autoridades de países en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur...”. Según The Washington Post y William Brownfield, México no está “consultando” con Washington, sino entregando casi en tiempo real información a EU (y a nadie más) sobre personas detenidas por autoridades mexicanas, a partir de la presencia de agentes de DHS en las estaciones migratorias mexicanas. ¿A que allí no hay agentes alemanes o brasileños?
06 Abril 2018 04:06:00
La vieja cantaleta
Cada vez que un presidente o un político mexicano responde a una agresión de Estados Unidos con la exigencia de “respeto”, es porque no se le ocurre otra cosa qué decir o tiene miedo. Uno de los mejores ejemplos de este síndrome reside en la declaración lamentable de Enrique Peña Nieto a propósito de la decisión de Donald Trump de enviar tropas a la frontera de Estados Unidos con México. Decisión que debe ubicarse en el contexto de una verdadera nube de ofensas verbales y concretas en múltiples ámbitos.

EPN no dijo nada, salvo la vieja cantaleta del respeto y la dignidad, una sarta de lugares comunes, varias citas fuera de contexto de los candidatos a la Presidencia, y un consejo inverosímil para Trump: que no desquite sus frustraciones de política interna con México. Es el Gobierno mudo que tanto ha descrito Aguilar Camín: no dicen nada.

El Senado y Ricardo Anaya, en cambio, fueron muy claros y precisos, a pesar del lenguaje acartonado del primero y las dificultades logísticas del segundo. Ambos propusieron el condicionamiento de la cooperación mexicana con Washington en materia migratoria, de seguridad y de combate a las drogas al cese de las agresiones norteamericanas, desde la utilización como moneda de cambio de los dreamers o DACA hasta el envío de tropas a la frontera. Obviamente, EPN estaba de acuerdo con este pronunciamiento del Senado: el PRI lo aprobó, y nada se hace en esa bancada sin el visto bueno de Peña o de Luis Videgaray. Pero Peña no quiso hacer suya la postura de su partido por otros motivos. Unos pueden ser de sustancia, otros no.

Las razones de sustancia probablemente se vinculan a las negociaciones comerciales con EU y Canadá. Tal como mucho se ha comentado en la prensa y en este mismo espacio, han proliferado en los últimos días los rumores sobre el posible anuncio de un llamado acuerdo, en principio, de los tres países la semana que entra en la Cumbre de las Américas en Lima.

El Gobierno evidentemente ha filtrado a varios columnistas en México la idea de que Trump ha armado tanta alharaca sobre el muro, la frontera, los migrantes, los DACA, etcétera, para cubrirse o curarse en salud ante las posibles críticas que pudieran surgir a raíz de concesiones mayores de EU a propósito del TLCAN. Sea cierto esto o no, o más bien lo que esté sucediendo es que Peña y Videgaray prefieran que México se doblegue en las negociaciones a cambio de algunas ventajas en otros ámbitos de la relación bilateral, el hecho es que bien podría entender que Peña no quisiera elevar el nivel de enfrentamiento o de represalias mexicanas contra EU ante la embestida de agresiones por miedo a poner en riesgo el supuesto acuerdo comercial.

Los motivos menos nacionales, en realidad personales, pero no carentes de trascendencia, son de otra índole. Peña sabe que dentro de poco más de 6 meses dejará la Presidencia y que no va a ser fácil para él vivir en México, ni siquiera en Ixtapan de la Sal o Punta Mita. Hay desde luego muchos países que lo recibirían con gusto un periodo más o menos prolongado, como fue el caso de varios de sus predecesores, pero al final del día su puerta de salida preferida y más accesible será EU. Sería ilógico si cree –con algún fundamento– que Trump va a ser el presidente de EU hasta el 2022, que lo último que necesita o que desea sería comprar un pleito directo con él.

Y en vista de que se trata de un personaje rencoroso, con memoria de elefante, y no siempre racional, las consecuencias de un conflicto de esa naturaleza podrían ser devastadoras para las perspectivas de la vida de Peña en EU, en caso de que esa hipótesis se confirmara. No se trata de una explicación de gran sentido del estado, pero tal vez sea más verosímil que las otras que algunos han proferido.
04 Abril 2018 04:06:00
Trump en serio
En mi entrega anterior comenté que, por lo menos en lo tocante a la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México, las políticas de Donald Trump empiezan a surtir efecto en perjuicio de México.

Resulta que también es cierto lo anterior en materia migratoria, tanto para los mexicanos que viven sin papeles en Estados Unidos, como para los que pretenden partir hacia el norte sin documentos, y para los centroamericanos que piensan hacer lo mismo, vía México. Ya no se trata de pura retórica.

Se ha informado ya que el número de detenciones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos se incrementó de modo significativo durante el ejercicio que concluyó en septiembre pasado.

Las cifras preliminares para los meses subsiguientes muestran la misma tendencia. Como las deportaciones no arrojan aumentos análogos, es evidente que comienza a producirse un fenómeno de saturación de los centros de aprehensión. De allí que Trump busque ahora acelerar el ritmo de deportaciones, imponiéndole una cuota a los jueces de migración (pertenecientes al Departamento de Justicia, no al poder judicial), y que haya dictado una serie de medidas para reducir el número de nuevos ingresos de indocumentados a Estados Unidos.

Cito The New York Times del 2 de abril: “Las propuestas (de Trump) incluyen reforzar las leyes para que resulte mas difícil solicitar y conceder asilo en los Estados Unidos, eliminar los mecanismos de protección a los menores de edad que llegan sin sus padres ni papeles, para que se les impida el paso en la frontera o bien sean devueltos de inmediato, y permitir que familias enteras sean detenidas por más tiempo mientras esperan el fallo de las autoridades migratorias”.

Asimismo, aunque con una viabilidad menor, el Presidente norteamericano anunció el martes que enviaría de nuevo al ejército a asegurar la frontera mientras se construyera el muro. Conviene recordar, por un lado, que Obama y Bush hicieron lo mismo en otros momentos, y que no es una medida permanente, ya que no existen fondos para ella. Sin embargo, el conjunto de estas decisiones evidentemente resulta muy poco amistoso para México.

Lo mismo sucede con los llamados dacas o dreamers. Ya dijo Trump que no habría acuerdo sobre Daca, según él por culpa de los demócratas, aunque en realidad quien clausuró el programa de Obama fue el propio Trump. El hecho es que, si la protección que le brindó el Poder Judicial a los Daca fuera revocado por la Suprema Corte, van a quedar indefensos y susceptibles de ser deportados.

Todo esto ya es en tiempo real y en serio. En estas condiciones conviene mucho reflexionar sobre la lógica, incluso de anunciar un acuerdo en principio sobre el TLC, en la Cumbre de las Américas en Lima el 15 de abril. En algún momento, México se va a ver obligado a responder a esta serie de agresiones. Si este es el momento, o será más adelante, ya veremos. Pero ese momento llegará.
02 Abril 2018 04:06:00
Trump y la industria automotriz en México
Mucho se ha comentado que, al final, la Presidencia de Donald Trump en Estados Unidos nos ha hecho menos daño de lo que se esperaba. No hay muro, el TLCAN sigue vigente, las deportaciones no se han disparado; en fin, nada del otro mundo.

Sin embargo, a reserva de que en un ámbito específico –la inversión extranjera directa en México en 2017– los datos completos, agregados y desglosados, demuestren lo contrario, parece que sí hemos padecido un daño muy particular, y muy dramático.

De acuerdo con los datos de Car Book of Deals 2017 Annual Review, del Center for Automotive Research, publicados en Reforma el 29 de marzo, la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México en 2017 sumó 208 millones de dólares, o el 1.9% de la inversión total en América del Norte. Si bien la fuente no proporciona la cifra para el 2016 o 2015, sí nos la brinda para el período 2009-2017 –120 mil millones de dólares– y podemos sacar un promedio.

El monto anualizado para ese lapso fue de 15 mil millones de dólares, es decir, 75 veces más que en 2017. México captó durante ese período el 21% del total de la IED.

En cuanto a la proporción para los tres países de América del Norte, México recibió solo el 1.9% en 2017. Estados Unidos y Canadá representaron el destino de lo demás. La caída es brutal.

Los motivos pueden ser múltiples. En primer lugar, desde luego, el efecto Trump. En varios sentidos. Para empezar, el cabildeo del actual ocupante de la Casa Blanca en esta materia: a las automotrices estadunidenses, europeas y asiáticas, les ha dicho ¡regrésense! Ni todas le hacen caso, ni cuentan igual. Pero es un factor. En segundo lugar, la renegociación del TLCAN sí afecta. Trump y sus negociadores han hecho del tema automotriz el meollo del diálogo, y eso desde luego espanta a las empresas norteamericanas y del resto del mundo.

Nadie quiere invertir en dicho sector en México mientras no se sepa a ciencia cierta cómo quedarán las nuevas reglas del juego.

Por último, aunque pienso que por ahora no sea un factor decisivo, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones del 1 de julio sí pesan. La posible victoria de Andrés Manuel López Obrador no debe figurar como un criterio para que los grandes consorcios de fabricación de automóviles del mundo desistan, por ahora, de invertir en México. Pero probablemente se trata de una explicación adicional.

Las inversiones no realizadas en 2017 entrañarán consecuencias en los años por venir. Se trata de decisiones ya tomadas. Ya fue.

El reto ahora es cómo reestimular las inversiones en los años siguientes, a sabiendas de que el ambiente será desfavorable. Como punto de partida, convendría comprender que seguir pensando –y afirmando– que Trump no nos perjudica, es absurdo. Allí está la prueba.
28 Marzo 2018 04:00:00
AMLO, Pinochet y Ortiz Mena
Siguiendo con las reflexiones sobre algunas de las nuevas o reeditadas tesis de López Obrador, ahora quisiera comentar su admiración a Antonio Ortiz Mena. Como algunos –muy pocos– de nuestros lectores recordará, Ortiz Mena fue secretario de Hacienda durante los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Tomó posesión de su cargo a finales de 1958 y lo dejó en el otoño de 1970, después de la “elección” de Luis Echeverría a la Presidencia de la República. López Obrador afirma que Ortiz Mena es su modelo, y que el “desarrollo estabilizador” que él condujo es un ejemplo a seguir para México a finales del primer cuarto del siglo 21, es decir, casi 70 años después.

Algunos se preguntarán cómo es posible que Andrés Manuel, que pretende ser un candidato de izquierda, sea al mismo tiempo partidario de las políticas públicas de uno de los secretarios de Hacienda más conservadores que ha tenido México. Demagogia u oportunismo aparte, reviste cierto interés la evocación de la gestión de Ortiz Mena porque me recuerda mucho un debate que se dio y, en el fondo se sigue dando en Chile, incluso ya a más de un cuarto de siglo de que haya finalizado la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante muchos años, los analistas del periodo pinochetista en Chile argumentaron que sí, en efecto, el dictador fue un dictador: asesinó, torturó, y “desapareció” a miles de chilenos opositores. Destruyó las instituciones democráticas existentes en ese país, suprimió las garantías individuales, prohibió los partidos políticos, e hizo de Chile un estado paria en la comunidad internacional. Pero no se podía negar que su política económica le había traído al país un crecimiento que no había conocido antes. Estos analistas, en el fondo semipartidarios del pinochetismo, no establecieron ningún nexo entre la dictadura política y social chilena, por un lado, y la política económica de Pinochet, por el otro.

La gente más sensata, menos ideológica, y sobre todo más democrática en Chile, siempre afirmó que había un vínculo indisociable, ontológico, entre la dictadura de Pinochet, y la política económica de su régimen. Sin la dictadura, no habría sido posible destruir a los sindicatos, eliminar los derechos sociales, aumentar la desigualdad de manera dramática, abrir la economía ni aumentar el desempleo como lo hizo. Estos analistas, más honestos y más admirables que los otros, siempre entendieron que no había política económica de Pinochet sin su dictadura.

Me parece que lo mismo puede decirse de Ortiz Mena. López Obrador seguramente no lo recuerda, pero el sexenio de López Mateos fue el de la represión generalizada en muchos sectores del país, y de la Secretaría de Gobernación en manos de… Gustavo Díaz Ordaz, que ya en los últimos años de López Mateos, cuando se enfermó, era el verdadero presidente. El segundo sexenio de Ortiz Mena fue justamente el de Gustavo Díaz Ordaz: el sexenio de la represión a los médicos de Ignacio Chávez en la universidad, a diversos movimientos populares en todo el país, y desde luego, del movimiento estudiantil de 1968. Fue el sexenio cuando Luis Echeverría fungió como secretario de Gobernación, responsable, incluso más que Díaz Ordaz, de la represión de Tlatelolco, antes y después, ya sin hablar de aquella que tuvo lugar durante su sexenio, por ejemplo, el 10 de junio de 1971.

En otras palabras, lo que López Obrador afirma es que se puede separar perfectamente la política económica de Ortiz Mena de la represión brutal, del autoritarismo desenfrenado, de la corrupción infinita, de los sexenios de López Mateos y de Díaz Ordaz. Lamento comprobar que López Obrador se coloca, seguramente sin saberlo ni entenderlo, del lado de los chilenos que separaron la política económica de Pinochet de su dictadura. ¿De verdad ese es el México que queremos? ¿De verdad queremos una política económica que sólo se puede poner en práctica gracias a la existencia de un régimen autoritario, corrupto, fraudulento y de partido único? ¿O qué piensa Andrés Manuel? ¿Se puede aplicar la política económica de Pinochet y de Ortiz Mena –ambas exitosas en términos macro– sin la represión de Pinochet, de López Mateos, de Díaz Ordaz y de Echeverría?
26 Marzo 2018 04:00:00
AMLO, sociedad civil y democracia participativa
La conversación de varios colegas y amigos con Andrés Manuel López Obrador en TV Milenio la semana pasada ofrece una gran cantidad de temas de reflexión. Desde el lenguaje corporal hasta la lentitud del discurso, pasando por la sustancia y la autoadulación, el candidato de Morena proporcionó un enorme caudal de elementos para que cada quien decida su voto con pleno conocimiento de causa. Por mi parte, retengo dos tesis o enunciados de AMLO que me llamaron poderosamente la atención.

A propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, dice AMLO: “no me gusta pero se va aplicar porque ya no vamos...” Y sobre la fiscalía autónoma entra ya en materia: “sí autónoma, pero con el mecanismo de que el Presidente proponga la terna al Congreso y el Congreso elija. Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. El problema es que han simulado demasiado con lo de la sociedad civil, es como lo de las candidaturas independientes que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder, pero ahorita te aclaro, te voy a poner un ejemplo, la transparencia que tu citaste. Un parapeto en el mejor de los casos, supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente, ¿en qué terminó? El Instituto de la transparencia que nos cuesta mil millones de pesos, promovido por Fox pero apoyado por la sociedad civil ... ¿saben qué fue lo último que resolvió el instituto de la transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht, sobre los sobornos, esos instrumentos que se han creado para justificar, o mejor dicho, para encubrir actos de corrupción, son instrumentos que se han venido creando para simular que se va a combatir la corrupción y al final lo que hacen es proteger a la corrupción”.

Muchos autores extranjeros, y mexicanos como Rubén Aguilar y Federico Reyes Heroles, han subrayado la debilidad secular de la sociedad civil mexicana. Si existe un déficit de la democracia en México, probablemente sea este. Por otro lado, a algunos siempre nos pareció que el SNA valía bastante menos de lo que se presumía, y que el papel de las organizaciones de la sociedad civil, su diseño y negociación dejó mucho que desear. Pero saltar de estas dos premisas a concluir en la desconfianza en la sociedad civil hay un gran paso temerario. La falta de probidad y eficacia del INAI, el encubrimiento de la corrupción vía Odebrecht, la frustración con las candidaturas independientes son motivos para más sociedad civil en México, no menos.

El segundo tema digno de comentarse me recordó una discusión durante buena parte del 2001, al redactarse y negociarse la Carta Democrática Interamericana. En Ottawa, en Chile, en Lima, los países miembros de la OEA se pusieron paulatinamente de acuerdo sobre un texto basado en la defensa colectiva de la democracia en América Latina, y en las medidas que se podían poner en práctica en caso de ser interrumpido el orden democrático o constitucional. Los delegados de Venezuela, empezando en Canadá con Hugo Chávez himself, insistieron a lo largo de los 9 meses que llevaron por fin a la firma el 11 de septiembre en Perú, en la democracia participativa, como definición alternativa a la democracia representativa. Ninguno de los demás países –obvio: Cuba no estaba presente– efectuó un planteamiento semejante. Sólo Venezuela. Hoy sabemos porqué.

Sobre esta misma democracia participativa, Andrés Manuel afirma: “Son dos tipos de democracia, existe una democracia representativa, que es la del Congreso, y existe también, debe existir, la democracia participativa, no es de que la democracia termina, se agota, en una elección constitucional y ya se eligieron a los diputados, a los senadores, inclusive al Presidente, yo me voy a someter a la revocación de mandato, cada dos años se les va a preguntar a los ciudadanos, quieres que continué el Presidente o que se vaya, que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Imagínese lo que nos hubiéramos ahorrado...” La democracia participativa no se agota en la revocación de mandato, digo yo. Se extiende a elecciones con pluralidad de partidos; a asambleas constituyentes nombradas por dedazo; a sustitución de instituciones electas por instituciones designadas; a autonomías borradas y a un corporativismo al estilo PRI de la edad de oro. ¿AMLO retoma sus planteamientos de Chávez? no sé, pero son los mismos.

23 Marzo 2018 04:06:00
La sorpresa de octubre, en mayo
La primera vez que escuché el término “October surprise” fue en 1980, durante la campaña presidencial norteamericana en la que se enfrentaron el presidente en funciones Jimmy Carter y Ronald Reagan. Estados Unidos vivía obsesionada por la llamada “crisis de los rehenes”, los funcionarios de la Embajada de EU en Irán detenidos por los partidarios del Ayatolah Khomeini.

Reagan temía, con algo de razón, que Carter buscaría la manera de conseguir la liberación de los rehenes justo antes de las elecciones de noviembre, colgarse la medalla, y revertir las tendencias a último minuto. Lo intentó Carter, fracasó, y Reagan ganó.

Los rumores que no cesan de circular a propósito de un gran acuerdo entre México y EU sobre comercio, migración, drogas y seguridad me recuerdan la “sorpresa de octubre”. Incluso en su versión descafeinada: únicamente un acuerdo en principio sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México y EU (tal vez sin Canadá), anunciado en mayo o junio, justo antes de las elecciones presidenciales.

Peña Nieto y Videgaray se colgarían la medalla, y procurarían transmitirle parte del aura del triunfo a Meade. Harían las concesiones necesarias para lograr un acuerdo, a cualquier costo, y ya luego se vería cómo acomodar a Canadá, y consumar los procesos de ratificación en las legislaturas mexicana y estadunidense. No se puede descartar que esto ocurra, y que la relación personal entre Videgaray y Jared Kushner, el yerno de Trump, baste para realizar esta hazaña.

Pero no todo lo que promete o insinúa Kushner resulta ser cierto. El mejor ejemplo es el caso de los aranceles de su suegro sobre las importaciones a EU de aluminio y acero procedentes de México y Canadá. Se recordará que hace unas semanas, se anunció con bombo y platillo que gracias al gran trabajo de cabildeo del Gobierno de Peña Nieto y a la relación de Videgaray con Kushner (plasmada en la visita “de Estado” del yerno a México), habíamos quedado exentos del impuesto. Además, con este privilegio excepcional, se evitó un desastre. México se habría visto obligado a ejercer represalias contra Estados Unidos, y ello hubiera envenenado el ambiente de las negociaciones del TLCAN.

