Animal Político | Ciudad de México.- El mapa mexicano de la investigación criminal muestra que 20 estados del país carecen de un banco de información de residuos biológicos recuperados de escenas de crímenes, lo que impide rastrear la presencia de personas (víctimas o victimarios) en hechos delictivos que se cometieron en lugares diferentes o a lo largo de momentos distintos.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete entidades no cuentan con un banco de perfiles genéticos, por lo que no pueden identificar cadáveres a partir de reportes de personas desaparecidas o a criminales que dejan rastros con su ADN en los lugares donde delinquieron.

Así lo revela la segunda parte del reportaje #MatarenMéxico realizado por Animal Político.

Hace cinco años el gobierno federal adquirió el sistema de identificación de cadáveres denominado Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM); sin embargo, en 11 entidades aún no se pone en funcionamiento.

Otros tres estados no cuentan con una base de datos balísticos para analizar armas de fuego, casquillos u ojivas.

Y en 21 estados sigue sin operar el Sistema Integrado de Información Balística (Ibis), tecnología comprada por las autoridades federales desde hace seis años, para rastrear armamento implicado en delitos, dentro y fuera del país.

Esto da como resultado, que en el país existan, al menos, 35 mil cuerpos de personas sin identificar, que están almacenados en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes que la autoridad opera en cada estado, según datos que difundió en abril de 2018 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez.

Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que en México se han acumulado al menos 38 mil 435 casos de desaparición.

Sólo entre 2010 y 2014 en el país fueron recuperados al menos mil 381 cuerpos ocultos en fosas clandestinas, tal como registra el estudio “Violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, publicado en 2017 por la Universidad Iberoamericana.

En la gran mayoría de esos casos, destaca un perito del área de homicidios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México —cuyo nombre se resguarda por seguridad—, esos crímenes contra personas no identificadas nunca se investigan, ya que el inicio de la averiguación es el reconocimiento de la víctima.

Cuando se tiene un homicidio en el que no se sabe el nombre de la víctima, “ese caso se archiva y sólo se reabre si alguien reconoce a esa persona”.

La investigación del portal pone como ejemplo el caso del Estado de México, el cual en 2017 registró una tasa de 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Gabriel Gutiérrez González, agente del Ministerio Público del Edomex, reconoce que “de cada diez homicidios, sólo en tres se logra integrar una carpeta de investigación y, por ende, judicializar”, es decir, presentar a un acusado ante el juez, para que decida su culpabilidad o inocencia.

“Partimos de no tener ni guantes para manipular indicios. Tampoco hay unidades para poderme mover y cuando hay unidades, no hay gasolina”.

Según registros gubernamentales en dicho estado existe una patrulla de la Fiscalía por cada tres servidores públicos involucrados en la investigación de delitos. Y en otras 12 entidades del país, la relación es de una patrulla por cada cuatro elementos.

No obstante, existen casos extremos como Guerrero, donde la Fiscalía estatal cuenta con un patrulla por cada siete elementos involucrados en la cadena de investigación, o Coahuila, donde hay dos vehículos oficiales por cada 13 servidores públicos.

Según las estadísticas oficiales del INEGI, solo se “salvan” dos estados: Jalisco y Chihuahua. Ahí hay casi una patrulla por cada investigador, agente del Ministerio Público o perito.

Es por esta falta de insumos, afirma el agente del Ministerio Público, que el personal ha encontrado formas para simular las investigaciones, algo que en el argot policiaco se conoce como “informes de escritorio”.

“La agencia que yo encabezo no tiene un médico legista, no tiene un perito en criminalística, no tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada, carecemos de absolutamente todo.”

El resultado: el índice de impunidad en el Estado de México, para casos de asesinato, es de 97%.

El reportaje también enfatiza en los casos de Nayarit y Jalisco, que a pesar de ser dos estados vecinos y con una historia común de violencia creciente, pues solo en 2017, ambos registraron, cada uno, 300 asesinatos más que el año previo; en cuestiones de tecnología, es un abismo lo que las separa.

En el caso de Jalisco, cuando una persona es acusada de delinquir con un arma de fuego se usa un “microscopio electrónico de barrido”, equipo de alta tecnología que identifica rastros de bario y plomo, para determinar si la persona disparó.

En contraste, en Nayarit, el laboratorio de química de Servicios Periciales utiliza una “pistola” de luz, un aparato viejo que detecta rastros de bario y plomo, pero no distingue si fueron producidos por disparo o por contaminación ambiental.

“Según los registros oficiales, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz son los estados con más laboratorios al servicio de la persecución de delitos, especializados lo mismo en ciencias exactas como biología, química, genética, medicina, que en ciencias forenses, como balística, criminalística, toxicología, reconstrucción craneofacial o retrato hablado. Los servicios periciales de la capital cuentan con 30 especialidades, los de Veracruz con 27 y los de Jalisco con 26”.

No obstante, señala Animal Político, la tecnología resulta insuficiente ante la demanda de servicios especializados que genera la escalada de la violencia en el país. Además, puntualiza “el presupuesto que cada entidad destina a la persecución de los delitos pone en evidencia las grandes diferencias entre estados, en cuanto a recursos materiales disponibles”.

“Si, por ejemplo, todo el presupuesto destinado en 2017 a servicios periciales se dividiera entre el número de asesinatos ocurridos durante ese mismo año en cada entidad, el promedio de recursos disponibles por cada caso sería de 1 millón 101 mil pesos en Yucatán, donde la tasa de asesinatos es de dos casos por cada 100 mil habitantes; pero en Guerrero —donde la tasa de asesinatos fue en 2017 de 64 casos por cada 100 mil habitantes— el presupuesto sólo alcanzaría para destinar 4 mil 732 pesos a cada investigación pericial. En Oaxaca, con una tasa de 22 asesinatos por cada 100 mil personas, el presupuesto pericial sería de 5 mil 301 pesos por caso y en Tamaulipas de 7 mil 210 pesos”.

Puedes encontrar la investigación completa en Animal Político.