Ciudad de México.- El Primer Tribunal Colegiado notificó ya los amparos que concedió a tres procesados por la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que empezó a correr el plazo para que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla con la reposición del proceso o deje en libertad a los beneficiarios del recurso.

El Colegiado del Décimo Noveno Circuito, radicado en Reynosa, Tamaulipas, notificó oficialmente los amparos otorgados a los presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el grupo delictivo al que la PGR acusa de haber quemado los cuerpos de los estudiantes detenidos por la policía municipal en Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Fuentes del Poder Judicial dijeron a la Agencia Proceso (Apro) que personal de la Procuraduría se presentó el miércoles en el Tribunal Colegiado, cuya resolución incluye la orden de crear una Comisión de la Verdad que rehaga la investigación del caso.

El Colegido oficializó los amparos 204/2017 al 206/2017 a favor de Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado y Gildardo López Astudillo, quien supuestamente confesó haber ordenado el secuestro de los normalistas.

Los acusados obtuvieron el amparo al alegar que fueron torturados durante su detención, por lo que el juez pidió a la PGR reponer el procedimiento y presentar peritajes independientes acordes con el Protocolo de Estambul, instrumento internacional que establece si una persona fue sometida a tormentos.

El Colegiado dio diez días hábiles al Ministerio Público federal para cumplir con esa parte del fallo. De no hacerlo, tendría que dejar libres a los tres individuos, al menos por esa acusación. El plazo se vencería en la semana previa a las elecciones del 1 de julio.

La resolución del Colegiado también ordenó la creación de la Comisión de la Verdad, en la que el Ministerio Público federal se sujeta a las líneas de investigación que determinen los padres de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La PGR señaló que esa determinación de los magistrados viola las facultades constitucionales del Ministerio Público, además de que la CNDH no se ha pronunciado desde que el fallo se dio a conocer, el pasado lunes 4.

Al día siguiente, la Procuraduría fue notificada de otro amparo, el 203/2017, que fue otorgado a Miguel Ángel Landa Bahena y a otras tres personas que también dijeron haber sido torturados por esa dependencia.