Ahora resulta que no fuimos tan, tan, tan privilegiados. Tal y como lo habían sugerido varios observadores en Washington y en la CDMX, ayer Trump le impuso aranceles a China (por un valor de 60 mil millones de dólares), y dispuso la exención sobre los aranceles para aluminio y acero a los dos países anteriormente favorecidos y... a los 29 países de la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Argentina y Australia. Se trata de algunos países amigos de Trump (Corea del Sur, Australia, Argentina), de otros más bien en su lista negra (la UE), y otros con quienes ha guardado cierta indiferencia (Brasil).

En otras palabras, México ahora forma parte de un grupo de naciones favorecidas, sin duda, junto con muchas más, que no se vieron forzados a invitar al yerno a sus capitales, ni a ser su amigo, ni a poner en la mesa posibles concesiones inconfesables. Es difícil saber si habrá “October surprise”. Si la hay, es difícil prever en qué consistirá: TLCAN más “enchilada completa”, o sólo un acuerdo bilateral de principio, medio abstracto, en lo tocante al TLCAN. Más difícil será determinar si le servirá al candidato de Peña Nieto y del PRI, o sólo sucederá lo mismo que con otras ideas de esta naturaleza: nada.

La pregunta es si se trata de una táctica admisible en un país democrático, o si es parte de la elección de Estado.
21 Marzo 2018 04:00:00
Cambridge Analytica en México
El escándalo de Cambridge Analytica no es nuevo. Desde hace tiempo se sabía que la empresa basada en Inglaterra pero propiedad por lo menos parcial del multimillonario Robert Mercer y del estratega de Trump, Steve Bannon, fue contratada por Trump para su campaña de 2016. También se conocían sus actividades en otros países, ya sea por intereses propios (Brexit), ya sea a raíz de la laxa regulación en algunas naciones africanas donde la empresa llevaba a cabo ensayos e innovaciones. Por último, habían circulado versiones, menos fundamentadas, sobre el nexo entre Cambridge Analytica y el Gobierno ruso, o los equipos paragubernamentales de Putin.

A partir de este pasado fin de semana, existe mucha más información al respecto. En primer lugar, aunque lo niegue Cambridge, es un hecho que utilizó perfiles psicográficos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, para armar el retrato hablado del votante potencial de Trump, así como los resortes fundamentales que lo motivan. El que dio el pitazo –whistleblower, en Estados Unidos, Christopher Wylie– sostiene que temas como “drenar el pantano”, “construir el muro”, “enciérrenla (a Hillary Clinton)”, nacen del trabajo de Cambridge Analytica basado en el big data de Facebook. La acción del conglomerado de Zuckerberg ha caído casi 10% en los últimos días, y proliferan las denuncias en los medios internacionales.

Asimismo, gracias a un trabajo encubierto de periodismo un poco cuestionable, Channel 4 de Inglaterra entrevistó a Mark Turnbull, director general de asuntos políticos y globales de Cambridge, quien reveló algunas de las tácticas de su empresa. Se refirió al uso de mujeres guapas de Ucrania (no las locales de Sri Lanka, dijo él), y a varias otras estratagemas para conseguir información. Sobre todo (para nosotros), confesó que Cambridge Analytica ha operado en México.

Esto es algo que también se había escuchado desde principios de 2017, al concluir las elecciones del Estado de México. Poco después de las mismas, una tal Arielle Dale Karro, una exmodelo y poeta norteamericana, que llegó a México en la primavera de 2017, conocida de Ernesto Cordero, posteó en julio de ese año un anuncio ofreciendo empleo en la oficina en México de Cambridge Analytica para gerentes de campañas políticas, ejecutivos de proyectos políticos, investigadores y analistas políticos, con sueldos entre 25 y 75 mil dólares al año. Esta persona entrevistó a varios candidatos, pero aparentemente la idea no prosperó y Cambridge no abrió una oficina en México como tal. Hasta aquí lo que se sabe.

Ahora lo que se rumora, con ciertas bases. Cambridge Analytica trabajó para la campaña de Alfredo del Mazo en el EDOMEX en 2017, ayudando a realizar con éxito lo que fracasó en 2016 para el PRI en 12 gubernaturas: identificar a los votantes predispuestos, entrar en contacto con ellos, y llevarlos a votar, o votar por ellos. No se sabe si la campaña le pagó a Cambridge, o un mecenas de Del Mazo le “regaló” el servicio al candidato del PRI. A partir de allí, sólo hay interrogantes más o menos fundadas.

Primera: es posible que CA haya abierto su oficina en México bajo otro nombre, para evitar el estigma de su asociación con la campaña de Trump. Habrían cerrado sus puertas bajo el nombre anterior, para reabrirlas con otro. No sabemos. Segunda: se sospecha que buscaban trabajar para el PRI en varias elecciones estatales de este año, y quizás en la presidencial. No sabemos. Tercera: la bisagra entre Los Pinos, Cambridge Analytica y las campañas del PRI sería Alejandra Lagunes, encargada de redes de EPN este sexenio, y posible cabeza de lista del Partido Verde para el Senado. No es seguro.
16 Marzo 2018 04:06:00
La ONU en Ayotzinapa
El día de ayer la Oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU entregó a la opinión pública un documento titulado “Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Es una vergüenza.

Según el alto comisionado, “al menos 34 de esas personas (detenidas) habrían sufrido torturas”. Las formas de tortura detectadas por la ONU incluyen “golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura sicológica”.

Se trata de un modus operandi de las autoridades en este caso: detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante el MP de la PGR. Peor aún: “La Oficina encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego de que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía de Guerrero”.

El informe contiene 87 páginas. Se incluyen los nombres completos de los 34 torturados (33 hombres y una mujer), y se estipula la responsabilidad de la Policía Federal, de la Secretaría de Marina y de la PGR en los actos ocurridos. Pero es sobre todo la PGR la “mala de la película”, ya que el alto comisionado también la denuncia por haber llevado a cabo un “inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río y la falsa declaración del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan”.

El Gobierno de Peña respondió que el informe de la ONU no incluye información nueva, y que se refiere a asuntos que aún permanecen bajo investigación. Lo cual es falso: sí contiene elementos nuevos, a saber, la conclusión del alto comisionado de la ONU (ya no el GIEI de la CIDH), de que 34 personas fueron torturadas principalmente por la PGR.

Esta es la misma PGR que exoneró anteayer a César Duarte de buena parte de los delitos federales por los que se le investigaba. Es la PGR que filtró el video de Anaya y su equipo entregando una declaración en las oficinas de la misma, y la que guarda silencio ante una pregunta muy sencilla, a la que no puede responder: ¿Ricardo Anaya se encuentra bajo investigación o no? Es la misma PGR que supuestamente está buscando al empresario Manuel Barreiro, en Canadá o en otra parte. Que se cuide mi tocayo Barreiro Castañeda: no lo vayan a tratar igual los de la SEIDO que a los 34 de Iguala. ¿Alguien en su sano juicio le puede creer algo a esta PGR, después de leer este informe?

Es por eso que estudiosas como Ana Laura Magaloni han insistido en que no basta aprobar una ley creando un supuesto Sistema Nacional Anticorrupción, ni designar a sus principales integrantes, si el SNA está compuesto por las mismas instituciones. Con esta PGR no se puede hacer absolutamente nada; es necesario tirarla a la basura, y construir otra cosa. No conozco a ningún exprocurador que en privado no diga lo mismo.

De allí la lógica y la necesidad de lo que muchos hemos propuesto desde hace años: una Comisión de la Verdad, que con la cooperación internacional de organismos como la ONU, la OEA, la OCDE, los gobiernos amigos, etc., investigue los actos de corrupción y de violación de derechos humanos por lo menos de los últimos tres sexenios. Y es por eso que ni López Obrador ni Meade aceptan la propuesta: el uno para que no lo investiguen a él mismo, el otro para poder mantener su ofrecimiento de indulto a EPN.
14 Marzo 2018 04:07:00
AMLO en Estados Unidos
En la edición en línea de la prestigiada publicación The New York Review of Books, un elocuente y apasionado defensor del chavismo venezolano desde tiempo atrás intenta una defensa igualmente convencida de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Me refuta a mí, a los medios de negocio, y a algunos analistas de seguridad nacional norteamericanos. Mark Weisbrot recurre a muchos de los mismos argumentos que ha esgrimido a lo largo de los años a favor del régimen en Venezuela, y me temo que con la misma eficacia: poca.

Reviste la ventaja, sin embargo, de decir con claridad y precisión lo que otros simpatizantes de AMLO en México tienden a presentar de manera poco sucinta, engorrosa y contradictoria. Si bien el análisis de Weisbrot peca de lejanía a propósito de la evolución de la campaña en México, su resumen de la postura de AMLO conviene ser citado: “El objetivo explícito de Morena fue de crear una alternativa a los partidos políticos existentes para reformar no solo la gobernanza mexicana sino también su política económica. El objetivo consistía en desplazar a la economía mexicana hacia un modelo mas desarrollista –de mercados internos más robustos a través de una política industrial, de la inversión publica y de la planificación– y de proveer más “estado asistencial” y mover a México en una dirección más socialdemócrata”.

Si uno además lee la loa de Weisbrot al crecimiento de la economía mexicana entre 1960 y 1980, y sus críticas a todo lo que sucedió desde entonces, es evidente que al igual que AMLO, el autor norteamericano posee una innegable nostalgia por esos años, y una ceguera importante frente a lo que sucedía entonces en México. Los sabemos: régimen de partido único, represión, fraude electoral, violaciones a los derechos humanos, corrupción, endeudamiento, crisis financieras recurrentes, estancamiento del empleo, del ingreso y de la productividad. Es cierto que estos últimos efectos se han mantenido desde entonces, pero los otros, no.

En el fondo, Weisbrot –y AMLO– son desarrollistas cepalinos: una corriente respetable, eficaz en su momento dentro de varios países, y totalmente desfasada de las tendencias actuales de la globalización (salvo tal vez en Estados Unidos bajo Donald Trump). Sobre todo, se trata de una visión que por principio hace caso omiso del conjunto de corolarios de ese enfoque en México. Esa es la verdadera propuesta de Weisbrot y de AMLO.

La mejor prueba de ello es el desfase que impera en el texto del autor en relación a los cambios en la campaña. Sigue sosteniendo la tesis del PRIAN contra MORENA, y presentando a AMLO como la única opción reformadora. Pero pasa por alto los acontecimientos recientes, que en realidad reflejan una profunda y antigua convergencia entre López Obrador (del PRI de antes) con Peña Nieto (el PRI de ahora). Conforme el candidato del PRI sigue languideciendo en un tercer lugar cada día más consolidado, el hedge (o curación en salud) priista se va desplazando de Anaya a AMLO. La animosidad del Gobierno contra el candidato del Frente crece, y los guiños de AMLO a EPN y viceversa, también.

Hay una lógica en este acercamiento, más allá de la conveniencia política de cada parte. López Obrador obviamente aprendió la lección de 2006, y quiere convencer a EPN que no le cierre el camino a la victoria. El presidente mide sus fichas: quien lo perseguirá menos ¿AMLO o Anaya? Pero detrás de estas consideraciones tácticas, existe una afinidad más profunda, si no entre Peña y Andrés Manuel, por lo menos entre MORENA y el PRI. Weisbrot la describe, pero no la ve.

De allí el reto para el Frente: convencer a los votantes priistas desencantados con Meade, o resignados ante su descalabro, de volcarse con Anaya, no con AMLO. No es una tarea sencilla, pero tampoco titánica. Ni son tantos los priistas sueltos, ni fácilmente correrán el riesgo de otro 1976 o 1982. Allí se jugará la elección.
12 Marzo 2018 04:06:00
El PRI en el Senado
En estos días circularán seguramente varias encuestas electorales que ofrecerán respuestas a varias preguntas. ¿Ha caído Ricardo Anaya, a raíz de la embestida del Gobierno de Peña Nieto en su contra? (probablemente sí, un par de puntos). ¿A quien ha beneficiado esa caída: a Meade, a López Obrador o a Margarita Zavala de Calderón? (probablemente a AMLO, y quizás un punto a MZC). Mientras, debemos conformarnos con otros datos, tal vez más reveladores del conjunto de los comicios que tendrán lugar el 1 de julio.

Recurro de nuevo a la empresa Massive Caller, ahora con cifras relativas a la elección de senadores, en una encuesta levantada la semana pasada. Le recuerdo al lector que Massive Caller utiliza llamadas “robot” a líneas fijas y a celulares, que se acercó más que muchas otras firmas al resultado del Estado de México en 2017, entre otros aciertos, y que han acreditado su trabajo como otras empresas. Conviene subrayar también que los senadores en México son electos con una triple fórmula: unos (aberrantes), de representación proporcional o lista; otros –dos en cada estado– por mayoría relativa, y otros más de primera minoría, uno por entidad. Los números de esta encuesta son aterradores para el PRI.

De las 32 entidades del país, el PRI se encuentra en primer lugar, es decir, donde podría elegir a dos senadores ...en ninguna. Ni siquiera en sus antiguos bastiones, como el Edomex, Hidalgo, Campeche y Sonora. En estos se aproxima al primer sitio, pero no llega. De mantenerse esta tendencia, el PRI no elegiría fórmula completa en ningún estado: una debacle.

Peor tantito, sólo alcanza el segundo lugar en 10 entidades: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. De ocupar ese sitio en las 10 el día de la elección, el PRI acabaría con sólo 10 senadores de mayoría, y en el mejor de los casos otros seis o siete más: una bancada raquítica. Hoy tiene 55 senadores, para comparar. Pero aún hay más. En las 10 senadurías de primera minoría, el PRI únicamente arroja una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales en Campeche, Sonora y Tabasco. Ni siquiera en Hidalgo, cuna y baluarte del priismo.

Es evidente que todo esto debemos tomarlo con varios granos de sal. En primer lugar, Massive Caller encierra las reservas que ya hemos mencionado. En segundo término, los datos pueden cambiar, conforme se anuncien las candidaturas, avancen las campañas, y se den los debates. Por último, la maquinaria local del PRI, aunque se roben el dinero que ellos mismos –cuales buenos antropófagos– a su vez le roban a los contribuyentes, es poderosa en ciertos estados (ya no en todos). En otras palabras, estas cifras no pueden ser vistas como definitivas.

Pero sí reflejan una tendencia. He oído hablar de algunas otras encuestas que en diputados le dan al PRI 11 por ciento. No hablemos del candidato presidencial. Si el PRI no logra arrebatar ni una gubernatura; si cae de 55 senadores a menos de 20, y si en diputados apenas araña un 20%, estaremos atestiguando algo nunca visto: la desaparición del “partidazo”. Creo que es prematuro anunciarlo, y mucho menos creerlo. Pero hay datos duros que lo insinúan. De ser ciertos, lo último que importa es la elección presidencial.
09 Marzo 2018 04:06:00
El TLCAN de Bush y Clinton (perdón: de Trump y Peña)
Dentro del silencio impenetrable –y que debiera ser inaceptable– que envuelve las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre múltiples temas, parece haberse filtrado una versión novedosa. Reconociendo que los medios mexicanos y el Senado son incapaces de exigirle cuentas a Los Pinos o la Cancillería para que informen realmente de lo que ha sucedido (aún no hay un relato de la famosa conversación de hace un par de semanas entre Peña Nieto y Trump que terminó en un enfrentamiento verbal citado por varios medios norteamericanos), debemos conformarnos con rumores o columnas receptoras de versiones sembradas, ciertas o falsas. Una de ellas estriba en la posibilidad de un entendimiento inminente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Según esta filtración, hacia finales de mayo habría un acuerdo “de principio” entre los tres países signatarios del acuerdo de 1993. Esto nos evitaría la aplicación de los aranceles de Trump a nuestras exportaciones de acero y de aluminio, así como el fracaso de las negociaciones antes de los comicios del 1 de julio.

Incluso Peña podría intentar por tercera vez viajar a Washington para celebrar/firmar/aceptar el convenio de 2018. En una de esas, hasta sube ligeramente su nivel de aprobación y le da un pequeño empujón a su candidato presidencial, pero hay un problema.

En 1992, sucedió algo por el estilo. México, Estados Unidos y Canadá llevaban casi dos años negociando el TLCAN 1.0. Se acercaba la elección presidencial norteamericana. Por ese, y varios otros motivos, los tres gobiernos decidieron apresurar las conversaciones, y en agosto de ese año, concluyeron con una ceremonia (puramente protocolaria) de firma en San Antonio, Texas. Concurrieron Carlos Salinas de Gortari, George H.W. Bush y Bryan Mulroney a la ciudad de El Álamo (quizás no la mejor selección) y firmaron el tratado (en términos mexicanos; para los otros dos países, un simple acuerdo comercial).

Pero, aunque Bush suponía que su reelección en noviembre resultaría pan comido, no fue el caso. Por múltiples razones, perdió frente a un joven gobernador de Arkansas, que además había hecho campaña contra el TLCAN o NAFTA, tal y como había sido pactado por su rival. Bill Clinton ganó (de calle), Bush perdió y todo se le complicó a Salinas.

En efecto, el candidato demócrata victorioso de inmediato advirtió que no iba a hacer suyo el convenio firmado y que exigía agregarle dos cartas o convenios paralelos: uno sobre medio ambiente, otro sobre derechos laborales. En el fondo, se trataba más bien de “taparrabos” que otra cosa, ya que al final del día, significaron bien poco las adiciones al TLCAN. Pero así cumplía con sus promesas de campaña. La negociación duró casi un año, y no fue hasta finales de noviembre de 1993 que el Congreso estadunidense aprobó el NAFTA, por un pañuelo.

No tengo idea si Andrés Manuel López Obrador –que ya había cumplido 40 años en ese momento (los mismos que yo)– o Ricardo Anaya (cumplía 15) recuerden esta historia. Y de conocerla, tampoco sé si pensarán evocarla, de firmarse un “acuerdo de principio” un mes antes de las elecciones del 1 de julio, de ganar ese día. Creo, sin embargo, que cualquiera de ellos, en el muy probable caso de que uno de ellos resultara electo Presidente, que no firmarían en blanco el NAFTA 2.0 de Peña Nieto.

Mínimo, invocarían el precedente de Clinton para por lo menos aparentar una diferencia. Sobre todo frente a un electorado que repudia al Mandatario saliente en un 80%, y que exige un “cambio” en una misma proporción.

Anotó una duda, descabellada, como todo lo que sucede hoy en México. Si EPN y AMLO ya pactaron la victoria del segundo y el indulto del primero ¿habrán convenido también la aceptación por Morena (presidente, senadores y diputados) para el TLCAN para entonces ya negociado? No creo, pero quién sabe.
07 Marzo 2018 04:06:00
Recular o perseverar: That is the question
A juzgar por las apreciaciones de la comentocracia, Ricardo Anaya parece haberle ganado el primer round del “caso Barreiro” al Gobierno de Enrique Peña Nieto. No necesariamente por disipar todas las dudas que de buena o mala fe varios de sus dignos integrantes han manifestado sobre el fondo del asunto de la nave industrial de Querétaro, sino porque la utilización descarada de diversos instrumentos del Estado (PGR, SAT, Notimex) para apoyar la candidatura del PRI a la Presidencia ha sido repudiada por casi todos. Con más tiempo y ayuda, los organizadores de la carta a EPN sobre dicha utilización hubieran podido conseguir muchas más firmas; grupos de la sociedad civil, más allá de sus simpatías electorales, aborrecen cualquier evocación del desafuero de López Obrador en 2005.

El segundo round también lo puede ganar Anaya. Ya varios observadores han indicado el camino a seguir. Aguilar Camín, en particular, dibujó los contornos de la alternativa del diablo a la que se enfrentan Peña, Meade, el Gobierno y el PRI. O bien perseveran en el intento de la judicialización, e instruyen al procurador en funciones a indiciar o acusar formalmente a Anaya por lavado de dinero, dejando atrás las puras insinuaciones, rumores, difamaciones por asociación y fintas; en cuyo caso corren el riesgo de victimizarlo a ultranza, y de provocar un escándalo nacional e internacional de proporciones incalculables (además de que pueden perder). O bien se desisten de dicho empeño, reculan y admiten que no hay ningún cargo contra Anaya, que no se ha abierto ninguna carpeta de investigación, que no está bajo investigación, y que lo único que existe es un procedimiento ciertamente inusual por su rapidez y eficacia contra el empresario Barreiro. En cuyo caso le entregan a Anaya una victoria (más) para agregarla a su rosario de triunfos anteriores. No parece haber un lugar intermedio.

Veo difícil que el Gobierno dé marcha atrás. No ha quemado sus naves, pero muy probablemente lo haga en los próximos días. Conviene recordar que Fox sí retrocedió en el caso del desafuero, pero sólo después de una serie de reveses judiciales que no le dejaron mayor alternativa. De lo que yo recuerdo de mis conversaciones con él en esos meses de la primavera de 2005 (ya no pertenecía al Gabinete), su intención era ir hasta el final, convencido que sólo así podría frenar a AMLO. Es posible que los abogados de Anaya encuentren un imaginativo artilugio jurídico que coloque a la PGR en un dilema: por ejemplo, a través de una demanda, un amparo, o de presentarse en la PGR el propio Anaya, pero ahora ofreciendo que lo detengan de una vez. A reserva de que eso suceda, todo indica que Peña seguirá por este camino, como se lo ha hecho saber a varios empresarios.

De confirmarse esta opción, sólo subirá el tono de la campaña de Anaya, y la hipocresía de la campaña de AMLO. Si Meade insiste en las supuestas falsificaciones en la 3de3 de Anaya, este último comenzará a afirmar que la de Meade no contiene mentiras... porque no la ha presentado (según el IMCO). Si AMLO se mantiene al margen del intento de bajar a Anaya de la boleta, mostrará su escaso apego a temas de “cancha pareja” en materia electoral, y su semejanza con quienes le jugaron “cubano” (según él) en el 2006. Cuando le toque (porque le tocará), veremos cuántos simpatizantes del Frente o de la imparcialidad del Gobierno en los comicios se manifestarán a su favor.

La clave ahora consiste en respirar profundo y tratar de convencer a Peña Nieto que las promesas de AMLO de indulto valen poco, que las investigaciones de Anaya van en serio pero serán transparentes e imparciales, y que con 20% de aprobación es imposible que triunfe un candidato suyo. O el mismo: quien está en la boleta se llama Enrique Peña Nieto.
05 Marzo 2018 04:06:00
Conflictos de interés… en EU
En todas partes se cuecen habas. Los conflictos de interés han sido quizás el leitmotiv del sexenio de Peña Nieto en México. Higa, NAICM, Juntos Podemos, Odebrecht, más lo que se acumule, son todos, en el mejor de los casos, ejemplos de mezclar servicio público y negocios privados. Pero los conflictos de intereses pueden también ser “el fin del principio” (Churchill) de Donald Trump, o por lo menos de su familia.

En los últimos días han surgido una serie de revelaciones sobre la coincidencia en el tiempo y en el espacio, por así decirlo, entre decisiones de política exterior o de reuniones en la Casa Blanca, por parte del yerno de Trump, Jared Kushner, e incluso de la hija del Presidente, Ivanka. Algunas pueden ser sólo coincidencias, pero ya empiezan a ser muchas. Y el cerco se achica.

Según diversos medios periodísticos que suelen ser confiables en EU, por ejemplo, las empresas de Kushner estuvieron solicitando financiamiento a distintas fuentes en diversos países, para hacer frente a una enorme deuda (cuyo pago de 1.2 mil millones de dólares se vence a principios de 2019). Entre otros, en abril del año pasado, se le solicitó al emir de Qatar 180 millones de dólares. Aparentemente éste se negó a invertir en las empresas de la familia Kushner. Treinta días después, contra el punto de vista de los secretarios de Estado y de Defensa, Kushner convenció a su suegro de que EU apoyara el bloqueo que decretaron Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contra Qatar.

En esas mismas fechas, después de diversas reuniones con Kushner en la Casa Blanca, un fondo de inversiones llamado Apolo, y el banco Citibank, extendieron préstamos cuantiosos a los negocios de la familia Kushner. De nuevo, es muy difícil establecer una relación causal entre lo uno y lo otro, pueden ser meras coincidencias. Pero también puede tratarse de un método o modus operandi de la familia Kushner en la Casa Blanca, con el visto bueno del presidente de los EU.

Si a esto se le suma la investigación que aparentemente comenzó acerca de los negocios de Ivanka Trump y las razones por las cuales le ha sido negado hasta ahora el acceso a documentos clasificados top secret a Jared Kushner, debido a la sospecha o la certeza por parte del FBI de que agencias de inteligencia norteamericanas detectaron conversaciones de altos funcionarios de cuatro países sobre la vulnerabilidad de Kushner en vista de sus negocios, y que buscaban aprovecharse de él, empieza a plantearse un serio problema para el yerno de oro.

Las mismas fuentes periodísticas norteamericanas han subrayado estos últimos días cómo el propio Trump estaría ya harto de los problemas de Kushner, de los negocios de su yerno y de los problemas financieros de las empresas de su familia. El caso emblemático es, desde luego, el edificio 666, antes Tishman, en la Quinta Avenida, que compró la familia Kushner por 1.8 mil millones de dólares, una suma astronómica para una propiedad que no valía ni remotamente eso, ni siquiera en 2007, meses antes del fin de la burbuja de bienes raíces en EU. Como van las cosas, todo indica que Kushner va de salida, probablemente de la mano de su esposa. Los conflictos de interés en EU tienen consecuencias. Ojalá en México también: para eso es indispensable una comisión de la verdad que investigue los hechos de corrupción de los últimos tres sexenios, en caso de haberlos, para que pueda llevar a cabo la misma tarea que hoy en día realiza Robert Mueller, el fiscal especial nombrado para investigar todos los escándalos de Donald Trump.
02 Marzo 2018 04:06:00
La elección de Estado
La ofensiva del Estado contra la candidatura de Anaya posee una doble lógica. En primera instancia, busca bajarle por lo menos unos 5 puntos al candidato del Frente –puntos que cosecharía, creen los priistas, su candidato. Si logran arrebatarle más votantes hipotéticos medidos por las encuestas, mejor. En segundo término, intenta crear las condiciones para una alianza tácita del PRI con Andrés Manuel López Obrador, en caso de que no resultara posible desbancar a Anaya del segundo lugar. Si Peña Nieto se ve obligado a escoger entre entregarle la Presidencia a AMLO o a Anaya, cada vez más gente cercana al PRI cree que optará por el primero, aunque algunos creen que se trata de una simple finta para espantar al empresariado y mantenerlo fiel a Meade.

Ahora bien, para que la ofensiva del Estado prospere, Peña Nieto se ve obligado –cada día con mayor claridad– a convertir los comicios del 1 de julio en una elección de Estado. No se trata únicamente de utilizar de manera descarada a la Procuraduría General de la República con fines electorales. Es el SAT, la PGR, algunos gobiernos estatales, y desde luego varios medios de
comunicación.

Y no debe descontarse que la transformación de todo el proceso en una elección de Estado implique también conexiones y repercusiones internacionales que pronto veremos. Es cierto que tanto Fox como Calderón intentaron lo mismo contra AMLO en 2006 y 2012, y que los resultados fueron desastrosos para el país. Pero conviene recordar que por lo menos en 2004-2006 buena parte de los medios más bien se inclinaba por AMLO, y que el famoso pacto de inmunidad que brotó del acuerdo entre Calderón y Peña Nieto le ha hecho un enorme daño a México.

Desde esta perspectiva se entiende que la gente de Morena no compre boleto en el pleito Peña-Anaya. Se benefician de él, al menos por ahora. Asimismo, varios sectores de la sociedad civil, de la Iglesia o del empresariado prefieren mantenerse al margen de un conflicto que al final les resulta ajeno. Pero deben tomar en cuenta dos consideraciones quizás poco evidentes en este momento. La necesidad de oponerse a la elección de Estado puede volverse más aparente si se contemplan estas dos hipótesis.

Primera: si Peña se halla dispuesto a ir hasta la detención de Anaya o la apertura de una carpeta de investigación de la PGR para bajarlo de la boleta, lo hará también con López Obrador después. El grado de desesperación del Gobierno no proviene de las mayores o menores posibilidades de perder; se origina en las posibles consecuencias de actos de corrupción y de violación de derechos humanos que sólo ellos conocen. No aceptarán ninguna alternancia porque ellos sí pueden medir las dimensiones de la ira social que despertarán las revelaciones postsexenales. No les bastarán todas las promesas de perdón de López Obrador.

El segundo factor que ciertos sectores neutros deben sopesar es la radicalización de Anaya. Es obvio que ante una tal embestida, la mejor defensa es un buen ataque. Nadie niega que el Frente no ha llegado a la unanimidad sobre cuestiones claves como la mirada hacia atrás para combatir la impunidad, la responsabilidad de Peña Nieto en la corrupción del sexenio, la importancia de los escándalos de Meade en Relaciones Exteriores y Sedesol. Hasta ahora, los partidarios de una postura más radical, más irreverente, más personalizada, han sido minoría. Si la ofensiva de Estado crece y asume las características que muchos temen, el propio Anaya quizás aparezca en las filas de los más rudos.

El rechazo a una elección de Estado puede volverse una bandera admisible para muchos que discrepan del Frente, o de su candidato. Es un poco regresar al año 2000. Se pensará que poco hemos avanzado estos 18 años si volvemos a lo mismo. Pero así es. Mejor reconocerlo que cegarse ante la evidencia.
28 Febrero 2018 04:07:00
Las clases sociales de la corrupción
Los tres candidatos a la Presidencia ya confirmados se han dado hasta con la cubeta estos últimos días a propósito de la corrupción. El PRI y el Gobierno le pegan a Anaya y a López Obrador, para darle sustento a la tesis que en México todos los políticos son corruptos, y los priistas no son peores que otros. Anaya acusa a Meade de ser cómplice –en el mejor de los casos– y beneficiario –en el peor– del modus operandi del gobierno de Peña Nieto estos años: desvío de recursos de Hacienda a Sedesol o a Sedatu (o a la SRE también, con Juntos Podemos), desde donde se transfieren a empresas fantasma (tipo Estafa Maestra o Chihuahua) para ser canalizados a las campañas del PRI. AMLO sostiene también que todos son corruptos, pero él no. Cesará la corrupción en México porque habrá cesado en Los Pinos.

Y Meade golpea a AMLO con el argumento de que se rodea de gente como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, íconos supuestos de la corrupción sindical mexicana.

El primer punto que vale la pena destacar es que las denuncias –y los pecados– son de naturaleza distinta. Los ataques de AMLO y Meade a Anaya abarcan el supuesto lavado de dinero de un particular que le compra un bien a otro, y una supuesta ganancia excesiva en la venta correspondiente.

A menos de que resulte que Anaya no pagó impuestos sobre esa ganancia, no hay daño al erario. Lo mismo sucede con la embestida en un spot de Meade contra AMLO: tal vez sea una mala idea de López Obrador aliarse con la maestra y “Napito”, pero es sólo eso: una mala idea. No hay daño al erario. Finalmente las críticas de Anaya a AMLO también se estrellan contra esta pared: perdonar a los corruptos del pasado puede ser una garantía de impunidad futura, y de corrupción mayor en el porvenir, pero por ahora no es, per se, un acto corrupto.

En segundo término, las magnitudes involucradas también son diferentes. Aún si alguien cree el cuento del Gobierno de que Anaya inventó toda la operación de compra-venta para allegarse 54 millones de pesos, y convenció al notario a que se prestara a ello, al comprador también, al Registro Público de la Propiedad también, es decir, aún si Anaya siguiera siendo el dueño del predio, se trata de una ínfima cantidad de dinero.

Los desvíos de Meade y de Rosario Robles desde la Sedesol implican hasta 3 mil millones de pesos sobre varios años. En el Edomex, en Chiapas, en Zacatecas y varios estados más, se trata de enormes sumas de recursos públicos desviados a las campañas o los bolsillos de sujetos privados. Ojalá la PGR, el SAT y la CNBV actuaran con la misma rapidez con Sedesol y Sedatu como la que han mostrado con Anaya y Barreiro.

Por último, en el caso de estos últimos, las acusaciones provienen de particulares anónimos, de la PGR en manos de Peña Nieto y de Meade, y del aparato de Hacienda. En el caso de Robles y Meade, el origen son las revisiones de la Cuenta Pública llevadas a cabo cada año por la Auditoría Superior de la Federación.

No son comparables el uso descarado del aparato de Estado para atacar a un candidato, que un ejercicio ordinario, previsto por la ley y realizado cada año, por un ente en teoría autónomo, pero de cualquier manera no subordinado al Poder Ejecutivo.

No todas las corrupciones son iguales, sobre todo cuando dos no lo son, y una sí.
26 Febrero 2018 04:06:00
Ningún beneficio
Nunca se entendió del todo la lógica de un nuevo encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en vísperas de las elecciones mexicanas y a 8 meses de que EPN dejara la Presidencia de México. A menos de que el encuentro fuera la ocasión para anunciar un gran acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Dreamers y un aumento significativo de las visas H2A y H2B para trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos, el mero hecho de reunirse en México o en EU implicaba grandes riesgos y ningún beneficio.

Todo parece indicar que no hubo tal acuerdo. En primer lugar, porque no han concluido las negociaciones sobre el TLCAN y faltan los capítulos más espinosos: reglas de origen, estacionalidad agrícola, mecanismos de solución de disputas, cláusula de revisión quinquenal. Además, lo que hubiera podido ser un arreglo al problema de los dacas o dreamers que beneficiaría a casi 1.5 millones de mexicanos en EU se cayó en el senado norteamericano, sin siquiera llegar a la cámara baja donde iba a ser aún más difícil sacar algo sustantivo. Y en cuanto a las visas, de haber sólo eso de por medio, era de esperarse que el acuerdo sería impresentable para la sociedad norteamericana, para el partido demócrata, para los sindicatos, y para la comunidad latina. De modo que se antojaba que el anuncio sin fecha ni ubicación del encuentro sobre la reunión EPN-Trump, tenía más un sentido político interno mexicano que cualquier otra cosa.

Aún así, parecía difícil de comprender. Si bien una buena reunión entre los dos presidentes de alguna manera podría ayudarle a EPN y elevar ligeramente su popularidad, no se ve muy bien como eso podía contribuir a la campaña del candidato del PRI, que ni siquiera con un gran acuerdo hubiera podido levantarse de la postración en la que se encuentra. Pero ausente el acuerdo, es decir sin nada que anunciar que fuera realmente significativo, el riesgo de un mal encuentro podía ensombrecer cualquier beneficio posible.

Pues resulta, según The Washington Post, que no habrá tal encuentro o en todo caso será un “meet and greet”, al margen de la Cumbre de las Américas en Perú durante el mes de abril. Se suponía que el encuentro tendría lugar en la ciudad de Washington en la primera semana de marzo, y que se había logrado un acuerdo sobre el intratable problema del muro: Trump no insistiría en que México iba a pagar el muro y Peña no diría que México no lo pagaría. Pero en la conversación telefónica de la que se informó a principios de la semana pasada entre ambos mandatarios, resulta, de nuevo, según el WP, que no hubo tal convergencia. Trump se negó a comprometerse a no hablar del muro ni de que México lo pagaría; EPN no aceptó esa exigencia, y por lo tanto, según el WP, se canceló el viaje.

Ya si Trump perdió los estribos, como le dijeron los mexicanos al WP, o si sólo se exasperó y se frustró con la intransigencia mexicana, como dijeron los norteamericanos, da más o menos lo mismo.

No es una buena idea estar jugando con las relaciones con Estados Unidos como instrumento de campaña de un candidato del PRI. Siempre sale mal. Con Trump sale peor. Es hora de que la cancillería y Presidencia dejen de querer prolongar en los hechos la vigencia del mandato de EPN, cuando es obvio que ya es un presidente saliente, debilitado e impopular. Es hora de que dejen de negociar el TLCAN y permitan que el sucesor, cualquiera que sea, lo termine; es hora que suspendan mayores concesiones a EU en materia de la guerra contra las drogas y la migración centroamericana; y es hora de que cesen de buscar encuentros inútiles e inmanejables.
23 Febrero 2018 04:07:00
Una encuesta para los estados
Una nueva app permite acceder a bajo costo a las encuestas que levanta con mucha frecuencia José Carlos Campos Rojas de Massive Caller. Son mil llamadas “robot”, con un margen de error de 3.2 por ciento.

Desconozco quiénes son los propietarios de la empresa, y no puedo validar sus resultados a través de un largo historial, o de un medio de comunicación conocido, pero sé que mucha gente ve la app, comenta las encuestas, y sus resultados coinciden con otras pesquisas más conocidas. La ventaja que encierran reside en su frecuencia y volumen. Por eso me permito compartir algunos datos que de que allí provienen.

En un levantamiento fechado el 20 de febrero en las nueve entidades donde habrá comicios para Gobernador el 1 de julio, los resultados son muy alentadores para Morena, medianos para el Frente, y catastróficos para el PRI.

El único estado donde el “expartidazo” se mantiene competitivo es Yucatán, pero aún allí las cifras son aterradoras para el PRI: PAN-MC 35%, PRI-Verde-PANAL 25%. No existe ninguna posibilidad que el PRI gane en cualquier otro estado, mientras que Morena puede triunfar en Chiapas, CDMX, Morelos, Puebla, Tabasco, y Veracruz. El Frente, o Enrique Alfaro sólo por MC en Jalisco, puede ganar en Guanajuato, Jalisco, Veracruz, y Puebla.

Si estos números son confiables, y si se mantienen, la contienda nacional/presidencial no sólo será únicamente entre dos –López Obrador y Anaya– sino que las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado se achicarán notablemente.

Justamente, Massive Caller levantó el 15 de febrero encuestas en los 32 estados en las elecciones para el Senado. En los últimos tres bastiones del PRI –Campeche, Hidalgo y Sonora– la contienda se antoja muy cerrada, con Morena en un segundo lugar en dos, e incluso adelante en Hidalgo.

En el Estado de México, los datos son 32% para Morena, 20% para el Frente y 16% para el PRI. De acuerdo con algunos modelos, basados en los datos de Massive Caller, la bancada priista puede verse reducida a menos de 10 senadores de mayoría y entre seis y ocho plurinominales. En todos estos casos, el número de indecisos permanece relativamente elevado, por arriba de 25 por ciento.

¿Se trata ya de una tendencia? ¿Hay indicios de un tsunami electoral a favor de Morena en muchos estados donde antes ni existía? Las cifras presidenciales, del 18 de febrero, no muestran un triunfo holgado para AMLO: lo ponen en 30%, versus 25% de Anaya y 16% de Meade.

Pero si alguien desea descifrar el enigma del 1 de julio con más elementos, donde conviene adentrarse es en las encuestas para gobernadores y senadores. El derrumbe del PRI parece tal que incluso puede configurarse un verdadero riesgo para el Frente.

Si estos resultados son ciertos, el partido de Enrique Peña Nieto podría caer por debajo de su piso histórico y comenzar a perder su voto duro. El voto blando del PRI se puede transferir al PAN y al Frente; sucedió en 2006 con Calderón.

Pero la querencia del voto duro es otra: reviste una propensión hacia el nacionalismo revolucionario “de izquierda” (eso es AMLO) innegable. Un PRI por debajo de 20% puede ayudar a Morena. Y hoy, a nivel de gubernaturas y senadurías, todo sugiere una cifra de esa índole.
22 Febrero 2018 04:07:00
El porqué de las listas
La integración y el anuncio de las listas de diputados y senadores nunca es un buen momento en la política mexicana. Digamos desde 1997, cuando el PRI perdió la Ciudad de México y su mayoría en la Cámara baja, los integrantes de dichas listas han llevado a muchos al llanto, a la desesperación o al cinismo más completo. La oposición ha carecido de cuadros; el PRI recicla a los dinosaurios de siempre; los nuevos partidos se nutren de las deserciones de los viejos partidos; y salvo en el caso de unos cuantos candidatos hoy para el Senado, los independientes aún no logran refrescar, renovar o mejorar el nivel de los legisladores.

Las razones son múltiples, y los políticos con alguna vocación pedagógica debieran tratar de explicarle a la sociedad por qué sus representantes no sólo son tan mediocres, sino por qué saltan unos de un bando a otro, de una cámara a otra, de una generación a otra. Ninguna explicación es exhaustiva, pero algunos elementos son evidentes, y comprensibles. Las aberraciones mexicanas se presentan en todos los países del mundo.

Primer ingrediente explicativo: la no reelección. Los diputados y senadores que elegiremos el 1 de julio son los primeros en ser reelectos desde tiempos inmemoriales. Lo cual encierra una doble consecuencia: el cargo es mucho más codiciado (puede durar 12 años, y si uno no quiere, sin trabajar mucho); pero a la vez la reelección permitirá un principio de profesionalización de la clase legisladora (no de la clase política). Sin reelección, a pesar del va-y-viene de una cámara a otra, no hay memoria, especialización o meritocracia. Veremos (o algunos verán) dentro de 12 o 24 años cómo cambian las cosas.

Segundo elemento: México nunca ha tenido una clase política meritocrática. Desde el Porfiriato, y sobre todo a partir de los años 40, el país resolvió en los hechos contar con una clase (o casta) administrativa en ocasiones de lujo, y con una clase política casi siempre execrable. Ninguna madre de buena familia quisiera casar a su hija con un diputado, presidente municipal o gobernador; todas, con un doctorante de los que enviaba Rodrigo Gómez a Yale desde hace tres cuartos de siglo. El resultado: magníficos secretarios de Hacienda, directores de Banco de México, embajadores y administradores públicos, y políticos de sexto mundo.

Tercer factor: en México no hay partidos políticos en el sentido estricto de la palabra. Sé que algunos distinguidos colegas añoran, por ejemplo, la época cuando el PAN “tenía ideología”. Me cuesta trabajo entender cuál, que no fuera una serie desordenada de convicciones conservadoras, un poco simplistas, medio ultramontanas, que, por ejemplo, pueden conducir a la insólita declaración de Margarita Zavala de Calderón: “En mi equipo hay mujeres, hombres y homosexuales”. Andrés Manuel también ha manifestado alguna nostalgia por los tiempos en que el PRI “tenía ideología”: ¿la de Lázaro Cárdenas o la de Miguel Alemán? ¿la de Carlos Salinas o la de Luis Echeverría? Y en el mundo PRD, hay muchos que extrañan una edad de oro de principios y posiciones nítidas. Sólo que no sabemos cuáles, a menos que sean los de Groucho Marx (“estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros”).

Pedirle a militantes de cualquiera de estos partidos que no se inscriban en la lista de otro partido que el suyo, por la simple razón que debieran “tener ideología”, es propio de otra época y de otro país. Los que brincan del PAN a Morena, o del PRI al PAN y luego de vuelta, o de Morena al PRD y de regreso, no traicionan sus creencias o posiciones, porque no las tienen. En su caso, abrazan y defienden determinadas causas, y piensan que su lucha por estas últimas será más eficaz en las listas de un partido en lugar de otro. Lo que la gente debe ver son las causas –si existen– y no los colores partidistas bajo los cuales se defienden. Y debe tomar nota también de las consecuencias de los actos de unos y otros: si Peña Nieto mete a Elba Esther a la cárcel, no debe sorprenderle que se alíe con su peor enemigo para vengarse. Lo mismo con Gómez Urrutia, el calderonismo y los desamparados por el Frente que de manera inevitable se desplazarán hacia Morena. Así es la política en democracia. Hay que entenderla y explicarla, no lamentarla.
19 Febrero 2018 04:06:00
El TED Talk de Anaya
Salvo la enigmática e irreverente referencia de Andrés Manuel López Obrador a que su lucha contra la corrupción rayará en la locura, el discurso más interesante de ayer fue el de Ricardo Anaya. Por innovador, arriesgado o incluso temerario, y por presuponer varias tesis que están lejos de comprobarse, por ahora. Me referiré a lo nuevo, a lo viejo y anacrónico, y a las debilidades, en ese orden.

Lo nuevo es lo que muchos ya han llamado el estilo TED Talk o Steve Jobs de Anaya. Cuando se siente más cómodo, en su piel, es cuando platica en lugar de arengar sobre temas tecnológicos, del futuro, de la transformación del país y del mundo, en vez de recurrir a los viejos estribillos sobre el cambio, la unidad, la dignidad, la patria, etc. Utilizó con mucho arrojo esta fórmula para dedicar casi la mitad de su discurso a las transformaciones tecnológicas en curso, a la necesidad de apostarle al cambio y a la innovación en lugar de repetir las tesis del presente y a mostrar de una manera muy pedagógica cómo determinadas transformaciones en los sectores más modernos del mundo pueden afectar directamente a los mexicanos. Incluso sus incursiones en las tiendas de Amazon en Seattle y a los tractocamiones autónomos en Silicon Valley resultaron atractivas.

Ahora bien, esta definición implica una opción estratégica. Esta es que Meade y el PRI están liquidados y que ya llegó la hora de concentrar las baterías contra López Obrador. Implica pensar que ya la contienda por el segundo lugar concluyó y que empezó en los hechos la disputa por el primer lugar.

En ella, el contraste, según Anaya, debe ser entre una persona joven, culta, enterada de los cambios mundiales, que puede resultar mucho más llamativa para el electorado mexicano que alguien que se ve mucho más viejo –y tiene un cuarto de siglo más– pero cuyas ideas son aún más rancias que sus canas: López Obrador. En el fondo, con mayor o menor conciencia, Anaya le apuesta al famoso carácter aspiracional de los mexicanos: queremos ser como los que nos mostró en los videos, pertenecer al mundo que describe del cambio tecnológico exponencial, ser parte de ese universo, en lugar de vernos atraídos por las imágenes especulares de nosotros mismos.

Esta fue la apuesta de los publicistas de finales de los años 50 y principios de los 60, y de Emilio Azcárraga Vidaurreta, cuando comenzó la televisión en México: desde las modelos rubias de Clairol hasta las rubias superiores de la Cervecería Moctezuma. Es posible que tenga razón, pero también debe subrayarse el carácter arriesgado de esta tesis.

Lo más viejo y anacrónico del discurso de Anaya fue la parte sobre EU. Repitió lugares comunes, obsoletos, sin ningún contenido y sin ningún chiste, para efectos puramente demagógicos en el recinto, y omitiendo cualquier reflexión didáctica, como en el resto de su discurso, a este respecto. Se hubiera saltado ese segmento. En cambio, otro elemento innovador fue la referencia a su madre y a su abuela, que muestra también de manera elíptica, que viene de una familia donde las mujeres trabajaban fuera del hogar, eran profesionistas y vivían en una situación de igualdad con los hombres. No es el caso de la inmensa mayoría de las familias mexicanas, y menos aún de las familias de clase media conservadora del Bajío. En este aspecto, el discurso de Anaya también llama la atención.

Mis dudas se centran en si tiene razón al pensar que la primera vuelta ya terminó y que estamos en plena segunda vuelta; no estoy seguro, pero supongo que su equipo tiene números y estudios cualitativos que así lo demuestran. Aun así, permanezco escéptico. Y en segundo lugar, es preciso reconocer que hasta llegar a la parte TED Talk de su intervención, hay pocas propuestas específicas propias. El Ingreso Básico Universal sigue siendo prácticamente la única idea original y detallada. Lo demás parece una repetición de su discurso de precampaña de cajón del último par de meses. Como le ha funcionado ese discurso, existe una tentación natural a repetirlo. Pero no es el discurso de una nueva etapa de campaña, es el discurso del final de una precampaña.
14 Febrero 2018 04:00:00
CDMX: El conservadurismo a flor de piel
Mikel Arriola tiene, al final de cuentas, el valor de sus convicciones. Después de un par de días de vacilaciones y cantinfladas, declaró que su postura sobre la mariguana, la adopción por parejas del mismo sexo y el aborto “para nada fue un tropiezo”. Lo hizo sin ambages, sin eufemismos y sin miedo. Afirmó que “esta es una ciudad de libertades y moderna, pero yo tengo como eje de campaña la familia tradicional y protección de los valores”. Dio una buena razón para exponer su punto de vista: para que la gente sepa por quien vota: “simplemente lo expresé para que la gente conozca mi opinión; yo no estoy de acuerdo con la legalización de la mariguana porque eso es generar problemas para resolver los problemas, platicamos con amas de casa y ellas comparten mi punto de vista”. Quedaron atrás sus lugares comunes y simplezas sobre consultas y debates. Bien hecho.

Ahora bien, junto con la franqueza y la contundencia –las cuales, insisto, se aprecian– es importante destacar un rasgo de carácter o de ambición política de Arriola. Lo conozco poco –mucho más a su padre– pero siempre me ha parecido un funcionario competente, amable y “moderno” (por su juventud, sin que pueda yo definir exactamente qué entiendo yo por eso). Sus posturas no corresponden al perfil que le asigno.

Tal vez se trate de un estratagema de campaña, medio burdo, transparente y condenado al fracaso, para arrebatarle votos conservadores a Alejandra Barrales y al Frente y colocar una cuña entre y el PRD por un lado, y Ricardo Anaya y el PAN por el otro. Pero más bien, todo sugiere que Arriola comparte el conservadurismo de buena parte del gobierno de Peña.

Quizás ellos se encuentren mucho más a tono con el humor del país (y de la ciudad) que yo y mi círculo de amistades y afinidades, pero de todas maneras me resulta difícil entender cómo el sector más joven del Gobierno, empezando por Peña Nieto, sea tan conservador en estos temas. El que la sociedad mexicana lo sea no es argumento: ellos no son, en lo más mínimo, un fiel reflejo de esa sociedad. Todos poseen algún tipo de educación universitaria (algunos de excelencia); todos pertenecen a una clase media alta; todos han viajado al extranjero; todos leen (bueno, todos, lo que se dice todos, quizás no).

Entiendo el tema de la conveniencia política, o que alguien como Andrés Manuel López Obrador se oponga al aborto, a la legalización de la mariguana para fines recreativos, a los matrimonios gay y a la adopción por parte de ellos, y a la muerte asistida. La conveniencia política explica porque hasta Obama o Clinton, que confesaron repetidamente su consumo de drogas, por ejemplo, jamás promovieron una legalización plena cuando se hallaban en funciones. La insularidad de AMLO explica, como en el caso de Lula en Brasil, una oposición casi religiosa y en ocasiones aberrante ante estos temas. Pero ¿graduados de LSE, Yale, MIT o incluso la UP? Hay algo que desentona, pero bien puede tratarse de un conservadurismo cultural auténtico, que se manifiesta –como en el caso del sexenio anterior– en propuestas o realidades de políticas públicas de otra época.

Arriola acierta también al exigir que Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales expongan su punto de vista al respecto. Y que lo hagan, como él, sin trampas. No se trata de pedir debates, consultas o posposiciones (“ahorita eso no importa: solo la pobreza”). En esta ciudad hay precedentes, leyes, usos y costumbres. Y hay también cierta frescura y modernidad: podemos abiertamente ser partidarios de las libertades señaladas, sin ser estigmatizados. Hay valores, pero no aquellos a los que se refiere Arriola. En cuanto a los votantes liberales o progresistas de la capital, harían bien en tomar nota: a quién prefieren para gobernarlos los próximos seis años.

12 Febrero 2018 04:00:00
Así están las cosas (electorales)
Sólo en México puede haber una precampaña, una intercampaña, y una campaña para elegir a un Presidente. Y sólo en México se pueden redactar leyes y aprobarlas, para que sean violadas por inviables. Como ahora toca, según esas leyes absurdas, reflexionar sobre los candidatos, hagámoslo, en el entendido de que los datos de los cuales disponemos no cumplen con todo el rigor que desearíamos.

Partiendo de las encuestas disponibles, de las columnas filtradas y de las que reflejan una opinión basada en información más o menos seriamente recabada, distingo tres tesis. Primero, Andrés Manuel López Obrador lleva una ventaja de entre 6 y 10%, dependiendo sobre todo de la manera en que se reparten los indecisos en las encuestas, y si en el trabajo de campo se reponen realmente los rechazos. No crece su margen de triunfo, pero tampoco disminuye. Si pudiera replegarse a Tabasco cuatro meses y callarse, ganaría sin mayor duda. Pero aún en campaña permanente, ha cometido menos errores que en el pasado, o de los que sus adversarios esperan, en ambas acepciones de la palabra. Si le apuestan a sus descalabros para ganarle, se van a equivocar. Los mercados también, de otra manera: una cosa es que descuenten su victoria, otra es que piensen que “no pasará nada”. Habrá una corrida contra el peso, se disparará la inflación, y se congelará la inversión privada, nacional y extranjera, durante un par de años por lo menos.

Ricardo Anaya en buena medida se ha ceñido al guión que escribió. Ha concentrado sus baterías y sus ojivas en el candidato del PRI; ha aprovechado el tiempo para construir una figura pública de cierto tipo (“humana”, whatever that means); ha procurado cicatrizar heridas dentro de los partidos del Frente, y entre ellos. Si le creemos a las encuestas, se ha posicionado en un segundo lugar aún no definitivo, pero sólido, con una ventaja de más de cinco puntos sobre el candidato del PRI. Si llega a los debates de abril, mayo y junio con menos de 7% de desventaja, puede ganarle a AMLO gracias a su superioridad en la esgrima verbal, aunque se puede generar allí una trampa de expectativas. Su debilidad es obvia: equipo de campaña, equipo y programa de Gobierno, buscar proactivamente el voto útil del PRI a tiempo y con eficacia.

José Antonio Meade padece la crisis de muchos de los candidatos del PRI, por lo menos desde Luis Echeverría en 1976: seré o no seré. Por mi parte, creo que no existe ninguna posibilidad de que Enrique Peña Nieto lo sustituya, pero no dudo un momento que en la cabeza del grupo de Meade ronda el fantasma de la sustitución. Mientras no llegue la fecha fatídica del registro ante la autoridad electoral, la mera idea de un deslinde con o sin ruptura frente a Peña es impensable. Razón por la cual su campaña “no despega”. No puede despegar, y en casi todas las encuestas, se nota. Y como lo han comentado muchos, y notablemente Jorge Volpi en Reforma, se ve un candidato incómodo, mal en su piel, por ese sencillo motivo. Sin distanciarse del Presidente en funciones más impopular de la historia moderna de México, imposible remontar su rezago. Romper antes de tiempo, o incluso a tiempo y con pacto, puede ser fatal. No hay por donde.

La elección se va a jugar en 5 entidades. Si Enrique Alfaro le entrega sus mismo votos a Ricardo Anaya en Jalisco (tercer padrón del país); si Yunes (hijo) le entrega los suyos a Anaya en Veracruz (cuarto padrón); si la esposa de Moreno Valle hace lo propio en Puebla (quinto padrón); si Alejandra Barrales obtiene un millón de votos en la Ciudad de México, y Anaya, por su cuenta, un millón y medio o 30% del total en el Edomex, gana. El PRI puede perder las 9 gubernaturas en juego; y AMLO puede ganar si una o más de las condiciones descritas para Anaya no se cumplen. Así están las cosas.
07 Febrero 2018 04:06:00
¿Qué parte no entienden de Chihuahua?
No entiendo la discusión sobre quién ganó en Chihuahua: ¿Corral o el Gobierno? Para mí es obvio que ganó Corral de buenas a primeras. Si uno retoma su narrativa –y yo la hago mía– es muy sencillo. Primero, detiene a Alejandro Gutiérrez, a quien acusa de desvío de recursos a favor de la campaña del PRI del 2016. Segundo, el Gobierno ejerce represalias al suspenderle la entrega de 700 millones de pesos previamente pactados, el 14 de diciembre. Tercero, Corral exige ese pago y que se acelere y se transparente la solicitud de detención provisional para fines de extradición de César Duarte, prófugo en Estados Unidos. Cuarto, inicia su caravana para presionar al Gobierno federal para que todo esto suceda. Quinto, el Gobierno lo acusa de torturar a Gutiérrez, y los abogados de este último interponen un recurso al respecto. Sexto, la Fepade busca también interponer una demanda contra Alejandro Gutiérrez por violación a la ley electoral, lo cual se volvería un delito del fuero federal, lo cual podría llevar a que fuera trasladado a la Ciudad de México.

He aquí la secuencia de hechos. ¿Cuál es el desenlace? Uno: la represalia desaparece. El Gobierno acepta entregar el dinero a Corral. Dos: Alejandro Gutiérrez sigue preso, pronto en una cárcel federal, sujeto a un proceso que no ha cambiado en un ápice. La única diferencia radica en el hecho de que ahora va a enfrentarlo en una prisión federal pero con un juez estatal, en Chihuahua, y solo en Chihuahua. Tres: en teoría se acelera y se transparenta la solicitud de detención provisional con fines de extradición de César Duarte a Estados Unidos, con coadyuvancia del Gobierno de Chihuahua (si escoge mal Corral a quien le encargue el asunto, es harina de otro costal). Cuatro: la caravana siguió hasta la Ciudad de México, donde concluyó triunfal. Cinco: Corral se desiste de la demanda –válida– con la Secretaría de Hacienda por discrecionalidad en la entrega de recursos, pero mantiene la del estado de Chihuahua contra la Ley de Seguridad Interior.

No entiendo qué parte sugiere que perdió Corral y ganó el Gobierno. A menos de que haya una falta de estudio del tema, una antipatía previa –que se vale, por supuesto, aunque no sea la mía– o que haya, en algunos casos desde luego, una mala fe insólita, incluso para criterios mexicanos. A la pregunta que Corral nos formuló a varios de sus amigos desde que comenzó su negociación con el secretario de Gobernación: ¿y si no cumplen? La respuesta siempre fue evidente. Por supuesto que este Gobierno no tiene palabra, por supuesto que hará todo lo posible por no cumplir, y por lo tanto no debe retirar su demanda contra la SHCP ni entregar a Gutiérrez hasta que el Gobierno cumpla. Pero Corral no se cuece al primer hervor.

¿Se negoció la libertad de Gutiérrez contra los 900 millones de pesos? Cuando veamos a Gutiérrez en la calle, hablamos. ¿Se negoció el proceso contra Gutiérrez por desvío de recursos contra la extradición? Lo sabremos cuando se desista la Procuraduría Estatal de Chihuahua de dicho proceso. ¿No habrá nunca extradición, ya sea porque hagan trampas la PGR y la SRE, ya sea porque Estados Unidos la niegue, a raíz de los susurros de la Cancillería? Tal vez, pero igual Duarte no estaba en México antes, ni había solicitud, ni voluntad pública de enviarla.

Que me perdonen unos y otros: los partidarios de Corral no tenemos que demostrar que el gobernador ganó. Sus malquerientes o escépticos deben demostrar, no pronosticar, que perdió. La bola –es decir, la carga de la prueba– está en su cancha.
02 Febrero 2018 04:06:00
Gon
Murió ayer Gonzalo Aguilar Zínser. Un infarto sin antecedentes médicos ni aviso lo fulminó en su casa, sin resucitación posible. Deja a Sandra, su esposa de más de una década, y a su hija Camila, de 8 años, y a tres hijastros, que fueron sus hijos. Lo sobreviven también cuatro hermanas y dos hermanos.

Deja asimismo una eterna fila de amistades. Todos se dieron cita ayer en su velorio, y hoy de nuevo se encontrarán en el Panteón Francés, donde descansan las cenizas de sus abuelos, padres y hermanos. Entre esos amigos me enorgullece contarme, y mi tristeza no es menor a la de los familiares que lloran su partida.

A lo largo de los últimos 20 años, construimos una amistad a prueba de tensiones familiares mayores, desencuentros políticos menores, y roces personales insignificantes. En cambio, nos reímos, viajamos, comimos, bebimos, luchamos, imaginamos e inventamos como pocos.

Conocí a Gonzalo, ya en la vida adulta, a mediados de los años 80, gracias a dos acontecimientos de disímbola proporción: yo procuraba agandallarme legalmente un terreno al lado de mi casa, y pedí su ayuda; su hermano, Adolfo, fue secuestrado por la Secretaría de Gobernación, y varios nos reunimos primero para denunciarlo, después para acompañarlo al ser liberado. Nos habíamos encontrado antes, de niños, decía él, debido a la relación cercana de mis padres con los suyos (y más de mi madre con Adolfo Aguilar y Quevedo). Pero empezamos a ser verdaderamente amigos hacia finales de los años 80, y sobre todo a partir del intento de secuestro de mi asistente en junio de 1990, cuando a instancias de Adolfo, tanto Gonzalo como Alonso, su hermano mayor, me salvaron de varias trampas tendidas por el Gobierno de Salinas de Gortari y ayudaron a darle contenido jurídico a mi denuncia.

Pero fue sobre todo antes, durante y después del Gobierno de Fox que Gonzalo y yo construimos el vínculo que nos unió hasta ayer en vida, y en mi memoria para siempre, en momentos de tristeza, y de gran alegría. Administró, de parte de ambos cónyuges, un doloroso divorcio; iba a ser, muy pronto, el anfitrión de la celebración del matrimonio de mi hijo. Fue el autor de la idea de luchar por las candidaturas independientes; gracias a su energía, creatividad y en ocasiones locura, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y yo ambulamos por los pasillos de los tribunales federales, del IFE, de la Suprema Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Corte en San José de Costa Rica. Ganamos lo que ganamos, perdimos lo que perdimos, y los resultados de la tesis delirante de Gonzalo están hoy a la vista de todos.

Así como lo hizo por mí, y por nuestra causa común, luchó en innumerables frentes por múltiples otras “víctimas” y clientes con la misma generosidad. Perteneció a ese grupo de abogados mexicanos que subsidian los casos que consideran nobles, con los que reditúan, provistos de mayor o menor nobleza. Seguimos en la lucha en muchas otras trincheras, hasta la semana pasado, cuando decidimos reactivar la demanda de Federico Jesús Reyes Heroles y otros contra México (#P-1868-11) en la CIDH en Washington, contra la prohibición de la compra de tiempo aire por la sociedad civil en México. Corcuera sigue encargado de ese litigio.

Pero no sólo grillamos y peleamos. Tuve el enorme privilegio de viajar con Gonzalo, en compañía de Manuel Rodríguez, de Pedro Saez, de Rolando Ocampo, de Roberta Garza y de Roberto Mendoza y Paco Ortiz, por buena parte de México, de Costa Rica, del Mar de Cortés, de Bahamas, Croacia y el Caribe, de Washington y Nueva York, y de pasar largos ratos en su casa de Tepoztlán. Allí comprobé e intuí, inconscientemente, el motivo de su muerte, que verbalizó ayer Joel Ortega. Tenía un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Reventó.
31 Enero 2018 04:06:00
México y la enchilada de Trump
La nueva propuesta migratoria de Donald Trump coloca a muchos en una posición incómoda. Concederle una amnistía a casi 2 millones de dreamers o DACA en potencia; reducir dramáticamente el criterio de reunificación familiar para otorgar la residencia permanente a terceros; eliminar el sistema de lotería para ciertos países; y aprobar un presupuesto de 25 mil millones de dólares para construir el famoso muro: en su conjunto, el paquete encierra propuestas odiosas y otras de gran atractivo para el Partido Demócrata de Estados Unidos, para la comunidad hispana en ese país y para el mismo Gobierno de México. Concentrémonos en este último.

Hay aproximadamente 6 millones de ciudadanos mexicanos sin papeles al norte de la frontera. De los 1.8 millones de dreamers posiblemente beneficiados, más o menos, 1.5 millones son mexicanos. De tal suerte que la propuesta de Trump regularizaría, de manera provisional a corto y mediano plazo, y de modo permanente a largo plazo, a la cuarta parte de los indocumentados mexicanos. No es poco.

Eliminar la reunificación familiar no extendida (es decir, conservando la preferencia otorgada a hijos, padres y cónyuges) perjudicará a muchos mexicanos, pero de una manera indirecta. Los plazos para obtener una visa por este camino y que desemboque en la residencia permanente son eternos e inciertos. En cuanto al muro, para Peña Nieto y su equipo el problema siempre ha estribado en el pago, no en el hecho. Con los 25 mil millones se resuelve el pago y el hecho igual le tocará al Presidente que siga.

Por estas razones, y otras más que mencionaremos a continuación, comprendo la posible tentación que le provoca la idea de Trump a las autoridades mexicanas. Aunque no la cabildeen con los demócratas, aunque no lo digan en público, aunque les duela un poco en su amor propio, no es absurdo que en su fuero interno la aprueben y le den la bienvenida. Sobre todo si se ve acompañada por un ingrediente adicional.

Cada año, el Gobierno estadunidense otorga una determinada cantidad de visas temporales para empleos agrícolas y de servicios de baja calificación (sobre todo de la industria de la construcción y hospitalidad). Se trata de las categorías H2a y H2b, que en principio, y hasta ahora, no poseen un tope o una limitante legislativa (la H2b tiene un límite del Congreso, pero puede ser rebasado por una decisión o waiver del Presidente). El Poder Ejecutivo las asigna en función de nacionalidades, necesidades y disponibilidades.

Como es lógico, la enorme mayoría (93%) se entregan a mexicanos. En parte por inercia (el año anterior, fulano de tal de Zacatecas fue a trabajar a la pisca de la uva de mesa a Delano, California), en parte por competitividad de costos (el transporte es prácticamente gratuito) y por el entendimiento de los trabajadores temporales mexicanos con los trabajadores o capataces mexicanos con papeles, o con los empleadores mexicano-norteamericanos. Algunos ingenuos –tanto allá como acá– piensan que, como ya se revirtió –supuestamente– la migración de México a Estados Unidos, ya son pocos los paisanos que desean irse a trabajar al campo de California, a los rascacielos en obra  de Nueva York, o a los hoteles de Las Vegas. Parece que los paisanos discrepan.

En el ejercicio 2016 (es decir, de octubre 2015 a septiembre de 2016), se extendieron 422 mil visas H2a y H2b a mexicanos (Yearbook of Immigration Statistics, FY 2016, DHS, Table 32, p 86) Para el ejercicio siguiente –que concluyó el 30 de septiembre pasado– la cifra aumentó por lo menos en un 15 por ciento. El total de trabajadores temporales y familiares sumó 843 mil el mismo año.

Pues bien, Trump y su equipo están seriamente considerando aumentar el número de H2a y H2b al doble, o quizás hasta 600 mil mexicanos adicionales, para cubrir las necesidades de reconstrucción de las zonas devastadas por los huracanes “Harvey” e “Irma”. Podrían llegar entonces a la cifra mágica de un millón de trabajadores, y casi 2 millones incluyendo a familiares. En la mayoría de los casos, serían contratos renovables por lo menos por 3 años, y quizás más, y podrían ser portátiles. Es una enchilada más que completa. De materializarse esta propuesta, sería indeclinable para México.
29 Enero 2018 04:06:00
Respuesta a los twiteros interesados en el TLCAN
Concluyó la sexta ronda de negociaciones de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin grandes avances ni enormes tropiezos. No se produjo el gran salto adelante que algunos esperaban, ni un estrepitoso colapso de la negociación. El lunes 29 los tres ministros encargados de la negociación informarán sobre los detalles de lo logrado y de lo pendiente. Anunciarán que habrá una nueva ronda en marzo y probablemente repetirán la misma tontería de que los tiempos de la negociación no deben depender de las elecciones mexicanas. ¿Y su nieve de limón?

Hace una semana sugerí aquí de nuevo que en vista del carácter trascendente y prolongado del proceso, debiera congelarse o suspenderse hasta principios de 2019, cuando un nuevo presidente de México pueda concluir la negociación, y un nuevo Senado pueda ratificar su desenlace positivo, en caso de haberlo. En las redes he recibido tres tipos de mentadas al respecto, que resumo: Andrés Manuel lo dijo antes; Peña Nieto tiene el derecho de negociar hasta el 30 de noviembre; no sirve de nada la propuesta porque EPN nunca hace caso. Trato de responder a las tres objeciones, y de explicarle a la gente de buena fe la razón por la que seguir negociando hoy constituye una inmensa irresponsabilidad.

En defecto, AMLO ha dicho que debe posponerse la negociación desde hace tiempo. Por mi parte, lo hice por primera vez en agosto o septiembre, cuando resultó evidente que no se alcanzaría el objetivo de terminar para fin de año. Si a los partidarios de AMLO les importa mucho que el haya sido primero, le cedo con todo gusto la distinción. Pero debo subrayar una diferencia en la propuesta: si entiendo bien, AMLO pide la suspensión porque, como ha dicho, Peña no representa al pueblo de México y no puede negociar en su nombre. Yo sólo planteo que a EPN se le acabó el tiempo, y que un presidente lame duck (o pato cojo, es decir, saliente) no puede cerrar un intercambio de esta trascendencia cuando su mandato estarpor concluir.

A la segunda réplica, respondo que no se trata de un asunto jurídico, de derecho constitucional. El Presidente de la República lo es hasta su último día en funciones, obvio. El dilema es político. En democracia (no bajo el régimen autoritario de antes), ¿a partir de cuándo, en el largo proceso de debilitamiento de un mandatario saliente, se torna imposible, indeseable e irresponsable negociar un tratado o convenio internacional de enorme importancia para un país? Nos parecería lógico que un presidente de Estados Unidos negociara con nosotros algo sustantivo en septiembre del último año de su segundo periodo, a sabiendas de que en noviembre será electo un nuevo jefe del ejecutivo y en enero tomará posesión?

En tercer lugar, no se si Peña haga caso o no. No escribo ni sugiero ideas porque pienso que el Gobierno (este o cualquiera) las va a hacer suyas. Las adelanto porque me parecen correctas, me hagan caso o no. Ahora bien, si una idea es buena, y la comparten otros (AMLO la mía, o yo la de AMLO), es posible que haga su camino y la lleguen a adoptar quienes no la suscribían antes.

Ya Ildefonso Guajardo da la impresión de haber fijado un nuevo plazo: el 1 de julio. Después des esa fecha, insinúa muy elípticamente, él y su gobierno no podrán seguir adelante. Las buenas ideas –y creo que julio no lo es, pero abril sí lo sería– avanzan, y las asumen los personajes más disímbolos. En una de esas, hasta Peña Nieto.
27 Enero 2018 04:06:00
De la Madrid y la mariguana
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo una declaración de gran trascendencia hace un par de días en una conferencia en la Universidad Anáhuac. Dijo, entre otras cosas: “Nos haría un enorme daño perder esos destinos (Cancún y Cabos) por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no sólo el consumo, sino la producción y venta de la mariguana, contribuiría junto con otras acciones a (tener) destinos más seguros… Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México, que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Ya la traen o ya la compran, entonces, no vienen por eso. Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana, lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo”. Además, fundamentó su propuesta en la idea evidente para muchos, aunque no para el Gobierno al que pertenece, de que la estrategia punitiva o coercitiva contra la mariguana y otras drogas ha fracasado. Incluso dijo que el tema de la legalización del uso recreativo de la mariguana no está a discusión desde un punto de vista científico: “es menos dañina que el alcohol o el tabaco”. No puede uno más que congratularse de estas declaraciones de uno de los funcionarios más inteligentes y competentes de este Gobierno (dicho esto por mí desde mucho antes de que se pronunciara en este sentido).

¿Se puede hacer algo por el estilo? ¿Legalizar en Cancún y Riviera Maya, por un lado, y en Los Cabos por el otro? ¿Sin que se extienda la legalización de facto a otras zonas de los mismos estados u otros? ¿Hay precedentes nacionales o internacionales? ¿Cuál sería la justificación? De la Madrid deberá pronto dar respuesta a estas preguntas, sobre todo si su atrevida sugerencia fue realizada en consulta o acuerdo previo con su jefe.

En el caso de México, hace pocos años, cuando estaba en discusión la legalización de los casinos, se propuso permitirlos en ciertas zonas del país. Existe también el antecedente de las zonas libres, que desde que muchos éramos muy jóvenes recordamos con nostalgia: La Paz, Cancún, Chetumal y varias otras pequeñas ciudades de la República, todas ellas viviendo un régimen de excepción.
En otros países del mundo existen fenómenos análogos. En Estados Unidos, son las llamadas “reservaciones” de los pueblos originarios de América del Norte, donde se permite y se alienta en condiciones de excepción la instalación de casinos.

Lo mismo sucede con otros estados, como Nevada y Nueva Jersey. A priori, no hay ninguna razón para suponer que no se pudiera legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en estas zonas del país sin extenderla necesariamente a otras. En el fondo, es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ya casi una decena de estados han legalizado el uso recreativo de la mariguana, sin que necesariamente dicha legalización se extienda en los hechos a otros estados.

¿Quiénes consumirían esa mariguana? Primero, los habitantes de esos parajes que así desearan hacerlo: ni más ni menos de los que ya la consumen ahora. Aunque hubiera un pequeño aumento del consumo, la consiguiente disminución de la violencia, comprobada en muchos países del mundo después de una legalización de esta índole bien valdría la pena. En segundo lugar, quizás, mexicanos de otras regiones del país que llegarían ahí, como Avándaro en 1970, a fumarse todo lo que se les pusiera al alcance de la mano. Pero en condiciones de legalidad, sin contacto con el mercado negro y con mucha vigilancia de por medio. Que estos jóvenes –porque eso serían– fumen ahí en lugar de sus propias localidades no puede tener nada de grave. Por último, desde luego, consumirían mariguana ahí los visitantes, 90% de los cuales son norteamericanos.

Como dijo De la Madrid, visitantes que de todas maneras o traen su propia mariguana, o la compran ahí, pero hasta hoy ilegalmente. ¿No es preferible que fuera a la luz del día y con la ley de su lado?

La gran pregunta es si con esto disminuiría la desbocada violencia en Baja California Sur, y en menor medida, pero no despreciable, en Quintana Roo. Existen todas las razones para pensar que sí. Pero no lo vamos a saber hasta que lo intentemos. Esto es algo que Peña Nieto puede hacer ahora, antes de terminar su Gobierno, incluso probablemente por decreto, sin pasar por el Congreso, y con el acuerdo de los gobernadores que seguramente aceptarían. ¿Hay algo más arriesgado que seguir con la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto contra la droga? A estas alturas parece que no. Un abrazo, Enrique.
24 Enero 2018 04:06:00
La caravana de Corral
La caravana de Javier Corral encierra muchos atractivos interesantes. Su lucha –por detener, juzgar y sentenciar a César Duarte, por recuperar los recursos que Hacienda le retiró arbitrariamente, y por evitar que sus enfrentamientos con el Gobierno federal se traduzcan en un repunte de la violencia en el estado– reviste múltiples características seductoras. Por ello es tan peligrosa para el Gobierno, pero también para el propio Corral.

El régimen no descifra qué hacer con Corral. Sabe que el enfrentamiento lo beneficia, e indirectamente al Frente y a Ricardo Anaya. Pero también intuye que ceder o conciliar le puede traer serias contrariedades con un parte del PRI (los demás exgobernadores no presos, los amigos de Alejandro Gutiérrez, el candidato) y sentar un precedente complicado. De allí sus palos de ciego: acusar a Corral de mandar torturar a Gutiérrez; aceptar en principio la petición de solicitar la extradición de Duarte, pero hacerlo a medias; buscar un diálogo con Corral a través del nuevo secretario de Gobernación; seguir reteniendo los fondos de diciembre (70 millones de pesos). No la tiene fácil, sobre todo si en las cajas de expedientes, notas y fichas de Duarte recién descubiertas en una de sus propiedades aparecen más pruebas de los desvíos ilegales de recursos.

Un peligro adicional para el Gobierno consiste en la posibilidad de emulación: que uno de los otros gobernadores electos en el 2016 se atreva a revelar mecanismos ilegales de financiamiento en sus estados, por parte de sus predecesores. Hasta ahora, ninguno ha osado hacerlo en relación con 2016, aunque Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín han participado en o dirigido el esfuerzo para encarcelar a Javier Duarte y Roberto Borge. Ni hablemos de si cundiera el ejemplo de Corral para los casos de 2010, 2011 y 2012: cuando Humberto Moreira primero canalizó recursos del Edomex (gobernador: Enrique Peña Nieto) a las campañas de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, y otros, después al Edomex (candidato: Eruviel Ávila) y luego del PRI y de varios estados a la campaña presidencial de 2012 (candidato: Enrique Peña Nieto; secretario de Hacienda: José Antonio Meade). El caso Corral es una bomba de tiempo en potencia para el PRI y el Gobierno.

Por último, la aparente concesión del Gobierno, a saber, solicitar la extradición de César Duarte, puede entrañar consecuencias delicadas. En principio, no se pide la extradición primero, sino la detención provisional para fines de extradición. Una vez detenida la persona en cuestión, comienza el juicio de extradición donde el Estado solicitante presenta sus alegatos: los delitos perseguidos, y la conformidad de la solicitud con el tratado de extradición pertinente. Mientras, el perseguido suele permanecer en prisión (como Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge). Ver a un nuevo exgobernador priista tras las rejas no le convendría demasiado al candidato del PRI.

Pero el propio Corral también corre peligro. Debe saber ganar, y no siempre es fácil en circunstancias como las actuales. Si el Gobernador de Chihuahua, y la amplia coalición que lo rodea –en gran medida la misma que lo apoyó en la elección de 2016– logra la restitución de los recursos secuestrados por Hacienda y el fin de las prácticas discriminatorias contra Chihuahua, así como la detención de Duarte en Estados Unidos, debiera reflexionar sobre la mejor forma de seguir adelante con el juicio contra Alejandro Gutiérrez. ¿Sólo por la Procuraduría del Estado, o por la Fepade también? ¿Buscando extender la investigación a otros personajes, o limitándolo a Gutiérrez? ¿Con este último en la cárcel, o en libertad bajo fianza? ¿Con la mayor publicidad posible, para favorecer al Frente, o con mayor discreción, “des-electoralizando” el asunto? Corral va ganando; no hay que convertir la victoria en derrota.
22 Enero 2018 04:00:00
El Frente en CDMX
La cantidad de presagios negativos a propósito del Frente opositor (le sigo llamando así porque no recuerdo nunca el nombre jurídico, y me gusta más este) sólo se ve superada por la de columnas donde se afirma que Meade es un hombre honesto y AMLO un peligro para México (con términos actualizados). Durante meses, se argumentó que jamás los tres partidos se pondrían de acuerdo en un candidato presidencial (“unidos hasta que la candidatura los separe”); que nunca podrían repartir de manera satisfactoria para todos los 300 distritos uninominales de diputados federales, o las 128 senadurías por estados o de lista; o las ocho candidaturas a gobiernos estatales; o, por último, pero quizás en primer lugar después de la Presidencia, la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Todos estos malos augurios se disiparon. Con algunas excepciones –ciertos distritos, el estado de Morelos, las senadurías de Nuevo León– se lograron prácticamente todos los acuerdos buscados. Faltaba un escollo, y de nuevo surgieron las voces del escepticismo: aun concediendo que la CDMX le tocaba al PRD, las tribus del partido del sol azteca eran capaces de destruir todo. Habría, de nuevo, divisiones, desencanto de los perdedores, prepotencia de los ganadores, escisiones y brazos caídos. Falta decir que estas previsiones preñadas de pesimismo no carecían de fundamento. La complejidad de la operación política de la alianza ahuyentaba y desalentaba a cualquiera; los antecedentes no eran buenos; los ataques de fuera hacia dentro, de adentro hacia fuera, y de todos contra todos no auguraban un desenlace afortunado. Sin embargo, lo hubo.

Faltaba la CDMX. Al final, también se superó ese lance. El PRD, por orientación de Miguel Ángel Mancera, escogió un método tortuoso pero al final eficaz para seleccionar a su candidato: una campaña breve que desde luego favorecía a la de mayor reconocimiento social: Alejandra Barrales; tres encuestadoras formulando las mismas preguntas con muestras espejo; y al final una asamblea del partido en la CDMX para avalar el resultado de las encuestas. En vista de los estragos que un método en teoría semejante había generado dentro de Morena para el mismo cargo, junto con la historia de primarias mal logradas dentro del PRD, para cargos de elección o de dirección, había razones fundadas para temer que esto acabara en un tiradero. No fue el caso. En efecto, ganó Alejandra Barrales, que era probablemente la que a pesar de todo prefería Mancera. Y los otros dos candidatos, en particular Salomón Chertorivski, le alzaron la mano, reconocieron su derrota y se comprometieron a apoyarla y a hacer campaña con ella.

Aunque sé que le tocaba de alguna manera a Barrales dicha candidatura desde hace tiempo, y creo que puede ser una excelente aspirante si Mancera pone a trabajar a todo el aparato y el dinero del Gobierno de la CDMX, probablemente hubiera preferido a Chertorivski. No porque fuera mejor o peor candidato, ni porque tenga una buena relación personal con él desde hace muchos años. Sino más bien porque hubiera sido la primera figura destacada entre todas las candidaturas del Frente que no perteneciera a cualquiera de los partidos que lo integran. Se ha dicho hasta la saciedad que lo que se llamó el Frente Ciudadano no parecía muy propiamente ciudadano que digamos. Pero la candidatura de Chertorivski le hubiera impreso un sello ciudadano que mucha falta le hace. Barrales será una muy buena candidata y si logra el millón y medio de votos, o el 30% de la votación, que se ha propuesto el Frente en la CDMX, eso puede casi garantizarle una victoria en la elección presidencial a Ricardo Anaya.

Hay un último presagio negativo pendiente. Se trata de las dudas que abundan en muchos círculos sobre la posibilidad de que los tres partidos incluyan a figuras no partidistas en sus listas para diputados, senadores, delegados y asambleístas, o para los principales cargos de dirección en la campaña de Anaya y del Frente como tal. Yo nunca creí en los vaticinios adversos de los últimos seis o siete meses, en parte porque veía de más cerca la operación política para armar al Frente, y en parte porque no tenía ningún interés, en un sentido o en otro, que me cegara ante lo que estaba sucediendo. En el caso de la inclusión de figuras no partidistas confieso que soy un poco más escéptico que en los otros temas. Pero de cualquier manera creo que así como el Frente ha logrado sortear todos los obstáculos que se le han presentado hasta ahora, podrá, si así lo decide, cumplir también con ese compromiso o promesa que sí puede hacer la diferencia entre López Obrador y Anaya. De Meade mejor ni hablamos.
19 Enero 2018 04:00:00
2000 vs 2018
En un inteligente artículo de este jueves, Carlos Elizondo establece un paralelismo entre la elección del 2000 y la del 2018. Compara las cifras económicas de ambos años y sexenios; coteja la popularidad de Ernesto Zedillo con la de Enrique Peña Nieto; propone otras comparaciones interesantes. Concluye, si entendí bien, que lo más probable es que ambas elecciones se parezcan mucho, y que por tanto es poco probable que el candidato del PRI hoy pueda correr una suerte distinta al de entonces. Pero que no es del todo imposible que eso suceda.

Me gusta la comparación. Quisiera agregarle algunos elementos que pueden complementar el análisis de Elizondo. En particular, sugiero algunos datos e impresiones de la campaña de Fox, y de cómo veíamos desde esa perspectiva la campaña de Labastida. Quizás no comparta del todo la tesis de Elizondo de que una de las diferencias entre el 2000 y el 2018 sea que Zedillo no se metió, y que Peña se va a meter mucho. Zedillo sí se metió a fondo a favor de Labastida, pero a finales de mayo de ese año desistió de su empeño. Cuando se percató de la creciente probabilidad de que Fox ganara, efectivamente, fijó una sana distancia, pero sólo hasta entonces.

El problema de Labastida fue muy parecido al de José Antonio Meade hoy. Zedillo y el PRI no podían más que intentar constantemente influir en la campaña de Labastida, en los políticos que la operaban, y sobre todo en los candidatos que la acompañaban. Hubo varios momentos decisivos en la campaña, los debates al final siendo los más importantes. Pero quizás el verdadero momento de inflexión, que sí se notó en las encuestas, pero sobre todo en lo que los franceses llaman “el aire del tiempo”, fueron las famosas listas: cuando estuvieron “listas las listas”.

Me refiero a las candidaturas a diputados, a senadores, apenas por segunda vez a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y para algunas otras gubernaturas (menos que ahora). Por más que Labastida contaba con una larga experiencia en el PRI y en el Gobierno –había sido gobernador de su estado y titular de tres carteras del gabinete–, no pudo desprenderse por completo de las injerencias de Zedillo y del PRI en las famosas listas. Su virtual coordinador de campaña, Esteban Moctezuma, siendo un joven político con ángel y vitalidad, siéndole leal a Labastida, lo era también en alguna medida a Zedillo. Había sido su secretario de Gobernación y de Sedesol. Pero cuando surgieron los dinosaurios de siempre para las candidaturas a diputados y senadores, en la campaña de Fox vimos claramente que Labastida no tenía el margen para separarse de Zedillo. Fue una de sus grandes vulnerabilidades, aunque, como lo dice Elizondo, la popularidad de Zedillo era muy elevada en ese momento. La de Zedillo: no la del PRI.

Al comprobar que podía seguir siendo factible y redituable pintar a Labastida de rojo, asociarlo lo más posible con el PRI, y dentro del PRI, con lo peor del mismo, muchos de cuyos representantes se encontraban en las listas, en la campaña de Fox se discernió una gran oportunidad. También comprobamos que Francisco Labastida no disponía de mayor margen, que no era ni mucho menos lo peor del PRI, sino quizá de lo mejor, ya sea para acercársele más a Zedillo y sacarle mayor apoyo, ya sea para alejarse y romper con él.

El dilema eterno de cualquier candidato del PRI se tuvo que resolver ya en condiciones distintas a las de antes. Desde Manuel Ávila Camacho, designado por Lázaro Cárdenas, todos los candidatos del PRI se han distanciado en mayor o menor medida de quien “los hizo mujer”. La separación siempre provocó tensiones, de nuevo, mayores o menores. Todos recordamos la anécdota de Díaz Ordaz, que en algún momento contempló la posibilidad de desplazar a Luis Echeverría como candidato. En todo caso, una vez Echeverría presidente, cada vez que se rasuraba en la mañana y se veía en el espejo, se auto-insultaba con una palabra irrepetible.

Pero una vez que hay contrincante, la separación se vuelve prácticamente imposible. Fue muy compleja para Colosio –poco tiempo– y para Zedillo –mucho más tiempo– en 1994. Fue imposible para Labastida. Todo indica que lo ha sido y lo será también para Meade. Entonces, quizás, el 2018 se parece al 2000 también en este sentido.
17 Enero 2018 04:00:00
Ni perdón ni olvido
El 15 de enero el presidente Peña Nieto hizo unas declaraciones en apariencia inobjetables, incluso inocuas, sobre el crimen organizado y el narco. Supongo que en respuesta a las sugerencias medio en clave de Andrés Manuel López Obrador sobre una posible amnistía para quienes cultivan amapola y mariguana, o quienes trafican cocaína, fentanyl, heroína y mariguana, dijo: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”.

Más claro ni el agua. De la misma manera que el apoyo de México, y del propio Peña Nieto para el proceso de paz en Colombia ha sido contundente, incondicional y solidario. No solo en lo tocante con las FARC, sino también, hacia adelante, con el ELN, sino, aunque no le haya tocado a EPN, con las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, es decir los paramilitares, cuando Álvaro Uribe llegó a un acuerdo de entrega y desarme con ellos. Ahora bien, los buenos espíritus y los ignorantes de buena fe pueden alegar que ni las FARC ni el ELN, ni las AUC eran delincuentes o criminales, menos aún narcos: sólo guerrilleros de izquierda o de derecha, equivocados sin duda, pero que luchaban, también de buena fe, por una causa más o menos noble. Por ello, se justificaba una negociación con ellos, no por narcos ni por maleantes.

Asimismo, el Estado de Israel ha afirmado a veces que no negocia con terroristas o criminales. Pero negoció los acuerdos Oslo con la OLP cuando esta aún no reconocía el derecho de Israel de existir y cuando no controlaba a varios de los grupos que la componían. Asimismo, ha canjeado a cientos de presos palestinos por uno o dos soldados de Tajal (origen de la serie de televisión Homeland) retenidos por los palestinos. Con Hamás canjeó justamente a Guilad Schalit, antecesor de Brody, por 477 presos palestinos. Podríamos enumerar decenas de casos donde estados democráticos dialogan, negocian y llegan a acuerdos con quienes habían anteriormente designado como terroristas, criminales, asesinos o delincuentes.

El tema colombiano es el más interesante, porque encierra una amalgama relativamente pura de actividad criminal desprovista de cualquier ideología o causa política, con estas últimas. Los tres grupos eran a la vez organizaciones armadas con algún tipo de causa, y narcotraficantes. Empezaron (las FARC) a principios de los años 80, gravando a los campesinos que cultivaban hoja de coca. Posteriormente, procesaron la pasta, produjeron polvo, e incluso traficaron. Quienes desconozcan la historia pueden consultarla en las grandes series colombianas (el Cártel de los Sapos, o el Patrón del Mal, entre otras). En otras palabras, el Estado colombiano negoció con narcos en casos distintos a la célebre entrega negociada de Pablo Escobar a principios de la década de los 90. Esa negociación ha sido en general considerada como un fracaso; las de Uribe y Santos, como un éxito. A tal grado los acuerdos de paz con las FARC implican explícitamente a narcos como un perdón, que incluyen un capítulo sobre narcotráfico y amnistía y reinserción. Fue el caso de otra negociación, también apoyada por México, en El Salvador, entre las maras y el gobierno de Mauricio Funes. Muchos consideran que dicha negociación, aunque recibió la bendición de la OEA, también fracasó, aunque la estrategia de “mano dura” del siguiente gobierno salvadoreño tampoco prosperó.

A reserva de encontrar excepciones, o de victorias aplastantes sin negociación alguna (Alemania y Japón en 1945), siempre se negocia con enemigos, nunca con amigos. Y en una guerra, los enemigos siempre son malos: criminales, delincuentes, terroristas, asesinos. Los unos lo son realmente, y son eso nada más. Otros revisten características complejas: son terroristas, y luchadores de liberación nacional también (FLN en Argelia, OLP hasta 1992). Unos son narcos y guerrilleros, otros narcos y campesinos que cultivan hoja de coca o amapola. Otros son capos a secas, como Von Braun, Heisenberg, los militares chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, guatemaltecos, etc. ¿Ni perdón ni olvido? Sin perdón no hay rendición, desarme ni reinserción. El olvido es otra cosa; la vida no es un bolero.
15 Enero 2018 04:00:00
John Feeley o el juramento incumplible
La semana pasada se hizo pública la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá. Entregó su carta de renuncia en diciembre, y se volverá efectiva en marzo. Junto con el encargado de negocios norteamericano en Beijing, se trata del único par de jefes de misión bajo Donald Trump en haberse negado a seguir siendo sus representantes ante otro Gobierno, a un año de haber tomado posesión.

Feeley fue consejero político en la Embajada estadunidense en México a principios de este siglo, y después Deputy Chief of Mission, o segundo de abordo, entre 2009 y 2012. Por lo tanto, tiene muchos y buenos amigos en México, entre los cuales me siento orgulloso de contarme. La nota que escribo debe leerse en ese contexto.

Habiendo sido de joven piloto de helicóptero en el cuerpo de Marines, ingresó al servicio exterior de su país hace 30 años. Las líneas más importantes de su explicación son las siguientes: “Como joven funcionario del servicio exterior, firmé un juramento de seguir lealmente al Presidente y a su Administración de manera apolítica, aún cuando pudiera no estar de acuerdo con algunas posturas determinadas. Mis mentores me aclararon que si yo llegaba a creer que no podía cumplir ese juramento, mi honor me obligaría a renunciar. Ese momento ha llegado”. Me consta que en sus diversos cargos, Feeley manifestó desacuerdos, incluso con el Gobierno de Obama, entre 2009 y 2015, que no lo llevaron a renunciar. Transitó por uno de los momentos más difíciles de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en 2010, cuando el presidente Felipe Calderón expulsó al embajador Carlos Pascual de México (entonces jefe y amigo de Feeley), con el pretexto de un cable de Wikileaks, pero en realidad por haberse relacionado amorosamente con la hija de un alto dirigente del PRI (entonces partido de oposición). La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó sin mayores miramientos la expulsión, actitud que algunos pudieran haber cuestionado. Feeley no.

Pero Trump rebasó el límite de lo aceptable para Feeley, incluso antes de haberse referido a Haití, El Salvador y a varios “países africanos” en los términos que se dieron a conocer hace unos días. Su decisión refleja el dilema que viven todos los integrantes de un servicio civil de carrera, como lo es el servicio exterior en la gran mayoría de los países, incluyendo desde luego al nuestro. Por un lado, trabajan para el Estado, no para un gobierno en particular, a diferencia de los múltiples funcionarios en diversas cancillerías que responden a nombramientos políticos. Su lealtad se debe al Estado, no al Presidente de turno. Pero en política exterior, y en realidad en la política a secas, las decisiones presidenciales revisten un peso específico que no puede ser siempre ignorado. En México tuvimos el caso de Octavio Paz, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien solicitó licencia en 1968 después de la matanza de Tlatelolco, un acto de política interna que sin embargo imposibilitó la estadía del poeta en la India como representante del Estado y Mandatario responsables de las muertes acontecidas.

Tanto en América Latina como en Europa, abundan las circunstancias que a lo largo de los últimos 50 años han llevado a numerosos diplomáticos de carrera a “bellos gestos” como el de Feeley. El costo es elevado: el expiloto, con sus 56 años, poseía un futuro atractivo en el Departamento de Estado, ya sea como subsecretario de Estado para América Latina, o como embajador en México o Colombia, países que conoce al detalle.

Por eso es tan noble y encomiable su decisión, y tan aleccionadora. Hay momentos en la vida de un funcionario, aun de carrera, ya sin hablar de designaciones políticas, cuando su permanencia en un Gobierno resulta, a su entender, intolerable, porque lo vuelve cómplice de acciones, definiciones y comportamientos reprobables. Cada quien tiene su propio límite, y los de un funcionario no son extrapolables a otro. Pero en muchos países existen, y no se acata la consigna de la picardía política mexicana: “Antes de la renuncia, hasta la ignominia”.
12 Enero 2018 04:00:00
Fuerza Civil en Nuevo León: ¿modelo para armar?
En días recientes ha surgido un minidebate en Monterrey y en The New York Times sobre el auge y la caída de Fuerza Civil, la policía estatal neoleonesa creada por el entonces gobernador Rodrigo Medina en 2011. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, ha respondido con estridencia y coraje a los reportajes del rotativo neoyorquino, y en particular a una persona allí ampliamente citada: Jorge Tello Peón. Algunos lectores recordarán que fue Subsecretario de Gobernación encargado de seguridad nacional bajo Ernesto Zedillo; posteriormente fue contratado por Cemex, donde ocupó una vicepresidencia durante varios años. Según el Times, de alguna manera condujo el proceso de creación y lanzamiento de Fuerza Civil, por cuenta del Gobierno del Estado y del empresariado regiomontano.

“El Bronco” trató a Tello de “empleado” de Medina y le reclamó sus afirmaciones. En una palabra, Tello responsabilizó a “El Bronco” de haber destruido Fuerza Civil por desidia y motivos políticos, y concluyó que ya no quedaba nada de ese proyecto que había sido tan exitoso. Hasta allí la discusión: “Destruyeron todo”, dijo Tello.

Desde luego que Jorge Tello realizó una labor titánica en Nuevo León, que trajo resultados a un plazo relativamente corto. Y en efecto, poco permanece de ese esfuerzo, en el cual el papel de Lorenzo Zambrano fue decisivo. Muchos vieron a Fuerza Civil como un modelo para el resto del país; si su fracaso se debe exclusivamente a la llegada y el descuido o la ineptitud del “Bronco”, puede seguirlo siendo. Pero es posible que el problema encierre otras aristas.

Fuerza Civil se caracterizó, si recuerdo bien, por cuatro características en alguna medida inéditas para una policía estatal. En primer lugar, el número de sus efectivos: debía alcanzar, al terminar el período de Medina, casi 15 mil efectivos. Esta cifra, para una población estatal de aproximadamente 5 millones de habitantes, llevaría la proporción de policías estatales por habitante a una magnitud superior a la de cualquier entidad, con la excepción –a medias– de la CDMX. Si no me equivoco, al salir Medina del Gobierno, el número logrado fue 4 mil 500 elementos, la tercera parte de lo programado.

En segundo lugar, había que pagarle bien a dichos efectivos. Se pensó en un sueldo base de 14 mil pesos al mes, que junto con prestaciones equivalía a casi 20 mil –nada mal, en comparación con otros estados. Se alcanzó esta meta, más o menos: para un número muy inferior de efectivos, por menos tiempo, y sin que se materializaran tan pronto muchas de las prestaciones.

Sobre todo, resultó que la mayoría de los reclutas provenían de otros estados de la República. Ni siquiera con esos sueldos pudieron contratar a una cantidad suficiente de neoloneses.

En tercer lugar, la formación debía constituir un pilar del empeño: 6 meses de academia de policía, complementados por el programa Sinergia de formación continua o mantenimiento de los efectivos.

De nuevo, una meta loable, pero al tratarse de reclutas de estados del sur del país, el nivel educativo y hasta físico de los cadetes no era comparable con el de los reclutas locales en potencia. No bastó el semestre de entrenamiento.

Por último, y esto es lo más grave, buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos, etc. (digamos el 2012), fue asumida por la iniciativa privada de Monterrey, a través de una especie de impuesto temporal y extraordinario, a la mexicana: informal, pero eficaz. Los impuestos especiales de guerra son comunes en muchos países, y el empresariado regio consideraba que su estado se encontraba en guerra. El problema surgió al concluir el periodo especial: ¿de dónde vendrían los recursos para seguir adelante?

He aquí el gran reto de Fuerza Civil. Crear una policía estatal de primer mundo (CHIPS, simpáticos; Texas Rangers, odiosos) requiere de una estructura fiscal de primer mundo. Alguien tiene que pagar. En Nuevo León, a diferencia de California, no existe un impuesto estatal (en California hay el equivalente de un IVA de 8% y un ISR estatal, también de 8). Ninguna entidad federativa en México posee dinero propio (Chihuahua, la que más). Todo viene de la Federación.

Existirían dos soluciones alternativas: “estadualizar” parcialmente el predial, arrebatándole parte a los municipios, o federalizar el costo de policías estatales de las dimensiones, ambiciones y costo de Fuerza Civil. Es decir, que el gasto destinado a los integrantes comisionados a San Pedro Garza García, por ejemplo, se financiara de una bolsa fiscal nacional que se nutre de los impuestos de todos los mexicanos –IVA, ISR, IEPES, etc. En otras palabras, que una parte de los impuestos que pagan los chiapanecos y oaxaqueños se canalice a pagar los sueldos de la policía del municipio más rico del país. A ver quién es el valiente que propone eso.
10 Enero 2018 04:07:00
¿Tortura en Chihuahua?
Varios priistas distinguidos, incluyendo a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, este último y algunos voceros oficiales adicionales han acusado en estos días al gobernador de Chihuahua de haber ordenado o permitido torturar a Alejandro Gutiérrez. En particular, Antonio Collado, abogado de Gutiérrez, dio detalles de dicha tortura.

Como se sabe, Gutiérrez fue detenido en diciembre por desviar 250 millones de pesos del erario para las campañas del PRI. La acusación de tortura es tan grave que debe ser aclarada de inmediato por Javier Corral y por todos los que lo hemos apoyado en su lucha contra las represalias que la Secretaría de Hacienda ha ejercido con su estado por haber iniciado los procesos en curso contra Gutiérrez.

En tanto miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, y habiendo firmado o mandado ratificar por México al Senado un número importante de convenciones internacionales sobre temas vinculados a la tortura, no puedo hacerme de la vista gorda sobre este asunto. Tampoco resulta aceptable un simple desmentido. No existe autoridad alguna que acepte, de buena gana, que torturó a alguien. Todas dicen que no. Afortunadamente, contamos con una serie de normas nacionales, internacionales –sobre todo el llamado Protocolo de Estambul– y de usos y costumbres para determinar qué es tortura y qué no lo es; cómo se comprueba que la hubo, o que no tuvo lugar; y qué consecuencias reviste su confirmación para el debido proceso, para confesiones o testimonios, etc.

Javier Corral debe actuar en consecuencia. Es imprescindible que de inmediato presente a Alejandro Gutiérrez ante la prensa nacional e internacional, ante la CNDH y las ONG mexicanas, ante el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y ante ONG internacionales como HRW y Amnistía Internacional. Es indispensable que todos puedan dirigirle preguntas con seguimiento; que pueda mostrar los signos y evidencias de tortura; que pueda nombrar o describir a sus torturadores; y que todo eso quede plasmado en su carpeta de investigación para el juicio o, en su caso, para invalidarlo y asegurar su inmediata liberación.

Ahora bien, cabe en la fatalidad una pequeña posibilidad de exculpación de Corral y de los funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y demás posibles responsables de la tortura. A saber: que Gutiérrez no logre convencer a quienes acudan a su presentación de que, en efecto, la versión proporcionada por Meade, Nuño y Collado corresponde a la realidad. Se podría alegar, con algo de fundamento, que temió por su vida. Para tranquilidad de Gutiérrez sería preciso asegurar que visitadores de la CNDH, del ACDHONU, de HRW y de AI lo protejan. No se trata de un temor ocioso.

Así, se daría satisfacción a todos. Nadie podría sostener que las acusaciones del PRI son falsas, si resultan ciertas. Y nadie podría repetir o retuitear dichas acusaciones si Gutiérrez fuera incapaz de demostrarlas, de acuerdo con protocolos internacionales, o de persuadirnos de su veracidad, si resultaran falsas.

¿Que esto viola tal vez los bizantinos procedimientos jurídicos mexicanos? Entonces, que conste en actas que todas las partes consintieron a este mecanismo, y que cualquier violación a la normatividad de Chihuahua o federal no fuera incluida en la carpeta. ¿Sí, Javier? ¿Sí, Aurelio?
08 Enero 2018 04:00:00
El caos de Donald Trump
El nuevo libro sobre Trump en la Casa Blanca (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House), no contiene ni grandes revelaciones ni fuentes excepcionalmente confiables, ni un análisis interesante del primer año del supuesto cuatrienio del mandatario norteamericano. Concluye a mediados de octubre pasado y por lo tanto abarca apenas nueve meses de su periodo. Pero al cumplirse casi un año de su toma de posesión, comienza a ayudarnos a descifrar el principal enigma de la Presidencia de Trump: ¿existe un método shakesperiano en su locura, o se trata simplemente de una aberración en la historia de Estados Unidos sin lógica, sin sentido, sin orden, todo ello producto de la increíble incapacidad física, mental, emocional y sustantiva de un personaje de los tres chiflados, más que de Hamlet?

Hasta dos semanas antes de la elección de 2016, pensé que Trump podía ganar. Me equivoqué al final por las mismas razones que muchos más: los modelos construidos por los encuestadores y promocionados por los medios. Mis razones para creerlo se podían resumir en una sola tesis: dentro del caos, su campaña poseía una lógica propia, y él era el candidato ideal para esa lógica. Buscaba consolidar una base pequeña, pero bien identificada y ubicada regionalmente, movilizarla, y confiar en que los errores de su adversaria bastarían para ganar. Ganó. Hubo, en mi opinión un método en aquella locura.

Del libro de marras extraigo una conclusión contraria: no hay tal método en su Gobierno, ni lo habrá. De las más de 200 entrevistas que presume el autor; de la unanimidad que según él impera tanto en el entorno profesional como familiar de Trump sobre su disfuncionalidad radical para ejercer la presidencia; del deterioro de su comportamiento físico y mental; de la merma, por último, de los integrantes del equipo del Gabinete y de la Casa Blanca, se desprende una sensación de catástrofe inminente.

Steve Bannon, en desgracia por ahora –Trump posee la clara costumbre de reconciliarse con los objetos de sus iras– es citado al final de libro recurriendo al siguiente cálculo: existe 33.3% de probabilidades de que el presidente sea destituido vía impeachment; otras 33.3% de probabilidades de que renuncie, quizás para evitar la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución por incapacidad para ejercer el cargo; y las restantes de que termine su primer y único período. El ideólogo inicial de Trump –papel poco envidiable: pensar por alguien carente de pensamiento abstracto– está ardido, obviamente. Como todo estratega, considera que sin el, su anterior discípulo, pupilo o títere se encuentra indefenso y desamparado. Pero el cálculo no suena absurdo. Por mi parte, agregaría una hipótesis adicional: un quebranto de la salud del personaje, debido a cualquiera de sus posibles padecimientos físicos o mentales.

Alguien decía en uno de los programas de televisión del fin de semana que si bien se antoja aberrante la afirmación de Wolff según la cual el 100% de sus interlocutores se hallaban convencidos de la total incapacidad de Trump para ser presidente, si la mitad de la aberración fuera cierta, sería insólito. Demasiada gente en los círculos de poder político, empresarial, intelectual y civil de Estados Unidos ya sabe que Trump pone en peligro la estabilidad del país y del mundo. De acuerdo con el libro, varios de los colaboradores supuestamente sensatos que lo rodean, están a punto de marcharse: despedidos, o hartos. Tillerson, Kushner, McMaster y Kelly, se dice, ya no resisten a la tentación de abandonar el barco antes de que se hunda con ellos.

La palabra inminente –calificando a los sustantivos debacle o fuga– es peligrosa. Puede significar una semana o un año. Pero cualquier lector se quedará con la nítida impresión que el caos descrito en este libro es insostenible, y a la vez inevitable. ¡Hay gran desorden bajo el cielo!, hubiera exclamado el Gran Timonel.
05 Enero 2018 04:00:00
La seguridad de AMLO
La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador tiene, por el menos en parte, el mérito de existir. Contiene una buena dosis de lugares comunes, otra de demagogia –a menos de que sus ideas de amnistía y diálogo se desglosen y se definan con mayor precisión– y unos elementos interesantes, aunque abstractos. Entre ellos destaca la creación de una guardia nacional que englobaría –o no– a todas las policías, al Ejército y a la Marina.

Junto con la (re)creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo creador, Alejandro Gertz, afortunadamente pertenece al Consejo Asesor de AMLO, la Guardia Nacional puede ser el primer paso –confuso– hacia la creación de una policía única. Implican ambas la separación de las funciones policiacas de las funciones políticas de la vieja Secretaría de Gobernación, vueltas (o volvidas) a ser fusionadas bajo Peña Nieto, después de que Fox con razón las separó. Si todas las corporaciones se funden en una estructura de Guardia Nacional y se “policisan” los integrantes castrenses, en lugar de militarizar a los policiacos, se habrá avanzado algo.

En alguna reseña de la presentación de López Obrador, leí que sugería la cifra de 350 mil miembros de la Guardia. De ser así, supongo que una buena parte de los elementos de la Defensa y de la Marina se integrarían a la misma, junto con la Policía Federal, y quizás algunas policías municipales o estatales que sirvan (CDMX, Yucatán…). Como de cualquier manera deberá mantenerse la existencia, aunque fuera mínima, de las FFAA, como un estamento aparte, contaríamos con un pequeño ejército, una Policía Federal única y numerosa, y habríamos suprimido a la enorme cantidad de policías municipales o estatales, prácticamente todas inservibles.

No sé si AMLO tenga conciencia de lo que propone. Implica admitir que todas las tonterías que se han dicho sobre el fortalecimiento de las fuerzas municipales o estatales, o sobre la irresponsabilidad de los gobernadores al no asumir sus... responsabilidades. Si fuéramos serios, no repetiríamos las mismas mantras sin preguntarnos por qué no se ha podido lograr lo que se ambiciona. ¿Por qué no sirven las policías municipales? ¿Qué tendría que cambiar para que funcionaran? ¿Por qué los gobernadores no hacen su chamba? ¿Qué tendría que cambiar para que la hicieran?

En cambio, transitar hacia una policía nacional única, como muchos hemos propuesto desde hace más de 10 años, por lo menos encierra la ventaja de explorar algo nuevo. Es obvio para todos que todo lo hecho hasta ahora no ha funcionado. También debiera ser evidente que lo disfuncional es el andamiaje institucional mexicano, simulador de un falso federalismo en un país donde lo que marcha bien es lo nacional. Entonces plantearse la posibilidad de reestructurar las instituciones de seguridad civil y militar no es necesariamente una mala idea, aunque no sepa yo, por lo menos, exactamente que entiende AMLO por ello.

Sobrela amnistía y el diálogo propuestos por López Obrador, confieso que no acabo de entender. ¿Amnistía para los campesinos si dejen de sembrar amapola o mariguana, o para que sigan cultivando? ¿Diálogo con capos para que se entreguen, o para que se dediquen a lo suyo –el narco– y no a lo ajeno –extorsión, ordeña, secuestro, etc.? Cuando nos explique, habrá que tomar en serio las “ocurrencias” de AMLO, para descalificarlas, o para entenderlas y juzgarlas.
29 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times (2)
En la soterrada y mínima discusión que ha provocado el reportaje de The New York Times sobre la corrupción y los medios impresos en México, impera una confusión. El corresponsal extranjero afirma algo hasta cierto punto indiscutible: todos los gobiernos mexicanos de la época moderna se han anunciado masivamente en dichos medios –Peña Nieto, más que ninguno– y de ello se deriva una influencia indebida en el contenido, la línea editorial y el trabajo de cada periódico involucrado.

A esto, muchos han respondido, personal o institucionalmente, que en sus páginas se pueden leer todos los puntos de vista del espectro político e ideológico, que ningún escritor –articulista, editorialista, columnista o comentócrata, según el término preferido de cada quien– ha sido censurado. Comparto, en carne propia, esta afirmación. En 2018, cumpliré 40 años publicando notas en varios foros: Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y El Financiero. Nunca he recibido presión, o censura alguna para escribir, o dejar de escribir, algo: crítica, apoyo, denuncia, reflexión interesante o aburrida. Sin atreverme a ser absolutista o categórico, me atrevo a pensar que son contadas las excepciones, a lo largo de los últimos 20 años por lo menos, que contradigan la mía. Los medios electrónicos podrán constituir un caso diferente, pero durante más de 30 años de colaborar con regularidad en los programas conducidos por José Gutiérrez Vivó, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y Joaquín López Dóriga, con la excepción del periodo de negociación del TLC en 1991-1992 con Grupo Radio Centro, jamás me han pedido los dueños de estas difusoras omitir un tema, o incluir otro. Puedo decir lo mismo de Televisa.

El problema es que ese no es el problema. Incluso para egos del tamaño del mío, debe ser evidente a estas alturas que, a los sucesivos gobiernos de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, las columnas no importan. El más prestigiado de los articulistas pesa mucho menos que una primera plana a modo, o que un corresponsal extranjero domesticado. La influencia ejercida por el Gobierno –o por los anunciantes, en algunos casos– no se dirige a los editorialistas, críticos o zalameros. Se concentra en las primeras planas.

Una segunda preocupación de los gobiernos es también proactiva: la jerarquía de las noticias, y la forma en que se presentan. Ejemplo: anteayer el peso recuperó 15 centavos frente al dólar, en buena medida gracias a una subasta de 500 millones de dólares de Banxico. La cabeza pueda rezar: “Se fortaleció el peso .15”, o “Banxico defiende el peso con 500 millones de dólares, sin mayor impacto”. Es obvio cuál presentación le conviene más al Gobierno. Cómo es transparente la postura gubernamental de preferir que las malas noticias se entierren en páginas interiores de los diarios, y no en la página 2 o 3.

Una tercera consideración estriba en consolidar una actitud pasiva de determinados medios: que no realicen trabajo investigativo. No cuesta mucho lograrlo: la tradición al respecto, en nuestro país, es breve, estrecha y sin arraigo. Pero siempre es preferible contar con la anuencia de los dueños en esta materia, para que no haya sorpresas, sólo filtraciones.

Toca al lector llevar a cabo una tarea en buena medida ociosa, pero ilustrativa. Se trata de revisar las primeras planas, a lo largo de un mes, de los rotativos señalados por The New York Times como los casos emblemáticos del lamentable panorama que describe: El Universal, Milenio, Excélsior y La Jornada. Luego, el lector puede animarse a estudiar la presentación y jerarquía de las noticias en los mismos diarios durante una semana o dos: cómo y dónde aparecen las buenas ... y las malas. Por último, que ojee las columnas de mis colegas de la comentocracia en los mismos medios. Muchos de ellos son entrañables amigos, o distinguidos académicos, políticos o periodistas cuyas posiciones no comparto. En efecto, en las planas editoriales de estos periódicos, el lector encontrará el mosaico de opiniones propio de un país plural y heterogéneo como el nuestro.

Cuando el lector concluya este ejercicio, se hallará en situación de converger con el corresponsal del New York Times, o de rechazar sus puntos de vista. Le apuesto a que estará de acuerdo.
27 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times
El día de Navidad, el diario norteamericano The New York Times publicó nuevamente un largo reportaje, casi un ensayo, de plana entera, con llamada en la primera plana, ahora sobre lo que llaman “la corrupción y la subordinación de los medios” en México (para aclarar: desde hace 5 meses soy editorialista contratado por The New York Times para entregar una columna mensual). Dicho artículo enumera una gran cantidad de ejemplos de cómo gracias a las exorbitantes cantidades de dinero que ha gastado el Gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial, de la cual dependen la enorme mayoría de los medios impresos en México, dichos medios han aceptado, o se han visto obligados a aceptar, formas diversas y de distinta intensidad, de censura. Se refiere en particular a los casos de La Jornada, Milenio, El Universal y Excélsior.

Se le puede quizás reprochar al artículo el no referirse a los medios electrónicos, que también reciben enormes cantidades de publicidad, o que no haya consultado las suficientes fuentes simpatizantes del Gobierno o de los medios impresos, para balancear el contenido. Yo no comparto esos reproches, pero quizás tengan sentido. Lo más importante, sin embargo, del reportaje, es lo que ha sucedido desde que fue escrito, es decir hace varias semanas, antes desde luego de que fuera publicado. Me refiero a la acción de esos mismos medios mexicanos ante dicho reportaje, y el que se publicó hace un poco más de una semana, también en el mismo diario, sobre el escándalo de corrupción y del desvío de fondos en el estado de Chihuahua. Conviene recordar que si bien Reforma publicó una especie de adelanto de ese proceso, la denuncia provino en realidad de otra larguísima investigación del mismo corresponsal del The New York Times en México, que duró más de 5 meses en llevar a cabo. Cuando digo reacción es un eufemismo: se trata del silencio.

En el caso del escándalo de Chihuahua, salvo Reforma, ninguno de los diarios citados, y algunos más, llevaron el tema en primera plana y varios ni siquiera lo mencionaron. En el caso del artículo sobre la corrupción de los medios impresos en México, con la excepción de Reforma, ninguno dijo absolutamente nada, con la extraña excepción de Milenio y El Universal, que le responden al rotativo neoyorquino sin publicar ni siquiera un resumen del artículo al que responden. Me parece que mejor prueba de la veracidad del periódico sería difícil de encontrar.

Detrás de todo esto no se encuentra ni Carlos Slim, ni mucho menos, como sugiere mi amigo Federico Arreola, el que esto escribe. Es lógico que la prensa extranjera se ocupe de temas mexicanos en un momento, es decir, desde principios del año pasado en México, gracias a Donald Trump, es un tema fundamental de la actualidad mundial. Es lógico también que la mayoría de los medios internacionales que cubren al país, lo hacen sobre la actualidad inmediata: reportan sobre el acontecer diario o en todo caso semanal. El largo reportaje investigativo, que sí suelen muchos llevar a cabo sobre temas internos de cada uno de sus respectivos países o de otros países, no es lo fuerte de los impresos mundiales. Pero cuando un diario con los recursos, el prestigio y la experiencia de The New York Times decide concentrar el tiempo, el esfuerzo y el talento de su corresponsal en un país determinado, a largos reportajes investigativos sobre temas cruciales, es difícil esperar que no traiga consigo revelaciones de hechos nuevos o denuncias de hechos viejos. Esto sucedió ahora con México. No hay nada extraño. Sólo les formularía a los lectores de esta columna la siguiente pregunta: ¿en verdad creen que los 2 mil millones de dólares de publicidad gubernamental en los medios durante este sexenio no tuvieron ninguna influencia sobre el contenido de las publicaciones? Otra pregunta: ¿están dispuestos a afirmar que en México la publicidad gubernamental nunca ha sido un factor de influencia o de presión o de censura en los medios mexicanos? “No te pago para que me pegues”. ¿Fue una puntada de José López Portillo o una profunda verdad?
22 Diciembre 2017 04:07:00
¿Por qué César Duarte no?
Habrá mil cosas que comentar a propósito de la detención de Alejandro Gutiérrez en Coahuila, para ser trasladado a Chihuahua. Más se podrá especular sobre la veracidad de la acusación en su contra, y según Reforma y The New York Times, sobre el desvío de más de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016. Y aún más podremos aventurarnos, sin miedo a equivocarnos, en relación con otras operaciones de esta misma naturaleza en otros estados. Por último, habrá tiempo para descifrar un gran enigma: si el PRI desvió, obtuvo y gastó tantos miles de millones de pesos en las 12 contiendas electorales para gobernador del 2016, ¿por qué perdió 9 de ellas?

Pero en este momento quisiera detenerme en una faceta muy particular del caso Chihuahua. Según el periódico neoyorquino, César Duarte, el exgobernador de ese estado, huyó a Estados Unidos, donde “está evadiendo cargos federales y estatales de corrupción... Su hija es ciudadana norteamericana, y de acuerdo con documentos jurídicos revisados por el Times, el exgobernador ha solicitado la residencia permanente en Estados Unidos”.

La gran interrogante que se ha formulado en múltiples ocasiones Javier Corral, el actual gobernador, se refiere al motivo del Gobierno de Estados Unidos de no deportar a Duarte en vista de su situación migratoria irregular. Pregunta que Corral le ha dirigido también a las autoridades norteamericanas.

Me explico. En el caso de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, la cosa es más clara. Desde el 19 de junio de 2015, el mismo rotativo estadunidense informó de la acusación en su contra por un gran jurado en San Antonio, Texas. Anduvo como Pedro por su casa en México –tuve el honor de saludarlo en un restaurante de Polanco hace un año–, hasta que fue detenido hace un par de meses. Sólo entonces Washington solicitó su extradición. No antes, y por ello no había sido arrestado en México, porque las autoridades mexicanas les habían explicado a las norteamericanas que una solicitud de detención provisional no sería aceptada.

Duarte no tiene nacionalidad norteamericana. Cuando se trasladó a Estados Unidos, hace más o menos un año, lo hizo con una visa B1-B2, ya que tampoco contaba con la “green card” que ahora ha solicitado. Por lo tanto, ha permanecido en Estados Unidos más de un año con visa de turista. Se entiende que el Gobierno de México no solicite su extradición, aunque Corral ha insistido en ello. No se entiende la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos no ha accedido a la petición de Corral de expulsarlo a México en vista de esa situación migratoria ilegal.

En el caso de Guatemala, desde la definición del exvicepresidente Joe Biden, hace casi 3 años, en torno al financiamiento norteamericano de la CICIG y de la alianza por la prosperidad, Washington ha sostenido que el combate a la corrupción en países cuya estabilidad es un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, es un asunto de seguridad nacional. En el caso de México en tiempos recientes, esto ha comenzado a ser cierto –ver el caso de Tomás Yarrington, el propio Eugenio Hernández, probablemente el de Roberto Borge en Panamá, el fiscal Édgar Veytia de Nayarit. Pero en el caso de César Duarte no. Sólo se me ocurren dos explicaciones. La primera es que el Gobierno de México, a diferencia de los otros casos citados, en este ha insistido con vigor en la importancia de que Duarte permanezca en libertad. La otra, más complicada, es que Estados Unidos haya comprendido que toda denuncia de corrupción en México, abona a favor de AMLO en las elecciones del 1 de julio, a menos que se demuestre lo contrario. Es mejor esperar hasta después de dichas elecciones.
20 Diciembre 2017 04:00:00
¿Es la corrupción, estúpidos?
En algún momento las campañas de Ricardo Anaya y José Antonio Meade se verán obligadas a incluir una mayor dosis de sustancia en sus pronunciamientos de oratoria o mediáticos. López Obrador ya lo ha hecho, con su Plan de Nación de más de 400 páginas, aunque buena parte de la sustancia allí plasmada es confusa y no aparece con frecuencia en los discursos, spots o videos del candidato. Ninguna campaña esgrima pura sustancia, pero algo de vez en cuando se antoja necesario. El Frente ha dado un buen paso adelante con el Ingreso Básico Universal, y Meade ha adoptado como programa las reformas de Peña Nieto. Es algo, pero no suficiente para la larga marcha que concluye el 1 de julio.

Como no se puede todo al mismo tiempo, cada candidato deberá escoger dónde desea concentrar el ingrediente de sustancia que le inyecte a su retórica. Por distintas razones, ni Meade ni López Obrador pueden adoptar el tema de la corrupción como primer insumo de sustancia en sus campañas. AMLO, porque ya se auto-limitó, por lo menos discursivamente, a combatir la corrupción futura, perdonando la pasada. Meade, por obvias razones, no puede adentrarse en las aguas pantanosas de la interminable corrupción de las dos administraciones a las cuales perteneció (en primera línea). Anaya sí puede, pero no sin complicaciones.

El meollo del asunto es la impunidad, es decir, la ausencia de castigos por crímenes pasados. Para que haya consecuencias, se debe investigar, y no, como dijo Vicente Fox en el 2001, simplemente esperar que “aparezcan pruebas”. Sólo aparecen, si se buscan. La pregunta entonces es ¿Quién las busca, y dónde? Si se deja en manos de la justicia ordinaria, o incluso de las aún inexistentes instituciones del sistema anticorrupción, es altamente improbable que se encuentren las mentadas pruebas.

Por ello, llámese como se llame, es indispensable algún instrumento ad hoc, excepcional, para realizar las faenas que las podridas e impotentes instituciones existentes jamás podrán llevar a cabo. Sin proponer algo en este sentido –Comisión de la Verdad, Investigadora, Contra la Impunidad, de Retrovisor, etc.– carecerá de credibilidad y de eficacia la advertencia de proceder contra los funcionarios de este régimen y por lo menos de los dos que lo precedieron (Calderón y Fox). Buscar, y si se encuentra, sentenciar; si no se encuentra, absolver.

Pero esta es sólo la primera complicación. La otra es de índole política. Existen dos peligros para este enfoque. El primero es que Peña Nieto y su gente se espanten, y concluyan que, con todo y todo, les conviene más que llegue Andrés Manuel a la Presidencia que Anaya. La supuesta animosidad personal ya existente entre el Presidente y el candidato opositor abonaría a esta hipótesis. El segundo peligro yace en la actitud del empresariado. Muchos ven con malos ojos que el Frente ataque al candidato del PRI, y peor todavía, que haga del combate a la corrupción, incluyendo zanjar cuentas con el pasado, la piedra de toque de su campaña.

Algunos empresarios piensan que eso sólo fortalece a AMLO, debilita a Meade –su consentido– y no aporta nada positivo. La creencia es lógica, interesada y falsa. Dejarle la bandera de la lucha contra la corrupción a AMLO equivale a entregarle la victoria. No atacar la impunidad por el pasado, garantiza la del futuro.
18 Diciembre 2017 04:00:00
Las posibles y chistosas travesuras de Osorio
En 1987, Miguel de la Madrid concluyó que no debía remover a Manuel Bartlett de la Secretaría de Gobernación, aunque hubiera perdido en la contienda tácita para sucederlo. Pensó que Bartlett se entendería bien con Carlos Salinas, el ganador, y que prefería a un hombre “leal” y conocedor de la nueva ley electoral a un improvisado o desconocido. Lo demás es historia.

Como cuenta Salinas, Bartlett era el encargado, entre otras cosas, de los partidos paleros y los dejó sueltos. Primero el PARM, luego el PPS y el llamado Ferrocarril postularon a Cuauhtémoc Cárdenas para la Presidencia. Como lo muestra un magnífico estudio de Francisco Cantú, resumido en un breve artículo en Nexos –A la luz de las actas: Un análisis de la elección presidencial de 1988– nadie puede asegurar la victoria de Salinas con datos en la mano.

En parte por eso, el propio Salinas, en 1993, decidió mover a Manuel Camacho, aspirante derrotado por Luis Donald Colosio, del DF a Relaciones. En la Ciudad de México, un Camacho resentido le hubiera podido jugar rudo a Colosio; desde la SRE resultaba inofensivo. Después vino el alzamiento en Chiapas, la designación de Camacho como comisionado para la Paz, y los dolores de muelas, de cabeza y de lo demás que le infligió a Colosio hasta la víspera de su muerte. La lección es clara. En el viejo juego de la sucesión priista, no hay perdedor leal o solidario: sólo ardidos.

Vía rumores, he escuchado desde hace medio año cómo varios colaboradores cercanos de Peña Nieto se han esforzado de convencer al Presidente de defenestrar a Miguel Osorio Chong de Bucareli, una vez que pareció evidente que no sería el candidato de EPN. Pensaban, invocando los precedentes citados, que el secretario de Gobernación no resistiría a la tentación de golpear, por lo menos en una postura pasiva-agresiva, a quien saliera favorecido por la decisión de Peña. Lo negaría hasta la muerte, pero no podría dejar de perseverar en su ser natural (Spinoza), o, cual alacrán fiel a sí mismo, de picar a la ranita (dicho popular mexicano).

Existen buenas razones para suponer –y sólo supongo: no cuento con datos duros- que así fue. Dos ejemplos: la alianza del PES con AMLO, y la coincidencia de la de Nueva Alianza con la prisión domiciliaria dictada por fin a Elba Esther Gordillo. Algunos dirán que me encantan las teorías de la conspiración, y tendrán razón.

El PES tenía dueño, y se llamaba Osorio Chong. Se alió con Andrés Manuel en una hábil maniobra de este último: Elena y Jesusa igual votarán por el, pero los evangélicos de Hidalgo, Oaxaca y varios estados más pueden valer oro. ¿No lo podía evitar Osorio? Si les expedientes que utilizó para amenazar a los dirigentes del PES no bastaban ¿no había otros? Me resulta difícil de creer que el secretario de Gobernación de un gobierno con la mano pesada no hubiera podido tirar esa alianza.

Lo de Elba Esther es más retorcido. Se ha interpretado la coincidencia ya mencionada como prueba de un quid pro quo entre el PRI y su presa del sexenio. A cambio de convencer al Panal de apoyar a Meade, se le concedió la casa por cárcel a la maestra. No me cuadra la explicación. Aunque hablo poco de política con Elba, y evito temas polémicos como las comprensibles críticas de Ricardo Anaya a Felipe Calderón por el poder que ella alcanzó durante su sexenio, creo entender que alucina a los actuales líderes del Panal, y que el sentimiento es mutuo. Dudo que impere comunicación alguna entre ellos y Elba.

Por otra parte, Nueva Alianza no tenía adonde ir, más que con el PRI, una vez que el Frente se negó a recibirlos. Solos, y sin el apoyo del SNTE que Elba Esther les arrimó desde 2005, perdían el registro. ¿Entonces? Hipótesis: Osorio juntó en el tiempo dos hechos completamente separados –la alianza, y el regreso de Elba a su casa– para golpear a Meade. Aparece el ya groggy candidato del PRI como el responsable de una jugada odiosa del Gobierno: “liberar” a Gordillo a cambio del apoyo de “su” partido a la candidatura priista. ¿Que Osorio no es capaz de tamaña travesura? Pregúntenle a Bartlett.
15 Diciembre 2017 04:07:00
TLC y campaña electoral
Empieza una cuenta regresiva para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No porque Trump vaya a reventar el acuerdo, parándose de la mesa (lo cual puede suceder), ni tampoco por el calendario electoral mexicano o norteamericano (que también incide), sino por otras dos razones. Una norteamericana, otra mexicana. Primero, la primera. Cada día es más probable que tres de los principales interlocutores del Gobierno de Peña Nieto en Washington tengan los días contados. El yerno de oro, Jared Kushner, quien según los medios estadunidenses ya perdió influencia con su suegro, se encuentra al borde de una imputación (“indictment”) penal por el fiscal especial Mueller. En estos casos, la información pública en ocasiones es más confiable que la “confidencial”. El secretario de Estado Tillerson, de acuerdo con todas las versiones y la lógica misma de sus recurrentes humillaciones por parte de su jefe, parece que se marcha en enero.

Por último, el que equivocadamente algunos consideraron como amigo de México, a saber el general John Kelly, jefe de la Oficina de la Casa Blanca, también se siente frustrado y desbordado. Sabe que cada día de más al lado de Trump es una estrella de menos en su larga carrera militar. Ya ha sido tildado –con razón, quizás– de supremacista blanco, ignorante de la historia de Estados Unidos, y menos susceptible de controlar u ordenar a su jefe. Nos quedaríamos, entonces, con el general McMaster, consejero de Seguridad Nacional, el menos influyente y el más alejado de México.

¿Qué tiene que ver todo esto con el TLC, si los negociadores del TLCAN son otros (Ross y Lighthizer)? Mucho, ya que el acuerdo, si lo hay, incluirá de manera inevitable, por México y por Estados Unidos, elementos migratorios (trabajadores agrícolas estacionales, de la industria de la construcción en Houston y Florida, y Dreamers), de seguridad (frontera sur de México) y del narco (la llamada epidemia de opioides). Todo esto se negocia en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, o simplemente no se negocia.

La segunda razón es mexicana. Ya quedó claro que no habrá término de las conversaciones sobre el TLCAN antes de la primavera del año entrante. En otras palabras, un par de meses antes de las elecciones mexicanas. Se entiende que el Gobierno le apueste a que gane su candidato, pero por lo menos debiera aceptar la posibilidad de que no sea el caso. Concluir la negociación de un acuerdo tan importante para México 60 o 70 días antes de que desaparezca el poder real de una administración implicaría una irresponsabilidad terrible. Si nadie lo planteara de esta manera, salvo el que escribe, carecería de cualquier trascendencia. No es el caso. Tanto López Obrador como ahora Anaya han propuesto, por no decir exigido, que la negociación del TLCAN se posponga hasta que haya presidente electo, por lo menos. Imposible saber qué piensa Meade al respecto, porque ni los medios le preguntan (se entiende), ni él piensa ofrecer respuesta alguna (también se entiende). Pero el dilema existe. ¿Qué hacemos? Lo ideal sería lo responsable: fijar una fecha o guillotina para concluir las negociaciones, en vista de la sucesión presidencial. Si no hay acuerdo antes de tal fecha, se suspenden las pláticas hasta que haya nuevo gobierno. ¿Alguien le apostaría al sentido del Estado de Peña o de Meade? 
13 Diciembre 2017 04:06:00
Una ley indebida para una estrategia fallida
Si no es hoy, será mañana o pasado cuando conozcamos el destino de la cuestionada y cuestionable Ley de Seguridad Interior. Aunque el presidente Peña Nieto llamó a escuchar a todas las voces, etc..., persiste la posibilidad –o probabilidad– de que el Senado la apruebe antes de irse de vacaciones el viernes, o unos cuantos días después si encuentran un artilugio legislativo para prolongar el período de sesiones. Más aún, si apostara, le pondría una pequeña suma a la incapacidad de Peña de resistir la tentación de complacer a las FFAA en plena efervescencia sucesoria y al arranque de Guadalupe-Reyes.

Múltiples observadores, especialistas y legisladores se han pronunciado en contra de uno u otro de los componentes de la ley. Desde la eliminación de un incentivo para que los gobernadores hagan el esfuerzo –en mi opinión inútil– de fortalecer las policías civiles en sus estados, hasta la ausencia de un plazo para el retiro obligatorio de los militares, e incluyendo una joya de ambigüedad: el Ejército o la Marina no podrán reprimir o dispersar manifestaciones de naturaleza política o social, pero ¿qué tal una de apoyo a los narcos?

De todas las críticas, aquellas centradas en el tema de derechos humanos son las más rigurosas y severas. Es poco común que todos los niveles de instituciones gubernamentales de derechos humanos –Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Senado (que no puede participar en los dictámenes de la minuta) se pronuncien con tal unanimidad y vigor contra una ley en particular. Ya sin hablar de que las organizaciones no-gubernamentales internacionales –como Human Rights Watch y Amnesty International– y nacionales –prácticamente todas– también lo hagan. No tiene mucho caso insistir en estas críticas, basadas en lecturas cuidadosas de la ley, y no en ocurrencias. Por eso me permito subrayar otra faceta de la ley, aún más criticable, y que ha sido subrayada por varios expertos o analistas. Se trata del espíritu de la ley, más allá de su letra.

En el fondo, la propuesta consiste en una consagración de la estrategia de Calderón y de Peña Nieto de utilizar a las FFAA no para contener, administrar o regular al narco en México, como antes, sino para cambiar su naturaleza, y en la medida de lo posible, destruirlo en la forma como lo conocimos. Acabar con los grandes cárteles y capos (la “kingpin strategy” de la DEA), pulverizar al narco y convertirlo en un problema de seguridad pública, ni siquiera interior: esas eran las metas.

Pero como México no cuenta con fuerzas no militares de seguridad pública dignas del nombre, y nos resistimos a adoptar la única estrategia alternativa, a saber, crear una policía nacional única, sustitutiva de las estatales y municipales, todas ellas inservibles, el enfoque Calderón-Peña equivale a eternizar a las FFAA en la guerra. La ley de seguridad interior institucionaliza esa estrategia fallida. Le da no sólo valor jurídico, sino estatuto transexenal, irreversible e intocable.

Los partidarios de seguir con la guerra y la participación de los militares en el combate que debiera ser de fuerzas civiles, podrán recurrir a la ley para justificarse. Los norteamericanos podrán señalarla como antídoto contra el argumento de que los soldados y marinos no son para eso. Al contrario, dirá Washington: ya no tienen ustedes excusa legal, ni pretexto político, ya que su ley fue aprobada con amplia mayoría por ambas cámaras y, en su caso, validada por la Suprema Corte.

Ya lo sabemos. La estrategia entronizada en la ley ha sido un fracaso sangriento, oneroso y devastador para México. Más muertos que nunca; más droga que nunca (ahora heroína y fentanyl procedente de China, como la cocaína de Colombia) encaminada a Estados Unidos, más deterioro de la imagen internacional del país; mayor extensión a todo el territorio nacional. Más que una ley para perpetuarla, necesitamos el santo sepulcro de esta guerra fallida.

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